DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10132
De Víctimas a Sobrevivientes: Comprensión de la Noción de Víctima en el Contexto Colombiano desde una Perspectiva Antropológica
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Julián Andrés González Castaño[1] https://orcid.org/0000-0002-3847-0554 Universidad Católica de Pereira Colombia
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RESUMEN
Palabras clave: víctimas, conflicto armado, construcción de paz, sobrevivientes
From Victims to Survivors: Understanding the Notion of Victim in the Colombian Context from an Anthropological Perspective
ABSTRACT
The objective of this reflection article is to analyze the dynamics of the notion of victim from the anthropological point of view in the case of the Colombian context, in order to propose an alternative to the way in which this concept has been addressed in the legal system. . legal and in the design of public policies, which improves the adequacy and relevance of the strategies developed for comprehensive reparation. For this purpose, the development of a qualitative methodology is proposed, based on a review of literature through which the changes in the notion of victims are analyzed from an anthropological vision of violence, to subsequently understand, from a critical perspective . , the way in which the concept of victim has been handled in the Colombian legal system and in the post-agreement process. From the analysis, the importance of understanding people who have suffered the consequences of the conflict as survivors is observed, with a set of narratives and testimonies that reflect a particular way of experiencing pain, and above all, of establishing new approaches to reconstruction of a life project that must be addressed comprehensively.
Keywords: victims, armed conflict, peacebuilding, survivors
Artículo recibido 05 enero 2024
Aceptado para publicación: 10 febrero 2024
INTRODUCCIÓN
El análisis antropológico de la palabra “víctima” se establece a partir de un proceso complejo, asociado con la comprensión de un conjunto de transformaciones de tipo sociocultural que se dan conforme a las características cambiantes y dinámicas de cada contexto, y con una serie de hechos históricos que modifican significativamente las relaciones entre víctimas y victimarios, los tipos de violencia y las medidas de reparación que se definen en cada caso, todo lo cual genera una influencia importante en el diseño y aplicación de los enfoques políticos y jurídicos mediante los cuales se aborda la cuestión de las víctimas (Beristain, 2019). En palabras de Han (2017), el análisis antropológico de la noción de víctima implica desarrollar un estudio integral que tenga en cuenta no solo las perspectivas culturales y sociales que se establecen en cada contexto, sino también los cambios en la conciencia moral, la comprensión sobre las dinámicas de poder y las modalidades por medio de las cuales se ejerce la violencia (Biner, 2006).
Desde una perspectiva antropológica, explican Beristain et al., (2010), se reconoce que la comprensión de los efectos psicológicos del trauma y de la victimización varían constantemente de acuerdo con la percepción sobre quién es considerada una víctima, cuáles son sus prioridades, sus necesidades y sus derechos. Por lo tanto, se puede decir con Castaño et al., (2012) que la complejidad y el cambio constante en el concepto de víctima se vincula a la naturaleza dinámica de la sociedad, la evolución de la conciencia social y los cambios en la comprensión de las dinámicas de poder y la psicología humana. Por lo tanto, es importante analizar desde una dimensión antropológica el concepto de víctima, pues las consideraciones particulares que se establecen a este respecto generan como resultado movimientos sociales y reformas que pueden alterar la manera en la cual se trata y reparar a las víctimas en el ámbito legal y social (González, 2015). En esencia, el análisis antropológico implica comprender cómo los significados culturales en torno a la noción de víctima pueden variar en diferentes contextos culturales, teniendo en cuenta el conjunto de narrativas y construcciones sociales que se establecen en torno a la victimización, y comprendiendo también cómo las dinámicas de poder y las estructuras sociales pueden influir en la identificación, reconocimiento y reparación de las víctimas (Delgado, 2015).
En particular, el análisis antropológico de la violencia resulta importante en el contexto colombiano, pues el desarrollo del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 2016, ha tenido como eje fundamental la reconstrucción de la noción de víctima como medio para establecer estrategias efectivas de reparación integral. Esta situación explican Restrepo et al., (2023) ha generado como resultado efectos importantes en los principios de la justicia transicional, y en el desarrollo de nuevas orientaciones legales en el orden legal colombiano, dentro de las cuales se destaca la Ley 1448 de 2011, que establece un marco para el reconocimiento oficial de las personas que han sido víctimas del conflicto armado, a partir de principios centrados en la restitución de tierras, compensación económica, atención en salud, educación y participación en programas de generación de ingresos. Además, esta ley incluye disposiciones y garantías para la no repetición de la violencia que parten de consideraciones sobre las víctimas que es preciso entender.
La problemática de la cual se parte en la presente investigación, es que según autores como Delgado (2015); Restrepo et al., (2023); y Castaño y Jurado (2019), la Ley 1448 de 2011, si bien ha planteado enfoques importantes en los procesos de reparación integral, presenta en la actualidad más desafíos que logros, especialmente asociados con las dificultades para establecer procesos efectivos de restitución de tierras, y para atender de manera integral las diversas necesidades de las víctimas en temas como salud, educación, acceso a un empleo digno, atención psicológica y desarrollo de capacidades. A lo anterior es preciso añadir que en el territorio nacional persisten importantes problemáticas de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales, al desplazamiento forzado y a la ausencia efectiva de medidas de protección a las comunidades más vulnerables (Boyacá., 2022). Se reconocen, además, problemáticas asociadas con la falta de acceso a la justicia, lo cual dificulta la posibilidad de las víctimas para beneficiarse de las medidas de reparación. Igualmente, la falta de información y capacitación para que las víctimas comprendan los requisitos que deben cumplir para acceder a los beneficios y ayudas del Estado se establece como una debilidad importante, además de la falta generación de recursos financieros y económicos que permitan ejecutar las políticas que se han diseñado.
Para abordar esta problemáticas, es esencial abordar desde una perspectiva antropológica el concepto de víctima, planteando nuevas perspectivas que ayuden a profundizar su análisis, teniendo en cuenta que el contexto colombiano actual se caracteriza por: 1) las consecuencias de un conflicto interno que durante décadas ha reducido significativamente la posibilidades del desarrollo sostenible, la seguridad y el bienestar de las comunidades; y 2) por la configuración política de un escenario de posconflicto que implica establecer estrategias efectivas de reparación de las víctimas. En este sentido, el análisis antropológico puede ayudar a mejorar la comprensión sobre las diversas perspectivas culturales asociadas a la victimización, entendiendo que el concepto de víctima no es estático sino que se transforma de acuerdo con una serie de dinámicas que es preciso entender para la orientación de alternativas efectivas en la construcción de la paz.
En este sentido, se destacan aporte de autores como Domínguez De la Ossa y Aleán (2020), quienes señalan que el análisis antropológico contribuye a la construcción de la memoria histórica de las víctimas, lo cual puede incidir favorablemente en procesos de comprensión colectiva del pasado, claves para desarrollar nuevos aprendizajes y capacidades que ayuden a evitar la repetición de los conflictos. Por otro lado, es preciso hacer referencia a los aportes planteados por Castaño y Jurado (2019), quienes plantean que en los procesos de justicia transicional, caracterizados por el desarrollo de enfoques holísticos en sociedades que han sufrido de las consecuencias del conflicto armado, es preciso tener en cuenta no solo estrategias para castigar los crímenes sino también para reparar a las víctimas en procesos de reconciliación y construcción de una paz sostenible. De esta forma, el análisis antropológico del concepto de víctima también es esencial para comprender las expectativas y percepciones de las las comunidades locales en relación con la efectividad de los mecanismos de justicia, incidiendo de esta forma en el planteamiento de estrategias coherentes con las necesidades de las víctimas, que partan de reconocer su cultura y sus comprensiones particulares sobre el conflicto.
De acuerdo con el análisis que se ha planteado, se propone como objetivo del presente artículo analizar las dinámicas de la noción de victima desde el punto de vista antropológico en el caso del contexto colombiano, con el fin de proponer una alternativa a este concepto que mejore la adecuación y pertinencia de las políticas desarrolladas para reparar integralmente a las víctimas y garantizar la no repetición de los procesos que derivaron anteriormente en la vulneración de sus derechos. Para cumplir con el objetivo planteado, en primer lugar, se aborda el análisis sobre las dinámicas de la categoría de “víctima” en el contexto antropológico de la violencia. En segundo lugar, se analizan los enfoques y limitaciones en la concepción de “víctima” en el marco del conflicto armado colombiano. Finalmente, a partir del análisis planteado, se propone una nueva conceptualización sobre las víctimas, usando para ello el término de “sobrevivientes”, que ayuda a mejorar la comprensión integral sobre sus posibilidades de desarrollo, resiliencia y capacidades para afrontar de manera efectiva situaciones dolorosas y complejas, con el fin de mejorar constantemente y aportar en las dinámicas de resolución de los conflictos. Como hipótesis del artículo se plantea que el desarrollo de una nueva perspectiva sobre la noción de víctima a través de un análisis antropológico se establece como una condición vital para enfrentar las limitaciones y debilidades que se han presentado en la implementación práctica de los principios legales y normativos desde los cuales se han orientado los procesos de reparación integral de víctimas en Colombia.
METODOLOGÍA
Se plantea el desarrollo de una metodología cualitativa, por medio de un proceso de revisión documental, definida como una exploración sistemática de artículos e investigaciones que hayan analizado el tema o los fenómenos sobre los cuales se establece el análisis del tema en cuestión, para de esta manera establecer relaciones entre las teorías y plantear nuevas posturas que ayuden a mejorar la comprensión del problema (Serrano, 2011). En este sentido, el tipo de investigación es descriptivo, puesto que el enfoque se centra en describir características, propiedades, comportamientos o fenómenos de una situación en particular, que en este caso corresponde a la forma en la cual el concepto de víctima se ha venido modificando en las sociedades contemporáneas, y el tratamiento particular que se le ha dado en el marco del conflicto armado colombiano. A partir de este análisis, que involucra un proceso de revisión de literatura mediante un análisis descriptivo, es posible, posteriormente, plantear nuevas propuestas centradas en la resignificación del concepto de victima como medio para mejorar el diseño e implementación de las medidas de reparación integral.
Se puede decir con Torres y Lamenta (2015) que en la investigación descriptiva se plantea como propósito establecer una descripción completa y detallada de un fenómeno o situación, lo cual implica la recolección de datos que describen las características específicas del objeto de estudio. En este sentido, se establece el desarrollo de una investigación observacional, ya que se pretende analizar y describir el comportamiento de un fenómeno tal cual como ocurre naturalmente, sin implementar intervenciones deliberadas por parte del investigador, y sin realizar una manipulación de las variables asociadas (Hernández et al., 2011). Finalmente, en cuanto a la temporalidad, se puede decir que el artículo es longitudinal, ya que se recopilan datos y análisis producidos en diversos momentos. En particular, la escogencia del estudio longitudinal es importante ya que permite analizar y entender cómo variables específicas cambian o se desarrollan a lo largo del tiempo, facilitando de esta manera la identificación de patrones, tendencias y cambios en la conceptualización que se plantea sobre las víctimas desde una visión antropológica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dinámicas de la categoría víctima en el contexto antropológico de la violencia.
Para empezar este análisis, es preciso reconocer con Hartog (2012) una distinción esencial entre la “víctima antigua” y la “víctima moderna”. En el primer caso, se trata de la víctima posicionada en el contexto religioso, que practicaba una serie de sacrificios a cambios de favores divinos. Sin embargo, también es preciso hacer referencia a contextos en los cuales el “sacrificio” y lo “sagrado” se establecen como conceptos íntimamente relacionados con la noción de la patria, en aquellas situaciones en las cuales los mártires se conviertian en héroes y recibían distinciones por el servicio prestado a su nación. En medio de este contexto, explica Gauchet (2010) las víctimas se sacrifican voluntariamente por su patria, configurando al mismo tiempo la realización de su existencia individual. Sin embargo, debido principalmente al desarrollo de los conflictos armados en la edad contemporánea, cuya característica central es la gran cantidad de ciudadanos no combatientes que sufren directamente las consecuencias de la guerra sin hacer parte de ningún ejército o banda, ni de haberse prestado voluntariamente para luchar por una idea de patria, no se puede comprender a la víctima como aquella que se sacrifica, sino más bien como aquella que sufre los efectos traumáticos de la guerra, del desplazamiento, los bombardeos, ataques indiscriminados y demás formas de violencia que se producen durante un conflicto armado (Sorzano et al., 2021).
De esta manera, se genera un proceso en el cual las víctimas heroicas que se sacrificaban, le dan paso a víctimas que sufren las consecuencias de la violencia a través de acontecimientos particulares que irrumpen inesperadamente en la dinámica cotidiana, configurando nuevas relaciones complejas entre el sufrimiento, la memoria, la historia y el tiempo (Rosland, 2019). El trauma, el dolor que se mantiene en el tiempo y genera profundas huellas en la subjetividad, permite en la sociedad configurar una relación de empatía con la víctima, relación que se traduce en mecanismos para garantizar la no repitencia de los hechos y el desarrollo de medidas efectivas de reparación.
En lo que respecta a la víctima moderna, es importante reconocer con Gatti (2017) que existen dos aspectos fundamentales que permiten reconocer un cambio considerable en la noción de víctima en las sociedades contemporáneas. En primer lugar, el hecho de que la víctima ya no se asume a sí misma como una entidad pasiva, sino que también reclama su derecho a ser reconocida como víctima, a exigir una serie de medidas de reparación, configurando así un papel activo y participativo. En segundo lugar, reconoce el autor que si bien anteriormente la víctima se concebía únicamente en términos asistencialistas y paternalistas, ahora se han establecido como una agencia proactiva que, en medio de sus acciones, busca no solamente acceder a nuevas medidas de reparación sino también dignificar su dolor.
En efecto, explica García (2019) la víctima demanda una reparación por los hechos que han marcado su trayectoria vital, además de los hábitos, costumbres, historia y cultura de las comunidades que habita. Se genera, en las sociedades contemporáneas, un proceso de apertura y democratización de la condición de víctima, en la cual se establece un nuevo espacio, abierto y pluralizado, en medio del cual se desvanecen aquellas cualidades trascendentales de la víctima relacionadas con el sacrificio voluntario en el marco de la consagración de lo divino o del amor a la patria, y los hechos asociados se vuelven más ordinarios y cotidianos. La víctima, por tanto, ya no se equipara al mártir o al héroe, sino un sujeto que, de manera inesperada y sin previo aviso, ha tenido que sufrir un acto de violencia que lo excluye (Bohórquez et al., 2017).
En medio de este proceso que ha dado lugar a nuevo tipos de víctimas en el marco de los conflictos contemporáneos, se ha desarrollado un nuevo escenario en el cual la víctima se incluye en la agenda pública, en los procesos de toma de decisión políticos y jurídicos (Domínguez De la Ossa y Aleán, 2020). En este proceso, se ha reconocido la necesidad de comprender desde una perspectiva antropológica a la víctima, para entender cómo los hechos violentos que sufre desplazan y niegan sus formas particulares de identidad, las relaciones particulares que construye con el territorio, sus necesidades, los apoyos que requiere para entender y asimilar los hechos dolorosos por los que ha teniendo que pasar como medio para crear nuevas capacidades que le permitan afrontar la adversidad (Villamizar, 2019).
Se precisa entender, en medio de las nuevas comprensiones sobre la categoría de víctima en el mundo contemporáneo, que si bien las víctimas son aquellas que han padecido episodios dolorosos y de sufrimiento, no todas reaccionan al dolor de la misma manera (Ospina y Giraldo, 2022). En otras palabras, si bien el sufrimiento se establece como el criterio que unifica a toda persona que se convierte en víctima, no todas perciben el dolor de la misma manera, ni valoran de la misma forma lo que han perdido ,o los episodios por los cuales han teniendo que pasar. Lo anterior, por tanto, implica orientar un análisis en el cual sea posible relativizar el sufrimiento (Bohórquez et al., 2017). Lo anterior, explica Gatti (2017), es fundamental para evitar los procesos que llevan a establecer en los sistemas políticos y judiciales generalizaciones de las víctimas, que terminan simplificando el problema y estableciendo medidas de reparación que no son suficientes o adecuadas.
De acuerdo con Mora-Gaámez (2019), estos procesos de generalización han sido un error común en los países latinoamericanos, en los cuales el término víctima se ha configurado como un significante vacío que suele llenarse con los significantes que sean más apropiados, de acuerdo con las necesidades políticas de cada país o con las iniciativas establecidas para superar los conflictos o las condiciones de violencia y de inseguridad que generan como resultado más dolor y nuevas víctimas (Ravina-Ripoll et al., 2020). En particular, se ha venido definiendo a las víctimas en función de dos elementos centrales, la inocencia y el reconocimiento. En el primer caso, presuponer la inocencia de la víctima implica no solo aceptar que ha padecido una violación de sus derechos fundamentales, sino que además se les inculca una serie de atributos, considerándolos como personas inmaculadas, con una vida ejemplar, mientras que al mismo tiempo se considera al victimario como un ser despreciable que debe ser castigado, sin tener en cuenta las diversas situaciones y factores que se asocian con el hecho violento. El principal problemas de ello, explican Domínguez De la Ossa y Aleán (2020), es que las víctimas se observan desde una perspectiva basada en la compasión, en la lástima, olvidando que en medio de las complejas interacciones que se producen al interior de un conflicto las figuras de víctima y de victimario pueden ser fácilmente intercambiables.
Por otro lado, además de la inocencia, otro presupuesto básico en la noción de víctima que se ha construido en las sociedades contemporáneas es el del reconocimiento, pues se ha entendido que las víctimas necesitan que su situación sea comprendida, por lo cual es preciso conocerlas, entender sus experiencias, reelaborar de esta manera la comprensión sobre los hechos violentos y establecer medidas que permitan asumir su perspectiva desde enfoques basados en la empatía y en la reconstrucción de la memoria (Reyes Mate, 2023). A través de los principios de reconocimiento y de presunción de una inocencia que deriva en la compasión, se establece el desarrollo de lo que autores como Ravina-Ripoll et al., (2020) llaman el gobierno de las víctimas, es decir: el desarrollo de un conjunto de instituciones que tienen como fin velar por la protección, reconocimiento y reparación de las víctimas, para dotarlas de un trasfondo histórico, orientando además una serie de normas y leyes que permiten asignarles una codificación jurídica. Se establecen, de esta manera, ejercicios de regulación que le permitan a las víctimas acceder a diversos tipos de beneficios, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que son fijados en medio del desarrollo de las políticas (Villamizar, 2019).
De acuerdo con Mora-Gámez (2016), este procesos de regulación y desarrollo del gobierno de las víctimas es un aspecto fundamental en el desarrollo de las nuevas consideraciones sobre las víctimas en el mundo contemporáneo. De la calidad y eficiencia de las instituciones que intervienen en el proceso, depende la posibilidad de atenderlas de una manera adecuada, teniendo en cuenta los diversos significados sociales y políticos del dolor, los reclamos, el sufrimiento, los apoyos de los cuales necesitan para reconstruir su vida y desarrollar las capacidades necesarias que les permitan afrontar de manera efectiva el dolor que han padecido. Por lo tanto, teniendo en cuenta el análisis que se ha planteado, en el siguiente apartado es importante enfocarse en el caso de Colombia, comprendiendo cómo ha venido evolucionado el concepto de víctima, qué tratamiento se la ha dado al tema en la Ley 1441 del 2011, y cómo se ha logrado atender o no de manera efectiva a las necesidades de las víctimas a partir de las nuevas comprensiones que se han generado.
Enfoques y limitaciones en la concepción de “víctima” en el marco del conflicto armado colombiano.
En el año 2012 se inició en Colombia el desarrollo de un proceso de negociación para la construcción de paz, con el fin de poner fin al conflicto más largo de Latinoamérica, que ha dejado un saldo, de 8.666.577 víctima según el Registro Nacional de Víctimas, afectadas por la perpetración de ataques continuos y sistemáticos a lo largo del territorio nacional, homicidios, desplazamiento forzado, actos terroristas, secuestros y otros hechos victimizantes (Martínez, et al., 2022). Las negociaciones generaron, en el 2016, la firma de un acuerdo histórico entre las FARC y el gobierno, iniciando de esta manera un complejo proceso de transición que ha venido transformando las dinámicas del conflicto, y que han obligado a considerar nuevas visiones sobre las víctimas que permitan establecer medidas efectivas de reparación integral y de reconciliación.
De acuerdo con Martínez y Muñoz (2022), la fase de transición en la cual se encuentra Colombia se ha establecido como un escenario complejo, cuyo objetivo central ha sido el de desescarlar el conflicto y sus manifestaciones de violencia, a partir de desarrollo de políticas públicas que permita reintegrar a los excombatientes y reparar a las víctimas, por medio de procesos que requieren de notables esfuerzos por parte de la instituciones. En particular, Uribe (2013) explica que el papel de las instituciones es central, pues deben articular una serie de competencias para atender las diversas necesidades de reconstrucción territorial y promoción de escenarios de paz y reconciliación en las diversas comunidades.
En lo que respecta al caso de las víctimas, el reconocimiento de sus derechos se ha configurado principalmente en la Ley 1448 de 2011, en la cual se señalan además las garantías que se deben cumplir en el país para garantizar su seguridad y para la restitución de sus derechos. Principalmente, se considera a las víctimas como aquellas que han sufrido directa o indirectamente las consecuencias del conflicto armado interno. En el artículo 3, particularmente, se les considera como aquellas que de manera individual o colectiva han sufrido violaciones a sus derechos humanos a partir de 1985, en ocasión del conflicto armado interno colombiano. De acuerdo con reyes Mate (2023), uno de los enfoques centrales de la normatividad desarrollada en Colombia para promover el cuidado y bienestar de las víctimas ha sido superar la visión que las observa como entidades pasivas, dotándolas en cambio de una posición activa centrada en el fortalecimiento de su participación, a partir de enfoques basados en la resiliencia y en el desarrollo continuo de capacidades. Sin embargo, si bien estos enfoques centrados en la participación son esenciales para que las víctimas mejoren en lo que tiene que ver con la comprensión de los hechos dolorosos y con el fortalecimiento de nuevas relaciones de apoyo que les permitan reconstruir sus vidas, en la práctica se han evidenciado importantes limitaciones que se asocian con la construcción de la noción de víctima por parte del gobierno colombiano, y que limitan la efectividad en los procesos de reparación.
Las principales problemáticas asociadas a la Ley 1441 del 2011 se asocian con su implementación y su integración efectiva a los planes de desarrollo territorial en cada municipio, debido principalmente a la complejidad de la justicia transicional en un país en el cual se siguen presentado situaciones de violencia por parte de un amplio conjunto de bandas criminales, de la guerrilla de ELN e incluso de grupos disidentes de las FARC. En conjunto, la continuidad de la violencia afecta en gran medida la implementación de los principios de la Ley de Víctimas, además de una serie de problemas presupuestales y de articulación efectiva entre las instituciones del estado, dando como resultado limitaciones importantes en lo que tiene que ver con el alcance, la cobertura, la amplitud y la complejidad.
En el primer caso, en lo que respecta al alcance, se puede decir con Jaramillo (2017) que una de las principales limitaciones de la Ley de Víctimas se asocia con el hecho de que el número de beneficiarios no corresponde al número real de víctimas, lo cual se asocia con la enorme dificultad que existe para registrar a las víctimas de un conflicto de más de 50 años que se expresó a través de diversas modalidades de violencia que no solo se limitaron a los ataques directos, secuestros y desplazamiento, sino también a casos relacionados la violencia psicológica y la violencia sexual (Giraldo y Ramírez, 2015). En lo que se refiere a la cobertura, se puede decir con Gómez y Prada (2013) que en Colombia existen diversos obstáculos de tipo estructural que limitan que las víctimas puedan acceder a los beneficios de la justicia transicional, lo cual se complementa con la poca información que existe para las víctimas en las zonas más vulnerables, y a la ausencia de espacios continuos de formación y de capacitación.
Por otro lado, la amplitud hace referencia a la distinción sobre el tipo de crimen sufrido por la víctima y el monto de la reparación, debido principalmente a la complejidad que existe para categorizar las diversas modalidades violentas que han sufrido las víctimas, y para entender cada una de sus historias y sus visiones, teniendo en cuenta que la violencia puede afectar a las personas de maneras distintas (Olave, 2012). Finalmente, la complejidad hace referencia a la dificultad que se ha evidenciado para generar beneficios que en realidad satisfagan las necesidades de las víctimas, los cuales deben ir más allá de algún tipo de compensación económica, por lo cual es esencial partir de un análisis integral sobre las diversas privaciones de las cuales sufren las víctimas (Ruíz y Castaño, 2020).
Ahora bien, otra problemática importante se relaciona con la concepción de víctima que se ha generado en el artículo 3 de la Ley 1441, pues se expresa que no serán reconocidas como víctimas aquellas que hayan sufrido un daño como consecuencia de actos de delincuencia común. En particular, explica Villamizar (2019), esta condición genera como resultado una interpretación problemática, pues se genera un amplio margen para la subjetividad en la necesidad de determinar si los hechos violentos son o no parte del conflicto armado, lo cual se puede asociar con procesos de exclusión de las víctimas. Por lo tanto, se puede decir con Beristain (2019) que la concepción de víctimas que se ha manejado en la ley colombiana puede resultar problemática, puesto que las definiciones legales de “víctima” pueden ser limitadas y no abarcar completamente la diversidad de experiencias de victimización. En particular, se destaca el caso de las víctimas de violencia sexual, personas pertenecientes a minorías étnicas o comunidades marginadas, quienes pueden no estar completamente representadas en la ley (Ruíz y Castaño, 2020).
Por otro lado, se reconoce que en Colombia se ha establecido el desarrollo de un enfoque demasiado individualista al definir a las víctimas, sin considerar adecuadamente las dimensiones colectivas de la victimización. A ello se le suman problemáticas en la participación de las comunidades, al no tener en cuenta las perspectivas locales y las necesidades específicas de cada grupo, generando como resultado una reparación insuficiente en medio de la cual la ley no tiene la capacidad de proporcionar las medidas necesarias para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas y sus relaciones con los territorios que tuvieron que abandonar. Se precisa mejroar, por tanto, en todo lo que tiene que ver con aspectos como la compensación económica, la rehabilitación, atención médica o implementación efectiva de medidas simbólicas de justicia.
En palabras de Ruíz y Castaño (2020), la principal problemática que se ha generado en Colombia y su aproximación legal al concepto de víctima, es que se ha desligado en su concepción la diversidad de los significados culturales y sociales que enmarcan la configuración de una víctima cuyo dolor depende de un conjunto de historias y experiencias particulares, además de una serie de rasgos específicos de los contextos y de los territorios. Ser una víctima, por tanto, no se refiere únicamente al sufrimiento de un daño o de un dolor, sino también a un proceso personal o comunitario por medio del cual se significa y se interpreta dicho dolor, el cual se internaliza y se asume de acuerdo con unas prácticas particulares que es preciso profundizar como medio para establecer procesos realmente efectivos de reparación integral (Beristain, 2019). Se reconoce, por tanto, que en Colombia no ha sido posible entrelazar y vincular la narrativa de la víctima con los diversos tipos de estructuras jurídicas mediante las cuales se busca favorecer la reparación.
Otra limitación importante en la concepción sobre las víctimas que se ha desarrollado en Colombia, señalada por Bustamante y López (2014), es que su comprensión en el ámbito jurídico se encuentra directamente ligada a la demostración de algún tipo de daño, es decir, la víctima tiene que evidenciar que ha sufrido de una disminución de sus capacidades, o que la construcción de su proyecto de vida ha sido afectada por la guerra, o que ha teniendo que enfrentar pérdidas físicas o materiales. Solo de esta manera podría acceder a los diversos beneficios de tipo asistencial y de reparación económica. De esta manera, en Colombia se ha promovido el desarrollo de una postura centrada en los aspectos materiales del daño y del sufrimiento (especialmente en lo que se refiere a los procesos de restitución de tierras e indemnización económica), olvidando de esta forma, nuevamente, la importante perspectiva subjetiva del sufrimiento, el impacto emocional y psicológico que la guerra genera en las víctimas durante años.
Finalmente, es importante también hacer referencia al tema del victimario, el cual no ha sido tratado con el cuidado adecuado en la legislación colombiana. En particular, no se han planteado análisis que permitan reconocer las diversas motivaciones y necesidades que se ocultan detrás de la violencia y de los actos delictivos (Ospina y Giraldo, 2022). Por ello, en palabras de Villamizar (2019), se ha promovido una Colombia una reducción demasiado simplista frente al tema del victimario en Colombia, de tal manera que no existe una categorización detallada sobre los diversos actos delictivos, y no se consideran las complejidades que se establecen en el contexto de un conflicto armado de más de 50 años en el cual se fueron modificando continuamente los actores, sus intereses y sus motivaciones.
Lo más preocupante de todo, explica Rojas (2011), es que la manera intrascendente y simplista con la cual se han tratado conceptos como víctima y victimario en la legislación colombiana, ha limitado la posibilidad de comprender la dinámica cambiante que puede existir entre los roles de víctima y victimario. Esto se establece como un importante desafío para mejorar de manera efectiva los procesos por medio de los cuales se pretenden construir nuevos escenarios de paz. Todo lo anterior cobra especial relevancia teniendo en cuenta no solamente la larga duración del conflicto y la variación de sus actores, sino el hecho de que Colombia es un país pluricultural con diversas visiones sobre la paz y sobre la violencia, las cuales pueden variar considerablemente de acuerdo con el contexto (Ravina-Ripoll et al., 2020).
Ante estas problemáticas, un análisis antropológico de las víctimas que incluya enfoques sobre su resiliencia, experiencias de vida, cultura y capacidades puede aportar valiosas perspectivas que ayuden a superar las limitaciones en la concepción legal de víctima. Lo anterior implica comprender las prácticas, creencias y valores culturales de las comunidades afectadas como requisito esencial para diseñar intervenciones y políticas efectivas, que comprendan la diversidad de experiencias y las múltiples formas en que las personas pueden ser afectadas por el conflicto o la violencia. Además, el análisis antropológico puede centrarse en la resiliencia de las comunidades, comprendiendo como más allá de la ley y de los enfoques asistencialistas, las personas afrontan las adversidades, todo lo cual es esencial en el desarrollo de medidas que ayuden a fortalecer sus recursos internos en los procesos de reconstrucción.
De esta manera, en lugar de centrarse únicamente en las carencias y necesidades, un enfoque antropológico puede ayudar a entender mejor las capacidades y recursos existentes de las comunidades que han sido afectadas en medio de las dinámicas del conflicto armado colombiano, teniendo en cuenta además la dimensión temporal de las experiencias de las víctimas, y reconociendo, de esta manera, que las comunidades y las personas cambian y evolucionan con el tiempo. Teniendo en cuenta este análisis, a continuación es importante plantear una nueva perspectiva sobre las víctimas en el caso del conflicto armado colombiano, enriquecida con una visión antropológica que permitan considerarlas como sobrevivientes.
De víctimas a sobrevivientes: la comprensión integral de las capacidades, posibilidades y procesos de desarrollo de las personas que han sufrido de la violencia.
El valor del concepto de sobreviviente radica es que no se considera únicamente a la víctima como una entidad pasiva que recibe reconocimiento y ayuda, ni como una persona que, como sucede en el caso colombiano, debe ser integrada a las dinámicas de desarrollo social por medio de una participación que no se da en la práctica real, sino más bien como un sujeto cuyas vivencias y percepciones sobre la vida se encuentran íntimamente ligadas con una narrativa (Bustamante y López 2014). En particular, explica Castillejo (2023), esta narrativa puede ayudan a mejorar los procesos de reconstrucción de la memoria histórica, lo cual es esencial para trascender las visiones del Estado que existen sobre la guerra, que como se ha observado en el caso colombiano, resultan ser demasiado simplistas si se consideran las variables dinámicas del conflicto y el hecho de que en muchos casos se han generado intercambios entre los roles que desempeña las víctimas y los victimarios.
De acuerdo con Ospina y Giraldo (2022) entender que las víctimas del conflicto armado son, ante todo, sobrevivientes, implica también comprender que son personas que vienen desarrollando un complejo para reconstruir su proyecto de vida, sus relaciones con el territorio y con las demás personas, el sentido de comunidad que fue fragmentado gravemente por la violencia. Comprender estos procesos de reconstrucción es esencial para que se comprenda a los sobrevivientes no solo como víctimas que reclaman reconocimiento y compensación, sino como personas que reivindican con cada nueva acción su dignidad y el sentido de su vida (Torres, 2014).
Solo al comprender esto, la víctima puede convertirse en sobreviviente, cuando puede empoderase de una serie de herramientas jurídicas y legales, pero también de las capacidades que se desarrollan en los proceso naturales de reconstrucción individual y comunitaria, para avanzar en la confrontación del dolor, en el desarrollo de nuevos significados sobre la existencia humana y sus padecimientos, configurando de esta manera una nueva mirada sobre el entorno (Beristain et al., 2010). Considerar a las víctimas del conflicto como sobrevivientes, desde una perspectiva antropológica, implica también entender sus resistencias, la forma en la cual han tratado de recuperar un conjunto de prácticas culturales y sociales en medio de las cuales se establece y configura su identidad.
En este sentido, como lo explica Castillejo (2023), la concepción de las víctimas como sobrevivientes ayuda a desarrollar buenos procesos de transformación de los escenarios de violencia, en los cuales se valora el aporte que pueden generar las personas en procesos de reconstrucción de paz que no se basan únicamente en requerimientos legales y en la comprobación de los daños, sino en el potenciamiento constante de la capacidad para luchar y para evitar que se vuelvan a generar las mismas condiciones que un momento determinado ocasionaron la violencia en cada contexto.
Uno de los problemas centrales que existen en Colombia que limitan la concepción de las víctimas a perspectivas reduccionistas, es que se trata el problema únicamente en función a los hechos de violencia, desestimando la importancia de las emociones y los sentimientos de las personas. Ante esta problemática, es importante entender que las situaciones de violencia no solo generan dolor, aflicción y duelo, sino también la construcción de una nueva subjetividad que se establece y se promueve a través de la resistencia y de la necesidad de fortalecer nuevas capacidades para salir adelante (Beristain, 2019). Son precisamente estas nuevas subjetividades las que se deben tener en cuenta en la políticas de atención a las víctimas, con el fin de ayudarles en un proceso de cambio que debe ser integral y que debe relacionar aspectos propios de la personalidad con la fuerza individual, la articulación de capacidades comunitarias, la relación productiva con los territorios y la adaptación específica de las normas y leyes a las condiciones de cambio de una población sobreviviente que se reencuentra así misma en medio de un proceso dinámico.
En este sentido, se puede decir, de acuerdo con el tratamiento antropológico que se ha planteado sobre la condición de víctima, que la violencia transforma a las personas, que las dota de nuevas características políticas centrados en una acción y participación que no se restringe únicamente al reclamo constante de sus derechos y de su reconocimiento, sino al desarrollo de nuevas formas de vida. Lo anterior implica entender que una de la principales cualidades de los sobrevivientes es su responsabilidad en los procesos de construcción de paz, su papel protagónico en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Si bien el término "víctima" puede conllevar una connotación de pasividad y vulnerabilidad, el término "sobreviviente" destaca la fortaleza y la capacidad de acción de las personas que han experimentado situaciones traumáticas, promoviendo de esta manera una autoimagen positiva, además de la solidaridad y la comprensión entre las comunidades afectadas.
Así, hablar de sobrevivientes en lugar de víctimas, ayuda a favorecer la construcción de un sentido colectivo de fortaleza y de apoyo mutuo, lo cual resulta esencial en el desarrollo del complejo periodo de transición y posconflicto que se vive en Colombia. Se trata, por tanto, de promover la justicia y la reconciliación desde una perspectiva que valore las experiencias de las personas afectadas, contribuyendo así a un proceso más integral en la construcción de la paz, y desarrollando al mismo tiempo narrativas más positivas y esperanzadoras sobre el futuro.
CONCLUSIONES
La visión antropológica que permite reconocer a las víctimas como sobrevivientes y constructores de narrativas es esencial en el posconflicto colombiano, ya que ayuda a comprender la agencia de las comunidades que han sido afectadas, como medio para orientar comprensiones más completas y contextualizadas sobre las experiencias de victimización en el país. A su vez, esto puede promover intervenciones más efectivas, justas y culturalmente apropiadas. Sin embargo, es preciso entender que este proceso de trasformación no es sencillo, en un país en el cual las víctimas han sufrido de un amplio conjunto de exclusiones. No basta, por tanto, con cambiar el enfoque por medio del cual se han reconocido sus capacidades, su cultura y sus historias de vida, sino que además de ello es preciso también repensar sus roles y sus prácticas para desarrollar nuevos escenarios transicionales. Es preciso, además, reconfigurar la forma en la cual se ha comprendido la violencia, entendiendo que no es un concepto estático y singular, sino dinámico y plural, que genera múltiples consecuencias dependiendo de las características de los contextos y de las comunidades.
De acuerdo con el análisis que se ha planteado en el presente artículo, el cual ha partido de reconocer las forma en la cual ha evolucionado el concepto de víctima de acuerdo con una interpretación antropológica de la violencia, se puede decir que el desarrollo de la noción de sobrevivientes es clave para entender que las víctimas, ante todo, más que dolientes o personas que sufren, son testimonios vivientes. Las víctimas, por tanto, no son simples receptores del daño, efectos secundarios en la guerra, sino personas con capacidades y con un proyecto de vida que es preciso ayudar a reconstruir desde la comprensión de sus visiones y de la potenciación continua de las capacidades resilientes que se han formado en ellas gracias a la violencia como un escenario que además del dolor, genera también nuevas oportunidades para la recuperación y la transformación.
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