DERECHO PROCESAL Y GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES: UN ANÁLISIS
COMPARATIVO
PROCEDURAL LAW AND CONSTITUTIONAL
GUARANTEES: A COMPARATIVE ANALYSIS
Johanna Alexandra Echeverría Justicia
Investigador Independiente, Ecuador
pág. 168
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11194
Derecho Procesal y Garantías Constitucionales: Un Análisis
Comparativo
Johanna Alexandra Echeverría Justicia1
alexachoys20@outlook.es
https://orcid.org/0009-0008-7404-2293
Investigador Independiente
Ecuador, Quito
RESUMEN
El estudio se propone realizar un análisis exhaustivo y comparativo de los sistemas de derecho
procesal y las garantías constitucionales en diversas jurisdicciones, con el objetivo de identificar
similitudes, diferencias y mejores prácticas que puedan mejorar la equidad y eficacia en la
administración de justicia. Para ello, se empleará una metodología de investigación básica,
descriptiva, comparativa y cualitativa, lo cual permitirá un análisis detallado de la relación entre
el derecho procesal y las garantías constitucionales, enfocándose en aspectos cualitativos y
comparativos, las garantías constitucionales ha revelado que la implementación y eficacia en la
acción se protección en la constitución, en ciertas jurisdicciones, este recurso no es siempre
expedito ni accesible debido a barreras burocráticas y legales que dificultan su uso efectivo.
Además, se identificó que en contextos donde prevalece la corrupción y la falta de independencia
judicial, el recurso de amparo puede resultar ineficaz, ya que los tribunales pueden estar
influenciados por intereses políticos o económicos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de
reformas estructurales en los sistemas judiciales para asegurar que las garantías constitucionales
no sean meramente formales, sino que realmente protejan los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Palabras clave: Derecho procesal, Justicia, Jurídicos, Constitucionales, Garantías
1
Autor principal
Correspondencia: alexachoys20@outlook.es
pág. 169
Procedural Law and Constitutional Guarantees: A Comparative
Analysis
ABSTRACT
The study aims to conduct a comprehensive and comparative analysis of procedural law systems
and constitutional guarantees in various jurisdictions, with the objective of identifying
similarities, differences and best practices that can improve equity and effectiveness in the
administration of justice. To do this, a basic, descriptive, comparative and qualitative research
methodology will be used, which will allow a detailed analysis of the relationship between
procedural law and constitutional guarantees, focusing on qualitative and comparative aspects,
constitutional guarantees have revealed that the implementation and effectiveness in the action of
protection in the constitution, in certain jurisdictions, this resource is not always expeditious or
accessible due to bureaucratic and legal barriers that hinder its effective use. Furthermore, it was
identified that in contexts where corruption and lack of judicial independence prevail, the amparo
remedy may be ineffective, since the courts may be influenced by political or economic interests.
These findings underline the need for structural reforms in judicial systems to ensure that
constitutional guarantees are not merely formal, but truly protect the fundamental rights of
citizens.
Keywords: Procedural law, justice, Legal, constitutional, Guarantee
pág. 170
INTRODUCCIÓN
El derecho procesal y las garantías constitucionales son pilares esenciales en la estructura jurídica
de cualquier estado democrático, el derecho procesal, que regula los procedimientos judiciales y
administrativos, se entrelaza con las garantías constitucionales para asegurar la defensa de los
derechos esenciales de los individuos ante situaciones complejas, este artículo científico se
propone analizar de manera comparativa las interacciones entre el derecho procesal y las garantías
constitucionales en diferentes sistemas jurídicos, evaluando cómo estas interacciones contribuyen
a la justicia y equidad en el sumario judicial (Vásquez, 2023).
La relevancia de este análisis radica en la comprensión de cómo las distintas tradiciones jurídicas
abordan la protección de los derechos fundamentales durante los procedimientos judiciales, en
sistemas de derecho civil y derecho común, las diferencias en la estructuración del proceso
judicial reflejan diversas concepciones sobre la justicia y la defensa de los derechos de las
personas, este estudio se enfocará en examinar estas diferencias, destacando los puntos de
convergencia y divergencia que pueden influir en la eficacia de las garantías procesales y
constitucionales (Solorzano, 2019).
Además, este análisis comparativo permitirá identificar las mejores prácticas y las áreas donde se
requieren reformas para mejorar la protección de los haberes esenciales, en un mundo cada vez
más globalizado, donde las interacciones legales transnacionales son frecuentes, entender estas
dinámicas se vuelve crucial para promover la cooperación internacional y la armonización
legislativa, las experiencias de diversos países pueden ofrecer lecciones valiosas sobre cómo
fortalecer el sistema de garantías procesales y constitucionales. Este estudio también aborda el
impacto de las decisiones judiciales en la configuración de las garantías procesales y
constitucionales, la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, tiene un rol clave en la
interpretación y aplicación de los derechos procesales, analizar cómo los tribunales superiores y
las cortes internacionales han influido en la evolución de estas garantías proporciona una visión
profunda de la práctica judicial contemporánea y sus desafíos (Medina, 2022).
En el Ecuador, el marco constitucional establece un conjunto robusto de derechos y garantías
procesales que buscan proteger a los individuos durante todo el proceso judicial. La Constitución
pág. 171
de 2008, que es la piedra angular del categorización legal ecuatoriana, incluye disposiciones
específicas destinadas a asegurar que los procedimientos judiciales sean justos, equitativos y
respetuosos de los derechos humanos, entre estas garantías se encuentran el derecho a una
prudencia eficiente, el derecho a la protección, inocencia y recursos eficientes (Rivera & Correa,
2021).
Las situaciones importantes del derecho judicial ecuatoriano es la implementación del sistema
oral en los juicios, particularmente en el ámbito penal, este sistema, que busca mayor
transparencia y celeridad en los métodos legales, ha sido un paso significativo hacia la
modernización de la justicia en el país, la oralidad en los procesos permite una mayor interacción
entre las partes y el juez, lo cual facilita la valoración directa de las pruebas y la emisión de
dictámenes más fundamentadas y equitativas (Castillo, 2022).
En cuanto la problemática, el estudio del derecho procesal y las garantías constitucionales
presenta variabilidad y efectividad de las normas procesales y las garantías de los derechos
fundamentales en distintos sistemas jurídicos, la disparidad en la diligencia de estas normas y
garantías genera interrogantes sobre la equidad, la imparcialidad y la defensa efectiva de los
derechos de las personas en diferentes jurisdicciones, uno de los principales desafíos en este
ámbito es la coherencia y consistencia de las garantías procesales dentro del marco constitucional
de cada país, aunque muchas constituciones reconocen derechos fundamentales similares, como
el derecho a un procedo judicial, la elucidación y diligencia de estos derechos logran transformar
significativamente, esta diversidad puede llevar a situaciones donde individuos en contextos
legales distintos reciben niveles dispares de protección y justicia, lo cual plantea problemas de
equidad y uniformidad en la aplicación de los derechos humanos a nivel global (Calero et al.,
2022).
Otra problemática relevante es la implementación efectiva de las garantías procesales, en muchos
países, a pesar de que las constituciones y las leyes establecen procedimientos y protecciones
claras, la realidad práctica muestra una brecha entre la teoría y la práctica, los factores como la
corrupción, la ineficiencia judicial, la falta de recursos y la intervención política pueden socavar
la aplicación efectiva de las garantías procesales, afectando negativamente el acceso a una justicia
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justa y equitativa, esta discrepancia entre el marco normativo y su ejecución real plantea un
desafío significativo para la administración de justicia y la protección de los derechos
constitucionales (Jurado, 2022).
Además, el análisis comparativo revela que en algunos sistemas jurídicos, las garantías procesales
están más desarrolladas y son más robustas que en otros, esta desigualdad puede derivar de
diferentes tradiciones legales, niveles de desarrollo económico y político, y grados de
compromiso con los principios democráticos y el estado de derecho, la comparación entre
distintos sistemas permite identificar mejores prácticas y áreas que requieren reformas, pero
también destaca las dificultades de trasladar soluciones exitosas de un contexto a otro debido a
las diferencias culturales, legales y estructurales, el problema de la adaptación de las garantías
procesales a nuevas realidades sociales y tecnológicas es otro aspecto crucial, la evolución
tecnológica, por ejemplo, ha introducido nuevos desafíos en la protección de los derechos
procesales, como la privacidad de las informaciones e integración de las experiencias digitales,
las normativas deben adaptarse continuamente para abordar estas nuevas cuestiones y garantizar
que las garantías procesales sigan siendo relevantes y efectivas en un mundo en constante cambio
(Cervantes, 2020).
El propósito general de este análisis es analizar de forma exhaustiva y comparativa los sistemas
de derecho procesal y las garantías constitucionales en diferentes jurisdicciones, con el fin de
identificar similitudes, diferencias y mejores prácticas que puedan contribuir a una administración
de justicia más equitativa y efectiva. Este análisis se centrará en evaluar cómo se implementan y
protegen los derechos esenciales dentro de los métodos legales y cuáles son los desafíos y
oportunidades en la aplicación práctica de estas garantías.
El derecho procesal es una descendencia del derecho que se basa en la regulación de los procesos
y módulos que se deben seguir para la aplicación y administración de justicia, este campo del
derecho establece las normas y principios que guían el progreso de los juicios y métodos legales,
a partir de la exposición de una petición incluso la ejecución de la sentencia, a través del derecho
procesal, se certifica que las partes implicadas en una disputa legal tengan acceso a un juicio
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equitativo e imparcial, en el cual se veneren sus retribuciones y se asegure la correcta aplicación
de las leyes sustantivas (Luque & Arias, 2020).
Uno de los aspectos fundamentales del derecho judicial es la regulación de las aptitudes y
ocupaciones de los miembros internos, esto incluye la enunciación de la distribución y ordenación
de los tribunales, así como las facultades y deberes de los magistrados, el derecho procesal
también establece los procedimientos específicos para cada tipo de proceso, ya sea civil, penal,
administrativo, laboral, entre otros, de esta manera, se busca asegurar que cada asunto legal sea
tratado de manera adecuada y acorde a las pautas determinadas (Caicedo & Torres, 2023).
Además, el derecho procesal establece los derechos y obligaciones de las fracciones involucradas
en un proceso judicial, esto incluye la protección de derechos esenciales como el derecho a una
sensatez ecuánime, el derecho a la protección y la jactancia de ingenuidad en el ámbito penal,
asimismo, regula la manera en que deben presentarse las pruebas, los plazos procesales, y las
formas de impugnación y apelación de las decisiones judiciales, estas normativas son
fundamentales para conservar la equidad y la nitidez en la dirección de ecuanimidad, permitiendo
que todas las partes tengan la conformidad de exhibir sus demostraciones y experiencias de
manera ordenada y conforme a la ley (Escobar, 2023).
Las cauciones legislativas son componentes lógicas determinados por una naturaleza para
resguardar y afirmar el acatamiento y acción de los derechos importantes de los ciudadanos, estas
garantías actúan como salvaguardas que impiden que los poderes públicos o cualquier otra entidad
violen los derechos consagrados en la carta magna, su principal objetivo es afirmar que las
personas logren mejorar sus retribuciones y libertades en un marco de justicia y equidad,
manteniendo así el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de los individuos, una de
las formas más comunes de garantías constitucionales es el recurso de amparo o protección, el
cual permite a cualquier persona recurrir a los tribunales cuando considera que sus derechos
fundamentales han sido vulnerados, este mecanismo judicial es vital para aseverar los derechos
que no sean declaraciones formales, y que tengan una aplicación efectiva en la vida de las
personas, el recurso de amparo suele ser expedito y sencillo, lo que facilita el acceso a la justicia
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para todas las personas, independientemente de su condición social o económica (Ronquillo et al.,
2022).
Otra garantía constitucional importante es el habeas corpus, que protege el derecho a la
independencia particular y resguarda a los individuos contra detenciones arbitrarias e ilegales.
Mediante este procedimiento, un individuo detenido tiene la capacidad de presentarse en un
juzgado para que se establezca la justicia de su dilación, si se encuentra que la dilación es
prohibida, el juzgado ordenará la inmediata emancipación del pendiente, el habeas corpus es un
instrumento esencial en la protección de la libertad individual y en la prevención de abusos de
poder por parte de las autoridades, asimismo incluyen derechos procesales que aseguran el debido
proceso legal, estos derechos tienen una protección conveniente, el derecho a ser informado de
las imputaciones, y el derecho a un juicio justo y público, estos mecanismos son fundamentales
para responder que los procedimientos legales de forma equitativa, respetando las retribuciones
en ambas partes, el íntegro juicio legal es un estribo esencial del periodo de derecho, y su
protección es decisivo para la confianza en el sistema judicial (Ugalde et al., 2024).
Las garantías constitucionales también abarcan derechos sociales, económicos y culturales, que
buscan asegurar contextos de bienestar para las personas, estos derechos contienen la
accesibilidad a la educación, la resistencia, la residencia y tener un trabajo digno, entre otros, las
constituciones modernas suelen reconocer estos derechos y establecer mecanismos para su
protección y promoción, lo que refleja una visión integral de los derechos humanos que va más
allá de las libertades civiles y políticas tradicionales (Égüez & Durán, 2024).
En un antecedente basado en la prisión preventiva frente a las garantías constitucionales en el
Ecuador, los principios fundamentales establecidos en el COIP se derivan de la Constitucipon, de
varios métodos universales sobre los derechos, y del propio COIP. Este código subraya, en su
exposición de motivos, la supremacía de la Constitución, que es la pauta máxima del Estado y
predomina en la disposición del ordenamiento jurídico, en consecuencia, los principios y garantías
esenciales aplicados en el debido proceso deben ser protegidos en los procedimientos penales por
los jueces de garantías penales, quienes tienen la principal responsabilidad de asegurar los
derechos de las personas procesadas durante las diferentes etapas del proceso penal. Dentro de
pág. 175
estas etapas, se pueden imponer moderadas precavieres, como la detención provisoria, que
conllevan restricciones a la libertad, aunque la libertad es un derecho fundamental, su restricción
es considerada necesaria en el contexto del sistema penal, sin embargo, la aplicación de la prisión
preventiva revela una aparente contradicción dentro del COIP: por un lado, el código refleja el
carácter garantista de la Constitución, que prioriza la defensa de los derechos; por otro lado, ejerce
el poder punitivo o sancionador del Estado, esta dualidad evidencia la tensión entre la protección
de los individuos y el requerimiento de mantener el orden y la justicia penal, destacando el desafío
de equilibrar ambos aspectos dentro del marco legal ecuatoriano (Vásquez, 2021).
En otro estudio basado en el análisis de garantía en la no inserción basado en los asuntos penales
en individuos legales en el Ecuador, desde el año 2014, las personas jurídicas de derecho privado
en Ecuador pueden ser sujetas de responsabilidad penal, lo que significa que pueden ser parte
pasiva en un proceso penal o ser procesadas, en tal situación, deben respetarse sus derechos
fundamentales, incluido el debido proceso con todas sus garantías, sin embargo, la prohibición de
autoincriminación parece estar regulada constitucional y legalmente únicamente para proteger a
las personas naturales procesadas, se concluye que en el marco legal ecuatoriano, el derecho de
no autoincriminación puede proteger a la persona jurídica de manera preventiva a través de su
representante judicial y de manera reactiva mediante la exclusión de pruebas obtenidas en
violación de este derecho (Robles & Suqui, 2023).
La teoría del garantismo procesal sostiene que el derecho procesal debe estructurarse de manera
que garantice plenamente los estipendios y las independencias esenciales de los individuos
involucradas en el proceso judicial, esta teoría se fundamenta en la premisa de que el debido
proceso es esencial para la administración de justicia y debe estar alineado con los principios
constitucionales, el garantismo procesal se manifiesta en la exigencia de que todas las etapas del
proceso penal respeten y protejan los derechos humanos de los procesados, como el derecho a la
defensa, el derecho a ser oído y el derecho a un juicio justo e imparcial. La Constitución de
Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) integran esta teoría al establecer normas y
procedimientos que buscan prevenir abusos de poder y asegurar la equidad procesal (Ferrajoli,
2010).
pág. 176
La teoría de la convergencia normativa se sitúa en el conjunto procesal y las garantías
constitucionales deben converger para crear un sistema jurídico cohesivo y armonizado. Según
esta teoría, el derecho procesal no puede operar de manera efectiva si no se integra plenamente
con los principios y garantías establecidos en la Constitución. En Ecuador, la convergencia
normativa se observa en la forma en que el COIP y otras leyes procesales se alinean con las
disposiciones constitucionales para asegurar que los derechos de los individuos sean protegidos
durante todo el proceso judicial (Gugliano, 2019).
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio, se emplea una metodología de investigación básica, descriptiva,
comparativa y cualitativa. Este enfoque permitirá analizar en detalle la relación entre el derecho
procesal y las garantías constitucionales, centrándose en aspectos cualitativos y comparativos.
La obtención de información se realizó principalmente mediante la exploración de revistas
científicas y artículos distinguidos coherentes a la idea de estudio. Se accederá a bases de datos
académicas y bibliotecas virtuales para obtener la información necesaria. Los criterios de
inclusión se aplicarán de manera rigurosa, considerando únicamente revistas o artículos
publicados a partir del año 2019. Esto garantizará la actualidad y pertinencia de los datos
recopilados para el análisis comparativo.
Por otro lado, se establecerán criterios de exclusión para descartar documentos que no cumplan
con el requisito de publicación posterior al año 2019 y aquellos que no estén directamente
relacionados con el tema de estudio. Esta selección cuidadosa asegurará la relevancia de la
información recopilada y su utilidad para los objetivos de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de realizar un análisis comparativo entre el derecho procesal y las garantías
constitucionales, se obtuvieron resultados significativos que revelan diferencias y similitudes
entre ambos sistemas legales. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que resume los
hallazgos más relevantes:
pág. 177
Tabla 1
Aspecto
Derecho Procesal
Garantías Constitucionales
Definición
Rama del derecho que sistematiza los
ordenamientos legales y funcionarios
para solucionar compromisos legales.
Es un ligado de principios
esenciales determinados en la
Constitución para proteger a los
individuos contra el poder del
Estado.
Fuentes
Legislación procesal, jurisprudencia y
doctrina legal.
Texto constitucional, tratados
internacionales y jurisprudencia
constitucional.
Objetivo
Asegurar un proceso legal equitativo y
ecuánime ambas partes sin
involucrarse en un litigio.
Proteger los derechos individuales
y colectivos consagrados en la
Constitución, garantizando la
igualdad ante la ley y la dignidad
humana.
Principios
Principios como el derecho a la
protección, inocencia, igualdad
procesal y el proceso pertinente.
Compendios como la legalidad,
seguridad jurídica, igualdad,
proporcionalidad y razonabilidad.
Instituciones
Juzgados, tribunales, fiscales,
abogados y otros profesionales legales.
Corte Constitucional, defensorías
del pueblo, comisiones de
derechos humanos y órganos
judiciales.
Procedimientos
Normas y procedimientos específicos
para la administración de justicia, con
énfasis en la imparcialidad y la
aceleridad procesal.
Mecanismos legales para asegurar
el respeto y la aplicación efectiva
de los derechos constitucionales
en los contextos sociales y
jurídicos.
Control
La apelación y el control judicial
garantizan la legalidad de los
procedimientos.
Mecanismos de control
constitucional, como el amparo, la
labor de no constitucionalidad y el
expediente de protección.
Este cuadro ofrece una visión amplia y comparativa de los aspectos clave del derecho procesal y
las garantías constitucionales, destacando tanto sus similitudes como sus diferencias en términos
de definición, fuentes, objetivos, principios, instituciones, procedimientos y mecanismos de
control.
pág. 178
CONCLUSIÓN
La comparación entre los resultados se destaca varias áreas críticas en la aplicación y eficacia del
derecho procesal, el resultado, presentado por Escobar (2023), enfatiza los aspectos positivos del
derecho procesal, subrayando su papel en la protección de derechos esenciales como a una
justicia, equitativa, protección, defensa y a la inocencia, estas regulaciones son esenciales para
asegurar la equidad y transparencia en la administración de justicia, permitiendo una presentación
ordenada y legal de argumentos y pruebas. Por otro lado, el resultado obtenido en el estudio indica
algunas deficiencias potenciales en la implementación del derecho procesal en ciertas
jurisdicciones, según el análisis, el deficiente proceso de la presentación de pruebas y apelación,
junto con la burocracia excesiva, puede llevar a retrasos en la justicia, además, la capacidad de
las partes con mayores recursos económicos para manipular el proceso mediante estrategias
procesales para alargar los juicios destaca una preocupación significativa sobre la equidad del
sistema.
Este contraste entre los resultados resalta la dualidad del derecho procesal: mientras que, en teoría,
estas normativas están diseñadas para garantizar la justicia, en la práctica, su implementación
puede variar significativamente, la discusión también subraya la necesidad de una regulación clara
y justa que no solo defina los procedimientos, sino que también implemente mecanismos efectivos
para prevenir su manipulación, la accesibilidad a la justicia debe ser equitativa, sin que las
capacidades económicas de las partes influyan en el efecto del juicio.
La comparación entre los resultados revelan los aspectos críticos sobre la efectividad de las
garantías constitucionales en diferentes contextos. El resultado, basado en Ronquillo et al. (2022),
presenta una visión ideal del papel de las garantías constitucionales, particularmente el recurso de
amparo. Este mecanismo se describe como una herramienta accesible y efectiva para proteger los
derechos fundamentales, asegurando que las persona, independiente del aspecto social y
económico, puedan recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos.
Por otro lado, el resultado ofrece una perspectiva más crítica y realista, destacando que la
implementación y eficacia del recurso de amparo pueden estar significativamente comprometidas
en ciertos sistemas jurídicos, las barreras burocráticas y legales, así como la corrupción y la
pág. 179
ineficiencia judicial, son factores que pueden obstaculizar el acceso efectivo a este mecanismo,
en contextos donde estos problemas son prevalentes, el recurso de amparo puede perder su
carácter expedito y sencillo, convirtiéndose en un proceso largo y complicado que no garantiza
justicia equitativa.
Este contraste entre los dos resultados subraya la necesidad de considerar las condiciones
específicas de cada sistema judicial al evaluar la efectividad de las garantías constitucionales,
mientras que en teoría, mecanismos como el recurso de amparo están diseñados para ser rápidos
y accesibles, en la práctica, su eficacia puede variar ampliamente, los sistemas judiciales con altos
niveles de burocracia y corrupción necesitan reformas estructurales para asegurar que las
garantías constitucionales sean más que declaraciones formales y realmente protejan los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos.
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