EL PODER JUDICIAL Y SUS POSIBLES
APORTES PARA LA DISMINUCIÓN DEL
CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR
THE JUDICIAL POWER AND ITS POSSIBLE
CONTRIBUTIONS TO THE REDUCTION OF ORGANIZED
CRIME IN ECUADOR
Francisco Javier Merino Ajila
Autor Independiente – Ecuador
Victor Emilio Guilcapi Valencia
Autor Independiente- Ecuador
Roberto Vinicio Defas Ayala
Autor Independiente - Ecuador
pág. 306
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11224
El poder judicial y sus posibles aportes para la disminución del crimen
organizado en Ecuador
Francisco Javier Merino Ajila1
fmerinoa@unemi.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-3290-8175
Autor Independiente
Ecuador
Victor Emilio Guilcapi Valencia
victoremilio54@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0003-5352-4502
Autor Independiente
Ecuador
Roberto Vinicio Defas Ayala
roberto.defas@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-3240-3595
Autor Independiente
Ecuador
RESUMEN
El crimen organizado y la violencia entre bandas son fenómenos internacionales que pueden surgir en
cualquier país y Ecuador actualmente se enfrenta a una crisis producto de la presencia de bandas locales
e internacionales. Dado que en los últimos años el Estado ha reconocido la gravedad que representan al
amenazar la seguridad y paz pública se han promulgado leyes específicas para combatirlos, así como
reestructuraciones en el sistema judicial que buscan una reducción significativa del crimen organizado.
En este artículo se exponen las dificultades que enfrenta el Poder judicial para abordar adecuadamente
al crimen organizado y los resultados que ha obtenido a través de los últimos años.
Palabras clave: crimen organizado, poder judicial, crisis
1
Autor Principal
Correspondencia: fmerinoa@unemi.edu.ec
pág. 307
The judicial power and its possible contributions to the reduction of
organized crime in Ecuador
ABSTRACT
Organized crime and gang violence are an international phenomenon that can arise in any country and
Ecuador is currently facing a crisis due to the presence of local and international bands. In the last few
years, the Government has recognized the severity of the threat they represent to public security and
peace, and has implemented specific laws to combat them, as well as reforms in the judicial system that
aim to significantly reduce organized crime. This article discusses the difficulties faced by the judicial
system in dealing appropriately with organized crime and the results it has obtained over the last few
years.
Keywords: organized crime, justice system, crisis
Artículo recibido 20 abril 2024
Aceptado para publicación: 25 mayo 2024
pág. 308
INTRODUCCIÓN
Los desafíos que presenta el crimen organizado en los países son una de las mayores preocupaciones en
el planeta. La actividad de estos numerosos grupos criminales implica un aumento en la inseguridad de
los países que se cimenta en la acumulación de poder y recursos económicos a los que acceden a través
de acciones ilegales. La expansión resulta preocupante y cada vez es más difícil abordar aisladamente
el problema debido a su carácter internacional que limita a las fuerzas de seguridad e instituciones que
desempeñan el papel de la justicia (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023).
Por ello, cada vez más la cooperación jurídica internacional y el poder judicial juegan un papel
imperativo e ineludible en la disminución del crimen organizado y la facilitación de las herramientas
para dar paso a la persecución de estos delitos que afectan a todo el país, y sobre todo a los estratos
poblacionales de menor ingreso económico, que resultan los más vulnerables (Jenny Pontón Cevallos,
2006).
El crimen organizado es una de las principales amenazas a la seguridad y el desarrollo de Ecuador. En
2023, el país registró la mayor tasa de homicidios en su historia, proyectando un cierren de 45 homicidios
diarios, encabezando la violencia criminal en Latinoamérica. El crimen organizado está detrás de una
gran parte de esta violencia, como menciona la Interpol esta problemática involucra delitos que pueden
incluir trata de personas, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, entre otros (INTERPOL, 2017).
El poder judicial juega un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Es el encargado
de investigar, juzgar y sancionar a aquellos que realicen estas actividades. Sin embargo, el sistema
judicial ecuatoriano enfrenta desafíos que comprometen su eficacia al momento de hacerle frente al
crimen organizado (Efrén Guerrero Salgado, 2015). La falta de recursos dificulta la investigación y el
procesamiento de los casos de crimen organizado, y la existencia de altos niveles de corrupción en el
país impiden un proceso imparcial y justo. A pesar de estos desafíos, el poder judicial tiene el potencial
de contribuir a la disminución del crimen organizado en Ecuador. Para ello, el sistema judicial ha llevado
a cabo una serie de reformas a su favor en la espera de resultados en años posteriores (ENACT & Global
Iniative against organized crime, 2023).
pág. 309
El poder judicial
El Poder Judicial es un Poder del Estado ejerce la potestad de administrar la justicia, y representa al
pueblo a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. De acuerdo con el
art. 177 de la Constitución del Ecuador del 2008 la función judicial compone: órganos jurisdiccionales,
administrativos, auxiliares y autónomos (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008).
Las competencias y funciones que deban llevarse a cabo en el Poder Judicial dependerán de la
estructuración de la ley y todo aquello que competa una correcta administración de la justicia (Asamblea
Nacional Constituyente de Ecuador, 2008).
Gracias a su función de estabilidad democrática el Poder judicial posee legitimidad mediante la
exigibilidad de derechos (FLACSO, 2015). Dado que, de acuerdo con la teoría moderna del Estado, el
sistema judicial permite la gestión de los conflictos, los organismos de llevar a cabo esta tarea deben
mantener ideas de imparcialidad y racionalidad (Gilmer ALARCÓN REQUEJO & GREGORIO
SARAVIA, 2009).
Aun así, el ejercicio de las administraciones de la justicia adolece limitaciones en Latinoamérica debido
a temas como impunidad o corrupción. El rol que deben cumplir los jueces es que no se vulnere la
Constitución y los derechos u obligaciones que esta representa. Pues bien, partiendo de esta idea, en un
Estado constitucional de derecho y, la independencia judicial tiene que ser democrática (Diego Jadán,
2019).
Para definir el cumplimiento de los deberes del sistema judicial en el campo ecuatoriano se puede
recurrir a los artículos 167 y 168 de la Constitución de modo que: gozará de principios de independencia
interna y externa; gozará de autonomía administrativa, económica, y financiera; además de brindar un
servicio gratuito en términos de administración de justicia. Este término de autonomía, previamente
mencionado, implica que ninguna autoridad que desempeñe un cargo en las otras funciones del estado
(Legislativo, Ejecutivo, Electoral y Transparencia y control social) puede influir directamente en la
administración de la justicia(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008).
El crimen organizado
Conceptualizar al “crimen organizado” es un tema complejo dado que en dicha valoración intervienen
distintos factores que van desde geográficos hasta jurídicos, lo que resulta en una serie de definiciones
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variadas. Sin embargo, existen características comunes y distintivas entre aquellos que manejan el
concepto en el campo del Derecho Penal, que incluyen: a) la permanencia en el tiempo, b) empleo de
violencia, c) empleo de armamento, y d) gama de actividades delictivas (Rincón Angarita Dubán, 2019).
Así, de acuerdo con la ONU el “crimen organizado” comprende a un conjunto de más de tres personas
el cual representa una asociación estructurada y jerárquica que actúa repetidamente en delitos graves
para obtener un beneficio económico o material. (Marisela Morales Ibáñez, 2012)
Otra característica del crimen organizado es su constancia. Este tipo de grupos delictivos se forman con
el objetivo de continuar con actividades punibles de forma sistemática, de modo que operan al organizar
la posible acción ilícita de forma planeada y controlada para garantizar su cumplimiento, evitando así,
la persecución por parte de las autoridades (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018).
Crimen organizado en Ecuador
El crimen organizado en Ecuador representa un serio problema a nivel nacional, bajo un contexto social,
los grupos que realizan acciones de carácter punitivo en el país comprenden tanto grupos locales como
extranjeros con bases de estilo de mafia que trabajan en actividades como: tráfico de drogas, extorsión,
lavado de dinero, entre otros (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023a).
Pese a que los grupos organizados no controlan el territorio, si poseen cierto control sobre el sistema
penitenciario, lo cual a lo largo de los años ha dejado a su paso altos niveles de violencia. En Ecuador,
durante 2023 se mantuvo la crisis carcelaria que venía sucediendo desde 2019; la problemática base de
esta situación se da por la sobrepoblación carcelaria que se habría incrementado en los últimos años, así
como los delitos cometidos en el territorio nacional, con una tasa de diferencia porcentual de incremento
del 64.9% desde el año 2022 (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023c).
Como se mencionó anteriormente, Ecuador no solo es víctima de organizaciones delictivas locales, sino
también de aquellas con carácter internacional que incluyen a: Colombia, México, Albania y China. Los
grupos colombianos controlan las rutas de tráfico en el país, mientras que la mafia albanesa está presente
en el área de tráfico de drogas a través de tácticas violentas y terrorismo; por su parte, los grupos chinos
se dedican en su mayoría a la trata de personas. El choque territorial ha dado paso a conflictos violentos
entre miembros de estas organizaciones, que posteriormente se ven reflejados en las revueltas carcelarias
(ENACT & Global Iniative against organized crime, 2023).
pág. 311
La corrupción es un problema grave en el Ecuador, en la cual los actores estatales de todos los niveles
tienen participación. Actualmente, existen casos de funcionarios públicos acusados de facilitar
actividades delictivas, lo que ha contribuido a que las redes delictivas aumenten su capacidad para
cometer actos violentos. Por esto, resulta necesario que las diferentes instituciones que trabajan contra
el crimen organizado contribuyan en la disminución de este. Usualmente, tanto gobierno como la
opinión pública tienden a sostener aquella responsabilidad de forma exclusiva encima de las fuerzas del
orden. Sin embargo, este enfoque resulta en una subestimación de la naturaleza compleja y transnacional
de la amenaza para la paz nacional que representa el crimen organizado (ENACT & Global Iniative
against organized crime, 2023).
Rol del poder judicial en la lucha contra el crimen organizado
Al igual que la fiscalía y agentes de control como la policía, los jueces desempeñan un papel importante
en la respuesta del sistema jurídico e interinstitucional ante el crimen organizado ya que representan el
último nivel de autoridad en asuntos civiles para poder llevar a cabo la aplicación de sanciones. La
coordinación de las respuestas judiciales con las de otros actores en las comunidades legales, médicas y
de defensa puede evitar respuestas inconsistentes que socavan la seguridad de la víctima y la
responsabilidad del agresor (Xhevdet Halili, 2014).
De acuerdo con Wilson Toainga (2012), cuando se presentó el Código Orgánico Integral Penal en 2011
las nuevas modalidades del delito y las consecuencias que estas representarían para la estructura del
Ecuador eran una de las mayores preocupaciones previas a la aprobación del proyecto de ley, y con el
paso de los años, el combate al crimen organizado ya no solo se ha convertido en un asunto de carácter
policial y militar (Fiscalía General del Estado, 2014). Como tal, implica que se tomen decisiones desde
lo político en son de liderar nuevas propuestas con la asistencia de otras instituciones anteriormente
imperceptibles en el combate contra el crimen organizado. Por eso, es esencial que constantemente los
Estados promuevan reformas en el sistema jurídico con el propósito de reforzar la integridad y disminuir
los índices de corrupción ya existente entre el Poder Judicial (Luis Almagro, 2018).
Ecuador, en su constante lucha contra el crimen organizado ha llevado a una serie de reformas y
convenciones para enfrentar esta problemática. En el proyecto inicial del Poder Ejecutivo, el crimen
organizado se toma como un delito que atenta a la seguridad pública por lo que requiere de la existencia
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y creación de órganos jurisdiccionales en materia penal (Castillo Xavier, 2019). Para esto el Poder
Ejecutivo toma como partida el Código Orgánico de la Función Judicial (2009) donde se establece que:
“Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: …6. Expedir resoluciones en caso de duda u
obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por
la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial” (Código Orgánico de la Función
Judicial, 2009, Artículo 180.6).
Asimismo, se declara el uso de:
“La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las
diferentes áreas de la competencia…” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, Artículo 11).
Por tanto, mediante la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, el Poder
Judicial dispuso la creación de las juezas y los jueces especializados para delitos relacionados con
corrupción y crimen organizado, miembros que participarán en los Tribunales Especializados Contra la
Delincuencia Organizada (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009).
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado en conjunto con el Consejo de la Judicatura constituyó otras
dos organizaciones que buscan el control y disminución del crimen organizado en Ecuador.
1. La creación de la Unidad y Tribunal Especializados en Lucha contra la Corrupción y el Crimen
Organizado. Este organismo fue creado por Consejo Nacional de la Judicatura mediante Resolución
N°190-2021 en 2021 y cuenta con la participación de jueces anticorrupción y las condiciones
administrativas ideales para el desarrollo de actividades en marcos de seguridad de modo que aquellos
que trabajen en esta unidad puedan tener conocimiento de los delitos transnacionales como: corrupción,
tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, etc.,(Consejo de la Judicatura, 2021).
2. La constitución de la Fiscalía Antinarcóticos Especializada en Delincuencia Organizada
Transnacional e Internacional (Fiscalía General del Estado, 2020).
A partir de la creación de estos organismos, se han obtenido cifras relacionadas al terrorismo y crimen
organizado, por ejemplo, el 2022 se realizaron 74 allanamientos donde se incautaron: drogas,
explosivos, armas y otros elementos que están sujetos a porte ilegal en el país. Es necesario mencionar
que, aunque el poder judicial puede brindar aportes para la disminución del crimen organizado, el 2023
la situación no se encontraba bajo esta regla; según un reporte realizado por el Observatorio Ecuatoriano
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del Crimen Organizado (OECO), que se encarga de realizar un diagnóstico diferenciado de las
expresiones del crimen por cada provincia, el país perdió el control sobre el crimen. Atravesando así,
una ola de inseguridad y violencia que no se había registrado antes en el país, con altos niveles de
incidencia de criminalidad y un aumento de más del 80% de homicidios en comparación al 2022
(Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023c).
A lo sucedido existe un probable costo colateral manifestado en la pérdida de las capacidades de control
horizontal de la Judicatura, y una reversión a favor del Ejecutivo. Según el Índice global de crimen
organizado (2023): “El sistema judicial de Ecuador carece de independencia”. Discurso que repite Efrén
Guerrero (2015) al mencionar que: “El sistema judicial ecuatoriano adolece de una alta carga procesal
y una fuerte lentitud”.
Estos impedimentos han significado barreras que limitan la capacidad del poder judicial para investigar
eficazmente la corrupción y el crimen organizado; ya que bajo la Constitución del 2008 los jueces
ecuatorianos están eximidos de fallar en contra del Estado lo cual trae consigo como consecuencia el
costo de un correcto procedimiento en los procesos judiciales (Efrén Guerrero Salgado, 2015).
Ronaldo Terán por su parte, indica que “el marco legal que rige el cumplimiento de la condena es
definitivamente muy rígido y no considera nuestra realidad nacional”. Esto por su parte, trae como
consecuencia una justicia es muy lenta que se relaciona a con una seria cantidad de obstáculos en los
procesos (Jenny Pontón Cevallos, 2006).
Desde un punto de vista internacional, el poder judicial también ha llevado a cabo una serie de convenios
para la tratar la disminución del crimen organizado, estos incluyen:
• Acuerdo de Cooperación en el Sector Judicial a favor del Estado de Derecho y en la Lucha
contra el Narcotráfico. El cual fue establecido por primera vez en 2002 pero se realizó un fortalecimiento
en 2023 para codificar la colaboración en iniciativas realizadas por estados unidos que pueden ser
implementadas en ecuador con ayuda de los embajadores (Embajada y Consulado de Estados Unidos en
Ecuador, 2023).
• Convenio entre Ecuador y la Agencia Europea de Seguridad (Europol) que busca salvaguardar
a los ciudadanos, y una mejor comprensión que las amenazas producidas por grupos delictivos en el
crimen organizado (Ministerio del Interior, 2023).
pág. 314
Otras actividades que tienen la posibilidad de aportar en la disminución del crimen organizado por parte
del poder judicial abarcan:
• En el caso del crimen organizado, el poder judicial debe aplicar las leyes específicas que regulan
este tipo de delincuencia como aquellas citadas en la Convención contra la delincuencia organizada
trasnacional (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023a).
• El poder judicial puede realizar investigaciones para la identificación de grupos delictivos
organizados. El Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador (2017), puede disponer lo concerniente
a la evaluación de los peritos, destacando el evaluar el cumplimiento de requisitos mínimos y las
investigaciones pre procesales de cada proceso, bajo la regulación de que el perito acredite sus
cualidades y experticia en este campo (Pesantes Porras, 2019).
• El poder judicial puede imponer sanciones severas a los delincuentes organizados siempre y
cuando se encuentren bajo la conformidad de la ley. En 2023, se impusieron cinco sentencias hacia el
crimen organizado bajo las evidencias presentadas por la Fiscalía General del estado; sin embargo, bajo
este mismo caso de las once personas que fueron procesadas originalmente, tres no se acogieron al
procedimiento por lo que no pudieron llegar el proceso en el ámbito de crimen organizado. Como tal, el
poder judicial puede dictar las sanciones para estos casos en base a el artículo 369 del Código Orgánico
Integral Penal, que esclarece una pena privativa de libertad de siete a diez años (Fiscalía General del
Estado, 2023).
En 2023 con el ascenso a la presidencia de Daniel Noboa el Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado propuso una serie de Recomendaciones para el próximo Gobierno en la lucha contra el
crimen organizado. El OECO señala que las investigaciones financieras paralelas o patrimoniales son
una herramienta clave para combatir el crimen organizado. De esta forma es posible identificar y
desarticular las estructuras financieras ilícitas de las organizaciones delictivas. Sin embargo, en Ecuador
las instituciones que trabajan en el ámbito de la justicia no cuentan con la capacidad para realizar este
tipo de investigaciones, tanto por la falta de falta de capacitación de los funcionarios, como de la falta
de indicadores de ejecución. En consecuencia, el OECO propone capacitar a Policía Judicial, Fiscalía y
jueces en las zonas de mayor concentración delictiva (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado,
2023b). Otro punto que tratar en las recomendaciones es la mejora el sistema de combate y prevención
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ante el lavado de activos, puesto que, es necesario capacitar a los analistas de inteligencia financiera de
la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como consecuencia de una falta de sentencias
condenatorias que se redujeron de 3 en 2015 a 1 en 2020.
Además, se debe incentivar la investigación estratégica ante el crimen organizado a través de una mayor
coordinación interinstitucional, ya que como señala el OECO, el esquema tradicional de la investigación
criminal en Ecuador tiene importantes debilidades: sienta sus bases en la flagrancia y desestima
información proporcionada por parte de otras instituciones. Esto da como resultado la necesidad de
promover una estrategia focalizada para reducir la criminalidad en el país, ayudada de una política
penitenciaria y de control de fronteras, así como el refuerzo de control de armas; estrategias que
finalmente enfocarán objetivos estratégicos para debilitar la cadena de poder que ha establecido el
crimen organizado en el Ecuador (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023b).
CONCLUSIÓN
A partir de las nuevas reformas realizadas tanto por la función judicial como por la función legislativa
del país, el poder judicial es capaz de desempeñar un papel crucial en la disminución del crimen
organizado debido a las actividades de sanción, investigación y aplicación de leyes que desempeña. Sin
embargo, este papel ha experimentado impedimentos por la falta de recursos y los problemas de
corrupción que enfrenta el Ecuador. En casos de crimen organizado, la fase de investigación puede
representar retos tanto por la complejidad y amplitud del concepto como por la clandestinidad de los
grupos, que resulta en falta de pruebas. Dado que las organizaciones criminales operan tanto de forma
local como internacional, la cooperación internacional es clave, por lo que el poder judicial ha buscado
convenios con otros países para poder sobrellevar la crisis que atraviesa el país. Las reestructuraciones
legales como aquellas solicitadas a favor del Código Orgánico de la Función Judicial y la creación de
organismos enfocados al crimen organizado como Unidad y Tribunal Especializados en Lucha contra la
Corrupción y el Crimen Organizado, y la Fiscalía Antinarcóticos Especializada en Delincuencia
Organizada Transnacional e Internacional han permitido un avance en el combate contra esta
problemática social. Aunque se ha venido trabajando judicialmente desde años previos al 2019 aun
existe trabajo por hacer y las estadísticas no demuestran que se haya logrado una disminución real del
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crimen organizado en 2023, pero considerando las propuestas otorgadas por el Observatorio Ecuatoriano
de Crimen Organizado el contexto judicial puede seguir avanzando y mejorando.
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