POLÍTICAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS Y
JURISDICCIONALES CONTRA LA
CORRUPCIÓN EN BOLIVIA. UN ENFOQUE
DEONTOLÓGICO Y ÉTICO
ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL PUBLIC
POLICIES AGAINST CORRUPTION IN BOLIVIA A
DEONTOLOGICAL AND ETHICAL APPROACH
Ramiro Froilán Canedo Chávez
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
pág. 1427
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11344
Políticas Públicas Administrativas y Jurisdiccionales Contra la Corrupción
en Bolivia. Un enfoque Deontológico y Ético
Ramiro Froilán Canedo Chávez1
canedramiro1@hotmail.es
https://orcid.org/0009-0009-3394-0203
Universidad Mayor de San Andrés
La Paz - Bolivia
RESUMEN
Este estudio evalúa la eficacia de las políticas anticorrupción en Bolivia, enfocándose en cómo la
educación cívica y la participación ciudadana pueden influir en la percepción y práctica de la corrupción
en el ámbito público. Mediante un enfoque metodológico mixto, se combinaron análisis cuantitativos y
cualitativos para explorar la interacción entre políticas públicas y percepciones sociales. Se utilizaron
técnicas de Análisis de Varianza (ANOVA) y regresión lineal para medir el impacto de las
intervenciones gubernamentales en la percepción de corrupción. Los resultados revelan una
disminución estadísticamente significativa en la percepción de corrupción tras la implementación de
políticas, aunque los programas de educación cívica no mostraron un impacto significativo en la
modificación de esta percepción. El estudio sugiere que, a pesar de las reformas legales, se requieren
esfuerzos adicionales para integrar eficazmente la educación cívica en un marco de políticas más amplio
que promueva una participación ciudadana activa y informada. Este trabajo subraya la importancia de
la transparencia y la gobernanza en la lucha contra la corrupción, proporcionando una base para futuras
investigaciones y reformas en políticas anticorrupción.
Palabras claves: corrupción, educación cívica, percepción pública, políticas anticorrupción, Bolivia
1
Autor principal
Correspondencia: canedramiro1@hotmail.es
pág. 1428
Administrative and Jurisdictional Public Policies Against Corruption in
Bolivia a Deontological and Ethical Approach
ABSTRACT
This study evaluates the effectiveness of anti-corruption policies in Bolivia, focusing on how civic
education and citizen participation can influence the perception and practice of corruption in the public
sphere. Using a mixed methodological approach, quantitative and qualitative analyses were combined
to explore the interaction between public policies and social perceptions. Analysis of Variance
(ANOVA) and linear regression techniques were used to measure the impact of government
interventions on the perception of corruption. The results reveal a statistically significant decrease in
the perception of corruption after policy implementation, although civic education programs did not
show a significant impact on modifying this perception. The study suggests that, despite legal reforms,
additional efforts are required to effectively integrate civic education into a broader policy framework
that promotes active and informed citizen participation. This work underscores the importance of
transparency and governance in the fight against corruption, providing a basis for future research and
anti-corruption policy reforms.
Keywords: corruption, civic education, public perception, anti-corruption policies, Bolivia
Artículo recibido 16 abril 2024
Aceptado para publicación: 18 mayo 2024
pág. 1429
INTRODUCCIÓN
“La Ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza y tiene una
aplicación universal, inmutable y perenne, mediante sus mandamientos nos insta a
obrar debidamente y, mediante sus prohibiciones, nos evita obrar mal”.
Justiniano (483 – 565 a.C.)
Bolivia, una nación de vasta diversidad cultural y un complejo legado político, enfrenta desafíos
persistentes en su lucha contra la corrupción, especialmente en el ámbito judicial. Este flagelo ha
erosionado el tejido del desarrollo económico, social y político del país, subyugando el potencial de su
ciudadanía y sus instituciones. Con la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional
en 2009, Bolivia emprendió un proceso de redefinición de sus estructuras institucionales y legales,
enfocadas en mitigar y abordar los efectos corrosivos de la corrupción (Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, 2009). Este documento fundamental incorpora explícitamente valores
derivados de tradiciones indígenas—tales como el suma qamaña (vivir bien), el ñandereko (vida
armoniosa), y la tríada ética: ama suwa, ama llulla, ama qhilla (no seas ladrón, no mientas, no seas
perezoso)—que se postulan como baluartes contra la corrupción, reflejando una aspiración hacia la
transparencia y la integridad en la administración pública.
En respuesta a la corrupción endémica, se han promulgado diversas legislaciones, entre ellas la Ley de
Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, conocida como la
"Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz". Estas normativas están diseñadas para prevenir, investigar y
sancionar los actos de corrupción perpetrados tanto por entidades naturales como jurídicas, funcionarios
públicos y exfuncionarios. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos legislativos, la efectividad de su
implementación y la percepción pública sobre estas medidas han resultado ser dispares, señalando la
necesidad de un enfoque más integrado que incluya tanto la participación ciudadana como la educación.
Este artículo se centra en examinar cómo la cultura ciudadana puede influir decisivamente en los
esfuerzos por combatir la corrupción dentro del sistema judicial boliviano. Se adopta un enfoque que
armoniza la ética, la deontología y la moral con las normativas legales como estrategias de educación
social destinadas a fomentar un comportamiento ciudadano responsable que apoye activamente la lucha
contra la corrupción.
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Comprender cómo las intervenciones culturales y educativas pueden complementar y potenciar las
reformas legales y políticas es crucial para inducir cambios duraderos en las actitudes y
comportamientos que sostienen la corrupción.
DESARROLLO
La ética y la deontología ocupan un rol fundamental en la configuración y ejecución de políticas
públicas, especialmente en contextos afectados significativamente por la corrupción, de los cuales
Bolivia no es una excepción. La distinción entre ética y moral es crucial en el análisis político y social:
la ética implica normas compartidas o codificadas que orientan el comportamiento dentro de una
sociedad, mientras que la moral se refiere a los principios personales que guían la conducta individual.
La deontología, como una rama de la ética, se concentra en los deberes y responsabilidades que serán
el foco de este artículo desde una perspectiva pragmática.
La ética en las políticas públicas está intrínsecamente ligada a la transparencia, la justicia y la
responsabilidad, tanto en sus actos de comisión como de omisión. Las teorías éticas aplicadas a las
políticas públicas aspiran a fomentar una gobernanza que no solo adhiera a las leyes vigentes, sino que
también promueva el bien común. En este contexto, la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia resalta estos principios éticos y se esfuerza por integrarlos en todas las esferas del gobierno
y la administración de justicia.
Las siguientes son tres innovaciones fundamentales en la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia
que son pertinentes para este análisis:
• Multinacionalidad del Estado: El Estado Plurinacional alberga diversas naciones dentro de sus
fronteras, todas ellas en condiciones de igualdad. Es importante destacar que, aunque el Estado
reconoce oficialmente 36 identidades indígenas, no reconoce la existencia de una identidad
mestiza, que es demográficamente predominante.
2
2
Pueblos indígenas reconocidos por la Ley de Régimen Electoral: Araona, Ayoreo, Baure, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo,
Chimán, Chiquitano, Ese eja, Pauserna, Guarayo, Itonama, Joaquiniano, Leco, Machineri, Maropa, Itene, Mosetén, Movima, Mojeño,
Pacahuara, Sirionó, Tacana, Yaminahua, Yuki, Yuracaré, Guaraní, Chané, Tapieté, Mataco, Chipaya, Uruquilla, Kallawaya, Murato, Aimara,
Quechua.
Idiomas indígena originarios de Bolivia: Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Ese Ejja,
Guaraní, Guarasu’we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai‐Kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeño‐Trinitario, Mojeño‐Ignaciano, Moré,
Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru‐Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré
y Zamuco.
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• Inclusión Socioeconómica: El Estado promueve activamente la inclusión socioeconómica de
grupos históricamente marginados en la toma de decisiones y el desarrollo nacional, lo que
refleja un compromiso con la equidad y la justicia social.
• Revalorización de Principios Ético-Morales: Este enfoque estatal también se caracteriza por su
revalorización de principios éticos y morales basados en sociedades no occidentales, lo que
implica un esfuerzo por recuperar y revitalizar valores autóctonos en la gestión pública y la
gobernanza.
Constitución Política del Estado en su Artículo 8.I. Señala:
Artículo 8 I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad
plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas
ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida
buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se
sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos
y bienes sociales, para vivir bien.
El marco conceptual de John Rawls, eminentemente reconocido por su teoría de la justicia como
equidad, ofrece un paradigma revelador para examinar las estructuras socioeconómicas. Según Rawls,
una sociedad justa es aquella que estructura sus instituciones de modo que los beneficios y cargas se
distribuyan de manera equitativa, especialmente favoreciendo a aquellos menos aventajados. Esta
visión es particularmente resonante para Bolivia, donde la disparidad socioeconómica se encuentra
arraigada y perpetúa ciclos de desigualdad y exclusión. La teoría de Rawls sugiere que la equidad en la
administración de la justicia no es solo un ideal moral sino una necesidad pragmática para asegurar la
cohesión y estabilidad social en un país marcado por profundas divisiones estructurales.
La intersección de la moral y la política es crucial en la formulación de políticas públicas. La moral,
entendida como los principios personales que guían la conducta individual, y la ética, considerada como
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el conjunto de normas sociales compartidas, colectivamente influyen en las decisiones políticas al
definir los parámetros de lo que se considera conducta aceptable y deseable.
En el contexto boliviano, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sirve como un testamento a la
formalización de estos principios morales en la estructura legal, en un esfuerzo deliberado por combatir
la corrupción sistémica que ha minado la integridad de las instituciones públicas. Esta ley no solo busca
sancionar el abuso de poder, sino que también se esfuerza por reorientar las prácticas gubernamentales
hacia una ética de transparencia y responsabilidad:
Para la misión de censar a la población, la autoridad pertinente era el runapatachac
y cuando se trataba de castigar algún delito, la autoridad del hochaycatamayoc
ejecutaba la sanción delante de todos y de modo cruel, despeñando o cortando
miembros del cuerpo según la falta o delito. Así también el papel de confesor la
desempeñaba el ichuri… que escuchaba las autoinculpaciones en torno a faltas… como
hurtar, tomar la mujer ajena, dar hierbas o hechizos para hacer mal, descuidar la
reverencia a las Guacas o sus fiestas, decir mal del inca y no obedecerle. El único que
podía confesarse directamente al sol era el inca. La determinación de penas y las
sanciones era en base a la trilogía de: no seas flojo o ama qhilla, no seas ladrón o ama
suwa, no seas mentiroso o ama llulla y otros como no seas asesino que es ama sipix, y
no seas afeminado o ama mallka. La sanción mayor era la pena de muerte, raras veces
seguida de sanción a la familia del delincuente, luego se tomaba en cuenta el destierro
a zonas fronterizas y mineras, el apedreamiento público, la llamada de atención
pública que hacía el padre al hijo que no obedecía. Habían una especie de cárceles,
denominadas “Zancay”, donde se criaban animales como el tigre, osos, serpientes,
zorros, perros, buitres, águilas, sapos, etc., lo que se hacía era introducir a los
enemigos, a los traidores, a los ladrones, a los adúlteros, a los brujos, a los
murmuradores del Inca, a los soberbios, si al día siguiente no habían sido devorados,
se pensaba que eran inocentes. (SIC) (Baudin, 1986, pág. 142).
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Examinando el pasado precolonial, la estructura ética y jurídica del Imperio Inca ofrece perspectivas
valiosas sobre la moralidad institucionalizada y su aplicación en la gestión de la cosa pública. Durante
el incario, las normativas morales no solo regulaban la conducta individual, sino que también se
manifestaban en las prácticas administrativas y judiciales. Las autoridades incaicas imponían sanciones
severas para delitos, lo que refleja una rigurosa codificación de la moral en la ley. Estas prácticas
históricas resaltan cómo los principios éticos informaron la administración pública y la justicia, un
legado que sigue siendo pertinente hoy en día en Bolivia. La adopción de valores morales indígenas en
la Constitución del Estado Plurinacional busca reavivar estos principios históricos para fortalecer la
integridad y la equidad en la administración de la justicia.
La influencia de la ética y la moral en la conformación de políticas públicas es manifiesta en la manera
en que estas orientaciones axiológicas guían la creación de legislaciones y normativas diseñadas para
regular la conducta dentro del ámbito público, con el fin de mitigar la corrupción. La adopción de
políticas que se fundan en principios éticos y morales no solo fortalece la integridad institucional, sino
que también incrementa la confianza pública en estas entidades, un pilar fundamental para el sustento
del orden democrático en cualquier nación.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, el objetivo de la investigación se centra en la integración de la
ética, la moral y la deontología aplicadas al comportamiento del servidor público dentro del marco de
las políticas públicas. Esta integración busca catalizar una transformación profunda en el sistema de
justicia penal, redefiniendo las interacciones entre los ciudadanos y sus gobernantes bajo preceptos de
justicia y equidad. No obstante, a pesar de los esfuerzos legislativos y normativos, la efectividad de
estas políticas enfrenta obstáculos persistentes que son inherentes a desafíos culturales y estructurales
arraigados. Este panorama revela que la simple codificación de normas éticas y morales en estatutos
legales es insuficiente sin un compromiso auténtico y continuo de todos los actores sociales implicados.
Se requiere una transformación en la cultura política y administrativa que fomente cambios sustanciales
en los comportamientos y actitudes, para que las políticas públicas reflejen verdaderamente los
principios éticos que pretenden promover.
La efectividad de dichas políticas, por tanto, no solo depende de la robustez de las legislaciones, sino
también de la voluntad y la capacidad de la sociedad para internalizar y practicar estos principios éticos
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en la vida cotidiana y en la gestión pública. El desafío reside en cultivar un ethos colectivo que valore
la transparencia, la responsabilidad y la equidad, asegurando así que las iniciativas legales y
administrativas alcanzan su potencial transformador y contribuyen a la consolidación de un sistema de
gobernanza que es tanto justo como eficaz.
La Teoría de la Regulación del Comportamiento Humano y su Aplicación a la Convivencia
Ciudadana
La teoría de la regulación del comportamiento humano se centra primordialmente en la convivencia
ciudadana, enfatizando la predisposición y acción de coexistir de manera armoniosa y pacífica dentro
de un mismo territorio. Esta teoría aborda la interacción entre individuos y su entorno, subrayando la
importancia de la empatía social como fundamento para la cohabitación armónica que, inevitablemente,
forma parte del comportamiento humano.
Según Garzón, Cardona, y Romero (2015), la convivencia humana se estructura alrededor de cuatro
espacios fundamentales: la familia, los vecinos y el vecindario, el espacio público y la ciudadanía, y el
entorno y medio ambiente. Cada uno de estos espacios desempeña un papel crucial en la regulación de
las interacciones sociales y determina la calidad de la vida comunitaria.
Antanas Mockus, en su enfoque práctico y teórico, propone que el comportamiento humano está
influenciado y regulado por tres sistemas distintos pero interconectados: la ley, la moral y la cultura.
Desde esta perspectiva, lo legalmente permitido se fundamenta en un cuerpo explícito de normas
jurídicas, apoyado por mecanismos específicos destinados a garantizar su cumplimiento y reforzado por
el monopolio estatal de la coacción. Lo culturalmente válido se refiere a aquellos comportamientos que
son aceptados o deseados dentro de un contexto social determinado, mientras que lo moralmente válido
se define por los juicios y argumentos personales, basados en la autonomía moral de los individuos
(Méndez, 1999).
Para los propósitos de este análisis, se consideran las dimensiones teleológica y deontológica de la ética,
reconociendo que, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable en el discurso académico, la
distinción entre ética y moral no es siempre operativa. En este contexto específico, ambos términos se
emplean como sinónimos, con un enfoque particular en la conducta de funcionarios públicos y
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ciudadanos, explorando cómo estas dimensiones éticas atraviesan y permeabilizan las capas de la
ciudadanía.
Autorregulación y Orden Sociocultural Urbano: Una Perspectiva de Convivencia en el Espacio
Público
La autorregulación constituye un aspecto esencial de las interacciones sociales dentro del espacio
urbano, abarcando no solo las relaciones que los ciudadanos establecen entre sí sino también con el
entorno físico que incluye paraderos, plazas, calles, andenes, y otros objetos de uso público. Esta
dinámica está enmarcada por regulaciones legales y convencionales que son tanto restrictivas como
permisivas, configurando así el orden sociocultural urbano. Este orden segmenta el espacio urbano en
distintos ambientes o contextos que regulan específicamente las acciones y movimientos posibles.
En este tejido complejo de normativas y comportamientos, no todas las infracciones perturban
necesariamente este orden; en realidad, muchas son compatibles con su mantenimiento. El desafío
radica en discernir cuáles contribuyen al bienestar colectivo y cuáles no. Es crucial que las normas, ya
sean numerosas o limitadas, propicien beneficios equitativos para todos los ciudadanos, ponderando
cuidadosamente los costos individuales que podrían derivarse de no seguirlas. La autorregulación, en
este sentido, es la expresión de un contrato social no escrito por el cual los ciudadanos se exhortan
mutuamente a adherirse a las normas de convivencia social. Además, involucra un proceso de
reconocimiento social en el que el cumplimiento de estas normas se convierte en una expectativa
generalizada, generando disconformidad en quienes las incumplen (Bromberg, entrevista a Rev.
Cuadernos de la Capital, 1998).
El concepto de autorregulación ha desencadenado una reacción en cadena significativa en términos de
gobernanza urbana. La interacción comunicativa y la sensibilización son esenciales para facilitar la
adopción del comportamiento deseado y el desarrollo de un sentido de pertenencia comunitaria. Este
enfoque permite que las acciones de los ciudadanos sean seleccionadas y focalizadas de manera más
eficiente, contribuyendo a la gestión óptima de los recursos colectivos.
Antanas Mockus, pionero en el desarrollo del concepto de cultura ciudadana, argumenta que la clave
de esta innovación política es permitir que los gobiernos locales influyan de manera efectiva en la
cultura y la conciencia ciudadana, y no solo en la aplicación de la ley (Mockus et al., 2005). Según
pág. 1436
Mockus, esta estrategia permite modificar o consolidar comportamientos, enfatizando que el cambio
cultural puede ser tan determinante como la regulación legal en la configuración de la convivencia
urbana.
La doctrina penal representa un dominio del derecho caracterizado por su evolución continua y su
adaptabilidad frente a los cambios socioculturales y desafíos emergentes. Este campo del derecho no
solo se transforma con el tiempo, sino que también exhibe una notable interacción entre diversas
corrientes teóricas que pueden solaparse o fusionarse, dependiendo de la jurisdicción y la legislación
específica de cada país. Este dinamismo es esencial, dado que permite que el derecho penal se mantenga
relevante y eficaz en el contexto de necesidades y prioridades sociales en constante cambio.
En este marco, es crucial reconocer que las corrientes dentro de la doctrina penal no son estáticas ni
monolíticas; más bien, son respuestas adaptativas a las complejidades emergentes en el ámbito de la
justicia criminal. La evolución de estas corrientes es testimonio de un esfuerzo continuo por parte de
académicos, legisladores y practicantes del derecho para responder de manera efectiva a los delitos y a
las condiciones sociales cambiantes (Tabla 2).
Conforme a los lineamientos de la investigación, cada acto que realiza el hombre tiene su fundamento
o justificación en la ética, disciplina de por sí independiente de cualquier religión o ideología. Cuando
las mujeres y hombres responden a una filosofía ética son responsables de su conducta y de cada uno
de sus actos u omisiones. De esta manera, la ética y deontología es el mejor de los instrumentos
reguladores porque conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón a partir de la idea del
bien común, el bien para todos, exteriorizando la voluntad del ser humano.
Cuando se habla de prevenir y luchar en contra la corrupción, generalmente existe la creencia de que es
una tarea que debe de comenzar por el gobierno; sin embargo, se olvida que el sistema de valores o lo
que más valora la sociedad se refleja en las instituciones y es la ética un resultado de lo que es la
sociedad. En Latinoamérica si se requiere que un trámite sea agilizado o ser favorecido en algo, se
ofrecen sobornos, ante cuya petición, el funcionario simplemente cumple su función administrativa que
está en sus funciones y gana un ingreso extraordinario, diferente al salario por su trabajo.
pág. 1437
El "Índice de percepción de la corrupción” del año 2022, dio cuenta que Bolivia se situó en 69 puntos.
La escala oscila entre 0 y 100, con más corrupción cuanto mayor sea el valor. Bolivia ocupa el puesto
126. Por lo tanto, el resultado es ligeramente por debajo de la media en comparación con otros países.
La corrupción fue ligeramente inferior en 2022 que en el año anterior. En el largo plazo en los últimos
años ha disminuido moderadamente. El ranking está liderado por Dinamarca con un valor de 10. El
triste último lugar lo ocupa Somalia (88 puntos).
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (2022), Bolivia ha obtenido 31 puntos en el
Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional.
Su puntuación ha crecido en el último año, luego en este tiempo ha mejorado la percepción de que los
bolivianos tienen respecto a la corrupción en el sector público del país.
Con esa apreciación el Estado Plurinacional de Bolivia mejora su situación hasta la posición número
126, de los 180 del ranking de corrupción gubernamental, luego sus habitantes creen que existe mucha
corrupción en el sector público. Éste índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos
niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la
percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes. Cabe recordar que en el caso
boliviano, debe abordarse a la corrupción desde la perspectiva del Código Penal, enfatizando que en la
gran mayoría de los códigos penales, entre ellos el boliviano, ni siquiera mencionan la palabra
"corrupción", pues sólo contienen capítulos generales con diferente terminología: delitos contra la
función pública, delitos de los funcionarios públicos, abuso de autoridad, infidelidad en la función
pública y, sólo algunos sistemas jurídicos emplean el término "corrupción" de funcionarios.
En tales capítulos, se tipifican muchos actos generalmente considerados "corruptos"; que están lejos
que cubrir el espectro total del fenómeno y que revelan la falta de comprensión del problema que parte
de los legisladores. Los delitos generalmente tipificados y que podrían ser considerados como actos de
corrupción son: prevaricato, cohecho, malversación, exacción, concusión encubrimiento, nepotismo,
desfalco, retardación de Justicia, omisión de deberes públicos, tráfico de influencias y otros, con algunas
diferencias en la terminología.
En el contexto boliviano y, por ende, el presente artículo determina nociones de corrupción, que; “Es el
requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor
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público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario
u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o
entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado”(
Artículo 2, Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”).
En el último informe denominado “6 puntos clave del Reporte de Desigualdad Mundial 2022”, se da
cuenta que las desigualdades contemporáneas de ingresos y riqueza son muy grandes, tanto que una
persona adulta promedio gana PPA € 16,700 (PPA USD 23,380) por año en 2021, y el adulto promedio
posee € 72,900 (USD 102,600). El 10% más rico de la población mundial actualmente recibe el 52%
del ingreso global, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8,5% del mismo. De media,
una persona del 10 % superior de la distribución mundial de la renta gana 87 200 € (122 100 USD) al
año, mientras que una persona de la mitad más pobre de la distribución mundial de la renta gana 2800
€ (3920 USD) al año. Las desigualdades de riqueza global son incluso más pronunciadas que las
desigualdades de ingresos. La mitad más pobre de la población mundial apenas posee riqueza,
poseyendo solo el 2% del total. En contraste, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de
toda la riqueza. En promedio, la mitad más pobre de la población posee PPA € 2900 por adulto, es decir,
USD 4100 y el 10% superior posee € 550 900 (o USD 771 300) en promedio.
La desigualdad varía significativamente entre la región más igualitaria (Europa) y la más desigual
(Oriente Medio y África del Norte, es decir, “MENA”). En Europa, la participación en los ingresos del
10% superior es de alrededor del 36%, mientras que en “MENA” alcanza el 58%. Entre estos dos
niveles, vemos una diversidad de patrones. En el este de Asia, el 10% superior genera el 43% de los
ingresos totales y en América Latina, el 55%.
Uno de los efectos, y en la mayoría de los casos también causa, de la corrupción son las condiciones de
inequidad existente en un territorio. Situación que la democracia, como régimen político, no está
pudiendo resolver. Está claro que América Latina es una región democrática, desde el punto de vista de
su forma de gobierno, pero con problemas de gobernabilidad. El análisis del fenómeno de la corrupción
requiere tomar en cuenta que América Latina y El Caribe es una región con altos niveles de pobreza en
su población, una pronunciada desigualdad tanto económica como social y una región que, pesar de ser
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democrática, tiene problemas de gobernabilidad. En ese contexto, los estudios especializados en el
fenómeno de la corrupción insisten en señalar la existencia de determinados factores que hacen que los
países de América Latina y El Caribe sean más vulnerables a la corrupción tanto pública cuanto privada
(Gráfico 1).
Como se puede advertir, el esquema permite identificar factores centrales y factores asociados que
generan condiciones favorables para que, en un país, la corrupción sea una realidad cotidiana.
Uno de los factores asociados es “la existencia de sistemas de gobierno democráticos que muestran un
agotamiento en términos de desempeño” (Peñailillo, 2011, pág. 20). Esto es, que los gobiernos
democráticamente elegidos no pueden cumplir las aspiraciones políticas, sociales y económicas de la
mayoría de sus poblaciones.
Sin duda, en su historia, Bolivia no ha sido la excepción del factor indicado. Aunque, en los últimos
diez años, en términos generales, se ha profundizado el sistema de gobierno democrático a través de la
implementación de un conjunto de políticas como un sistema de autonomías, a nivel municipal,
departamental, regional e indígena sostenido en una matriz competencial de exclusividad, de
recurrencia y complementariedad. Junto a ello, cabe resaltar la implementación de diversas políticas
sociales: bono anual “Juancito Pinto” a través del cual se reconoce la permanencia en la educación
escolar; bono estatal “Juana Azurduy” orientada a las mujeres en proceso de gestación y posparto; renta
dignidad enfocada en las personas de la tercera edad; por citar algunos. Aun así, el sistema de gobierno
democrático boliviano ha visibilizado su agotamiento principalmente por conductas incoherentes:
Discursivamente se enarbola el pluralismo, pero se sanciona al que piensa diferente; se impulsa la
autonomías pero exacerbando el centralismo en el gobierno nacional, se pregona el respeto al Estado
de Derecho pero se viola la propia Constitución Política del Estado, se plantea austeridad pero se
muestran conductas contradictorias; se plantea cero tolerancia a la corrupción pero los hechos muestran
otra realidad. Entonces el Estado transformado está más en el discurso que en concreciones efectivas.
La promulgación de las normas no garantiza, automáticamente, cambios en el comportamiento de la
ciudadanía y de los servidores públicos. El comportamiento no obedece sólo a las normas sino a otros
componentes como la moral y la cultura. La solución a la corrupción denunciada y comprobada en la
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administración de la justicia, no pasa por la producción de leyes de "emergencia" o los discursos
jurídicos de transformación, ineficaces e ineficientes en sus objetivos y sin resultados en su aplicación.
El Estado Plurinacional de Bolivia, es uno de los que, a pesar de sus propuestas de transformación en
diferentes sectores, no logra superar su débil capacidad para llevar adelante sus políticas y hacer efectiva
las leyes. Los bolivianos y bolivianas, en los últimos años, han sido testigos de la violación que sus
gobernantes han hecho de las leyes.
Sin duda, los casos más indignantes fueron el desconocimiento a los resultados del Referéndum del
2016 y el fraude electoral del 2019. Sumado a ello, la ciudadanía, en Bolivia, aún manifiesta una elevada
desconfianza en la justicia, las instituciones encargadas de la administración de la justicia, así como en
sus operadores, especialmente en la administración de justicia en materia penal, en cuyo ámbito se
afincan la mayoría de las denuncias de corrupción por ante el Ministerio Público.
En una editorial boliviana publicado en el periódico matutino “Opinión” (Cochabamba 2023), su autor
se preguntaba ¿Por qué las leyes no se cumplen? (Opinión, 2023). Entre las respuestas se lee que el
problema de la falta de acatamiento de las leyes radica en lo mal que fueron hechas, puesto que son
ambiguas, propician actos de corrupción, su complejidad las hace difíciles de interpretar y provoca
contradicción de criterios judiciales.
Asimismo, señala que también son inequitativas, pues permiten que únicamente quien pueda pagar un
buen abogado se vea beneficiado por ellas y, finalmente, toleran que quienes las estudian con el
propósito de impartir justicia se escondan en la opacidad de sus resoluciones, amparándose en el
derecho que les concede contar con autonomía jurisdiccional, para evitar rendir cuentas a la sociedad.
La oscuridad no es algo inherente a nuestros ordenamientos jurídicos, sino algo que se genera a partir
de una carencia: de la obligación de que generen, apliquen y diriman controversias a la luz pública.
Impulsar la transparencia y la publicidad de los juicios tiene una razón de ser: se busca obligar a policías,
agentes del Ministerio Público y jueces a rendir cuentas, en términos legales.
No únicamente ante su superior, sino ante la sociedad en su conjunto “El incumplimiento de las leyes
va haciendo cínicas a las sociedades que las tienen y, sin embargo, las saben incumplidas. Uno puede
estar o no de acuerdo con una ley y, si no lo está, está también en su derecho de promover que se
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derogue o modifique, pero, en tanto conserve su vigencia, debe cumplirla. Tal es el Estado de Derecho.
Pero la realidad está alejada de toda la legislación” (Periódico Opinión, 2023).
Otro factor asociado a la corrupción en América Latina es la “inseguridad debido a la criminalidad y la
violencia. En el documento “Perfil estadístico de la violencia contra la infancia en América Latina y el
Caribe” (UNICEF, mayo de 2022), se afirma que en América Latina y el Caribe, la violencia se ha
convertido en parte de la vida cotidiana. De hecho, según diversas mediciones, la región se considera
la más violenta del mundo actualmente. Sus elevados índices de violencia se han atribuido a una cultura
patriarcal dominante, la escasa concienciación entre los cuidadores sobre métodos disciplinarios no
violentos eficaces, las normas sociales autoritarias, la debilidad de los sistemas de gobierno, la
corrupción, la delincuencia organizada, las “narcoeconomías”, la marginación urbana, la proliferación
de armas pequeñas y ligeras y las políticas de seguridad de carácter inflexible. Todos estos factores,
junto con las constantes amenazas a la igualdad de género y la falta de reconocimiento de los derechos
de la comunidad LGBTQIAPN+ han dado lugar a una región que se caracteriza por sus profundas
desigualdades, no solo en Bolivia; también en América Latina.
En esa línea, el Estado Plurinacional de Bolivia tampoco es la excepción a la inseguridad.
Particularmente cuando en los últimos años ha crecido la producción de cocaína, así como su consumo.
Situación que viene generando preocupación en la ciudadanía, particularmente en padres y madres de
familia, puesto que la implicación de las y los jóvenes, en procesos de microtráfico es una realidad
creciente, lo que, a su vez, genera altos niveles de temor de la ciudadanía ante instituciones,
históricamente resguardadas de la seguridad de la niñez y adolescencia, como la escuela; genera
vivencias de inseguridad en diferentes espacios que hace a los grandes centros urbanos.
METODOLOGÍA
Análisis de las Políticas Anticorrupción Existentes y su Eficacia
Enfoque Metodológico
El estudio se enfoca en una evaluación integral de la política anticorrupción en Bolivia, utilizando un
enfoque mixto que combina métodos cuantitativos y cualitativos. Este enfoque permite una
comprensión profunda de la corrupción como fenómeno social y su interacción con las medidas
legislativas y administrativas.
pág. 1442
Documentos Legales y Regulatorios
Se realizó un análisis documental de leyes fundamentales como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz,
entre otras normativas relevantes. Este análisis involucra la revisión de la estructura, objetivos y
cambios a lo largo del tiempo en la legislación anticorrupción. Los datos para este análisis provienen
directamente de textos legales y archivos gubernamentales, proporcionando una base sólida para
entender el marco legal anticorrupción en Bolivia.
Estadísticas Oficiales
Los datos fueron obtenidos de organismos gubernamentales como el Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional, que publica periódicamente informes sobre sus actividades y los resultados
de sus esfuerzos anticorrupción. Estos datos permiten medir los cambios cuantitativos en la incidencia
de la corrupción y evaluar la efectividad de las políticas implementadas.
Encuestas y Entrevistas
Se condujeron encuestas a una muestra representativa de ciudadanos bolivianos para determinar sus
percepciones y actitudes hacia la corrupción y las políticas gubernamentales. Además, se realizaron
entrevistas con expertos jurídicos, funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil
para obtener información cualitativa sobre la eficacia de la política anticorrupción.
Métodos Específicos
Análisis Cuantitativo
Se utilizaron métodos estadísticos para analizar los datos de las encuestas y evaluar la relación entre la
implementación de políticas específicas y los cambios en la percepción y prevalencia de la corrupción.
Este análisis incluyó:
▪ Análisis de Varianza (ANOVA): Para comparar las percepciones de corrupción antes y después de
la implementación de políticas.
▪ Regresión Lineal: Para examinar la relación entre la intensidad de programas de educación cívica
y las percepciones de corrupción. Utilizamos software estadístico para realizar estos análisis, lo que
permitió una evaluación detallada y objetiva de los datos.
pág. 1443
Análisis Cualitativo
Se empleó el análisis de contenido para interpretar las respuestas obtenidas de las entrevistas y los
grupos focales. Las técnicas de codificación fueron utilizadas para identificar temas y patrones
recurrentes que indican los factores clave que contribuyen a la efectividad o ineficacia de las políticas
anticorrupción. Este método permitió una comprensión profunda de las dinámicas y percepciones que
subyacen a la respuesta pública hacia las políticas implementadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente estudio, encaminado a evaluar la eficacia de las políticas anticorrupción en Bolivia, ha
logrado desentrañar aspectos críticos y multifacéticos de la corrupción como fenómeno social y jurídico,
iluminando la complejidad de su persistencia a pesar de la promulgación de leyes rigurosas y el
establecimiento de iniciativas de reforma. Este análisis profundiza en la percepción pública y en la
implementación institucional de las políticas diseñadas para erradicar este mal endémico, ofreciendo
una visión crítica sobre la alineación entre la legislación vigente y su praxis efectiva.
Los hallazgos obtenidos a través de una metodología mixta, que incorpora tanto técnicas cuantitativas
como cualitativas, revelan un escenario donde, a pesar de la adopción de medidas legislativas severas,
la percepción de la corrupción sigue siendo notablemente alta. Específicamente, los resultados del
análisis de varianza (ANOVA) muestran una disminución significativa en la percepción de corrupción
tras la implementación de políticas, aunque esta no es tan pronunciada como se esperaría dado el rigor
de las intervenciones. Paralelamente, la regresión lineal no indica una correlación significativa entre el
incremento en programas de educación cívica y una reducción en la percepción de corrupción,
sugiriendo que tales programas, tal como están actualmente formulados, no están alcanzando su
potencial pleno.
Este estudio se sitúa en el nexo de la política pública y la administración de justicia en Bolivia,
reflejando un momento crítico en el que el país busca reconciliar sus ambiciones de integridad y
transparencia con las realidades de implementación y percepción pública. Los resultados adquieren una
relevancia particular al considerar el contexto más amplio de las teorías de la corrupción y la
gobernabilidad, ofreciendo un puente indispensable entre la teoría normativa y la aplicación práctica.
pág. 1444
Análisis de Varianza (ANOVA)
Para determinar el efecto tangible de las políticas anticorrupción implementadas en Bolivia sobre la
percepción pública de la corrupción, se aplicó un Análisis de Varianza (ANOVA). Este análisis, cuyos
detalles se visualizan en la Figura 1 del capítulo de Ilustraciones, reveló una disminución
estadísticamente significativa en la percepción de corrupción entre los años 2020 y 2023. El valor de p
resultante fue inferior a 0.05, lo que indica una diferencia estadísticamente significativa y confirma la
eficacia de las intervenciones de política en la modificación de la percepción pública hacia la
corrupción. Este resultado subraya la relevancia de las políticas aplicadas y su impacto positivo sobre
la opinión pública en el contexto boliviano.
Regresión Lineal
Además del ANOVA, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal para investigar la correlación entre
el incremento de programas de educación cívica y la percepción de corrupción durante el año 2023, tal
como se ilustra en la Figura 2 del capítulo correspondiente. Contrario a lo esperado, este análisis no
evidenció una correlación estadísticamente significativa; el coeficiente de correlación se aproximó a
cero y el p-valor resultó superior al umbral convencional de 0.05. Estos hallazgos sugieren que los
programas de educación cívica, en su configuración actual, no están impactando significativamente en
la percepción de corrupción. Este resultado plantea cuestiones críticas sobre la alineación y efectividad
de estas iniciativas educativas en relación con sus objetivos de modificar percepciones y
comportamientos relacionados con la corrupción en Bolivia.
Discusión Teórica y Comparativa
Michael Reisman, en su teoría sistémica-normativa, propone que la efectividad de un sistema normativo
se define no solo por la estructura de sus leyes sino también por su capacidad para prevenir y sancionar
desviaciones como la corrupción (Reisman, 1990). En este estudio, los resultados obtenidos a través del
ANOVA sugieren que las políticas anticorrupción han resultado en una reducción significativa de la
percepción de corrupción, lo cual podría interpretarse como un indicio de efectividad normativa. Sin
embargo, la falta de correlación significativa entre los programas de educación cívica y la percepción
de corrupción, como se reveló en el análisis de regresión lineal, pone en tela de juicio la eficacia práctica
de estas normativas. Esto resalta una discordancia entre la intención de las políticas y su efecto tangible,
pág. 1445
sugiriendo que mientras las normas pueden estar bien establecidas, su implementación y la cultura
administrativa no logran erradicar completamente las prácticas corruptas. Esto apoya la visión de
Reisman de que un sistema normativo efectivo no solo necesita reglas claras, sino también una
aplicación y cumplimiento efectivos.
Susan Rose Ackerman sugiere que la reducción del papel del Estado en la economía podría disminuir
las oportunidades de corrupción al limitar el poder de los funcionarios públicos para otorgar favores o
manipular regulaciones a cambio de sobornos (Ackerman, 1999). Los hallazgos de este estudio indican
que las políticas implementadas han tenido un impacto positivo en la percepción de la corrupción, lo
cual podría interpretarse como un apoyo parcial a esta teoría. Sin embargo, el persistente nivel de
percepción de corrupción, a pesar de los esfuerzos legislativos, también sugiere que simplemente
reducir el tamaño del Estado no es suficiente. Se requiere una estrategia más holística que también
considere la calidad de la gobernanza y la integridad de los procesos económicos del Estado. Este
enfoque reitera la necesidad de reformas más profundas que incluyan la transparencia y la rendición de
cuentas en todas las esferas gubernamentales.
Raúl Torres propone que la corrupción debe ser abordada desde un enfoque multidimensional que
integre transparencia, gobernanza y control social (Torres, 2004). Los resultados del estudio refuerzan
esta perspectiva, mostrando que las intervenciones efectivas contra la corrupción requieren más que
solo cambios legislativos; también necesitan fortalecer la transparencia y mejorar la gobernanza. La
falta de impacto significativo de los programas de educación cívica en la percepción de corrupción
podría reflejar deficiencias en cómo estas iniciativas se integran en un marco de gobernanza más amplio.
Esto sugiere que la efectividad de las políticas anticorrupción podría mejorarse significativamente a
través de un enfoque que combine educación, reforma legislativa, y medidas para mejorar la
transparencia y la participación ciudadana en la supervisión del gobierno.
Implicaciones Prácticas y Teóricas
La investigación revela una necesidad crítica de revisar las políticas anticorrupción en Bolivia,
centrando la atención en la transparencia y la reestructuración de los sistemas de incentivos para
funcionarios públicos, en línea con las propuestas de Klitgaard. Este enfoque sugiere que reduciendo el
pág. 1446
monopolio y la discrecionalidad y maximizando la rendición de cuentas, se puede mitigar
significativamente la corrupción. Por ende, se recomienda:
• Implementación de Sistemas de Transparencia Mejorados: Desarrollar plataformas digitales
accesibles que permitan el monitoreo público de las decisiones gubernamentales, incluyendo
contrataciones y adjudicaciones, lo que podría disuadir conductas corruptas mediante la visibilidad.
• Modificación de Incentivos para Funcionarios Públicos: Ajustar los incentivos laborales,
vinculándolos no solo al desempeño administrativo sino también a la integridad y transparencia,
complementado con un régimen de sanciones más riguroso para transgresiones.
• Fomento de la Participación Ciudadana: Potenciar la capacidad de los ciudadanos para auditar y
reportar irregularidades, proporcionando educación y herramientas para mejorar su eficacia como
veedores de la gestión pública.
Estas medidas, fundamentadas en los resultados del estudio, apuntan hacia un enfoque más integrado y
estratégico que podría mejorar sustancialmente la efectividad de las políticas anticorrupción.
El estudio amplía la comprensión teórica de la corrupción integrando perspectivas sistémicas,
económicas y multidimensionales para analizar su dinámica y la eficacia de las políticas públicas. Este
enfoque holístico permite una evaluación más profunda de cómo y por qué las políticas pueden fallar
en su aplicación práctica, ofreciendo insights valiosos para futuras investigaciones y formulaciones de
políticas.
• Dinámica Sistémica-Normativa: La investigación destaca la brecha entre la legislación existente y
su implementación efectiva, ilustrando la complejidad de aplicar normativas en un contexto de
prácticas administrativas arraigadas que pueden resistir cambios normativos.
• Análisis Económico de las Políticas: La correlación no significativa entre programas de educación
cívica y la percepción de corrupción desafía la eficacia de estos programas bajo su diseño actual,
sugiriendo que, sin una integración en un marco de políticas más amplio, su impacto es limitado.
• Perspectiva Multidimensional: Al considerar la interacción entre corrupción, transparencia y
gobernanza, el estudio enfatiza la necesidad de abordajes que trasciendan las reformas legales
pág. 1447
aisladas, promoviendo una sinergia entre educación, legislación y prácticas de gobernanza para
combatir la corrupción efectivamente.
Este enfoque teórico y metodológico contribuye significativamente a la literatura política y
administrativa, proponiendo un marco comprensivo para entender las falencias y potenciales de las
políticas anticorrupción. A través de este análisis, el estudio no solo informa sobre la situación en
Bolivia, sino que también proporciona un modelo aplicable a otros contextos con desafíos similares,
facilitando así el diálogo académico y la innovación en la formulación de políticas públicas
anticorrupción.
El análisis presentado en este estudio suscita un debate significativo sobre la efectividad de leyes
estrictas en contextos donde las prácticas corruptas son endémicas. La persistencia de la corrupción, a
pesar de la implementación de políticas rigurosas, cuestiona la suficiencia de las medidas legislativas
por sí solas. Este punto se explora a través del enfoque comunicacional de Luis Moreno Ocampo, que
enfatiza la importancia de la transparencia en la administración pública. Moreno Ocampo argumenta
que sin un compromiso genuino con la transparencia y sin mecanismos efectivos para su
implementación, incluso las leyes más estrictas pueden fallar en erradicar la corrupción. Este debate
invita a reflexionar sobre cómo las leyes son aplicadas y percibidas en la sociedad, y si la infraestructura
de transparencia necesaria está siendo efectivamente construida y mantenida.
Basándose en los hallazgos actuales y las teorías de Klitgaard y Reisman, se recomienda una dirección
futura para la investigación que profundice en el impacto de la educación cívica y la ética pública en la
percepción y reducción de la corrupción. Klitgaard postula que la corrupción es más probable en
sistemas donde hay un alto grado de monopolio y discrecionalidad, junto con baja rendición de cuentas.
Reisman, por su parte, enfatiza la necesidad de sistemas normativos bien estructurados que sean
adecuadamente implementados. Investigaciones futuras podrían explorar cómo programas de
educación cívica diseñados para fomentar una comprensión profunda de la ética y la legalidad pueden
influir en la reducción de la corrupción, especialmente a través de la promoción de una mayor
transparencia y rendición de cuentas. Estos estudios deberían incluir evaluaciones empíricas de
programas educativos específicos y su relación con cambios en la conducta y percepciones públicas
sobre la corrupción.
pág. 1448
ILUSTRACIONES, TABLAS, FIGURAS
Tabla 1: Sistema de regulación del comportamiento humano
Regulación
Legal
Moral
Cultural
Forma
Explícita, escrita,
Vigencia:
claramente definida
(dónde y cuándo)
Implícita o reflexionada.
Alcance: vida propia.
Explícita, incorporada en
actitudes y comportamientos.
Vigencia: de acuerdo con el
contexto o grupo.
Fuente de
autoridad
Voluntad popular,
Constitución, ley,
actos
administrativos.
Propia persona.
Fuentes: padres, maestros,
arte, etc.
Pasado o comunidad.
Condición o signo de
pertenencia.
Sanción
Castigo previsto
expresamente
(multa, cárcel)
Culpa, malestar interno,
tensión sobre identidad
personal.
Vergüenza, exclusión,
mancha sobre imagen social.
Sujeto de
aplicación
Autoridad
expresamente
Facultada
Propia conciencia (figuras
de autoridades
interiorizadas)
Comunidad, sus voceros, sus
miembros,
Forma de
reparación
Cumplimiento de la
sanción
Arrepentimiento,
propósito de cambio.
Logros en tal propósito.
Disculpas, perdón, cambio
de comportamiento visible.
Gratificaciones
Estímulos
tributarios,
distinciones
Satisfacción moral.
Ampliación del sentido
por reflexión y
comunicación.
Atención, felicitación, tener
en cuenta, ampliación del
sentido en la comunicación.
Invocación
central
Derechos
Deberes
Hábitos que presumen
derechos, deberes.
Fuente: Méndez Pablo Franky, 1999.
pág. 1449
Tabla 2: Corrientes de la doctrina penal
Características y Autores Representativos
▪ Enfoque en penas proporcionales y el principio de legalidad.
▪ Autores: Cesare Beccaria, Jeremy Bentham
▪ Enfoque en el estudio empírico del delito y la pena.
▪ Autores: Enrico Ferri, Raffaele Garofalo.
▪ Combina elementos del derecho penal clásico y positivista.
▪ Autores: Franz von Liszt, Ernst Beling.
▪ Enfocado en la prevención del delito y la rehabilitación.
▪ Autores: Nils Christie, Lawrence Sherman.
▪ Enfoque en la autoría y participación en el delito.
▪ Autores: Claus Roxin, Jakobs, Jescheck.
▪ Trata crímenes que trascienden fronteras nacionales.
▪ Autores: William Schabas, Kai Ambos.
▪ Enfoque en la reparación del daño y la restauración de
relaciones.
▪ Autores: Howard Zehr, John Braithwaite.
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1: Factores que favorecen actos de corrupción
Fuente: Elaboración propia sobre la base del análisis desarrollado por Peñailillo, 2011.
pág. 1450
Figura 1: Percepción de Corrupción Antes y Después de la Implementación de Políticas
Fuente: Elaboración propia.
Descripción
Esta figura muestra un diagrama de caja que representa la distribución de la percepción de la corrupción
en los años 2020 y 2023. El análisis de varianza (ANOVA) indicó una reducción estadísticamente
significativa en la percepción de corrupción tras la implementación de políticas, con un valor p < 0.05.
pág. 1451
Figura 2: Relación entre Programas de Educación Cívica y Percepción de Corrupción en 2023
Fuente: Elaboración propia.
Descripción
Este gráfico de dispersión ilustra la correlación entre el número de programas de educación cívica y la
percepción de corrupción en 2023. La línea de regresión incluida muestra una correlación no
significativa, con un coeficiente de correlación cercano a cero y un p-valor alto, sugiriendo que el
incremento en programas de educación cívica no está efectivamente vinculado a una reducción en la
percepción de corrupción.
CONCLUSIONES
Este estudio ha proporcionado una evaluación de las políticas anticorrupción en Bolivia, centrando su
análisis en la eficacia de estas políticas y su impacto en la percepción pública de la corrupción mediante
el uso del Análisis de Varianza (ANOVA) y la regresión lineal. Los resultados obtenidos sugieren que
las políticas implementadas han logrado una reducción estadísticamente significativa en la percepción
de corrupción, evidenciando que las intervenciones gubernamentales han tenido un impacto positivo.
Sin embargo, esta mejora en la percepción no se correlaciona significativamente con el incremento en
pág. 1452
los programas de educación cívica, lo que plantea cuestionamientos sobre la efectividad actual de estos
programas educativos en la modificación de la percepción y comportamiento público respecto a la
corrupción.
A pesar de los avances observados, la falta de correlación significativa entre los programas de educación
cívica y la reducción en la percepción de corrupción indica que estos programas podrían requerir una
revisión en su diseño y ejecución. Esto apunta a la necesidad de integrar de manera más efectiva estos
programas dentro de un marco más amplio de políticas públicas, asegurando que no solo educan sobre
la legalidad y la ética, sino que también empoderan a los ciudadanos para actuar y participar activamente
en la denuncia y prevención de la corrupción.
Investigaciones posteriores deberían profundizar en cómo la estructura y el contenido de los programas
de educación cívica afectan específicamente la percepción y actitudes hacia la corrupción. También
sería beneficioso explorar más detalladamente la relación entre la eficacia de las políticas
anticorrupción, la transparencia gubernamental y la participación ciudadana, para comprender mejor
cómo estos elementos pueden interrelacionarse y fortalecerse mutuamente para combatir la corrupción
de manera más efectiva.
En tanto las políticas anticorrupción en Bolivia han hecho progresos significativos, los desafíos
persisten, especialmente en términos de educación cívica y participación pública. Este estudio no solo
aporta a la comprensión académica de estas problemáticas, sino que también ofrece directrices claras
para la reformulación de políticas que puedan abordar estas áreas críticas de manera más efectiva.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Ackerman, S. R. (2016). La corrupción y los gobiernos: Causas, consecuencias y reforma. Madrid:
Siglo XXI Editores.
Baudin, L. (1986). El imperio socialista de los Incas. La Paz, Bolivia.
Barbero, J. M. (2001). Retos culturales de la comunicación a la educación. Recuperado de
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/14523/1/Retos%20culturales%20de%20
la%20comunicación%20a%20la%20educación.pdf
Bohm, D. (2011). Sobre el diálogo. Barcelona: Kairós.
pág. 1453
Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización: El desarrollo en el lugar y en las manos de
la gente. Eure, 30(90), 27-40. Recuperado de
https://scielo.conicyt.cl/pdf/eure/v30n90/art03.pdf
Boisier, S. (2007). Territorio, estado y sociedad en Chile: La dialéctica de la descentralización entre la
geografía y la gobernabilidad. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/327527853_Territorio_Estado_y_Sociedad_en_Chil
e_La_dialectica_de_la_descentralizacion_entre_la_geografia_y_la_gobernabilidad
Brito, A., & González, J. (2023). Confianza, corrupción y transparencia en la gestión pública: Evidencia
desde Bolivia. Revista Debates, 17(1), 11-31. Recuperado de
https://seer.ufrgs.br/debates/article/view/121452
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009).
Da Silva Santos , F., & López Vargas , R. (2020). Efecto del Estrés en la Función Inmune en Pacientes
con Enfermedades Autoinmunes: una Revisión de Estudios Latinoamericanos. Revista
Científica De Salud Y Desarrollo Humano, 1(1), 46–59. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v1i1.9
Galtung, F. (2006). Measuring the immeasurable: Boundaries and functions of (macro) corruption
indices. En Measuring corruption (pp. 117-133). Londres: Routledge.
Klitgaard, R. (1990). Controlando la corrupción. La Paz, Bolivia: Fundaciones Hanns Seidel y Editorial
Quipus.
Ley No. 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas
"Marcelo Quiroga Santa Cruz". (2010).
Maturana, H. (2006). El sentido de lo humano. Santiago: Ediciones Dolmen.
Maturana, H. (2012). Emociones y lenguaje en educación y política. Santiago: J.C. Sáez Editor.
Méndez, P. F. (1999). Cultura ciudadana: La experiencia de Santa Fe de Bogotá 1995 - 1997. Santiago
de Chile: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento
Ingeniería Industrial.
Mockus, A., García, M., Sánchez, E., & otros. (2009). Cultura ciudadana en Bogotá: Nuevas
perspectivas. Bogotá: Tamgrama.
Mockus, S. A. (2012). Cultura ciudadana y comunicación. Revista La Tadeo, 68(1), 15-33.
pág. 1454
Peñailillo, M. (2011). Estudio sobre tendencias anticorrupción y proyectos del PNUD. Panamá: PNUD.
Torres, R. (2004). Corrupción y transparencia: Conceptos y enfoques. Barcelona, España.
Transparency International. (2019). Global Corruption Barometer Latin America & the Caribbean
2019. Recuperado de
https://www.transparency.org/en/gcb/latin-america/latin-america-and-the-caribbean-2019
Valencia Londoño, W. H. (2024). Las Narrativas Autobiográficas Feministas y Disidentes
Sexuales. Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica , 4(1), 2618–2631.
https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i1.215
Valencia Londoño, W. H. (2024). Las Narrativas Autobiográficas Feministas y Disidentes
Sexuales. Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica , 4(1), 2618–2631.
https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i1.216
UNODC. (2004). United Nations Convention against Corruption. Recuperado de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
Zeballos , F. (2024). Shock Séptico en Terapia Intensiva Adulto del Hospital San Juan de Dios de la
Ciudad de Tarija: Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano. Revista Científica De
Salud Y Desarrollo Humano, 5(2), 179–191. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i2.128