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internacionales, la sextorsión y la extorsión carcelaria, esta última como una de las modalidades más
conocidas en la actualidad (Meneses, 2024), además de conocer cómo ciertos gobiernos diversifican
acciones para mitigar el delito y frenar su avance.
La extorsión delito en avance
De acuerdo con el Código Penal Colombiano, el delito de la extorsión señalado de manera textual “El
que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito
o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero”, y dentro de sus principales
afectaciones se encuentra la del patrimonio económico, toda vez que su objetivo es el de lograr un
beneficio, provecho o utilidad mediante la práctica de un delito que afecta cada vez más a la sociedad
colombiana. En este sentido, el objetivo primordial de los delincuentes es el de direccionar el accionar
criminal hacia un segmento poblacional que esté directamente vinculado con la función comercial, por
encontrar en ellos la oportunidad de alcanzar su cometido de obtener dineros en establecimientos con
una ubicación fija, tanto en el área rural como también en la zona urbana donde se concentra el
conglomerado industrial, comercial y empresarial (Paya et al., 2018).
La intimidación ocasionada por los delincuentes en sus víctimas, obedece en gran parte a la evolución
de la dinámica criminal de la extorsión, enfocada en la vulnerabilidad de la seguridad de la información,
es decir, que logran su objetivo obteniendo los datos mediante redes sociales como la clonación de
aplicaciones como “WhatsApp”, acceso a bases de datos donde se encuentrar números de contacto,
numero de cuentas bancarias, direcciones de su ubicación de vivienda y trabajo, correos electrónicos
personales o de la organización a la que pertenecen entre otras modalidades; con el fin de elaborar un
perfil completo de sus víctimas, recolectando la mayor información posible que permita tener control
sobre ella y abordarla desde un discurso amenazante y de exigencias económicas, a cambio de no afectar
su integridad física, la de sus familiares, empleados o atentar contra la infraestructura física de los
establecimientos de comercio. De igual forma, este delito se ha extendido a diferentes sectores de la
población como son: vendedores informales, contratistas, sector transportador, sector de la construcción
y en algunas ciudades se ha señalado la ejecución de extorsiones a las familias en localidades, barrios,
sectores comerciales y residenciales, bajo el sofisma de proporcionar seguridad y tranquilidad,
autodenominándose “grupos de seguridad privada al servicio de la comunidad”, tratándose realmente