CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS:
CASO MAJES SIGUAS, 2017 – 2023
CORRUPTION IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS: MAJES SIGUAS CASE, 2017 2023
Carlos William Huari Sulluchuco
Universidad César Vallejo, Perú
pág. 1974
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11388
Corrupción en la Gestión de las Asociaciones Público Privadas:
Caso Majes Siguas, 2017 – 2023
Carlos William Huari Sulluchuco
1
chuari2014@gmail.com .
https://orcid.org/00000-0001-8599-2042
Colaborador
Contraloría General de la República del Perú
Egresado
Programa de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad
Universidad César Vallejo
Perú
RESUMEN
El objetivo fue evaluar el papel que ha tenido la corrupción en la gestión de las Asociaciones Público
Privadas: Caso Majes Siguas, 2017–2023. La metodología fue básica, cualitativa, de estudio de caso
articulado con entrevistas semi estructuradas a 10 funcionarios especializados en el tema de APPs. Los
resultados mostraron que 9 de cada 10 complicaciones están vinculadas con la afectación al presupuesto
público y las subcategorías vinculadas a corrupción explican el problema de la paralización son las
responsabilidades administrativas (55%) y civiles (52%). Se concluye que la corrupción no se presenta
como el aspecto más representativo para explicar la paralización del megaproyecto Majes Siguas, sino
que este es la afectación del presupuesto público.
Palabras clave: asociación público privada, corrupción, responsabilidad administrativa,
responsabilidad civil y majes siguas
1
Autor principal
Correspondencia: chuari2014@gmail.com
pág. 1975
Corruption in the Management of public-Private Partnerships:
Majes Siguas Case, 2017 – 2023
ABSTRACT
The objective was to evaluate the role that corruption has had in the management of Public Private
Associations: Majes Siguas Case, 2017–2023. The methodology was basic, qualitative, a case study
articulated with semi-structured interviews with 10 officials specialized in the subject of PPPs. The
results showed that 9 out of 10 complications are linked to the impact on the public budget and the
subcategories linked to corruption that explain the problem of paralysis are administrative (55%) and
civil (52%) responsibilities. It is concluded that corruption is not presented as the most representative
aspect to explain the paralysis of the Majes Siguas megaproject, but rather it is the impact on the public
budget.
Keywords: public private partnership, corruption, administrative responsibility, civil liability and
majes siguas
Artículo recibido 20 abril 2024
Aceptado para publicación: 18 mayo 2024
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INTRODUCCIÓN
La corrupción en obras públicas representa un desafío contemporáneo significativo que obstaculiza el
desarrollo y la efectividad de las construcciones gubernamentales (Khamitov et al., 2023). Este
fenómeno se manifiesta a través de diversas prácticas ilícitas, tales como sobornos, manipulación en
procesos de licitación, nepotismo y malversación de fondos. Estas acciones desalinean los principios
de transparencia y equidad que deberían regir en la ejecución de proyectos públicos, erosionando la
confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales (Garay et al., 2022).
De forma global, se tiene que según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia
Internacional, que mide los niveles de percepción de la corrupción en el sector público en 180 países y
territorios, más de dos tercios de los países han obtenido una puntuación inferior a 50, con una media
mundial de 43 (Transparencia Internacional, 2022). Los países con menor puntuación son los que sufren
conflictos armados o autoritarismo, pero también los que presentan altos niveles de corrupción en las
contrataciones públicas, especialmente en el sector de la infraestructura. El Fondo Monetario
Internacional calcula que anualmente se pierden entre $ 1,5 y $ 2 mil millones (aproximadamente 2%
del PIB mundial) en sobornos relacionados con las obras públicas (García, 2023).
En países como Ecuador, el caso del metro de Quito generó un sobreprecio de más de $ 200 millones;
y el caso del puente Chacao en Chile provocó un aumento del costo inicial de $ 260 millones a más de
$ 900 millones (García, 2023). Asimismo, en México el proyecto del tren eléctrico (México) implicó a
funcionarios públicos y empresarios chinos y se estima que esto tuvo sobrecostos de alrededor de 1.300
millones de dólares, a la vez, para el Casanova (2021), el sobrecosto total del proyecto se estimó en
2.500 millones de dólares, lo que representó el 0,2% del PIB de México.
Estos niveles de corrupción en las obras públicas resultan perjudiciales para los mimos ciudadanos
debido que, además de la malversación de los fondos públicos construidos con los impuestos, también
se retrasa el desarrollo del país (Montaño, 2023). Según El Productor (2019) las prácticas corruptas
generan pérdidas económicas, sociales y ambientales para los países y sus ciudadanos de forma que se
estima que a nivel global se dilapidan cerca de $ 6.000 millones por año a causa de la corrupción y las
ineficiencias en la gestión de proyectos de infraestructura pública.
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En cuanto a las obras públicas paralizadas en el mundo por corrupción se tiene que en Brasil, el
escándalo de Odebrecht reveló una red de sobornos que involucraba a políticos, empresarios y
funcionarios públicos para obtener contratos millonarios de obras públicas en varios países de América
Latina y África (Ferreira, 2020). Entre las obras afectadas se encontraban carreteras, puentes, presas,
plantas hidroeléctricas y estadios de fútbol. En España, el proyecto del AVE (tren de alta velocidad)
entre Madrid y Barcelona se vio afectado por varios casos de corrupción que implicaban a empresas
constructoras, partidos políticos y organismos públicos. Entre los delitos cometidos se encontraban el
desvío de fondos públicos, el pago de comisiones ilegales, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales
(García et al., 2021).
En el contexto peruano, según reportes oficiales, se sabe que a finales de 2022 habían alrededor de 1879
obras públicas paralizadas, siendo la región de Puno y Piura las más afectadas (Contraloría General de
la República, 2022) . Tal situación se ha incrementado durante el 2023, pues según el informe de la
Contraloría, existen 2 055 obras paralizadas a julio de mismo año, en los tres niveles de gobierno, cuyo
importe en total superan los 25 mil 421 millones de soles (El Peruano, 2023).
La detención de estos grandes proyectos se acentuó debido a los desafíos generados por la pandemia de
COVID-19 a nivel global, incluyendo naciones latinoamericanas como Perú, donde se implementaron
medidas de confinamiento. Esta situación ha tenido un impacto adverso en los proyectos ejecutados
mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs) y condiciona la forma en que estos contratos podrán
ser utilizados en el futuro (Molina, 2020). Es relevante destacar que, para contrarrestar los efectos de la
pandemia en las APPs, se decretó una emergencia nacional con el propósito de salvaguardarlos
(Jaramillo, 2021).
En el marco de las obras paralizadas por temas de corrupción y gestiones ineficientes, Astudillo y
Martínez (2021) consideran que las Asociaciones Publico Privadas se presentan como la clave para
sobre pasar las paralizaciones gracias a que el modelo se enfoca en la colaboración entre entidades
estatales y privadas. Estas asociaciones promueven la transferencia parcial de riesgos y
responsabilidades al sector privado, permitiendo una gestión más eficiente de los proyectos (Dowd
et al., 2023). Además, las APP suelen incorporar mecanismos de supervisión y transparencia más
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rigurosos, lo que reduce la susceptibilidad a la corrupción y fomenta una mayor rendición de cuentas
en la ejecución de las obras públicas (Baldacchino et al., 2021).
En el mundo, el modelo de Asociaciones Publico Privadas también implican desafíos legales,
regulatorios y financieros que requieren una planificación cuidadosa y un marco adecuado. Según el
Banco Mundial (2022), en 2019 se registraron 337 proyectos de APP en 65 países en desarrollo, con
una inversión total de 96.600 millones de dólares. Algunos ejemplos de APP exitosas en el mundo son
el aeropuerto internacional de Hamad en Qatar, la planta desalinizadora de Tuaspring en Singapur y el
sistema de transporte masivo Transmilenio en Colombia.
En la misma línea, se tiene que en Perú se estima que hay alrededor de 100 proyectos de APP en
ejecución o en proceso de adjudicación para el año 2023, principalmente en los sectores de transporte,
energía, saneamiento y salud (Gestión, 2023). A pesar de la existencia del modelo de Asociaciones
Público-Privadas (APPs), para el año 2022 se evidenció una paralización alarmante del 73.2% en
proyectos a nivel gubernamental en el país. En el ámbito de los gobiernos regionales, se ha constatado
una inversión significativa de S/ 9 222.8 millones, que incluye la implementación de dos contratos de
Asociaciones Público-Privadas. Estos contratos se refieren al desarrollo del Proyecto Especial
Chavimochic en la región de La Libertad y al Proyecto Majes Siguas en Arequipa (Contraloría General
de la República, 2022).
De acuerdo con Ullberg (2019), resulta prematuro prever cómo la mercantilización temporal afectará el
suministro efectivo de agua, dado que la segunda fase de construcción aún está pendiente, y, por ende,
el consorcio privado Angostura Siguas aún no ha puesto en marcha la infraestructura. Esta situación
dificulta anticipar si la oferta contemporánea de recursos hídricos mediante megaproyectos representa
una alternativa sostenible desde el punto de vista social y ambiental, o si más bien constituye una mera
ilusión en la que las soluciones privadas podrían resolver los desafíos de índole pública. Lo que se puede
inferir es que el giro hacia la mercantilización de infraestructuras dricas, sean temporales o
permanentes, impulsado por imperativos técnicos, dinámicas organizativas, políticas y financieras,
genera tensiones y contradicciones entre el Estado y las dinámicas de mercado. Asimismo, origina
incertidumbres adicionales y ramificaciones no previstas que los expertos enfrentan mediante enfoques
contingentes de conocimiento.
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El informe de la Contraloría General de la República (2022) identificó un perjuicio de US$ 2 114 966
en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), unidad ejecutora del Gobierno Regional de Arequipa
(GRA). Este perjuicio se originó por pagos adicionales a la Supervisión Especializada del proyecto
Majes Siguas II mediante dos adendas al contrato original. Estas adendas involucraron actividades
previstas en el servicio contratado, sin justificación para el desembolso adicional. El informe detalla
hechos ocurridos entre octubre de 2007 y enero de 2022, señalando presunta responsabilidad civil y
administrativa de 11 exfuncionarios y exservidores de gestiones anteriores y actuales (2015-2018).
En base a lo señalado, el propósito de este artículo es evaluar el papel que ha tenido la corrupción en la
gestión de las Asociaciones Público Privadas: Caso Majes Siguas, 2017–2023 debido a la necesidad de
ampliar la visibilidad de las causas de la corrupción a nivel económico, social y político. Con todo ello,
es necesario afirmar que la importancia de este artículo se encuentra en la contribución a la comprensión
profunda de los mecanismos de corrupción que afectan la ejecución de un proyecto de envergadura
como el Majes Siguas, exponiendo las posibles deficiencias en la gestión, supervisión y transparencia
de las Asociaciones Público-Privadas. Además, busca destacar la necesidad de reformular las medidas
preventivas y correctivas para fortalecer la integridad en este tipo de acuerdos.
En cuanto a antecedentes directos de autores que hayan abordado el tema, se tiene el trabajo de Melo
et al. (2021) quienes se centraron en evaluar las alianzas entre el Estado y el sector privado en relación
con las inversiones asociadas al Mundial de 2014, abordando los conflictos de intereses y la corrupción
generados por la formación de redes. Utilizando la sociología estructural de las relaciones, se construyó
una representación gráfica de la red de inversión, identificando las posiciones de centralidad,
proximidad e intermediación de los 446 actores involucrados. Los resultados destacan el papel
preponderante de entidades públicas como Infraero, seguidas por instituciones como BNDES y CEF en
la organización de servicios públicos licitados. Además, se identificó la participación de siete empresas
privadas en la operación Lava-Jato, evidenciando la complejidad y la necesidad de considerar
éticamente las asociaciones público-privadas, en vista de los posibles conflictos de intereses y la
corrupción que puedan surgir de estas interacciones.
Fleta y Muñoz (2020) analizaron el impacto de la transferencia de riesgo al socio privado en la
efectividad de las asociaciones público-privadas (APP). Para llevar a cabo este análisis, se utilizó una
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amplia muestra de 6,022 proyectos de infraestructura APP en 59 países en desarrollo, recopilados de la
base de datos del Banco Mundial durante el periodo comprendido entre 1997 y 2016. A través del
empleo de modelos logísticos multinivel, los resultados obtenidos indican que la probabilidad de éxito
de las APP se incrementa cuando el socio privado asume una mayor carga de riesgo, especialmente en
entornos económicos e institucionales más favorables. Además, se destacó que una transferencia
excesiva de riesgos al sector privado en circunstancias donde ciertas características institucionales
presentan buenos resultados podría afectar adversamente el rendimiento de las APP.
Campos et al. (2021) realizaron un estudio sobre el caso de corrupción que implicó a la constructora
brasileña Odebrecht, sancionada con una multa de 2.600 millones de dólares por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos. Este caso representa uno de los mayores procesos por corrupción bajo la
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. El análisis exhaustivo de documentos
judiciales y reportes mediáticos referentes a este caso ha proporcionado nuevas perspectivas sobre el
modus operandi de la corrupción en el ámbito de la infraestructura. Se evidencia que Odebrecht utilizó
sobornos con el propósito de influir en las condiciones de las subastas en su beneficio y asegurar
condiciones favorables en las renegociaciones contractuales. En los proyectos donde se efectuaron estos
pagos indebidos, se registró un aumento promedio de costos del 70,8 por ciento, en contraste con un
5,6 por ciento en los proyectos sin sobornos. Además, se observó que los montos pagados y las
ganancias obtenidas mediante sobornos fueron inferiores a lo documentado en la mayoría de los
estudios previos, oscilando entre el uno y el dos por ciento del costo total de un proyecto.
Como base teórica, se encontró el enfoque de la corrupción sistémica, el mismo que se enfoca en la idea
de que la corrupción no es simplemente el resultado de acciones individuales, sino que está arraigada
en sistemas y estructuras que propician y toleran prácticas corruptas (Alonso, 2021). Este enfoque
teórico busca identificar y analizar cómo los sistemas, procesos y entornos institucionales pueden ser
vulnerables a la corrupción, permitiendo así un análisis integral y profundo de las causas y
consecuencias de este fenómeno. Asimismo, la corrupción sistémica reconoce que la corrupción no es
un problema aislado, sino que está influenciada por factores contextuales y estructurales. En el contexto
de las APPs, este enfoque busca examinar cómo las deficiencias en los sistemas de licitación,
supervisión, rendición de cuentas y regulación pueden crear un entorno propicio para comportamientos
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corruptos . Esta perspectiva subraya que las debilidades sistémicas no solo permiten la ocurrencia de
actos corruptos, sino que también pueden perpetuarlos y normalizarlos en el seno de las interacciones
entre actores estatales y privados (Mundaca, 2022).
Una premisa fundamental del enfoque de la corrupción sistémica es la comprensión de que la corrupción
no se limita a transacciones individuales, sino que puede estar arraigada en estructuras organizativas y
culturales más amplias (Jositsch y Córdoba, 2020). En el contexto de las APPs, esto implica reconocer
que la corrupción no solo se manifiesta en la ejecución de contratos o en la asignación de recursos, sino
que también puede estar ligada a prácticas arraigadas en las rutinas y procedimientos institucionales
(Feng et al., 2022). Asimismo, la corrupción sistémica reconoce que la lucha contra la corrupción en
las APPs no se limita a sancionar casos individuales, sino que requiere intervenciones integrales que
aborden las deficiencias estructurales y promuevan reformas institucionales sólidas (Méndez, 2021).
También se trabaja con el enfoque de riesgo y control, el cual se fundamenta en la identificación,
evaluación y mitigación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción en el ámbito de las
colaboraciones entre entidades estatales y privadas. Su premisa principal radica en la noción de que la
corrupción puede ser prevenida y detectada mediante la implementación de controles efectivos y
mecanismos de gestión de riesgos adecuados (Ullah et al., 2021).
En el contexto de las APPs, el enfoque de riesgo y control se orienta hacia la identificación proactiva
de áreas vulnerables a prácticas corruptas (Monteduro et al., 2021). Esto implica analizar
exhaustivamente los diferentes elementos del ciclo de vida de un proyecto, desde la etapa de
planificación y licitación hasta la ejecución y entrega final. Se busca identificar los puntos críticos donde
podrían surgir oportunidades para actos corruptos, ya sea en la asignación de contratos, la toma de
decisiones o la supervisión de las obras (Ullah et al., 2021).
La evaluación de riesgos se convierte en un elemento clave de este enfoque, ya que permite priorizar y
categorizar los riesgos potenciales de corrupción. Se emplean herramientas y metodologías específicas
para identificar factores de riesgo, tales como debilidades en los procesos de licitación, falta de
transparencia en la selección de contratistas o deficiencias en los mecanismos de supervisión (Carmelo
et al., 2021). Una vez identificados los riesgos, el enfoque de riesgo y control propone la
implementación de medidas preventivas y correctivas. Esto implica el diseño y la ejecución de controles
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internos robustos, la promoción de una cultura organizacional ética y el establecimiento de canales
efectivos para la denuncia de irregularidades. Además, se enfoca en la capacitación del personal
involucrado en las APPs para reconocer y abordar situaciones susceptibles a corrupción (Ullah et al.,
2021).
Como parte del desarrollo conceptual, se tiene que Schomaker (2020) elaboró una conceptualización
sobre la vulnerabilidad de las diversas fases de los modelos de Asociación Público-Privada (APP) frente
a la corrupción, en el marco de la teoría del contrato, la teoría del principal-agente y la economía de los
costos de transacción. Asimismo, examinó posibles mecanismos de control (Ebekozien, 2020). El autor
contribuye al debate sobre las APP de manera dual: en primer lugar, aborda una cuestión habitualmente
pasada por alto en la literatura relevante y, en segundo lugar, dado que estas APP se emplean no solo en
naciones desarrolladas con sistemas legales capaces de brindarles protección adecuada, sino también
en países en desarrollo, identificar y mitigar las vulnerabilidades presentes en los acuerdos de APP
podría facultar a los responsables de la toma de decisiones para implementar, de ser necesario,
apropiados mecanismos de control a nivel de proyecto (Gould, 2001).
Heydari et al. (2021) amplían la discusión al señalar que las asociaciones público-privadas (APP o 3P)
posibilitan al sector público la búsqueda de financiación alternativa y la obtención de la experiencia del
sector privado durante los procedimientos contractuales. Cuando se implementan con cuidado y
atención adecuada, estas alianzas suelen reportar significativos beneficios para la sociedad en general.
Sin embargo, lamentablemente, las asociaciones público-privadas pueden verse expuestas a situaciones
de corrupción.
Un ejemplo notable de corrupción en el marco de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) se
encuentra en el caso conocido como "Lava Jato", donde figuras gubernamentales, empresariales y
contratistas se vieron inmersos en prácticas corruptas vinculadas a proyectos de infraestructura de gran
magnitud en varios países, incluyendo Brasil. Este escándalo abarcó sobornos, manipulación de
procesos de licitación y otros comportamientos ilícitos que minaron la integridad de los procedimientos
de contratación pública, resultando en considerables perjuicios económicos (Owusu et al., 2019).
En el ámbito de las subdivisiones, existe la Responsabilidad Administrativa, la cual hace referencia al
deber que recae sobre los funcionarios gubernamentales y las entidades contratistas de rendir cuentas
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ante las autoridades administrativas por prácticas corruptas en la ejecución de proyectos de obras
públicas (Santes, 2018). La Contraloría, en su función de supervisión y control, desempeña un rol
fundamental en la imposición de sanciones administrativas en casos de corrupción en el ámbito de la
infraestructura. Estas medidas disciplinarias abarcan desde la destitución de los implicados hasta la
imposición de multas o la suspensión de contratos (Hennings, 2020). Cuando se evidencia que la
corrupción ha causado un perjuicio financiero, ya sea por desvío de fondos o manipulación contractual,
las partes responsables pueden ser objeto de demandas para compensar económicamente a las víctimas
o al patrimonio público (Baque et al., 2020).
METODOLOGÍA
La metodología del estudio fue básica porque se estudió la problemática de la corrupción presente en
las APPs peruanas para expandir los parámetros del conocimiento que se tienen sobre el tema (Arias,
2021). El diseño fue basado en el estudio de caso, pues se quiso abordar la problemática focalizada en
el caso del proyecto Majes Siguas entre el 2017 – 2023 (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).
Se trabajó con la categoría de corrupción con la cual se realizó una busqueda bibliográfica en Google
Scholar, Scopus y Web of Science a través de palabras claves y conectores “and” y “or”.
El escenario donde se realizó el estudio fue el proyecto Majes Siguas, el cual se ubica en la región de
Arequipa Perú. Esta región, reconocida por su relevancia agrícola y diversidad geográfica, abarca desde
áreas desérticas hasta zonas costeras. El proyecto Majes Siguas fue pensado para impactar
significativamente en el desarrollo económico y agrícola del área, ya que pretendía implementar
sistemas de riego que optimizan el uso del agua y fomentan la productividad agrícola en un entorno
geográfico desafiante (El Comercio, 2022).
La población que se consideró en el estudio fue de 10 funcionarios especializados en el tema de APPs
y adendas vinculados al proyecto Majes Siguas de forma directa o indirectamente. En ese sentido, es
necesario precisar que no se recurrió a una muestra de trabajo, sino que se trabajó con toda la población
a quienes se les aplicó la técnica de entrevista semi estructurada. El instrumento aplicado fue la guía de
entrevista sobre corrupción en Asociaciones blico-Privadas, la cual se compuso de 4 preguntas
centradas en las subcategorías de responsabilidad administrativa (p1), responsabilidad Civil (p2),
responsabilidad penal (p3) y afectación del presupuesto público (p4). La validación del instrumento se
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dio a través del juicio de 5 expertos que contaron con doctorado en gestión pública y más de 4 años de
experiencia laboral la gestión de APPs.
El estudio se llevó a cabo considerando el respeto por la propiedad intelectual de los autores
referenciados, así como la confidencialidad de los participantes mediante la utilización de identidades
anónimas (Gagñay et al., 2020). Además, se obtuvo el consentimiento para realizar entrevistas con
individuos relacionados con las Asociaciones Público-Privadas (APPs), las cuales fueron grabadas y
utilizadas exclusivamente con propósitos de investigación, garantizando la confidencialidad de la
información recopilada (American Psychological Association, 2017). En todas las instancias, se
consideraron los principios éticos de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia, y se hizo
referencia a los autores pertinentes cada vez que se utilizaron definiciones, conceptos u otros recursos
en el desarrollo de este trabajo de investigación (Viorato y Reyes, 2019).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se comenzó aplicando el instrumento a los 10 funcionarios especializados en el tema de APPs y adendas
vinculados al proyecto Majes Siguas que se estipularon en la metodología. La información que se
obtuvo fue transcrita y procesada a través del Athlas.ti, en donde se comenzó con el análisis descriptivo
del diagrama de red, mismo que se grafica a continuación.
Figura 1. Diagrama de red para la corrupción y sus asociados
Fuente: Elaboración propia
pág. 1985
En el gráfico se evidencia que para los entrevistados la corrupción se vincula con las subcategorías de
responsabilidad civil, penal y administrativa debido a que en el entender de ellos, la corrupción se
origina a nivel práctico por la poca capacidad de castigo que tienen los organismos corruptores y los
mismos corruptos. Esto quiere decir que debido a que muchas de las consecuencias por ser declarado
culpable en actos de corrupción son sancionadas solo con una sanción administrativa o civil, misma que
imposibilita al funcionario de laborar con el estado y asigna una multa, más no lo lleva a prisión como
lo haría la asignación de una responsabilidad penal.
Adicional a la categoría de corrupción y sus subcategorías, también se encontun código general que
integra a la eficacia, eficiencia, las adendas con incremento de costos de inversión, las adendas sin
incremento de costos de inversión, la afectación al presupuesto público y las adendas sin incremento de
costos de inversión. La categoría en cuestión es Adendas en Asociaciones Público Privadas. Esta idea
de integración se manifiesta en las observaciones del entrevistado 2, quien señala la importancia de que
las responsabilidades estén interconectadas en la batalla contra la corrupción. Según sus propias
palabras, la interrelación de las responsabilidades facilitará la lucha contra la corrupción que se gesta
en este tipo de proyectos. Estos planteamientos están alineados con lo expuesto por Quispe y Alva
(2021), donde se subraya la urgencia de establecer mecanismos más efectivos para supervisar la
ejecución de contratos y asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.
Luego de evaluar la relación de los subcódigos, se procedió a ver la frecuencia con las que estos fueron
mencionados por los entrevistados en el marco de las explicaciones a la paralización de proyectos de
Asociaciones Público Privadas. Los datos se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 1 Frecuencia del códigos y subcódigos
Código
Total
Corrupción
34
Responsabilidad Administrativa
47
Responsabilidad Civil
42
Responsabilidad Penal
25
Fuente: Elaboración propia
En la tabla se observa que, en el total de entrevistados, la categoría de Corrupción se mencionó 34 veces
como causa directa o relacionada con la paralización de un proyecto de inversión de APPs, 47 veces en
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relación a la responsabilidad administrativa, 42 veces en relación a la responsabilidad civil y 25 veces
en relación a la responsabilidad penal. Estos hallazgos sugieren una convergencia crítica entre la
corrupción y distintos ámbitos legales, evidenciando su impacto directo en la viabilidad y ejecución de
proyectos de inversión en Alianzas Público-Privadas. La frecuente aparición de la corrupción en estos
contextos legales subraya su influencia determinante en la paralización y el desarrollo de iniciativas de
inversión, enfatizando la urgencia de abordar estas problemáticas para garantizar una gestión
transparente y eficiente en este tipo de proyectos.
Estos datos que se encontraron se procesaron a una matriz de jerarquización, donde se consideraron
otras categorías que también se encontraron en el análisis de las entrevistas. Según Castillo (2022), esta
matriz ofrece una representación gráfica que destaca los factores preponderantes que explican el
problema, evidenciando una línea divisoria entre los aspectos principales y los secundarios. A
continuación se presenta el diagrama de Pareto para las causas.
Figura 2. Diagrama de Pareto de las causas de la paralización en APPs
Fuente: Elaboración propia
En este gráfico se aprecia que el factor predominante fue la afectación del presupuesto público, el cual
representa el 90% del problema identificado. Según el análisis de Pareto realizado, los encuestados
señalan que 9 de cada 10 complicaciones están vinculadas con la afectación al presupuesto público.
Esta noción se manifiesta claramente en las respuestas de los entrevistados, quienes indican que el
Factores mayor incidencia
Factores incidencia menor
pág. 1987
aumento de costos derivado de las adendas figura como una de las causas principales que llevan a la
paralización de las obras. Este incremento de gastos suele estar por fuera del presupuesto estatal, lo que
conlleva una alta probabilidad de que los costos adicionales no se hayan contemplado inicialmente en
dicho presupuesto.
El factor subsiguiente señalado es la existencia de adendas que provocan un aumento en los costos de
inversión, representando un 75% de la raíz del problema según la totalidad de las percepciones
recogidas de los entrevistados. Esto implica que, para aproximadamente 7 de cada 10 entrevistados,
otra causa relevante que incide directamente en la paralización de las Alianzas Público-Privadas se
encuentra en estas adendas que generan un incremento en los costos de inversión. De manera similar al
caso previo, este financiamiento adicional no está contemplado en el presupuesto público, lo que
complica su desembolso y lleva a detener los proyectos debido a temas asociados con falta de pago o
reclamaciones presentadas por alguna de las partes involucradas en la Alianza Público-Privada.
Dentro de este contexto, la noción planteada por Romero (2023) sobre el surgimiento de la gestión
pública como una vía adecuada para resolver los obstáculos en los proyectos y mejorar sus resultados
debería considerarse. Sin embargo, al realizar un análisis detallado de las causas, se evidencia que la
gestión pública solo abarca el 45% del problema, mientras que la efectividad y eficiencia explican el
30% del total.
El tercer factor de relevancia identificado se refiere a la responsabilidad administrativa. Esto se deriva
de una interpretación global de las codificaciones, donde los entrevistados atribuyen un 55% del
problema a los tipos de responsabilidades administrativas aplicadas a funcionarios involucrados en
actos dolosos o de corrupción. Esta noción se refleja en el comentario del entrevistado 1, quien indica
que las responsabilidades administrativas impuestas no han sido lo suficientemente sancionadoras ni
han logrado reducir los actos de corrupción. Por el contrario, han creado una suerte de ciclo en el cual,
al ser suspendidos de sus funciones estatales, los funcionarios siguen siendo legalmente aptos para
trabajar en empresas privadas sin que su historial profesional se vea afectado. Esta percepción se alinea
con lo planteado por Aguilar (2019), quien argumenta que el enfoque actual y las medidas adoptadas
para abordar la corrupción carecen de efectividad, siendo necesario un abordaje integral y una
comprensión profunda de su verdadera magnitud..
pág. 1988
Como cuarta causa significativa identificada en el análisis se ubicó la responsabilidad civil, la cual,
según los entrevistados, representa el 52% del problema en términos de la paralización y retrasos en las
Alianzas Público-Privadas (APPs). Este hallazgo resalta la importancia atribuida por los encuestados a
la responsabilidad civil en el contexto de los contratiempos y las interrupciones que afectan las APPs.
Esta perspectiva subraya la relevancia de considerar las implicaciones legales y las responsabilidades
civiles en los problemas que obstaculizan el progreso de estas asociaciones. Además, sugiere que las
disputas o conflictos de índole civil pueden desempeñar un papel crucial en la generación de retrasos o
detenciones en la ejecución de estos proyectos. Esta consideración de la responsabilidad civil como un
factor clave enfatiza la necesidad de abordar las cuestiones legales y las responsabilidades jurídicas para
promover una ejecución más fluida y efectiva de las APPs.
Los resultados de esta investigación corroboran hallazgos previos, en línea con estudios anteriores
realizados por De Michele et al. (2018) y Lozano (2020). De acuerdo con el análisis llevado a cabo por
De Michele y colaboradores, se evidencia una tendencia a la rescisión de contratos de Asociaciones
Público-Privadas (APPs) derivada de las particularidades económicas y legales presentes en dichos
acuerdos. Esta tendencia constituye un fenómeno legal recurrente observado en diversos países del
Caribe y América Latina (ALC). Estos resultados enfatizan la necesidad urgente de implementar
medidas más sólidas y efectivas para abordar la corrupción en el contexto de proyectos de APP.
Por otra parte, los hallazgos de la investigación realizada por Lozano también resaltan el impacto
significativo de la corrupción en la gestión a nivel regional. La corrupción conlleva una serie de desafíos
y obstáculos en áreas fundamentales, como la eficacia administrativa. A pesar de los esfuerzos y
estrategias implementadas en el departamento de Chocó, Colombia, durante los últimos cuatro años
para combatir la corrupción en la administración pública, persisten notables rezagos en aspectos
esenciales, ya sea en el ámbito social, económico o cultural dentro de la región.
Es esencial destacar que la corrupción en la gestión pública no solo afecta la eficiencia y transparencia
de los procesos administrativos, sino que también tiene repercusiones directas en el desarrollo
socioeconómico de las comunidades locales. En el caso específico del departamento de Chocó, las
consecuencias de la corrupción pueden observarse en la falta de acceso a servicios básicos, la limitada
inversión en infraestructura y educación, así como en la desigualdad económica y social persistente.
pág. 1989
Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es crucial adoptar enfoques integrales que promuevan
la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional. Además, se requiere una
mayor coordinación entre los diferentes actores involucrados, incluyendo el gobierno, el sector privado
y la sociedad civil, para implementar medidas anticorrupción efectivas y sostenibles. Solo a través de
un compromiso conjunto y acciones concertadas se podrá avanzar hacia una gestión pública más ética,
eficiente y orientada al bienestar de la población.
Estos resultados resaltan la imperiosa necesidad de detener la corrupción de manera efectiva y de
implementar políticas más enérgicas que fomenten la transparencia y la integridad tanto en los proyectos
de Asociaciones Público-Privadas (APPs) como en la gestión pública a nivel regional. Además, se
plantea la premisa de que la corrupción no solamente impacta negativamente en la eficiencia y eficacia
de la administración blica, sino que también mina la confianza en las instituciones y obstaculiza la
inversión y el desarrollo. No obstante, es relevante destacar, según lo señalado por Buesaquillo y López
(2019), que a pesar de la apremiante necesidad de implementar estrategias sólidas y medidas
anticorrupción, es esencial que dichas políticas aseguren un desarrollo más equitativo y sostenible en
las comunidades afectadas por estos proyectos. Esto se debe a que, además de la corrupción, otras
variables, como las tensiones sociales de los residentes locales, también inciden en la paralización de
los proyectos de APP.
Desde un enfoque teórico, se observa que la corrupción en proyectos de APP no solo compromete la
eficiencia y la integridad, sino que también plantea desafíos significativos en términos de desarrollo
equitativo y sostenibilidad. Esto pone de relieve la importancia de abordar múltiples dimensiones de
esta problemática. Asimismo, se subraya la necesidad de adoptar enfoques multidisciplinarios y
estrategias intersectoriales para afrontar de manera eficaz los desafíos relacionados con la corrupción
en proyectos de APP. Este enfoque integrado es fundamental para abordar tanto las causas subyacentes
como las manifestaciones superficiales de la corrupción en la ejecución de proyectos de infraestructura
pública.
En palabras finales, la lucha contra la corrupción en el ámbito de las APPs y la gestión pública regional
requiere un compromiso decidido por parte de los actores gubernamentales, privados y de la sociedad
civil. Solo mediante la implementación de políticas integrales, que consideren tanto los aspectos legales
pág. 1990
y administrativos como las realidades sociales y económicas de las comunidades afectadas, se podrá
avanzar hacia una gobernanza más transparente, eficiente y orientada al desarrollo sostenible.
CONCLUSIONES
Se concluye tras el análisis del megaproyecto Majes Siguas, desarrollado bajo el modelo de Asociación
Público-Privada (APP) entre 2017 y 2023, se concluye que la corrupción no constituye el factor
determinante para explicar la paralización del proyecto. Esta conclusión se sustenta en la identificación
de otras causas asociadas a las interrupciones en el desarrollo del proyecto. Según las entrevistas
realizadas, los aspectos primordiales que explican estas paralizaciones son la afectación del presupuesto
público y la presencia de adendas con incremento en los costos. Estos factores emergen como elementos
significativos que minaron la integridad y el progreso del proyecto Majes Siguas.
Durante el periodo de estudio, se constató que la ejecución del proyecto estuvo marcada por diversas
complicaciones que incidieron directamente en su avance y finalización. Si bien la corrupción puede
haber sido un factor presente en ciertos aspectos del proyecto, como en la adjudicación de contratos o
en la gestión de recursos, no se identificó como el principal factor que llevó a su paralización. En
cambio, los problemas relacionados con la gestión presupuestaria y las modificaciones contractuales
conllevan un peso significativo en la explicación de las interrupciones observadas.
La afectación del presupuesto público se revela como uno de los principales desafíos enfrentados
durante la ejecución del proyecto. La asignación y utilización inadecuada de los recursos financieros
destinados al proyecto contribuyeron a la inestabilidad económica del mismo, generando dificultades
para cumplir con los compromisos contractuales y llevar a cabo las obras planificadas. Esta situación
no solo impactó en la viabilidad financiera del proyecto, sino que también minó la confianza de los
actores involucrados en su ejecución.
Asimismo, la presencia de adendas con incremento en los costos constituyó otro aspecto crucial que
contribuyó a la paralización del proyecto. Las modificaciones contractuales, que implicaban aumentos
significativos en los costos de construcción y operación, generaron disputas entre las partes contratantes
y retrasaron la ejecución de las obras planificadas. Esta falta de consenso y transparencia en la gestión
contractual debilitó la estructura del proyecto y obstaculizó su avance hacia la conclusión.
pág. 1991
En este sentido, si bien la corrupción puede haber desempeñado un papel en la gestión del proyecto
Majes Siguas, su impacto no fue determinante en comparación con otros factores identificados. La
investigación revela la importancia de considerar una amplia gama de variables y causas potenciales al
analizar la paralización de proyectos de esta magnitud. Es fundamental abordar tanto las prácticas
corruptas como los problemas estructurales y de gestión que afectan la ejecución exitosa de proyectos
de infraestructura pública.
En consecuencia, se destaca la necesidad de implementar medidas preventivas y correctivas que
fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión eficiente de recursos en futuros
proyectos de Asociaciones Público-Privadas. Solo a través de un enfoque integral y una gestión
responsable se podrá garantizar el éxito y la sostenibilidad de iniciativas de esta naturaleza,
contribuyendo al desarrollo económico y social de las comunidades afectadas.
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