LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESCENARIO
GLOBAL: UNA PERSPECTIVA DESDE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
INDIGENOUS PEOPLES ON THE GLOBAL STAGE:
AN INTERNATIONAL RELATIONS PERSPECTIVE ON
HUMAN RIGHTS IN MEXICO
José Ulises Lescure
Universidad de Panamá, Panamá
Basilia Altagracia Hernández
Universidad de Panamá, Panamá
Venicia Chang Monterrey
Universidad de Panamá, Panamá
pág. 8646
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11912
Los Pueblos Indígenas en el Escenario Global: Una Perspectiva desde las
Relaciones Internacionales sobre los Derechos Humanos en México
José Ulises Lescure1
ulises.lescure@trinity.oxon.org
https://orcid.org/0009-0009-7455-7219
Profesor
Escuela de Relaciones Internacionales
Facultad de Administración Pública
Universidad de Panamá
Panamá – República de Panamá
Basilia Altagracia Hernández
basiliahq@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-4262-3334
Profesora
Escuela de Relaciones Internacionales
Facultad de Administración Pública
Universidad de Panamá
Panamá – República de Panamá
Venicia Chang Monterrey
venichang@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4272-9663
Profesora
Escuela de Relaciones Internacionales
Facultad de Administración Pública
Universidad de Panamá
Panamá – República de Panamá
RESUMEN
Esta investigación explora el papel de las Relaciones Internacionales (RI) en la defensa y promoción de
los derechos humanos de los pueblos indígenas en México. Utilizando una metodología cualitativa y un
enfoque de investigación documental, el estudio propone que las RI, como disciplina, poseen
herramientas únicas para influir en la política global y nacional de manera que se respeten y promuevan
los derechos de estas comunidades. A través de teorías como el realismo, el idealismo y el
constructivismo, se analiza cómo las interacciones internacionales pueden ser un vehículo para el
empoderamiento de los pueblos indígenas. Se discute ampliamente el uso del “soft power” —
herramientas no coercitivas como la cultura, los valores y las prácticas diplomáticas— como medio
para mejorar la imagen y la posición de los pueblos indígenas en el escenario mundial. Este poder suave
permite a las comunidades indígenas articular sus necesidades y derechos de manera efectiva,
influenciando tanto a organismos internacionales como a opiniones públicas y gobiernos extranjeros.
Además, el estudio pone un énfasis particular en el empoderamiento de la mujer indígena como eje
central para la preservación cultural y la transmisión de valores y tradiciones de generación en
generación. Se argumenta que el fortalecimiento de las mujeres indígenas no solo ayuda a proteger el
tejido social y cultural de estas comunidades, sino que también contribuye a su estabilidad y progreso
socioeconómico. Finalmente, el documento aborda cómo la interacción entre los derechos humanos
universales y las especificidades culturales de los pueblos indígenas pueden coexistir y enriquecerse
mutuamente a través de las RI. Los autores concluyen que, al incorporar las perspectivas de los pueblos
indígenas en las negociaciones y diálogos internacionales, se pueden encontrar soluciones más
inclusivas y efectivas a los desafíos globales contemporáneos.
Palabras clave: pueblos indígenas, relaciones internacionales, soft power, derechos humanos
1
Autor principal
Correspondencia: ulises.lescure@trinity.oxon.org
pág. 8647
Indigenous Peoples on the Global Stage: An International Relations
Perspective on Human Rights in Mexico
ABSTRACT
This research explores the role of International Relations (IR) in defending and promoting the human
rights of indigenous peoples in Mexico. Using a qualitative methodology and a documentary research
approach, the study proposes that IR, as a discipline, possesses unique tools to influence both global
and national politics in a way that respects and promotes the rights of these communities. Through
theories such as realism, idealism, and constructivism, it analyzes how international interactions can be
a vehicle for the empowerment of indigenous peoples. The use of “soft power”—non-coercive tools
such as culture, values, and diplomatic practices—is extensively discussed as a means to improve the
image and position of indigenous peoples on the global stage. This soft power allows indigenous
communities to effectively articulate their needs and rights, influencing both international organizations
and public opinions and foreign governments. Additionally, the study places particular emphasis on the
empowerment of indigenous women as a central axis for cultural preservation and the transmission of
values and traditions from generation to generation. It is argued that the empowerment of indigenous
women not only helps protect the social and cultural fabric of these communities but also contributes
to their stability and socioeconomic progress. Finally, the document addresses how the interaction
between universal human rights and the cultural specificities of indigenous peoples can coexist and
mutually enrich each other through IR. The authors conclude that by incorporating the perspectives of
indigenous peoples into international negotiations and dialogues, more inclusive and effective solutions
to contemporary global challenges can be found.
Keywords: indigenous peoples, international relations, soft power, human rights
Artículo recibido 28 marzo 2024
Aceptado para publicación: 25 abril 2024
pág. 8648
INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objetivo principal demostrar que es posible hacer valer los derechos humanos
de los pueblos indígenas mexicanos a la luz de una perspectiva en las RI; una ciencia social centrada en
analizar y visibilizar los mecanismos que hacen funcionar a los pueblos, estados y naciones; con base
en las relaciones político-sociales que establecen a nivel internacional con otros Estados y de acuerdo
con sus diversos contextos socioculturales y económicos.
Con el fin de lograr estos objetivos, se plantea una metodología cualitativa y documental para este
trabajo. De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014), un estudio cualitativo se distingue, entre
otros aspectos, por investigar el objeto de estudio dentro de su contexto y circunstancias. En el caso de
los pueblos originarios, así como de cualquier otro grupo humano, no pueden ser abordados de forma
abstracta y separada, sino en sus relaciones históricas, políticas y sociales con otros grupos sociales y
con el Estado. Es con base en estas relaciones que se puede dar cuenta de las principales problemáticas
concernientes a los pueblos indígenas.
Por su parte, el estudio documental hace referencia a una técnica integral de investigación que no se
define únicamente por el formato y naturaleza de las fuentes de información, sino que también plantea
la forma en que la información documental debe ser abordada, a través de varios pasos que incluyen la
búsqueda de información, su organización de acuerdo con las categorías principales de la investigación
(pueblos indígenas, relaciones internacionales y derechos humanos, en el caso de ésta), la selección de
las fuentes más pertinentes y su incorporación en el estudio a través de la síntesis (Peña Vera, 2022).
Hemos estructurado la presentación mediante un marco teórico en el cual se esbozan temas inherentes
a las interacciones que se dan desde la perspectiva de las RI. Abordamos un apartado respecto a los
pueblos indígenas como actores en las RI, la política exterior de México y los derechos indígenas, los
desafíos y oportunidades para los pueblos indígenas en el sistema internacional (en el mismo se plasman
desafíos, oportunidades, empoderamiento y soberanía indígenas y estatal) y las conclusiones
respectivas.
Este trabajo de investigación busca argumentar que es posible hacer valer los derechos humanos de los
pueblos indígenas mexicanos a la luz de una perspectiva en las RI; una ciencia social centrada en
analizar y visibilizar los mecanismos que caracterizan la interacción entre los pueblos, estados y
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naciones; con base en las relaciones político-sociales que establecen a nivel internacional con otros
Estados y de acuerdo con sus diversos contextos socioculturales y económicos.
Con base en (Kattmann, 2021), los pueblos indígenas son grupos socioculturales, colectivos que
comparten una etnia, que tienen en común una zona geográfica específica de desarrollo, una cultura y
una cosmovisión distinta del mundo, diferente a la que tienen otros grupos sociales.
De acuerdo con analistas como Nuria González y Fausto Kubli-García, citados por (González, 2006),
los pueblos indígenas en México viven en pobreza y pobreza extrema, además son víctimas de
discriminación social y mayor marginación económica en comparación con los ciudadanos que no lo
son. Sus derechos humanos están a bien garantizados por escrito en instrumentos jurídicos bien
reconocidos a nivel nacional e internacional; sin embargo, la realidad es que siguen enfrentando estas
condiciones de vida que lejos de proporcionarles paz y bienestar, les colocan en una fracción vulnerable
y considerados como minorías dentro de la sociedad.
Según con el testimonio de (Landy, Chand, Déry, Dérioz, Ducourtieux, Garambois, Gauche, Germanie,
Hiwasaki, Letang, Sacareau, 2021), en la actualidad algunos pueblos indígenas del mundo han luchado
por poner en alto su soberanía y su fuerza ante el mundo, han elaborado estrategias de “soft power”
para transformar su imagen y lograr que se respeten sus derechos humanos. Otros se han introducido
en foros internacionales o utilizan las redes transnacionales para lograr expresar sus necesidades, su
sentir y obtener la empatía de una sociedad que, envuelta en una constante transformación por efectos
de la globalización económica, se caracteriza por la hostilidad e indiferencia hacia el universo indígena.
La soberanía tuvo un carácter absoluto y de supremacía inalterables hasta que afortunadamente se
distinguen la soberanía interna de la externa. Cuando esta última muestra la capacidad de limitar el
poder de los soberanos, es cuando ineludiblemente se muestra que es más bien una característica que
puede cambiar con base en los atributos de los mismos pueblos, es decir, que realmente no es absoluta
sino más bien de propiedades socioculturales (Clavé-Mercier, 2018).
En esta sintonía de ideas, es precisamente el pasar de los tiempos y la globalización los que han
impulsado a estos pueblos a hacerse ver y ser escuchados y provocando una evolución relevante en la
reconfiguración de lo que se percibía como soberanía. Si bien este término se mantuvo centralizado en
un poder único por parte del Estado, hoy en día ha sufrido una total transformación al reivindicarse y
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hacer emerger la soberanía indígena de los pueblos. De esta forma se demuestra que el constructo
político de la soberanía es totalmente social y aún es útil a fin de imponer un respeto a sus diferencias,
para brindar autonomía funcional a su organización colectiva y a la vez para coexistir pacíficamente en
un mundo plural y en constante transformación (Clavé-Mercier, 2018).
Los pueblos indígenas emergen como los actores relevantes para apropiarse de su destino y moldear su
soberanía, en palabras de Valentin Clavé-Mercier (2018): “la soberanía indígena enfatiza claramente
una interdependencia, tanto con el mundo humano como con el natural o incluso el espiritual, estando
así mucho más cerca del polo aristotélico” (p. 110).
MARCO TEÓRICO
Para comprender la interacción entre estados, organismos internacionales y pueblos indígenas desde
una perspectiva de las Relaciones Internacionales (RI) y en torno a sus derechos humanos frente a un
escenario global cambiante, se requiere aplicar conocimientos que deriven de las teorías básicas de las
RI con el fin de realizar un análisis crítico y exhaustivo, y generar nuevas pautas que brinden ideas
sobre cómo preservar y mejorar la vida y el bienestar de estos pueblos.
En primera instancia, tanto el realismo como el idealismo son dos de los enfoques teóricos con los
cuales las RI pueden abordar las diversas situaciones problemáticas de las poblaciones. La teoría realista
se refiere a las formas militares y económicas que se focalizan para preservar y usar el poder a nivel de
Estado, siendo la guerra el principal instrumento de acción. La teoría idealista también llamada liberal,
señala que cada Estado debe mantener la paz en su territorio utilizando la diplomacia y el “soft power”
con todos sus recursos posibles. Si bien ambas teorías anteponen al Estado como el ente superior que
dirige las acciones, tienen un enfoque diferente de la dinámica en el escenario internacional; mientras
para los realistas se preservan los intereses nacionales, para los idealistas no solamente el Estado puede
tomar este papel, sino que pueden crearse organismos superiores que limiten los comportamientos
anárquicos que son los que realmente inestabilizan el medio.
Como puede observarse, respecto a la aplicación de los derechos humanos ambos enfoques difieren,
mientras los realistas aplican el derecho para beneficiar a los sectores con mayor poder adquisitivo, los
idealistas toman al derecho para aplicarlo y beneficiar las causas problemáticas socioeconómicas y
socioculturales con un enfoque más humano; es decir, para defender a los sectores más vulnerables de
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la sociedad a decir de madres solteras, ancianos, migrantes, comunidad LGBT, personas con
capacidades diferentes, huérfanos, etc.
De acuerdo con estudiosos como Santa Cruz, Wendt o Arriola citados por (Tah Ayala, 2018), cuando
la dinámica del mundo empieza a ser más polifacética y cambiante por efectos directos de la
globalización, tanto la teoría realista como la idealista dejan de satisfacer los intereses de las poblaciones
actuales. Surge así la teoría constructivista cuya columna filosófica sostiene que las diversas sociedades
humanas se constituyen más por ideas compartidas que por las fuerzas materiales en sí; también las
ideas compartidas forman los intereses de estos actores y no sus designaciones naturales. Otra raíz de
esta columna filosófica es que mientras el medio ambiente sociocultural y ambiental influye en los
comportamientos de las poblaciones o actores, las interacciones sociales tanto directas e indirectas que
establecen estos mismos puede transformar su medio (De la Torre, 2011).
Otra de las teorías que las RI pueden aplicar con este fin es la teoría de la justicia global, esta más bien
surgió con el movimiento y activismo social de los llamados “colectivos trasnacionales” (p. 51), (De la
Torre, 2011), que no son más que organizaciones sociales sin afán de lucro que se centran en resolver
las necesidades emergentes de los sectores más vulnerables de la sociedad específicamente de índole
socioeconómico, de salud y para el respeto auténtico de sus derechos humanos.
En este sentido cabe hacer la reflexión de que a pesar de que la globalización influye en los cambios
dinámicos socioculturales, la perspectiva internacional que se tiene de los pueblos indígenas como
minorías sociales sigue vigente desde hace más de dos décadas de supuesta modernidad.
El interés central de este estudio es mostrar que puede haber vías factibles por las que puedan hacerse
realidad los derechos de los pueblos indígenas en un mundo aparentemente dominado por las tendencias
de una constante transformación. Se trata de ejercer una diplomacia pública que logre impactar la
estructura internacional de tal forma que los pueblos indígenas dejen de considerarse como minorías de
la sociedad a nivel internacional. Una de las opciones que ha arrojado buenos resultados al respecto, es
la aplicación del “soft power”, un término propuesto por J. Nye gracias a sus observaciones sobre
Estados Unidos y su lugar como potencia mundial en las RI (Landy, Chand, Déry, Dérioz, Ducourtieux,
Garambois, Gauche, Germanie, Hiwasaki, Letang, Sacareau, 2021).
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Un ejemplo icónico es la “imagen de marca” (p. 2) que cierta organización como Apple pueden lograr
en la mente de la población, la imagen llega a tener tal resonancia que puede lograr que el sistema
internacional y la población mundial le presten atención. Esta observación fue crucial para influir en
grupos u organizaciones considerados a nivel internacional como minorías y aplicar sus recursos de
“soft power” con el fin de obtener beneficios directos, desde una mejor imagen como pueblo, hasta la
obtención en el cumplimiento de parte de sus derechos humanos o derechos sobre sus bienes de tierra
y demás recursos (Landy, Chand, Déry, Dérioz, Ducourtieux, Garambois, Gauche, Germanie,
Hiwasaki, Letang, Sacareau, 2021).
Los pueblos indígenas como actores en las Relaciones Internacionales
La definición de pueblo indígena que brinda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) diferencia del término de raza y converge más con los términos etnia y pueblo étnico. En la
actualidad, gracias a la ciencia de la Genética y debido a toda la investigación que le precede, hoy en
día ha quedado en claro que el término raza para la especie humana se encuentra sin argumento válido
alguno, ya que todos los seres humanos comparten los mismos rasgos biológicos tanto a nivel de su
genotipo (genes no expresables visiblemente) como de su fenotipo (genes expresados o visibles). Más
bien son las cargas genéticas y la influencia del medio lo que hace variar enormemente al genoma
humano, que construye individualidades auténticas en cada persona (Kattmann, 2021).
El término etnia refiere aspectos específicamente socioculturales, es decir, “un grupo humano que
comparte una cultura, una historia y costumbres y cuyos miembros están unidos por una conciencia de
identidad” (p. 11). De aquí se deriva el significado de grupo o pueblo étnico que ya engloba muchos
otros aspectos que comparten estos grupos humanos, tales como la religión, el dialecto o un idioma;
elementos que le permiten identificarse a cada miembro a sí mismo y ser identificado de la misma forma
por los demás de su grupo; aspectos que también convergen con las características de los grupos o
pueblos indígenas. El punto crucial es comprender que un pueblo étnico o indígena, es un grupo que
tiene una identidad auténtica, propia y colectiva, que le hace tener una cultura fuerte frente al medio
interno y externo; de tal forma que, si bien no existe una homogeneidad como tal en el grupo, existe
una cohesión interna fuerte que los hace diferenciarse del resto de grupos culturales (CEPAL, UNFPA
& UNICEF, 2011).
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Con base en un estudio dirigido por el grupo de Fréderic Landy et al., es posible que un pueblo indígena
pueda beneficiarse del constructo de su buena imagen ante otros grupos culturales o ante el resto del
mundo, adquiriendo renombre internacional. En tal sentido, la aplicación del “soft power” es un
instrumento eficaz para implantar una imagen específica y atractiva de un pueblo indígena, al grado de
poder obtener reconocimiento del gobierno y los beneficios que necesitan. Un ejemplo de esto son los
Sherpas en Nepal, un pueblo indígena cercano al monte Everest que en la actualidad se considera “eco-
étnico” (p. 2) por haber logrado obtener los derechos internacionales de uso y cogestión del Parque
Nacional de Sagarmatha. Este pueblo logró difundir una identidad fuerte basada en una ideología de
“sabiduría ecológica” (p. 2) y en su propia “etnicidad” (p. 2), en este sentido la etnicidad se comprende
como “la conciencia de pertenecer a un grupo humano diferente de los demás y reivindicarlo” (p. 2),
(Landy, Chand, Déry, Dérioz, Ducourtieux, Garambois, Gauche, Germanie, Hiwasaki, Letang,
Sacareau, 2021).
Landy et al. describen en su obra tres ejemplos de pueblos indígenas en Asia que construyeron un
empoderamiento (empowerment) real a través de generar una conciencia crítica y un desarrollo interno
con vistas a transformar las relaciones de poder que competen a nivel de sus Relaciones Internacionales
con el resto del mundo.
Con base en el análisis de Landy et al., la eco-etnicidad de carga fuerte viene a jugar un rol determinante
como instrumento eficaz para revertir los procesos de marginación sociocultural en todo nivel, pero sin
oponerse o eludir al Estado ni a la normatividad internacional vigente. En cambio, si se tiene una eco-
etnicidad débil, esta podría no representar de forma suficiente a un “soft power” con capacidad de
transformar la realidad de un pueblo indígena y sin la posibilidad de ser protegidos y quedar “a merced
de la normativa ambiental” (p. 6).
En el caso de México, es necesario presentar primero datos concretos acerca de sus pueblos indígenas.
De acuerdo con un comunicado del 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
en el país existe un 19.4% de personas mayores de tres años que se autoidentifican como indígenas y el
6.1% de ellos hablan alguna lengua indígena. De igual forma las personas indígenas mayores de 15
años que hablan alguna lengua indígena tienen una escolaridad baja, dado por 6.2 grados en
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comparación con los 10 grados de personas que no hablan lengua indígena y en comparación con el
resto de la población no indígena, cuyo grado de escolaridad es de 9.7 (INEGI, 2022).
De acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), la mayor parte de la población indígena en condiciones de pobreza vive en regiones del
sur del país, pero también en Durango y en San Luis Potosí. Datos duros del año 2018, mostraron que,
el 41.9% de la población mexicana vive en situación de pobreza y la población indígena en situación
de pobreza es del 69.5% comparada con el 39% de la población no indígena en la misma condición
(CONEVAL, 2019).
Hoy en día, los derechos humanos de los indígenas se encuentran agrupados, codificados, consagrados
estipulados en dos entidades, una es una organización con carácter global como lo es la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y la segunda es un organismo del Sistema de las Naciones Unidas, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En una resolución aprobada por la Asamblea General de
la ONU en 2008 se publicó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, un documento en el que la ONU “afirma que todos los pueblos indígenas son iguales a otros
grupos sociales, pero al mismo tiempo reconoce que tienen derecho a considerarse a sí mismos
diferentes y a ser respetados como tal por los demás” (p. 1). Esta declaración se conforma por un total
de 46 artículos; por ejemplo, en el Artículo 14 Sección 2 se indica que específicamente que “los niños
deben educarse en todos los niveles y formas en las que el Estado la imparte, sin ningún tipo de
discriminación por ser de origen indígena” (p. 7) (Naciones Unidas, 2008).
El Convenio No. 169 de la OIT se publicó en 1989 y refiere que esta entidad internacional actúa con
base en la justicia social y en dos de los derechos fundamentales para los indígenas, primero “el derecho
a la preservación de sus culturas y por la otra su derecho a la participación socioeconómica, política y
cultural efectivas” (p. 8) (OIT, 2014).
La promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México (Gutiérrez, 2019) se
fundamenta en dos de las reformas que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM). La primera reforma se realizó en el año 1992, que modificó el Artículo No. 4,
consistió en la inclusión de los derechos indígenas. La segunda reforma se realizó en el año 2001 y
consistió en la introducción de modificaciones a beneficio de los derechos de pueblos indígenas en
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varios artículos, entre estos No. 2°, el 9” y el 33° (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
1917).
De acuerdo con analistas como Nuria González y Fausto Kubli-García de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), estos cambios constitucionales no son suficientes ni profundos como
para garantizar que los pueblos indígenas de México realmente vivan con dignidad y bajo las garantías
constitucionales que les corresponden con base en su realidad actual, ya que viven con franca
precariedad y carencias, además de que con mayor frecuencia son víctimas de discriminación y
marginación social en comparación con un ciudadano no indígena (González, 2006). Asimismo,
analistas como Alejandro Gutiérrez enfatizan en que “sus derechos humanos de primera generación
están plenamente garantizados, sin embargo, las reformas constitucionales del año 2001 dejaron
ambigüedades en derechos de fundamental importancia" (p. 1) (Gutiérrez HA, 2019). La Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado de atención desde la década de los 90´s
acerca de los pueblos indígenas de México, declarando que sus derechos sociales y económicos no
existen y que sus carencias rayan en la injusticia y discriminación respecto del resto de la población
(Maldonado, 2009).
Tras una indagación documental profunda para el tema que ocupa este trabajo, es necesario informar
que en la actualidad no existe un ejemplo de eco-etnicidad o de “soft power” por parte de alguna etnia
o grupo indígena mexicano, sin embargo, los datos del INEGI y la CONEVAL dan un referente claro
de sus condiciones de vida.
Finalmente, y hasta este punto del análisis, es claro que los pueblos indígenas han sido y son una minoría
social, a menos que recurran al poder blando o “soft power” para lograr sus propósitos, un fenómeno
que no es precisamente sólo de estos tiempos (Lacoste P, 2022). Es evidente también que estos pueblos
como cualquier otro grupo social requieren de vivir con libertad y dignidad y muy probablemente al
carecer de estos derechos universales tienen la necesidad de conseguirlos y luchar por estos.
La política exterior de México y los derechos indígenas
Si bien la política exterior de México se caracteriza por ser multilateral, las condiciones sociales,
culturales y económicas de determinados tiempos la permean de matices reconocibles que son clave
para comprender cómo ha ido evolucionando en materia de derechos humanos (Velázquez, 2017). Se
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define como política exterior, en este contexto, a la “posición que adopta un país en el ámbito global en
materia de derechos humanos, así como las medidas internas que toma en función de las normas
externas y la presión que ejercen los organismos internacionales y otros actores” (p. 140).
La política interna, en este aspecto, refiere “todas las medidas que un gobierno determina para hacer
efectivos los derechos del hombre a nivel interno” (p. 140), esto lo hace a través de la creación y función
de normas e instituciones focalizadas en dicho propósito. Concretamente, México está obligado a hacer
efectivas las normas internacionales sobre derechos humanos en su contexto interno, toda vez que se
abrió al derecho internacional a partir de la reforma constitucional adoptada en 2011, en virtud de que
asumió en su Carta Magna las obligaciones contentivas en tratados internacionales en la materia
(Velázquez, 2017).
Tanto la política externa como la interna se nutren constantemente y se relacionan profundamente
cuando se trata de que los derechos universales de las personas se cumplan tanto dentro como fuera del
país, para esto, las reformas constitucionales a los Artículos 1° y 89 son esenciales porque establecen
como común denominador la protección de los derechos mediante el seguimiento de estándares
internacionales que solucionen situaciones de vulnerabilidad humana (Lara, 2017).
Ahora bien, la política exterior de México tuvo una evolución importante a finales del siglo XX para
dar paso al siglo XXI. En pleno siglo XX, los gobiernos mexicanos en las décadas de los 60´s a los 90´s
seguían siendo altamente represores, centralizados y totalmente insensibles a los movimientos sociales,
de tal forma que ante alguna crítica externa solían anteponer el principio de la “no intervención” (p.
141), evitando así que otras organizaciones externas u otros gobiernos opinasen nada sobre la política
o problemáticas internas del país. Este enfoque daba resultado incluso para ocultar claras violaciones a
los derechos humanos que el mismo gobierno mexicano perpetraba en contra de su población. Sin
embargo, ante masacres humanas de mayor magnitud y resonancia como la matanza estudiantil de 1968,
la matanza del Jueves de Corpus en 1971, la matanza en Golonchan Viejo en Chiapas en 1980 o la
matanza de Acteal en 1997; el tiempo se encargó de gestar organizaciones civiles internas que
empezaron a demandar hacer cumplir derechos como la libertad de expresión, de opinión, así como
exigir mejores condiciones de vida (Lara, 2017).
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De acuerdo con Velázquez Flores, otro aspecto que encrudeció las condiciones internas de México en
las décadas de los 70´s y 80´s fueron las crisis económicas difíciles de superar, factor que vulneró aún
más la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellos de nivel socioeconómico medio a bajo.
Específicamente, en materia de derechos humanos, el gobierno aún mantenía una visión cerrada
respecto del cumplimiento de los derechos humanos, es hasta inicios de la década de los 90´s que el
gobierno mexicano empezó a abrirse al tema de los derechos humanos desde su política interna hacia
su enfoque exterior (Velázquez, 2017).
Ya a inicios del siglo XXI la importancia que reviste que el gobierno mexicano actúe en pro de los
derechos humanos tiene mayor resonancia gracias a otros eventos más que no debieron ocurrir si es que
lo que se pretendía era evolucionar favorablemente en esta materia; uno de varios ejemplos se tiene en
la Masacre de Ayotzinapa ocurrida en septiembre del año 2014; un evento que definitivamente
obscureció nuevamente el panorama de los derechos humanos, no solamente internamente sino a nivel
externo (Rodriguez, 2018).
Si bien México ha hecho esfuerzos por abrirse a los derechos humanos universales, la existencia de los
gobiernos autoritarios y la lucha de poder que se encona entre las clases socioeconómicas más
dominantes del país, derivadas de un sistema capitalista neoliberal que dictó la dinámica
socioeconómica a seguir ponen en entredicho estos. Pruebas de esto fueron las consecuencias obtenidas
de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), que, al no lograr adaptarse como potencia de nivel,
lo único palpable fue una franca pérdida de la soberanía alimentaria. Aunado a esto, según Rodriguez,
México se convirtió en un espacio libre de acción para los gobiernos norteamericanos; un espacio donde
específicamente, el tráfico de armas, de personas y de drogas debe fluir sí o sí y sin mayores problemas.
De igual forma se observa que los altos niveles de violencia que realmente se viven en México son
producto de varios factores socioeconómicos y políticos complejos que interaccionan potenciando su
poder (Rodriguez, 2018).
En este tenor de ideas, es necesario reconocer la continua injerencia activa de la política exterior
estadounidense sobre el territorio mexicano, así como la vulneración social que la violencia generó
inevitablemente sobre tierras mexicanas, esto para desarticular su orden socioeconómico original y que
por ende desaparecen los sistemas de trabajo del campo y del ejido. Con esto se hace referencia a la
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pérdida de las cadenas productivas que trajo como resultado altos niveles de desempleo que generaron
las migraciones de pueblos a ciudades o peor aún, al extranjero (Rodriguez, 2018).
Parte de los grupos humanos que se dañan profundamente con esta situación son los pueblos y
comunidades indígenas de México, que independientemente de las condiciones antes descritas, se
encuentran en una brecha de desigualdad social y económica que por décadas ha incidido de forma
negativa para que puedan gozar y disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
Por ejemplo, de acuerdo con María Pérez Cepeda analista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, los pueblos indígenas que radican en el actual Estado de Querétaro tienen una baja o nula
participación de la vida democrática del país debido a que reciben un trato inferior no solamente a nivel
social, sino también a nivel de las instituciones privadas y públicas. Si bien en las elecciones
presidenciales celebradas en el 2018 se aplicaron iniciativas para garantizar su participación electoral,
en la agenda electoral de las legislaturas en cada estado del territorio mexicano se considera como un
compromiso pendiente de lograr. Es decir, que estas personas ejerzan sus derechos político-electorales,
además del diseño e implementación de políticas públicas que puedan prevenir los actos de
discriminación que viven constantemente (Pérez y Eguiarte, 2019).
Otro de los compromisos a nivel de las políticas nacionales y sus efectos internos es con respecto al
desarrollo de las capacidades humanas de las mujeres de origen indígena que son madres de familia y
que al mismo tiempo requieren trabajar y desarrollarse a nivel profesional y humano. Un ejemplo de
esto se encuentra en las mujeres de la Sierra Negra de Puebla, zona donde se detectó que los programas
gubernamentales que se activan como subsidios para desarrollar sus capacidades en cuanto a trabajo,
economía y educación no contribuyen realmente a la mejora de su calidad de vida; por lo tanto, se
precisa repensar los mecanismos mediante los cuales puede lograrse este compromiso (Muñoz y
Vázquez, 2012).
Para que todo pueblo indígena pueda desarrollarse adecuadamente respecto a la preservación de sus
culturas y su reproducción, es necesario garantizar una protección especial a sus territorios y recursos
naturales. Esto viene estipulado en el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, donde se informa que son los Estados quienes deberán diseñar
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mecanismos efectivos que prevengan los daños a la tierra y sus recursos naturales; esto aún es un
compromiso pendiente por cumplir (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014).
El gobierno en curso en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, propusieron
como parte de sus metas principales cumplir ciertos compromisos que se tienen con los pueblos
indígenas a través del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, cuyo objetivo central
converge con las propuestas antes mencionadas al “considerarlos como sujetos de derecho público no
solo para hacer efectivos sus derechos sino además para aprovechar de forma sostenible sus tierras y
recursos naturales, aunado a la creación de una nueva relación con el Estado mexicano” (p. 22)
(Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2018).
Desafíos y oportunidades para los pueblos indígenas que pueden abarcarse desde el sistema
internacional
Desafíos
Patricia Páez, periodista del periódico español El País, señaló algunos desafíos qué se deben enfrentar
en el futuro próximo para mejorar la vida de los pueblos indígenas. Primero es dotarlos de sistemas de
saneamiento como agua potable y drenajes adecuados, además de promover la salud intercultural. El
segundo es erradicar el racismo y la discriminación desde su origen. Otro es que todas las políticas
públicas tengan una perspectiva intercultural. Que la reactivación de la economía no deje absolutamente
a nadie atrás. Reconocer los saberes ancestrales de estos pueblos. Mejorar la educación regional e incluir
temas ambientales. El último sería vigilar la justicia en las democracias débiles para evitar el abuso de
autoridad (Páez, 2020).
Por su parte, José Francisco Calí, un relator sobre los derechos de los pueblos indígenas en la ONU,
converge en los puntos que mencionó Páez, pero enfatiza en que el buen trato social, la negociación y
el diálogo con los pueblos, son la base que solucionaría estos desafíos. Algunas de sus propuestas son:
▪ |Brindarles reconocimiento, espacios de participación y cumplimiento a sus derechos individuales.
▪ Investigar el racismo y discriminación contra estos pueblos y corregirlos; parte de este esfuerzo ha
sido la elaboración de instrumentos de regulación como la Declaración de la ONU sobre Los
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), entre muchos otros.
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▪ Conocer mejor cada uno de estos pueblos, respecto a sus necesidades, prioridades, pensamientos,
aspiraciones, etc.
▪ La búsqueda de acuerdos mediante la discusión, el diálogo y el respeto.
▪ Crear conciencia colectiva para dar paso a la inclusión.
▪ Cambio de visión a nivel del Estado, a nivel del Congreso y del Parlamento, en cuanto al enfoque
sociopolítico e ideológico tradicional hacia los pueblos indígenas.
▪ Concatenar el Sistema de Justicia Oficial con el Sistema de Justicia Indígena, de tal forma que
desaparezcan las diferencias de cosmovisión. (Calí, 2020).
En adición a lo anterior, es realmente vital que estos pueblos indígenas sean educados en materia de
concientización de su propia existencia, de sus propios derechos como seres humanos y como etnia. De
igual forma en el fortalecimiento y preservación de su propia cultura, en la cual el idioma y sus
tradiciones son muy importantes. Esta concientización puede llevarse de forma más eficiente con el
apoyo de los organismos internacionales que trabajen de la mano con el estado mexicano en esta
materia.
En la región de América Latina se trastoca de forma profunda el bienestar de los pueblos indígenas, ya
que las actividades primarias de exportación industrial, específicamente de la minería e hidrocarburos,
no solamente afectan los derechos de su territorio, sino también sus intereses económicos y sus recursos
ambientales. Este tipo de desacuerdos son un desafío urgente de solución, porque rayan en la violencia
y complican aún más los contextos de discriminación social y de marginación económica y política que
viven estos pueblos. El siguiente mapa ubica las zonas afectadas por este tipo de conflictos que el
Relator Especial de Naciones Unidas (Nombre) para los derechos de los pueblos indígenas informó
vigentes en el periodo 2009-2013. Este conflicto internacional deriva en otros problemas con diverso
grado de complicación, de los cuales se pueden mencionar:
▪ Problemas por la falta de un resguardo jurídico de los derechos de los pueblos indígenas en torno a
sus recursos naturales, tierras, aguas, etc.
▪ Choques ideológicos y culturales por daños a los lugares que los pueblos indígenas consideran
sagrados.
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▪ No existe una evaluación independiente de los daños ambientales que ocasiona la extracción
industrial de los proyectos extractivos (minería).
▪ No se consulta a estos pueblos la ejecución de estos proyectos, más bien se les excluye totalmente.
▪ Se criminaliza la protesta social de estos pueblos, cuando solamente reclaman sus derechos de
territorio (CEPAL, 2014) p. 58.
Figura 1. Catastro de proyectos industriales extractivos en territorios indígenas
Nota: los límites y los nombres en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. Fuente:
tomado de Víctor Toledo, avalado por la Universidad de Arizona en Estados Unidos; citado por (CEPAL, 2014), p. 57.
Como puede observarse, si se aplicara una regulación racional para la explotación de los recursos
naturales con base en las leyes existentes y basadas en la protección ambiental que además consideren
los derechos de los pueblos indígenas, y entablando un diálogo de consenso, fundamentado en el mutuo
acuerdo, no solamente en temas territoriales sino en el sentido de beneficios económicos y ambientales,
se alcanzaría una solución en la cual todas las partes ganarían.
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Oportunidades
Una de las primeras oportunidades se visualiza en torno a los instrumentos regulatorios con los que ya
se cuenta a nivel nacional e internacional y que resguardan los derechos de los pueblos indígenas.
Concretamente, se trata de poner en marcha sus voluntades, validar nuevos espacios de interacción,
implementar filosofías de estado y la emergencia de entidades horizontales favoreciendo a todos los
habitantes sin excepciones (Calí, 2020).
Una siguiente oportunidad se encuentra en torno a la fortaleza y la resiliencia que expresan los pueblos
indígenas, muchos de ellos debido a su estilo de vida y a su conexión más cercana con la tierra y los
recursos naturales. Esto se observó durante el confinamiento social por Covid-19; bajo estas
condiciones se tuvo la oportunidad de aprender que podía haber una adaptación eficiente de las medidas
preventivas en conjunto acuerdo con las autoridades indígenas para la protección de sus familias (Calí,
2020).
De acuerdo con (Clavé-Mercier, 2018) otra oportunidad determinante para mejorar la vida de los
pueblos indígenas es mediante el reconocimiento de su soberanía como pueblo. Entendiendo su
soberanía indígena, no bajo el concepto absolutista colonial o político, sino más bien bajo la visión de
que “les brinda el control de sus vidas” (p. 108), un pueblo es soberano en la medida en que vive en
libertad y que es autónomo y responsable de sus decisiones.
Empoderamiento indígena
El empoderamiento indígena en los foros internacionales y redes transnacionales es una oportunidad
que muchas mujeres indígenas aprovechan para hacerse escuchar por el mundo. Entre los eventos
relacionados se puede mencionar la Consulta Regional sobre la Próxima Recomendación General 39
de la CEDAW (Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer)
llevada a cabo en México el 19 y 20 de mayo del 2022, en el cual participaron mujeres líderes indígenas
de 21 países y 24 diferentes pueblos indígenas de la región. En este evento destacó la necesidad de
desarrollar un proceso autoeducativo en la comunidad mundial para generar la empatía humana hacia
el mundo indígena; solo así es posible que los derechos de las mujeres indígenas se hagan realidad
(ONU Mujeres, 2022).
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Soberanía indígena y soberanía estatal
Las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional tienen un papel decisivo en la configuración
de las soberanías indígenas, ya que hablar de la soberanía indígena es hablar de su derecho a la
autonomía e independencia; porque son enteramente un constructo social (Clavé-Mercier V, 2018). De
tal forma que ambas soberanías, tanto la del Estado como la de los pueblos indígenas sean “reconocidas,
respetadas y fortalecidas por los mismos Estados” (3er párr.) en su justa dimensión y a niveles no
solamente nacional sino también estatal y municipal (González, 2022).
La coexistencia de estas soberanías es posible, toda vez que los gobiernos pueden transformar su cuerpo
legislativo para abrazar estas autonomías indígenas. Lo anterior no significa que los gobiernos estatales
desaparezcan o pierdan su jurisdicción ni fuerza, sino más bien lo contrario. El problema es que los
gobiernos tienden a tener una visión tradicional de percibir las autonomías indígenas como una literal
“amenaza”, además de adoptar una actitud de soberanía única y centralizada, porque solo mediante esta
pueden “transgredir derechos territoriales de otros” (3er párr.) (González, 2022).
CONCLUSIONES
La investigación sobre el papel de las Relaciones Internacionales en la defensa y promoción de los
derechos humanos de los pueblos indígenas en México ha revelado cómo esta disciplina proporciona
métodos únicos que pueden aplicarse exitosamente para influir en la política global y nacional. El
estudio ha comprobado que el uso adecuado del poder blando, que incluye la cultura, los valores y las
prácticas diplomáticas, permite a las comunidades indígenas expresar sus necesidades y derechos de
manera efectiva, logrando impactar en organismos internacionales, opiniones públicas y gobiernos
extranjeros.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas de México no son respetados a cabalidad como se
indica en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o lo
estipulado en el Convenio 169 de la OIT. Por el contrario, se requieren cambios más profundos, que a
nivel constitucional beneficien aspectos como su economía y que se erradique la discriminación social
que permea aún en plena modernidad global.
Los pueblos indígenas se enfrentan a la necesidad de transformar su realidad y luchar para que su cultura
y su forma de vida no se extingan. A este tenor expresan dos formas inmensas de lucha, la primera es
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creando un “soft power” eficiente y de alto impacto, capaz de lograr transformar su propia imagen ante
el mundo; solo así han sido escuchados por parte de organismos nacionales e internacionales. La otra
forma es a través del empoderamiento de la mujer indígena, esto se ve expreso sobre todo en las mujeres,
en quienes recae el cuidado y la preservación de las futuras generaciones.
El empoderamiento de la mujer indígena se ha probado como un catalizador clave para la preservación
de la cultura y la transmisión de valores. El fortalecimiento de sus derechos y opciones contribuye
esencialmente al progreso socioeconómico y la estabilidad de estas comunidades y pueblos indígenas.
Además, se ha determinado que los derechos humanos universales y los valores específicos de los
pueblos indígenas no son contradictorios, sino que pueden enriquecerse mutuamente a través del
diálogo y la cooperación en las relaciones internacionales, ofreciendo soluciones más inclusivas y
efectivas para los desafíos globales contemporáneos.
Las Relaciones Internacionales tienen un papel central en la fundamentación de las soberanías y de las
relaciones entre gobiernos y pueblos indígenas. Mediante el diálogo, la negociación y el común acuerdo
en torno a sus propuestas sobre diversos temas como la economía de sus localidades, los recursos con
los que cuentan o bien sobre sus propios proyectos para la conservación del medio ambiente y de sus
espacios, tierras y bosques. Las políticas del sistema estatal e internacional deberían incluir las
propuestas de estos pueblos.
La sanación de los conflictos internacionales que se mantienen con los pueblos indígenas en torno al
manejo racional de sus recursos naturales implica un estricto control y cumplimiento práctico de las
leyes por parte del sector industrial y comercial; además de propuestas viables que tengan como
moderador principal el diálogo basado en un estado de derecho de las partes.
La investigación destaca la necesidad crítica de incorporar las perspectivas indígenas en los diálogos y
negociaciones internacionales. Esto no solo es fundamental para garantizar que sus derechos sean
respetados y promovidos adecuadamente, sino también para asegurar que sus voces influencien
directamente las políticas que determinan sus vidas y bienestar. Al hacerlo, se abren oportunidades para
un futuro donde los pueblos indígenas no solo sobrevivan, sino que también prosperen.
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