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La Constitución de la República del Ecuador establece principios básicos del debido proceso, tales
como la idoneidad, la cual se basa en que, el procedimiento debe ser adecuado para hacer posible la
justicia, y el proceso debe tener una secuencia definida. Así también se garantiza la imparcialidad como
base para el juzgamiento de la causa, la igualdad, la transparencia, la contradicción, la motivación, entre
otros. De igual forma, la carta magna determina las reglas comunes a todo procedimiento, donde se
establecen ciertas reglas que deben ser observadas por todos los órganos del Estado al momento de
emitir una resolución que afecte o limite derechos.
El derecho a la defensa
La Constitución de la República del Ecuador consagra el principio a la defensa en el Art. 76 núm. 7, en
el cual se reconocen varios presupuestos que buscan otorgar al sumariado de elementos necesarios para
su defensa, lo que permite a éste contradecir las alegaciones realizadas en su contra, y poder tener la
seguridad que la resolución final cumpla con parámetros de legalidad, imparcialidad y transparencia.
Vásquez C. y Vázquez E (2018), sostienen sobre el derecho a la defensa.
La garantía de la defensa aparece reconocida a nivel constitucional y de tratados
internacionales como un derecho fundamental no solo para el ciudadano, sino para una
correcta administración de justicia que busca proteger los derechos y libertades públicas,
y, además imponer un límite al poder Estatal. El derecho a la defensa es por lo mismo un
derecho fundamental irrenunciable e inalienable, que debe garantizarse en forma plena,
continua y permanente durante todo el proceso en todos los ámbitos sea: civil,
administrativa, tributaria, familia, y especialmente en lo penal donde están en juego los
derechos de los ciudadanos ante el poder del Estado. (pág. 8)
El derecho a la defensa se configura con actos como la citación y la notificación mediante un auto de
inicio para las faltas graves y muy graves, según lo estipulado en el Art. 301 del COESCOP, sin
embargo, para el cometimiento de faltas leves no determina mediante qué acto se notifica al servidor
público, por lo que escasamente se regula todo el procedimiento técnico en el Art. 298, por lo que resulta
insuficiente lo determinado para que se efectivice un procedimiento que precautele el cumplimiento de
las garantías del debido proceso; por esta razón, es necesario que se notifique al incoado, mediante un
acto de inicio que contenga requisitos legales mínimos, para que el mismo conozca los hechos que se