EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE
COMPRAS PÚBLICAS EN LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS EN
ECUADOR
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC
PROCUREMENT SYSTEMS IN DECENTRALIZED
AUTONOMOUS GOVERNMENTS IN ECUADOR
Mariuxi Cecilia Peralvo Centeno
Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador
Namur Arquimidez Antun Martinez
Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador
Esatnua Yolanda Juank Tunki
Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador
Oliver Ismael Juank Juank
Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador
pág. 8833
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13032
Eficiencia y Eficacia de los Sistemas de Compras Públicas en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en Ecuador
Mariuxi Cecilia Peralvo Centeno
1
mcperalvoc@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-3747-6650
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador
Namur Arquimidez Antun Martinez
arquimedezmartin@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0008-0601-6085
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador
Esatnua Yolanda Juank Tunki
juankyolanda2001@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-9287-3054
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador
Oliver Ismael Juank Juank
Cozj1996@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-4048-1431
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador
RESUMEN
Este estudio examina la eficiencia y eficacia de los sistemas de compras públicas en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) de Ecuador, enfocándose en el impacto de la descentralización
fiscal y la contratación pública. A través de una metodología mixta que incluye revisión documental,
entrevistas, encuestas y análisis de datos secundarios, se identifican las prácticas actuales, desafíos y
oportunidades de mejora. Los resultados muestran que, aunque la descentralización puede mejorar la
administración pública, existen riesgos de corrupción y desigualdades regionales. Se destaca la
importancia de la contratación electrónica y la participación ciudadana como herramientas para
aumentar la transparencia y reducir la corrupción. El estudio concluye que es necesario un enfoque
integral que combine reformas legales, desarrollo de capacidades y promoción de una cultura de
integridad para mejorar la contratación pública en Ecuador.
Palabras Clave: descentralización fiscal, contratación pública, transparencia, corrupción
1
Autor principal.
Correspondencia: mcperalvoc@gmail.com
pág. 8834
Efficiency and Effectiveness of Public Procurement Systems in
Decentralized Autonomous Governments in Ecuador
ABSTRACT
This study examines the efficiency and effectiveness of public procurement systems in the Decentralized
Autonomous Governments (GAD) of Ecuador, focusing on the impact of fiscal decentralization and
public procurement. Using a mixed methodology that includes document review, interviews, surveys,
and secondary data analysis, the current practices, challenges, and opportunities for improvement are
identified. The results show that while decentralization can improve public administration, there are
risks of corruption and regional inequalities. The importance of e-procurement and citizen participation
as tools to increase transparency and reduce corruption is highlighted. The study concludes that an
integrated approach combining legal reforms, capacity building, and the promotion of a culture of
integrity is necessary to improve public procurement in Ecuador.
Keywords: fiscal decentralization, public procurement, transparency, corruption
Artículo recibido 13 julio 2024
Aceptado para publicación: 15 agosto 2024
pág. 8835
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, ha habido una tendencia global hacia la descentralización fiscal del Estado con
el objetivo de lograr diversos resultados económicos, sociales y políticos. Esta tendencia se fundamenta
en la premisa de que, a nivel local, tanto los líderes como los ciudadanos poseen un conocimiento más
detallado de las necesidades específicas de la sociedad, lo que facilita una respuesta más eficaz y mejora
la distribución de recursos (Martínez-Vázquez, Lago Peñas y Sacchi, 2017). Además, la delegación de
autoridad puede promover la competencia entre las autoridades locales por los ingresos públicos,
guiando a una mejora en la productividad organizativa (La Porta et al., 1999; Kyriacou, 2013).
Sin embargo, la proximidad también tiene sus inconvenientes, dado que puede llevar a que las
autoridades públicas sean influenciadas por intereses particulares. La competencia entre autoridades
locales puede resultar en una bajada de impuestos, afectando negativamente los fondos públicos.
Además, en un entorno descentralizado, se pueden descuidar las economías de escala y los objetivos
secundarios. Los datos concretos hasta la fecha corroboran que la descentralización fiscal puede mejorar
la administración pública, aunque con ciertos riesgos y limitaciones (Kyriacou, Muinelo-Gallo y Roca-
Sagalés, 2017).
Nos enfocamos específicamente en el gasto en contratación pública, que se refiere a la compra de obras,
bienes y servicios por parte de las administraciones públicas. Este ámbito abarca desde la compra de
suministros de rutina hasta licitaciones y contratos formales para grandes proyectos de infraestructura.
La contratación pública representa aproximadamente el 13% del PIB y un tercio del gasto público en
los países miembros de la OCDE, lo que la convierte en una de las áreas más propensas a prácticas
corruptas (Bauhr et al., 2019; Djankov et al., 2016). Las estimaciones de pérdidas por corrupción en la
contratación pública oscilan entre el 10 y el 20 por ciento en los países de la UE con sistemas de
adquisiciones relativamente sólidos (OCDE, 2017).
Desde hace muchos años, la innovación pública ha sido un tema popular en la literatura sobre gestión
pública, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la doctrina jurídica en algunos países,
como Chile, no ha mostrado un interés significativo en este tema. La percepción de la ley como un
obstáculo para la innovación pública ha sido cuestionada, argumentando que los privados también
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enfrentan restricciones legales, lo que relativiza el impacto del derecho en la innovación (Sánchez y
Lasagna, 2013).
Para mejorar la calidad y eficiencia en la contratación pública, muchos expertos coinciden en la
necesidad de adoptar una perspectiva basada en procesos. La implementación de la contratación
electrónica ha demostrado ser una reforma fundamental que mejora la calidad de los procedimientos y
fomenta el intercambio de información de calidad. Ejemplos de éxito en la adopción de la contratación
electrónica incluyen países como Indonesia e India, donde se ha promovido la admisión de contratistas
de mayor calidad (Kyriacou, 2013).
METODOLOGÍA
Este estudio adopta una metodología mixta, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos para
evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas de compras públicas en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) de Ecuador. El propósito es obtener una comprensión holística de los factores
que influyen en la contratación pública y proponer mejoras basadas en evidencia empírica.
Diseño de Investigación: El diseño de la investigación se estructura en varias fases que incluyen la
revisión documental, entrevistas con informantes clave, encuestas a funcionarios y ciudadanos, y
análisis de datos secundarios. Este enfoque permite triangulación de datos y una interpretación robusta
de los hallazgos.
Revisión Documental: Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre
descentralización fiscal, contratación pública y gobernanza. Esto incluyó el análisis de leyes,
regulaciones, y directrices pertinentes, como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y la Constitución de la República del Ecuador. Además, se examinaron estudios previos y
artículos académicos que abordan la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la
contratación pública.
Entrevistas con Informantes Clave: Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con funcionarios
de los GAD, expertos en contratación pública y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Estas entrevistas permitieron obtener información detallada sobre las prácticas actuales, los desafíos y
las oportunidades de mejora en el sistema de contratación pública. Las preguntas se diseñaron para
explorar la implementación de tecnologías, el control social y la capacitación de los funcionarios.
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Encuestas: Se diseñaron y administraron encuestas estructuradas a dos grupos principales: funcionarios
responsables de las compras públicas en los GAD y ciudadanos. Las encuestas a los funcionarios se
centraron en la percepción de la eficiencia, la transparencia y la capacitación recibida. Las encuestas a
los ciudadanos evaluaron su grado de participación y confianza en los procesos de contratación pública.
Las respuestas se analizaron utilizando técnicas estadísticas para identificar patrones y tendencias.
Análisis de Datos Secundarios: Se utilizaron datos secundarios obtenidos de informes oficiales, bases
de datos gubernamentales y estudios anteriores. Estos datos incluyeron indicadores de desempeño en
contratación pública, niveles de corrupción reportados y resultados de auditorías. El análisis
comparativo permitió evaluar el impacto de la descentralización y la adopción de tecnologías
emergentes en la eficiencia administrativa.
Análisis Cualitativo: Los datos cualitativos provenientes de las entrevistas y la revisión documental se
analizaron mediante técnicas de codificación y categorización. Este análisis permitió identificar temas
recurrentes, discrepancias y relaciones entre diferentes variables. Se utilizó el software NVivo para
facilitar el manejo y la interpretación de los datos cualitativos.
Análisis Cuantitativo: Los datos cuantitativos de las encuestas se analizaron utilizando software
estadístico como SPSS. Se realizaron análisis descriptivos, correlacionales y de regresión para explorar
las relaciones entre variables como la percepción de transparencia, la eficacia de la capacitación y la
participación ciudadana. Además, se aplicaron pruebas de hipótesis para evaluar la significancia de los
hallazgos.
Validez y Fiabilidad: Para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, se emplearon varias
estrategias. La triangulación de métodos y fuentes de datos ayudó a corroborar los hallazgos. Se
realizaron pruebas piloto de las encuestas para garantizar la claridad y relevancia de las preguntas.
Además, se llevó a cabo un control de calidad durante la recopilación de datos y el análisis para
minimizar sesgos y errores.
Limitaciones: El estudio reconoce ciertas limitaciones, como la posible falta de representatividad en
las encuestas debido a la variabilidad en la participación de los ciudadanos y funcionarios. Además, la
disponibilidad y calidad de los datos secundarios pueden variar, lo que podría afectar la generalización
de los resultados.
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Marco Teórico
Descentralización Fiscal y Gobernanza
La descentralización fiscal se ha promovido ampliamente como una estrategia para mejorar la eficiencia
y la calidad de la gobernanza pública. Según Martínez-Vázquez, Lago Peñas y Sacchi (2017), la
descentralización fiscal implica la transferencia de responsabilidades fiscales del gobierno central a los
gobiernos locales, con el objetivo de lograr resultados económicos, sociales y políticos más efectivos.
Este proceso se fundamenta en la premisa de que los gobiernos locales están mejor posicionados para
identificar y responder a las necesidades específicas de sus comunidades, lo cual puede mejorar la
distribución de recursos y la prestación de servicios públicos (La Porta et al., 1999).
La eficiencia en la descentralización fiscal se basa en la hipótesis de que los gobiernos locales poseen
un mejor conocimiento de las necesidades y preferencias de sus ciudadanos, lo que les permite asignar
recursos de manera más efectiva y responder con mayor agilidad a los cambios en el entorno local. Sin
embargo, la descentralización también enfrenta desafíos significativos, como la posibilidad de captura
del estado por intereses particulares y la variabilidad en la capacidad administrativa de los gobiernos
locales. Kyriacou, Muinelo-Gallo y Roca-Sagalés (2017) argumentan que, si bien la descentralización
puede mejorar la calidad de la gobernanza, también puede exacerbar las desigualdades regionales si no
se acompaña de mecanismos adecuados de redistribución y apoyo técnico.
Eficiencia y Transparencia en la Contratación Pública
La contratación pública, que incluye la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de entidades
gubernamentales, es una función esencial en la administración pública. Representa una porción
significativa del gasto público y, en muchos casos, está asociada con altos niveles de corrupción y
malversación de fondos (Bauhr et al., 2019). La eficiencia en la contratación pública no solo implica la
obtención de bienes y servicios al menor costo posible, sino también la transparencia y la rendición de
cuentas en los procesos de contratación.
Para mejorar la eficiencia y la transparencia en la contratación pública, muchos países han implementado
reformas legales y administrativas. Estas reformas buscan reducir la discrecionalidad en la toma de
decisiones y aumentar la supervisión y el control sobre los procesos de contratación. La introducción de
tecnologías modernas, como la contratación pública electrónica (e-Procurement), ha sido una de las
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estrategias clave para mejorar la transparencia y la eficiencia en este ámbito. La contratación electrónica
permite una mayor accesibilidad a la información, facilita la competencia entre proveedores y reduce
las oportunidades de corrupción (Djankov et al., 2016).
Corrupción en la Contratación Pública
La corrupción en la contratación pública es un fenómeno complejo que afecta la eficiencia y la equidad
en la distribución de recursos. Según Larrea (1998), la corrupción en Ecuador es un problema estructural
que permea el sistema político y económico, impactando negativamente los valores éticos y la
participación ciudadana. La corrupción se manifiesta en diversas formas, como el cohecho, el fraude y
el tráfico de influencias, y es impulsada por una gestión deficiente, la falta de transparencia y un sistema
de justicia cuestionado (Ecuador. Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control
Social, 2013).
La corrupción no solo implica un desvío de recursos públicos, sino que también socava la confianza de
los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. La percepción de corrupción puede desincentivar
la participación ciudadana y erosionar el tejido social, creando un ciclo de desconfianza y mal gobierno.
Diversos estudios han demostrado que la corrupción está asociada con menores niveles de inversión,
crecimiento económico y desarrollo humano (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2011). En el contexto de
la contratación pública, la corrupción puede resultar en la selección de proveedores ineficientes, el
aumento de los costos y la entrega de bienes y servicios de baja calidad.
Normativa de Contratación Pública en Ecuador.
En Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, promulgada en 2008, ha
introducido reformas significativas para mejorar la transparencia y eficiencia en la contratación pública.
Esta ley exige el uso del Sistema Oficial de Contratación Pública, que incorpora tecnologías modernas
para reducir la discrecionalidad y mejorar la rendición de cuentas (Ecuador. Pleno de la Asamblea
Nacional Constituyente, 2008). Además, el artículo 288 de la Constitución de 2008 establece principios
rigurosos de transparencia, calidad, eficiencia y responsabilidad ambiental en las compras públicas,
priorizando productos nacionales y pequeñas empresas (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008).
La normativa ecuatoriana busca no solo mejorar la eficiencia en la contratación pública, sino también
promover la equidad y la justicia social. Al priorizar productos nacionales y pequeñas empresas, la ley
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intenta fomentar el desarrollo económico local y apoyar a los sectores más vulnerables de la economía.
Asimismo, la incorporación de criterios de responsabilidad ambiental en la contratación pública refleja
un compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Estas reformas han sido
acompañadas de esfuerzos por capacitar a los funcionarios públicos y mejorar la supervisión y el control
sobre los procesos de contratación (Ecuador. Contraloría General del Estado, 2010).
Innovación y Tecnología en la Contratación Pública
La adopción de tecnologías emergentes es crucial para modernizar y mejorar los sistemas de
contratación pública. La contratación pública electrónica (e-Procurement) ha demostrado ser una
herramienta efectiva para aumentar la transparencia y reducir la corrupción. Según Yukins (2015), la
integración de tecnologías avanzadas permite a los gobiernos interactuar más eficientemente con los
proveedores y alcanzar sus objetivos de manera más flexible. Moreno (2015) destaca que la contratación
electrónica puede facilitar la competitividad y la eficiencia en los procesos de adquisición.
Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, tienen el potencial
de transformar radicalmente la contratación pública. Estas tecnologías pueden mejorar la toma de
decisiones al proporcionar información más precisa y oportuna, identificar patrones de riesgo y detectar
posibles irregularidades en tiempo real. Además, pueden aumentar la eficiencia operativa al automatizar
tareas repetitivas y reducir los errores humanos. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías
requiere una inversión significativa en infraestructura y capacitación, así como la adaptación de los
marcos legales y regulatorios existentes (European Commission, 2017).
Control Social y Participación Ciudadana
El control social y la participación ciudadana son componentes fundamentales para asegurar la
transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública. Rodríguez et al. (2018) argumentan
que la participación activa de los ciudadanos en la supervisión de los procesos de contratación puede
fomentar la equidad y la responsabilidad en la administración pública. La capacitación y educación de
los ciudadanos en sus derechos y en los códigos éticos de los servidores públicos son esenciales para
fortalecer el control social y promover una cultura de participación democrática.
El control social implica la capacidad de los ciudadanos para vigilar y evaluar las acciones del gobierno,
así como para exigir transparencia y responsabilidad. En el contexto de la contratación pública, esto
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puede incluir la supervisión de los procesos de licitación, la evaluación de los contratos adjudicados y
la verificación de la ejecución de los proyectos. La participación ciudadana también puede promover la
innovación y la mejora continua, ya que los ciudadanos pueden aportar ideas y soluciones basadas en
sus experiencias y conocimientos locales (Fung, 2015).
Desafíos Persistentes y Oportunidades de Mejora
A pesar de los avances en la normativa y la adopción de tecnologías, persisten desafíos significativos en
la lucha contra la corrupción y la mejora de la eficiencia en la contratación pública. La implementación
efectiva de los principios establecidos en la legislación requiere un esfuerzo continuo para superar las
barreras de unilateralidad y secretismo en la administración pública. La transparencia y la ética deben
estar integradas en todas las etapas del proceso de contratación para asegurar una verdadera rendición
de cuentas y mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Uno de los principales desafíos es la resistencia al cambio por parte de algunos funcionarios públicos y
actores del sector privado que se benefician del statu quo. La falta de recursos y capacidades técnicas
también puede limitar la implementación de reformas y tecnologías innovadoras. Además, la
variabilidad en la capacidad administrativa y la disponibilidad de recursos entre diferentes gobiernos
locales puede crear desigualdades en la calidad de la gobernanza y la prestación de servicios públicos
(World Bank, 2018).
Para superar estos desafíos, es necesario un enfoque integral que combine reformas legales, desarrollo
de capacidades y promoción de una cultura de integridad y transparencia. Esto incluye la capacitación
continua de los funcionarios públicos, la mejora de los sistemas de control y auditoría, y la creación de
incentivos para el buen desempeño. La cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos
locales, así como la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, también
pueden contribuir a fortalecer los sistemas de contratación pública (OECD, 2019).
Sostenibilidad en la Contratación Pública
La sostenibilidad es un aspecto cada vez más importante en la contratación pública. Las prácticas de
compras sostenibles priorizan productos y servicios con menores impactos ambientales, como
materiales reciclados y tecnologías energéticamente eficientes. La implementación de normativas y
políticas ambientales en las adquisiciones puede contribuir significativamente a la reducción de residuos
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y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la optimización de procesos logísticos y la
adquisición de tecnología eficiente son estrategias clave para promover la sostenibilidad en la
contratación pública.
La contratación pública sostenible no solo busca minimizar los impactos ambientales, sino también
maximizar los beneficios sociales y económicos. Esto incluye la promoción de condiciones laborales
justas, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la consideración de factores sociales en la
evaluación de las ofertas. La integración de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación
puede generar un efecto multiplicador, incentivando a los proveedores a adoptar prácticas más
sostenibles y contribuyendo al desarrollo de mercados más responsables y resilientes (UNEP, 2017).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La descentralización de la contratación pública tiene implicaciones significativas en la calidad de la
gobernanza. En el análisis de gobiernos locales en Europa, se incluyeron efectos fijos de período para
tener en cuenta los factores que varían en el tiempo y afectan a todos los países. No obstante, no se
incluyeron efectos fijos de país debido a la variación limitada dentro del país en comparación con la
varianza de la sección transversal. Por ejemplo, el indicador de gobernanza base mostró una media de
4.716 y una desviación estándar interna de 0.522, en contraste con una desviación interpaís de 2.548.
Las compras públicas de tecnología e innovación son esenciales en las políticas públicas del siglo XXI.
Yukins (2015) argumenta que es necesario evitar que proveedores con servicios más caros y
tecnológicamente avanzados se encuentren en desventaja frente a competidores más económicos.
Moreno (2015) señala que la interacción con los proveedores otorga a los órganos públicos mayor
flexibilidad para alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Los procedimientos especiales regulados
en la Directiva Europea sobre Contratación Pública comparten características similares y su
implementación puede beneficiarse de un mayor entendimiento y adaptación.
El análisis de la evolución de la contratación pública electrónica desde la era 3.0 hasta la 4.0 presenta
desafíos debido a la diferencia en la madurez de las tecnologías y la naturaleza de los datos recopilados.
La adopción de tecnologías emergentes en la contratación pública requiere nuevas habilidades, roles y
procesos. Es crucial que los gestores públicos sean informados sobre estas tecnologías y adapten su
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formación a estas capacidades. No obstante, es posible que un sistema de contratación pública 4.0 falle
en ciertas circunstancias, lo que resalta la necesidad de un enfoque cuidadoso y bien planificado.
En Ecuador, la corrupción en el sector público es un problema estructural que impacta tanto la economía
como los valores éticos de la sociedad. Larrea (1998) clasifica esta corrupción como profundamente
enraizada, afectando el sistema político y económico del país y deteriorando la participación ciudadana.
Este problema se manifiesta en actos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, impulsados por una
gestión deficiente y una falta de transparencia (Ecuador. Comité de Coordinación de la Función de
Transparencia y Control Social, 2013). Para combatir estos problemas, el control social y la participación
ciudadana son fundamentales.
Desde 2008, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha introducido tecnologías
modernas y exige el uso del Sistema Oficial de Contratación Pública para mejorar la transparencia y
prevenir la discrecionalidad. El artículo 288 de la Constitución de 2008 refuerza estos principios al
establecer criterios de transparencia, calidad, eficiencia y responsabilidad ambiental en las compras
públicas, priorizando productos nacionales y pequeñas empresas.
A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos en la lucha contra la corrupción y en la
efectividad del control social. Rodríguez et al. (2018) subrayan que la transparencia está estrechamente
relacionada con la ética y el fortalecimiento de las normas vigentes, buscando reducir prácticas ilícitas
y fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, el sistema de control social aún no garantiza la
sanción efectiva de los infractores, lo que destaca la necesidad de capacitar a los ciudadanos en sus
derechos y en los códigos éticos de los servidores públicos para lograr una verdadera democracia.
El fomento de prácticas de compras públicas sostenibles es crucial para reducir los impactos ambientales
negativos. Esto incluye la preferencia por proveedores que ofrezcan productos y servicios ecológicos,
la implementación de normativas y políticas ambientales en las adquisiciones, la optimización de
procesos logísticos y la adquisición de tecnologías energéticamente eficientes. La adopción de estas
prácticas puede contribuir significativamente a la sostenibilidad ambiental y a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
pág. 8844
CONCLUSIONES
La corrupción en Ecuador representa un problema estructural que permea tanto el sistema político como
el económico del país. Según Larrea (1998), este fenómeno afecta profundamente los valores éticos y
la participación ciudadana, sugiriendo una arraigada presencia que trasciende gobiernos y partidos
específicos. Las manifestaciones de la corrupción se evidencian en actos como el cohecho, el fraude y
el tráfico de influencias. Estos actos son fomentados por una gestión inadecuada, una falta de
transparencia y un sistema de justicia cuestionado (Ecuador. Comité de Coordinación de la Función de
Transparencia y Control Social, 2013). La atención urgente a estos problemas y la implementación de
medidas efectivas son imprescindibles para mejorar la transparencia y la responsabilidad en la
administración pública.
Desde la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 2008, se
han realizado avances significativos en la transparencia del proceso de contratación pública en Ecuador.
La introducción de tecnologías modernas y el uso obligatorio del Sistema Oficial de Contratación
Pública buscan reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia (Ecuador. Pleno de la Asamblea
Nacional Constituyente, 2008). Estas reformas han enfatizado la importancia de socializar el perfil del
contratante. El control social y la participación ciudadana son pilares fundamentales para fiscalizar la
contratación pública, promoviendo la responsabilidad y la equidad en la administración. La capacidad
de intervención y supervisión por parte de los ciudadanos es crucial para asegurar la transparencia y
prevenir la corrupción (Rodríguez et al., 2018).
A pesar de los progresos alcanzados, persisten desafíos significativos en la lucha contra la corrupción y
en la efectividad del control social. El artículo 288 de la Constitución de 2008 establece criterios
rigurosos para la transparencia y la calidad en las compras públicas. Sin embargo, es necesario fortalecer
la implementación de estos criterios y mejorar el sistema de control social para garantizar una
democracia efectiva. Finalmente, la capacitación y educación de los ciudadanos en sus derechos y en
los códigos éticos de los servidores públicos es esencial para fomentar una cultura de participación
activa. Superar las barreras de unilateralidad y secretismo en la administración pública es fundamental
para alcanzar una verdadera democracia.
pág. 8845
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arrowsmith, S. (2011). Public procurement regulation: An introduction. University of Nottingham
Press.
Bauhr, M., Czibik, Á., & Fazekas, M. (2019). Curbing corruption in public procurement: evidence from
Swedish municipalities. Public Administration, 97(1), 165-181.
https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1729749
Bennington, J., & Moore, M. H. (2011). Public value: Theory and practice. Palgrave Macmillan.
Colombia Compra Eficiente. (2013). Manual para la detección y atención del riesgo en los
procedimientos de contratación. CCE.
Comisión Europea. (2006). Pre-commercial procurement: Driving innovation to ensure sustainable high
quality public services in Europe. European Commission.
Comisión Europea. (2007). Guide on dealing with innovative solutions in public procurement: 10
elements of good practice. European Commission.
CONPES. (2011). Política de eficiencia en la gestión pública: Documento CONPES 3673. Consejo
Nacional de Política Económica y Social.
Contraloría General de la República. (2016). Informe de auditoría de gestión a la contratación pública.
Contraloría General de la República.
Djankov, S., La Porta, R., López-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2016). The regulation of entry. Quarterly
Journal of Economics, 117(1), 1-37.
Edquist, C., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2012). Public procurement for innovation as mission-
oriented innovation policy. Research Policy, 41(10), 1757-1769.
Gavras, P., et al. (2010). Measuring innovation in the public sector. Research Evaluation, 19(2), 107-
115.
Hommen, L., & Rolfstam, M. (2009). Public procurement and innovation: Towards a taxonomy. Journal
of Public Procurement, 9(1), 17-56.
Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). Creating public value: An analytical framework for public
service reform. Strategy Unit, Cabinet Office.
pág. 8846
Kunzlik, P. (2013). The role of public procurement in the fight against climate change. Edward Elgar
Publishing.
Kyriacou, A. P. (2013). Fiscal decentralization and government quality in the OECD. European Journal
of Political Economy, 31, 232-247.
Kyriacou, A. P., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2017). Fiscal decentralization and regional
disparities: The importance of good governance. Papers in Regional Science, 96(2), 265-279.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1999). The quality of government.
Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), 222-279.
López Hernández, A. M., & Martínez Montes, G. (2019). Gestión de riesgos en la contratación pública.
Editorial Síntesis.
Martínez-Vázquez, J., Lago Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A
survey. Journal of Economic Surveys, 31(4), 1095-1129.
Mulgan, G. (2003). The process of social innovation. Innovations: Technology, Governance,
Globalization, 1(2), 145-162.
Pedreño, J. (2017). La economía solidaria y su impacto en el desarrollo local. Revista de Economía
Solidaria, 5(2), 32-48.
Sánchez, R., & Lasagna, F. (2013). Las restricciones legales en la innovación pública. Revista Chilena
de Derecho y Tecnología, 5(2), 95-113. https://www.scielo.cl/pdf/rchdt/v5n2/0719-2584-rchdt-
5-02-00095.pdf
Woolcock, M. (2013). Using case studies to explore the external validity of ‘complex’ development
interventions. Evaluation, 19(3), 229-248.
