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segmentos que controlan los medios de producción en modelos económicos desequilibrantes, dejando
por fuera de las políticas públicas a los obreros agropecuarios. Aguilar & Colín (2022) también acusan
a las autoridades de mantenerse ajenas a la problemática y no involucrarse en los intereses de los
jornaleros.
Flores (2021), además de señalar la desvalorización de los trabajadores agrícolas en México, identifica
los riesgos en la salud a los que son expuestos, si bien las medidas preventivas están normadas y valoran
la importancia de los trabajadores, aun en épocas de crisis como la pandemia de COVID-19 se vuelven
reacios a reconocer sus derechos; las autoridades se vuelven ciegas, se abstienen de ejercer control
estricto frene la vulneración infringida por patronos que no aceptan entregarles contratos laborales por
escrito. Garciamarín & Flores (2021) revalidan el hecho, identifican que la mayoría de los aspectos que
atentan a la salud y la integridad de los trabajadores ya están previstos en la ley, el problema es que los
empleadores se niegan a acatar la ley y las autoridades se inhiben de supervisarlos.
Efectivamente, la precariedad salarial repercute en las deficiencias de la seguridad social, el déficit de
bienestar colectivo, educación, salud, higiene y estabilidad, lo que demuestra la obsolescencia de los
preceptos laborales (Ortega et al., 2009). Barreno et al. (2018), analizan la situación de la precariedad
en Ecuador, coinciden que esta dimensión de la explotación se hace extensiva en la pobreza,
precisamente por los bajos ingresos económicos que perciben las personas que venden su fuerza de
trabajo en calidad de asalariados y que al carecer de opciones, se ven obligados a insistir en la venta de
su fuerza laboral. Los trabajadores saben que se exponen a ser explotados, empero la necesidad de llevar
alimentos hasta la mesa de sus hogares es más fuerte (Puello et al., 2012).
A la investigación de Barreno et al, se suma el estudio realizado por Vitali (2017) en el sector bananero
de Ecuador, las aseveraciones desnudan la realidad, concluyen que a los trabajadores no se les hace
firmar un contrato laboral que les garantice estabilidad, el interés socavado es evadir responsabilidades
laborales con los trabajadores, consecuentemente se les niega el acceso a servicios de seguridad social,
créditos hipotecarios, entre otros; prevalece la tercerización, salarios por debajo del mínimo establecido,
pago a destajo, polivalencia de tareas, flexibilidad de la jornada de trabajo, horarios que superan las 12
horas, repercusiones en la salud, estrés laboral, desgaste físico y fatigas patológicas, sin medidas
compensatoria para mitigar las afectaciones. Evidentemente, se mantienen y/o aparecen nuevas formas