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Se requieren sistemas educativos que promuevan la igualdad de género en todos los
aspectos de la impartición de la educación, desde los planes y las políticas nacionales hasta
la contratación y formación de los docentes, currículos, libros de texto y materiales
didácticos, y el entorno de aprendizaje (UNESCO, 2020, p. 201).
Las propuestas de las políticas educativas cuyo propósito se enmarque dentro de la visión de género,
requiere tener en consideración para todas las dimensiones de la gestión educativa las distintas formas
de manifestación de la desigualdad de género, que como apuntan Tornay et al. (2024) no solamente se
refiere a la violencia directa o física (incluida la violencia sexual) sino muy especialmente, la violencia
cultural y simbólica que se oculta en la masa de inmensas cantidades de información a la que tienen
acceso los estudiantes en la educación multimodal que cada vez más prioriza el empleo de las
tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje;
estas políticas educativas deben velar por la incorporación de novedosos enfoques que
reconceptualizan y cambian la visión estructural de la sociedad desigual, del machismo,
del sexismo y del patriarcado, en los aspectos cognitivamente más profundos, asociados al
aspecto interseccional de la violencia. Recomendaciones que deben hacerse a cada uno de
los agentes de este sistema, que intervienen desde planos personales, institucionales,
mediáticos, económicos o culturales de todo tipo (Tornay et al., 2024, p. 57).
UNESCO (2020) propone tres estrategias a incorporar en políticas educativas para minimizar la
desigualdad de género, la primera corresponde al acceso, incluyendo una representación igual de niños
y niñas, hombres y mujeres, a todos los niveles y en las distintas dimensiones de la educación (descritas
en la tabla 1). La segunda estrategia conlleva la experiencia de aprendizaje, mediante la incorporación
de contenidos, procesos y entornos de enseñanza y aprendizaje transformadores en lo concerniente al
género, y políticas, planes y recursos que promuevan la igualdad; y finalmente, los resultados
educativos, incluyendo los beneficios sociales más amplios resultantes de la educación, como la
participación en la vida pública y la toma de decisiones, el acceso a recursos y trabajo decente, y la
autonomía.
En atención a la primera estrategia, el mencionado Acuerdo “Cero acoso y violencia en las IES”
promovido por el CES, suscrito por un significativo número de IES ecuatorianas, es un claro ejemplo