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de manera evidente, dicha condición; ya que usualmente se “concibe de manera social” a las Personas
con Discapacidad como infantiles, sucios, flojos, poco inteligentes, irresponsables y enfermos (Alfaro-
Rojas, 2013; Polo-Sánchez & Aparicio-Puerta, 2018 y Echeverría-Echeverría & Flores-Galaz, 2018).
De manera contrastante, Booth y Ainscow (2015) señalan que la Inclusión Educativa podría contribuir
a la eliminación de las Barreras para el Aprendizaje y Participación (BAPs) que experimentan las
Personas con Discapacidad, de las que forman parte las actitudes que las personas convencionales tienen
con respecto a las Personas con Discapacidad o con BAPs, de acuerdo con la concepción del los autores;
considerando que, la mayoría de éstas se encuentran en contextos de Educación Formal, lo que implica
que los distintos actores de la comunidad educativas lleven a cabo las medidas pertinentes para
garantizar el acceso al aprendizaje de los discentes con BAPs, partiendo de las necesidades particulares
de cada uno de estos (Organización para la Ciencia y la Cultura [UNESCO, 2020] y Robles-Ramírez,
2021).
Por lo tanto, los investigadores precisan que a través de la Educación Inclusiva es posible garantizar el
acceso, mejora de las actitudes y atención a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo,
derivando en acciones de sensibilización entre los coetáneos, capacitaciones a los docentes,
flexibilizaciones curriculares y aplicando ajustes razonables en las actividades que representan una
barrera para el aprendizaje (Booth & Ainscow, 2015; Bonilla, 2019 y UNESCO, 2020).
Desde la Educación Inclusiva se postula que el aprendizaje y la transmisión de los contenidos temáticos
sean accesibles para la diversidad de los estudiantes y sus necesidades, lo que presupone una pedagogía
flexible, de calidad y comprometida con el aprendizaje en la diversidad estudiantil en la que se reduzca
el fracaso educativo de las Personas con Discapacidad (Aguirre-Bravo, González-Hernández, Suárez-
Flores y Espinosa González, 2023).
Al respecto, Booth & Ainscow (2002) elaboraron el Índice de Inclusión, una guía metodológica que
permite la implementación y puesta en marcha de acciones para garantizar la incorporación de todas las
personas, sin importar su condición de discapacidad. Las acciones propuestas en el Índice de Inclusión
se orientan en tres categorías: culturas, políticas y prácticas mediante las cuales se pretende involucrar
a todas las personas que integran una comunidad educativa (Booth & Ainscow, 2015), respecto a
cambios estructurales y actitudinales con relación a la población con alguna condición de discapacidad.