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En consecuencia, resulta crucial abordar las deficiencias identificadas en la aplicación de las medidas
de salvaguarda económica contempladas en la normativa, con el fin de garantizar que estas no solo
existan en el papel, sino que también se traduzcan en resultados tangibles para las personas afectadas,
resultados que se pueden materializar con la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley que
es la base para cerrar brechas y fortalecer el sistema de protección a la mujer y los integrantes del grupo
familiar.
El fundamento jurídico está establecido en la Constitución Política del Perú (1993) según el artículo 2
de los derechos fundamentales de la persona, inciso1, los derechos de la persona involucran el
aseguramiento de la vida su identidad, integridad psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
Derechos de las mujeres que contempla la Ley 30364
La Ley 30364, establece la protección de los derechos que tiene la mujer de manera exclusiva, los cuales
estan considerados en los artículos siguientes:
Art. 9 Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen pleno derecho a la no violencia, a ser
valorados y educados, a no ser discriminados, ni estigmatizados y de seguir patrones de prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad.
Art. 10 Derecho a la asistencia y protección integral, que exige a las entidades públicas, destinar parte
de sus recursos, recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales, para la protección y
restablecimiento de sus derechos.
Art.11 Derechos laborales, cuando la mujer esté siendo víctima de agravios, la legislación protege sus
derechos laborales, evitando descuentos por inasistencia o despido de su centro de labores, en
situaciones que este ejerciendo su derecho a la defensa.
Art.12 Derecho en el campo de la educación, esta ley permite que la justificación de tardanzas o
inasistencias en tanto este ejerciendo su derecho a la educación, facilitando el cambio de horario en su
centro de estudios, solicita a la entidad educativa, adecue el servicio educativo a la disponibilidad sin
afectar la calidad educativa.
Es preciso indicar las responsabilidades de sector justicia que ordena la norma, entre las cuales está la
obligación de administrar justicia, respetando los derechos al debido proceso, la economía y celeridad
procesal en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y la gratuidad