NUEVAS ESTRATEGIAS Y FORMAS DE
FINANCIAMIENTO DE LOS GRUPOS
CONSIDERADOS COMO AMENAZA EN LA
FRONTERA ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
NEW STRATEGIES AND FORMS OF FINANCING FOR GROUPS
CONSIDERED A THREAT ON THE BORDER BETWEEN
ECUADOR AND COLOMBIA
Ricardo Leonel Revelo Suárez
Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador
pág. 4331
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13901
Nuevas Estrategias y Formas de Financiamiento de los Grupos
Considerados como Amenaza en la Frontera entre Ecuador y Colombia
Ricardo Leonel Revelo Suárez1
ricardorevelos3041@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-8545-5273
Instituto de Altos Estudios Nacionales
Ecuador
RESUMEN
El estudio investiga las nuevas estrategias y formas de financiamiento de los grupos considerados como
amenaza en la frontera entre Ecuador y Colombia. Para ello se toma como objetivo principal analizar
la minería ilegal en la frontera Norte como una nueva forma de financiación de grupos ilegales armados
y estructuras delictivas en reemplazo del narcotráfico. En la investigación se utiliza como metodología
el enfoque cualitativo a partir de la observación participante, fuentes bibliográficas y entrevistas
realizadas a pobladores de las zonas fronterizas y militares. Los principales resultados evidenciaron que
la minería ilegal es una nueva forma de financiación de los grupos disidentes de Colombia por las
facilidades que presenta, sin embargo, es un problema que abarca un conjunto de factores y
características socioeconómicas que amenaza a las poblaciones en la zona fronteriza; lo que sugiere la
necesidad de elaborar estrategias centradas en forjar una seguridad integral entre los dos países.
Palabras clave: frontera norte, seguridad integral, grupos armados ilegales, narcotráfico, minería ilegal
1
Autor principal
Correspondencia: ricardorevelos3041@gmail.com
pág. 4332
New Strategies and Forms of Financing for Groups Considered a Threat on
the Border Between Ecuador and Colombia
ABSTRACT
The study investigates the new strategies and forms of financing of groups considered a threat on the
border between Ecuador and Colombia. To do so, the main objective is to analyze illegal mining on the
northern border as a new form of financing of illegal armed groups and criminal structures replacing
drug trafficking. The research uses a qualitative approach based on participant observation,
bibliographic sources and interviews with residents of border areas and the military. The main results
showed that illegal mining is a new form of financing for dissident groups in Colombia due to the ease
it presents; however, it is a problem that encompasses a set of factors and socioeconomic characteristics
that threaten populations in the border area; which suggests the need to develop strategies focused on
forging comprehensive security between the two countries.
Keywords: northern border, comprehensive security, illegal armed groups, drug trafficking, illegal
mining
Artículo recibido 08 agosto 2024
Aceptado para publicación: 15 septiembre 2024
pág. 4333
INTRODUCCIÓN
Según el informe para América Latina emitido por la organización no gubernamental International
Crisis Group (2017), desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se retiraron
de las áreas rurales para reunirse en campamentos a inicios de 2017, los grupos armados rivales se
apoderaron de su lugar liberando una batalla centrada en controlar las comunidades y territorios
aislados, gran parte de ellos, ricos en negocios ilícitos.
Para Ecuador, esta situación ha puesto en escena la problemática alrededor de nuevas estrategias
delictivas y formas de financiación que emplean grupos armados ilegales y estructuras delictivas que
se hallan en permanentes combates y disputas, por mantener el control y hegemonía criminal en la
frontera norte con Colombia; cuyo origen y consolidación tiene sus antecedentes con la firma del
acuerdo de paz celebrado el 26 de septiembre del 2016 entre el exmandatario de Colombia, Juan Manuel
Santos, y el ahora grupo disidente que se vio obligado a entregar todo su material bélico, sus nexos,
rutas y actividades de narcotráfico; así como desalojar los territorios inhóspitos, selváticos y fronterizos
donde ejecutaba sus operaciones.
Sin embargo, los diversos sucesos que se han generado a lo largo de la historia en la frontera norte con
Colombia, con el surgimiento de varios grupos guerrilleros que han ejercido actividades delictivas
plasmadas en el narcotráfico, sitios de ocultamiento y el aparecimiento de nuevas formas de delinquir
como la minería ilegal, entre otros; han develado que la seguridad externa se encuentra amenazada;
hecho que si no es corregido con profundidad puede agravar aún más la situación de las poblaciones
que están en estado de vulnerabilidad.
De tal modo que, el desarrollo de estas amenazas híbridas y difusas se encuentran aun ocupando en la
actualidad estos territorios pero ejerciendo otras acciones ilegales para continuar generando recursos
económicos. Esto hace suponer que persiste la disputa por el control y liderazgo entre grupos irregulares
entendiéndose que tras el proceso de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la
guerrilla de las FARC cambió el escenario con nuevas organizaciones, líderes y métodos pero sigue
latente y de manera más peligrosa la incursión de grupos ilegales en la frontera norte.
Así el interés de la investigación es otorgar una visión más profunda sobre el accionar de las nuevas
amenazas de Colombia materializadas en los nuevos grupos ilegales armados y estructuras delictivas
pág. 4334
en la zona fronteriza, frente a abusos y proliferación de más acciones ilegales conexas que han debilitado
los valores humanos y morales proyectándose también a resquebrajar las bases estructurales de los
Estados, con delitos que han marcado la calidad de vida de las poblaciones en la zona y las sociedades
a las que pertenecen; y que en la actualidad el tema reviste de gran relevancia y vigencia, por las
consecuentes afectaciones a las poblaciones en territorio con la vulneración de derechos, y la amenaza
a la seguridad de ambas naciones.
Relación entre Ecuador-Colombia
La zona fronteriza entre las poblaciones ecuatorianas y colombianas en su parte norte, tiene una división
de 586 km de longitud, en cuya extensión existen territorios selváticos como ríos de gran caudal que
permiten la navegación de embarcaciones medianas y la salida al Océano Pacífico, donde comparten
territorios en departamentos como Nariño y, parte de Putumayo de Colombia; además de las provincias
de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos de Ecuador (Montenegro, 2005). Además, Ecuador posee 11
cantones y Colombia 10 municipios entre sus límites fronterizos.
Ahora bien, los Departamentos de Nariño y Putumayo son considerados zonas de permanente violencia,
debido a la presencia de grupos y estructuras armadas colombianas dedicados a las actividades de
minería ilegal, narcotráfico y todos los delitos conexos al margen de la ley. Para Ecuador, esta situación
ha significado el abordaje de la problemática en función de tres aspectos: en primer lugar, cuidar su
frontera norte a fin de evitar las agresiones violentas provenientes de las FARC y de grupos
paramilitares. Le sigue, mantenerse al margen del conflicto colombiano ante la incapacidad estatal para
la inversión en recursos políticos y económicos en un problema que se considera es ajeno. Tercero,
adoptar políticas a largo plazo, en relación con la percepción de amenazas e intereses de seguridad
provenientes de contextos nacionales y no regionales. Sin embargo, las consecuencias para ambos
países han sido muy negativas con un alto número de refugiados como de desplazados, lo que para Brik
(2018) ha significado en la práctica una constante ausencia del Gobierno colombiano en la zona
fronteriza generando para Ecuador durante años una situación de intolerancia y de efectos de hacer caso
omiso de la presencia de los guerrilleros.
A pesar de aquello, en el proceso del fortalecimiento de relaciones entre las naciones ha existido un
intento constante por mantener conversaciones y coordinaciones oficiales como las denominadas
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“Reuniones de Mando Regionales de Frontera”, con la intención de evaluar y obtener conclusiones
favorables de la situación de seguridad en las zonas limítrofes develando que las relaciones bilaterales
a lo largo de la historia han estado en constante corrección política hacia su forjamiento enfocadas en
el bien común.
Así se ha entendido la necesidad de desarrollar acuerdos en función de tomar decisiones en la lucha
contra las organizaciones armadas ilegales a través del intercambio de información, experiencias,
vivencias para poder planificar y ejecutar operaciones militares y policiales conjuntas, de ser el caso;
donde estos encuentros han tenido la finalidad de estrechar vínculos entre las autoridades de ambos
países con el firme propósito de efectivizar la ofensiva contra la criminalidad en lugares de peligro (La
República, 2019).
Ahora bien, es importante resaltar que en lo relacionado con la seguridad en los Estados involucrados
en la problemática de los grupos armados y de violencia que se vive en la frontera Norte, no basta
únicamente con establecer y organizar reuniones entre representantes de las autoridades de Ecuador y
Colombia para intercambiar ideas que apuntalen a la ejecución de planes de militares y policiales
reactivos.
Para ello se necesita una mayor coordinación para analizar en un sentido más profundo el contexto que
están viviendo los países en sus fronteras, para generar planes que encierren una discrecionalidad directa
de combate a estas organizaciones desde su origen y sus principales fuentes de financiación. Quizá solo
ahí se podría comenzar a mermar el accionar delictivo y violento de grupos y estructuras armadas
colombianas.
Relación entre amenazas hibridas, mutantes y difusas de organizaciones armadas y delictivas con
la seguridad integral en el Ecuador
A decir de Bartolomé (2019), dentro del análisis de la seguridad internacional se ha abordado la cuestión
de la hibridación de los conflictos armados que han ocupado un lugar de importancia por los efectos
que esta situación provoca y que, en esencia, reflejan una especie de metamorfosis de la violencia que
ha interrumpido desde el 2006 el escenario internacional abriendo, incluso, espacio de debate; lo que
para el Ministerio de Defensa (2012) con el surgimiento de un nuevo tipo de conflicto que difiere de la
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guerra tradicional como de la guerra irregular, se daría como resultado el empleo en simultáneo de
ambas maneras de lucha.
Esto en efecto refleja que lo que se observa en los conflictos relacionados a la criminalidad organizada
son fruto de procedimientos y medios empleados que se muestran mucho más complejos, y se enmarcan
en la categoría de los llamados conflictos irregulares que los ubica dentro de una tipología para el
análisis de la seguridad internacional, donde los Estados dan espacio a un nuevo actor dentro del campo
de seguridad externa.
El problema de fondo de estas hibridaciones, en un nuevo escenario de conflicto, es que reflejan una
situación más preocupante por abordar por ser confusas y desconocidas lo que, en efecto, obliga a los
Estados a tomar nuevas estrategias que no se limiten a la simple vigilancia en frontera, sino a
actuaciones de control en las zonas fronterizas que no se muestren improvisadas. Para Marquez et al.
(2010), significa que la vigilancia y control deben ser regulados, permanentes, deben obedecer a una
planificación racionalizada; y no puede ser vista como una tarea de una de las partes, sino como efecto
de acción armonizada sustentada en la cooperación mutua y con apoyo de los Estados colindantes.
A razón de aquello, el Estado ecuatoriano ha implementado una serie de medidas. Esto en vista de los
hechos violentos suscitados en la frontera norte a comienzos de 2018, ejecutados por grupos
pertenecientes a la delincuencia organizada provenientes especialmente de las FARC, donde ha
generado problemáticas de seguridad como narcotráfico, secuestros, explotación de personas,
corrupción y delincuencia llevando a desintegrar la sociedad y a afectar la confianza en las autoridades.
Esta situación, incluso, devela que el desplazamiento interno es más que una salida esporádica del
Ecuador, sino que se extiende como un proceso progresivo de expulsión de ecuatorianos en lugares
clave de la zona fronteriza de este país (Carrión y Llugsha, 2013), y que en la actualidad se agrava aún
más con el aparecimiento de nuevas estrategias y formas de financiamiento de los grupos armados
irregulares como la minería ilegal que pone en riesgo nuevamente a las poblaciones. Esto ha obligado
al Estado ecuatoriano a replantear sus estrategias conforme un plan fortalecido de seguridad integral
que determina fortalecer al Estado a nivel nacional, pero esencialmente en las fronteras y lugares de
mayor peligrosidad para las poblaciones (SENPLADES, 2019), y que incluyan acciones como mejorar
y ampliar programas que involucren la satisfacción de necesidades básicas, modernizar sistemas de
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vigilancia, control y respuesta como el fortalecimiento de programas en tema de atención humanitaria,
entre otros.
La minería ilegal: antecedentes
Tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, si bien es cierto
se inició un proceso de desarme y normalización de grupos armados irregulares, también dio paso a una
nueva etapa de conflicto armado. Así lo refiere la Defensoría del Pueblo de Colombia (2018), entidad
para la que esta situación ha adquirido relevancia por efecto de la proliferación de economías ilegales
como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal no tradicional llevando a desencadenar procesos
de victimización que se han intensificado tras el acuerdo. Anclado a ello, hechos y características que
se mezclan entre con incursión de grupos ilegales armados, estructuras delincuenciales, leyes
interpretativas con vacíos legales, motivaciones económicas similares y, en algunos casos, ingresos
superiores a los que genera el narcotráfico donde la minería ilegal ha ido ganando cada vez más terreno.
Al respecto, se debe considerar como un hecho confirmado que esta acción ilegal se encuentra manejada
por grupos armados vinculados a la delincuencia organizada presentando particularidades específicas
de carácter nacional y, en la gran mayoría, peculiaridades comunes fronterizas representando una seria
amenaza quizá de proporciones superiores a las del narcotráfico; por lo que, para la Procuraduría
General de La Nación (2011); se trata de un hecho que para la Organización de las Naciones Unidas,
entorpece el control y la administración del recurso estatal, lo que desde esta perspectiva genera altos
costos sociales afectando fuentes de empleo, ingresos tributarios y menoscabando la oferta ambiental,
punto clave de la subsistencia de las comunidades. Añadido al hecho que genera vulneración de
derechos y libertades fundamentales a las poblaciones fronterizas, al imponer la violencia que afecta
directamente a las bases estructurales donde se asientan.
Ahora bien, en tema jurídico la minería ilegal puede contextualizarse bajo dos escenarios. El primero
al ser interpretado como un acto que amerita solo una infracción de tipo económico o no ser tan rigurosa
en la aplicación de la ley, y el segundo la concepción jurídica de la minería al margen de la ley con
agravios más profundos, donde se visualice la consecución de varios delitos conexos.
Para Madrigal (2019), en ambos casos las sanciones tendrían que ser más drásticas, sin embargo, existen
vacíos legales que las autoridades competentes deben ir corrigiendo para evitar mayor persistencia en
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la gran variedad de denominaciones que frenan diferenciar el accionar de actores criminales en las
comunidades como víctimas dentro de la cadena de valor de la economía considerada ilegal.
Así se hace importante resaltar que las actividades del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
exteriores están dirigidas, entre otros puntos, a confrontar integralmente, de forma cooperativa y
coordinada la minería ilegal y actividades relacionadas que afectan a la seguridad, los recursos
naturales, la economía, la salud humana y el medio ambiente (Consejo Andino de Ministros De
Relaciones Exteriores, 2012); lo que sugiere indispensable implementar en la legislación de los Estados
involucrados en esta amenaza, un concepto claro de la minería en el tema delincuencial que abarque las
consecuencias sociales, económicas y naturales que pueden alcanzar.
Además, es importante un criterio jurídico bien definido que evite interpretaciones por parte de los
delincuentes y que no sea perjudicial para los organismos que tienen que administrar justicia y los que
tienen que hacer respetar la ley. Esto con el firme propósito de generar acciones efectivas articulando
las competencias para tal efecto en el ámbito del sistema judicial, y operativamente con los organismos
militares y policiales.
Escenarios donde se genera la minería ilegal y sus posibles causas
Los escenarios en los que actualmente se está desarrollando la minería ilegal entre Ecuador y Colombia,
si bien es cierto están claramente definidos en la frontera que ambos países comparten; esta actividad
no solo se ha centrado en este espacio, en tanto la actividad ilícita ha llegado a poblaciones céntricas de
los países en cuestión pese a que se han ejecutado varias operaciones militares y policiales conjuntas en
los sectores de mayor incidencia y proliferación en Ecuador, con desalojos de un gran número de
personas en las zonas.
El caso más claro es el de la población de Buenos Aires perteneciente al cantón Urcuquí de la provincia
de Imbabura, sector en el que existe poca presencia policial, y en el que en los últimos tiempos ha visto
una gran actividad minera que devela no solo devastación ambiental, sino que también se ha convertido
“en la puerta abierta para mafias, prostitución y muerte” (ARCOM, 2019, p. 16).
Otro de los escenarios donde se ha asentado esta actividad ilegal con controles mínimos son el
denominado Alto Tambo y San Lorenzo, ubicados en la provincia de Esmeraldas; puntos que por su
extensión territorial y su vegetación selvática son de difícil acceso pero que, de igual forma, no ha
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impedido que se siga realizando esta actividad ilícita que incluso se ha vuelto regional, como lo afirma
la investigación realizada por la organización Insight Crime que afirma que son cinco los países que
están dando dinamismo a la minaría ilegal de manera acelerada, es decir, Brasil, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela que comparten su frontera, y que tienen como factor en común las organizaciones
delincuenciales y estructuras armadas que son las que controlan esta actividad (Bargent y Rainsford,
2020).
Lo expuesto refleja un escenario claramente definido para la dinámica criminal que ilustra la misma
predisposición y consideración focalizando en que la minería ilegal es en la economía criminal, una de
las actividades de más rápido crecimiento en lugares donde existe yacimiento de oro para poder
explotarlos, siendo Colombia el país que se halla en el centro de la producción minera ilegal en cuanto
a Sudamérica.
Cabe señalar que Colombia cuenta, a su vez, con elementos pertenecientes a organizaciones armadas y
estructuras delictivas que ejercen el control en la mayoría de sus fronteras, lo que hace presumir que
existe un monopolio delictivo del oro y que su venta está direccionada, en su mayoría, hacia países
como Estados Unidos y de Europa.
El narcotráfico en Ecuador
La problemática del narcotráfico en Ecuador ha significado desde décadas pasadas una situación que
con el tiempo se ha ido agudizando. Todo inició con el paso de la materia prima que necesitaban los
carteles de Colombia para completar su cargamento de clorhidrato de cocaína, es decir, la pasta base de
cocaína, la misma que provenía desde el Perú, principalmente del Valle del Río Apurimac Ene (VRAE),
uno de los centros más importantes de producción de cocaína en este país; donde el territorio
ecuatoriano servía de corredor de movilidad para conectar estas negociaciones entre Colombia y Perú.
A su vez, la nación ecuatoriana se encargaba de obtener, negociar y suministrar el conjunto de
precursores químicos que se necesitan para el procesamiento de las substancias psicotrópicas. Sin
embargo, esta situación cambio para el país cuando por temas de orden político y económico se vio
obligado a entrar en un proceso de dolarización; circunstancia que a decir de Bagley (2015), ha sido
una de las causas del lavado de dinero desde distintas modalidades, pero también claras implicaciones
negativas para el país, donde pese a que Ecuador solo es partícipe de procesos productivos de coca, el
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dinero que ingresa no debe ser parte como beneficio neto, en tanto, pese a que no se generan gastos
elevados de refinación y de producción, gran parte de los recursos transitan hacia el sistema financiero
internacional por medio de procedimientos que le hacen indetectable.
Esta situación, sin embargo, ha favorecido hasta la actualidad para las negociaciones del narcotráfico y
sus siguientes etapas, con una moneda fuerte y versátil como es el dólar americano en un país que para
esas fechas mantenía una imagen ingenua, con relación al conocimiento del narcotráfico y sus
complicaciones con graves vulnerabilidades en el ámbito judicial.
Los carteles colombianos, mexicanos, las estructuras delincuenciales y grupos armados comenzaron así
a observar que Ecuador podría ser potencialmente estratégico para el acopio y salida al exterior de las
drogas producidas. Ante eso, empezaron a desarrollar rutas y corredores de movilidad para la vialidad
de este producto, situación que se mantiene hasta hoy.
Lo expuesto refleja que, desde hace algún tiempo atrás, el narcotráfico pasó de ser una actividad
delictiva más para convertirse en una amenaza real para el Ecuador atentando contra la paz, democracia,
medio ambiente e incrementando los índices de violencia en sus fronteras. Esto debido al
desbordamiento del control de esta amenaza en países como Colombia y Perú, donde los grupos
armados así como las estructuras delictivas han visto al Ecuador como un sitio estratégico para el flujo
y vialidad de la droga, lo que para Herrera (2018), demuestra que el país es atractivo para las redes del
narcotráfico donde lo utilizan por su infraestructura, excelentes condiciones portuarias y buenas vías
convirtiéndolo en una zona temporal de almacenamiento y distribución de los alcaloides para el exterior,
ya que presenta vulnerabilidades muy notorias que han sido identificadas por estas organizaciones al
margen de la ley, como la corrupción en algunos estamentos y niveles estatales, la cantidad de rutas y
vías para el desplazamiento de la droga y los precursores para su elaboración y una moneda sólida como
es el dólar: una moneda versátil a nivel mundial que facilitaría el comercio de los estupefacientes.
Sin embargo, se debe considerar que el país presenta algunas posibles ventajas frente a esta amenaza,
en tanto al constituirse como un país pequeño y compacto, de alguna forma, podría ser más controlable.
Como resultado de esto, podría atribuirse la ausencia de sembríos y plantaciones de hoja de coca como
así lo afirma Espinosa (2006) para quien la ausencia virtual de cultivos de coca libra al país de la
violencia colectiva masiva y de las presiones políticas, aunque el tránsito por el país es altamente grave;
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por lo que con ello no se presenta una asidua violencia por el control y seguridad de estos cultivos, lo
que quiere decir la no presencia permanente de estos grupos armados.
Frente a estas observaciones se hace prudente analizar la gravedad de la amenaza en un contexto general
de país y no solo de fronteras y, con ello, las pautas para la formulación de políticas de Estado óptimas
y eficientes para combatir al narcotráfico, sin olvidar que existen varios acuerdos internacionales que
hacen referencia al combate de esta amenaza impartiendo políticas internacionales estrictas, en cuanto
a la colaboración y entrega de recursos para la lucha antidrogas.
El narcotráfico, sin lugar a dudas, ha trastocado todas las esferas y bases de los Estados, en especial de
aquellos que se encuentran próximos o cerca de esta ilegal actividad haciéndose cada vez más difícil
controlarla desde su confección pasando por su procesamiento hasta llegar a la venta y distribución; por
lo que motiva a que cada vez sean más las organizaciones de carácter insurgente o criminal que se
dedican a cuidar el negocio del narcotráfico, a través del ejercicio de la violencia desmedida con
todos totalmente heterodoxos.
En función de lo expuesto en la parte introductoria, se plantea como pregunta de investigación ¿las
nuevas amenazas representadas en grupos ilegales armados y estructuras delictivas emplean distintas
características y recursos del Ecuador y Colombia para generar patrimonios financieros ilegales, en
reemplazo del narcotráfico?. El objetivo principal, analizar la minería ilegal como una nueva forma de
financiación de los grupos armados ilegales y estructuras delictivas, en reemplazo del narcotráfico. Los
objetivos específicos: determinar la dinámica organizativa, estructural y evolutiva de las actividades
delictivas con las que actúan los grupos ilegales armados de Colombia, identificar los nuevos métodos
del accionar y financiamiento de grupos considerados amenaza en la frontera entre Ecuador y Colombia
y fundamentar la relación entre amenazas híbridas, mutantes y difusas de organizaciones armadas y
delictivas con la seguridad integral en el Ecuador.
METODOLOGÍA
La investigación trabaja sobre el enfoque cualitativo, el mismo que a decir de Hernández (2018) otorga
profundidad a los datos basados en la riqueza interpretativa, contextualización del entorno y
experiencias únicas de las fuentes, cuyo sesgo indagativo otorga naturalidad, frescura y flexibilidad de
los distintos fenómenos. Para el efecto, se ha usado la investigación documental o bibliográfica desde
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el aporte de teóricos entendidos en el tema evidenciados en artículos académicos, textos, tesis de cuarto
nivel, entre otros; los mismos que le han otorgado al trabajo un carácter académico. Pero, además,
documentos de carácter confidencial proporcionado por elementos militares, lo que ha permitido
introducirse en la temática con mayor profundidad.
De igual modo, se ha utilizado la observación participante que como método de recolección de
información se ha usado «como una forma de incrementar la validez del estudio, como observaciones
que puedan ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el fenómeno en
estudio» (Kawulich, 2005, p. 4); método que ha permitido abordar la realidad verificando aspectos
donde muchos de los testimonios no son fuentes suficientes para sustentar, especialmente porque el
tema de la minería ilegal es una situación compleja de evidenciar.
Así la investigación en su fase inicial, concentró el interés de reunir todo aquel dato o información que
sustentara la minería ilegal como una nueva forma del accionar y financiamiento de grupos irregulares,
lo que a nivel metodológico significó la dificultad de obtener fuentes clave para su desarrollo. No
obstante, durante el proceso se pudo recolectar información valiosa que permitiera en lo posterior llegar
a conclusiones lo suficientemente precisas, sin caer en exageraciones o en datos irrelevantes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro del presente apartado se exponen los principales resultados obtenidos tanto en la investigación
documental como en la observación participante. A continuación, se detalla:
Resultados investigación documental
a) Estructuras y grupos armados que mantienen control de la minería ilegal y narcotráfico en la
frontera norte entre Ecuador y Colombia
Tabla 1 Estructuras y grupos armados con control de la minería ilegal y narcotráfico en la frontera norte
Autor
Principales resultados
Trejos (2021)
Los grupos delictivos colombianos ya no tienen un objetivo ideológico en el contexto
de su lucha armada.
Buscan el control total de los ilícitos del narcotráfico y la minería ilegal en cada uno de
los eslabones de la cadena delincuencia.
Las guerrillas nacieron en contextos de injusticia y violencia.
Se benefician más de la guerra que de la paz.
pág. 4343
Yaffe (2019)
El origen de los conflictos violentos se encuentra en resentimientos provocados por la
mala administración de recursos, la riqueza mal distribuida y las políticas
gubernamentales que no benefician a la mayoría de las riquezas.
Ayama (2018)
La presencia militar ecuatoriana en la frontera norte no ha evitado la participación de la
población ecuatoriana fronteriza en actividades relacionadas al tráfico ilícito de droga.
Elaboración propia
b) Minería ilegal, una nueva forma de financiación de las estructuras y grupos armados ilegales
Tabla 2 Minería ilegal y formas de financiación
Autor
Principales resultados
Muñoz (2018)
Las actividades mineras ilegales, especialmente extracción ilícita de oro, arenas
negras, coltán y tierras raras, se han convertido en fuente muy atractiva de
financiamiento para las organizaciones armadas ilegales.
IPBES (2019
Los recaudos ilegales son devastadores para el medio ambiente.
Afectan manera directa o indirecta la disponibilidad hídrica para el consumo de
personas y comunidades aledañas a los proyectos, o para el uso de actividades
económicas ganaderas y agrícolas.
Massé y Camargo
(2012)
Las grandes empresas que cuentan con concesiones del Estado en zonas mineras, son
también víctimas de altos cobros de dinero para evitar que su infraestructura, equipo
y personal sufran atentados.
Cada empresa se convierte en un blanco más atractivo para la extorsión.
Restrepo et al.
(2017)
La minería ilegal, especialmente la explotación de oro, es fuente de financiación por
los costos altos del precio del oro dentro del mercado internacional.
Los delitos por minería ilegal, a diferencia de los relacionados con el narcotráfico, no
son castigados de manera severa por la ley colombiana, incluso en algunos casos son
excarcelables.
Elaboración propia
c) Justificaciones de la importancia de la minería ilegal frente al narcotráfico para los grupos
armados ilegales y estructuras delictivas
pág. 4344
Tabla 3 Justificación de la importancia de la minería ilegal ante el narcotráfico
Elaboración propia
Observación participante
d) Procedimientos y estrategias de las estructuras y grupos armados que controlan la minería
ilegal en Ecuador y Colombia
Tabla 4 Procedimientos y estrategias de las estructuras y grupos armados que controlan la minería ilegal
Subtema
Principales hallazgos
Modus operandi y
elementos esenciales
de una organización
armada o estructura
delincuencial
En poblaciones de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas:
Objetivo central, el desarrollo de la actividad de minería ilegal.
Actividades
Dinamizar la minería ilegal
Supervisión y control del accionar del personal que labora en las
excavaciones, procesamientos y demás actividades propias de la
minería.
Administran grandes cantidades de dinero para el alquiler de vehículos,
maquinaria, compra de insumos y precursores para el procesamiento del
material aurífero.
Pago de servicios como la comida, bebidas, servicios sexuales; y
Pago o nómina de los trabajadores.
Autor
Principales resultados
International Crisis
Group (2023)
El 60% o 70% del ingreso financiero de la organización terrorista, depende
trimestralmente de la minería ilegal de países como Venezuela, Ecuador y
Colombia.
Insight Crime (2023)
La complicación de la exportación ilegal de cocaína hacia uno de sus importantes
consumidores, los EE.UU.
Valencia (2020)
El acuerdo de paz firmado entre el ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC:
al no contar ya con un representante que era las FARC, comenzaron a unirse a otras
organizaciones y con ellos sumarse a las actividades mineras ilegales; esto como
respuesta a la amenaza de quedarse sin fuentes de trabajo.
Oroprecios (2023)
Confeccionar un kilo de clorhidrato de cocaína pura para exportación de acuerdo
con valores referenciales costaría entre 6 y 8 millones de pesos; es decir, unos 1800
a 2000 dólares de acuerdo con el cambio de divisas, mientras que un kilo de oro, sus
precios referenciales por onza en Ecuador son de 1600 dólares es decir un kilo de
oro aproximadamente vale 52 mil dólares en Ecuador.
El Nuevo Herald
(2023)
El narcotráfico por lo contrario no cuenta con activo físico y legal que justifique la
existencia y flujo de dineros en los bancos o negocios.
pág. 4345
Regulaciones disciplinarias y de justicia hacia el personal para evitar
abusos, robos, asesinatos injustificados.
Niveles de seguridad
Primer anillo de seguridad
Encargados del cuidado de todo el campamento, instalación o área donde
se instala la minería ilegal.
son personas entrenadas con vastos conocimientos militares para entrar
en combates o enfrentamientos contra otras estructuras, grupos armados
o autoridades militares, policiales; los mismos que se ubican en sectores
estratégicos para cumplir con esta misión.
Anillo de seguridad externo e inteligencia:
Es uno de los más importantes.
es responsable de mezclarse con la población de las comunidades
cercanas a las zonas.
Su función principal es la de obtener información relacionada con los
controles que puedan ejercer estas autoridades.
Alertar.
Reclutamiento de informantes.
Anillo de apoyo y logístico:
Es el más importante dentro de la cadena de producción del oro.
Organizar la seguridad y tomar todos los recaudos pertinentes para
transportar el oro procesado a los sitios clandestinos de acopio y agilizar
el flujo permanente de abastecimientos alimentación, material y equipo,
combustibles, insumos químicos; entre otros.
Estructura de
elementos que
contiene una
organización ilegal
armada
Jefe de la organización:
Líder o cerebro de la organización hace figurar a otros miembros de su
organización como supuestos jefes para escudarse tras ellos.
No necesariamente están involucrados directamente con su organización
y sus actividades, pero sí mantienen el control total de lo que hacen.
Personas infiltradas:
En organismos claves del Estado como policías, militares, jueces,
fiscales, políticos; entre otros.
Personas reclutadas:
Sometidas a soborno. El efecto, vulnerar las estructuras estatales con
mayor dificultad para su desarticulación.
Acción delictiva:
Se debe contar con un conjunto de recursos humanos, materiales,
financieros y de experiencia delictiva para que sea viable la actividad
criminal.
Elaboración propia
pág. 4346
La problemática de la minería ilegal y el narcotráfico abarca otras situaciones negativas conexas a estas
actividades ilegales especialmente para las poblaciones fronterizas, donde los gobiernos tanto de
Ecuador como de Colombia no han actuado de manera profunda en estos sitios, lo que ha hecho que
grupos armados ilegales se aprovechen y saquen ventaja de esa vulnerabilidad a través de la violencia
y el terror estableciendo una hegemonía y autoridad con dictamen de leyes propias pero, a la par,
generando fuentes de trabajo para los pobladores de estos sectores desprotegidos.
Así, y una vez que estas organizaciones han conseguido deslindar al Estado en todo su contexto, las
organizaciones han potenciado su accionar delictivo y se han dedicado a sacarle el mayor provecho
económico y financiero posible llegando, incluso, a traspasar los límites fronterizos y apoderarse de
otras zonas en otros países.
En este punto sería iluso pensar que estas organizaciones alcanzaron tal poderío y dominio gracias solo
a sus propios esfuerzos sobrentendiéndose que no es así, ya que existe complicidad estatal generada por
corruptos infiltrados en ciertas carteras de Estado; vitales para desencadenar vialidad y dinamismo al
accionar delincuencial a gran escala haciendo mucho más difícil para las autoridades de control
desbaratar todo el aparataje delictivo, tanto en su accionar como en sus estructuras dejando a su paso
afectación para la sociedad como al medio ambiente, especialmente con nuevas formas de financiación
como la minería ilegal considerada como «el oro: la nueva cocaína» (La Semana, 2015).
A partir de lo expuesto surgen nuevas interrogantes respecto al tema. Por ejemplo, ¿cómo se está
combatiendo esta amenaza?, ¿se están cometiendo los mimos errores que se cometen en la lucha contra
el narcotráfico?, ¿es necesario imponer una lucha netamente militar y policial para erradicar o destruir
esta amenaza?, ¿es necesario que se preste más atención y presencia del Estado en las zonas dominadas
por los grupos ilegales armados y estructuras delincuenciales?; son preguntas que al momento están en
el limbo de la problemática y que solo los Estados de Ecuador y Colombia sabrán responder en el
trascurrir del tiempo que se reduce, en tanto las amenazas al momento están desbordadas no solo en los
países donde se originaron sino ya en un plano global.
CONCLUSIONES
La minería ilegal se ha convertido en una de esas formas de financiación y estrategias delictivas que
emplean grupos armados ilegales y estructuras delictivas, donde se entiende ejecutan nuevas dinámicas
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basadas en conflictos híbridos con características particulares basadas en métodos de financiación,
localización estratégica en Sudamérica, a fin de generar mayores ingresos de forma ilícita; de tal modo
que la dinámica organizativa, estructural y evolutiva de las actividades delictivas con las que actúan los
grupos ilegales armados de Colombia indica que está marcada por factores asociados a la disputa por
ocupar zonas estratégicas para llevar actividades económicas de carácter ilícito como el narcotráfico,
contrabando, extorsión, minería ilegal, entre otros; que lejos de plasmar en la práctica los ideales
iniciales de lucha social por alcanzar una sociedad más equitativa; hoy por hoy sus acciones se dirigen
a utilizar diferentes formas de financiamiento, del que aunque cada grupo o estructura presenta objetivos
distintos su procedimiento es similar imponiendo, en conjunto, una serie de acciones que violentan los
derechos de las poblaciones que se encuentran en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia.
Además, el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla en 2016 si bien es cierto, por un
lado, significó un importante avance luego de tantos intentos fallidos por alcanzar la paz abriendo un
espacio para fortalecer la democracia local como la participación ciudadana; por el otro, dio paso a la
conformación de nuevas estructuras delictivas como formas de financiamiento, del que a los Estados
involucrados en la frontera Norte les ha resultado una situación difícil de definir teniendo la necesidad
de reestructurar las estrategias para hacer frente a la forma de operar, como la magnitud y alcance
delictivo en las zonas donde operan; siendo las zonas más afectadas los departamentos de Putumayo,
Nariño que incluye el Municipio de Tumaco de lado colombiano, y del lado ecuatoriano las provincias
de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas.
De su lado, la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de Ecuador y Colombia convierte a
estos dos países propicios para la producción de alcaloides como para la explotación de yacimientos
naturales de oro en forma ilegal.
Se suma a esto el desarrollo de otros delitos conexos que buscan reforzar o robustecer los recursos
financieros que producen esas ilegales actividades y, al mismo tiempo, darles la viabilidad legal dentro
del ámbito financiero de los Estados utilizando el delito de lavado de activos a través de negocios y
entidades financieras corruptas.
Ahora, los nuevos métodos del accionar y financiamiento de grupos considerados amenaza en la
frontera entre Ecuador y Colombia indica que los nuevos escenarios tras la disidencia de grupos
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insurgentes que se vieron obligados a asumir, donde el acuerdo de paz de Colombia en 2016 trajo
consigo muchos beneficios para sus líderes mas no para la gran mayoría de los miembros de estas
organizaciones, quienes frente a la falta de interés por parte de las autoridades y organismos pertinentes
se han visto obligados nuevamente a formar parte de estas, entendiéndose que gran parte de su vida la
han dedicado a estas acciones al margen de la ley; es decir, cuentan con la experiencia y el conocimiento
necesario para ejercerlas, por lo que se pensaría que no conocen otra forma de subsistencia. A esto se
suma la falta de compromiso de parte del Gobierno colombiano para desarrollar mejores condiciones
de seguridad, trabajo y oportunidades de estas personas dentro de la sociedad en la que se los pretende
reinsertar, sin tomar en cuenta sus orígenes y las causas que los obligaron a formar parte de estas
estructuras.
Esto ha generado que nuevamente se formen grupos y estructuras delictivas, y que en la actualidad están
en conflictos y combates permanentes por mantener el control de los territorios considerados
estratégicos dejados por la extinta FARC. Esto para el cultivo de la hoja de coca, mantenimiento de
laboratorios, control de rutas de narcotráfico y precursores químicos incrementándose las actividades y
territorios relacionados con la minería ilegal siendo estos últimos más atractivos, rentables y con menos
complicaciones para los grupos armados y estructuras delictivas.
Además, los países de Ecuador y Colombia están involucrados directamente en temas relacionados con
la minería ilegal y narcotráfico. Esto debido a la presencia de grupos armados y estructuras
delincuenciales en la frontera Norte que han visto generar un incremento desmesurado de nuevas
organizaciones delictivas, producción de drogas, un vorágine desarrollo de la minería ilegal
constituyéndose en una amenaza a las sociedades de cada país, violentando la seguridad, derechos y
libertades por parte de estas organizaciones, así como generando vulneraciones en los principales bases
de los Estados, donde es claro de que las organizaciones o grupos armados, sumados a estas estructuras
delictivas; conlleva a una nueva dinámica y articulación de la economía criminal orientando hacia la
producción de materiales preciosos, en especial el oro que progresivamente está desplazando al
narcotráfico como primera fuente de financiación.
Así, la relación entre amenazas bridas, mutantes y difusas de organizaciones armadas y delictivas con
la seguridad integral en el Ecuador se determina por las amenazas híbridas hacen referencia a un
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fenómeno con características particulares, que en el tema de los conflictos armados ha sido objeto de
estudio en el campo de la seguridad internacional, y que en esencia refiere a un nuevo conflicto mezcla
de la guerra tradicional con la irregular. El problema de fondo es que en los tiempos actuales estas
hibridaciones han develado que el tema de la seguridad está asociada a factores de cambios repentinos,
desconocimiento como confusión con el aparecimiento de nuevas formas para delinquir como es el caso
de la minería ilegal. Esto traducido al campo de la seguridad ciudadana en las fronteras entre países ha
significado una constante lucha de parte de los Estados por prevenir como erradicar amenazas como las
organizaciones armadas y delictivas, que en el caso de Ecuador y Colombia han atentado nuevamente
contra la tranquilidad de las poblaciones en territorio.
Además, la situación obliga a Ecuador replantear los problemas en temas de seguridad en la frontera
Norte con estrategias dirigidas no solo a vigilar los territorios, sino también a proponer acciones
dirigidas a fomentar la seguridad integral. Esto es, inclusión de programas humanitarios como
modernización de sistemas de seguridad, entre otros.
Ahora, la presencia de la minería ilegal (oro) en reemplazo del narcotráfico como una nueva forma de
financiación de los grupos ilegales armados y estructuras delincuenciales determina que dicha actividad
representada principalmente por el oro, se encuentra desplazando al narcotráfico a un segundo plano.
Esto se debe principalmente a los recursos financieros cuantiosos que genera y la facilidad de cómo
estos recursos pueden ser justificados dentro de los sistemas financieros de los Estados que no necesita
mucha inversión de dineros sucio o ilegal, en tanto es un producto muy requerido y apreciado alrededor
del mundo, añadido al hecho de que durante la producción se puede mantener etapas legales lo que lo
hacen irrastreable y existe, además, una abismal diferencia en relación con las complicaciones legales
al momento de cometer el delito, a diferencia del narcotráfico.
Además, la producción ilegal de oro a través de la minería ilegal es mucho más rentable debido a que
esta actividad es realizada las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, en comparación al
narcotráfico que debe esperar la cosecha de la hoja de coca cada 5 meses.
Adicional a esto, en la minería ilegal los grupos ilegales armados o estructuras delictivas no necesitan
hacer inversiones grandes, ya que la mayoría de los insumos, maquinarias y personal que labora
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ilegalmente en las minas son quienes gesticulan todo, obviamente si es que su deseo es trabajar en las
zonas controladas por las antes mencionadas estructuras delictivas.
De ahí que la minería ilegal es un problema que abarca un conjunto de factores y características
socioeconómicas, lo que impide de cierta manera combatirla y erradicarla. Entre esos factores
principales sobresale la población considerada vulnerable, la cual no tiene accesos ni oportunidades a
otro tipo de trabajo o actividad económica, ya que el Estado ha descuidado este factor; es decir, conciben
a la minería como la única fuente para generar recursos que les permita solventar sus necesidades
prioritarias, siendo víctimas fáciles de las organizaciones y estructuras delictivas dedicadas a esta
actividad ilegal.
En tal sentido, las diferente acciones y gestiones que han realizado los Estados de Colombia y Ecuador,
tanto en el ámbito judicial y a través de la Fuerza Pública para tratar de frenar esta actividad ilícita en
la Frontera Norte; parece ser débil e insuficiente. Quizá existan muchos limitantes de orden político y
económico, pero no es justificación para que la minería ilegal siga ganando terreno y desarrollando cada
vez más fuerza destruyendo a la naturaleza, la sociedad y la base económica de los Estados.
Así, la contaminación de los territorios que ocupan las zonas agrícolas, los ecosistemas dricos,
biodiversidad, la destrucción ambiental, el desarrollo de enfermedades por contaminación en las
poblaciones cercanas a la frontera Norte; es producto de la minería ilegal, una actividad que se la debe
concebir como un crimen transnacional que genera consecuencias medioambientales con efectos
negativos de carácter local, y que pueden alcanzar efectos negativos ambientales a nivel regional y quizá
global.
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