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Además, las manifestaciones son una forma de control social, ya que permiten a los ciudadanos
monitorear y exigir responsabilidades a los líderes políticos y a las instituciones estatales. Sin embargo,
ejercer este derecho conlleva responsabilidad. Aunque se supone que las manifestaciones son pacíficas,
a veces se producen violencia y vandalismo, lo que socava la legitimidad de las protestas. La violencia
y el vandalismo no sólo socavan la credibilidad de las manifestaciones, sino que también amenazan la
seguridad de la sociedad en su conjunto. Al respecto, una encuesta realizada por Gallup Panamá luego
de las manifestaciones de julio de 2022 arrojó que el 56% de los encuestados creía que a través de
protestas y manifestaciones sociales eran alcanzados los acuerdos, y el 40% creía que afectaban los
derechos más vulnerables y el 4 % de encuestados NS/NR. (Núñez, 2023)
En nuestro país, los hechos ocurridos en 2022 y 2023, representados por distintos sectores, han
terminado con perturbaciones al orden público y la vulneración al derecho de libre tránsito. Toda la
población fue afectada, desde trabajadores, estudiantes, productores, intermediarios, consumidores y
la población en general, a todos se les impidió poder llegar a su trabajo, a su lugar de estudio, entregar
sus productos, volver a su hogar o simplemente adquirir alimentos frescos. Se está de acuerdo en que
los temas abordados por los manifestantes son de interés público y afectan a todo el país, no obstante,
se considera que incomunicar a las personas y afectar su libre tránsito no es la mejor solución. A la hora
de manifestarse se debe tener responsabilidad, se pueden exigir derechos sin atentar contra los derechos
de los demás.
Durante los meses de junio y julio de 2022 comenzó una dinámica social sin precedentes en
la República de Panamá, protestas sociales en toda la geografía nacional. Los transportistas y
productores de Tierras Altas de la provincia de Chiriquí se lanzan a la calle para pelear por la
rebaja del combustible, logrando un subsidio para estos últimos de $3.95 el galón cuando el
mismo estaba en $6.00. Posteriormente, a inicios del mes de julio, el gremio de maestros y
obreros de la construcción, aglutinados en la AEVE y el Suntracs comienzan su agitación en
las calles de Santiago de Veraguas, Península de Azuero (donde la agitación se da sobre todo
en el puente del río La Villa y la entrada de Pese) y Coclé (Penonomé y Aguadulce) y el
movimiento manifestó que era en contra el alto costo de la canasta básica, el combustible y
los medicamentos. (García, 2023, párr. 2)