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Tipos de regulaciones presentes en el proceso de evaluación
En referencia al tipo de regulaciones organizacionales siguiendo a Fernando Isuani manifiesta que:
Cuando en una organización se detecta la existencia de un conjunto de leyes, reglamentos,
códigos, manuales de funcionamiento, ritos, costumbres, tradiciones, circulares, resoluciones,
leyendas, discursos, reglas, etc., podemos decir que estamos en presencia de un conjunto de
regulaciones que, impuestas desde el contexto u originadas por la propia organización,
pretenden generar o generan algún tipo de condicionamiento sobre las decisiones y
comportamientos de los miembros de la organización.
Entre estas regulaciones puede establecerse una serie de distinciones útiles. Así, por ejemplo,
podemos distinguir entre las que se expresen en forma escritas, sean públicamente reconocidas
y legalmente sancionadas por la autoridad organizacional, o no. De esta manera nos
encontramos ante la presencia de una primera tipología de regulaciones: las formales y las
informales. (Regulaciones y Autonomia en las Organizaciones, 2012)
A continuación se revisan las principales regulaciones formales presentes en el proceso de evaluación
y acreditación de las Universidades y Escuelas Politécnicas en el Ecuador:
La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 353, en el primer punto se hace referencia
al ente que regula la educación superior en general y en el segundo punto ya se considera al organismo
que regula el proceso de evaluación y acreditación, el artículo mencionado manifiesta que:
El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la
relación entre sus distintitos actores con la función ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones,
carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de
regulación. (Asamblea Constituyente, 2008)
Otra regulación importante se encuentra en la disposición vigésima de la misma Constitución que
ordenaba que en cinco años las Instituciones debía ser evaluadas y disponía que aquellas que no
aprueben esta evaluación serian retiradas del Sistema de Educación Superior. En este sentido se utilizó