INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SALUD INTERCULTURALES EN MÉXICO
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA
SALUD DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
INTEGRATION OF INTERCULTURAL HEALTH PUBLIC
POLICIES IN MEXICO TO GUARANTEE THE RIGHT TO
HEALTH OF INDIGENOUS COMMUNITIES
Naydelin Yeresbi Seca Jaime
Universidad Vizcaya de las Américas campus Chetumal - México
pág. 13908
DOI : https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14833
Integración de Políticas Públicas de Salud Interculturales en México para
Garantizar el Derecho a la Salud de las Comunidades Indígenas
Naydelin Yeresbi Seca Jaime
1
naydelinseca4@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5622-3795
Universidad Vizcaya de las Américas campus Chetumal
Chetumal, Quintana Roo. México
RESUMEN
El derecho a la salud de las comunidades indígenas en México es un tema central en el ámbito de los
derechos humanos, que implica no solo el acceso a servicios médicos de calidad, sino también el respeto
por sus conocimientos, prácticas tradicionales y valores culturales. A pesar de los marcos legales
nacionales e internacionales que reconocen este derecho, como la Constitución mexicana y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, su implementación
enfrenta serias barreras estructurales, culturales y económicas que perpetúan la desigualdad. Las
políticas públicas actuales suelen ignorar las prácticas tradicionales de salud, resultando en problemas
como la baja adherencia a tratamientos y desconfianza hacia el sistema de salud. Este estudio propone
un enfoque intercultural que integre los sistemas de salud tradicionales indígenas con los servicios de
salud convencionales, promoviendo un modelo de salud inclusivo y equitativo. Para ello, es esencial
capacitar al personal de salud en competencias interculturales y fortalecer la participación de las
comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre políticas de salud. Los resultados muestran que
un enfoque de este tipo no solo reduciría las desigualdades en salud, sino que también garantizaría un
acceso más justo y sostenible a servicios de salud de calidad. En conclusión, para garantizar el derecho
a la salud de las comunidades indígenas en México, es fundamental que las políticas públicas adopten
un enfoque holístico de derechos humanos, que respete la diversidad cultural y desmantele las
estructuras discriminatorias existentes. Este estudio contribuye al desarrollo de políticas más inclusivas
y culturalmente pertinentes, necesarias para asegurar un acceso equitativo a la salud y promover la
justicia social en el país.
Palabras clave: derecho a la salud, pueblos indígenas, enfoque intercultural, políticas públicas,
desigualdad estructural
1
Autor Principal
Correspondencia: naydelinseca4@gmail.com
pág. 13909
Integration of Intercultural Health Public Policies in Mexico to Guarantee
the Right to Health of Indigenous Communities
ABSTRACT
The right to health of indigenous communities in Mexico is a central issue in the field of human rights,
which involves not only access to quality medical services but also respect for their knowledge,
traditional practices, and cultural values. Despite national and international legal frameworks that
recognize this right, such as the Mexican Constitution and the United Nations Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples, its implementation faces serious structural, cultural, and economic barriers that
perpetuate inequality. Current public policies often disregard traditional health practices, resulting in
issues such as low adherence to treatments and distrust toward the health system. This study proposes
an intercultural approach that integrates traditional indigenous health systems with conventional health
services, promoting an inclusive and equitable health model. To achieve this, it is essential to train health
personnel in intercultural competencies and strengthen the participation of indigenous communities in
health policy decision-making. The results show that such an approach would not only reduce health
inequalities but also ensure more equitable and sustainable access to quality health services. In
conclusion, to guarantee the right to health of indigenous communities in Mexico, it is crucial that public
policies adopt a holistic human rights approach that respects cultural diversity and dismantles existing
discriminatory structures. This study contributes to the development of more inclusive and culturally
relevant policies, necessary to ensure equitable access to health and promote social justice in the country.
Keywords: right to health, indigenous peoples, intercultural approach, public policies, structural
inequality
Artículo recibido 10 septiembre 2024
Aceptado para publicación: 12 octubre 2024
pág. 13910
INTRODUCCIÓN
La "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" establece un
marco fundamental para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo el
derecho a la salud. Esta Declaración es un instrumento crucial para garantizar la autonomía, la
autodeterminación y el respeto por las prácticas tradicionales y los conocimientos de los pueblos
indígenas.
El derecho a la salud, tal como se presenta en el artículo 24 de la Declaración, implica que los pueblos
indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud,
incluyendo la conservación de plantas medicinales, animales y minerales. También tienen derecho de
acceso, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles. Este enfoque reconoce
la importancia de las prácticas de salud culturalmente relevantes y la necesidad de integrar los sistemas
de salud tradicionales con los servicios de salud convencionales para abordar de manera efectiva las
necesidades de salud de estas comunidades.
Enfatiza la necesidad de que los Estados adopten medidas para asegurar la protección de estos derechos,
lo cual incluye no solo el acceso a servicios de salud convencionales, sino también el respeto y apoyo a
los sistemas de salud indígenas. Este reconocimiento es crucial para abordar las desigualdades históricas
que los pueblos indígenas han enfrentado, muchas veces como resultado de políticas de salud que no
consideran sus conocimientos y prácticas ancestrales.
Para garantizar el derecho a la salud, los Estados deben promover políticas públicas inclusivas que
respeten la diversidad cultural y promuevan el diálogo intercultural. Es fundamental que el derecho a la
salud de los pueblos indígenas no solo esté en el papel, sino que se implemente a través de políticas y
prácticas que integren sus sistemas tradicionales de salud, asegurando así un acceso justo, equitativo y
sostenible a la salud para estas comunidades.
El derecho a la salud en las comunidades indígenas de México es un tema central dentro del ámbito de
los derechos humanos, que implica no solo el acceso a servicios médicos de calidad, sino también el
respeto por sus conocimientos, prácticas tradicionales y valores culturales. Según la "Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", los pueblos indígenas tienen derecho a
sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como acceso sin
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discriminación a todos los servicios de salud disponibles. Sin embargo, en el contexto mexicano, este
derecho no se cumple plenamente debido a múltiples barreras estructurales, culturales y económicas que
perpetúan la desigualdad.
En México, las comunidades indígenas enfrentan desafíos considerables para acceder a servicios de
salud adecuados, situación agravada por la discriminación, la marginación y la insuficiencia del sistema
de salud. A pesar de los esfuerzos realizados por integrar la medicina tradicional y promover un enfoque
intercultural en la atención médica, las políticas públicas siguen siendo insuficientes para garantizar una
atención sanitaria de calidad, accesible y sin discriminación. Investigaciones recientes, como las de
Chávez y Carpio (2018), resaltan la tensión entre el sistema de salud hegemónico biomédico y los
sistemas de salud indígenas, destacando cómo las políticas actuales a menudo ignoran las prácticas
tradicionales, lo que resulta en problemas como la baja adherencia terapéutica y el abandono de
tratamientos. Asimismo, estudios como el de Pelcastre et al. (2019) enfatizan la necesidad de políticas
públicas basadas en la evidencia que aborden las desigualdades históricas y promuevan la equidad en
salud.
Los problemas que no han sido suficientemente abordados incluyen la falta de integración efectiva de
la medicina tradicional indígena en el sistema de salud público, el desconocimiento cultural por parte
del personal médico, y la persistencia de barreras lingüísticas y geográficas. Además, no se ha prestado
suficiente atención a la discriminación y al racismo estructural que afectan la calidad de la atención
recibida por las comunidades indígenas.
Para abordar estos problemas, la investigación pretende desarrollar un enfoque intercultural e inclusivo
que garantice el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Se propone diseñar un modelo de salud
pública que integre las prácticas tradicionales con los servicios biomédicos, capacitar al personal de
salud en competencias interculturales, y fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones
sobre políticas de salud. Estas estrategias buscan desmantelar las estructuras discriminatorias y
garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios de salud para las comunidades indígenas,
promoviendo así un modelo de salud verdaderamente inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural.
La magnitud del problema relacionado con el derecho a la salud en las comunidades indígenas de
México es alarmante. A pesar de estar reconocido en la Constitución mexicana y en instrumentos
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internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, este derecho sigue siendo inaccesible para muchas comunidades debido a barreras culturales,
lingüísticas, geográficas y económicas.
La trascendencia del problema radica en que estas barreras perpetúan la desigualdad en el acceso a
servicios de salud adecuados, afectando no solo la calidad de vida de estas poblaciones, sino también su
supervivencia y bienestar integral. El impacto de la investigación propuesta es significativo, ya que
busca evidenciar las necesidades y los derechos de la población de las comunidades. Este enfoque no
solo abordaría las barreras actuales, sino que también promovería una mayor equidad en el acceso a la
salud.
En cuanto a la factibilidad, la es viable dada la creciente conciencia internacional y nacional sobre la
necesidad de políticas de salud inclusivas y culturalmente pertinentes. Finalmente, la investigación
reconoce la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a las políticas de salud inadecuadas y
busca empoderarlas a través de la participación en la toma de decisiones sobre su salud, promoviendo
así un enfoque de derechos humanos que fortalezca la resiliencia comunitaria y reduzca las
desigualdades estructurales existentes.
La pregunta de investigación es: ¿Cómo pueden las políticas de salud pública en México integrarse
efectivamente con los sistemas de salud tradicionales indígenas para garantizar un acceso equitativo y
sin discriminación a servicios de salud de calidad para las comunidades indígenas? El objetivo general
es: Proponer un modelo de políticas de salud pública en México que integre efectivamente los sistemas
de salud tradicionales indígenas con los servicios de salud convencionales, promoviendo un enfoque
intercultural que garantice el acceso equitativo, sin discriminación, y de calidad a los servicios de salud
para las comunidades indígenas, a través del análisis documental.
METODOLOGÍA
El enfoque de la investigación es cualitativo, centrado en el análisis del derecho a la salud de los pueblos
indígenas en México desde una perspectiva de derechos humanos. Este enfoque permite explorar en
profundidad las barreras culturales, estructurales y legales que enfrentan las comunidades indígenas al
acceder a servicios de salud, así como las posibles soluciones desde un marco legal y de políticas
públicas.
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El diseño de la investigación es descriptivo y analítico. Se utiliza para describir y analizar el estado
actual del derecho a la salud de los pueblos indígenas en México, examinando tanto los marcos legales
nacionales e internacionales como las políticas públicas existentes y su implementación. Además, el
diseño incorpora elementos comparativos para evaluar cómo otras jurisdicciones han abordado
problemas similares.
La investigación es de tipo documental y exploratoria. Se basa en el análisis de documentos legales,
informes de políticas públicas, estudios académicos y datos de organismos internacionales y nacionales
sobre el derecho a la salud y los pueblos indígenas. La naturaleza exploratoria de la investigación
permite identificar lagunas y áreas de mejora en la integración de los sistemas de salud tradicionales
indígenas con los servicios convencionales de salud.
Los criterios de selección de los documentos y estudios revisados incluyen: (1) pertinencia con el tema
de derecho a la salud y pueblos indígenas, (2) enfoque en políticas públicas interculturales y marcos
legales, (3) estudios recientes que aborden barreras estructurales y culturales en el acceso a la salud, y
(4) documentación de prácticas efectivas en la integración de sistemas de salud indígenas.
La técnica de procesamiento de datos empleada es el análisis de contenido, que permite identificar temas
clave, patrones y relaciones en los textos revisados. Se utiliza software especializado para organizar y
codificar la información, facilitando la comparación entre diferentes estudios y documentos, y ayudando
a desarrollar conclusiones robustas sobre la implementación de un enfoque intercultural en políticas de
salud en México.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación titulada, "El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad medicolegal: una
visión comparada" analiza la intersección entre el derecho humano a la salud y la responsabilidad
medicolegal desde una perspectiva comparativa. En el contexto del derecho a la salud, se enfatiza la
obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para que las personas puedan disfrutar
de una atención sanitaria accesible, asequible, aceptable y de calidad. (Ríos, A. & Fuente, A. 2017).
El derecho a la salud es un componente esencial de los derechos humanos y debe ser garantizado por
los Estados mediante políticas públicas adecuadas. Este documento ilustra cómo la mala praxis médica
puede amenazar este derecho fundamental y cómo los sistemas legales responden a estas amenazas. El
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derecho a la salud no solo implica acceso a servicios médicos, sino también la calidad de estos servicios
y la existencia de mecanismos que permitan resolver controversias entre pacientes y proveedores de
salud de manera justa y eficiente. (Ríos, A. & Fuente, A. 2017).
El análisis comparativo entre México y otros países, como Estados Unidos y algunas naciones de
América Latina, revela diferentes enfoques en la gestión de la responsabilidad médica. En México, la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) juega un papel clave en la resolución de
conflictos mediante mecanismos de arbitraje y conciliación, buscando no solo resarcir a los afectados,
sino también mejorar la calidad de los servicios de salud. (Ríos, A. & Fuente, A. 2017).
Este enfoque destaca la necesidad de una regulación robusta que balancee el derecho del paciente a
recibir atención médica de calidad con el derecho del médico a una práctica justa y no punitiva. La
implementación de nuevas tecnologías y plataformas en línea para el arbitraje podría optimizar estos
procesos, facilitando el acceso a la justicia y reduciendo costos y tiempos. Por tanto, el derecho a la
salud se convierte en un espacio de constante negociación entre la protección del paciente y la garantía
de condiciones justas para el ejercicio profesional.
La investigación titulada, "El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-legal: una
visión comparada" analiza profundamente la interrelación entre el derecho a la salud y la responsabilidad
médico-legal en México y otros contextos internacionales. Se enfatiza que el derecho a la salud es un
derecho humano fundamental que implica no solo el acceso a servicios médicos, sino también la garantía
de que estos sean accesibles, asequibles, aceptables y de calidad adecuada. (OMS. 2020)
Desde esta perspectiva, el texto subraya la responsabilidad de los Estados de crear un entorno regulatorio
y práctico que permita el ejercicio efectivo de este derecho. En el caso de México, se destaca el papel
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) como un mecanismo clave para la
resolución de conflictos relacionados con la atención médica. Este órgano se presenta como una
alternativa no judicial para la resolución de controversias entre pacientes y proveedores de salud,
buscando equilibrar los derechos de ambas partes. La existencia de CONAMED y su capacidad de
arbitraje es esencial para la protección del derecho a la salud, ya que facilita una respuesta más rápida y
accesible a las quejas de los pacientes sin necesidad de procesos judiciales prolongados. (OMS. 2020)
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El análisis también pone de relieve cómo la responsabilidad médico-legal debe ser abordada de manera
que no solo proteja a los pacientes de malas prácticas, sino que también garantice a los profesionales de
la salud un marco justo para el ejercicio de su profesión. Este equilibrio es crucial para evitar la práctica
de la "medicina defensiva," que podría deteriorar la calidad de la atención sanitaria. En conclusión, el
documento refuerza la idea de que la protección del derecho a la salud requiere tanto de una regulación
robusta como de mecanismos de resolución de conflictos que sean justos y efectivos para todos los
involucrados. (OMS. 2020)
La investigación titulada, "La judicialización del derecho a la protección de la salud desde la óptica de
los actores clave" analiza el impacto de la judicialización en el derecho a la salud en México, destacando
las opiniones de diferentes actores sobre este proceso. La judicialización del derecho a la salud se refiere
a la intervención del Poder Judicial para asegurar que las políticas y servicios de salud respeten este
derecho fundamental. Según el análisis, existe un consenso general sobre la necesidad de la
judicialización como un mecanismo para garantizar el acceso a la salud cuando otros sistemas fallan.
Sin embargo, también se identifican tensiones y críticas hacia este enfoque, pues algunos lo perciben
como una interferencia en las políticas públicas que puede distorsionar la equidad y el financiamiento
en el sector salud. (Cobo, F. & Charvel, S. 2021).
El estudio subraya que, aunque la judicialización puede ser una herramienta importante para proteger el
derecho a la salud, su uso debe estar coordinado con políticas de salud pública y estrategias de reforma
que aborden de manera integral las necesidades del sistema de salud. Es necesario mejorar la calidad de
los servicios y la transparencia, además de desarrollar vías alternativas de resolución de conflictos que
minimicen la necesidad de judicialización, garantizando así un sistema de salud más equitativo y
eficiente. (Cobo, F. & Charvel, S. 2021).
"La judicialización del derecho a la protección de la salud desde la óptica de los actores clave" explora
cómo la judicialización impacta en el derecho a la salud en México, basándose en las opiniones de
diferentes actores clave. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que requiere del
Estado su protección y garantía mediante políticas públicas adecuadas y accesibles. (Sánchez, A. &
Carrillo, D. 2024).
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El análisis resalta cómo la judicialización puede ser una herramienta esencial para garantizar el acceso
a servicios de salud cuando otras instancias han fallado. Sin embargo, también señala los desafíos que
enfrenta este proceso, como la posibilidad de afectar la equidad en el sistema de salud al priorizar los
casos judicializados sobre las políticas de salud pública general. Este enfoque puede limitar los recursos
y afectar a los grupos más vulnerables. (Sánchez, A. & Carrillo, D. 2024).
Además, se argumenta que la judicialización debe estar alineada con reformas estructurales en el sistema
de salud que aseguren una distribución justa de los recursos y un acceso equitativo a los servicios de
salud. Es fundamental que se desarrollen vías alternativas y mecanismos más eficientes de resolución
de conflictos para minimizar la necesidad de judicialización, promoviendo así un sistema de salud más
justo y accesible.
La investigación titulada, "¿Apoyos o derechos?: acceso a servicios de salud entre población jornalera
del noroeste de México" analiza cómo los discursos mediáticos presentan el acceso a la salud de los
jornaleros agrícolas como un beneficio en lugar de un derecho. Este enfoque asistencialista invisibiliza
las obligaciones del Estado y refuerza la subordinación de esta población vulnerable. El derecho a la
salud, reconocido internacionalmente y en la Constitución mexicana, implica no solo acceso a servicios
médicos sino también condiciones dignas de trabajo y seguridad social. (Arellano, M. et. al., 2023).
El análisis destaca que las estrategias asistencialistas, como ferias de salud y jornadas médicas, no
sustituyen el derecho a un acceso continuo y de calidad a la atención médica. Los discursos oficiales
tienden a representar estas acciones como actos de buena voluntad, omitiendo la responsabilidad estatal
y la necesidad de reformas estructurales para garantizar el derecho a la salud. (Arellano, M. et. al., 2023).
Este tratamiento refleja una política que privilegia el capital agroindustrial a costa de los derechos
laborales, creando una narrativa en la que el acceso a la salud es un favor y no un derecho humano. Es
fundamental replantear estos discursos y promover políticas públicas que reconozcan la dignidad y los
derechos de los jornaleros.
El libro titulado, "Vulnerabilidad y resiliencia de los territorios ante riesgos ambientales y sociales:
evaluación y propuestas" aborda diversos aspectos relacionados con la salud, especialmente en el
contexto de la pandemia de COVID-19, que ha evidenciado las vulnerabilidades preexistentes en los
sistemas de salud y ha intensificado la necesidad de respuestas integrales. En términos del derecho a la
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salud, el análisis refleja cómo las desigualdades en el acceso a servicios de salud de calidad y la
distribución desigual de recursos agravan las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones,
particularmente en áreas rurales y urbanas marginadas. (Santana, M., et. al., 2024).
El derecho a la salud no solo implica el acceso a servicios médicos, sino también la garantía de
condiciones de vida dignas que reduzcan los riesgos para la salud, como acceso al agua potable, vivienda
adecuada y alimentación segura. La pandemia subrayó la falta de preparación y la respuesta desigual a
nivel territorial, destacando la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas
de salud locales. (Santana, M., et. al., 2024).
Propone que el fortalecimiento del derecho a la salud debe basarse en políticas públicas que no solo
respondan a emergencias, sino que también promuevan la equidad, la inclusión y la sostenibilidad a
largo plazo, asegurando que todas las personas, independientemente de su ubicación o condición social,
tengan acceso equitativo a la atención sanitaria.
La investigación titulada, “Injusticia ambiental y violaciones de los derechos humanos en Jalisco,
México" se centra en cómo la injusticia ambiental en Jalisco ha impactado el derecho a la salud de sus
habitantes. Este derecho, reconocido tanto en la Constitución mexicana como en tratados
internacionales, se ve amenazado por la contaminación de cuerpos de agua, la mala gestión de residuos
sólidos y la pérdida de biodiversidad. Estos problemas no solo afectan el medioambiente, sino que
también repercuten directamente en la salud de la población, especialmente en comunidades vulnerables
que carecen de acceso a servicios de salud adecuados. (Venegas, B. & Gran. J. 2023).
El análisis revela que las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ) son limitadas, lo que demuestra un lento reconocimiento institucional de las
violaciones al derecho a un ambiente sano. Esto subraya la necesidad de una acción más decidida por
parte de las autoridades para abordar las causas profundas de la contaminación y para mejorar las
condiciones de vida de las personas afectadas. (Venegas, B. & Gran. J. 2023).
Es crucial que el enfoque se desplace de un tratamiento asistencialista a uno basado en derechos, donde
las políticas públicas no solo respondan a emergencias, sino que también fomenten un desarrollo
sostenible y equitativo, garantizando así el derecho a la salud de todos los habitantes de Jalisco.
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La investigación titulada, "El derecho a la salud en comunidades indígenas del estado de Chiapas"
analiza la situación de salud en las comunidades indígenas de Chiapas desde una perspectiva de derechos
humanos. Se destaca que, a pesar de estar consagrado en los estándares internacionales y nacionales, el
derecho a la salud no se cumple plenamente en estas comunidades debido a la discriminación, la
marginación y la deficiencia del sistema de salud. Los pueblos indígenas enfrentan barreras
significativas para acceder a servicios de salud adecuados, ya sea por motivos culturales, lingüísticos o
económicos. (Amoroz, I. 2011).
Resalta la ineficacia de las políticas públicas actuales y la necesidad de mecanismos que hagan exigible
y justiciable este derecho. Además, se hace hincapié en que los esfuerzos para mejorar la salud deben
ser integrales y centrarse en la promoción de derechos y la participación comunitaria. Se presentan
alternativas de organización autónoma, como el Sistema Autónomo de Salud Zapatista (SASZ), que
busca suplir las carencias del sistema estatal a través de una red de promotores y servicios de salud que
respeten la cultura y necesidades de las comunidades. (Amoroz, I. 2011).
El documento "El derecho a la salud de los pueblos indígenas" analiza cómo este derecho fundamental,
reconocido en instrumentos nacionales e internacionales, sigue siendo inaccesible para muchas
comunidades indígenas en México debido a la falta de infraestructura, recursos humanos y servicios
adecuados. Aunque el derecho a la salud está protegido por la Constitución y diversas leyes mexicanas,
así como por tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, su implementación enfrenta desafíos significativos
en el contexto de estas comunidades. (CNDH. 2015).
El análisis enfatiza que las barreras culturales, lingüísticas y geográficas, así como la discriminación
estructural, limitan el acceso de los pueblos indígenas a los servicios de salud. A pesar de los esfuerzos
por integrar la medicina tradicional y promover un enfoque intercultural en la atención médica, las
políticas públicas siguen siendo insuficientes para garantizar una atención sanitaria de calidad, accesible
y sin discriminación. (CNDH. 2015).
El documento destaca la necesidad urgente de que el Estado mexicano fortalezca su compromiso con la
salud de los pueblos indígenas, promoviendo políticas más inclusivas que respeten su cultura y derechos.
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Esto incluye el desarrollo de programas de salud que sean culturalmente adecuados, con participación
de las comunidades, garantizando así el pleno ejercicio de su derecho a la salud.
En la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre "La salud de los Pueblos Indígenas" enfatiza la necesidad
de garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas a nivel global. Este derecho, reconocido en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, implica no solo el
acceso a servicios de salud, sino también el reconocimiento de las prácticas de salud tradicionales y la
eliminación de barreras culturales y sociales. (OMS. 2023).
El análisis subraya que las comunidades indígenas enfrentan desigualdades significativas en salud
debido a factores como la pobreza, el racismo, la falta de acceso a servicios adecuados y la marginación.
El documento propone medidas para mejorar estas condiciones, como la recopilación de datos
específicos, la inclusión de medicina tradicional en los sistemas de salud y la garantía de servicios de
salud accesibles en lenguas indígenas. También destaca la importancia de la consulta previa, libre e
informada con las comunidades para desarrollar políticas de salud adecuadas y equitativas. (OMS.
2023).
El enfoque de la investigación es holística e intercultural, buscando promover un sistema de salud
inclusivo que respete y valore los conocimientos y prácticas indígenas. Esto es fundamental para
garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas y reducir las inequidades que enfrentan en el
acceso a servicios de salud.
La investigación titulada, "Condiciones de salud y uso de servicios en pueblos indígenas de México"
examina las disparidades en el acceso a la salud entre las poblaciones indígenas (PI) y no indígenas
(PNI) en México, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018-19.
El derecho a la salud, reconocido internacionalmente, enfrenta serias barreras para las PI debido a
factores socioeconómicos, culturales y estructurales que perpetúan la desigualdad. (Pelcastre, B. et. al.,
2020).
El análisis muestra que las PI, en comparación con las PNI, tienen menor acceso a servicios de salud de
calidad, particularmente en áreas rurales donde la infraestructura es deficiente. Las mujeres indígenas,
por ejemplo, reportan menos atención prenatal y durante el parto por personal médico calificado y una
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mayor dependencia de parteras. También se evidencia una menor cobertura de vacunación e
inmunización en la población indígena infantil. (Pelcastre, B. et. al., 2020).
El estudio resalta que las desigualdades en salud no se deben a factores culturales intrínsecos, sino a la
organización social que ha perpetuado condiciones de pobreza, falta de educación y racismo sistémico.
Se subraya la necesidad de políticas públicas que no solo integren un enfoque intercultural, sino que
también aborden las raíces estructurales de la discriminación y promuevan un acceso equitativo y digno
a la salud para los pueblos indígenas.
El documento "Prestación de Servicios de Salud en Zonas con Pueblos Indígenas" analiza cómo el
acceso al derecho a la salud en las comunidades indígenas de América Latina enfrenta barreras
significativas, tanto estructurales como culturales. A pesar de que muchos países de la región han
incorporado el enfoque intercultural en sus políticas de salud, la implementación práctica sigue siendo
limitada y desigual. Las barreras incluyen la falta de infraestructura adecuada, la distancia geográfica a
los servicios de salud, la discriminación y el desconocimiento cultural por parte del personal sanitario,
así como la falta de integración de la medicina tradicional indígena. Cevallos, R. & Amores, A. (2009)
El análisis destaca la necesidad de un sistema de licenciamiento y acreditación de servicios
interculturales de salud que reconozca y respete los saberes, costumbres y prácticas de las comunidades
indígenas. Este enfoque ayudaría a reducir las desigualdades en salud, garantizando una atención
adecuada y respetuosa de la diversidad cultural. Se sugiere que la interculturalidad no solo debe ser un
elemento formal en los sistemas de salud, sino una práctica genuina que considere la participación de
las comunidades indígenas en el diseño y ejecución de políticas de salud. Cevallos, R. & Amores, A.
(2009)
La investigación titulada, "Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas: agenda para la
investigación, la docencia y la vinculación" aborda las desigualdades estructurales que afectan el
derecho a la salud de los pueblos indígenas en México. Este programa, desarrollado por el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP), tiene como objetivo contribuir al bienestar de estas poblaciones
mediante la investigación de sus necesidades de salud, la formación de personal calificado y la
innovación en el desarrollo de políticas públicas. (Pelcastre, B. et. al., 2020).
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El análisis resalta que el derecho a la salud de los pueblos indígenas no debe considerarse solo como un
acceso a servicios médicos, sino también como un reconocimiento de su dignidad y derechos culturales.
Las estructuras sociales de discriminación, racismo y clasismo han perpetuado las desigualdades en
salud, situando a estas comunidades en desventaja frente a la población no indígena. El programa
enfatiza la necesidad de políticas de salud basadas en evidencia que aborden estos determinantes
estructurales y promuevan la equidad. (Pelcastre, B. et. al., 2020).
El enfoque del programa PISPI reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, no como
objetos pasivos de intervención, y busca integrar sus perspectivas en la creación de estrategias de salud
más inclusivas y justas, promoviendo un verdadero cambio hacia una sociedad más equitativa en
términos de salud y bienestar.
La investigación titulada, "Derecho a la Salud en México" examina el derecho a la salud como un
derecho humano fundamental en el contexto mexicano. Este análisis reflexivo aborda la situación actual
del derecho a la salud en México y sus desafíos, resaltando la necesidad de una acción más efectiva por
parte del Estado para garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud y mejorar las condiciones
de vida que influyen en la salud de la población. (López, O. & López, M. 2016).
El derecho a la salud, reconocido internacionalmente y en la Constitución mexicana desde 1983, se
centra en el acceso a servicios de salud adecuados. Sin embargo, a pesar de los avances en algunos
indicadores de salud, persisten profundas desigualdades en el acceso y calidad de estos servicios. Las
cifras son alarmantes: alrededor de 10 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud, la
mortalidad materna sigue siendo alta, y México lidera en obesidad femenina a nivel mundial. Estas
inequidades son particularmente graves entre las personas con menores recursos, exacerbando la
desigualdad social y económica. (López, O. & López, M. 2016).
Destaca que el derecho a la salud va más allá de la mera prestación de servicios médicos; abarca también
factores determinantes como la alimentación, la vivienda y el acceso a agua potable. Esto sugiere que la
salud debe ser vista como un componente integral del bienestar social y no solo como la ausencia de
enfermedad. En este sentido, la protección de la salud debe implicar una garantía del acceso no
discriminatorio a servicios de calidad, adaptados cultural y económicamente asequibles. (López, O. &
López, M. 2016).
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Para avanzar en la realización del derecho a la salud, es crucial que México adopte una política pública
con enfoque de derechos humanos que no solo se centre en la provisión de servicios, sino que también
aborde las causas estructurales de las desigualdades en salud. Esto requiere una mayor inversión en
servicios de prevención, educación y participación comunitaria, así como en la eliminación de barreras
que afectan a los grupos más vulnerables.
La investigación titulada, "El reconocimiento del sistema indígena de salud: Implicaciones de la
cobertura de salud gubernamental en México" analiza críticamente la interacción entre el sistema de
salud hegemónico biomédico y los sistemas de salud indígenas en México, destacando las tensiones y
desafíos que surgen de esta superposición. (Chávez, O. & Carpio, C. 2018).
El derecho a la salud, definido como el acceso a un estado de bienestar físico, mental y social, se percibe
de manera diferente en las comunidades indígenas. Para estas comunidades, la salud se vincula con una
relación armónica con la naturaleza y la comunidad. Este enfoque cultural contrasta con el modelo
biomédico predominante, que se basa en la racionalidad científica y tiende a deslegitimar otros sistemas
médicos. La implementación de servicios de salud gubernamentales que operan bajo el modelo
biomédico en comunidades indígenas a menudo ignora las prácticas y conocimientos tradicionales
indígenas. Esta falta de reconocimiento cultural lleva a problemas como la baja adherencia terapéutica,
el abandono de tratamientos, y una percepción negativa del sistema de salud por parte de las
comunidades indígenas. (Chávez, O. & Carpio, C. 2018).
Enfatiza la necesidad de un enfoque intercultural en la prestación de servicios de salud, que respete y
valore los conocimientos y prácticas médicas indígenas. La salud intercultural implica no solo la
coexistencia de diferentes sistemas médicos, sino también la construcción de un diálogo horizontal entre
ellos, promoviendo el entendimiento mutuo y el respeto. Este enfoque podría ayudar a reducir las
barreras culturales que actualmente impiden que las comunidades indígenas accedan de manera efectiva
a los servicios de salud. Para avanzar en la justicia social y el derecho a la salud, es fundamental que las
políticas públicas en salud consideren y respeten la diversidad cultural y los sistemas de conocimiento
de las comunidades indígenas, promoviendo un enfoque inclusivo y equitativo.
El "Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas: Agenda para la investigación, la docencia y
la vinculación" aborda los desafíos estructurales que enfrentan los pueblos indígenas en México respecto
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al derecho a la salud. Este programa del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reconoce que, a
pesar del marco jurídico que garantiza el derecho a la salud, los pueblos indígenas continúan enfrentando
las mayores barreras y desigualdades en el acceso a servicios de salud de calidad. (Pelcastre, B. et. al.,
2019).
El derecho a la salud es fundamental y debe ser accesible sin discriminación, asegurando servicios
seguros, efectivos y culturalmente pertinentes. Sin embargo, el documento resalta que la discriminación,
el racismo y el clasismo son estructuras de desigualdad profundamente arraigadas que afectan
negativamente la salud de las poblaciones indígenas. Estas estructuras no solo limitan el acceso, sino
que también influyen en la calidad de la atención recibida, perpetuando la exclusión y marginalización.
(Pelcastre, B. et. al., 2019).
El programa enfatiza la necesidad de un enfoque intercultural en salud que no solo reconozca las
diferencias culturales, sino que también aborde las desigualdades históricas en la distribución del poder.
Este enfoque implica desarrollar políticas públicas basadas en evidencia que sean culturalmente
pertinentes y respeten la autonomía de los pueblos indígenas, promoviendo su participación en la toma
de decisiones sobre su salud.
Además, el documento subraya la importancia de integrar la medicina tradicional con los servicios de
salud convencionales, reconociendo la riqueza del conocimiento ancestral y asegurando un trato digno
y respetuoso. El programa plantea acciones concretas para mejorar la formación de profesionales en
salud con competencias interculturales y fortalecer la colaboración entre el sistema de salud y las
comunidades indígenas. El derecho a la salud de los pueblos indígenas en México no solo requiere la
mejora de los servicios de salud, sino también un cambio estructural que desmantele las ideologías
discriminatorias y promueva una equidad genuina en la salud y el bienestar.
La investigación titulada, "Pandemia y Diversidad Cultural: El derecho a la salud de los pueblos
originarios" de Jaime Eduardo Ortiz Leroux ofrece un análisis crítico sobre las limitaciones del Sistema
Nacional de Salud de México en el cumplimiento del derecho a la salud de los pueblos indígenas,
especialmente durante la pandemia de COVID-19. (Ortiz, J. 2022).
El derecho a la salud, desde una perspectiva de derechos humanos, implica no solo la provisión de
servicios médicos, sino también el reconocimiento y la inclusión de las prácticas, conocimientos y
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valores culturales de los pueblos originarios. Sin embargo, el documento evidencia cómo el Sistema
Nacional de Salud opera bajo un modelo biomédico hegemónico que ignora y, en muchos casos,
contradice las prácticas de salud comunitarias indígenas. Esta exclusión refleja un sesgo estructural y
cultural que afecta negativamente el acceso y la calidad de los servicios de salud para estas comunidades.
(Ortiz, J. 2022).
Durante la pandemia, las deficiencias del sistema de salud se hicieron más evidentes, destacando la falta
de recursos y la incapacidad del Estado para adaptar su respuesta a las necesidades específicas de los
pueblos originarios. En lugar de abordar las necesidades particulares de estos grupos, las políticas de
salud pública adoptadas se centraron en modelos urbanos, dejando a muchas comunidades indígenas a
gestionar la pandemia de forma autónoma, utilizando sus sistemas de salud tradicionales.
El análisis subraya la urgencia de adoptar un enfoque intercultural en la política de salud pública que no
solo integre los sistemas de salud indígenas, sino que también los respete y valore. Esto implicaría no
solo un cambio en la distribución de recursos, sino también una transformación en la conceptualización
misma del derecho a la salud que incluya la diversidad cultural. En definitiva, el documento destaca que,
para garantizar el derecho a la salud de los pueblos originarios, es necesario superar el enfoque
asistencialista y avanzar hacia un modelo de salud verdaderamente inclusivo y equitativo. (Ortiz, J.
2022).
En la investigación titulada, "Derechos humanos de los pueblos indígenas al agua potable y al
saneamiento: estado de la cuestión y enseñanzas de las culturas ancestrales", se aborda las dificultades
que enfrentan los pueblos indígenas en la realización de sus derechos al agua potable y saneamiento,
enfatizando la intersección crítica con el derecho a la salud. (Arrojo, P. 2024).
El derecho a la salud de los pueblos indígenas está intrínsecamente vinculado a su acceso al agua potable
y saneamiento. El investigador destaca cómo, a pesar de los marcos internacionales que garantizan estos
derechos, los pueblos indígenas enfrentan múltiples barreras para acceder a servicios adecuados. Estas
barreras incluyen la falta de reconocimiento legal de sus territorios, la falta de consulta y consentimiento
previo, libre e informado en proyectos que afectan sus tierras y aguas, y la contaminación de sus recursos
hídricos por actividades extractivas, agrícolas y turísticas. Estas condiciones no solo afectan su derecho
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a la salud, sino que también incrementan la incidencia de enfermedades infecciosas y trastornos
relacionados con la contaminación del agua. (Arrojo, P. 2024).
El análisis también enfatiza la importancia de reconocer las cosmovisiones indígenas sobre el agua, que
la consideran un bien común y no una mercancía. Estas visiones ofrecen alternativas sostenibles y
comunitarias para la gestión del agua, esenciales para enfrentar la crisis mundial del agua y promover la
justicia hídrica. (Arrojo, P. 2024).
Para garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, es crucial que los Estados adopten un
enfoque intercultural y de derechos humanos, que incluya la participación efectiva de las comunidades
indígenas en la toma de decisiones y que respete sus conocimientos ancestrales sobre la gestión del agua.
Este enfoque debe ser respaldado por políticas públicas inclusivas que promuevan la equidad y aseguren
un acceso justo y sostenible al agua potable y al saneamiento.
DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación subrayan la urgente necesidad de implementar políticas de salud
pública en México que integren de manera efectiva los sistemas de salud tradicionales indígenas con los
servicios convencionales. A pesar de los marcos legales que reconocen el derecho a la salud de las
comunidades indígenas, como la Constitución mexicana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, la realidad muestra que este derecho no se cumple plenamente
debido a barreras estructurales, culturales y lingüísticas.
El análisis comparativo revela que los modelos de salud convencionales predominantes a menudo
deslegitiman las prácticas de salud indígenas, lo que resulta en baja adherencia a tratamientos y
desconfianza hacia el sistema de salud. La investigación destaca que la adopción de un enfoque
intercultural es esencial para respetar y valorar los conocimientos y prácticas médicas indígenas,
promoviendo así un sistema de salud más inclusivo y equitativo. Este enfoque también ayudaría a reducir
las desigualdades históricas y garantizar un acceso más justo a los servicios de salud.
La evidencia presentada refuerza la importancia de capacitar al personal de salud en competencias
interculturales y de fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre políticas de
salud. Solo a través de un enfoque holístico y de derechos humanos será posible garantizar un acceso
justo y sostenible a la salud para las comunidades indígenas en México.
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CONCLUSIONES
La investigación ha respondido a la pregunta planteada sobre cómo pueden las políticas de salud pública
en México integrarse efectivamente con los sistemas de salud tradicionales indígenas para garantizar un
acceso equitativo y sin discriminación a servicios de salud de calidad para las comunidades indígenas.
Los resultados indican que es posible lograr esta integración mediante un enfoque intercultural que
reconozca y valore las prácticas y conocimientos médicos indígenas, al tiempo que fortalezca la
colaboración entre los sistemas de salud tradicionales y convencionales.
El objetivo general de la investigación, que era proponer un modelo de políticas de salud pública que
integre efectivamente los sistemas de salud tradicionales indígenas con los servicios de salud
convencionales, promoviendo un enfoque intercultural que garantice el acceso equitativo, sin
discriminación, y de calidad a los servicios de salud, ha sido alcanzado. La propuesta de un modelo
basado en políticas públicas inclusivas y culturalmente pertinentes se fundamenta en la necesidad de
superar las barreras estructurales, culturales y lingüísticas que persisten en el sistema de salud mexicano.
El análisis reflexivo de la investigación revela que, aunque México cuenta con un marco legal que
reconoce el derecho a la salud de las comunidades indígenas, como la Constitución y la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de estas
normativas es deficiente. La exclusión de los sistemas de salud tradicionales indígenas y la falta de
preparación del personal de salud en competencias interculturales perpetúan las desigualdades y la
desconfianza hacia el sistema de salud. Por lo tanto, es crucial adoptar un enfoque holístico de derechos
humanos que promueva políticas de salud inclusivas, respetando la diversidad cultural y fortaleciendo
la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre su salud.
En conclusión, para garantizar un acceso justo y sostenible a la salud para las comunidades indígenas
en México, es imperativo un cambio estructural hacia un modelo de salud verdaderamente inclusivo y
equitativo que aborde las necesidades y derechos de estas comunidades desde una perspectiva
intercultural y de derechos humanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Amoroz, I. (2011). El derecho a la salud en comunidades indígenas del estado de Chiapas. Revista
Pueblos y Fronteras digital.
pág. 13927
2. Arellano, M. et. al. (2023). ¿Apoyos o derechos? Acceso a servicios de salud entre población
jornalera del noroeste de México. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.
3. Arrojo, P. (2024). Derechos humanos de los pueblos indígenas: al agua potable y al saneamiento.
ONU.
4. Cevallos, R. & Amores, A. (2009). Prestación de servicios de salud en zonas con pueblos
indígenas. Recomendaciones para el desarrollo de un sistema de licenciamiento y acreditación de
servicios interculturales de salud en el marco de la renovación de la atención primaria de la salud.
Programa Regional Salud de Pueblos Indígenas.
5. Chávez, V. & Carpio, C. (2018). El reconocimiento del sistema indígena de salud. Implicaciones
de la cobertura de salud gubernamental en México. Revista Latinoam.
6. Cobo, F. & Charvel, S. (2021). La judicialización del derecho a la protección de la salud desde la
óptica de los actores clave. Revista Salud Pública de México.
7. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2015). El derecho a la salud de los pueblos
indígenas. Servicios y atención en las clínicas de las comunidades. CNDH. México.
8. Instituto Nacional de Salud Pública (2019). Salud de los pueblos indígenas.
9. López, O. & López S. (2015). Derecho a la Salud en México. Casa abierta al tiempo.
10. Organización Mundial de la Salud. (2020). El derecho a la salud. Naciones Unidas.
11. Organización Mundial de la Salud. (2023). La salud de los pueblos indígenas.
12. Ortiz, J. 2023. Pandemia y diversidad cultural. El derecho a la salud de los pueblos originarios.
Cuicuilco Revista de Ciencias Antropológicas.
13. Pelcastre, B. et. al. (2020). Condiciones de salud y uso de servicios en pueblos indígenas de
México. Revista de Salud Pública de México.
14. Pelcastre, B. et. al., (2020). Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas: agenda para
la investigación, la docencia y la vinculación. Revista Salud Pública de México.
15. Ríos, A. & Fuente A. (2017). El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-
legal: una visión compartida. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
16. Sánchez, A. & Carrillo, D. (2024). El derecho a la alimentación en México: análisis crítico de
contenido y materialidad. Revista Transregiones.
pág. 13928
17. Santana, M., et. al. (2024). Vulnerabilidad y resiliencia de los territorios ante riesgos ambientales
y sociales. Universidad Autónoma del Estado de México.
18. Venegas, B. & Gran. J. (2023). Injusticia ambiental y violaciones de los derechos humanos en
Jalisco, México. Revista de Ciencias Sociales. FLACSO Ecuador.
