ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO
DERECHO SOCIAL: UN ANÁLISIS DE LAS
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y
DESAFÍOS EN ECUADOR
ACCESS TO HIGHER EDUCATION AS A SOCIAL RIGHT:
AN ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL PROVISIONS AND
CHALLENGES IN ECUADOR
Leonardo Alexander Lino Avila
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador
Aykhel Waleska Párraga Bateoja
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador
Luis Oliverio Cañarte Mantuano
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador
pág. 1164
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.14892
Acceso a la Educación Superior como Derecho Social: Un Análisis de las
Disposiciones Constitucionales y Desafíos en Ecuador
Leonardo Alexander Lino Avila1
e1316825312@live.uleam.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-1973-9804
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Manta, Ecuador
Aykhel Waleska Párraga Bateoja
e0850716697@live.uleam.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-0298-873X
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Manta, Ecuador
Luis Oliverio Cañarte Mantuano
luis.canarte@uleam.edu.ec
http://orcid.org/0000-0003-1666-7443
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Manta, Ecuador
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar el acceso a la educación superior en Ecuador como un
derecho social, considerando las disposiciones constitucionales y los desafíos actuales. A través de un
análisis documental de normativas y políticas educativas, extractos de entrevistas con autoridades y
revisión de datos estadísticos, se evidencia que, a pesar de las reformas y el aumento de la oferta
académica, más de 60,000 estudiantes no accedieron a este derecho en 2023. Otro factor que afecta la
problemática es la reducción del presupuesto para instituciones de educación superior, lo cual afecta de
manera negativa tanto en la calidad como en la accesibilidad educativa. Según el Decreto Ejecutivo No.
494, emitido el 14 de junio de 2022, las instituciones de educación superior asumen la responsabilidad
de diseñar y organizar el ingreso de los estudiantes a las diversas carreras ofertadas; sin embargo, la
problemática persiste debido a las limitaciones de espacio, presupuesto y recursos. El estudio concluye
que es crucial implementar políticas públicas inclusivas que aborden las desigualdades
socioeconómicas y promuevan un acceso equitativo y eficiente a la educación superior, elemento vital
para el desarrollo socioeconómico y la igualdad de oportunidades en Ecuador.
Palabras clave: educación superior, derecho social, acceso equitativo, politícas públicas, desigualdad
1
Autor principal.
Correspondencia: e1316825312@live.uleam.edu.ec
pág. 1165
Access to Higher Education as a Social Right: An Analysis of Constitutional
Provisions and Challenges in Ecuador
ABSTRACT
This article aims to analyze access to higher education in Ecuador as a social right, considering
constitutional provisions and current challenges. Through a documentary analysis of regulations in
educational policies, interviews with authorities, and a review of statistical data, it is evident that,
despite reforms and an increase in university slots, more than 60,000 students did not access this right
in 2023. Another factor affecting the issue is the reduction of the budget for higher education
institutions, which negatively impacts both educational quality and accessibility of education.
According to Executive Decree #494, issued on June 14th, 2022, higher education institutions are
responsible for designing and organizing student admissions to the various programs offered; however,
the problem persists due to limitations in space, budget, and resources. The study concludes that it is
crucial to implement inclusive public policies that address socioeconomic inequalities and promote
equitable and efficient access to higher education, a vital element for socioeconomic development and
equal opportunities in Ecuador.
Keywords: higher education, social righ, equitable acces, public policies, inequality
Artículo recibido 10 octubre 2024
Aceptado para publicación: 15 noviembre 2024
pág. 1166
INTRODUCCIÓN
El derecho a la educación, consagrado en la Constitución de Ecuador, garantiza el acceso en todos los
niveles educativos. Sin embargo, cuando se trata de la educación superior se han evidenciado
importantes barreras y desigualdades que limitan el ejercicio pleno de este derecho, planteando un reto
crucial en términos de equidad y justicia social.
La Constitución ecuatoriana establece en su artículo 26 que “la educación es un derecho de las personas
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituyendo un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el Sumak Kawsay (Buen Vivir)”. Además, el artículo 28 señala que la educación
pública debe ser gratuita hasta el tercer nivel, correspondiente a la educación superior. Estos articulados
constitucionales buscan promover la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan
acceder y completar sus estudios en condiciones de equidad. No obstante, la realidad de la educación
superior en el país se enfrenta a una serie de dificultades que limitan el alcance de estos principios
constitucionales.
Datos de los últimos años reflejan las limitaciones en el acceso a la Educación Superior, citando una
entrevista realizada por el Diario El Comercio (2022), el entonces Secretario de Educación Superior,
Alejandro Rivadeneira, mencionó que la oferta académica se incrementó en un 25% en ese año en
comparación con el 2021. Aunque se ofrecieron 122,000 cupos en el primer semestre de 2022, hubo
una demanda de 215,000 estudiantes postulantes, dejando a más de 85,000 mil estudiantes
imposibilitados de ingresar a una institución de educación superior (IES). Esta situación continuó en
2023, cuando la Secretaria de la Senescyt, Andrea Montalvo, señaló en una entrevista en Contacto
Directo de la cadena televisiva Ecuavisa que, a pesar del aumento del 13% en la oferta académica, cerca
de 60,000 estudiantes quedaron sin la posibilidad de ingresar a una IES.
A esta problemática se suma la reducción del presupuesto estatal destinado a las instituciones para
cubrir la creciente demanda. El Decreto Ejecutivo No. 494, emitido el 14 de junio de 2022 por el
entonces presidente Guillermo Lasso, transfirió a las IES la responsabilidad de organizar sus procesos
de admisión de acuerdo con sus propios criterios.
pág. 1167
A pesar de ello, las limitaciones de espacio, financiamiento, oferta y recursos en las instituciones de
educación superior han dificultado el acceso equitativo y sostenido.
Ante estos desafíos, resulta fundamental analizar el acceso a la Educación Superior en Ecuador como
un derecho social. Esta investigación busca examinar tanto el marco constitucional como los obstáculos
actuales para la implementación de este derecho, con el fin de proponer políticas publicas que permitan
un acceso más justo y eficiente a la educación superior, alineado con los principios de igualdad,
progresividad, equidad social y desarrollo socioeconómico.
Derecho a la educación superior en la historia del Ecuador
La historia de la educación superior en Ecuador se remonta a la Gran Colombia, cuando la educación
superior fue establecida como política pública a través de la Ley General de Educación Superior del 18
de marzo de 1826. Esta ley promovía la creación de universidades en las capitales de los departamentos
de Cundinamarca (Colombia), Venezuela y Quito (Ecuador), dedicadas a la enseñanza de Ciencias y
Artes, marcando el nacimiento de la Universidad Central del Ecuador.
Tras la indipendencia de Quito en 1830 y bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte en 1836, el Decreto
Orgánico de Enseñanza Pública declaró a la Universidad de Quito como la Universidad Central de la
República del Ecuador, consolidándola como la primera institución pública de educación superior en el
país.
En 1988, la Universidad San Francisco de Quito se fundó como la primera institución autofinanciada,
reconocida oficialmente en 1995. Este acontecimiento marcó el inicio de una etapa de expansión de
instituciones de educación superior en el país, la cual fue regulada mediante la Ley de Universidades y
Escuelas Politécnicas.
En las dos décadas siguientes, se crearon 48 nuevas universidades y escuelas politécnicas, aunque en
2008, se inició un proceso de evaluación que llevó al cierre de 15 instituciones privadas y una
cofinanciada, debido a que no cumplían con los estándares de calidad. Estos eventos reflejan los
esfuerzos del Estado ecuatoriano por equilibrar la expansión de la educación superior con la necesidad
de mantener su calidad.
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Presupuesto asignado a la educación superior
En la Proforma del Presupuesto General del Estado se determinan diversas fuentes de donde proviene
el presupuesto para la educación superior, considerando el Fondo Permanente de Desarrollo
Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), financiado con el 10% de la recaudación del IVA;
asignaciones para garantizar la gratuidad hasta el tercer nivel, según el artículo 356 de la Constitución;
compensaciones equivalentes al impuesto a la renta, ajustadas anualmente conforme al PIB; y fondos
generados por autogestión, provenientes de actividades productivas, servicios y proyectos de
investigación.
Esta proforma, sin embargo, no detalla el porcentaje o equivalente del presupuesto general asignado
específicamente a la educación superior.
La distribución de los recursos se realiza de la siguiente manera: el 80% del presupuesto de las IES se
asigna de acuerdo con los aspectos históricos, mientras que el 20% depende del desempeño
institucional, reconociendo así las particularidades del sistema educativo ecuatoriano. De esta manera,
se observa que el gobierno ha mantenido los valores asignados a las IES, respetando las normativas
vigentes, aunque los montos en los últimos años han sido insuficiente para cubrir completamente las
necesidades del sistema.
En marzo de 2024, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)
presentó el presupuesto y las asignaciones para cada universidad y escuela politécnia en Ecuador ante
la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Así pues, el presupuesto para este año
fue de USD 1,319 millones, con una pequeña reducción en comparación con 2023, cuando fue de USD
1,322 millones.
Esta situación plantea de alguna forma una contradicción entre el fomento de la educación superior
como derecho constitucional y social y la realidad del financiamiento estatal. La reducción del
presupuesto afecta la capacidad de las IES para brindar una educación de calidad y limita la creación
de programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos. Simultáneamente, evidencia la necesidad de
un aumento sostenible en la financiación educativa para garantizar la progresividad de los derechos
sociales, alineada con los principios establecidos en la Constitución.
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Principio de igualdad, equidad y no exclusión en el acceso a la educación superior
La educación superior es un promotor de igualdad y equidad, y al albergar a personas de distintos grupos
demográficos, se convierte en un medio fundamental para validar el principio de igualdad de
oportunidades. El acceso debe estar basado en la capacidad y mérito, lo cual permite que los estudiantes
tengan una oportunidad real de profesionalizarse y contribuir a la sociedad.
El cumplimiento del principio de equidad se observa en los requisitos establecidos por las instituciones
de educación superior para el ingreso, los cuales deben garantizar la admisión justa y sin discriminación.
Sin embargo, en la práctica, el acceso a la educación superior en Ecuador enfrenta barreras que limitan
estos principios.
El principio a la igualdad de oportunidades en la educación se fundamenta en la obligación de las
instituciones de educación superior de aplicar requisitos de ingreso que no discriminen ni excluyan a
los aspirantes. De acuerdo con Macón (2002) citado en Beltrán (2021), la educación superior representa
un bien particular para quienes acceden a ella, pero cuando este derecho es inaccesible para ciertos
grupos, la sociedad en su conjunto no recibe los beneficios sociales esperados. La falta de acceso afecta
principalmente a estudiantes de bajos recursos y aquellos de zonas rurales, quienes, aunque cumplan
con los requisitos académicos, muchas veces enfrentan dificultades económicas para cubrir los costos
asociados, como la alimentación, alojamiento y materiales de estudio.
Analizando el pensamiento de Macón, la educación superior puede considerarse un privilegio para
quienes acceden a ella, dado que les permite alcanzar un mayor nivel de conocimiento, desarrollar
nuevas habilidades y obtener beneficios que fortalecen su desempeño laboral y profesional. Aún cuando
este derecho consagrado en la Constitución sigue siendo inaccesible para muchos debido a factores
económicos y sociales. Esta realidad exige la promoción de políticas de inclusión que eviten la
competencia desigual en el acceso a la educación superior, asegurando que todas las personas,
independientemente de su contexto, puedan prepararse para contribuir al desarrollo social y económico
del país.
Alcanzar un verdadero bienestar social implica no limitar los beneficios de la educación superior a unos
pocos, sino ampliarlos para que estos impacten positivamente en la comunidad y en el bien común.
pág. 1170
Para ello, la oferta y demanda de la educación superior deben gestionarse de manera eficiente y alinearse
con políticas de equidad social, de modo que el acceso a la educación deje de ser un privilegio y se
consolide como derecho accesible para todos.
Por otro lado, Brito Rodríguez, Basualto Porra y Posada Lecompte (2020), determinan que la
discriminación es un comportamiento sistemático y socialmente extendido que afectan los derechos
fundamentales de ciertos estudiantes. Esta discriminación puede presentarse de diversas formas,
incluyendo el abuso de autoridad, la violecia verbal e incluso la exclusión por factores étnicos o
socioeconómicos. Este contexto, subraya la importancia de contar con políticas de estado que no solo
garanticen el acceso al derecho a la educación, sino que también promuevan un ambiente inclusivo y
de respeto a la diversidad.
Asimismo, la discriminación en la educación superior puede manifestarse de diversas maneras,
afectando el bienestar académico y personal de los estudiantes. Según Vázquez Ramos et al. (2022), el
entorno educativo debe ser un espacio libre de conductas discriminatorias y de exclusión, ya que estas
afectan negativamente el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes.
En Ecuador, las barreras no solo se relacionan con las condiciones de ingreso, sino también con el reto
de sostenerse en el sistema universitario, especialmente para aquellos estudiantes que deben trabajar y
estudiar al mismo tiempo para solventar sus gastos.
De aquí la necesidad de que los lineamientos de admisión de las universidades y las normativas estatales
se alineen para asegurar que los estudiantes no enfrenten discriminación en el proceso de ingreso. En el
contexto de un sistema educativo inclusivo, las universidades deben comprometerse no solo a
proporcionar acceso equitativo, sino también a implementar programas de apoyo académico y
financiero para aquellos estudiantes en situaciones vulnerables, logrando así que el acceso a la
educación superior contribuya a reducir las brechas sociales y económicas en el país.
Cambios en el sistema de evaluación educativa
En Ecuador, el sistema de evaluación educativa ha experimentado múltiples reformas destinadas a
mejorar el acceso a la educación superior y asegurar que los egresados de bachillerato cuenten con las
competencias necesarios para el éxito académico.
pág. 1171
Estos cambios han buscado principalmente medir habilidades fundamentales y facilitar la transición de
los estudiantes desde la educación secundaria hasta la superior.
En el ámbito educativo, los sistemas de evaluación cumplen un papel fundamental al medir el nivel de
preparación de los estudiantes y su capacidad para enfrentar los retos académicos. En Ecuador, este
sistema de evaluación se estableció formalmente en 1996, aunque en ese momento no contaba con un
proyecto específico.
Es en 2007 cuando se implementa por primera vez el proyecto Aprendo, orientado a fortalecer las
habilidades esenciales de lectura, escritura y matemáticas en los estudiantes. En 2008, el examen Ser
Ecuador analizó factores intra y extraescolares que influían en el rendimiento académico, y en 2013, se
introdujo Ser Estudiante, una evaluación estandarizada que brindaba información valiosa para formular
políticas públicas educativas.
En 2014, a través del Acuerdo Interinstitucional 2014-001, se implementó el Examen Nacional para la
Educación Superior (ENES) de manera universal y obligatoria, evaluando el razonamiento matemático,
verbal y abstracto para reforzar el proceso de admisión a la educación superior. En 2016, el examen
ENES y el examen Ser Bachiller se unificaron, facilitando el ingreso a la educación superior mediante
una sola prueba que integraba los niveles medio y superior.
En 2021, el Test Transformar promovió un enfoque en competencias y habilidades, orientando a los
estudiantes en la elección de su carrera universitaria. El año siguiente este examen fue eliminado a
través del Decreto Ejecutivo No. 494, otorgando a las universidades la libertad de establecer sus propios
procesos de admisión. Aunque estos cambios buscaban mejorar el acceso a la educación superior, los
desafíos en términos de equidad y eficiencia continuaron, resaltando la necesidad de un sistema de
evaluación inclusivo y justo.
Perfil de egreso de los bachilleres
El perfil de egreso de los estudiantes de bachillerato en Ecuador es un elemento clave para facilitar su
ingreso a la educación superior y su posterior éxito académico. Los bachilleres deben desarrollar
habilidades y competencias que les permitan adaptarse a las exigencias de la educación superior y,
eventualmente, al mercado laboral.
pág. 1172
Este perfil se basa en una formación integral que abarca tanto el Bachillerato en Ciencias como el
Bachillerato Técnico, proporcionando una preparación adecuada para elegir entre estudios
universitarios o técnicos superiores.
Para mejorar la alineación entre el perfil de egreso y las demandas de la educación superior, el gobierno
ecuatoriano ha implementado reformas educativas enfocadas en fortalecer áreas fundamentales como
Ciencia, Historia, Arte y Cultura Física. Estas áreas de conocimiento aseguran que los estudiantes
cuenten con una base sólida y diversa que les permita adaptarse y destacar en su formación universitaria.
Además, se fomenta el uso de materiales y textos que reflejan la identidad cultural ecuatoriana,
promoviendo un conocimiento más profundo de la historia y cultura del país.
Sin embargo, el perfil de egreso de los bachilleres debe considerar no solo sus capacidades académicas,
sino también sus características individuales y el contexto social al que pertenecen. Esto es esencial
para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, permitiendo que todos
los estudiantes, independientemente de su origen, tengan una oportunidad justa de acceder y adaptarse
al sistema universitario.
Políticas públicas en la Educación Superior
Las políticas públicas se componen de aciones y omisiones implementadas por el gobierno para
responder a las necesidades de los ciudadanos en un contexto específico, respetando el marco legal y
los acuerdos establecidos con la sociedad. En este sentido, la política pública funciona como una
herramienta que permite a los gobiernos asegurar el cumplimiento de su misión y promover el bienestar
general a través de la estructura del sector público y, en ocasiones, del mercado.
Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la disciplina de la política pública se enfoca en cómo los
gobiernos analizan, enfrentan y resuelven problemas sociales, evaluando los resultados de sus
intervenciones. Esta disciplina aborda los problemas que afectan a la sociedad y los incluye en la agenda
política, destacando la importancia de una gestión activa y orientada hacia el bien común.
El Ecuador, como estado de derecho, tiene la obligación de garantizar los derechos humanos,
incluyendo el acceso a la educación superior, de manera que los individuos puedan desarrollar sus
capacidades al máximo tanto a nivel personal como colectivo.
pág. 1173
Esto no implica que todos debam acceder a las mismas instituciones o cursar carreras idénticas, sino
que el gobierno debe procurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior,
facilitando así la diversidad de elección según las capacidades y aspiraciones de cada ciudadano.
Por tanto, instaurar políticas públicas efectivas en educación superior no solo fortalece la democracia
al formar ciudadanos capaces de elegir mejor a sus representantes, sino que también permite a la
ciudadanía demandar soluciones concretas y eficientes a los problemas que enfrenta la sociedad
ecuatoriana. El éxito de la educación superior depende de la solidez de los niveles educativos anteriores.
Si bien las instituciones de educación básica y media no forman a los estudiantes en habilidades críticas
y analíticas, la educación superior difícilmente podrá consolidarse como un espacio de formación
avanzada y de preparación efectiva para el mercado laboral. Por ende, una política pública sólida debe
considerar la mejora continua en todos los niveles del sistema educativo para que los estudiantes lleguen
preparados y puedan máximizar el aprendizaje en sus estudios universitarios y técnicos.
METODOLOGÍA
Siguiendo el criterio de Acosta (2023), los enfoques de investigación determinan el procedimiento a
seguir en un estudio, guiando a los investigadores en la resolución de un problema. Este estudio utiliza
un enfoque cualitativo para analizar el acceso a la educación superior como un derecho sociaal en
Ecuador, con énfasis en las disposiciones constitucionales y los desafíos actuales. Con el objetivo de
evaluar el cumplimiento estatal en garantizar un acceso libre, justo y equitativo a la educación superior
como derecho humano, constitucional y social.
La metodología aplicada es de tipo jurídica y descriptiva, brindando una base teórica para analizar el
marco legal, la doctrina y los criterios de expertos sobre el sistema educativo superior en Ecuador. Este
estudio presenta un diseño no experimental centrado en la observación y análisis de la realidad sin
manipular variables.
La recolección de datos incluyó la revisión de documentos como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
publicaciones académicas y disposiciones de las autoridades de educación superior en el país. Además,
se emplearon los métodos deductivo y analítico. El primero permite extraer conclusiones específicas
sobre el acceso a la educación superior en Ecuador, basándose en principios generales de la legislación
pág. 1174
y doctrina; mientras que el segundo, facilita una revisión detallada de los textos legales, políticas
educativas y criterios de expertos, proporcionando una comprensión profunda del tema investigado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La educación bajo la perspectiva de los derechos humanos y constitucional
De acuerdo con la Declaración de Derechos Humanos (1948), en su artículo 26, numeral 1, establece
que “toda persona tiene derecho a la educación (…) el acceso a los estudios superiores será igual para
todos en función de los respectivos méritos”. Conforme esta disposición, la educación es un derecho
inherente a todo ser humano que debe ser respetado y garantizado sin discriminación o vulneración
alguna. Por ello, el Ecuador lo ratifica dentro de la Constitución de la República como se manifestó con
anterioridad.
La educación se convierte entonces en una herramienta que facilita el desarrollo integral de la sociedad,
abarcando el crecimiento personal, profesional, social, cultural y económico de las personas. En
consecuencia, es fundamental que sea accesible y gratuita en todos los niveles formativos, es decir,
primaria, secundaria y superior. Asimismo, debe ser una educación equitativa e igualitaria, accesible
para todos, basándose en sus capacidades y méritos.
Los elementos constitutivos del derecho a la educación, que a la vez representan las obligaciones del
Estado para su garantía, según Rodino (2015) son los que se muestran en el Gráfico 1.
Gráfico 1: Elementos constitutivos del derecho a la educación
Aquello significa que cada elemento conlleva una responsabilidad estatal. Así pues, la asequibilidad
implica disponer de suficientes instituciones y programas educativos en todo el territorio. La
accesibilidad requiere que estos sean accesibles para todos, sin discriminación, y que sean
económicamente viables. La aceptabilidad se refiere a la idoneidad y calidad de los programas
educativos y métodos de enseñanza. Finalmente, la adaptabilidad se relaciona con la capacidad de la
educación para ajustarse a las necesidades sociales y culturales.
Asequibilidad o
Disponibilidad Accesibilidad Aceptabilidad Adaptabilidad
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Evolución del acceso a la Educación Superior
Inicialmente, en Ecuador, el acceso a la educación superior implicaba que los estudiantes que
completaran la educación secundaria podrían elegir su carrera, siempre que tuvieran los recursos
económicos necesarios. Empero, con los cambios introducidos por la Constitución de Montecristi y la
Ley Orgánica de Educación Superior, este accceso ha evolucionado hacia un sistema de admisión
basado en exámenes estandarizados.
El acceso a la educación superior ha experimentado varios mecanismos desde la Constitución de 2008,
tal como se evidencia en la Tabla 1.
Tabla 1: Evolución de mecanismos de evaluación para el acceso a la educación superior en el Ecuador;
Mecanismo de
evaluación
Descripción
Aprendo 2007
Este proyecto, iniciado en 1996 y adoptado oficialmente por el Ministerio de
Educación, buscaba mejorar las habilidades fundamentales de lectura, escritura y
matemáticas en los estudiantes. Aunque no era un requisito para el ingreso a la
educación superior, representaba un sistema de evaluación educativa nacional.
Ser Ecuador 2008
Este mecanismo analizaba los factores intra y extraescolares que influían en el
rendimiento académico de los estudiantes. Inicialmente dirigido a la educación
primaria, en 2008 se extendió a estudiantes de tercer año de bachillerato.
Ser Estudiante 2013
Examina el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes al concluir la
educación secundaria, utilizando dos herramientas de evaluación estandarizadas de
amplia escala, con el propósito de informar la creación de políticas públicas que
mejoren los procesos educativos.
ENES 2014
Fue introducido alterando el proceso de admisión a la educación superior en el
Ecuador. Evaluaba habilidades esenciales en razonamiento abstracto, matemático y
verbal, siendo supervisado por la Senescyt.
Ser Bachiller 2015
En este año el ENES se convierte en un examen obligatorio para estudiantes de tercer
año de bachillerato. Al mismo tiempo, se implementa el Ser Bachiller, una evaluación
a escala nacional del Ineval (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) que buscaba
promover la equidad en el acceso a la educación universitaria.
Examen Unificado
2016 (ENES y Ser
Bachiller)
El propósito de esta unificación era mejorar el acceso de los estudiantes mediante
métodos inclusivos, además de promover la coherencia entre los niveles medio y
superior. Buscaba asegurar que los estudiantes tuvieran las habilidades y
conocimientos esenciales para su éxito profesional.
EAES 2020
Reemplazó al Ser Bachiller, utilizado hasta enero de 2020 para el ingreso a la
educación superior pública en el Ecuador. Este nuevo mecanismo evaluaba habilidad
y competencias para la educación superior, no obligatorio, solo para aquellos
estudiantes que aspiraban a una carrera universitaria o técnica-tecnológica.
pág. 1176
Test Transformar
2021
Se suprime el EAES y las pruebas de ingreso universitario, reemplazándolas con un
nuevo sistema de evaluación que se encargada de evaluar las competencias y
habilidades, junto con un test vocacional para orientar a los estudiantes en la elección
de su carrera.
Eliminación de
examen de la
Senescyt 2022
Se retira el Test Transformar y se otorga a las universidades y escuelas politécnicas la
libertad de establecer sus propios métodos de admisión.
2023
La Senescyt asume únicamente la responsabilidad de los institutos tecnológicos y
conservatorios, mientras que 14 universidades reciben apoyo de esta entidad para sus
procesos de admisión.
2024
Los institutos tecnológicos y conservatorios están bajo la jurisdicción de la Senescyt,
mientras que cada universidad y escuela politécnica tiene autonomía para establecer su
propio proceso de admisión.
Fuente: Gobierno del Ecuador; Elaboración: Propia
En la práctica, este sistema se convirtió en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación, ya
que las asignaciones presupuestarias no han sido adecuadas para hacer frente a la magnitud de la
demanda, intensificando la brecha entre la oferta y demanda educativa. Además, según lo señalado por
Astudillo (2022) en el estudio de Noroña, K. (2022), la centralización del proceso de admisión privó a
los estudiantes y a las universidades de su capacidad de decisión. En numerosas ocasiones, los
estudiantes que aspiraban ingresar en una carrera específica se encontraron con que el sistema los
ubicaba en otras, de igual manera, se evidenciaba un proceso de evaluación complicado que no
consideraba el perfil de los estudiantes al egresar del bachillerato, lo que se traducía en puntajes bajos
y pruebas difíciles.
La eliminación del Test Transformar en 2022, más allá de ser una acción que aparentemente buscaba
facilitar el acceso a la educación superior sin obstáculos para los estudiantes, también fue percibida
como una estrategia política. Esto en gran parte porque el presidente de ese momento, Guillermo Lasso,
había propuesto esta medida durante su campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2021.
Lo que conlleva a pensar si realmente fue una medida pensada en el mejoramiento al acceso al derecho
de la educación para los jóvenes del país o simplemente una estrategia con tendencia política.
Por consiguiente, al descentralizar el proceso de admisión y otorgar autonomía a cada institución de
educación superior, el Estado debe velar por la transparencia de los mecanismos utilizados por las
universidades.
pág. 1177
Esto implica asegurar el cumplimiento de la igualdad de condiciones y oportunidades, tal como lo
establece la Constitución de la República, sin lugar para la discriminación. Además, es crucial controlar
la prevención de arbitrariedades como el tráfico de cupos, práctica que solía ocurrir antes de la
centralización del proceso de admisión universitario.
Presupuesto para la educación superior
La autonomía concedida a las instituciones de educación superior, mediante la descentralización
establecida por el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, que elimina el examen
administrado por la Senescyt, requiere una mayor inversión económica en infraestructura física y
tecnológica, contratación de personal docente, creación de nuevas carreras, otorgamiento de becas y
otros elementos que fortalezcan y mejoren la calidad de la educación.
Para ello se ha tomado en consideración el presupuesto asignado por el gobierno central a la educación
superior en los últimos años tal como consta en el Gráfico 2.
Gráfico 2
Fuente: Observatorio de Gasto Público, Senescyt;
Elaboración: Propia
El gráfico evidencia fluctuaciones significativas para la educación superior en Ecuador entre 2021 y
2024 reflejando cambios en las prioridades estatales. El presupuesto para 2021 es de USD 1.286.700,00
millones, pero se reduce significativamente a USD 1.157.453,00 millones en 2022. En 2023, esta cifra
aumentó significativamente a USD 1.322.000,00 millones y se mantuvo casi sin cambios en 2024 en
USD 1.319.000,00 millones de dólares.
2021 2022 2023 2024
Monto Asignado $1.286.700,00 $1.157.453,00 $1.322.000,00 $1.319.000,00
$1.050.000,00
$1.100.000,00
$1.150.000,00
$1.200.000,00
$1.250.000,00
$1.300.000,00
$1.350.000,00
USD
Presupuesto para Educación Superior (2021-2024)
pág. 1178
El análisis refleja fluctuaciones significativas en la financiación, con una disminución en 2022 seguida
de un aumento en los dos años siguientes, lo que sugiere que el gobierno ha establecido prioridades
dentro de su presupuesto para estabilizar y potencialmente mejorar el apoyo financiero a la educación
superior después de un período de recortes presupuestarios.
Consecuentemente, es importante analizar los presupuestos de algunas instituciones de educación
superior de al menos los dos últimos años para identificar las variaciones en la distribución de recursos
dentro del sistema de educación superior. Esta información permite conocer cómo el financiamiento
asignado a estas instituciones impacta tanto el acceso como la calidad educativa, aspectos esenciales
para comprender la equidad en el acceso a la educación superior en el país. El Gráfico 3 facilita la
visualización de los montos presupuestarios otorgados en ambos años, ofreciendo una base comparativa
para evaluar el contexto actual de la política de financiamiento educativo.
Gráfico 3 Fuente: Ecuavisa, Senescyt;
Elaboración: Propia
pág. 1179
La comparación de los presupuestos asignados a estas instituciones de educación superior en 2023 y en
2024 permite analizar el impacto de la asignación de recursos en la equidad y calidad de la educación
superior en Ecuador. Las reducciones presupuestarias observadas en instituciones como la Universidad
Central del Ecuador y la Universidad de Guayaquil destacan las dificultades para mantener o mejorar
la calidad educativa y los servicios, lo cual afecta directamente el acceso equitativo a una educación de
calidad. Asimismo, las variaciones en el presupuesto puede incrementar las brechas entre instituciones
y estudiantes de diferentes regiones, representa un reto importante para la equidad en el acceso a la
educación superior, un aspecto central en este artículo. Además, estos datos reflejan las tendencias en
las políticas públicas de este ámbito y permiten identificar si las decisiones gubernamentales se alinean
con el derecho constitucional a una educación accesible y de calidad para todos.
Por otro lado, relacionando las asignación presupuestaria y las políticas públicas establecidas por el
gobierno de turno, se hace mención del Boletín No. 089 del año en curso, donde se pretende reafirmar
el compromiso del Estado con el fortalecimiento del desarrollo académico en la educación superior del
Ecuador. Específicamente, a través de los programas de becas y ayudas económicas se han
implementado políticas públicas que garanticen oportunidades de acceso justo e igualitario para los
jóvenes de todo el territorio nacional así como se detalla en la Tabla 2.
Tabla 2 Implementación de políticas públicas a través de programas de becas y ayudas económicas
Programa
Descripción
Becas Tec Saudí 2024
Orientadas a potenciar habilidades técnicas en el ámbito tecnológico.
Becas Nuevo Ecuador 2024
Dirigidas a estudiantes con capacidad para generar impacto en sectores
estratégicos de desarrollo.
Ayudas Económicas Santa Elena
Asistencia económica dirigida exclusivamente a la región de Santa Elena.
Becas Futuro Femenino
Dedicadas a fomentar la inclusión y el liderazgo de mujeres en áreas de
estudio de alta demanda.
Becas TIC Ecuador
Becas orientadas a las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), con el fin de promover la innovación digital en el país.
Fuente: Senescyt; Elaboración: Propia
Aunque estos programas buscan reducir las desigualdades educativas de los estudiantes ecuatorianos,
promoviendo la excelencia académica y priorizando áreas estratégicas para el desarrollo futuro del país,
no logran abordar completamente las desigualdades existentes.. Si bien estas implementaciones
responden a los desafíos educativos, tratando de democratizar el acceso a la educación supeior, pero no
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suplen todas las necesidades ni involucra a todos los grupos sociales. Pues con base en la información
presentada se logra reconocer que al menos las ayudas económicas otorgadas en este año han sido
únicamente ofrecidas en la provincia de Santa Elena desplazando al resto del territorio ecuatoriano, lo
que conlleva a interrogarnos una vez más si se trata de una politica estatal u otra estrategia con tendecia
política del actual gobierno.
Sucede lo mismo con las becas orientadas hacia la educación tecnológica, un área que, en el contexto
del mundo actual cobran vital importancia para el desarrollo del país, sin embargo, nuevamente se
desplazan a otros ámbitos académicos o mejor dicho a las carreras de carácter universitario. Aquello
pues restringe de alguna forma el acceso equitativo e igualitario por parte de los estudiantes a estos
programas ofrecidos por el Estado, creados con la finalidad de enfrentar los desafíos actuales que
permitan la sostenibilidad y el crecimiento económico del Ecuador.
Oferta y demanda académica
El análisis de la relación entre oferta y demanda académica para el acceso a la educación superior en
esta investigación es crucial, ya que revela los desafíos que enfrenta el sistema educativo superior en el
Ecuador. Los esfuerzos por aumentar y estabilizar el presupuesto para mejorar el sistema educativo no
han sido suficientes, persiste una notable desproporción entre el número de aspirantes y los cupos
disponibles en las instituciones de educación superior, evidenciados en el Gráfico 4.
Gráfico 4 Fuente Senescyt
Elaboración: Propia
120.948
122.000
135.000
146.000
255.923
215.000
156.682
394.000
2021 2022 2023 2024
Relación entre oferta y demanda para el
acceso a la educación superior 2021- 2024
Oferta Académica (Cupos) Demanda (Aspirantes)
pág. 1181
El gráfico demuestra que la demanda de educación superior en Ecuador continúa superando la oferta
de plaza disponibles entre 2021 y 2024. En 2021, la demanda fue duplicada en relación a la oferta. Pese
a que hubo un ligero aumento de la oferta en 2022, la demanda casi se duplicó. En 2023, la brecha se
redujo, pero la oferta se incrementó en cierta medida. La demanda ha crecido considerablemente hasta
394.000 estudiantes en el 2024, casi el doble de la oferta de 146.000 plazas, lo que pone de relieve la
urgente necesidad de ampliar la capacidad de las IES.
Recientemente, una publicación de la Revista Vistazo (2024, pág. 66) identificó las instituciones de
educación superior en Ecuador con la mayor oferta académica para atender la creciente demanda de
estudiantes que buscan acceder a este derecho. A continuación, se presenta el Gráfico 5 con las
instituciones mejor posicionadas en este ranking.
Gráfico 5
Fuente: Revista Vistazo, Senescyt;
Elaboración: Propia
La información proporcionada permite conocer la oferta académica de las cinco universidades
ecuatorianas que lideran el ranking según Revista Vistazo del mes de octubre, con la mayor cantidad
de programas de estudio en diversas modalidades, tales como presencial, en línea, híbrida,
semipresencial, a distancia y dual. Toman importancia especialmente la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana, que lideran en la cantidad de programas
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presenciales y en línea, reflejando el esfuerzo por ampliar la accesibilidad a programas de estudios
superiores que garanticen el derecho a la educación.
Otras instituciones, como la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad Central del
Ecuador, tienen una oferta significativa en la modalidad presencial, aunque con menor diversidad en
otras opciones. Por otro lado, la Universidad Particular Espíritu Santo sobresale en su oferta en línea
complementada con otras modalidades. Este panorama sugiere que algunas universidades están
diversificando sus formatos educativos para responder la demanda de educación, facilitando el acceso
a distintos perfiles de estudiantes y abordando la necesidad de modalidades más inclusivas y flexibes.
Esto nos lleva a determinar que la limitada cobertura en ciertas modalidades y la concentración de
ofertas presenciales en instituciones específicas restrigen las opciones para quienes se encuentran en
zonas geográficamente apartadas o en condiciones laborales que impiden la asistencia regular. Además,
el crecimiento en la demanda de educación superior, impulsado por factores socioeconómicos y
culturales, continúa separando la capacidad de respuesta de estas instituciones. En consecuencia se hace
evidente que los esfuerzos actuales, aunque significativos, no logran cubrir completamente la demanda
estudiantil en Ecuador, planteando un desafío persistente para alcanzar un sistema educativo
verdaderamente inclusivo y equitativo.
Este desequilibrio plantea diversos desafíos que exigen que el Estado ecuatoriano garantice el derecho
constitucional a la educación, sin abandonar su enfoque como derecho social.
CONCLUSIONES
En este estudio se concluye que el aumento de la oferta académica para la educación superior pretende
ser relevante y responder a las necesidades, pero una proporción significativa de estudiantes todavía no
pueden acceder a la educación universitaria en el Ecuador, lo que se puede traducir en falta de estrategias
efectivas para garantizar un acceso justo y equitativo sin vulneración alguna. La eliminación de los
exámenes de ingreso administrados por la Senescyt ha buscado facilitar el acceso, empero, no ha
obtenido resultados en el problema de fondo, ya que la demanda continúa superando la oferta
disponible.
Los esfuerzos evidenciados en la diversificación de modalidades de estudio por parte de algunas
instituciones de educación superior no logran suplir los desafíos actuales, pues la oferta académica
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sigue siendo insuficiente para satisfacer plenamente la demanda de acceso a la educación superior.
Aunque la adopción de modalidades como la educación en línea, a distancia y otros formatos flexibles
han facilitado la inclusión de diversos perfiles estudiantiles, aún existen importantes brechas que
dificultan el acceso universal de los jóvenes ecuatorianos a este derecho.
Por su parte, los recortes presupuestales en las instituciones de educación superior del país limitan los
principios de progresividad de los derechos sociales consagrados en la Constitución. La reducción de
recursos restringe la capacidad de las universidades para ofrecer una educación de calidad y mantener
una infraestructura adecuada. Asimismo, afecta la implementación de programas de apoyo estudiantil
a ciertos grupos únicamente, exacerbando las desigualdades existentes y socavando la equidad e
igualdad de oportunidades. No se trata de beneficiar a unos pocos, sino de garantizar una distribución
universal basada en factores como el mérito, la excelencia académica o la pertenecia a grupos
vulnerables o históricamente “rechazados”. Evitando estrategias que prioricen intereses políticos sobre
la equidad educativa.
Finalmente, la relevancia de la implementación de políticas inclusivas que aborden las desigualdades
socioeconómicas y las necesidades especiales de los diferentes grupos de población, siguen siendo un
desafío para el Ecuador. Esto provoca que persistan las desigualdades socioeconómicas y geográficas
que afectan desproporcionalmente a ciertos grupos y limitan su acceso a la educación superior. Es por
esto, por lo cual las políticas públicas son esenciales para salvaguardar el derecho a la educación
superior como pilar del desarrollo social y económico del país, y para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso y finalización de los estudios superiores. Pues como lo dice la Constitución,
la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un
país soberano y estratégico para el desarrollo nacional.
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