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INTRODUCCIÓN
Los actos de criminalidad se producen debido a diversas causas, como el consumo de alcohol, drogas,
el uso de armas de fuego, desempleo, desigualdad, estereotipos de género e inestabilidad política
(Organización De Naciones Unidas [ONU], 2019). Además, se identificaron a los países de América
Latina con las tasas más altas de violencia, siendo éstas: Venezuela con un 48%, México con un 41%,
República Dominicana con un 41% y Argentina con un 41% (Rettberg, 2020). Los estudios sobre
delincuencia y criminalidad destacan sus elevados costos económicos tanto a nivel individual como
regional. Altas tasas de criminalidad afectan negativamente el clima de inversión privada y desvían
recursos públicos hacia la seguridad en lugar de impulsar el desarrollo económico, lo que deteriora la
calidad de vida, (González,2014).
Conforme a (Ortega & Pino, 2021), sostienen que el costo del crimen en varios países del mundo en el
año 2020 fue aproximadamente del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en los países
de América Latina, los costos son más elevados. Por ejemplo, Honduras presenta un 6,51% del PIB
destinado a la criminalidad, mientras que El Salvador alcanza el 6,16% del PIB. En el caso de Ecuador,
se registra un 3,26% del PIB destinado a enfrentar los efectos de la criminalidad en el año 2020.
El aumento en el gasto destinado a seguridad ha sido ampliamente enfocado en combatir la amenaza
del crimen organizado. En teoría, este redireccionamiento de recursos podría afectar negativamente a
otros sectores productivos, lo que eventualmente podría perjudicar el crecimiento económico a largo
plazo, tal como sugieren Yang, Lin y Chen (2012). Por su parte, Landau (1993), a través de un análisis
de regresión aplicado a 71 países del noreste de África durante el periodo 1969-1989, identificó una
relación no lineal entre el gasto militar para seguridad y el crecimiento económico.
Aguirre y Muggah (2017) señalan que las ciudades de Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay presentan
tasas de mortalidad por violencia significativamente bajas, mientras que Perú, Nicaragua, Ecuador,
República Dominicana, Panamá y Paraguay registran tasas moderadas. Por otro lado, Brasil, México,
Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela destacan por sus elevados índices de mortalidad
vinculados a la violencia. Esto evidencia que, a pesar de las estrategias implementadas, América Latina
enfrenta niveles alarmantes de delincuencia, extorsión y sicariato.