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INTRODUCCIÓN
Los conflictos sociales a nivel global tienen un efecto considerable en la economía internacional,
impactando tanto a países en desarrollo como a aquellos ya establecidos. Justino y Verwimp (citados en
Rejas et al., 2024), sostienen que los conflictos armados disminuyen la inversión extranjera directa, lo
cual disminuye el crecimiento económico. Por su parte Blattman y Miguel (2010) señalan que las
situaciones durante un conflicto traen como consecuencia el deterioro y la destrucción de la
infraestructura, así como la pérdida del capital humano, lo que afecta negativamente la productividad.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), a
consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado repercusiones significativas en América
Latina, afectando de manera notable a los sectores de producción primaria, incluyendo el petróleo, el
gas, el aluminio y los cereales. Esta situación ha impactado a diversas industrias que fabrican insumos
esenciales para la agricultura, como los fertilizantes. Las disrupciones en estas áreas han ampliado las
dificultades económicas en la región, agravando los problemas preexistentes y complicando la
recuperación tras la pandemia.
Según Gadea (2024) refiere el término marea rosa a la creciente influencia de ideologías
socialdemócratas y progresistas, así como de la izquierda política, en América Latina. A inicios del siglo
XXI, se observaron levantamientos populares y la caída de gobiernos en países como Ecuador,
Argentina, Bolivia, y un intento de golpe de estado en Venezuela en el 2002. Este ciclo de rebeliones
culminaron con la llegada al poder de gobiernos progresistas electos, donde los movimientos sociales
jugaron un papel crucial. Históricamente, el populismo en la región ha buscado incluir a sectores
movilizados o excluidos socialmente en un contexto de crisis hegemónica. En este nuevo siglo, el
neopopulismo ha surgido como una forma de consolidar a la clase trabajadora como sujeto político,
aunque con limitaciones para provocar cambios más radicales.
Según Gavancho et al., (2023) la inestabilidad gubernamental y los conflictos políticos han dominado
el panorama en Perú durante 2022 y 2023, especialmente bajo el gobierno de la presidenta Dina
Boluarte, que enfrenta una crisis de legitimidad y apertura. La corrupción, los cambios constantes en la
administración pública y la falta de atención a las demandas sociales han alimentado la desconfianza y
las protestas masivas a principios de 2023. Además, el legado de violencia política, incluyendo la guerra