DELITOS INFORMÁTICOS: UN TEMA DE
ATENCIÓN LEGISLATIVA EN EL ESTADO DE
GUERRERO
COMPUTER CRIMES: A SUBJECT OF LEGISLATIVE
ATTENTION IN THE STATE OF GUERRERO
Dr. Caritino Santiago Morales
Universidad Autónoma de Guerrero, México
Dra Perla Elizabeth Ventura Ramos
Universidad Autónoma de Guerrero, México
Dra. Norma Yadira Memije Alarcón
Universidad Autónoma de Guerrero, México
pág. 14204
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15520
Delitos Informáticos: Un Tema de Atención Legislativa en el Estado de
Guerrero
Dr. Caritino Santiago Morales1
santiagocaritino@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-0412-4547
Universidad Autónoma de Guerrero- Estado de
Guerrero - México
Dra Perla Elizabeth Ventura Ramos
ventura-eliza31@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8680-1703
Universidad Autónoma de Guerrero- Estado de
Guerrero - México
Dra. Norma Yadira Memije Alarcón
normitamemije@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3402-1112
Universidad Autónoma de Guerrero- Estado de
Guerrero - México
RESUMEN
El presente artículo examina el marco normativo que rige los delitos informáticos en el Estado de
Guerrero, México, y la urgente necesidad de actualizar dicha legislación para hacer frente a las nuevas
modalidades delictivas asociadas con el uso de tecnologías de la información. Basado en un estudio
cualitativo documental, se analiza la legislación actual en Guerrero, comparándola con otros estados y
marcos internacionales. El artículo destaca la falta de tipificación penal adecuada y la necesidad de una
reforma legislativa integral. Se proponen medidas concretas para que el Estado adopte una normativa
que se ajuste a los desafíos contemporáneos de la cibercriminalidad. El texto propone que el estado
adopte una reforma legislativa integral que contemple la tipificación específica de delitos informáticos
como el acceso no autorizado a sistemas, la revelación de secretos y el uso indebido de datos personales.
Además, se enfatiza la importancia de capacitar a las autoridades locales en ciberseguridad y forensía
digital, dada la complejidad técnica de estos delitos. El artículo concluye que, sin una reforma legislativa
y una estrategia integral de ciberseguridad, Guerrero permanecerá vulnerable a la cibercriminalidad, con
consecuencias negativas tanto para los ciudadanos como para las instituciones.
Palabras claves: delitos informáticos, cibercriminalidad, legislación
1
Autor principal
Correspondencia: santiagocaritino@gmail.com
pág. 14205
Computer Crimes: A Subject of Legislative Attention in the State of
Guerrero
ABSTRACT
This article examines the regulatory framework governing computer crimes in the State of Guerrero,
Mexico, and the urgent need to update such legislation to address new criminal modalities associated
with the use of information technologies. Based on a qualitative documentary study, the current
legislation in Guerrero is analyzed, comparing it with other states and international frameworks. The
article highlights the lack of adequate criminalization and the need for comprehensive legislative reform.
Concrete measures are proposed for the state to adopt regulations that meet the contemporary challenges
of cybercrime. The text proposes that the state adopt a comprehensive legislative reform that
contemplates the specific criminalization of computer crimes such as unauthorized access to systems,
disclosure of secrets and misuse of personal data. It also emphasizes the importance of training local
authorities in cybersecurity and digital forensics, given the technical complexity of these crimes. The
article concludes that without legislative reform and a comprehensive cybersecurity strategy, Guerrero
will remain vulnerable to cybercrime, with negative consequences for both citizens and institutions.
Keywords: computer crimes, cybercrime, legislation
Artículo recibido 10 septiembre 2024
Aceptado para publicación: 16 octubre 2024
pág. 14206
INTRODUCCIÓN
El Internet es una de las herramientas tecnológicas más utilizadas hoy en día, es la mayor fuente de
consulta de información y una de las mayores plataformas comerciales, lo que ha causado que gran
número de actividades antijurídicas se realicen a través de este medio.
Los delitos informáticos se refieren a aquellas acciones delictivas cometidas a través del uso de
tecnologías de la información y comunicación (TIC), en especial el internet y las computadoras. De
acuerdo con la doctrina penal, los delitos informáticos se dividen en dos grandes categorías: aquellos en
los que la tecnología es el medio para cometer el delito (por ejemplo, fraude electrónico o estafas en
línea) y aquellos en los que la tecnología es el fin del delito (como el hacking o la distribución de
software malicioso) (Téllez Valdés, 1996).
El mismo autor establece como característica de dichos antijurídicos que son conductas delictivas de
cuello blanco, porque se requieren conocimientos técnicos; son acciones ocupacionales por realizarse
cuando el sujeto activo labora, y son acciones de oportunidad pues se aprovecha la ocasión o el universo
de funciones y organizaciones de un sistema tecnológico y económico.
Por lo tanto, es importante partir de una definición clara y una correcta clasificación de estos delitos, ya
que, en muchos casos, las legislaciones estatales no han logrado desarrollar un marco penal claro que
abarque las diversas formas en que se pueden cometer estas actividades ilícitas (Rodríguez, 2020).
Por su parte encontramos diversos autores y organismos que han propuesto definiciones de los delitos
informáticos, aportando distintas perspectivas y matices al concepto. Algunos consideran que es
innecesario diferenciar los delitos informáticos de los tradicionales, ya que según éstos se trata de los
mismos delitos cometidos a través de otros medios. De hecho, el Código Penal español no contempla
los delitos informáticos como tales.
Partiendo de esta compleja situación y tomando como referencia el "Convenio de Ciberdelincuencia del
Consejo de Europa", encontramos en la Sección 1 del Capítulo II (Derecho penal sustantivo) como:
Los delitos informáticos o los delitos relacionados con el empleo de ordenadores, como los siguientes
delitos: acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad
del sistema, abuso de los dispositivos, falsificación informática, fraude informático, delitos relacionados
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con la pornografía infantil y delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los
derechos afines. (p. 6)
Para Campoli (2002), los delitos informáticos son aquéllos en los cuales el sujeto activo lesiona un bien
jurídico que puede o no estar protegido por la legislación vigente y que puede ser de diverso tipo por
medio de la utilización indebida de medios informáticos.
En el contexto iberoamericano, Hikal-Carreón (2013) aborda en su teoría de las Criminologías
especializadas la Criminología informática, la cual define como el análisis exhaustivo de la informática
(tecnologías electrónicas) y las conductas antisociales que surgen del uso de sistemas electrónicos como
medio de comunicación. La Criminología Informática se considera una rama de la Criminología General
que se enfoca en el estudio de conductas antisociales y delitos relacionados con el entorno digital. Su
objetivo es prevenir y combatir el creciente número de conductas antisociales que se llevan a cabo
mediante medios informáticos.
Según nuestro punto de vista es importante reconocer el enfoque preventivo que menciona el autor, ya
que de esta forma se pueden prevenir estos delitos, como enfoque consecuente con los propósitos de la
criminología como ciencia.
Plantea Miró (2012) que en los últimos tiempos se ha venido sustituyendo, aunque no por todos,
la denominación de delitos informáticos por la de cibercrimen y cibercriminalidad en referencia
esta vez al término anglosajón cybercrime, procedente de la unión entre el prefijo cyber,
derivado del término cyberspace, y el término crime, como concepto que sirve para englobar la
delincuencia en el espacio de comunicación abierta universal que es el ciberespacio.
Por su parte Arroyo (2020) refiere que la Criminología, entre una de las conceptualizaciones posibles,
puede ser definida como la ciencia empírica, de carácter inter y multidisciplinar holística del fenómeno
criminal.
Para el presente estudio se tuvo en cuenta la siguiente metodología
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis documental de la legislación en
materia de delitos informáticos, tanto a nivel federal como estatal. Se revisaron los marcos jurídicos
aplicables en México, con un enfoque particular en el Código Penal del Estado de Guerrero. También
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se realizó una comparación con la legislación de otros estados mexicanos, como el Estado de México y
Baja California, y marcos internacionales para identificar mejores prácticas y propuestas de reforma.
El marco jurídico mexicano frente a los delitos informáticos
El marco normativo vigente en México que regula los delitos informáticos, a pesar de sus esfuerzos, aún
necesita, como muchos otros países, de una actualización en esta materia gracia a la velocidad con que
se genera la evolución en esta esfera de desarrollo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otras leyes federales se encarga de
establecer y regular los derechos fundamentales y la protección frente a la manipulación o uso indebido
de datos personales y sistemas informáticos. A continuación, se examinan los artículos clave que
sustentan la normativa en esta materia, y se aborda cómo las reformas legales recientes han intentado
adaptarse a los avances tecnológicos.
Disposiciones constitucionales relevantes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para la regulación de los
delitos informáticos, garantizando los derechos a la privacidad, la protección de datos y la seguridad en
el ámbito digital.
Artículo 1: Este artículo consagra el respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la
privacidad y la protección de la información personal. En el contexto de los delitos informáticos,
cualquier violación a la privacidad, como el acceso no autorizado a datos personales o la divulgación de
información sensible, constituye una transgresión a este principio fundamental (Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 2020).
Artículo 6: Establece el derecho a la información y a la libertad de expresión, pero también contempla
limitaciones en cuanto al uso de información que pueda afectar los derechos de terceros o comprometer
la seguridad pública. Este artículo es especialmente importante en la regulación de la cibercriminalidad,
ya que los delitos informáticos a menudo involucran la manipulación de información (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020).
Artículo 16: Garantiza el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y establece que
ninguna persona puede ser molestada en sus posesiones, salvo por mandato judicial. Este artículo
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sustenta la protección frente a la intervención ilegal en las comunicaciones y los accesos no autorizados
a sistemas informáticos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020).
Artículo 73: Otorga al Congreso la facultad de legislar en materia penal, lo que ha permitido que los
delitos informáticos sean tipificados en el Código Penal Federal. Este marco legal es clave para regular
las conductas ilícitas que se producen en el entorno digital.
Leyes federales aplicables a los delitos informáticos
Entre estas encontramos
Ley Federal del Derecho de Autor: Esta ley ofrece protección a los creadores de programas de
computación, regulando la reproducción, distribución y modificación de software sin la autorización del
titular de los derechos. La piratería de software es uno de los delitos informáticos más comunes en
México, y esta ley establece sanciones específicas para quienes distribuyan o utilicen software sin los
permisos correspondientes (Carrillo, 2019).
Ley de Propiedad Industrial: Protege el uso de información confidencial, como los secretos industriales,
en el contexto de las actividades comerciales. El robo de datos empresariales o secretos industriales a
través de medios informáticos se castiga severamente bajo esta ley, especialmente si la información
sustraída afecta la competitividad de una empresa (González, 2020).
Código Penal Federal: Tipificación de delitos informáticos
El Código Penal Federal fue reformado en 1999 para incluir los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7, que
tipifican diversas conductas delictivas relacionadas con los delitos informáticos. Estos artículos son
cruciales en la lucha contra la cibercriminalidad en México, ya que abarcan delitos como el acceso no
autorizado a sistemas de información, la destrucción o alteración de datos, y el uso indebido de
información almacenada electrónicamente (Hernández, 2023).
Entre las conductas sancionadas se encuentran
Acceso no autorizado a sistemas informáticos: Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular,
acceda a un sistema informático protegido por algún mecanismo de seguridad, puede ser sancionada.
Este tipo de delito es común en casos de hacking, donde los ciberdelincuentes vulneran sistemas de
empresas o individuos para obtener información sensible o cometer fraudes (Código Penal Federal,
2020).
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Destrucción o modificación de información: Alterar o borrar información contenida en sistemas
electrónicos es otro delito tipificado en el Código Penal. Este tipo de delito afecta principalmente a
empresas que dependen de la integridad de sus bases de datos para el funcionamiento de sus actividades
(García Beltrán, 2000).
Uso indebido de información: La copia o divulgación no autorizada de información contenida en
sistemas protegidos también está tipificada como delito. Este tipo de delito se relaciona con el robo de
datos personales o información comercial valiosa, como estrategias empresariales o listas de clientes
(Código Penal Federal, 2020).
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un marco para garantizar
que las instituciones gubernamentales manejen la información de manera segura, especialmente los
datos personales de los ciudadanos. Esta ley impone responsabilidades a las entidades públicas para
proteger la información sensible contra ataques cibernéticos y usos indebidos. En el contexto de los
delitos informáticos, la falta de protección adecuada de la información gubernamental puede dar lugar
a sanciones (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI, 2021).
Jurisprudencia y avances en la regulación de delitos informáticos
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido fundamentales para aclarar
cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los ciberdelincuentes y la protección de los derechos
fundamentales en el entorno digital (SCJN, 2019).
Un ejemplo de esto es la interpretación de los derechos a la privacidad y a la protección de datos
personales en el contexto del uso de redes sociales y plataformas digitales. Los tribunales han
determinado que la información compartida en estas plataformas está sujeta a los mismos principios de
protección que cualquier otro tipo de información, lo que amplía el alcance de las leyes de protección
de datos en el entorno digital (SCJN, 2019).
Desafíos en la implementación y armonización de la legislación
Uno de los mayores desafíos encontrados son la falta de armonización entre las leyes federales y las
estatales. Aunque el Código Penal Federal establece una base sólida para la tipificación de los delitos
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informáticos, muchos estados, como Guerrero, no han adaptado completamente sus normativas para
incluir estos tipos penales. Esta falta de uniformidad crea vacíos legales que dificultan la persecución y
sanción efectiva de los ciberdelincuentes a nivel local (Santiago Morales et al., 2016).
Otro reto es la rápida evolución de la tecnología, que a menudo deja desactualizadas las leyes existentes.
La velocidad a la que surgen nuevas formas de cibercriminalidad exige una constante revisión y
actualización de las normativas para que sean efectivas frente a los delitos emergentes.
Por lo tanto, se hace necesario sugerir la necesidad evidente de reformar y fortalecer el marco jurídico
a nivel federal y estatal para abordar de manera más efectiva los delitos informáticos, así como para
instrumentar estas actualizaciones en los estados de la nación, según sus propias características. Entre
las recomendaciones se incluyen:
Actualización constante de las leyes: Las leyes deben ser revisadas regularmente para adaptarse a las
nuevas modalidades de cibercriminalidad. Esto incluye tanto la tipificación de nuevos delitos como el
ajuste de las penas existentes.
Capacitación de autoridades: Es esencial que las autoridades encargadas de investigar y sancionar los
delitos informáticos reciban capacitación especializada en ciberseguridad y forensía digital para poder
llevar a cabo investigaciones más eficientes (Ríos Estavillo, 1997).
Cooperación internacional: Dado que muchos delitos informáticos tienen un carácter transnacional, es
crucial fortalecer la cooperación con otros países para intercambiar información y estrategias para la
persecución de ciberdelincuentes.
Consideramos además que es de vital importancia para la comprensión del tema de los delitos
informáticos, área de reciente desarrollo en el derecho penal, considerar los elementos tradicionales del
delito, como son: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad e imputabilidad, pero adaptadas a las
características particulares de los delitos que se cometen mediante el uso de tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
Los delitos informáticos abarcan una amplia gama de actividades ilícitas que van desde el acceso no
autorizado a sistemas hasta el robo de identidad y la distribución de software malicioso. A continuación,
se exponen los elementos del delito que deben ser reexaminados para enfrentar los retos que plantea el
entorno digital.
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Elementos del Delito Aplicados a los Delitos Informáticos
En el análisis de los delitos informáticos, los elementos clásicos del delito se conservan, aunque
adaptados a las nuevas modalidades delictivas digitales. A continuación, se detallan estos elementos:
Acción: En los delitos informáticos, la acción consiste generalmente en la intervención ilícita en un
sistema informático o en datos electrónicos. Puede incluir actos como el acceso no autorizado a una red,
la destrucción de información o la creación de virus informáticos. A diferencia de otros delitos
tradicionales, la acción en el ámbito digital a menudo se lleva a cabo de manera remota y anónima, lo
que dificulta la identificación y persecución de los responsables (Téllez Valdés, 1996).
Tipicidad: Para que una conducta sea considerada delictiva, debe estar descrita en la ley penal. Los
delitos informáticos, como el hacking o el phishing, no estaban originalmente contemplados en los
códigos penales tradicionales, por lo que fue necesario que los legisladores introdujeran reformas para
tipificar estas conductas. En México, el Código Penal Federal ahora incluye delitos como el acceso no
autorizado a sistemas informáticos y la alteración de datos electrónicos (García Beltrán, 2000).
Antijuridicidad: Este elemento implica que la conducta debe ser contraria a derecho. En el caso de los
delitos informáticos, la antijuridicidad puede encontrarse en el uso indebido de sistemas o información
sin el consentimiento de sus titulares. La violación de la privacidad, por ejemplo, es una conducta
antijurídica si se realiza mediante el acceso no autorizado a correos electrónicos o redes sociales
(Rodríguez, 2020).
Culpabilidad: La culpabilidad se refiere a la capacidad del delincuente para entender y responsabilizarse
de sus acciones. En los delitos informáticos, esto plantea preguntas sobre el conocimiento especializado
necesario para cometer ciertos tipos de delitos, como la creación de malware o la ejecución de ataques
de denegación de servicio (DDoS). El nivel de conocimiento técnico del delincuente puede influir en la
pena que se le imponga (Ríos Estavillo, 1997).
Imputabilidad: Este elemento evalúa si el autor del delito tenía la capacidad mental para comprender la
ilicitud de su acción. En el ámbito de los delitos informáticos, esto puede ser un área controvertida,
especialmente en casos donde los autores son menores de edad o personas con trastornos mentales que
utilizan la tecnología sin plena conciencia de las consecuencias legales de sus actos.
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Clasificación de los Delitos Informáticos
Esta clasificación es esencial para la correcta tipificación y sanción de las conductas delictivas en el
entorno digital.
Delitos en los que la informática es el medio: En estos casos, la tecnología es utilizada como herramienta
para cometer delitos tradicionales, como el fraude o la extorsión. El fraude electrónico es un ejemplo
clásico, donde se utilizan correos electrónicos o sitios web falsos para obtener información confidencial
de las víctimas. En este tipo de delito, la tecnología facilita la comisión del ilícito, pero el objeto sigue
siendo el mismo que en un delito tradicional (González, 2018).
Delitos en los que la informática es el fin: Aquí, la tecnología no es solo un medio, sino el objetivo
principal del delito. Ejemplos incluyen el hacking, donde el delincuente busca acceder a sistemas
informáticos para alterar o destruir información, o el robo de identidad digital, en el que el atacante
sustrae datos personales de una víctima para utilizarlos fraudulentamente. Estos delitos son
característicos del ciberespacio y requieren un conocimiento técnico especializado para su comisión
(Carrillo, 2019).
Características Específicas de los Delitos Informáticos
Los delitos informáticos presentan características que los diferencian significativamente de los delitos
tradicionales:
Transnacionalidad: Muchos delitos informáticos tienen un alcance internacional, lo que dificulta su
persecución y sanción. Un ciberdelincuente puede operar desde cualquier lugar del mundo, lo que
complica la competencia territorial de las autoridades judiciales. La Interpol ha señalado que la
colaboración entre países es crucial para enfrentar el crecimiento de la cibercriminalidad (Interpol,
2020).
Anonimato: Una característica importante de los delitos informáticos es el alto grado de anonimato que
permite el uso de redes como la dark web. Los delincuentes pueden ocultar su identidad mediante el uso
de redes privadas virtuales (VPN) y técnicas de cifrado, lo que les permite actuar sin dejar rastros
evidentes (Gómez, 2020).
Velocidad y automatización: Los delitos informáticos pueden ejecutarse a una velocidad mucho mayor
que los delitos tradicionales. Un ataque de phishing o la distribución de un virus informático puede
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afectar a miles de víctimas en cuestión de minutos. Esta capacidad de propagación rápida es una de las
mayores preocupaciones de las autoridades de ciberseguridad a nivel mundial (López de la Peña, 2021).
Desafíos Jurídicos y Tecnológicos en la Persecución de los Delitos Informáticos
Es importante analizar los retos que enfrenta el derecho penal en la investigación y sanción de los delitos
informáticos. Uno de los mayores desafíos es la falta de pruebas físicas. A diferencia de los delitos
tradicionales, los delitos informáticos no dejan huellas tangibles, lo que complica la recolección de
evidencia.
Además, los mecanismos tradicionales de investigación no siempre son aplicables en el entorno digital.
La persecución de los ciberdelitos requiere el uso de herramientas avanzadas de análisis forense digital,
lo que implica la necesidad de capacitar a las fuerzas del orden y al personal judicial en ciberseguridad
y tecnología informática.
Por otro lado, la rapidez de los avances tecnológicos genera una brecha entre las normativas vigentes y
las nuevas modalidades delictivas. Por ejemplo, la aparición de nuevas tecnologías, como la inteligencia
artificial o el internet de las cosas (IoT), ha abierto la puerta a nuevos tipos de delitos que aún no están
contemplados en la legislación penal (Rodríguez, 2020).
Por estas razones consideramos ofrecer una propuesta de Reforma y Medidas Preventivas para mejorar
la regulación de los delitos informáticos en México:
Reforma legislativa: Se propone una actualización constante del Código Penal Federal y de las leyes
locales para que incluyan las nuevas formas de cibercriminalidad que surgen con los avances
tecnológicos. Esto incluye la tipificación de delitos relacionados con la inteligencia artificial y el internet
de las cosas.
Capacitación y formación de autoridades: Es esencial que las autoridades encargadas de la investigación
y persecución de delitos informáticos reciban capacitación continua en ciberseguridad y forensía digital.
La complejidad técnica de estos delitos exige que el personal esté bien preparado para enfrentarlos.
Concientización ciudadana: Las campañas de educación pública sobre los riesgos de los delitos
informáticos y las medidas de seguridad que los usuarios pueden adoptar son fundamentales para
prevenir la cibercriminalidad. Esto incluye la enseñanza sobre cómo proteger la información personal y
financiera en línea y cómo identificar correos electrónicos o sitios web sospechosos (Gómez, 2020).
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Delitos Informáticos en el Estado de Guerrero
El fenómeno de los delitos informáticos ha crecido a nivel global y México no es la excepción. El estado
de Guerrero, ubicado en el suroeste del país, enfrenta graves problemas en cuanto a la cibercriminalidad,
exacerbados por la falta de una infraestructura tecnológica avanzada y de una legislación adecuada. Si
bien el uso de tecnologías de la información ha avanzado en Guerrero, este progreso también ha traído
consigo el incremento de los delitos cometidos mediante medios digitales.
Los principales problemas derivados de esta situación son la falta de una tipificación clara de estos
delitos en el Código Penal del Estado de Guerrero y las limitaciones en la persecución de los
cibercriminales debido a la escasa capacitación de las autoridades locales (Santiago Morales et al.,
2016).
Los delitos informáticos en Guerrero comprenden desde el fraude electrónico y el robo de identidad
hasta actividades más sofisticadas como el hacking y la distribución de software malicioso. Estas
actividades ilícitas, si bien no son nuevas, se han intensificado debido a la mayor conectividad de los
ciudadanos y empresas de la región. La falta de una legislación actualizada ha provocado que muchos
de estos delitos no sean denunciados ni perseguidos adecuadamente, generando una sensación de
impunidad y vulnerabilidad entre la población (Rodríguez, 2020).
Comparativa con Otros Estados de México
Al comparar la legislación de Guerrero con la de otros estados, como el Estado de México y Baja
California, es evidente que Guerrero se encuentra rezagado en la adopción de normas que aborden la
cibercriminalidad de manera efectiva. En el Estado de México, por ejemplo, se ha avanzado en la
tipificación de delitos como el robo de identidad y el fraude en línea, lo que ha facilitado la labor de las
autoridades en la persecución de estos crímenes (González, 2018).
Tipología de los Delitos Informáticos en Guerrero
A continuación, veremos una tipología detallada de las principales formas de cibercriminalidad que
afectan al estado:
Fraude Electrónico: Este es uno de los delitos informáticos más comunes en Guerrero. Los
ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos falsos, sitios web fraudulentos o mensajes de texto para
engañar a las víctimas y obtener información confidencial, como contraseñas o números de tarjetas de
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crédito. Este tipo de fraude suele derivar en robo de identidad o en transacciones fraudulentas que
afectan a las víctimas tanto económicamente como psicológicamente (González, 2018).
Robo de Identidad: El robo de identidad digital es otro delito que ha crecido significativamente en
Guerrero. A través de técnicas como el phishing y el smishing, los delincuentes logran obtener los datos
personales de las víctimas, que luego utilizan para realizar compras, obtener préstamos o cometer otros
fraudes en su nombre. La falta de protección de datos personales en los sistemas gubernamentales y
privados en Guerrero facilita la comisión de este tipo de delitos (Gómez, 2020).
Acceso No Autorizado a Sistemas Informáticos: El acceso no autorizado, comúnmente conocido como
hacking, consiste en vulnerar la seguridad de sistemas informáticos para acceder a información que no
está disponible públicamente. En Guerrero, tanto empresas privadas como instituciones
gubernamentales han sido víctimas de este delito, lo que ha comprometido la seguridad de datos
sensibles. La falta de infraestructura tecnológica avanzada y de personal especializado en ciberseguridad
en la región agrava este problema (Carrillo, 2019).
Extorsión Cibernética: La extorsión cibernética es un delito en el que los delincuentes amenazan con
divulgar información comprometedora o con llevar a cabo ataques a los sistemas de la víctima a menos
que se les pague una cantidad de dinero. Este tipo de extorsión afecta tanto a individuos como a empresas
en Guerrero, y su anonimato en la web hace que sea difícil rastrear a los responsables (Interpol, 2020).
La Legislación Estatal y su Insuficiencia
El Código Penal del Estado de Guerrero no cuenta con una regulación específica para los delitos
informáticos, lo que ha resultado en una considerable brecha jurídica. A diferencia de otros estados de
México, Guerrero no ha adoptado las reformas necesarias para tipificar estos delitos y sancionarlos
adecuadamente. Aunque a nivel federal existen disposiciones en el Código Penal Federal que regulan
algunos aspectos de la cibercriminalidad, a nivel estatal la falta de una legislación moderna impide que
las autoridades locales actúen eficazmente contra los ciberdelincuentes (Santiago Morales et al., 2016).
Esta insuficiencia legislativa se refleja en la incapacidad de las autoridades para procesar adecuadamente
los casos relacionados con cibercrímenes. Las denuncias relacionadas con fraudes electrónicos, por
ejemplo, muchas veces no son investigadas debido a que no se encuentran tipificadas de manera clara
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en las leyes estatales. Esto genera una sensación de impunidad entre los ciberdelincuentes, que explotan
las lagunas jurídicas existentes en Guerrero para operar sin mayores restricciones (Rodríguez, 2020).
Retos en la Persecución de los Delitos Informáticos en Guerrero
Uno de los mayores obstáculos para enfrentar los delitos informáticos en Guerrero es la falta de
capacitación especializada de las autoridades locales. La Policía Cibernética, una unidad esencial para
la investigación de estos delitos, no cuenta con los recursos necesarios ni con personal altamente
capacitado en el estado. Esto limita su capacidad para investigar casos de cibercriminalidad, rastrear a
los responsables y reunir pruebas digitales que sean admisibles en un tribunal (García Beltrán, 2000).
Además, las limitaciones tecnológicas son otro desafío significativo. Las instituciones judiciales y las
fuerzas del orden en Guerrero no disponen de las herramientas tecnológicas avanzadas necesarias para
realizar investigaciones forenses digitales, lo que dificulta la obtención de pruebas. En muchos casos,
las investigaciones dependen del apoyo de autoridades federales o de otras entidades con mayor
capacidad tecnológica, lo que retrasa las resoluciones y afecta la eficacia de la justicia (López de la Peña,
2021).
Otro reto es la colaboración insuficiente entre las autoridades locales y las federales. Dado que muchos
delitos informáticos tienen un carácter transnacional, es esencial que exista una cooperación más
estrecha entre las entidades estatales, federales e incluso internacionales. La falta de un sistema integral
de intercambio de información entre las diferentes jurisdicciones dificulta la lucha contra la
cibercriminalidad en Guerrero (Interpol, 2020).
Propuestas para la Mejora del Marco Legal y Operativo
Propuestas para mejorar la situación jurídica y operativa en torno a los delitos informáticos en Guerrero:
Reforma del Código Penal del Estado de Guerrero: Es fundamental que se lleve a cabo una reforma
legislativa que contemple la tipificación clara y detallada de los delitos informáticos. Esto incluiría la
creación de artículos específicos que regulen el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el robo
de identidad digital, la extorsión cibernética y la distribución de malware (Gómez, 2020).
Capacitación de las Autoridades: Es necesario que las fuerzas del orden y los funcionarios judiciales
reciban capacitación continua en ciberseguridad y forensía digital. Esto mejoraría su capacidad para
investigar delitos informáticos y para presentar pruebas digitales en los tribunales.
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Desarrollo de Unidades Especializadas: La creación de una unidad especializada en cibercrímenes
dentro de la policía estatal es crucial. Esta unidad estaría dedicada exclusivamente a la investigación y
persecución de delitos cibernéticos, contando con personal capacitado y las herramientas tecnológicas
necesarias para enfrentar este tipo de delitos.
Mejora en la Colaboración Federal y Estatal: Guerrero debe fortalecer su cooperación con las
autoridades federales, particularmente con la Policía Cibernética Nacional y la Guardia Nacional, para
garantizar que los delitos con implicaciones federales o transnacionales sean investigados y procesados
de manera adecuada (Rodríguez, 2020).
Prevención y Concientización Pública: Además de las reformas legislativas y operativas, es necesario
subrayar la importancia de concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos de los delitos informáticos. La
implementación de campañas educativas dirigidas tanto a ciudadanos como a empresas es esencial para
reducir la vulnerabilidad frente a los ciberdelincuentes. Estas campañas deberían enfocarse en enseñar
a las personas cómo proteger su información personal y financiera, cómo identificar correos electrónicos
fraudulentos y cómo evitar caer en estafas en línea (Gómez, 2020).
CONCLUSIÓN
El análisis de los delitos informáticos en el estado de Guerrero revela una problemática compleja que
requiere la atención urgente de las autoridades locales. La falta de una legislación adecuada, combinada
con la escasa capacitación y los recursos limitados, ha permitido que la cibercriminalidad crezca sin
control en la región. Es imperativo que se implementen reformas legislativas que tipifiquen claramente
los delitos informáticos, y que se capacite a las autoridades para enfrentar los desafíos que presenta este
tipo de criminalidad. Además, la concientización ciudadana y la cooperación entre los niveles estatal y
federal son fundamentales para proteger a la población de los riesgos del entorno digital.
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