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igualdad de condiciones, respetando los derechos y la dignidad de todas las personas, ya que no se limita
a la mera presencia física en un espacio, como la escuela o la sociedad, sino que implica una
participación activa y significativa, esto incluye el derecho a involucrarse plenamente en todos los
aspectos de la comunidad, tanto en términos de aprendizaje como de la vida cívica y política.
La fundamentación de la inclusión educativa radica en su capacidad para garantizar el derecho universal
a una educación equitativa y de calidad. Este enfoque es respaldado por organismos internacionales y
nacionales, Según la UNESCO (2023), la inclusión en la educación es esencial para abordar las
persistentes disparidades en el acceso y la calidad educativa a nivel mundial, a pesar de los avances
logrados en la última década, millones de personas aún enfrentan barreras para acceder a la educación,
con uno de cada cinco niños, adolescentes o jóvenes completamente excluido del sistema educativa,
factores como la pobreza, el género, la lengua, la discapacidad y el origen étnico continúan limitando
significativamente las oportunidades educativas, destacando la urgencia de implementar prácticas
inclusivas que garanticen la equidad y el acceso universal a la educación.
La Constitución en su artículo 26 establece “La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para
el buen vivir, las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar
en el proceso educativo” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Artículo 26).
Considerando el párrafo anterior, La Constitución de la República del Ecuador garantiza, de manera
ineludible, la educación como un derecho humano fundamental para todas las personas a lo largo de su
vida; el gobierno considera el área de política pública de educación como prioritaria. Se subraya la
necesidad de recursos adecuados para crear un sistema educativo accesible, así como equitativo
especialmente para grupos históricamente marginados como personas con discapacidad.
Además de enfatizar que la educación es una garantía de igualdad e inclusión social, se respalda la idea
de que todos los estudiantes deben tener múltiples oportunidades para acceder así como participar
plenamente en el aprendizaje, también la notable responsabilidad compartida entre múltiples personas,
diversas familias así como comunidades, las cuales deben ser involucradas activamente en el proceso
educativo para fomentar un ambiente diverso y acogedor.