Empleo y derecho laboral en tiempos de
pandemia, Perú 2020
Rony Méndez Soto
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Orcid.org/0000-0003-1522-8756
Noland Gallegos Cuéllar
Universidad Tecnológica
de los Andes
Orcid.org/0000-0002-3028-4863
Martiniano
Reyes-Olivo
Universidad Nacional
Abierta-Venezuela
orcid.org/0000-0002-9337-046x
RESUMEN
El
Perú -como muchos otros países del mundo- lo tomó esta situación pandémica con
muchas falencias y debilidades en sus sistemas de protección al empleo y
seguridad social. Al inicio de la emergencia, había en el país una
masa trabajadora formalizada de 4997600 personas, esta cifra se fue desplomando
paulatinamente hasta llegar cifras de pérdida acumulada de empleo de 1247700
plazas para el mes de septiembre del 2020. En el Perú existe una alta tasa de
informalidad laboral que ronda el 46,5% de la Población Económicamente Activa,
(PEA), donde imperan ingresos bajos, alta rotación laboral, informalidad
patronal y escasa protección social, dado que la mayoría de las unidades
económicas, son micro y pequeñas empresas.El presente trabajo de investigación se llevó
a cabo bajo un enfoque cualitativo con una metodología de revisión documental
tipo narrativa nutriéndose de fuentes de información primaria y secundaria, a
partir de la búsqueda en bases de datos de acceso abierto. Se concluyó que se deben propiciar políticas públicas,
tendientes a rediseñar estructuralmente el mercado de empleos que permitan
superar gradualmente, la informalidad laboral, es perentorio atender el
desempleo juvenil, es una de las fuerzas laborales más golpeadas por la
emergencia sanitaria, Después de la pandemia, hay que poner atención a la
modalidad de Teletrabajo o Trabajo remoto. Es una modalidad de trabajo a
distancia que requiere una modificación de la prestación de servicios, fuera de
un contexto de emergencia.
Palabras Clave: Informalidad Laboral, Mercado Laboral,
Protección Social
Employment and labor law in pandemic times, Perú 2020.
ABSTRACT
Peru - like many other countries in the world - took
on this pandemic situation with many shortcomings and weaknesses in its
employment protection and social security systems. At the beginning of the
emergency, there was a formalized working mass of 4,997,600 people in the
country, and this figure gradually fell until it reached figures for
accumulated job losses of 1,247,700 by September 2020. In Peru, there is a high
rate of Labour informality, around 46,5% of the Economically Active Population
(EAP), where low income, high Labour turnover, employer informality and little
social protection, given that the majority of economic units are micro and
small enterprises.
This research was carried out under a qualitative
approach with a methodology of documentary review, using primary and secondary
information sources, based on a search in open access databases. It was
concluded that public policies should be promoted, tending to structurally
redesign the job market in order to gradually overcome labour informality, it
is imperative to address youth unemployment, which is one of the labour forces
most affected by the health emergency, after the pandemic, attention must be
paid to the Telework or Remote Work mode. This is a mode of remote working that
requires a change in service delivery, outside of an emergency context.
Key Words: Labour
informality, Labour market, Social Protection
Artículo
recibido: 03 nov. 2020
Aceptado para
publicación: 07 dic. 2020
Correspondencia
[email protected]
Conflictos de Interés: Ninguna que declarar
INTRODUCCIÓN
La Pandemia Covid-19 nos ha revelado la vulnerabilidad
de la humanidad en todos los sectores, comenzando por los sistemas de salud y
en paralelo la economía mundial, los cuales han sido los dos aspectos más
severamente afectados a nivel global. Algunos historiadores opinan que desde la
segunda guerra mundial no existe un evento de tal magnitud que haya colocado a
la humanidad en un estado de fragilidad y vulnerabilidad como el generado por
este virus. En ese sentido, una de las
primeras medidas tomadas por los gobiernos mundiales, fue el confinamiento y
aislamiento social, lo cual impactó directamente en el cierre de la educación, de
las empresas y de las organizaciones en general. Estas medidas tempranas
estaban acompañadas de la incertidumbre de no saber hasta cuando seria su
aplicación, durante ese ínterin -que hoy día alcanza a prácticamente 7 meses de
cuarentena- el sistema de salud de muchos países ha colapsado y la economía a
nivel mundial, se ha desplomado.
Durante este tiempo,
el mundo y sus habitantes, han cambiado de manera abrupta como respuesta a la
acción disruptiva en el orden internacional causado por la pandemia. Las
consecuencias directas se observan en las graves afectaciones al mercado
laboral; cierre de empresas y pérdida de empleos de manera masiva, poniendo en
evidencia igualmente, lo vulnerable de los sistemas de protección y seguridad
social, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos. En ese sentido conozcamos
la opinión de (Royle, J. 2020):
Los sistemas de protección social y de
seguridad social en los países han sido sometidos a prueba y su capacidad de
respuesta ha sido distinta, considerando el grado de madurez de dichos
sistemas. En aquellos sistemas maduros, la seguridad social ha podido responder
favorablemente; por el contrario, otros sistemas de seguridad social no han
podido dar una adecuada respuesta frente al desempleo, la informalidad, falta
de ingresos y una deficiente prestación de servicios de salud a las poblaciones
afectadas, siendo necesaria la inyección de dinero por parte del Estado para
paliar los efectos de estas crisis.
Al volver la
mirada a la región de Latinoamérica y el Caribe, según el Observatorio Laboral
Covid-19 se han perdido 26, 59 millones de empleo, lo que representa el 12.5%
del empleo total de la región, siendo que la mayoría de los trabajadores eran
informales, de bajos ingresos y trabajaban en el sector servicios. El grupo más
afectado es el de los jóvenes menores de 25 años con la predicción que la
recuperación del empleo será lenta y pudiera tomar entre 2 y tres años (BID,
2020a). Los países más desarrollados, ya contaban con una legislación en
materia laboral y de seguridad social más avanzada que les permitió sortear de
mejor manera la situación, por lo que el resto de los países -incluido el Perú-
han debido adecuar su legislación laboral y sistemas de seguridad social, ante
este evento pandémico, lo cual es algo inédito por la globalidad de sus efectos
y el alcance de sus consecuencias en todos los órdenes de la comunidad mundial.
En lo que respecta al Perú, cuando inició el
aislamiento social o la llamada cuarentena, había en el país una masa
trabajadora con empleo formal de 4.997.600 personas, esta cifra se fue desplomando
paulatinamente -a pesar de que en los 2 meses precedentes a octubre se registró
una tendencia a la recuperación- las cifras dejan una pérdida acumulada de
empleo de 1.247.700 plazas para el mes de septiembre. Es de hacer notar que en
el Perú existe una alta tasa de informalidad laboral que ronda el 46.5% de la
Población Económicamente Activa, en adelante (PEA), donde imperan ingresos
bajos, alta rotación laboral, informalidad patronal y escasa protección social,
dado que la mayoría de las unidades económicas, son micro y pequeñas empresas.
(BID, 2020b)
Ante este panorama, cabría preguntarse;
¿Qué ha hecho hasta ahora el gobierno para brindar protección al empleo?
Partiendo de la alta informalidad laboral en el país, ¿Qué mecanismos se han
activado para dar seguridad social a los trabajadores que estan fuera del
sistema laboral formal? A nivel de legislación laboral, ¿Cuáles han sido los
avances y adecuaciones para encarar las afectaciones al mercado de empleos ante
esta “nueva normalidad”? Las respuestas a estas interrogantes son parte del
objetivo de esta investigación, la cual persigue conocer, en primera instancia,
las características del mercado de empleo peruano al momento de estallar la
pandemia, así como, los efectos de la misma sobre la estabilidad del empleo y
en segundo lugar, cuáles han sido las respuestas desde las esferas del
gobierno, a nivel de legislación laboral y de seguridad social, para enfrentar
dicho flagelo.
MATERIAL
Y MÉTODOS
La presente investigación se llevó a cabo
bajo un enfoque cualitativo con una metodología de revisión documental tipo
narrativa, nutriéndose de fuentes de información primaria y secundaria, a
partir de la búsqueda en bases de datos de acceso abierto como Latíndex,
Redalyc y Google Académico, así como, de revistas especializadas disponibles en
la web y repositorios institucionales que permitieron su recojo, clasificación,
procesamiento y posterior análisis. El diseño fue de corte transversal en el
tiempo, ubicado en el año 2020 con un nivel no experimental. Tuvo por objetivo
conocer las características del mercado laboral peruano al inicio de la
pandemia, los efectos de la pandemia sobre la estabilidad del empleo y, por
último, se realizó una evaluación de las respuestas desde el gobierno, a nivel
de legislación laboral y de seguridad social, para enfrentar la situación
problemática de la pérdida del empleo y la vulnerabilidad social de la fuerza
de trabajo.
Finalmente, se plantearon estrategias a los
fines de ofrecer soluciones desde el punto de vista del Derecho Laboral como un
aporte al abordaje de la problemática del empleo, generada por la pandemia. En
cuanto a la información estadística que respalda este trabajo, se obtuvo partiendo
de diferentes bases de datos nacionales e internacionales, tales como; Instituto
Nacional de Estadística e Informática, (INEI), Instituto Peruano de Economia
(IPE), El Observatorio Laboral Covid-19 del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras. Algunas de ellas
fueron presentadas como producto final y
otras fueron tratadas a través de herramientas de Microsoft Office como lo son
el procesador de palabras Word 2016 y hojas de cálculo Excel 2016 bajo el
programa Microsoft Windows 10.
RESULTADOS
En atención al diseño
de esta investigación, se encontró que, al inicio de la situación pandémica, es
decir, en marzo 2020, la PEA en el Perú era de 17.374.800 de los cuales
4.997.600 trabajadores estaban laborando en el sector formal, es decir un 29%
de la fuerza laboral del país, lo que indica que el restante comprendido por
12.377.200 personas equivalente al 71%, se distribuía entre trabajadores
informales, trabajadoras del hogar, sub-empleados y desempleados. Según la
actividad económica, los trabajadores informales se desempeñan en el sector
Servicios (58%), Comercio (23%), Agropecuario y Pesca (3%), Minería 2% y Otros
rubros económicos (14%) (IPE, 2020)
La
Evolución del Empleo Formal
La cantidad de trabajadores formalizados que se
registraba en febrero de este año -previo a la pandemia- era de 4.997.600 pero
fue cayendo este indicador progresivamente hasta tocar fondo, cuando marco una
disminución sustancial a 2.197.200 personas en el mes de junio. Para el mes de
septiembre, a pesar de la leve recuperación registrada en los dos meses previos
de julio y agosto, se reportó 3.749.900 trabajadores ocupados y el cese neto de
1.247.700 puestos de trabajo, desde el inicio del aislamiento social hasta
septiembre 2020.
Figura
N° 1. Fuente:
Elaboración propia sobre la base de datos del (BID) 2020
La
Tasa de Desempleo
Asimismo, la tasa de desempleo que en marzo marcaba un
indicador de 7.7% fue incrementándose gradualmente y tuvo su pico más alto en
el mes de junio cuando alcanzó la cifra de 16.28%, la cual comenzó a caer ligeramente en los meses de julio y agosto
para luego repuntar a números superiores de 16.5% en el mes de septiembre como
se evidencia en la Figura N° 2:
Figura N° 2.
Fuente: Elaboración propia sobre la Base de datos del (BID) 2020
Vale destacar que las cifras disponibles para
este indicador en la base de datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
solo corresponden a Lima Metropolitana, lo que se toma para este estudio como
datos estadísticos representativos tomando en cuenta que esta región agrupaba el
70% del empleo formal del país al iniciar el aislamiento social.
Variación del Empleo por
Grupo Etario
En
cuanto al crecimiento del empleo por grupos etarios, se encontró que el rubro
de edad que menor crecimiento tuvo, fue el de 14-24 años con una recuperación
de casi 380.000 empleos, siendo el sector de los más jóvenes dentro de la PEA
el grupo más afectado, lo cual es cónsono con las cifras globales de la región de
Latinoamericana y el Caribe. El grupo etario con mayor crecimiento y
recuperación de empleos fue el de 25-44 años con 444.300 plazas, mientras que
el grupo de 45 años y más, registró un crecimiento de 423.400 puestos de
trabajo. Ver Figura N°3.
Figura N° 3.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del (BID) 2020
Medidas tomadas por el
Gobierno del Perú como Protección del Empleo y la Seguridad Social para hacer
frente a la Pandemia
Para la presentación de este apartado se hizo
revisión y recopilación de información en materia de legislación laboral y de
seguridad social, que produjo el gobierno peruano y sus instituciones, como
medidas de protección al empleo y preservación de la seguridad social. Los
resultados que se encontraron, los presentamos acá a manera de resumen:
Programas
de Apoyo al Empleo y la Seguridad Social ante Covid-19. Perú 2020 |
||
Tipo
de Medida |
Descripción
de la Medida |
Instrumento
Legal |
Decreto
de Emergencia Nacional |
Instrumento
legal madre emitido por el gobierno del Perú para atender la emergencia por
Covid-19 |
Decreto
de Urgencia 038-2020 |
Contribuciones
a la Seguridad Social |
Protocolo
de inspección para la Suspensión perfecta de labores |
Versión
3 Protocolo 004-2020 -SUNAFIL/INII |
Autorización
a Oficina de Normalización Previsional (ONP) a financiar a afiliados y
pensionistas |
Decreto
de Urgencia N° 077-2020 |
|
Los
trabajadores bajo modalidad de suspensión perfecta, seguirán contando con
beneficio de seguro social Es Salud |
Decreto
Supremo N° 011-2020-TR |
|
Ampliación
de cobertura del seguro de vida para el personal de salud en la lucha contra
el covid-19 |
Decreto
de Urgencia 037-20202 |
|
Reembolso
de gastos de sepelio para asegurados
del Seguro Integral de Salud por fallecimiento a causa de covid-19 |
Resolución
Jefatural N° 123-2020/SIS |
|
Subsidio
por incapacidad temporal a trabajadores diagnosticados por Covid-19 |
Resolución
N° 563-GG-ESSALUD-2020 |
|
Transferencias |
Transferencias
monetarias (bonos) Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres |
Decreto
de Urgencia N° 077-2020 |
Tabla N° 1.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Datos del (BID) 2020
Es importante señalar, que todos estos
instrumentos se han venido creando, en respuesta a las distintas necesidades
que se han generado dentro de la emergencia producida por el virus y
representan una fotografía del momento legal y en materia de seguridad social
según la temporalidad del estudio, de allí que se presentan en forma de macro
información. De igual manera, se hizo referencia a las principales medidas
legales, de donde se desprenden otros instrumentos – que no están presentes en
el resumen- con un nivel de detalle más amplio, los cuales pueden ser objeto de
estudio en próximas investigaciones.
DISCUSION
Y CONCLUSIONES
El Perú -como muchos otros países del mundo-
lo tomó esta situación pandémica con muchas falencias y debilidades en sus
sistemas de protección al empleo y seguridad social. Si bien es cierto que el
Perú fue uno de los primeros países de la región en declarar el aislamiento
social, cerrando la educación, la economía y sus fronteras de manera abrupta-en
aras de proteger a la población de los embates del contagio- hoy el impacto de esas decisiones permite
evaluar a la luz de los acontecimientos que no fueron muy positivos los
resultados como se esperaban, al menos en la primera etapa de lucha contra la
pandemia. Es así, como por mucho tiempo el Perú estuvo liderando las
estadísticas de contagiados y fallecidos por detrás de Brasil y en algún momento
fue el país con más fallecidos en el planeta en base a su densidad poblacional.
Las medidas tomadas por el gobierno, se
vinieron dando, según se iban presentando las necesidades normativas que
imponía e impone el ritmo del contagio y su impacto en la economía. Así, se
creó una madeja de instrumentos legales desde las distintas esferas
gubernamentales que persiguen, en unos casos frenar el desplome del empleo, y
en otros, paliar la precaria situación socio económica que sufre una buena
parte de la población. En lo que se refiere al mercado laboral, las medidas de
confinamiento tomadas tempranamente, significaron que el efecto sobre
indicadores macroeconómicos como el empleo y la seguridad social, fueran más
inmediatos y prolongados en el tiempo, de allí que el impacto negativo en el
PIB de -30%, uno de los más fuertes de la región, se traduce en cierre de
empresas -la gran mayoría Pymes -con la consiguiente pérdida cuantiosa de empleos y respuestas reactivas de parte del gobierno
para tratar de paliar la situación social. Como ya se ha dicho, el mercado
laboral del Perú tiene un alto componente de informalidad siendo una de las más
altas de Latinoamérica, después de Bolivia, México y Argentina. Para el año de
2019, registraba una tasa de informalidad del 46.5% como se puede apreciar en
la figura N°4:
Figura N° 4.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) 2019
Todo lo anterior, le agrega un matiz de
precariedad al empleo justo cuando sobreviene la pandemia del virus Covid-19,
haciendo que se pierda el 25% del empleo formal que se traduce en el cese de
1.3 millones, aproximadamente, de puestos de trabajo. En lo que respecta a la
cantidad de trabajadores informales sin empleo, por ahora no se conoce con
precisión –debido a que las cifras de desempleo están moviéndose
constantemente- pero según (Egúzquisa y Félix, 2020) se estima que sea un número
entre 4 y 5 millones de personas, la mayor parte de ellos
ubicados en la ruralidad del país, 30% de los cuales ya están viendo afectadas
sus cosechas y en riesgo la campaña de siembra de alimentos. Adicionalmente, no
hay cifras oficiales a la fecha, acerca de la cantidad de personas
sub-empleadas pero se estima que estos tres componentes del mercado laboral, están
rondando un 50% de la PEA, es decir, alrededor de 8.5 millones de personas
desempleadas, sin incluir otro elemento que hasta ahora no se conoce
oficialmente su tamaño estadístico con exactitud, como lo es, la población
migrante que actualmente reside en el Perú.
Por
otra parte, cuando analizamos el tema de la seguridad social, debemos partir
inexorablemente, de dos elementos primordiales, a saber, primero, conocer el concepto
de Seguridad Social. Alonso y Tortuero, (1995) la definen de la siguiente
manera:
Conjunto
integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad para
la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones
individualizadas y económicamente evaluables, agregando que, tales medidas se
encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra las
situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas
Es
claro que se refieren a los beneficios sociales y económicos que deben ser de
carácter y alcance general para la población. En segundo lugar, debemos
referirnos a la constitución política del Perú en su artículo 10, la cual
constituye la norma suprema, donde se consagra lo siguiente: El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda
persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias
que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida
Con
base a lo anterior, el Estado está obligado por mandato constitucional a
brindar seguridad social a su población. Sin embargo, hasta ahora había sido
materia pendiente, la pandemia ha desnudado al sistema de seguridad social del
país y ha puesto en evidencia sus falencias y debilidades estructurales, que
incluyen la atención en el sector salud. Como consecuencia de esto, el Estado
peruano ha elaborado y se sigue elaborando, prácticamente, sobre la marcha y al
ritmo que impone la emergencia sanitaria, un conjunto de medidas tendientes a
subsanar la emergencia social. Consistente en más de 20 instrumentos legales,
solo en este rubro, pero a los efectos de esta investigación, solo presentamos
6 de ellos en la Tabla N° 1, los que consideramos son los más importantes y de
donde se desprenden el resto de las disposiciones.
En ese sentido, las medidas tendientes
preservar el empleo como, por ejemplo, la suspensión perfecta de labores, así
como las medidas compensatorias del ingreso (bonos y retiro de fondos de
pensiones), solo son aplicables a la masa trabajadora del segmento formal de
empleo, aproximadamente unos 4 millones de trabajadores según cifras de BID
mostradas en la figura N° 1. Entonces la pregunta de Perogrullo es: ¿Qué hacer
con el grupo de casi 70% de la PEA que está en situación de informalidad
laboral y queda fuera de estas medidas. Un mercado de trabajo donde las fuerzas
laborales tienen, mayoritariamente, características de alta informalidad, se
dificulta la aplicación y alcance de medidas como estas, las cuales se suponen
son creadas para cubrir las necesidades sociales de un entorno laboral formal,
todo lo cual hace que la eficiencia de las mismas sea parcial y no cubran a todo el conglomerado laboral,
colocando así, al Estado peruano en transgresor de sus propias leyes y dejando
en situación de indefensión social, a un gran número de trabajadores.
Finalmente, en atención a las preguntas de
investigación, podemos concluir que, una vez superada esta situación pandémica,
los gobiernos del mundo, deberán replantearse todo lo concerniente a la
protección del empleo, la salud y la seguridad social de sus poblaciones,
aprendiendo de los errores y aciertos, que dejara, sin dudas, este virus. En lo que concierne al Perú, la tarea es ardua
y exigente, en primer lugar, hay que ordenar y sistematizar todo ese entramado
legal que se ha creado para atender la emergencia nacional en los tópicos ya
mencionados, condensando en un solo programa de atención a la población como lo
ordena la constitución política vigente -toda esta serie disposiciones legales
y las que habrán de venir- con una visión más incluyente, socializadora y,
sobre todo, más eficiente. A tales efectos, proponemos algunas estrategias que
pueden coadyuvar a la tarea de reconstruir el tejido laboral del país, una vez
superada esta situación:
Se deben propiciar políticas y directrices
desde el Estado, quien es el órgano rector en materia de políticas públicas de
promoción y protección del empleo, así como, de Seguridad Social, tendientes a
rediseñar estructuralmente el mercado de empleos que permitan superar
gradualmente, la informalidad laboral. Dichas políticas deben estar orientadas
a la inversión en empleo productivo, fomento a las Pymes, capacitación laboral,
facilidades fiscales, legales y administrativas para la creación de empresas,
creación de la Banca Pymes para el financiamiento en I + D y de capital de
trabajo, Creación de un órgano tripartita que sirva de articulador de las
fuerzas vivas de la nación, es decir; Estado, Empresarios, Academia y Trabajadores.
Es perentorio atender el desempleo juvenil, este segmento de entre 14 y 24 años
ya venía con dificultades antes de la pandemia y como hemos visto, es una de
las fuerzas laborales más golpeadas por la emergencia sanitaria. Es necesario
crear puestos de trabajos para este grupo que responda a una vinculación
adecuada funcionalmente a las demandas laborales que de seguro existirán en el
mercado de trabajo al finalizar esta situación. En el Perú, esta población
alcanza a aproximadamente 6 millones de personas, lo que constituye un nicho
laboral importante que puede ayudar a reconstruir la economía, por su fuerza y
juventud. Las desigualdades de género, aunque no es tema de esta investigación,
deben ser atendidas. Especialmente en lo que respecta a las condiciones
laborales y nivel de ingresos, sobre todo en las zonas rurales del país. Si
existen desigualdades en el mercado laboral, esto atentará contra la
productividad y desempeño laboral. Después de la pandemia, hay que poner
atención a la modalidad de Teletrabajo o Trabajo remoto, la cual, llegó para
quedarse. Hay que legislar en esa materia atendiendo elementos, como; la
duración de las jornadas de trabajo, control de los medios informáticos
proporcionados por el empleador, precisión de los costos aportados por la tele
trabajadora para la función laboral, así como su el perfil laboral, entre
otros. Es una modalidad de trabajo a distancia que requiere una modificación de
la prestación de servicios, fuera de un contexto de emergencia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alonso,
M. y Tortuero, J. L. 819959 Instituciones
de la Seguridad Social. Madrid: Civitas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2020a. Observatorio Laboral Covid-19. Pérdida de
empleo en Latinoamérica y el Caribe. Recuperado de: https://observatoriolaboral-bid.herokuapp.com/
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2020b. Observatorio Laboral Covid-19. Evolución de
la tasa de Desempleo en Perú. Recuperado de: https://observatoriolaboral-bid.herokuapp.com/
Constitución Política del Perú de (1993).
Derecho a la Seguridad Social.
Egúzquisa, B. y Félix, F. (2020, mayo). Efectos
Laborales de la Pandemia por la Covid-19 en el Perú. Incertidumbre y Desafíos. Recuperado de: https://actualidadlaboral.com/revista-actualidad-laboral-mayo-2020/
Instituto Peruano de Economia (IPE) 2020. Independencia
y Vulnerabilidad. Recuperado
de:
https://www.ipe.org.pe/portal/independencia-y-vulnerabilidad-trabajores-independientes/
Royle, J. (2020, mayo). Convenios Internacionales de
Seguridad Social y Covid-19. Revista: Actualidad
Laboral. Recuperado de: https://actualidadlaboral.com/revista-actualidad-laboral-mayo-2020/