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INTRODUCCIÓN
En el Perú el delito de robo agravado ha experimentado incrementos alarmantes, a pesar de los esfuerzos
por parte del Estado para garantizar la seguridad y proteger el bien jurídico patrimonio. Según las
estadísticas de la Policía Nacional del Perú (2022) en el año 2020 se registraron 46,830 denuncias por
robo agravado, cifra que aumento en 2021 a 57,698 denuncias, y en 2022 alcanzó los 76,873 casos a
nivel nacional. Además, en 2023, la cifra de denuncias en Lima superó los 13,000 con los distritos de
San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, siendo los más afectados (Espinoza, 2023). Esta
creciente ola de delitos pone en evidencia la debilidad de las medidas de seguridad y el déficit en el
funcionamiento del sistema judicial para abordar este fenómeno.
La preocupación sobre la criminalidad también se refleja en las estadísticas del Instituto Nacional
Penitenciario (2024) que reporta que el robo agravado es el delito con mayor representación dentro de
la población carcelaria, con 22,215 personas privadas de libertad, de las cuales 14,498 ya están
sentenciadas y 7,717 aún se encuentran en proceso. De estos internos, 15,610 son primerizos, lo que
pone de manifiesto el impacto del delito en la sociedad y la frecuencia con la que se comete. Este
fenómeno, genera inseguridad en la ciudadanía y cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas
públicas implementadas para la prevención y el castigo del robo agravado.
A pesar de la existencia de una legislación diseñada para sancionar este tipo de delitos, las resoluciones
judiciales en casos de robo agravado a menudo se ven limitadas por la ausencia de evidencia directa, lo
que resalta la trascendencia de la prueba circunstancial en el proceso penal. En este contexto, la
valoración de la prueba indiciaria se ha convertido en un tema central dentro del sistema judicial
peruano, especialmente en delitos de esta índole, donde la evidencia directa a menudo es difícil de
obtener. Según Quispe (2019) la prueba indiciaria se presenta como un recurso fundamental cuando las
pruebas directas no son viables, ya que permite a los jueces deducir la ocurrencia de un delito a partir
de hechos que, aunque no constituyen pruebas concluyentes por si solas, cuando se analizan en conjunto
pueden establecer una conexión entre el hecho y el acusado.
La prueba indiciaria que se define como una inferencia lógica a partir de hechos comprobados que
permiten deducir otros hechos no evidentes (Villafuerte, 2018), se utiliza para construir una
argumentación razonada sobre la culpabilidad del acusado.