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armonizar las respuestas a las necesidades educativas de todos los estudiantes, promoviendo la inclusión
y el desarrollo integral.
En 2021, el Ministerio de Educación de Ecuador introdujo guías para la inclusión educativa efectiva,
proporcionando directrices técnicas y psicopedagógicas para atender a estudiantes con necesidades
educativas específicas (Romero Jácome et al., 2023). La Constitución de Ecuador (2008) subraya el
derecho a una educación inclusiva, la cual es un deber del Estado y una prioridad en la política pública,
enfocándose en el desarrollo holístico del ser humano y garantizando la igualdad e inclusión social. Esta
educación debe ser participativa, intercultural, democrática, y diversa, impulsando la equidad de género,
la justicia, y la paz, así como estimulando el sentido crítico y la iniciativa individual y comunitaria.
Los Consejos tienen varias atribuciones claves
• Formulación de Políticas Públicas: Los Consejos son responsables de formular políticas públicas
que aborden las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y de
movilidad humana. Esto asegura que las políticas sean inclusivas y abarquen las necesidades de
diversos grupos de la sociedad (EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL, 2019., pág. 8).
• Transversalización: Implica la incorporación de principios de igualdad y no discriminación en todas
las políticas públicas y prácticas gubernamentales. Esto asegura que todas las decisiones políticas y
administrativas se realicen desde una perspectiva de igualdad (EL CONSEJO NACIONAL PARA
LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, 2019., pág. 8).
• Observancia y Seguimiento: Los Consejos tienen la tarea de monitorear y observar la
implementación de políticas públicas, asegurando que se cumplan los principios de igualdad y no
discriminación. Este seguimiento es crucial para identificar y corregir fallas o desigualdades en la
aplicación de las políticas (Hernández Pico y Samada Grasst, 2021., pág, 56).
• Evaluación: Los Consejos deben evaluar el impacto y la efectividad de las políticas públicas
relacionadas con la igualdad. Esta evaluación permite ajustar y mejorar las políticas para que
realmente promuevan la igualdad y los derechos humanos (EL CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD INTERGENERACIONAL, 2019, pág., 9).