Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), mes-mes, año, Volumen -, Número - p 2566
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS BARRERAS
ESTRUCTURALES Y NORMATIVAS EN LA
GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE
PERSONAS CON VIH/SIDA EN MÉXICO
DURANTE EL AÑO 2023
CRITICAL ANALYSIS OF STRUCTURAL AND
REGULATORY BARRIERS IN ENSURING HUMAN
RIGHTS FOR PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS IN
MEXICO DURING 2023
Br. Gloria Yaquelin Alvarado Gómez
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Chetumal
pág. 2567
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16029
Análisis Crítico de las Barreras Estructurales y Normativas en la Garantía
de Derechos Humanos de Personas con VIH/SIDA en México Durante el
Año 2023
Br. Gloria Yaquelin Alvarado Gómez
1
alvaradogomezj500@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-5557-1029
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Chetumal
RESUMEN
Este artículo analiza las barreras estructurales y normativas que limitan el acceso efectivo a los derechos
humanos de las personas con VIH/SIDA en México durante 2023. A pesar de los avances legislativos
y las iniciativas públicas para garantizar el acceso a tratamientos antirretrovirales y combatir la
discriminación, persisten desigualdades significativas en ámbitos como la salud, el trabajo y la
educación. Las personas de comunidades rurales, mujeres, personas transgénero y trabajadoras sexuales
enfrentan una doble vulnerabilidad debido a factores estructurales y sociales. El estudio utiliza un
enfoque cualitativo, con diseño no experimental y análisis crítico de documentos normativos,
resoluciones judiciales y políticas públicas relevantes. Los resultados destacan la insuficiencia de las
leyes actuales para garantizar una implementación efectiva y señalan cómo el estigma y la
discriminación perpetúan la exclusión de este grupo vulnerable. El análisis concluye que la
judicialización ha sido un recurso clave para garantizar derechos, aunque insuficiente para prevenir
violaciones sistemáticas. Se requiere un marco legal más sólido, acompañado de políticas públicas
inclusivas que prioricen la educación en derechos humanos, la capacitación del personal de salud y la
eliminación de barreras administrativas y sociales. El artículo propone medidas como la derogación de
leyes discriminatorias, campañas de sensibilización social y la creación de mecanismos de monitoreo
para garantizar la equidad en el acceso a servicios de salud y educación. Este enfoque busca alinear a
México con los estándares internacionales de derechos humanos, promoviendo una sociedad más
inclusiva y equitativa.
Palabras clave: derechos humanos, VIH/SIDA, políticas públicas, discriminación, México
1
Autor principal
Correspondencia: alvaradogomezj500@gmail.com
pág. 2568
Critical Analysis of Structural and Regulatory Barriers in Ensuring
Human Rights for People Living with HIV/AIDS in Mexico During 2023
ABSTRACT
This article analyzes the structural and regulatory barriers that limit effective access to human rights for
people living with HIV/AIDS in Mexico during 2023. Despite legislative advances and public initiatives
aimed at ensuring access to antiretroviral treatments and combating discrimination, significant
inequalities persist in areas such as health, employment, and education. People from rural communities,
women, transgender individuals, and sex workers face heightened vulnerability due to structural and
social factors. The study employs a qualitative approach, with a non-experimental design and critical
analysis of normative documents, judicial rulings, and relevant public policies. The results highlight the
insufficiency of current laws to ensure effective implementation and underscore how stigma and
discrimination perpetuate the exclusion of this vulnerable group. The analysis concludes that judicial
intervention has been a key tool to guarantee rights, though insufficient to prevent systemic violations.
A stronger legal framework is required, accompanied by inclusive public policies that prioritize human
rights education, the training of healthcare personnel, and the elimination of administrative and social
barriers. The article proposes measures such as repealing discriminatory laws, implementing social
awareness campaigns, and establishing monitoring mechanisms to ensure equity in access to health and
education services. This approach aims to align Mexico with international human rights standards,
fostering a more inclusive and equitable society.
Keywords: human rights, HIV/AIDS, public policies, discrimination, Mexico
Artículo recibido 05 enero 2025
Aceptado para publicación: 25 enero 2025
pág. 2569
INTRODUCCIÓN
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa siendo uno de los desafíos más significativos
para la salud pública global y un tema prioritario en la agenda de derechos humanos. Este artículo
examina la situación del VIH/SIDA a nivel mundial, nacional y legislativo, destacando las iniciativas
que buscan garantizar la atención integral de las personas afectadas en México.
El aumento de casos en México en el 2022 fue de 17,858 casos de VIH, la cifra más alta registrada
históricamente en el país, el impacto global y regional en el caso de África Subsahariana sigue siendo
la región más afectada, con dos tercios de los casos globales. La cobertura de tratamientos retrovirales
en México tiene una cobertura del 80%-85%, dejando fuera a sectores vulnerables, principalmente en
zonas rurales. (Aguirre, J. 2024).
A nivel global, el VIH/SIDA afecta a 39 millones de personas, según ONUSIDA, de las cuales 75% se
encuentran en África Subsahariana. Aunque las infecciones anuales han disminuido significativamente
desde 1995, el acceso desigual a tratamientos sigue siendo un reto. Las cifras reflejan disparidades
basadas en género, edad y ubicación geográfica, vulnerando derechos fundamentales como el acceso a
la salud y la igualdad. (Aguirre, J. 2024).
En México, el incremento de diagnósticos plantea una crisis sanitaria y social. El acceso desigual a
tratamientos afecta especialmente a las poblaciones rurales y a quienes no cuentan con seguridad social.
Según el INEGI, el 40.3% de los fallecimientos relacionados con el VIH en 2021 ocurrió en personas
sin afiliación médica. Estados como Veracruz y Ciudad de México lideran las estadísticas de
mortalidad, lo que evidencia la necesidad de políticas públicas más inclusivas. Las inequidades
regionales en el acceso a medicamentos y atención médica representan una violación a los derechos
humanos de las personas con VIH. (Aguirre, J. 2024).
Durante la LXV Legislatura, se impulsaron iniciativas para: garantizar tratamientos gratuitos, promover
campañas de sensibilización, combatir la discriminación laboral y educativa, mejorar la atención en
centros penitenciarios. A pesar de los avances, muchas iniciativas permanecen en análisis, lo que limita
su impacto inmediato en la protección de derechos.
pág. 2570
Las iniciativas legislativas analizadas abordan temas clave como: no discriminación planteando
propuestas para evitar la estigmatización en ámbitos laborales y educativos; la cobertura universal para
garantizar el acceso a medicamentos y pruebas gratuitas; la inclusión de poblaciones vulnerables para
dar atención especial a niños, mujeres y comunidades rurales.
A 43 años del primer caso de VIH en México, los avances en la materia son notables, pero insuficientes.
Es fundamental fortalecer el marco normativo y garantizar su aplicación efectiva para proteger los
derechos de las personas afectadas. La detección temprana, el acceso universal a tratamientos y la
erradicación de la discriminación deben ser ejes prioritarios en las políticas públicas.
Se debe garantizar el respeto a los derechos humanos y atender las desigualdades que enfrentan las
personas afectadas por esta epidemia, un desafío que involucra a comunidades vulnerables, como
mujeres, niñas, personas privadas de la libertad, y miembros de la diversidad sexual. La discriminación
y el estigma siguen afectando a las personas con VIH, limitando su acceso a servicios médicos y
tratamientos, las personas transgénero, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales
presentan mayores prevalencias de VIH. Las metas de ONUSIDA para 2030 buscan asegurar que el
95% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, reciban tratamiento antirretroviral y logren
supresión viral, las mujeres y niñas representan el 44% de las nuevas infecciones globales y enfrentan
riesgos adicionales debido a desigualdades de género. (CENSIDA, 2024).
México tiene una prevalencia de VIH del 0.3%, con 380,000 personas viviendo con el virus. En 2023
se estimaron 19,000 nuevas infecciones, destacando:
▪ Hombres adultos (15+ años): 15,000 nuevas infecciones.
▪ Mujeres adultas (15+ años): 3,400 nuevas infecciones.
▪ Menores de 15 años: <1,000 nuevas infecciones.
Poblaciones clave incluyen:
▪ Hombres que tienen sexo con hombres (12.8%).
▪ Personas transgénero (9.0% mujeres, 8.6% hombres).
Las mujeres representan el 19% de los casos acumulados de VIH en México. Entre las personas
gestantes, el uso de tratamientos antirretrovirales (TAR) ha reducido la transmisión vertical a menos
del 2%. Sin embargo, el estigma y la discriminación siguen siendo barreras críticas. (CENSIDA, 2024)
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Datos destacados:
• 82% de las mujeres embarazadas con VIH acceden a medicamentos para prevenir la transmisión.
• 95% de cobertura en pruebas rápidas duales para detección de VIH y sífilis en 2024.
Según datos de CONSIDA en su informe de julio de 2024, el 30% de las personas de la diversidad
sexual en México han experimentado discriminación. Las campañas como #OrgulloYEquidad buscan
visibilizar estas problemáticas y promover un acceso equitativo a los servicios de salud, alineándose
con los principios del Artículo 1° Constitucional.
El 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación para promover el derecho de todas las
personas a vivir con dignidad y sin restricciones basadas en su identidad, condición o circunstancias.
Este día enfatiza la necesidad de actuar contra leyes discriminatorias que perpetúan desigualdades y
vulneran derechos fundamentales como:
▪ El derecho a la salud.
▪ El derecho a la educación.
▪ El derecho a la igualdad ante la ley.
La iniciativa busca movilizar a los Estados y la sociedad civil para crear un cambio estructural mediante
la sensibilización y la acción legislativa. Las leyes discriminatorias afectan a diversas poblaciones al
restringir sus derechos y limitar su acceso a recursos esenciales. Ejemplos de estas leyes incluyen: a)
penalización de conductas: relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, trabajo sexual, posesión
y consumo de drogas; b) restricciones de acceso: servicios financieros para mujeres sin el
consentimiento de un hombre, atención médica para adolescentes sin autorización parental, servicios
de salud reproductiva para personas que viven con VIH. Estas leyes no solo perpetúan el estigma, sino
que también agravan problemas sociales como la pobreza, la exclusión y la violencia. (ONUSIDA,
2023).
Entre los grupos afectados por leyes discriminatorias, están las personas que viven con VIH, 92 países
penalizan la trasmisión o exposición del VIH, 59 países exigen pruebas de VIH para poderse casar,
trabajar o residir. El uso de leyes penales para controlar pandemias como el VIH o la COVID-19 ha
demostrado ser contraproducente. Estas leyes, en lugar de proteger, perpetúan la exclusión y el estigma.
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En países que criminalizan a poblaciones clave, como trabajadoras sexuales o personas que consumen
drogas, el acceso a servicios de salud es limitado, lo que incrementa los riesgos de infección y
propagación. (ONUSIDA, 2023).
Es esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos, procesos parlamentarios para reformar
leyes mediante el diálogo y la colaboración con legisladores; juicios estratégicos para impugnar leyes
ante tribunales para que sean derogadas; realizar consultas públicas para promover referéndums y
diálogos sociales para la reforma legislativa. Además, invita a las personas y organizaciones a tomar
acción mediante campañas de sensibilización, apoyo legal y colaboración con entidades
gubernamentales e internacionales. (ONUSIDA, 2023).
La discriminación legal perpetúa desigualdades y viola derechos humanos fundamentales. La
transformación legislativa es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de gobiernos,
sociedad civil e individuos para construir un marco normativo inclusivo. La creación de leyes que
empoderen y protejan a los grupos vulnerables es un paso clave hacia una sociedad más equitativa y
justa.
El informe "Desigualdades Peligrosas" aborda cómo las desigualdades estructurales ralentizan los
avances hacia la erradicación del VIH/SIDA. Las desigualdades de género, las disparidades en las
poblaciones clave y las brechas entre infantes y adultos limitan el impacto de las estrategias globales.
Este análisis destaca los desafíos y las posibles soluciones para mitigar estas desigualdades desde una
perspectiva de derechos humanos. (ONUSIDA, 2022).
Las desigualdades de género agravan la epidemia del VIH. Mujeres y niñas del África Subsahariana
tienen tres veces más probabilidades de adquirir el VIH que los hombres. Además, las mujeres
víctimas de violencia de pareja tienen un riesgo significativamente mayor de contraer el virus. Estas
dinámicas reflejan:
• Normas de género perjudiciales: Privan a las mujeres de su capacidad de decisión y acceso a
servicios esenciales.
• Vulnerabilidad ante la violencia: Incrementa riesgos físicos y psicosociales, limitando la
capacidad de mitigación del impacto del VIH.
pág. 2573
El informe subraya la necesidad de transformar estas normas a través de programas de prevención
combinada y enfoques centrados en derechos sexuales y reproductivos. La falta de liderazgo en políticas
públicas ha impedido cerrar las brechas de atención entre niños y adultos con VIH. En 2021: 800,000
niños vivían con VIH sin recibir tratamiento, 60% de infantes de 5 a 14 años no accedieron a
tratamientos que salvan vidas. Estas cifras reflejan la necesidad de un diagnóstico temprano para
prevenir la progresión de la enfermedad y una cobertura de tratamiento pediátrico para aumentar las
tasas de supresión viral y mejorar los resultados a largo plazo. (ONUSIDA, 2022).
ONUSIDA a través del informe “Acciones aceleradas pongamos fin a la epidemia del 2030”, menciona
que para 2020 se pueda lograr el 90-90-90, es decir, que el 90% de las personas con VIH conozcan su
estado, que el 90% de estas reciban tratamiento, y que el 90% de quienes reciben tratamiento alcancen
la supresión viral. Asimismo, reducir a 500,000 las nuevas infecciones y garantizar cero
discriminaciones. Para 2030 ampliar estas cifras al 95-95-95, con menos de 200,000 nuevas infecciones,
estas metas reflejan un compromiso con la equidad, donde las herramientas de tratamiento y prevención
deben ser accesibles para todos, sin distinción de género, edad, orientación sexual o nivel
socioeconómico. (ONUSIDA, 2022).
Las personas de poblaciones clave (trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres,
personas trans y usuarios de drogas inyectables) enfrentan altos riesgos de infección debido a la falta
de acceso a servicios adecuados y al estigma, según el informe de ONUSIDA, “La urgencia del ahora”,
además que solo el 36% de las mujeres jóvenes utilizan preservativos en relaciones sexuales con parejas
no habituales, las leyes discriminatorias limitan el acceso a tratamientos y fomentan la marginalización.
Las desigualdades estructurales perpetúan la epidemia al limitar el acceso equitativo a servicios de
salud. Esto vulnera los derechos fundamentales de estas poblaciones, reforzando la necesidad de
eliminar barreras legales y sociales. (ONUSIDA, 2024).
En 2023, el déficit financiero para programas de VIH alcanzó los $9,500 millones, limitando la
capacidad de los países para implementar estrategias efectivas, la financiación externa ha disminuido
en un 20% desde su punto más alto en 2013, poniendo en riesgo los programas de prevención y
tratamiento, el déficit de financiamiento representa una amenaza para la sostenibilidad de los avances
pág. 2574
logrados. Es fundamental movilizar recursos a nivel nacional e internacional y priorizar la inversión en
salud pública. (ONUSIDA, 2024).
ONUSIDA a través del informe “Invertir para poner fin a la epidemia del SIDA”, menciona que se
requiere una inversión de 210 millones de dólares, lo que representa solo el 1% de los recursos globales
destinados al VIH, esta inversión busca maximizar el impacto de los más de 20 mil millones de dólares
disponibles anualmente para programas de VIH, canalizando recursos hacia intervenciones efectivas.
La estrategia subraya la importancia de invertir de manera eficiente para garantizar el retorno social y
económico. Las inversiones iniciales generan ahorros significativos a largo plazo mediante la reducción
de nuevos casos e incremento en la calidad de vida de las personas con VIH. (ONUSIDA, 2024).
Las personas transgénero tienen 14 veces más probabilidades de adquirir VIH que la población general.
En África Subsahariana, las adolescentes y mujeres jóvenes tienen una prevalencia de VIH tres veces
mayor que sus pares masculinos. Solo el 42% de los distritos con alta incidencia de VIH cuentan con
programas específicos de prevención. Las desigualdades de género, económicas y sociales son barreras
estructurales que perpetúan la epidemia. Estas estadísticas refuerzan la necesidad de un enfoque
interseccional que priorice a las poblaciones más afectadas. (ONUSIDA, 2024).
ONUSIDA en su informe sobre “Estrategia mundial contra el SIDA 2021-2026
Reducir Desigualdades: Pilar Central
▪ Diagnóstico: La persistencia de desigualdades estructurales, sociales y económicas es identificada
como el principal obstáculo para frenar el VIH.
▪ Cifras Relevantes: En 2019, el 62% de las nuevas infecciones ocurrió en poblaciones clave,
reflejando inequidades en acceso a servicios y protección social.
▪ Propuesta: La estrategia prioriza cerrar brechas en acceso a servicios y protección de derechos
humanos como medio para mejorar resultados de salud.
La inclusión de la equidad como eje transversal es fundamental para garantizar que los grupos más
vulnerables, como mujeres jóvenes, personas transgénero y trabajadores sexuales, reciban atención y
protección adecuada, hay objetivos planteados para el 2025: que el 95% de las personas con VIH
conozca su estatus, reciba tratamiento y alcance supresión viral, una cobertura del 95% de servicios
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para eliminar nuevas infecciones en niños y mantener con vida a las madres, reducción del estigma, la
discriminación y las desigualdades de género en menos del 10% de los países.
Estos objetivos proponen una transformación profunda, pero requieren de un compromiso político y
financiero sostenido. La estrategia enfatiza que la falta de inversión perpetúa las brechas, lo que puede
obstaculizar la consecución de estas metas, una problemática que se evidenció fue durante la pandemia
de COVID-19 exacerbó desigualdades existentes y desvió recursos críticos para el VIH, ONUSIDA
insta a usar la infraestructura del VIH para abordar tanto el SIDA como futuras pandemias.
El vínculo entre el VIH y otras pandemias evidencia la interdependencia de los sistemas de salud
globales. La estrategia aprovecha lecciones previas para promover respuestas resilientes y centradas en
derechos, también se reconoce que estas poblaciones enfrentan barreras legales, sociales y económicas
que dificultan su acceso a servicios. Su inclusión como eje prioritario refuerza un enfoque basado en
derechos humanos.
Se requiere incrementar las inversiones en prevención (hasta 9,500 millones de dólares anuales) y
tratamiento (9,800 millones de dólares). Los sistemas nacionales deben asumir un rol protagónico en la
financiación, complementados por socios internacionales. El déficit financiero es un desafío
significativo. El enfoque en movilizar recursos nacionales es esencial para garantizar la sostenibilidad
de la respuesta.
En México, la situación de las personas con VIH/SIDA continúa siendo un desafío significativo en
materia de derechos humanos, pese a los avances legislativos y de acceso a tratamientos. En 2023, se
registraron aproximadamente 19,000 nuevas infecciones, destacando desigualdades persistentes en el
acceso a la atención integral, particularmente en zonas rurales y entre sectores marginados como
mujeres, personas transgénero y trabajadores sexuales. A pesar de que la cobertura de tratamientos
retrovirales alcanza el 80%-85%, miles de personas aún enfrentan barreras relacionadas con la
discriminación, estigmatización y falta de recursos.
Los esfuerzos recientes incluyen iniciativas legislativas para garantizar tratamientos gratuitos y
combatir la discriminación en ámbitos laborales y educativos. Sin embargo, muchas de estas propuestas
permanecen estancadas, limitando su impacto.
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Además, las leyes discriminatorias y la falta de políticas públicas inclusivas perpetúan las desigualdades
estructurales que vulneran los derechos fundamentales de este grupo vulnerable.
¿Para avanzar hacia una verdadera equidad, es fundamental fortalecer el marco normativo y garantizar
su aplicación efectiva. Se requiere ampliar la detección temprana, lograr una cobertura universal de
tratamientos y erradicar la discriminación. La protección de los derechos humanos de las personas con
VIH/SIDA debe ser prioritaria en las políticas públicas, con un enfoque interseccional y basado en
derechos.
Pregunta de investigación
¿Cómo impactan las barreras estructurales y sociales en la implementación efectiva de los derechos
humanos de las personas con VIH/SIDA en México, considerando su acceso a tratamientos
antirretrovirales, condiciones laborales y educativas en contextos de discriminación y desigualdad
regional durante el año 2023?
Objetivo
Analizar las barreras estructurales y sociales que afectan la implementación efectiva de los derechos
humanos de las personas con VIH/SIDA en México, mediante un enfoque crítico de las políticas
públicas y el marco normativo vigente, para proponer estrategias legislativas y acciones concretas que
garanticen su acceso pleno a servicios de salud, condiciones laborales y educativas en el contexto de la
discriminación y desigualdad regional en el año 2023.
METODOLOGÍA
Enfoque de investigación: El enfoque utilizado es cualitativo, centrado en la interpretación y análisis
crítico de las normativas y políticas públicas relacionadas con los derechos humanos de las personas
con VIH/SIDA en México.
Tipo de diseño de investigación: Diseño no experimental, transversal y descriptivo-analítico, basado
en la revisión documental y jurisprudencial.
Tipo de investigación: Jurídica y social, con un enfoque en derechos humanos y políticas públicas,
orientada a identificar y analizar barreras estructurales y normativas.
pág. 2577
Población: La población de estudio comprende la legislación mexicana, resoluciones judiciales
relevantes, informes de organismos nacionales e internacionales y casos específicos de discriminación
documentados.
Criterios de selección: Se seleccionaron documentos legislativos y judiciales relevantes en materia de
VIH/SIDA, publicados entre 2016 y 2024, que aborden barreras al acceso a la salud, discriminación y
políticas públicas. Se incluyeron textos de la CNDH, ONUSIDA y sentencias judiciales significativas.
Variables
▪ Dependiente: Acceso efectivo a los derechos humanos (salud, trabajo, educación).
▪ Independiente: Marco normativo, políticas públicas, barreras estructurales y sociales.
Técnica de recolección de datos: Revisión documental de legislación, sentencias judiciales, informes
de organismos especializados y análisis de literatura académica.
Procedimiento de análisis de datos: Los datos se analizaron mediante categorización temática,
destacando las barreras identificadas y las propuestas legislativas. Se utilizó un enfoque interseccional
para comprender cómo las desigualdades afectan de manera diferencial a grupos vulnerables. Los
resultados se contextualizaron en la situación actual de México para proponer recomendaciones de
políticas públicas inclusivas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expone de manera integral los desafíos de
las personas que viven con VIH/SIDA en México. A pesar de los avances en el reconocimiento de sus
derechos, como el acceso a tratamientos antirretrovirales y la prohibición de discriminación en la
Constitución, persisten barreras significativas en la implementación de estos derechos. (CNDH. 2016).
La discriminación, arraigada en estigmas sociales, dificulta que estas personas ejerzan plenamente su
derecho a la salud, al trabajo y a la educación. Además, la negación de servicios médicos y la exclusión
laboral o educativa representan violaciones recurrentes, exacerbadas por la falta de información y
sensibilización en la sociedad y en las instituciones.
El marco legislativo actual, aunque sólido en papel, carece de mecanismos efectivos de vigilancia y
sanción. Las políticas públicas deben abordar estas brechas con enfoques interseccionales que
pág. 2578
garanticen la inclusión de mujeres, personas transgénero y trabajadores sexuales, quienes enfrentan
mayor vulnerabilidad. (CNDH. 2016).
Es urgente diseñar leyes que fortalezcan las garantías para este grupo, asegurando el acceso universal a
tratamientos, la confidencialidad de pruebas de VIH y la eliminación de requisitos discriminatorios en
el empleo y la educación. Paralelamente, se requieren campañas nacionales que sensibilicen sobre los
derechos de las personas con VIH/SIDA y promuevan una cultura de respeto y dignidad. México debe
priorizar la implementación efectiva de estas medidas para erradicar la discriminación estructural y
cumplir con su compromiso de garantizar los derechos humanos universales, contribuyendo a una
sociedad más justa y equitativa.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 227/2020
establece un precedente crucial para la protección del derecho a la salud de las personas con VIH/SIDA
en México. Este criterio obliga a las instituciones públicas de salud a garantizar tratamientos
antirretrovirales continuos y oportunos. Sin embargo, su alcance limitado a las partes involucradas
resalta la necesidad de generar cambios estructurales en las políticas públicas y la legislación nacional.
(Espinosa, J. 2020).
La dependencia del juicio de amparo para resolver violaciones específicas refleja una insuficiencia en
la prevención de violaciones sistemáticas. Es imperativo que el sistema de salud conozca y adopte estos
criterios como normativos, evitando la repetición de vulneraciones. Además, la falta de suministro
oportuno de medicamentos no solo afecta el bienestar físico, sino que expone a los pacientes a riesgos
mayores, como enfermedades oportunistas, replicación del virus y resistencias farmacológicas.
(Espinosa, J. 2020).
Para atender estas carencias, se requiere un marco legal que trascienda el caso individual y abarque la
responsabilidad institucional. Políticas públicas que fortalezcan el suministro continuo de
medicamentos, la capacitación del personal de salud en derechos humanos y la creación de protocolos
específicos para garantizar la atención integral son medidas indispensables. (Espinosa, J. 2020).
La SCJN ha avanzado en la protección de derechos humanos, pero se necesita una integración más
efectiva entre el poder judicial y las instituciones del sector salud. Solo con una colaboración
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interinstitucional se logrará mitigar la carga judicial y garantizar el acceso pleno al derecho a la salud,
promoviendo una cultura de prevención y respeto a los derechos fundamentales.
El estudio del caso “Tutela jurisdiccional del derecho a la salud: el caso del VIH/SIDA” evidencia las
deficiencias estructurales en la garantía de los derechos humanos de personas viviendo con esta
condición en México y otros contextos. Aunque las leyes internacionales y nacionales reconocen el
derecho a la salud como fundamental, persiste una brecha significativa entre su formulación normativa
y su implementación efectiva. (Brignole, V. 2024).
El análisis del caso refleja que la judicialización se ha convertido en un medio para exigir derechos
sociales, revelando la insuficiencia de políticas públicas y presupuestos para garantizar un acceso
equitativo a tratamientos esenciales como los antirretrovirales. Esto no solo vulnera el derecho a la
salud, sino que también compromete la dignidad y la vida de los pacientes, especialmente aquellos en
situación de pobreza. (Brignole, V. 2024).
Para abordar estas carencias, es indispensable generar políticas públicas integrales que no solo aseguren
la provisión de medicamentos, sino también la educación y la sensibilización de la sociedad para reducir
el estigma asociado al VIH/SIDA. Asimismo, es crucial reformar las leyes para incluir medidas
concretas que sancionen la discriminación en cualquier ámbito e instaurar mecanismos de monitoreo
que garanticen la rendición de cuentas por parte de las instituciones de salud.
México necesita adoptar un enfoque interseccional y progresivo en la protección de estos derechos,
considerando las complejidades económicas, sociales y culturales que afectan a las personas con
VIH/SIDA. Solo con una acción estatal decidida y el cumplimiento de estándares internacionales será
posible cerrar la brecha entre el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos para este grupo
vulnerable.
El artículo escrito por Valeria, L. et. al. (2021) analiza de manera exhaustiva la evolución normativa y
jurisprudencial en la protección de los derechos de las personas con VIH/SIDA, poniendo énfasis en las
garantías al trabajo y la salud. Este enfoque resalta la importancia de la estabilidad laboral reforzada y
el acceso integral a servicios de salud, elementos esenciales para salvaguardar la dignidad y los derechos
humanos. (Valeria, L. et. al., 2021).
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A pesar de los avances legislativos, persisten desafíos en la implementación efectiva de estas garantías.
La discriminación laboral, la falta de confidencialidad en diagnósticos y las barreras en el acceso a
tratamientos evidencian brechas significativas en el cumplimiento de los derechos humanos. Estas
carencias limitan la inclusión social y perpetúan la vulnerabilidad de las personas con VIH/SIDA,
contraviniendo principios internacionales como el derecho al nivel más alto posible de salud.
Para cerrar estas brechas, se requieren políticas públicas robustas que incluyan: fortalecimiento de la
formación en derechos humanos para empleadores y personal médico; implementación de sistemas
efectivos de monitoreo y sanción por discriminación; y la adopción de mecanismos que garanticen el
acceso universal a tratamientos, independientemente de la situación socioeconómica.
Asimismo, es crucial diseñar leyes que refuercen la protección laboral, prohibiendo despidos
discriminatorios y asegurando reubicaciones compatibles con el estado de salud. Estas medidas deben
ir acompañadas de campañas de sensibilización para combatir el estigma social y promover una cultura
de respeto. La atención integral al VIH/SIDA no es solo una cuestión de salud pública, sino un
imperativo de justicia social que exige el compromiso estatal para garantizar la igualdad y la dignidad
de todas las personas afectadas.
Marisel Colautti en su investigación destaca, cómo la provisión de medicamentos para personas con
VIH/SIDA en Argentina enfrentó serias deficiencias durante la crisis económica de 2001-2002,
marcando paralelismos importantes con desafíos contemporáneos en México. La crisis económica
evidenció la fragilidad del sistema de salud y la incapacidad del Estado para garantizar derechos
fundamentales como la salud, particularmente en contextos de ajuste estructural y recortes
presupuestarios. (Colautti, M. 2020).
En México, aunque se han logrado avances significativos, como la distribución de medicamentos
antirretrovirales, persisten problemas similares de desabasto, acceso desigual y burocracia ineficiente.
El caso argentino ilustra el rol central de las organizaciones de la sociedad civil, que lograron colocar
el tema en la agenda pública, presionaron por políticas públicas y movilizaron recursos a través de
litigios estratégicos y protestas. (Colautti, M. 2020).
Para enfrentar los retos actuales en México, es crucial diseñar políticas públicas resilientes que aseguren
el acceso ininterrumpido a tratamientos esenciales. Esto incluye fortalecer los mecanismos de
pág. 2581
financiamiento público para medicamentos, eliminar barreras administrativas y fomentar la producción
estatal de antirretrovirales, reduciendo la dependencia de la industria farmacéutica privada.
Además, se deben establecer leyes que garanticen sanciones efectivas contra el incumplimiento del
derecho a la salud y que reconozcan la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil
como aliados clave en la supervisión y evaluación de políticas. Estas medidas no solo responderían a
las necesidades inmediatas, sino que también reforzarían el compromiso del Estado con los derechos
humanos y la justicia social.
El acceso a la terapia antirretroviral (TAR) es un pilar esencial en la lucha contra el VIH/SIDA,
reconociéndose como un derecho humano fundamental ligado a la vida, la salud y la igualdad. Sin
embargo, el análisis presentado por Juan David Peña-Gómez (2024), subraya las brechas persistentes
que enfrentan las personas con VIH, especialmente en poblaciones LGBT+, al acceder a este
tratamiento en contextos marcados por desigualdad, discriminación y vulnerabilidad estructural.
A pesar de los avances legales en muchos países, incluidos los latinoamericanos, donde se han
promulgado leyes específicas para garantizar la TAR, persisten barreras significativas. Estas incluyen
insuficiencias en los sistemas de salud, burocracia, estigmatización social y discriminación hacia
poblaciones históricamente marginadas. La situación se agrava en contextos políticos y económicos
desfavorables, donde los derechos previamente conquistados son amenazados. (Peña-Gómez, 2024).
Para abordar estas deficiencias, es crucial diseñar políticas públicas integrales que garanticen el acceso
universal, gratuito y constante a la TAR, acompañado de servicios de salud especializados y
humanizados. Estas políticas deben incorporar enfoques interseccionales que reconozcan las
necesidades particulares de poblaciones vulnerables, como las personas LGBT+, y promuevan la
formación de profesionales en salud sensibilizados en derechos humanos.
Asimismo, es imperativo reforzar el marco legal mediante leyes que sancionen la discriminación y
obliguen al Estado a garantizar la disponibilidad de medicamentos y servicios relacionados. Campañas
de sensibilización social deben acompañar estas medidas para desestigmatizar el VIH y promover una
cultura de inclusión y respeto. Solo con un compromiso decidido en el ámbito político, legal y social
será posible garantizar el acceso efectivo a la TAR como un derecho humano inalienable y avanzar
hacia una sociedad más equitativa y justa.
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Rubén Muñoz en su investigación (2024)., aborda cómo la discriminación y las barreras estructurales
afectan la atención médica y la adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR) en México,
particularmente en contextos como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. A pesar de los avances en la
disponibilidad del TAR, las representaciones sociales de los médicos y las prácticas institucionales
perpetúan exclusiones basadas en la orientación sexual, el origen étnico y las trayectorias culturales de
los pacientes. Estos prejuicios no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también minan la
eficacia de los esfuerzos de salud pública.
La falta de capacitación en diversidad cultural y derechos humanos dentro del sistema de salud es una
de las principales causas de esta problemática. Los pacientes enfrentan estigmatización y desconfianza,
lo que afecta su acceso y adherencia a los tratamientos. Además, la ausencia de traductores para
pacientes indígenas y la centralización de servicios agravan las desigualdades, dejando a muchos fuera
del alcance de una atención adecuada. (Muñoz, R. 2024).
Para transformar este panorama, es imperativo diseñar políticas públicas que incluyan la capacitación
obligatoria en diversidad, derechos humanos y no discriminación para los profesionales de la salud.
Asimismo, se deben establecer leyes que sancionen la discriminación en el ámbito médico y garanticen
la disponibilidad de servicios de salud integrales y culturalmente competentes. Es urgente implementar
mecanismos de monitoreo ciudadano para garantizar la rendición de cuentas y fomentar la participación
de las comunidades en la planificación y evaluación de políticas de salud. Estos pasos no solo
fortalecerían el sistema de salud, sino que también contribuirían a construir una sociedad más inclusiva
y equitativa.
Roxana Guerrero y José Orellana (2021), analizan y exponen cómo el derecho humano a la salud ha
evolucionado como un producto cultural y jurídico en México, particularmente en comunidades
vulnerables como las indígenas de Oaxaca. Este enfoque crítico subraya que, a pesar del reconocimiento
formal del derecho a la salud, persisten profundas desigualdades en su aplicación, exacerbadas por
factores estructurales, económicos y culturales. (Guerrero, R. & Orellana, J. 2021).
El análisis destaca que las políticas públicas en salud, aunque avanzadas en términos de diseño, carecen
de mecanismos efectivos de implementación, especialmente en áreas rurales e indígenas.
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La falta de traducción de información sanitaria a lenguas indígenas y la exclusión de prácticas médicas
tradicionales son ejemplos claros de esta desconexión. Además, el modelo biomédico hegemónico
impone una visión limitada de la salud, ignorando las perspectivas interculturales y de autocuidado de
estas comunidades. (Guerrero, R. & Orellana, J. 2021).
Para abordar estas deficiencias, es necesario promover leyes que reconozcan y protejan los sistemas de
salud interculturales, integrando la medicina tradicional como parte fundamental de la atención médica.
Asimismo, las políticas públicas deben garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud,
priorizando la capacitación en derechos humanos y en diversidad cultural para los profesionales de la
salud.
El fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, acompañado de una mayor inversión en educación y
sensibilización social, es crucial para cerrar las brechas existentes. México debe asumir un compromiso
real con la equidad en salud, desarrollando un marco jurídico y políticas inclusivas que aseguren que el
derecho humano a la salud no sea solo una promesa, sino una realidad tangible para todos,
independientemente de su origen cultural o socioeconómico.
El derecho a la protección de la salud en el contexto de personas viviendo con VIH/SIDA y Hepatitis
C en México, destacando las disposiciones constitucionales e internacionales que garantizan este
derecho. Sin embargo, el análisis revela deficiencias importantes en la implementación de estas
garantías, particularmente para poblaciones vulnerables. (CNDH, 2020).
Si bien el artículo 4° de la Constitución y la Ley General de Salud establecen la obligación del Estado
de garantizar servicios de salud accesibles y de calidad, en la práctica persisten barreras que afectan el
acceso equitativo. Estas incluyen la discriminación en entornos de atención médica, desabasto de
medicamentos esenciales y la falta de capacitación del personal sanitario en derechos humanos. Estas
carencias son especialmente graves para personas indígenas, mujeres y miembros de la comunidad
LGBT+, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad. (DNDH, 2020).
Es necesario adoptar políticas públicas que aborden estas brechas estructurales. Entre las acciones
prioritarias se encuentra la creación de leyes que sancionen de manera efectiva la discriminación en el
sistema de salud, así como la implementación de programas de sensibilización y capacitación
obligatoria para el personal sanitario.
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Asimismo, se requiere una mejora en la distribución y disponibilidad de tratamientos, asegurando que
sean gratuitos y accesibles para todos los pacientes. El Estado debe fortalecer la supervisión y rendición
de cuentas en las instituciones de salud, mientras promueve campañas educativas que reduzcan el
estigma asociado al VIH/SIDA y la Hepatitis C. Garantizar el derecho a la salud no es solo una cuestión
de acceso, sino de dignidad y equidad, pilares fundamentales para una sociedad justa e inclusiva.
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su documento, "Derechos Humanos y VIH/SIDA"
presenta un análisis profundo sobre los desafíos estructurales y jurídicos relacionados con la protección
de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH/SIDA en Centroamérica. Este análisis
destaca las brechas significativas entre el marco normativo internacional y su implementación práctica,
revelando cómo estas disparidades perpetúan la vulnerabilidad de este grupo frente al estigma, la
discriminación y las barreras al acceso a servicios esenciales. (IIDH. 2004).
A pesar de los avances logrados en algunos países, como la promulgación de leyes específicas y la
mejora en el acceso a medicamentos antirretrovirales, persisten vacíos legales y administrativos que
limitan la efectividad de estas medidas. La discriminación laboral, la falta de confidencialidad en
pruebas de VIH y el acceso inequitativo a tratamientos siguen siendo problemas recurrentes que afectan
especialmente a las poblaciones marginadas, incluidas las mujeres y las personas LGBT+. (IIDH. 2004).
Para enfrentar estos desafíos, se requiere un fortalecimiento del marco normativo y su aplicación
efectiva. Las políticas públicas deben incluir medidas concretas, como la capacitación obligatoria en
derechos humanos y diversidad para profesionales de la salud y el trabajo. Además, es esencial
garantizar la provisión universal de tratamientos, establecer mecanismos de monitoreo que evalúen la
implementación de las leyes y promover campañas nacionales para reducir el estigma asociado al
VIH/SIDA.
México y los países de Centroamérica deben avanzar hacia un enfoque interseccional en sus políticas,
que considere las múltiples dimensiones de la discriminación y la vulnerabilidad. Este compromiso no
solo mejorará la calidad de vida de las personas con VIH/SIDA, sino que también contribuirá al
fortalecimiento de una cultura de derechos humanos inclusiva y respetuosa.
La legislación mexicana vigente respecto a la atención y protección de los derechos humanos de las
personas con VIH/SIDA, revelando importantes deficiencias estructurales y normativas que perpetúan
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el estigma y la discriminación. A pesar de avances como la prohibición constitucional de la
discriminación por motivos de salud (artículo 1°), las leyes en muchas entidades federativas contradicen
este principio mediante la criminalización del "peligro de contagio". Esta figura legal, presente en 29
de los 32 estados, refuerza prejuicios y desalienta el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento,
elementos clave en la lucha contra el VIH. (Aburto, G. et. al. 2022).
Además, los códigos civiles en varias entidades restringen derechos fundamentales, como el matrimonio
o la tutela de menores, al exigir certificados médicos o condicionar la capacidad legal de las personas
con VIH. Estas disposiciones no solo violan el derecho a la igualdad, sino que también perpetúan
barreras que limitan su inclusión social y acceso a servicios esenciales. (Aburto, G. et. al. 2022).
Para revertir estas prácticas discriminatorias, se requiere una reforma integral del marco normativo
nacional. Es urgente derogar las leyes que criminalizan a las personas con VIH y garantizar que las
disposiciones legales sean congruentes con los estándares internacionales de derechos humanos.
Políticas públicas inclusivas deben priorizar la sensibilización social, asegurar el acceso universal a
tratamientos antirretrovirales y fomentar entornos libres de estigma.
Asimismo, es crucial establecer mecanismos efectivos de monitoreo y sanción para garantizar el respeto
a los derechos humanos. México debe asumir su compromiso de proteger a las personas con VIH/SIDA
mediante una legislación que priorice la dignidad, la igualdad y la justicia social, consolidando una
respuesta integral y respetuosa a esta problemática.
El análisis presentado en los resultados destaca las barreras significativas que enfrentan las personas
con VIH/SIDA en México, a pesar de los avances legislativos y las mejoras en el acceso a tratamientos
antirretrovirales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya cómo la
discriminación estructural, arraigada en estigmas sociales, limita el ejercicio pleno de derechos
fundamentales como la salud, el trabajo y la educación. Estas desigualdades estructurales evidencian la
necesidad de transformar el marco normativo actual hacia una implementación más inclusiva y efectiva.
Un aspecto crítico del análisis es la dependencia del sistema de justicia para abordar casos individuales
de violación de derechos, como se muestra en el Amparo en Revisión 227/2020. Este fallo subraya la
insuficiencia de las políticas públicas en garantizar el acceso universal y continuo a tratamientos
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esenciales. La judicialización de los derechos humanos, aunque relevante, refleja la incapacidad del
Estado para prevenir violaciones sistémicas.
Asimismo, el informe resalta la vulnerabilidad de grupos específicos, como personas transgénero,
trabajadoras sexuales y comunidades rurales, quienes enfrentan mayores riesgos de exclusión debido a
la falta de políticas públicas interseccionales. Aunque los avances en campañas de sensibilización y la
ampliación de la cobertura de tratamientos son notables, estas iniciativas carecen de un enfoque
sostenible que garantice la equidad en el acceso.
Para avanzar, es imperativo diseñar leyes que sancionen la discriminación en todos los ámbitos e
implementar políticas públicas inclusivas que prioricen la educación en derechos humanos. Además, se
requiere una vigilancia más estricta del cumplimiento de estas leyes, junto con programas de
sensibilización dirigidos a la sociedad y a los profesionales de la salud. Este enfoque contribuirá a
mitigar el estigma y promoverá una cultura de respeto y dignidad hacia las personas con VIH/SIDA en
México.
CONCLUSIONES
La investigación confirma que las barreras estructurales y sociales en México impactan
significativamente la implementación de los derechos humanos de las personas que viven con
VIH/SIDA, particularmente en el acceso a tratamientos antirretrovirales, condiciones laborales y
educativas. Estas barreras incluyen discriminación sistemática, estigmatización social y una insuficiente
aplicación del marco normativo existente. A pesar de avances legislativos, como la prohibición
constitucional de la discriminación, persisten desigualdades regionales y poblacionales que vulneran
los derechos fundamentales de este grupo.
El objetivo de la investigación, que consistió en analizar estas barreras para proponer estrategias
legislativas y de políticas públicas, se alcanzó mediante una revisión exhaustiva de legislación,
jurisprudencia y datos recientes. Los hallazgos destacan la necesidad urgente de abordar las
disparidades existentes con un enfoque interseccional y basado en derechos.
El análisis del artículo revela que la judicialización se ha convertido en un recurso necesario para exigir
derechos, debido a la incapacidad del sistema de salud de garantizar acceso universal.
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Sin embargo, este enfoque reactivo no es suficiente; se requiere una transformación estructural en las
políticas públicas para atender las desigualdades de forma preventiva y sostenible.
Recomendaciones
Fortalecimiento normativo: Derogar leyes discriminatorias y establecer sanciones claras por
violaciones de derechos en los ámbitos laboral, educativo y sanitario.
Políticas inclusivas: Garantizar acceso universal a tratamientos antirretrovirales y servicios de salud
culturalmente competentes, priorizando a poblaciones marginadas como personas transgénero,
indígenas y trabajadoras sexuales.
Capacitación y sensibilización: Implementar programas obligatorios en diversidad y derechos
humanos para profesionales de la salud y sectores laborales clave.
Campañas educativas: Promover iniciativas nacionales para reducir el estigma asociado al VIH/SIDA
y fomentar una cultura de respeto e inclusión.
Mecanismos de vigilancia: Establecer sistemas de monitoreo ciudadano para asegurar la aplicación
efectiva de las leyes y políticas públicas.
Estas acciones buscan consolidar un entorno de equidad y dignidad para las personas con VIH/SIDA,
alineando a México con los estándares internacionales de derechos humanos.
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