UNA MIRADA AL TRIÁNGULO DEL PODER
PÚBLICO EN COLOMBIA: ESTADO, GOBIERNO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

ANALYZING THE POWER TRIANGLES IN COLOMBIA:
STATE, GOVERMENT, AND PUBLIC POLICIES

Edgar Manuel Vargas Montañez

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Laura Pedraza Jaimes

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
pág. 4954
DOI:
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16196
Una mirada al triángulo del poder público en Colombia: estado, gobierno y
políticas públicas

Edgar Manuel Vargas Montañez
1
edgar.vargas02@uptc.edu.co

https://orcid.org/0009-0008-6324-4017

Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia

Colombia

Laura Pedraza Jaimes

laura.pedraza09@uptc.edu.co

https://orcid.org/0009-0007-9451-0536

Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia

Colombia

RESUMEN

Este trabajo aborda las interrelaciones entre el estado, Gobierno, y políticas públicas, elementos que son
esenciales para comprender el triángulo de poder público en Colombia, además de la relevancia en la toma
de decisiones en las sociedades contemporáneas. Desde una perspectiva histórica y comparativa.
Metodológicamente, el ensayo utiliza enfoques teóricos diversos para analizar las causas y consecuencias
de las políticas públicas. Se parte de la definición del Estado y sus funciones, seguido por un análisis de la
estructura y roles del gobierno. Seguido por un a análisis de la estructura y roles de gobierno, además una
mirada comparativa a las distintas teorías que durante la historia han intentado dar respuesta al papel de
estado, el gobierno y políticas públicas. Se destaca la necesidad de una comprensión integral de estos
conceptos para abordar los desafíos sociales y políticos actuales. Además, se destaca cómo las políticas
blicas, bien diseñadas en implementadas, son útiles como herramientas para promover el cambio social
y responder a las necesidades colectivas. Permitiendo identificar estrategias efectivas para fortalecer la
cohesión social y la gobernabilidad en contextos diversos.

Palabras clave: estado, gobierno, políticas públicas, sistemas políticos

1 Autor principal.

Correspondencia:
edgar.vargas02@uptc.edu.co
pág. 4955
Analyzing the power triangles in Colombia: State, Goverment, and Public

Policies

ABSTRACT

This paper addresses the interrelations between the state,
government, and public policies, which are
essential elements to understand the triangle of public power in Colombia, as well as their relevance in

decision
-making in contemporary societies. From a historical and comparative perspective.
Methodologically,
the essay employs diverse theoretical approaches to analyze the causes and
consequences of public policies. The definition of the state and its functions are taken as a starting point,

followed by an analysis of the structure and roles of government. Foll
owed by an analysis of the structure
and roles of government, as well as a comparative look at the different theories that have tried to answer

the role of state, government and public policies throughout history. The need for a comprehensive

understanding
of these concepts is stressed in order to address current social and political challenges. It also
highlights how public policies, when well designed and implemented, are useful as tools to promote social

change and respond to collective needs. Enabling t
he identification of effective strategies to strengthen
social cohesion and governance in diverse contexts.

Keywords
: state, government, public policies, political systems
Artículo recibido 05 enero 2025

Aceptado para publicación:
15 febrero 2025
pág. 4956
INTRODUCCIÓN

La comprensión del Estado, el gobierno y las políticas públicas es fundamental para analizar la dinámica
del poder y la toma de decisiones en las sociedades contemporáneas. Estos conceptos, arraigados en una
rica tradición histórica y filosófica, han evolucionado a lo largo del tiempo dando lugar a diversas formas
de organización política. El Estado, como entidad soberana y compleja, se manifiesta en múltiples
dimensiones, desde la territorial hasta la jurídica y la social. El gobierno, por su parte, emerge como el
mecanismo a través del cual se ejerce el poder político y se gestionan los intereses colectivos. Las políticas
públicas, como respuesta a los desafíos que enfrentan las sociedades, constituyen un instrumento clave para
la transformación social.

En este ensayo, exploraremos las interrelaciones entre estos conceptos fundamentales, recurriendo a
diferentes enfoques teóricos que nos permitirán comprender las causas y consecuencias de las políticas
públicas. Comenzaremos definiendo y analizando el Estado, examinando sus componentes y funciones
desde una perspectiva histórica y comparada. A continuación, nos centraremos en el gobierno, explorando
su estructura, sus roles y su relación con el Estado. Finalmente, abordaremos el concepto de políticas
públicas, describiendo su proceso de formulación, implementación y evaluación. A través de este análisis,
esperamos contribuir a una mejor comprensión de los procesos políticos y sociales que conforman nuestras
sociedades.

ANALISIS Y DISCUSIÓN

Estado, Gobierno y Políticas Públicas

El Estado

El Estado, como construcción histórica y social, ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las
necesidades y desafíos de las sociedades. Concebido como un contrato social o como una realidad histórica,
el Estado se presenta como una entidad compleja y multifacética, con funciones que van desde la provisión
de bienes públicos hasta la regulación de la economía. La Constitución Política de Colombia, al igual que
otras constituciones, define los fines esenciales del Estado y establece un marco normativo para su
funcionamiento.

Desde una perspectiva teórica, diversas corrientes han abordado el estudio del Estado, ofreciendo diferentes
interpretaciones sobre su naturaleza y su papel en la sociedad. Las teorías liberal, marxista y weberiana, por
pág. 4957
ejemplo, ofrecen visiones contrastantes sobre el Estado, su relación con la sociedad civil y su papel en la
distribución del poder.

En la actualidad, el Estado enfrenta nuevos desafíos, como la globalización, la creciente complejidad de los
problemas públicos y las demandas de mayor participación ciudadana. Estos desafíos requieren que el
Estado se adapte y se transforme, buscando formas más eficientes y democráticas de gobernar. La relación
entre el Estado, el gobierno y las políticas públicas es fundamental para comprender cómo se toman las
decisiones que afectan la vida de las personas y cómo se construye el bien común.

Así las cosas, “El Estado aparece como un conjunto de medios organizacionales racionalmente construidos
(y por lo tanto fácilmente transformables) para alcanzar el interés general y los objetivos de la comunidad”
(JHirsch).

Es decir, se entiende al Estado como una entidad estructurada y diseñada con un propósito claro: servir al
bien común y lograr los objetivos colectivos. Al estar construido de manera racional, es flexible y adaptable,
capaz de reformarse para mejorar su funcionamiento y responder a las necesidades cambiantes de la
sociedad. Esta visión del estado destaca su carácter instrumental y su capacidad para actuar de manera
eficiente y efectiva en beneficio de todos los ciudadanos.

En concordancia con esto, la Constitución Política de Colombia, define las funciones o responsabilidades
del Estado:

ARTICULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(Colombia, 1991).

Así las cosas, el Estado busca garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del territorio a través
de la oferta de bienes y servicios públicos; esto con el fin de disminuir brechas de acceso, particularmente
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a salud, educación, agua potable y saneamiento básico; con el propósito de lograr la estabilidad social del
territorio y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Además, el Estado se configura en la forma como la sociedad se ha organizado políticamente para el
cumplimiento de unos fines acordados y consensuados entre ellos la garantía de los derechos. “El Estado
es diferente del gobierno que es el conjunto de las instituciones que se han dotado de poder político, para
que en el marco de esa organización política se garantice el interés general y los derechos.” (Función
Pública, s.f.).

“El Estado en su concepción moderna, corresponde a un proceso cultural por medio del cual la idea de un
poder no individualizado encuentra su concreción histórica” (Burdeau. 1970. 33) citado por (Roth Deubel,
2023, pág. 24).

El Gobierno

La delimitación conceptual del gobierno resulta una tarea compleja, dada la diversidad de perspectivas
teóricas y contextos políticos en los que se inserta. A lo largo de la historia, el concepto de gobierno ha
evolucionado desde las primeras formas de organización social hasta los Estados modernos, influenciado
por diversas teorías políticas como el contractualismo y el organicismo. Si bien tradicionalmente se ha
concebido como el conjunto de instituciones que ejercen el poder político, esta definición ha sido objeto de
múltiples reinterpretaciones. No obstante, una aproximación más precisa lo sitúa como el conjunto de
instituciones que ejercen el poder político, distribuyendo sus funciones entre diferentes órganos. En esta
perspectiva, el gobierno puede ser entendido como el "cerebro" del Estado, encargado de dirigir y coordinar
sus acciones, tal como lo plantea (Fernández Ruíz, 2015), “El gobierno es el depositario de las funciones
del poder del estado, es decir, de las funciones públicas, cuyo ejercicio se distribuye entre las diferentes
instancias del aparato gubernamental del Estado. En la tesis organicista, el gobierno viene a ser el cerebro
del estado, dado que conduce, rige y dirige su actuación” (pág. 53).

El gobierno no solo toma decisiones y ejecuta leyes, sino que también formula políticas públicas, gestiona
los recursos públicos y representa los intereses nacionales en el escenario internacional. Sin embargo, en
un mundo cada vez más globalizado y complejo, los gobiernos enfrentan nuevos desafíos como la creciente
desigualdad, el cambio climático y la digitalización de la sociedad, lo que exige una constante adaptación
de sus estructuras y funciones. La legitimidad de estos gobiernos, que tradicionalmente se basaba en la
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representación popular, se ve hoy cuestionada por la creciente desconfianza en las instituciones y la
polarización política, lo que plantea nuevos interrogantes sobre el futuro de la democracia y la gobernanza.

Diferencia entre Estado y Gobierno

El Estado, una entidad política estable y permanente, se diferencia del gobierno, que es un conjunto de
instituciones dotadas de poder político para gestionar los asuntos públicos; por tanto, el “Estado es diferente
del gobierno que es el conjunto de las instituciones que se han dotado de poder político, para que en el
marco de esa organización política se garantice el interés general y los derechos” (Función Pública, s.f.).

El Estado engloba un territorio definido, una población y un orden jurídico, y tiene como función principal
garantizar el orden interno y las relaciones internacionales. El gobierno, por su parte, es la expresión del
poder político dentro del Estado y está encargado de ejecutar las leyes, administrar los recursos públicos y
representar a los ciudadanos.

La relación entre Estado y gobierno es compleja y dinámica. Mientras el Estado representa una entidad
abstracta y duradera, el gobierno es una estructura más flexible y cambiante, sujeta a los resultados
electorales y a las presiones políticas. Sin embargo, ambos están interconectados y dependen el uno del
otro. El Estado proporciona al gobierno el marco legal e institucional dentro del cual operar, mientras que
el gobierno le da vida al Estado a través de sus acciones y políticas.

Uno de los objetivos fundamentales del gobierno es garantizar el interés general, es decir, el bien común
de la sociedad. Sin embargo, la definición y la promoción del interés general son conceptos complejos y
sujetos a debate. ¿Qué se entiende por interés general? ¿Cómo se concilia con los intereses particulares de
los individuos y los grupos sociales? A lo largo de la historia, las diferentes teorías políticas han ofrecido
respuestas diversas a estas preguntas. El liberalismo, por ejemplo, enfatiza la importancia de los derechos
individuales y la libertad económica como base para el bienestar común, mientras que el comunitarismo
pone el acento en los valores compartidos y la cohesión social.

Para garantizar el interés general y proteger los derechos de los ciudadanos, los gobiernos democráticos
han desarrollado una serie de mecanismos, como la separación de poderes, el sistema de partidos políticos,
las elecciones periódicas y los controles y equilibrios. Sin embargo, estos mecanismos no siempre son
suficientes para evitar abusos de poder o la concentración de poder en manos de unos pocos.
pág. 4960
Políticas públicas

La política pública se puede definir como la respuesta que el Estado (nacional, territorial o local), da a las
peticiones, problemáticas, necesidades o conflictitos de una sociedad, comunidad o región, por tanto:

El campo de estudio de las Políticas Públicas se desarrolló en la década de 1950 en los Estados Unidos de
la mano del cientista social Harold Laswell. El nacimiento de este campo coincide con el periodo post
Segunda Guerra Mundial, que implicó un reto al gobierno estadounidense en términos de ajustar las
tecnologías de gobierno, de cara a los retos estratégicos internos y externos del país (Escuela Superior de
Administración Pública, 2022, pág. 7).

Las Políticas Públicas se fundan en saber ¿Qué es un problema público? y ¿Cómo se soluciona? En este
sentido la naturaleza del problema, sus causas, la intensidad, la duración, la dinámica, el número y cantidad
de afectados, así como las con secuencias, determinan el tipo de decisión que toma el gobierno tanto para
agendar la política, como para dar las soluciones. Las agendas públicas constituyen en sí mismas un campo
de estudio en el marco de las Políticas Públicas; se convierten en un tema de gobierno y entran en la lista
de los cursos de acción política. (Escuela Superior de Administración Pública, 2022, pág. 5)

Esto implica que Las políticas públicas se basan en la identificación y comprensión de problemas públicos.
Un problema público es una situación que afecta a una parte significativa de la sociedad y requiere
intervención del gobierno. Además de identificar el problema, es crucial entender cómo solucionarlo.

En este sentido la naturaleza del problema, sus causas, la intensidad, la duración, la dinámica, el número y
cantidad de afectados, así como las consecuencias, determinan el tipo de decisión que toma el gobierno
tanto para agendar la política, como para dar las soluciones.

Sistemas Políticos

Federalismo vs. Unitarismo

El federalismo y el unitarismo son dos modelos de organización política que establecen diferentes
relaciones entre el gobierno central y las entidades subnacionales (estados, provincias, regiones). La
elección de uno u otro sistema tiene implicaciones significativas en la distribución del poder, la
representación política y la gestión de los asuntos públicos.
pág. 4961
Federalismo

En un sistema federal, el poder político se divide entre un gobierno central y varios gobiernos regionales o
estatales. Cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias y áreas de autoridad, aunque existe una
Constitución que establece las relaciones entre ambos niveles.

Características del federalismo

División de poderes: El poder se comparte entre el gobierno central y los gobiernos regionales.
Autonomía de los estados: Los estados tienen cierta autonomía para gestionar sus propios asuntos
internos.

Constitución escrita: Existe una Constitución que define las competencias de cada nivel de
gobierno y los mecanismos de resolución de conflictos.

Representación dual: Los ciudadanos están representados tanto a nivel nacional como a nivel
regional.

Ventajas del federalismo

Mayor flexibilidad: Permite adaptar las políticas a las necesidades y características de cada región.
Mayor participación ciudadana: Fomenta la participación política a nivel local.
Protección de las minorías: Puede ayudar a proteger los derechos de las minorías.
Unitarismo

En un sistema unitario, el poder político se concentra en el gobierno central, que tiene autoridad sobre todas
las regiones del país. Las entidades subnacionales tienen un poder limitado y dependen del gobierno central
para tomar decisiones importantes.

Características del unitarismo

Centralización del poder: El poder político se concentra en el gobierno central.
Subordinación de las regiones: Las regiones dependen del gobierno central para tomar decisiones.
Constitución flexible: La Constitución puede ser modificada más fácilmente por el gobierno
central.

Ventajas del unitarismo

Mayor eficiencia: Puede facilitar la toma de decisiones a nivel nacional.
pág. 4962
Mayor cohesión nacional: Fomenta una identidad nacional más fuerte. (Press, 1984);
CAREY,1992).

Tabla 1: Federalismo vs Unitarismo

Característica
Federalismo Unitarismo
División del poder

Poder compartido entre niveles de
gobierno

Poder concentrado en el gobierno
central

Autonomía de las
regiones

Alta
Baja
Constitución
Rígida, define competencias
Flexible, puede ser modificada
fácilmente

Representación política
Dual Principalmente a nivel nacional
Fuente: Construcción propia con base en (Cortez Salinas, 2013)

Presidencialismo vs. Parlamentarismo

Presidencialismo

En un sistema presidencial, el jefe de Estado y el jefe de gobierno suelen ser la misma persona, el presidente.
El presidente es elegido directamente por el pueblo y tiene un mandato fijo. El poder ejecutivo y el
legislativo son independientes entre sí, aunque existe un sistema de pesos y contrapesos para evitar la
concentración del poder en una sola rama.

Características del presidencialismo

Separación de poderes: El poder ejecutivo, legislativo y judicial son independientes.
Mandato fijo: El presidente tiene un mandato con una duración determinada.
Elección directa: El presidente es elegido directamente por el pueblo.
Sistema de pesos y contrapesos: Existen mecanismos para limitar el poder de cada rama del
gobierno.

Ventajas del presidencialismo

Estabilidad: El mandato fijo del presidente puede proporcionar estabilidad política.
Representatividad: La elección directa del presidente garantiza una mayor legitimidad
democrática.
pág. 4963
Claridad en la responsabilidad: Las responsabilidades están claramente definidas entre el
ejecutivo y el legislativo.

Parlamentarismo

En un sistema parlamentario, el jefe de Estado (monarca o presidente) tiene un papel más ceremonial,
mientras que el jefe de gobierno (primer ministro) es el líder del partido o coalición mayoritaria en el
parlamento. El primer ministro y su gabinete dependen de la confianza del parlamento para mantenerse en
el poder.

Características del parlamentarismo

Fusión de poderes: El poder ejecutivo y el legislativo están estrechamente vinculados.
Mandato variable: El gobierno puede caer si pierde la confianza del parlamento.
Elección indirecta del jefe de gobierno: El primer ministro es elegido por el parlamento.
Mayor flexibilidad: El sistema parlamentario puede adaptarse más fácilmente a cambios políticos.
Ventajas del parlamentarismo

Mayor representatividad: El parlamento refleja más fielmente la opinión pública.
Mayor flexibilidad: El gobierno puede caer si pierde la confianza del parlamento, lo que permite
cambios de gobierno más rápidos.

Mayor colaboración: “La estrecha relación entre el ejecutivo y el legislativo facilita la aprobación
de leyes” (Press, 1984); (CAREY, 1992)

Tabla 2: Presidencialismo vs. Parlamentarismo

Característica
Presidencialismo Parlamentarismo
Jefe de Estado

Presidente (elegido
directamente)

Monarca o presidente (a menudo con funciones
ceremoniales)

Jefe de Gobierno
Presidente Primer ministro (elegido por el parlamento)
Relación entre poderes
Separación de poderes Fusión de poderes
Mandato
Fijo Variable
Elección del jefe de
gobierno

Elección directa
Elección indirecta
Fuente: Construcción propia con base en (Cortez Salinas, 2013)
pág. 4964
Dinámicas de poder

1.1 Teorías del poder

Teoría Marxista del Poder

La perspectiva marxista ve el poder como un medio de dominación económica. Marx considera que la
estructura económica de una sociedad (base) determina su estructura política e ideológica (superestructura).
En este sentido, el poder reside en la capacidad de la clase dominante (burguesía) para controlar los recursos
productivos y, en consecuencia, influir en las instituciones políticas y culturales. Esta relación de poder se
manifiesta en políticas públicas que tienden a favorecer a los sectores económicos dominantes,
contribuyendo a la desigualdad estructural (Nin, 2011).

En muchos Estados contemporáneos, las reformas laborales y fiscales suelen reflejar el poder e influencia
de las élites económicas. Estas reformas a menudo son impulsadas por presiones que buscan reducir las
regulaciones que perciben como barreras a sus beneficios o ganancias. A través de su capacidad de lobby y
su control de recursos clave, las élites logran moldear las políticas públicas a su favor, afectando normativas
laborales y fiscales con el fin de maximizar su competitividad y rentabilidad. Esto puede llevar a un
debilitamiento de las protecciones laborales, disminución de impuestos y ajustes en los mecanismos de
redistribución económica, lo que impacta de manera significativa en la equidad y el bienestar general de la
sociedad

Teoría Weberiana del Poder

Max Weber conceptualiza el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad, aun contra la
resistencia de otros. Weber plantea tres tipos de legitimidad del poder:

Tradicional: basada en costumbres y valores históricos, como en las monarquías.
Carismática: basada en la devoción a un líder, común en regímenes populistas o revolucionarios.
Legal-racional: “propia de la burocracia moderna, donde el poder se legitima mediante leyes y
normas racionales” (Guzzini, 2015).

En el marco de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, el enfoque weberiano permite analizar cómo
las políticas públicas son percibidas como legítimas cuando cumplen con procedimientos que reflejan la
racionalidad formal y legal establecida por las normas. Según Max Weber, la legitimidad se sostiene sobre
la base de una autoridad racional-legal, donde las decisiones y acciones del Estado se justifican y adquieren
pág. 4965
validez a través de un marco normativo aceptado. No obstante, esta legitimidad puede verse desafiada
cuando dichas políticas entran en conflicto con los intereses o expectativas de la población. Un ejemplo
claro son las políticas de austeridad implementadas en Europa, justificadas como una medida 'racional' y
necesaria para mantener la estabilidad económica y reducir déficits. A pesar de enfrentar una fuerte
oposición ciudadana, estas medidas son llevadas adelante por los gobiernos en virtud de su autoridad
racional-legal, la cual los legitima para actuar en nombre del interés público. Esto ilustra cómo, desde una
perspectiva weberiana, la racionalidad formal del Estado puede entrar en tensión con demandas sociales
que cuestionan la equidad, eficacia y efectos sociales de las políticas implementadas.

Teoría Foucaultiana del Poder

Michel Foucault desafía la idea de que el poder se concentre únicamente en el Estado. Según Foucault:

El poder está presente en todas las relaciones sociales y se manifiesta mediante mecanismos de vigilancia,
regulación y control (biopoder). Foucault introduce la idea del "poder disciplinario", que se ejerce en
instituciones como cárceles, escuelas y hospitales para normativizar y controlar el comportamiento de las
personas. (Avila-Fuenmayor, 2006)

En este sentido, las políticas de seguridad y vigilancia en espacios públicos, tales como aeropuertos y áreas
urbanas, representan una expresión clara de la manera en que el Estado y, en ocasiones, corporaciones
privadas, establecen y aplican normas de comportamiento y control sobre la ciudadanía. Estas políticas
tienen como propósito garantizar la seguridad colectiva, pero también son un reflejo del poder de las
instituciones para definir lo que se considera aceptable o sospechoso en dichos espacios. En los aeropuertos,
por ejemplo, los protocolos de seguridad implican registros, controles de identidad y tecnologías de
monitoreo avanzado que afectan el flujo y la privacidad de los viajeros, justificados como necesarios frente
a riesgos de seguridad.

De manera similar, en áreas urbanas, cámaras de vigilancia, patrullajes policiales y políticas de control de
acceso pueden ser implementadas para prevenir delitos, a menudo en colaboración con actores privados
que gestionan espacios o infraestructuras. Sin embargo, estas medidas también generan debates sobre su
impacto en las libertades individuales, la discriminación, y los límites entre seguridad y control social, al
mismo tiempo que revelan cómo la vigilancia se ha convertido en un componente central de la gestión de
lo público.
pág. 4966
1.2 Grupos de interés

Los grupos de interés son actores organizados que buscan influir en la formulación y ejecución de políticas
públicas. Estos grupos incluyen corporaciones, sindicatos, ONG, y colectivos ciudadanos que, a través de
estrategias de cabildeo y campañas de comunicación, ejercen presión sobre los tomadores de decisiones
para que sus intereses sean considerados. (Dahl, 2010)

Los grupos de interés tienen recursos y contactos que les permiten influir de manera significativa en
decisiones políticas, en ocasiones superando el poder de los votantes promedio. Esta dinámica plantea
interrogantes sobre la representación democrática, ya que en muchos casos las políticas públicas pueden
estar diseñadas para beneficiar a unos pocos grupos en detrimento de la sociedad en general.

En Estados Unidos, los grupos de interés vinculados a la industria farmacéutica ejercen presión para evitar
regulaciones de precios, lo que repercute en altos costos de medicamentos.

En Colombia, los grupos de interés también desempeñan un papel fundamental en la formulación y
ejecución de políticas públicas, operando de manera similar a los ejemplos descritos en contextos como
Estados Unidos, pero con características locales y matices únicos. En el contexto colombiano, actores como
gremios empresariales, asociaciones industriales, sindicatos, ONG, colectivos ciudadanos y otros actores
organizados buscan influir en la agenda política y las decisiones de gobierno. Por ejemplo, gremios como
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Cafeteros han
tenido históricamente un acceso privilegiado a los tomadores de decisiones, utilizando sus recursos,
contactos y campañas de cabildeo para promover políticas que beneficien sus intereses sectoriales.

El impacto de estos grupos de interés se manifiesta en diversas áreas, desde la legislación laboral y fiscal
hasta la política de tierras y los acuerdos comerciales. En muchos casos, la influencia de estos actores puede
ser tan significativa que logra desplazar las demandas de grupos menos organizados o de sectores populares
que carecen de los mismos recursos de lobby o capacidad para presionar al Estado. Esto ha suscitado
debates sobre la representatividad de las políticas públicas en Colombia y sobre si estas realmente
responden a los intereses de la mayoría de los ciudadanos o, más bien, están orientadas a satisfacer a
sectores específicos.

Un ejemplo reciente es el rol de los grupos empresariales y financieros durante la reforma tributaria
propuesta en 2021, que generó amplias protestas sociales. Muchos ciudadanos percibieron que la reforma
pág. 4967
beneficiaba a sectores económicos poderosos y recaía de manera desproporcionada sobre la clase media y
trabajadora. Al mismo tiempo, grupos de interés ligados a sectores como la industria minera y energética
ejercen presión para mantener políticas favorables a sus actividades, a menudo generando tensiones con
comunidades indígenas y ambientalistas que buscan proteger sus territorios y recursos.

1.3 Corrupción y clientelismo

La corrupción y el clientelismo son fenómenos que erosionan la legitimidad del Estado al distorsionar la
representación política y la asignación de recursos públicos. La corrupción implica el uso indebido del
poder público para obtener beneficios privados, mientras que el clientelismo se refiere a la concesión de
beneficios públicos (empleos, contratos) a cambio de lealtad política. (International, 2024)

La corrupción y el clientelismo afectan negativamente la calidad de las políticas públicas, desviando
recursos hacia intereses particulares y limitando la capacidad del Estado para cumplir con sus
responsabilidades de manera equitativa.

“En América Latina, la relación clientelista en algunos países ha creado redes de influencia que perpetúan
la corrupción e impiden el desarrollo institucional” (International, 2024).

2. Desafíos contemporáneos

2.1 Globalización

La globalización ha transformado profundamente el papel del Estado y las relaciones internacionales. El
flujo transnacional de bienes, servicios, capitales e información ha reducido la capacidad de los Estados
para regular sus economías de manera independiente, requiriendo una colaboración global en temas como
el cambio climático, el comercio y la seguridad (Stiglitz, 2017).

La globalización obliga a los Estados a adaptar sus políticas para competir en una economía interconectada,
pero también limita su autonomía. Además, se han fortalecido los organismos multilaterales, como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que influyen en las políticas económicas de los países
en desarrollo (Stiglitz, 2017).

En la Unión Europea, las políticas fiscales y laborales están influenciadas por regulaciones de la UE,
limitando la capacidad de los Estados miembros para tomar decisiones independientes.

En Colombia, el impacto de la globalización ha sido significativo, transformando tanto el papel del Estado
como sus relaciones internacionales. La integración del país en el mercado global ha traído consigo una
pág. 4968
serie de oportunidades y desafíos. Por un lado, el flujo transnacional de bienes, servicios, capitales e
información ha impulsado el crecimiento económico y diversificado sectores como la minería, la
agroindustria y los servicios financieros. Por otro lado, este proceso ha generado presiones sobre la
capacidad del Estado para regular y proteger su economía de manera independiente, obligándolo a adaptarse
a normas y dinámicas externas.

En temas económicos, la influencia de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial ha sido notoria, especialmente durante periodos de crisis económica. En la
década de los noventa y principios de los 2000, las reformas estructurales impulsadas por estos organismos,
orientadas a la liberalización de mercados, privatización de empresas estatales y reducción del gasto
público, marcaron profundamente la política económica colombiana. Aunque estas medidas buscaban
estabilizar la economía y fomentar el crecimiento, también generaron críticas por su impacto en sectores
vulnerables de la población y la limitación de la autonomía estatal en la formulación de políticas.

El comercio internacional ha llevado a Colombia a firmar acuerdos de libre comercio con múltiples países
y regiones, abriendo sus mercados, pero también enfrentando el reto de proteger sectores productivos
locales, como la agricultura. Las políticas agrícolas, por ejemplo, se han visto condicionadas por la
competencia global, llevando a movilizaciones de agricultores que demandan mayores protecciones y
subsidios frente a las importaciones masivas.

Asimismo, la globalización ha forzado al Estado colombiano a colaborar de manera activa en temas
transnacionales, como el cambio climático, la migración y la seguridad. En términos ambientales, Colombia
ha asumido compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París, trabajando para reducir la
deforestación y proteger su biodiversidad. Sin embargo, el cumplimiento de estos compromisos enfrenta
barreras como la falta de recursos y los conflictos locales sobre el uso del territorio.

Por otro lado, la participación de Colombia en bloques regionales como la Alianza del Pacífico busca
posicionarla mejor en la economía global, pero también evidencia los desafíos de competir en un entorno
marcado por las desigualdades económicas y los rápidos cambios tecnológicos. En este contexto, el Estado
debe equilibrar su papel como regulador, promotor del desarrollo y actor global, mientras busca preservar
su autonomía frente a las presiones del mercado internacional y las demandas de los ciudadanos.
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2.2 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Las TIC han redefinido la relación entre el Estado y los ciudadanos. Por un lado, las TIC mejoran la
transparencia y permiten un acceso más directo a la información gubernamental, facilitando la participación
ciudadana. Sin embargo, también presentan desafíos, como la desinformación y el riesgo de vigilancia
masiva. (Castells, 2009)

Las TIC promueven la creación de plataformas de gobierno digital (e-gobierno) que permiten a los
ciudadanos realizar trámites en línea y acceder a datos públicos. La transparencia que ofrecen las TIC puede
fortalecer la rendición de cuentas y reducir la corrupción. Sin embargo, el uso masivo de datos también
puede ser utilizado para vigilar y controlar la opinión pública. (Castells, 2009). En Estonia, el gobierno
digital permite a los ciudadanos acceder a todos los servicios estatales en línea, mejorando la eficiencia y
reduciendo los costos operativos.

CONCLUSIONES

Lo expuesto anteriormente muestra una correlación entre Estado, Gobierno y políticas públicas; ya que El
Estado, el gobierno y las políticas públicas están estrechamente relacionados, aunque disimiles. Mientras
el Estado es una entidad política soberana que ejerce autoridad y control sobre un territorio y su población.
Es la estructura fundamental de organización social que establece y mantiene el orden, la seguridad y el
bienestar dentro de una sociedad. El Estado establece las leyes, garantiza los derechos y brinda servicios
públicos a los ciudadanos; el Gobierno es la entidad que administra y dirige los asuntos públicos en nombre
del Estado y de la sociedad. Está compuesto por instituciones como el poder ejecutivo, legislativo y judicial,
que tienen responsabilidades específicas en la formulación, implementación y aplicación de políticas
públicas. El gobierno es el actor principal en la toma de decisiones y la ejecución de acciones para abordar
los desafíos y necesidades de la sociedad y las Políticas públicas, que son las acciones y decisiones tomadas
por el gobierno para abordar problemas y desafíos específicos que afectan a la sociedad en su conjunto o a
segmentos específicos de la población. Estas políticas pueden incluir leyes, programas, regulaciones,
presupuestos y otras medidas diseñadas para lograr objetivos públicos y mejorar el bienestar general. Las
políticas públicas reflejan las prioridades, valores y visiones de la sociedad y son instrumentos clave para
la realización de los objetivos del Estado.
pág. 4970
La elección entre un sistema federal o unitario depende de diversos factores históricos, culturales y
políticos. No existe un modelo superior al otro, ya que cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas.
La elección del sistema de gobierno debe basarse en las necesidades y aspiraciones de cada sociedad.

Tanto el presidencialismo como el parlamentarismo tienen sus propias fortalezas y debilidades. La elección
de un sistema u otro depende de factores históricos, culturales y políticos. No existe un sistema de gobierno
perfecto, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas.

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