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INTRODUCCIÓN
La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) representa uno de los mayores desafíos
medioambientales, sociales y económicos de las últimas décadas. A nivel global, el aumento en la
generación de residuos es una consecuencia directa del crecimiento demográfico, la urbanización
acelerada y los patrones de consumo insostenibles. Según datos de organismos internacionales como el
Banco Mundial (2022), se generarán más de 2000 millones de toneladas de RSU al año, de los cuales
una gran proporción termina en vertederos no controlados, agravando los problemas de contaminación
ambiental, los costos económicos derivados de la gestión inadecuada y las inequidades sociales que
surgen de la falta de acceso a sistemas eficaces de recolección y disposición final (Wilson et al., 2012).
En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece
las bases para la gestión adecuada de los materiales reciclables (DOF, 2003). Este marco normativo
incluye principios de responsabilidad compartida, donde los productores, consumidores y gobiernos
colaborar para reducir el impacto ambiental de los residuos (Villaseñor et al., 2018). Aunado a ello,
busca fortalecer los sistemas de recolección selectiva, incentivar la valorización de residuos y minimizar
la dependencia de rellenos sanitarios, alineándose con los compromisos internacionales adquiridos por
México, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). En Veracruz, esfuerzos
previos como el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos han buscado
fortalecer la infraestructura y fomentar la participación ciudadana; sin embargo, estos han enfrentado
limitaciones en su implementación debido a problemas como la falta de financiamiento adecuado, la
carencia de incentivos para la separación desde la fuente y una baja sensibilización de la población
sobre la importancia de una gestión sostenible de los residuos (Gobierno del Estado de Veracruz, 2019;
INECC, 2020). De igual manera, los esfuerzos han sido fragmentados, careciendo de una estrategia
integral que involucre tanto a los sectores público como privado, lo que ha limitado su impacto a largo
plazo. Como muestran los datos de la SEMARNAT (2020), en Veracruz, solo el 45% de los municipios
cuentan con programas formales de gestión de residuos, mientras que el 30% de los residuos generados
no reciben un manejo adecuado, terminando en vertederos a cielo abierto. En consecuencia, los
impactos específicos en Veracruz incluyen la contaminación de cuerpos de agua, por ejemplo, el río
Sedeño, de igual forma, las afectaciones a la salud pública debido a la proliferación de vectores y