COAHUILA FRENTE AL FEMINICIDIO:
UNA EMERGENCIA DE JUSTICIA Y PREVENCIÓN
COAHUILA FACING FEMICIDE: A JUSTICE AND
PREVENTION EMERGENCY
Francisco Fabián Tobías Macías
Tecnológico Nacional de México
Blanca Lucía Estrada Mendoza
Tecnológico Nacional de México
María del Carmen Silva Rodríguez
Tecnológico Nacional de México
Rogelio Galván Ramos
Tecnológico Nacional de México
José Carlos Hernández Lozano
Tecnológico Nacional de México

pág. 13289
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16959
Coahuila Frente al Feminicidio: Una Emergencia de Justicia y Prevención
Francisco Fabián Tobías Macías1
francisco.tm@piedrasnegras.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-2639-5341
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Piedras Negras
México
Blanca Lucía Estrada Mendoza
blanca.em@piedrasnegras.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-3954-5310
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Piedras Negras
México
María del Carmen Silva Rodríguez
maria.sr@piedrasnegras.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0003-3063-5018
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Piedras Negras
México
Rogelio Galván Ramos
rogelio.gr@piedrasnegras.tecnm.mx
https://orcid.org/0009-0005-3009-8648
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Piedras Negras
México
José Carlos Hernández Lozano
carlos.hl@piedrasnegras.tecnm.mx
https://orcid.org/0009-0004-6862-1927
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Piedras Negras
México
RESUMEN
El feminicidio, la forma más extrema de violencia hacia la mujer, es una problemática que afecta la
población de Coahuila desde hace varios años, con casos cada vez más frecuentes, lo cual genera un
ambiente de inseguridad que impacta la salud, libertad y el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia. Este estudio busca plasmar la gravedad del problema mediante datos y estadísticas, así como
descubrir las deficiencias sociales, culturales y políticas que permiten la impunidad en muchos de los
casos. Con el objetivo de identificar patrones para explicar posibles causas y proponer estrategias
preventivas que contribuyan a un entorno seguro, se realizó un análisis cuantitativo basado en encuestas
al público y a víctimas, complementado con datos estadísticos obtenidos de fuentes oficiales y estudios
previos. Los resultados revelaron una percepción general de inseguridad, y muchas personas han
adoptado medidas preventivas para protegerse. Además, factores culturales y sociales desempeñan un
papel importante en la normalización de la violencia de género, sumado a la limitada capacidad de las
autoridades para atender estos casos de manera efectiva, lo cual genera poca confianza en recurrir a
ellas en situaciones de violencia de género, limitando así la efectividad de las medidas de protección
actuales. Los hallazgos sugieren la necesidad de reformas legales que sancionen firmemente los actos
de violencia contra la mujer, así como de reformas educativas orientadas a concienciar a la sociedad,
con el fin de reducir la violencia de género en la región.
Palabras Claves: feminicidio, violencia de género, impunidad, inseguridad, prevención
1 Autor principal
Correspondencia: francisco.tm@piedrasnegras.tecnm.mx

pág. 13290
Coahuila Facing Femicide: A Justice and Prevention Emergency
ABSTRACT
Femicide, the most extreme expression of violence against women, is a problem affecting the population
of Coahuila, with increasingly frequent cases that create an atmosphere of insecurity, bringing
consequences for women’s health, freedom, and access to a life free from violence. This study aims to
portray the seriousness of the issue by providing data and statistics, as well as uncovering social,
cultural, and political deficiencies that allow for impunity in many cases. To identify patterns explaining
possible causes and to propose preventive strategies for fostering a safer environment, a quantitative
analysis was conducted based on surveys with the public and victims, complemented by statistical data
from official sources and previous studies. The results revealed a general perception of insecurity,
leading individuals to adopt preventive measures to protect themselves. Furthermore, cultural and social
factors play a significant role in the normalization of gender-based violence, coupled with the
authorities’ lack of capacity to handle cases effectively, which diminishes trust in seeking assistance
from authorities and institutions in cases of gender-based violence, thus limiting the effectiveness of
existing protective measures. The findings suggest the need for legal reforms to strongly penalize acts
of violence against women, as well as educational reforms aimed at raising societal awareness to reduce
gender violence in the region.
Keywords: femicide, gender violence, impunity, insecurity, prevention
Artículo recibido 05 febrero 2025
Aceptado para publicación: 28 febrero 2025

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INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas en crecimiento durante los últimos años en la sociedad actual es la violencia
contra la mujer, siendo el feminicidio la expresión más extrema contra la violencia hacia la mujer,
«asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de
propiedad sobre las mujeres» (Russell, 2008: 27), que incluyen cualquier homicidio de mujeres
perpetrado fundamentándose en la discriminación de género.
En 2021 cerca de 45,000 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otros
familiares, cifras alarmantes mencionan que cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien
de su propia familia según el estudio publicado en 2021 de la UNODC.
La violencia extrema hacia la mujer es un problema que abarca gran parte del mundo, si bien no existen
datos globales, estandarizados o registrados de manera consistente sobre el feminicidio por lo que es un
gran reto englobar los datos mundiales, el informe global más reciente sobre homicidio de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentan datos
del 2017 publicados en julio de 2019, donde se menciona que en ese año 87.000 mujeres en todo el
mundo fueron asesinadas intencionalmente, con más de la mitad de ellas (50.000) por parejas intimas o
miembros de la familia. El número total ha aumentado de un estimado de 48.000 en 2012,
aproximadamente cuatro de cada diez tienen escasez de información para identificarlos y contabilizarlos
como homicidios relacionados con el género. Esto dificulta con el proceso de elaboración de políticas
de prevención para este tipo de asesinatos.
Según el informe de 10 años del Censo de Feminicidios menciona que, en el Reino Unido, entre 2009
y 2018 ‘’Una mujer es asesinada por un hombre cada tres días’’, publicado en noviembre del 2020.
Siendo América Latina la región más afectada por el feminicidio según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), La mitad de los países con las tasas más altas de feminicidio se encuentran en América
del sur o de América Central y el Caribe.
Objetivo General
▪ Con base en un análisis estadístico y cualitativo investigar las causas y consecuencias del
feminicidio en Coahuila y dar a conocer estrategias para su prevención.

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Objetivos Específicos
▪ Analizar las estadísticas de feminicidio en Coahuila en los últimos 10 años.
▪ Evaluar la efectividad de las políticas y leyes implementadas en Coahuila contra la violencia de
género.
▪ Identificar las causas sociales y económicas que contribuyen al feminicidio en el estado.
▪ Proponer recomendaciones para mejorar la prevención y la justicia en casos de feminicidio.
Justificación
El feminicidio no es solo un delito, sino una manifestación extrema de la violencia de género que afecta
a toda la sociedad. En Coahuila, la presencia de este fenómeno indica la existencia de profundas
desigualdades de género, así como la falta de efectividad en las políticas de protección a las mujeres.
Esta investigación es importante porque aborda las limitaciones actuales del sistema judicial, analiza
los factores culturales y sociales que perpetúan la violencia de género, y resalta estrategias para reducir
el feminicidio y mejorar la seguridad de las mujeres en el estado.
1. Impacto Social
El feminicidio no solo afecta a las víctimas directas, sino también a sus familias, comunidades y a la
sociedad en general. El impacto social incluye:
▪ Desintegración familiar: La pérdida de una mujer, madre, hermana o hija a causa del feminicidio
afecta profundamente a las familias, que quedan marcadas por el trauma, el dolor y la búsqueda de
justicia.
▪ Sensación de inseguridad: La alta tasa de feminicidios crea una percepción de inseguridad entre las
mujeres, que sienten que no pueden caminar tranquilas por las calles.
▪ Desconfianza en las instituciones: La falta de justicia en muchos casos de feminicidio genera una
profunda desconfianza hacia las autoridades. Las víctimas y sus familias enfrentan obstáculos en la
denuncia y el seguimiento de los casos, lo que incrementa la sensación de impunidad.
▪ Movilización social: El feminicidio ha provocado un aumento en la movilización social en busca
de justicia y políticas más efectivas. En Coahuila, como en otros lugares de México, movimientos
feministas y organizaciones de derechos humanos organizan marchas y actividades para exigir
respuestas y protección para las mujeres.

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2. Impacto Legal.
El marco legal contra el feminicidio en México incluye tanto leyes nacionales como estatales. Sin
embargo, existen desafíos en su implementación:
▪ Deficiencias en la aplicación de la ley: Aunque Coahuila tipifica el feminicidio como delito desde
2012, la falta de capacitación de las autoridades judiciales y policiales ha generado problemas en la
identificación correcta de casos de feminicidio. Esto lleva a que muchos asesinatos de mujeres se
clasifiquen incorrectamente como homicidios simples, lo que disminuye la gravedad del delito.
▪ Impunidad: La impunidad sigue siendo un problema central. Las deficiencias en la investigación,
la falta de pruebas y la corrupción dentro del sistema judicial provocan que muchos responsables
de feminicidios no sean procesados adecuadamente. Esto refuerza la violencia, ya que los agresores
no temen ser castigados.
▪ Legislación incompleta o mal implementada: Aunque existen leyes contra la violencia de género y
el feminicidio, su implementación es a menudo lenta o ineficaz. En Coahuila, como en otras partes
de México, los mecanismos de protección a mujeres en riesgo (como órdenes de restricción o
refugios) no siempre funcionan adecuadamente o no están disponibles para todas las mujeres que
lo necesitan.
3. Impacto Cultural
El feminicidio también está profundamente arraigado en patrones culturales y sociales que perpetúan la
violencia de género:
▪ Normalización de la violencia: En muchos contextos, la violencia contra las mujeres está
culturalmente aceptada o normalizada, como “disputas personales” o “problemas familiares”.
▪ Estereotipos de género: En Coahuila, como en otras regiones de México, los estereotipos de género
rígidos contribuyen a la desigualdad. Las expectativas tradicionales sobre los roles de las mujeres
(ser esposas, madres o cuidadoras) refuerzan su subordinación y las hacen más vulnerables a la
violencia.
▪ Machismo: La cultura machista sigue siendo un factor determinante en la violencia de género en
Coahuila. El machismo promueve la idea de que los hombres tienen poder y control sobre las

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mujeres, lo que puede desencadenar actos de violencia extrema cuando sienten que ese control está
siendo desafiado.
▪ Invisibilidad del problema: Culturalmente, el feminicidio aún se percibe como un tema privado o
aislado, lo que dificulta la comprensión de que es un problema estructural. En muchas comunidades,
las mujeres no se sienten apoyadas para denunciar la violencia por temor al estigma social o la
revictimización.
Objeto de Estudio
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en la incidencia delictiva del fuero común, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de
2024 se han registrado en México 4 mil 817 casos de feminicidios. Siendo 107 pertenecientes al estado
de Coahuila, situándolo en el puesto 16 de estado con mayor número de casos.
Por esto el objeto de esta investigación se centrará en el estado de Coahuila, indagando datos registrados
desde el 2015 hasta la actualidad, además de comprender si las medidas que se tomaron en un inicio
para el intento de la disminución de violencia como lo fueron leyes o el nacimiento de convenciones
internacionales, surtieron el efecto esperado, para poder intentar llegar a una conclusión general e
interpretar los datos para tratar de dar respuesta a el porqué de su aumento o por su contraparte la
disminución del mismo, interpretar datos en gráficas para poder ver la tendencia de los estados y
municipios con mayor número de violencia y su cambio durante los años, tomando como fuentes
entidades de confianza como la Organización Mundial de la Salud, Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) entre otras entidades y gubernamentales.
Partiendo desde la pregunta acerca de cuál es la situación actual del feminicidio en Coahuila y factores
que influyen en los casos de feminicidio, tales como su contexto regional, económico o cultural. Se
buscarán diferentes fuentes de información para complementar la información para llegar a una
conclusión e intentar dar una respuesta a nuestra pregunta inicial.

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Esta investigación es importante no solo para comparar información sino para comprender la razón o
motivos del feminicidio y así poder tratar de buscar una solución efectiva que trate de atacar este
problema desde la raíz.
DESARROLLO
A causa de las tasas elevadas de feminicidio se han creado medidas en contra de la violencia y la
discriminación hacia la mujer, con el objetivo de concientizar e intentar crear leyes que protegen a las
mujeres de la violencia y el odio irracional hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Una de las
convenciones internacionales más importantes para la protección de los derechos de la mujer: La
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por
sus siglas en ingles), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y la convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer aprobada en 1994 por
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde entonces se ha vivido un proceso de legislación y regulación de los delitos contra la mujer en los
países latinoamericanos, implicando dos generaciones de legislación que proporcionaron un enfoque
más integral, multidimensional y multisectorial para luchar contra el crimen de género, siendo la
segunda la que consistió en la implementación de leyes que clasificaron el homicidio de género como
un delito penal específico y más grave, llamado «femicidio» o «feminicidio».
Si bien la implementación de leyes fue un gran paso para la sociedad y para intentar frenar el aumento
de violencia hacia la mujer, la tasa de feminicidios en algunos casos disminuyó, en otros aumentó y en
algunos disminuyó inicialmente para posteriormente aumentar nuevamente.
Los niveles de asesinatos de mujeres y niñas por razones de género siguen siendo inaceptables a pesar
de los importantes esfuerzos realizados para su disminución y prevención, la mayoría de las veces estos
asesinatos son la etapa final de repetidos episodios de violencia de género, lo que significa que mediante
intervenciones oportunas y eficaces son prevenibles, de ahí la importancia de reforzar los esfuerzos en
ámbitos como las respuestas de la justicia penal y los sistemas nacionales de recopilación de datos, para
que ayude a prevenir y erradicar los asesinatos por razones de género.
Los asesinatos de mujeres y niñas por razones de género pueden evitarse mediante una intervención
temprana de evaluación de riesgos y garantizando que las mujeres y niñas tengan acceso a un apoyo y

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una protección focalizada en las sobrevivientes, así como mejorando los servicios policiales y judiciales
con perspectiva de género. A menudo, las mismas situaciones que son responsables de impedir que la
violencia de género se convierta en un asesinato letal carecen de la comprensión necesaria para darse
cuenta de que una víctima se encuentra en una situación crítica o tienen prejuicios de género implícitos
o explícitos que pueden dar lugar a culpar a las víctimas y a actitudes de juicio, o a no creer a la víctima
y, en última instancia, a perder oportunidades de prevención. Este abordaje integral debe incluir la
implementación de políticas públicas efectivas, la promoción de una educación con perspectiva de
género y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en las altas esferas del Estado. Todos estos
esfuerzos en conjunto buscarán erradicar esta violencia y garantizar una vida libre de violencia para
todas las mujeres en México.
Factores Culturales
Las causas y los factores de riesgo de los feminicidios en México son complejos y abarcan diversas
dimensiones, pero su reconocimiento es el primer paso para enfrentar este grave problema de violencia
contra las mujeres. Uno de los factores clave es la persistencia de una cultura centrada en lo masculino,
donde la vida de las mujeres no es valorada adecuadamente, lo que favorece la continuidad de la
violencia de género.
Otro aspecto es el sistema de dominación sociopolítica conocido como patriarcado, en el que los
hombres predominan en el poder estatal, lo que refuerza la desigualdad de género y contribuye a la
violencia hacia las mujeres. Además, la violencia de género está a menudo integrada en las prácticas de
las instituciones locales y nacionales, un fenómeno que se conoce como sexismo institucional, lo que
complica tanto la prevención como la respuesta ante este problema.
También existe una deficiencia en la claridad y precisión de las leyes que tipifican los delitos de
violencia de género, lo cual dificulta la adecuada persecución y castigo de los agresores. A esto se suma
la falta de capacitación en perspectiva de género en los sistemas judicial y policial, lo que limita su
capacidad para abordar eficazmente los casos de feminicidio.
Finalmente, la baja representación y participación de las mujeres en los altos niveles del gobierno
contribuye a la perpetuación de la desigualdad de género y, en consecuencia, de la violencia contra las
mujeres.

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En México, se han implementado diversas acciones y programas para prevenir los feminicidios, aunque
enfrentan importantes desafíos como la falta de voluntad política, recursos insuficientes y una
comprensión limitada de la dimensión política de este grave problema. En el núcleo de estas iniciativas
está la necesidad de reformular la vida democrática bajo un enfoque de igualdad de género, lo que
implica reconocer los derechos fundamentales de las mujeres y luchar por erradicar la discriminación,
la desigualdad y toda forma de violencia física por razones de género. Sin embargo, la implementación
de estas medidas se enfrenta a obstáculos como una cultura centrada en lo masculino, el patriarcado y
el sexismo institucionalizado.
Las principales causas de los feminicidios en México son variadas, desde una cultura que desvaloriza
la vida de las mujeres hasta un sistema patriarcal que perpetúa la dominación sociopolítica. La limitada
tipificación de los delitos de violencia de género, junto con la falta de formación en perspectiva de
género dentro de los sistemas judicial y policial, agravan aún más la lucha contra este crimen.
Es importante subrayar que el feminicidio es un delito de violencia de género que atenta contra los
derechos humanos de las mujeres, incluyendo la privación de su libertad, su vida, y su integridad física
y psicológica. Las consecuencias sobre la salud física y mental de las mujeres en México derivadas del
feminicidio incluyen miedo generalizado, depresión y dificultades de concentración.
El feminicidio, además de la pérdida de vidas humanas, deja una huella profunda en nuestra sociedad.
Representa un símbolo de impunidad frente a la violencia sistemática contra la mujer y es un triste
recordatorio de las desigualdades y la misoginia en nuestra sociedad.
Coahuila de Zaragoza
La violencia de género en el estado de Coahuila es un problema que traen consigo problemas para la
salud, libertad, seguridad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el estado se ubica en
el tercer lugar en delitos de violencia de género ocupando el primer lugar en el número de casos por
cada cien mil mujeres de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), si bien se está
trabajando para implementar mecanismos de protección, a favor de cada mujer con el fin de poder
garantizar su integridad, en el transcurso del año 2023 se registraron un total de 8.094 denuncias por
violencia de género en las 7 Unidades Especializadas en Violencia contra las Mujeres según el informe
anual de gestión institucional.

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Es importante mencionar que las mujeres que denuncian a alguna autoridad los eventos violentos son
aquellas que usualmente fueron agredidas de forma física o sexual, representando el 17.7% las, mujeres
que denunciaron y el 82.3% las que no denunciaron la agresión. Según datos de la ENDIREH
publicados en 2006.
En la gran mayoría de los casos en donde se ve involucrado la violencia de género, vienen por parte de
personas que tienen vínculos con la víctima, como relaciones sentimentales o familiares, es por eso que
el tratar cada denuncia con firmeza y atenderlas en tiempo y forma es muy importante, ya que muestra
indicios de un posible escalamiento del problema, ver los antecedentes y esas señales iniciales nos
podría ayudar a actuar antes de que escale a la manifestación más extrema de violencia contra la mujer
como lo es el feminicidio.
Los casos de feminicidio han ido en aumento desde el 2015, llegando a 29 víctimas durante el transcurso
del año 2020, seguido de una baja en los años siguientes, si bien 2023 fue el año con menos feminicidios
en los últimos 4 años, durante el actual año en transcurso se igualó e incluso se superó el año 2023,
esperándose que la cifra siga en aumento durante el año en curso.
Gráfico 1
Elaboración propia a partir de datos recopilados de la REDIM y SENSP

pág. 13299
¿Qué lo propicia?
En Coahuila durante este año en curso 2024 del periodo de enero a junio ya se han presentado el doble
de casos de feminicidio que durante el mismo periodo en el año 2023, siendo su incremento del 100%,
de los municipios implicados en las estadísticas la región laguna en Torreón es la que se ve más afectada
por la violencia hacia las mujeres, registrando un total de seis feminicidios, seguido por Ciudad Acuña
con tres y uno en Saltillo, Ramos Arizpe, Piedras Negras, General Cepeda y Francisco I. Madero.
Dentro de las víctimas de feminicidio en el 2024 se encuentran, Ana Patricia de 35 años que fue ultimada
con un arma de fuego a manos de su pareja, María del Carmen, de 34 años quien recibió dos disparos
de arma de fuego por su pareja y agresor, Nalley Alejandra y Fátima de 21 años encontradas con huellas
de violencia, Cristal Monserrath, de 7 años, fue golpeada por su padre y madrastra, María Rosa, de 57
años, murió a manos de su pareja, Cecilia quien fue arrollada por su ex pareja.
De todas las mujeres víctimas de homicidio en 2021, alrededor del 56% fueron asesinadas por sus
parejas u otros miembros de la familia, el hogar fue el lugar más común donde las mujeres fueron
asesinadas por sus parejas intimas, (61.6%). Es importante reconocer que estas cifras, aunque
alarmantes, podrían no reflejar la totalidad de feminicidios dados que algunas organizaciones señalan
la existencia de una cifra aún mayor de mujeres asesinadas.
En muchos casos, las conductas violentas en el contexto familiar o de pareja se perciben como "asuntos
privados". Esto crea un ambiente donde la violencia hacia la mujer es ignorada, lo que facilita su
continuidad y escalada, especialmente en el ámbito de relaciones íntimas, en muchos casos la sociedad,
culpa o juzga a las mujeres por la violencia que sufren, lo cual desalienta la denuncia y la búsqueda de
ayuda, perpetuando la violencia y dificultando su intervención.
De acuerdo con datos del INEGI, el 64% de las mujeres en México experimentan violencia severa o
muy severa por parte de sus parejas, esposos, novios, exnovios, exesposos o exparejas a lo largo de su
vida. Esto significa que, de las 19.1 millones de mujeres que sufren violencia, 8.2 millones enfrentan
situaciones de violencia severa y 4 millones están en situaciones de violencia muy severa. Esta gravedad
tiene como principal consecuencia poner en riesgo la vida de estas mujeres, además de afectar su calidad
de vida y la de sus hijos e hijas.

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Marcela Lagarde es una de las académicas feministas más reconocidas de México. Etnóloga y doctora
en Antropología, precisó. "En las regiones donde hay crímenes contra mujeres hay otras formas de
violencia contra las mujeres que están presentes en la vida social, de forma constante, tolerada
socialmente y por las autoridades, que crean un clima de impunidad. El procurador de Justicia nos
dijo que el 65 por ciento de las niñas y mujeres asesinadas habían presentado denuncias de violencia”.
Las mujeres denuncian un clima violento contra ellas, las autoridades no responden y las mujeres
quedan en mayor riesgo. Y finalmente, en muchos de los casos son asesinadas.
El hecho de que las investigaciones relacionadas en casos de feminicidio terminen con deficiencias,
pérdidas de información, o no se le tome seriedad no es un aspecto puntual en el norte de México, sino
que trascienden a una realidad que involucra un área más amplia del país.
Amnistía Internacional ha realizado una lista en el que se evidencian aspectos donde las investigaciones
penales se han realizado de forma inadecuada, tomando como análisis cinco casos de violencia
feminicida. Lista que menciona las siguientes razones:
1. En las investigaciones, las personas servidoras públicas han perdido con frecuencia evidencias
relacionadas con los hechos.
Se utiliza como ejemplo el caso de Julia Sosa, caso en el que se perdieron objetos que supuestamente
provocaron la muerte de la víctima, objetos que fueron perdidos por el Ministerio Público, además
de perder objetos que podrían dar indicios de quien pudo haber sido el victimario, sin mencionar el
poco interés que se le puso a recabar con tiempo material de video vigilancia que pudiera verificar
el último lugar donde se le vio a la mujer con vida.
2. Las autoridades no investigan de forma pronta y exhaustiva.
En la búsqueda no se indaga de manera profunda la información, desechando posibles líneas de
investigación perdiendo información valiosa, o bien, se le toma poca importancia a detalles
importantes que podrían llegar a una conclusión temprana de quienes fueron los responsables. La
inacción de las autoridades en casos de desaparición disminuye las probabilidades de encontrar a la
víctima con vida, tal el caso de Nadia Muciño, que se presentó una denuncia, pero como no habían
pasado 72 horas de su desaparición se desestimó la misma, argumentando que lo más probable es
que estuviese con su pareja.

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3. Falta de perspectiva de género.
En ocasiones la ausencia de enfoque en el género entorpece las investigaciones, desestimando la
importancia de exámenes para determinar si la víctima sufrió agresión sexual, agresión concurrente
en algunas muertes violentas de mujeres. Además de catalogar casos como suicidio en situaciones
que podrían ser feminicidios. En el caso de Karla Pontigo se determinó su muerte como accidente
sin tomar en cuenta los antecedentes de acoso sexual que la familia informó. O los estereotipos,
estigmatización y culpabilización de las víctimas por su vestimenta, es el caso de Diana Velázquez.
4. Fallas en la implementación de medidas de protección:
En el caso de Alondra González, la descoordinación entre las autoridades y los procesos
administrativos provocaron retrasos en la orden de protección emitidos por el agente del ministerio
público.
Además de las deficiencias mencionadas anteriormente también se lucha con una batalla como lo es la
culpabilización de las víctimas, las cuales en gran parte de las ocasiones con el fin de buscar justicia en
sus casos son revictimizadas por las mismas autoridades, lo que muchas veces ocasiona el desinterés de
las víctimas en continuar con los procesos judiciales. Dos de los puntos en donde se plasma la
revictimización de la víctima son los siguientes:
1. Buscar justicia requiere tiempo y es costoso económica y emocionalmente.
De acuerdo a la carencia de interés de las autoridades en realizar de forma pertinente las
investigaciones y procedimientos, comúnmente los familiares de la víctima son los que toman este
rol de búsqueda de justicia, lo que desemboca en una gran inversión de tiempo y dinero, pues
generalmente tienen que dejar otros aspectos de su vida de lado como lo sería el trabajo o relaciones
emocionales.
2. Buscar justicia es peligroso.
Tras la presión en la búsqueda de justicia a las autoridades o a la comunidad, algunas familias son
acosadas o amenazadas por parte de las personas que realizaron el delito, por lo que las familias se
ven obligadas a desestimar el caso o en ocasiones cambiar de localidad, con el fin de evitar que se
cumplan las amenazas.

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Coahuila frente a la violencia contra la mujer
Para poder tomar acción efectiva en contra de los feminicidios no basta con encasillarse en un aspecto
del problema, ya que el origen del problema se dispersa en distintos grados de complejidad como en lo
psicológico, psicosocial o sociopolítico. Por lo que se incita a la creación de desarrollo de programas
de prevención y de salud mental, donde no solo se involucren cambios en la cultura sino además
medidas materiales y objetivas como en el urbanismo que promueva la seguridad en las calles.
A nivel nacional el país cuenta con estrategias que buscan prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres, donde se promueve el derecho de las mujeres, jóvenes y niñas de nuestro país a vivir una vida
libre de violencia, como la CONAVIM por sus siglas, que cuenta con programas para incentivar esto,
dentro de lo que podemos encontrar:
Tabla 1
Objetivos prioritarios del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
1. Disminuir las violencias contra las mujeres, mediante la implementación de medidas preventivas de
los factores de riesgo
2. Promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural
para mujeres víctimas de la violencia
3. Fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la
sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias competentes a nivel nacional
4. Impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado Mexicano la erradicación de
la violencia contra las mujeres.
Fuente: DOF - Diario Oficial de la Federación
En el estado de Coahuila existen instituciones consolidadas que atienden casos de violencia contra las
mujeres, donde el estado es referente nacional, sin contar las delegaciones de la fiscalía donde cuentan
con personal capacitado para atender a las mujeres que viven situaciones de violencia. Como lo es el
instituto Coahuilense de las Mujeres, lugar donde se brinda asesoría jurídica y psicológica, además que
desde el año 2013 se cuenta con registros administrativos de los casos de violencia familiar, lo que
ayuda a dar una mejor atención y programas en favor de las mujeres. Además de contar con un sistema
estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sistema el cuál objetivo es introducir
esfuerzos, planes, programas y servicios, para la prevención, atención, asistencia, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres, que cuenta como objetivos del consejo los siguientes puntos:

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Tabla 2
Objetivos del Consejo del Sistema
1. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, desde la
perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
2. Aprobar el Programa Estatal, los modelos de prevención, atención sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y los programas especiales; así como evaluar su cumplimiento.
3. Planear y coordinar acciones para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal, de acuerdo con Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás
disposiciones aplicables.
4. Establecer y promover la capacitación y actualización permanente, con perspectiva de género, de las
personas que participen en el Sistema Estatal.
5. Proponer a las autoridades facultadas para expedir ordenamientos legales, proyectos o recomendaciones
normativas que tengan como propósito prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, con los
principios internacionales y federales en materia de derechos humanos de las mujeres.
6. Contribuir a la difusión de la legislación en materia de los derechos humanos de las mujeres y eliminación
de violencia contra las mujeres.
7. La sistematización e intercambio de información entre las dependencias estatales, municipales y organismos
de la sociedad civil que corresponda, sobre violencia contra las mujeres, así como la investigación
multidisciplinaria sobre los tipos de violencia.
8. Las demás que señale la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de
Coahuila de Zaragoza y otros ordenamientos aplicables.
Fuente: Sistema Estatal – Secretaría de las Mujeres Coahuila
Por otra parte, la secretaría de mujeres cuenta con un Banco estatal de datos sobre violencia contra las
mujeres y niñas del estado de Coahuila de Zaragoza, que cuenta con un diagrama de operación donde
se mencionan seis aspectos importantes que se trabajan.
Imagen 1
Fuente: Violencia de Género en Coahuila
Banco estatal de
datos sobre
violencia contra
las mujeres y
niñas del estado
de Coahuila de
Zaragoza
Atención a
la violencia
Empoderam
iento para
las mujere
Capacitación
a servidoras
y servidores
públicos
Acciones de
prevención
Acceso a la
justicia
Armonizació
n legislativa
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Para finalizar con esta investigación se realizó una encuesta a la comunidad sobre el tema en cuestión,
con el fin de comprender el entendimiento, se busca obtener una idea general y asociar datos para
explicar fenómenos y llegar a una conclusión general.
Gráfico 2
Aproximadamente el 46% de los encuestados se consideran informados mientras que el 54% mencionan
que están apartados del tema.
Tal desconocimiento puede ser por la falta de difusión en medios, si bien los casos de feminicidio
generalmente se vuelven temas mediáticos, solo son una pequeña porción de todos los casos que se
llegan a perpetuar, lo cual es un problema para poder generar conciencia en la comunidad.
Gráfico 3
Mas de la mitad de los encuestados (73 personas) perciben la seguridad como regular o peor, lo que
refleja una percepción de inseguridad significativa, y solo 34 personas lo considera buena, lo que refleja
una situación de inseguridad en espacios públicos por parte de las mujeres.
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Gráfico 4
La mayoría de los encuestados se encuentran divididos, con 39 personas creyendo que la vestimenta
influye en la seguridad de las mujeres, mientras que 68 opinan que no tiene relevancia o no debería
influir.
La creencia en que la vestimenta influye en su seguridad puede ser una problemática al abordar el tema
de la violencia de género, ya que se enfoca en factores individuales en lugar de estructurales.
Gráfico 5
Aproximadamente un 50% de los encuestados (55 personas) habitúa enviar su ubicación, lo cual indica
una forma de tratar de protegerse. Esto se podría relacionar con la percepción de inseguridad que se
tiene.
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Gráfico 6
El número de personas que han experimentado o conocen casos de violencia es alarmante (66 personas),
lo que confirma la gravedad de la situación. Además de no pasar en alto los 14 que prefieren no
responder, pues sugiere incomodidad o temor al abordar este tema.
Las respuestas a esta pregunta podrían explicar el por qué la comunidad tiene una percepción mala de
la seguridad en las calles.
Gráfico 7
La primera opción de la mayoría de las personas (52 personas) seria acudir con su familia, lo que podría
interpretarse como falta de confianza en las instituciones, y solo 22 personas mencionaron la policía, lo
cual podría estar relacionado con la percepción de que no siempre responden de manera efectiva en
estos casos.
El hecho de que las instituciones u organizaciones no sean tan conocidas o no se les dé demasiada
difusión podría ser la razón de su poca elección por los votantes (solo 13 personas).

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La percepción que se tiene acerca de la seguridad pública por parte de los encuestados es baja, si bien
la mayoría desconocía cómo se encontraba la situación de la violencia a la mujer, también muchos
reportaron haber sufrido o haber conocido un caso cercano de violencia, esto puede explicar por qué se
tiene una gran percepción de inseguridad. Además, se evidencia la poca confianza que se tiene en acudir
con las autoridades en caso de sufrir algún tipo de violencia de género, esto puede llegar a ser un
problema al intentar abordar el problema.
Asimismo, los datos muestran que la gran mayoría de personas envían su ubicación con regularidad a
familiares, reforzando la idea que se tiene de inseguridad, o por conocimiento de incidentes o
experiencias en la comunidad.
La creencia de que la vestimenta influye en la seguridad demuestra un problema social y cultural grave
que debe ser cambiado e intentar concientizar, pues estas ideas revictimizan a la víctima teniendo
consecuencias con futuras víctimas, pues se obtendrá una percepción de culpa que podrían interferir
con la idea de proceder legalmente ante alguna situación similar.
CONCLUSIÓN
La máxima expresión de violencia hacia las mujeres es un problema que no ha sido fácil de erradicar,
pues engloba muchas variables tanto sociales, culturales y políticas, que dificultan un progreso hacia la
seguridad de las mujeres, esto deja una huella profunda en nuestra sociedad ya que representa la
impresión de impunidad sistemática hacia la mujer, y es un triste recordatorio de las desigualdades y la
misoginia en nuestra sociedad. Existen pensamientos y acciones misóginos deprimentes que agrandan
aún más el problema, como afirmar que la vestimenta es determinante en la influencia de ser una
potencial víctima, haciendo que el foco del problema en el cual se debe de indagar se vea sesgado
redirigiendo el problema en factores individuales en lugar de estructurales, además de revictimizar a las
mujeres afectadas. Otro de los problemas principales es la falta de perspectiva de género que se tienen
en los casos desestimando la importancia de exámenes de agresión sexual, catalogando casos como
suicidio o accidentes en situaciones que podrían ser feminicidios, esto de mano a la carencia en las
autoridades y los procesos judiciales que se llevan a cabo, el hecho de que las investigaciones
relacionadas en casos de feminicidios terminen con deficiencias, pérdidas de información, o no se le

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tome seriedad es un problema frecuente que propician la percepción de impunidad a los victimarios,
dando la impresión de poder repetir sus actos sin repercutir a consecuencias.
Los primeros pasos para abordar este problema incluyen la concientización del tema, la poca educación
en el asunto genera una desconexión con los casos, por lo que trabajar en desarrollar programas
educativos que fomenten la igualdad de género y el respeto mutuo puede ayudar, programas enfocados
en cuestionar y transformar roles y estereotipos de género, y enseñando a identificar, rechazar y cambiar
actitudes que llevan a la violencia.
La limitada tipificación de los delitos de violencia de género, agravan aún más la lucha contra este
crimen, aunque en México existen leyes que tipifican distintos tipos de violencia de género, la
aplicación y alcance de estas leyes son limitados en algunos aspectos, se deben de establecer sanciones
ejemplares claras y adecuadas para los agresores, dando un mensaje de que la violencia de género es un
delito grave y no será tolerado, además de dar a entender que la violencia de género es un problema a
sensibilizar y que no solamente queden como disputas personales o problemas familiares, ayudando a
cambiar la narrativa cultural y la importancia de la igualdad.
Si bien la tipificación de la violencia de género existe, por sí sola no es suficiente si el sistema judicial
no cuenta con capacitación en perspectiva de género y cuenten con los recursos adecuados,
lamentablemente, en algunos contextos, aunque las leyes existan, la falta de formación de los jueces,
policías y demás funcionarios puede llevar a una aplicación inconsistente o insuficiente de estas normas.
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