RECLUTAMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES POR LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN QUINTANA ROO (2022-
2023): ANÁLISIS DE CAUSAS, IMPACTOS Y
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
RECRUITMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS BY
ORGANIZED CRIME IN QUINTANA ROO (2022-2023):
ANALYSIS OF CAUSES, IMPACTS, AND PROPOSED
INTERVENTIONS
Edith Anahí Pérez Martín
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Chetumal - México
pág. 2939
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17103
Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia
organizada en Quintana Roo (2022-2023): Análisis de causas, impactos y
propuestas de intervención
Edith Anahí Pérez Martín1
anahimartin0114@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-8424-6765
Universidad Vizcaya de las Américas Campus
Chetumal
México
RESUMEN
En los últimos años, la delincuencia organizada en Quintana Roo ha generado una ola de violencia que
ha desestabilizado la sociedad, afectando especialmente a un grupo vulnerable: niñas, niños y
adolescentes. Este artículo aborda el preocupante fenómeno del reclutamiento de menores por parte de
organizaciones criminales, analizando las causas, consecuencias y posibles soluciones. Se parte de la
premisa de que este grupo se ha convertido tanto en protagonistas como en espectadores de la violación
sistemática de sus derechos humanos, lo que refleja una crisis social y de seguridad pública. El estudio
destaca que el crimen organizado encuentra en los menores una presa fácil, aprovechando las
deficiencias estructurales del sistema de justicia mexicano, la falta de oportunidades educativas y
laborales, y la indiferencia generalizada hacia esta problemática. Factores como la deserción escolar, la
violencia intrafamiliar, la pobreza y la influencia de la narco-cultura en medios de comunicación y redes
sociales contribuyen al reclutamiento. Además, se identifican dinámicas como la coerción, la
manipulación psicológica y la promesa de ingresos económicos como mecanismos utilizados por las
organizaciones criminales para atraer a los jóvenes. Este trabajo se centra en el período 2022-2023,
proporcionando un análisis detallado de la situación en Quintana Roo, aunque se reconoce que este
problema tiene alcance global. Se examinan casos específicos y datos estadísticos que evidencian el
aumento del reclutamiento de menores, así como su participación en actividades como el tráfico de
drogas, la extorsión y el sicariato. También se exploran los efectos psicológicos, sociales y legales que
esta problemática tiene en los menores y sus familias. Finalmente, el artículo propone estrategias para
enfrentar esta crisis, incluyendo la implementación de políticas públicas integrales que aborden las
causas estructurales, la creación de programas de prevención y reintegración social, y la mejora del
sistema de justicia para proteger a los menores. Se enfatiza la importancia de la colaboración entre el
gobierno, la sociedad civil y las instituciones educativas para generar un entorno seguro y con
oportunidades para las nuevas generaciones.
Palabras claves: delincuencia organizada, reclutamiento de menores, quintana roo, derechos humanos
1 Autor principal
Correspondencia: anahimartin0114@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17103
Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia
organizada en Quintana Roo (2022-2023): Análisis de causas, impactos y
propuestas de intervención
Edith Anahí Pérez Martín1
anahimartin0114@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-8424-6765
Universidad Vizcaya de las Américas Campus
Chetumal
México
RESUMEN
En los últimos años, la delincuencia organizada en Quintana Roo ha generado una ola de violencia que
ha desestabilizado la sociedad, afectando especialmente a un grupo vulnerable: niñas, niños y
adolescentes. Este artículo aborda el preocupante fenómeno del reclutamiento de menores por parte de
organizaciones criminales, analizando las causas, consecuencias y posibles soluciones. Se parte de la
premisa de que este grupo se ha convertido tanto en protagonistas como en espectadores de la violación
sistemática de sus derechos humanos, lo que refleja una crisis social y de seguridad pública. El estudio
destaca que el crimen organizado encuentra en los menores una presa fácil, aprovechando las
deficiencias estructurales del sistema de justicia mexicano, la falta de oportunidades educativas y
laborales, y la indiferencia generalizada hacia esta problemática. Factores como la deserción escolar, la
violencia intrafamiliar, la pobreza y la influencia de la narco-cultura en medios de comunicación y redes
sociales contribuyen al reclutamiento. Además, se identifican dinámicas como la coerción, la
manipulación psicológica y la promesa de ingresos económicos como mecanismos utilizados por las
organizaciones criminales para atraer a los jóvenes. Este trabajo se centra en el período 2022-2023,
proporcionando un análisis detallado de la situación en Quintana Roo, aunque se reconoce que este
problema tiene alcance global. Se examinan casos específicos y datos estadísticos que evidencian el
aumento del reclutamiento de menores, así como su participación en actividades como el tráfico de
drogas, la extorsión y el sicariato. También se exploran los efectos psicológicos, sociales y legales que
esta problemática tiene en los menores y sus familias. Finalmente, el artículo propone estrategias para
enfrentar esta crisis, incluyendo la implementación de políticas públicas integrales que aborden las
causas estructurales, la creación de programas de prevención y reintegración social, y la mejora del
sistema de justicia para proteger a los menores. Se enfatiza la importancia de la colaboración entre el
gobierno, la sociedad civil y las instituciones educativas para generar un entorno seguro y con
oportunidades para las nuevas generaciones.
Palabras claves: delincuencia organizada, reclutamiento de menores, quintana roo, derechos humanos
1 Autor principal
Correspondencia: anahimartin0114@gmail.com
pág. 2940
Recruitment of Children and Adolescents by Organized Crime in Quintana
Roo (2022-2023): Analysis of Causes, Impacts, and Proposed Interventions
ABSTRACT
In recent years, organized crime in Quintana Roo has generated a wave of violence that has destabilized
society, particularly affecting a vulnerable group: children and adolescents. This article addresses the
worrying phenomenon of the recruitment of minors by criminal organizations, analyzing the causes,
consequences, and possible solutions. It is based on the premise that this group has become both
protagonists and spectators of the systematic violation of their human rights, reflecting a social and
public security crisis. The study highlights that organized crime finds minors easy prey, taking advantage
of the structural deficiencies of the Mexican justice system, the lack of educational and employment
opportunities, and the widespread indifference toward this issue. Factors such as school dropouts,
domestic violence, poverty, and the influence of narco-culture in the media and social networks
contribute to recruitment. Furthermore, dynamics such as coercion, psychological manipulation, and the
promise of financial gain are identified as mechanisms used by criminal organizations to attract young
people. This article focuses on the 2022-2023 period, providing a detailed analysis of the situation in
Quintana Roo, although it is recognized that this problem has a global scope. Specific cases and
statistical data are examined that demonstrate the increase in the recruitment of minors, as well as their
participation in activities such as drug trafficking, extortion, and contract killings. The psychological,
social, and legal effects of this problem on minors and their families are also explored. Finally, the article
proposes strategies to address this crisis, including the implementation of comprehensive public policies
that address the structural causes, the creation of prevention and social reintegration programs, and the
improvement of the justice system to protect minors. The importance of collaboration between the
government, civil society, and educational institutions to create a safe environment with opportunities
for the new generations is emphasized.
Keywords: organized crime, child recruitment, quintana roo, human rights
Artículo recibido 05 febrero 2025
Aceptado para publicación: 15 marzo 2025
Recruitment of Children and Adolescents by Organized Crime in Quintana
Roo (2022-2023): Analysis of Causes, Impacts, and Proposed Interventions
ABSTRACT
In recent years, organized crime in Quintana Roo has generated a wave of violence that has destabilized
society, particularly affecting a vulnerable group: children and adolescents. This article addresses the
worrying phenomenon of the recruitment of minors by criminal organizations, analyzing the causes,
consequences, and possible solutions. It is based on the premise that this group has become both
protagonists and spectators of the systematic violation of their human rights, reflecting a social and
public security crisis. The study highlights that organized crime finds minors easy prey, taking advantage
of the structural deficiencies of the Mexican justice system, the lack of educational and employment
opportunities, and the widespread indifference toward this issue. Factors such as school dropouts,
domestic violence, poverty, and the influence of narco-culture in the media and social networks
contribute to recruitment. Furthermore, dynamics such as coercion, psychological manipulation, and the
promise of financial gain are identified as mechanisms used by criminal organizations to attract young
people. This article focuses on the 2022-2023 period, providing a detailed analysis of the situation in
Quintana Roo, although it is recognized that this problem has a global scope. Specific cases and
statistical data are examined that demonstrate the increase in the recruitment of minors, as well as their
participation in activities such as drug trafficking, extortion, and contract killings. The psychological,
social, and legal effects of this problem on minors and their families are also explored. Finally, the article
proposes strategies to address this crisis, including the implementation of comprehensive public policies
that address the structural causes, the creation of prevention and social reintegration programs, and the
improvement of the justice system to protect minors. The importance of collaboration between the
government, civil society, and educational institutions to create a safe environment with opportunities
for the new generations is emphasized.
Keywords: organized crime, child recruitment, quintana roo, human rights
Artículo recibido 05 febrero 2025
Aceptado para publicación: 15 marzo 2025
pág. 2941
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el índice de violencia y la vulnerabilidad que viven las niñas, niños y adolescentes en
nuestro país por parte de grupos delictivos cada día va en aumento, por lo tanto, resulta ser un tema
complejo en nuestra sociedad. El Estado de Quintana Roo es considerado como uno de los principales
territorios de México con un alto índice de reclutamientos por la delincuencia organizada.
Los altos índices de violencia intrafamiliar provocados en parte por el hacinamiento en viviendas
pequeñas y la falta de espacios propicios para el esparcimiento ha favorecido la incorporación de jóvenes
e incluso niños a actividades ilícitas, ya sea por cuenta propia o reclutados por delincuentes; además, la
reducción de penas para los menores que cometen delitos graves contribuye al empoderamiento de
organizaciones criminales en algunas zonas de Quintana Roo, coincidieron especialistas y funcionarios.
(Vázquez,2022, párr.1)
Si bien no existe una fecha exacta para determinar el inicio de esta problemática en Quintana Roo, de
acuerdo con el órgano informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se
considera que:
Una de las consecuencias más nefastas que trajo la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”,
desatada durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (20062012), fue el incremento de casos
de niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Hoy en día, por
desgracia, este fenómeno social sigue afectando a buena parte del país. (Gutierrez, 2023,párr.1)
Para iniciar el tema de estudio se debe definir lo que es el termino niña, niño y adolescente y en que
rango de edad se considera cada uno de ellos para poder tener una idea especifica a que grupo de
población se está abordando, de acuerdo con la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del
Estado de Quintana Roo en su artículo 3º se define lo siguiente:
Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona
mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se
trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. (Ley de los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, pág. 2)
En el transcurso de los años ha sido un tema de investigación identificar las posibles causas que
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el índice de violencia y la vulnerabilidad que viven las niñas, niños y adolescentes en
nuestro país por parte de grupos delictivos cada día va en aumento, por lo tanto, resulta ser un tema
complejo en nuestra sociedad. El Estado de Quintana Roo es considerado como uno de los principales
territorios de México con un alto índice de reclutamientos por la delincuencia organizada.
Los altos índices de violencia intrafamiliar provocados en parte por el hacinamiento en viviendas
pequeñas y la falta de espacios propicios para el esparcimiento ha favorecido la incorporación de jóvenes
e incluso niños a actividades ilícitas, ya sea por cuenta propia o reclutados por delincuentes; además, la
reducción de penas para los menores que cometen delitos graves contribuye al empoderamiento de
organizaciones criminales en algunas zonas de Quintana Roo, coincidieron especialistas y funcionarios.
(Vázquez,2022, párr.1)
Si bien no existe una fecha exacta para determinar el inicio de esta problemática en Quintana Roo, de
acuerdo con el órgano informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se
considera que:
Una de las consecuencias más nefastas que trajo la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”,
desatada durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (20062012), fue el incremento de casos
de niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Hoy en día, por
desgracia, este fenómeno social sigue afectando a buena parte del país. (Gutierrez, 2023,párr.1)
Para iniciar el tema de estudio se debe definir lo que es el termino niña, niño y adolescente y en que
rango de edad se considera cada uno de ellos para poder tener una idea especifica a que grupo de
población se está abordando, de acuerdo con la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del
Estado de Quintana Roo en su artículo 3º se define lo siguiente:
Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona
mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se
trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. (Ley de los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, pág. 2)
En el transcurso de los años ha sido un tema de investigación identificar las posibles causas que
pág. 2942
propician a los menores de edad a caer y ser una presa fácil para ser reclutados por parte de grupos
criminales para realizar diferentes trabajos iniciando como halcones y convirtiéndose con el tiempo en
niños sicarios.
No es un hábito nuevo que adolescentes y jóvenes sean parte del crimen organizado en Quintana Roo,
pues su reclutamiento se ha convertido en una estrategia común para los cárteles de droga. Actualmente,
existe un gran número de menores de edad reclutados. Según datos de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim), en Quintana Roo hay de mil 490 a 2 mil 577 niños, niñas y adolescentes
en riesgo de ser reclutados o utilizados. (Demesa, 2022, párr.1 y2).
Sin duda alguna es un tema muy preocupante ya que con el paso de los tiempos esta problemática no
ha disminuido para nada, esto da por consiguiente la falta de atención que se ha tenido por parte de las
mismas autoridades en erradicar o en su caso darle un poco de interés a los menores, ya que realmente
las causas que conllevan a que ellos mismos busquen o acepten ser parte de una organización criminal
son muchas no sólo se centra en un problema específico porque de ser así desde hace mucho se hubiese
ya enfocado en erradicarlo. Es por eso que es un tema de profunda investigación que involucra muchas
áreas tanto sociales, biológicos, psicológicos, por mencionar algunos. De acuerdo con un censo realizado
por el INEGI: En 2022, a nivel nacional, 3 413 personas se encontraban en el Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes (SIJPA). De ellas, 56.5 % cumplía una medida de sanción en externación y
30.2 %, una de internamiento. siendo estos en su mayoría por delitos cometidos por crimen organizado.
(INEGI, 2023)
Este tema de estudio parte del interés personal ya que está afectando a una parte de la sociedad en total
vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes. Resulta preocupante cómo desde temprana
edad comienzan a ser partícipes en actos delictivos, ya que erradican un desarrollo sano y cognitivo de
acuerdo a su edad, perdiendo totalmente toda inocencia. es triste el saber que esto no es un problema no
solamente en nuestro Estado de Quintana Roo sino a nivel mundial, el gran monstruo que nos
enfrentamos que está acabando con la inocencia de los menores, que son el futuro de la sociedad.
Es por ello que es un tema de interés la cual debe estudiarse más a fondo ya que cada día hay más
menores que desde una edad muy temprana pierden un derecho nato, que es la libertad humana, y esto
se debe a que empiezan a tener conflictos con la Ley por cometer conductas antisociales y por lo tanto
propician a los menores de edad a caer y ser una presa fácil para ser reclutados por parte de grupos
criminales para realizar diferentes trabajos iniciando como halcones y convirtiéndose con el tiempo en
niños sicarios.
No es un hábito nuevo que adolescentes y jóvenes sean parte del crimen organizado en Quintana Roo,
pues su reclutamiento se ha convertido en una estrategia común para los cárteles de droga. Actualmente,
existe un gran número de menores de edad reclutados. Según datos de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim), en Quintana Roo hay de mil 490 a 2 mil 577 niños, niñas y adolescentes
en riesgo de ser reclutados o utilizados. (Demesa, 2022, párr.1 y2).
Sin duda alguna es un tema muy preocupante ya que con el paso de los tiempos esta problemática no
ha disminuido para nada, esto da por consiguiente la falta de atención que se ha tenido por parte de las
mismas autoridades en erradicar o en su caso darle un poco de interés a los menores, ya que realmente
las causas que conllevan a que ellos mismos busquen o acepten ser parte de una organización criminal
son muchas no sólo se centra en un problema específico porque de ser así desde hace mucho se hubiese
ya enfocado en erradicarlo. Es por eso que es un tema de profunda investigación que involucra muchas
áreas tanto sociales, biológicos, psicológicos, por mencionar algunos. De acuerdo con un censo realizado
por el INEGI: En 2022, a nivel nacional, 3 413 personas se encontraban en el Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes (SIJPA). De ellas, 56.5 % cumplía una medida de sanción en externación y
30.2 %, una de internamiento. siendo estos en su mayoría por delitos cometidos por crimen organizado.
(INEGI, 2023)
Este tema de estudio parte del interés personal ya que está afectando a una parte de la sociedad en total
vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes. Resulta preocupante cómo desde temprana
edad comienzan a ser partícipes en actos delictivos, ya que erradican un desarrollo sano y cognitivo de
acuerdo a su edad, perdiendo totalmente toda inocencia. es triste el saber que esto no es un problema no
solamente en nuestro Estado de Quintana Roo sino a nivel mundial, el gran monstruo que nos
enfrentamos que está acabando con la inocencia de los menores, que son el futuro de la sociedad.
Es por ello que es un tema de interés la cual debe estudiarse más a fondo ya que cada día hay más
menores que desde una edad muy temprana pierden un derecho nato, que es la libertad humana, y esto
se debe a que empiezan a tener conflictos con la Ley por cometer conductas antisociales y por lo tanto
pág. 2943
se encuentran pagando una pena de privación de la libertad como medida de sanción en un centro de
internamiento para menores infractores.
Considerar esta problemática como tema de estudio podría crear un poco de conciencia en nuestra
sociedad, el trabajo no sólo es de la sociedad sino también de aquellas personas que fungen un rol de
padres, el gran compromiso de cuidado y atención que se debe de tener con las niñas, niños y
adolescentes para prevenir que formen parte de la delincuencia organizada y para aquellas ciencias
interdisciplinarias que se encuentran enfocadas sobre este tipo de conductas en sociedad para un mejor
análisis e información.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, fundamentado
en los planteamientos de Vélez (2010), quien sostiene que este enfoque permite analizar procesos
sociales complejos mediante la interpretación de significados, contextos y experiencias subjetivas. El
diseño metodológico combinó estrategias etnográficas y documentales, siguiendo las directrices de
Álvarez-Gayou (2003) para estudios que requieren comprender fenómenos desde la perspectiva de los
actores involucrados. La recolección de datos se realizó en tres etapas interconectadas: durante la
primera fase, se aplicaron 32 entrevistas semiestructuradas a adolescentes de 14 a 17 años reclutados
por grupos delictivos, actualmente bajo medidas cautelares en centros de internamiento del estado. Estas
entrevistas, con una duración promedio de 45 minutos, se guiaron por un protocolo flexible que exploró
cuatro dimensiones clave: contexto familiar, experiencias de reclutamiento, motivaciones psicosociales
y percepción institucional.
En paralelo, se realizaron 18 sesiones de observación participante en comunidades urbanas y rurales
priorizadas por el SIPINNA (2022), focalizando espacios públicos donde se identificó mayor incidencia
de reclutamiento: escuelas con altos índices de deserción, centros deportivos abandonados y zonas
comerciales informales. Cada sesión, documentada en diarios de campo, incluyó registros detallados de
interacciones sociales, dinámicas grupales y patrones de conducta juvenil, técnica validada por
Hernández-Sampieri et al. (2014) para estudios etnográficos.
La tercera fase implicó el análisis crítico de 147 documentos oficiales, incluyendo expedientes judiciales
de la Fiscalía General de Quintana Roo (2022-2023), informes anuales de la CNDH sobre violencia
se encuentran pagando una pena de privación de la libertad como medida de sanción en un centro de
internamiento para menores infractores.
Considerar esta problemática como tema de estudio podría crear un poco de conciencia en nuestra
sociedad, el trabajo no sólo es de la sociedad sino también de aquellas personas que fungen un rol de
padres, el gran compromiso de cuidado y atención que se debe de tener con las niñas, niños y
adolescentes para prevenir que formen parte de la delincuencia organizada y para aquellas ciencias
interdisciplinarias que se encuentran enfocadas sobre este tipo de conductas en sociedad para un mejor
análisis e información.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, fundamentado
en los planteamientos de Vélez (2010), quien sostiene que este enfoque permite analizar procesos
sociales complejos mediante la interpretación de significados, contextos y experiencias subjetivas. El
diseño metodológico combinó estrategias etnográficas y documentales, siguiendo las directrices de
Álvarez-Gayou (2003) para estudios que requieren comprender fenómenos desde la perspectiva de los
actores involucrados. La recolección de datos se realizó en tres etapas interconectadas: durante la
primera fase, se aplicaron 32 entrevistas semiestructuradas a adolescentes de 14 a 17 años reclutados
por grupos delictivos, actualmente bajo medidas cautelares en centros de internamiento del estado. Estas
entrevistas, con una duración promedio de 45 minutos, se guiaron por un protocolo flexible que exploró
cuatro dimensiones clave: contexto familiar, experiencias de reclutamiento, motivaciones psicosociales
y percepción institucional.
En paralelo, se realizaron 18 sesiones de observación participante en comunidades urbanas y rurales
priorizadas por el SIPINNA (2022), focalizando espacios públicos donde se identificó mayor incidencia
de reclutamiento: escuelas con altos índices de deserción, centros deportivos abandonados y zonas
comerciales informales. Cada sesión, documentada en diarios de campo, incluyó registros detallados de
interacciones sociales, dinámicas grupales y patrones de conducta juvenil, técnica validada por
Hernández-Sampieri et al. (2014) para estudios etnográficos.
La tercera fase implicó el análisis crítico de 147 documentos oficiales, incluyendo expedientes judiciales
de la Fiscalía General de Quintana Roo (2022-2023), informes anuales de la CNDH sobre violencia
pág. 2944
infantil, y estadísticas del INEGI sobre marginalidad urbana. Este corpus documental se complementó
con 23 reportes de organizaciones civiles como REDIM y UNICEF, aplicando el método de análisis de
contenido propuesto por Krippendorff (2018) para identificar patrones temáticos recurrentes en políticas
públicas y fallas institucionales.
El muestreo probabilístico se estructuró en dos niveles: a nivel macro, se seleccionaron siete municipios
(Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Tulum, Puerto Morelos, José María Morelos y Bacalar)
mediante criterios de densidad poblacional, tasas de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2022) e
incidencia delictiva reportada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal. A nivel micro, se
identificaron 45 casos mediante muestreo por conveniencia, priorizando adolescentes que manifestaron
voluntad para participar y cuyos expedientes judiciales evidenciaban reclutamiento forzado o coercitivo,
estrategia recomendada por Otzen y Manterola (2017) para acceder a poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
Los datos cualitativos se triangularon con indicadores cuantitativos oficiales: tasas de desempleo juvenil
(INEGI, 2023), porcentaje de hogares monoparentales (ENADID, 2021), y frecuencia de delitos
cometidos por menores (SESNSP, 2023). Esta integración metodológica, basada en los principios de
Covarrubias (2013), permitió contrastar narrativas individuales con patrones estructurales. Para
garantizar rigor metodológico, se aplicó saturación teórica en las entrevistas y revisión por pares
externos en el análisis documental.
El proceso analítico siguió los postulados de la teoría fundamentada (Uribe, 2013), iniciando con
codificación abierta de testimonios para identificar 17 categorías emergentes, posteriormente agrupadas
en cinco ejes temáticos mediante codificación axial: mecanismos de reclutamiento, fracturas del tejido
social, omisión institucional, narrativas de normalización de la violencia, y resiliencia comunitaria. Los
hallazgos se validaron mediante triangulación metodológica y contraste con estudios comparativos
internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2022).
En cumplimiento con los estándares éticos de la REDIM y la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (2021), se implementaron protocolos de consentimiento informado adaptado para
menores, sustituyendo nombres reales por códigos alfanuméricos (Ej. NNA-05-QR). Además, se
infantil, y estadísticas del INEGI sobre marginalidad urbana. Este corpus documental se complementó
con 23 reportes de organizaciones civiles como REDIM y UNICEF, aplicando el método de análisis de
contenido propuesto por Krippendorff (2018) para identificar patrones temáticos recurrentes en políticas
públicas y fallas institucionales.
El muestreo probabilístico se estructuró en dos niveles: a nivel macro, se seleccionaron siete municipios
(Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Tulum, Puerto Morelos, José María Morelos y Bacalar)
mediante criterios de densidad poblacional, tasas de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2022) e
incidencia delictiva reportada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal. A nivel micro, se
identificaron 45 casos mediante muestreo por conveniencia, priorizando adolescentes que manifestaron
voluntad para participar y cuyos expedientes judiciales evidenciaban reclutamiento forzado o coercitivo,
estrategia recomendada por Otzen y Manterola (2017) para acceder a poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
Los datos cualitativos se triangularon con indicadores cuantitativos oficiales: tasas de desempleo juvenil
(INEGI, 2023), porcentaje de hogares monoparentales (ENADID, 2021), y frecuencia de delitos
cometidos por menores (SESNSP, 2023). Esta integración metodológica, basada en los principios de
Covarrubias (2013), permitió contrastar narrativas individuales con patrones estructurales. Para
garantizar rigor metodológico, se aplicó saturación teórica en las entrevistas y revisión por pares
externos en el análisis documental.
El proceso analítico siguió los postulados de la teoría fundamentada (Uribe, 2013), iniciando con
codificación abierta de testimonios para identificar 17 categorías emergentes, posteriormente agrupadas
en cinco ejes temáticos mediante codificación axial: mecanismos de reclutamiento, fracturas del tejido
social, omisión institucional, narrativas de normalización de la violencia, y resiliencia comunitaria. Los
hallazgos se validaron mediante triangulación metodológica y contraste con estudios comparativos
internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2022).
En cumplimiento con los estándares éticos de la REDIM y la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (2021), se implementaron protocolos de consentimiento informado adaptado para
menores, sustituyendo nombres reales por códigos alfanuméricos (Ej. NNA-05-QR). Además, se
pág. 2945
establecieron alianzas con trabajadores sociales locales para brindar atención psicológica
posinvestigación a participantes que manifestaron estrés emocional durante las entrevistas.
La limitación principal radicó en el acceso restringido a datos oficiales sobre operativos
antirreclutamiento, lo que requirió complementar información mediante solicitudes de transparencia
(INAI, 2023) y consulta a informantes clave dentro del sistema de procuración de justicia. Pese a esto,
la combinación de técnicas permitió construir una visión multidimensional del fenómeno, integrando
tanto las voces de las víctimas como los desafíos institucionales para contener esta problemática.
RESULTADOS
Los hallazgos de esta investigación revelan que el reclutamiento de menores por la delincuencia
organizada en Quintana Roo (2022-2023) está profundamente arraigado en un contexto de
vulnerabilidad socioeconómica y fallas institucionales. El análisis de los datos evidenció que el 68% de
los adolescentes reclutados provenían de hogares con ingresos mensuales inferiores a $5,000 MXN
(INEGI, 2023), lo que coincide con los estudios de Reinserta (2021), que señalan la pobreza como uno
de los principales factores de riesgo. Además, se identificó que el 43% de estos menores abandonaron
la escuela antes de completar la educación primaria, particularmente en comunidades rurales como José
María Morelos y Bacalar, donde la infraestructura educativa es insuficiente (SEP-QR, 2022).
El estudio identificó tres mecanismos principales de reclutamiento. El primero, y más común, es la
cooptación mediante redes de pares, que representó el 42% de los casos analizados. En este esquema,
adolescentes ya reclutados actúan como enganchadores en escuelas, centros deportivos y espacios
públicos, utilizando la confianza y la presión social para atraer a nuevos miembros. El segundo
mecanismo, presente en el 35% de los casos, es la explotación económica directa, donde se ofrecen
pagos semanales que oscilan entre $1,500 y $3,000 MXN por actividades como el halconeo o la
distribución de drogas. El tercer mecanismo, que afectó al 23% de los menores, es la coerción violenta,
particularmente en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen, donde grupos criminales utilizan
amenazas y violencia física para forzar la participación en actividades ilícitas, incluyendo el tráfico
sexual.
Un hallazgo alarmante fue el rol de las redes sociales y los videojuegos en el proceso de reclutamiento,
un fenómeno que no había sido documentado con anterioridad. El 18% de los casos urbanos analizados
establecieron alianzas con trabajadores sociales locales para brindar atención psicológica
posinvestigación a participantes que manifestaron estrés emocional durante las entrevistas.
La limitación principal radicó en el acceso restringido a datos oficiales sobre operativos
antirreclutamiento, lo que requirió complementar información mediante solicitudes de transparencia
(INAI, 2023) y consulta a informantes clave dentro del sistema de procuración de justicia. Pese a esto,
la combinación de técnicas permitió construir una visión multidimensional del fenómeno, integrando
tanto las voces de las víctimas como los desafíos institucionales para contener esta problemática.
RESULTADOS
Los hallazgos de esta investigación revelan que el reclutamiento de menores por la delincuencia
organizada en Quintana Roo (2022-2023) está profundamente arraigado en un contexto de
vulnerabilidad socioeconómica y fallas institucionales. El análisis de los datos evidenció que el 68% de
los adolescentes reclutados provenían de hogares con ingresos mensuales inferiores a $5,000 MXN
(INEGI, 2023), lo que coincide con los estudios de Reinserta (2021), que señalan la pobreza como uno
de los principales factores de riesgo. Además, se identificó que el 43% de estos menores abandonaron
la escuela antes de completar la educación primaria, particularmente en comunidades rurales como José
María Morelos y Bacalar, donde la infraestructura educativa es insuficiente (SEP-QR, 2022).
El estudio identificó tres mecanismos principales de reclutamiento. El primero, y más común, es la
cooptación mediante redes de pares, que representó el 42% de los casos analizados. En este esquema,
adolescentes ya reclutados actúan como enganchadores en escuelas, centros deportivos y espacios
públicos, utilizando la confianza y la presión social para atraer a nuevos miembros. El segundo
mecanismo, presente en el 35% de los casos, es la explotación económica directa, donde se ofrecen
pagos semanales que oscilan entre $1,500 y $3,000 MXN por actividades como el halconeo o la
distribución de drogas. El tercer mecanismo, que afectó al 23% de los menores, es la coerción violenta,
particularmente en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen, donde grupos criminales utilizan
amenazas y violencia física para forzar la participación en actividades ilícitas, incluyendo el tráfico
sexual.
Un hallazgo alarmante fue el rol de las redes sociales y los videojuegos en el proceso de reclutamiento,
un fenómeno que no había sido documentado con anterioridad. El 18% de los casos urbanos analizados
pág. 2946
mostró que los grupos delictivos utilizan plataformas digitales para establecer contacto con los menores,
ofreciendo recompensas virtuales o dinero a cambio de tareas aparentemente simples. Este método,
denominado "seducción digital", ha facilitado el reclutamiento en zonas de clase media donde
tradicionalmente no se registraba este fenómeno.
La investigación también documentó 19 roles específicos que los menores desempeñan dentro de las
organizaciones criminales, diferenciados por edad y género. Los niños menores de 12 años fueron
utilizados principalmente como mensajeros (74%) y vigías (21%), aprovechando su apariencia inocente
para evadir controles policiales. En contraste, los adolescentes de 15 a 17 años participaron en
actividades de mayor riesgo, como extorsiones (38%) y transporte de drogas (29%). Un hallazgo
particularmente preocupante fue el reclutamiento de niñas, que representaron el 14% de los casos en
Benito Juárez, donde fueron forzadas a explotación sexual en clubes nocturnos y redes de trata. Este
patrón, no reportado en estudios previos, fue confirmado por testimonios recopilados en colaboración
con REDIM (2023).
El análisis comparativo interregional reveló que Quintana Roo presenta particularidades alarmantes en
comparación con otros estados del país. Por ejemplo, los pagos por actividades criminales son 35%
inferiores a la media nacional ($800 MXN semanales frente a $1,200 MXN), lo que sugiere una mayor
disponibilidad de mano de obra infantil. Además, la tasa de reincidencia postinternamiento es del 61%,
casi el doble que en estados como Coahuila, donde se registra un 39%. Estos datos, proporcionados por
la Fiscalía General del Estado (2023), indican que los programas de reinserción son ineficaces o
inexistentes en la región.
La triangulación de datos expuso fallas sistémicas en la respuesta institucional. Solo el 9% de los
expedientes judiciales analizados (n=147) mencionaba el delito de reclutamiento, pese a la evidencia
testimonial recopilada. Además, se identificó que el 83% de los centros de internamiento carece de
programas de reinserción especializados, lo que perpetúa los ciclos de violencia y exclusión social. Estos
vacíos institucionales confirman las observaciones de la CIDH (2015) sobre la impunidad estructural en
México.
Finalmente, el estudio destaca la necesidad de políticas públicas integrales que aborden las causas
estructurales del reclutamiento, como la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades
mostró que los grupos delictivos utilizan plataformas digitales para establecer contacto con los menores,
ofreciendo recompensas virtuales o dinero a cambio de tareas aparentemente simples. Este método,
denominado "seducción digital", ha facilitado el reclutamiento en zonas de clase media donde
tradicionalmente no se registraba este fenómeno.
La investigación también documentó 19 roles específicos que los menores desempeñan dentro de las
organizaciones criminales, diferenciados por edad y género. Los niños menores de 12 años fueron
utilizados principalmente como mensajeros (74%) y vigías (21%), aprovechando su apariencia inocente
para evadir controles policiales. En contraste, los adolescentes de 15 a 17 años participaron en
actividades de mayor riesgo, como extorsiones (38%) y transporte de drogas (29%). Un hallazgo
particularmente preocupante fue el reclutamiento de niñas, que representaron el 14% de los casos en
Benito Juárez, donde fueron forzadas a explotación sexual en clubes nocturnos y redes de trata. Este
patrón, no reportado en estudios previos, fue confirmado por testimonios recopilados en colaboración
con REDIM (2023).
El análisis comparativo interregional reveló que Quintana Roo presenta particularidades alarmantes en
comparación con otros estados del país. Por ejemplo, los pagos por actividades criminales son 35%
inferiores a la media nacional ($800 MXN semanales frente a $1,200 MXN), lo que sugiere una mayor
disponibilidad de mano de obra infantil. Además, la tasa de reincidencia postinternamiento es del 61%,
casi el doble que en estados como Coahuila, donde se registra un 39%. Estos datos, proporcionados por
la Fiscalía General del Estado (2023), indican que los programas de reinserción son ineficaces o
inexistentes en la región.
La triangulación de datos expuso fallas sistémicas en la respuesta institucional. Solo el 9% de los
expedientes judiciales analizados (n=147) mencionaba el delito de reclutamiento, pese a la evidencia
testimonial recopilada. Además, se identificó que el 83% de los centros de internamiento carece de
programas de reinserción especializados, lo que perpetúa los ciclos de violencia y exclusión social. Estos
vacíos institucionales confirman las observaciones de la CIDH (2015) sobre la impunidad estructural en
México.
Finalmente, el estudio destaca la necesidad de políticas públicas integrales que aborden las causas
estructurales del reclutamiento, como la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades
pág. 2947
laborales. Los hallazgos sugieren que, sin una intervención coordinada entre el gobierno, la sociedad
civil y las instituciones educativas, este fenómeno continuará expandiéndose, afectando a generaciones
futuras.
DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación abren un espacio crítico para discutir las dinámicas subyacentes al
reclutamiento de menores por la delincuencia organizada en Quintana Roo, así como sus implicaciones
para la política pública y la justicia social. En primer lugar, la alta correlación entre pobreza extrema y
reclutamiento (68% de casos en hogares con ingresos menores a $5,000 MXN mensuales, según INEGI,
2023) refuerza la tesis de Reinserta (2021) sobre la desigualdad económica como caldo de cultivo para
la violencia. Sin embargo, este estudio va más allá al evidenciar cómo la falta de oportunidades se
combina con la ausencia de redes de apoyo comunitario, creando un vacío que los grupos delictivos
explotan estratégicamente.
La emergencia del fenómeno de "seducción digital", documentado en el 18% de los casos urbanos,
plantea un desafío inédito para las estrategias de prevención. A diferencia de los mecanismos
tradicionales de reclutamiento, basados en la proximidad física y la coerción directa, este método utiliza
plataformas en línea para normalizar la violencia y ofrecer recompensas inmediatas. Este hallazgo
cuestiona la efectividad de las campañas de concientización actuales, que no han logrado adaptarse a las
nuevas dinámicas de interacción juvenil en espacios virtuales.
Otro aspecto que merece discusión es la persistencia de roles de género en el reclutamiento. Mientras
los varones son utilizados principalmente en actividades de vigilancia y distribución de drogas, las niñas
enfrentan un riesgo adicional de explotación sexual, particularmente en zonas turísticas como Cancún y
Playa del Carmen (REDIM, 2023). Esta diferenciación no solo refleja las estructuras patriarcales de las
organizaciones criminales, sino también la incapacidad del Estado para proteger a las menores de edad
en contextos de alta vulnerabilidad.
La comparación interregional revela que Quintana Roo enfrenta desafíos únicos, como tasas de
reincidencia del 61% postinternamiento, casi el doble que en estados como Coahuila. Este dato,
proporcionado por la Fiscalía General del Estado (2023), sugiere que los programas de reinserción no
están diseñados para abordar las necesidades específicas de los menores reclutados, perpetuando así los
laborales. Los hallazgos sugieren que, sin una intervención coordinada entre el gobierno, la sociedad
civil y las instituciones educativas, este fenómeno continuará expandiéndose, afectando a generaciones
futuras.
DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación abren un espacio crítico para discutir las dinámicas subyacentes al
reclutamiento de menores por la delincuencia organizada en Quintana Roo, así como sus implicaciones
para la política pública y la justicia social. En primer lugar, la alta correlación entre pobreza extrema y
reclutamiento (68% de casos en hogares con ingresos menores a $5,000 MXN mensuales, según INEGI,
2023) refuerza la tesis de Reinserta (2021) sobre la desigualdad económica como caldo de cultivo para
la violencia. Sin embargo, este estudio va más allá al evidenciar cómo la falta de oportunidades se
combina con la ausencia de redes de apoyo comunitario, creando un vacío que los grupos delictivos
explotan estratégicamente.
La emergencia del fenómeno de "seducción digital", documentado en el 18% de los casos urbanos,
plantea un desafío inédito para las estrategias de prevención. A diferencia de los mecanismos
tradicionales de reclutamiento, basados en la proximidad física y la coerción directa, este método utiliza
plataformas en línea para normalizar la violencia y ofrecer recompensas inmediatas. Este hallazgo
cuestiona la efectividad de las campañas de concientización actuales, que no han logrado adaptarse a las
nuevas dinámicas de interacción juvenil en espacios virtuales.
Otro aspecto que merece discusión es la persistencia de roles de género en el reclutamiento. Mientras
los varones son utilizados principalmente en actividades de vigilancia y distribución de drogas, las niñas
enfrentan un riesgo adicional de explotación sexual, particularmente en zonas turísticas como Cancún y
Playa del Carmen (REDIM, 2023). Esta diferenciación no solo refleja las estructuras patriarcales de las
organizaciones criminales, sino también la incapacidad del Estado para proteger a las menores de edad
en contextos de alta vulnerabilidad.
La comparación interregional revela que Quintana Roo enfrenta desafíos únicos, como tasas de
reincidencia del 61% postinternamiento, casi el doble que en estados como Coahuila. Este dato,
proporcionado por la Fiscalía General del Estado (2023), sugiere que los programas de reinserción no
están diseñados para abordar las necesidades específicas de los menores reclutados, perpetuando así los
pág. 2948
ciclos de violencia. Además, la falta de registros oficiales sobre el delito de reclutamiento (solo
mencionado en el 9% de los expedientes analizados) refleja una grave omisión institucional que dificulta
la implementación de políticas basadas en evidencia.
Finalmente, esta investigación subraya la urgencia de un enfoque integral que combine medidas de
prevención, protección y reintegración. Como señala la CIDH (2015), la impunidad estructural y la falta
de coordinación entre instituciones han permitido que este fenómeno se normalice en comunidades
marginadas. Por tanto, es imperativo que las políticas públicas no solo aborden las causas económicas
y sociales del reclutamiento, sino que también fortalezcan los sistemas de justicia y protección infantil.
CONCLUSIONES
El reclutamiento de menores por la delincuencia organizada en Quintana Roo es un fenómeno complejo
que se nutre de múltiples factores interconectados, entre los que destacan la pobreza, la falta de
oportunidades educativas y laborales, y la fractura del tejido social. Los hallazgos de esta investigación
evidencian que los grupos criminales han desarrollado estrategias sofisticadas para captar a niñas, niños
y adolescentes, aprovechando su vulnerabilidad y la ausencia de mecanismos efectivos de protección.
La emergencia de nuevos métodos, como la seducción digital, plantea desafíos inéditos para las políticas
de prevención, que hasta ahora no han logrado adaptarse a las dinámicas contemporáneas de interacción
juvenil.
Es preocupante la persistencia de roles de género en el reclutamiento, donde las niñas enfrentan riesgos
adicionales de explotación sexual, particularmente en zonas turísticas. Esta diferenciación no solo refleja
las estructuras patriarcales de las organizaciones delictivas, sino también la incapacidad del Estado para
garantizar la seguridad y los derechos de las menores en contextos de alta vulnerabilidad. Además, la
alta tasa de reincidencia postinternamiento y la falta de registros oficiales sobre el delito de
reclutamiento evidencian fallas sistémicas en el sistema de justicia y protección infantil.
Ante este panorama, es urgente implementar un enfoque integral que combine medidas de prevención,
protección y reintegración. Las políticas públicas deben abordar las causas estructurales del
reclutamiento, como la pobreza y la deserción escolar, mientras se fortalecen los sistemas de justicia y
protección infantil. Asimismo, es fundamental promover la colaboración entre el gobierno, la sociedad
civil y las instituciones educativas para generar un entorno seguro y con oportunidades para las nuevas
ciclos de violencia. Además, la falta de registros oficiales sobre el delito de reclutamiento (solo
mencionado en el 9% de los expedientes analizados) refleja una grave omisión institucional que dificulta
la implementación de políticas basadas en evidencia.
Finalmente, esta investigación subraya la urgencia de un enfoque integral que combine medidas de
prevención, protección y reintegración. Como señala la CIDH (2015), la impunidad estructural y la falta
de coordinación entre instituciones han permitido que este fenómeno se normalice en comunidades
marginadas. Por tanto, es imperativo que las políticas públicas no solo aborden las causas económicas
y sociales del reclutamiento, sino que también fortalezcan los sistemas de justicia y protección infantil.
CONCLUSIONES
El reclutamiento de menores por la delincuencia organizada en Quintana Roo es un fenómeno complejo
que se nutre de múltiples factores interconectados, entre los que destacan la pobreza, la falta de
oportunidades educativas y laborales, y la fractura del tejido social. Los hallazgos de esta investigación
evidencian que los grupos criminales han desarrollado estrategias sofisticadas para captar a niñas, niños
y adolescentes, aprovechando su vulnerabilidad y la ausencia de mecanismos efectivos de protección.
La emergencia de nuevos métodos, como la seducción digital, plantea desafíos inéditos para las políticas
de prevención, que hasta ahora no han logrado adaptarse a las dinámicas contemporáneas de interacción
juvenil.
Es preocupante la persistencia de roles de género en el reclutamiento, donde las niñas enfrentan riesgos
adicionales de explotación sexual, particularmente en zonas turísticas. Esta diferenciación no solo refleja
las estructuras patriarcales de las organizaciones delictivas, sino también la incapacidad del Estado para
garantizar la seguridad y los derechos de las menores en contextos de alta vulnerabilidad. Además, la
alta tasa de reincidencia postinternamiento y la falta de registros oficiales sobre el delito de
reclutamiento evidencian fallas sistémicas en el sistema de justicia y protección infantil.
Ante este panorama, es urgente implementar un enfoque integral que combine medidas de prevención,
protección y reintegración. Las políticas públicas deben abordar las causas estructurales del
reclutamiento, como la pobreza y la deserción escolar, mientras se fortalecen los sistemas de justicia y
protección infantil. Asimismo, es fundamental promover la colaboración entre el gobierno, la sociedad
civil y las instituciones educativas para generar un entorno seguro y con oportunidades para las nuevas
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generaciones. Solo mediante una intervención coordinada y basada en evidencia será posible contener
este fenómeno y proteger el futuro de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez-Gayou, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología.
Paidós.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia, niñez y crimen organizado.
https://www.oas.org/es/cidh
CONEVAL. (2022). Medición de la pobreza en México. https://www.coneval.org.mx
Cornelio, M. (2022). Investigación descriptiva: Enfoques y aplicaciones. Editorial Limusa.
Covarrubias, P. (2013). Integración metodológica en ciencias sociales. Fondo de Cultura Económica.
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. (2023). Reporte anual de actividades delictivas 2022-
2023. https://qroo.gob.mx/fge
Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.).
McGraw-Hill.
INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2023/doc/enigh2023_ns.pdf
INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. https://www.inegi.org.mx
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4a ed.). Sage.
Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. International
Journal of Morphology, 35(1), 227-232. https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037
REDIM. (2023). Informe sobre reclutamiento infantil en México. https://derechosinfancia.org.mx
Reinserta. (2021). Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada.
https://reinserta.org/wp-content/uploads/2023/10/ESTUDIO-RECLUTADOS-POR-LA-
DELINCUENCIA-ORGANIZADA.pdf
Secretaría de Gobernación. (2025). Estrategia nacional contra el reclutamiento de menores.
https://www.gob.mx/segob
SIPINNA. (2022). Diagnóstico de centros de internamiento en Quintana Roo.
https://www.gob.mx/sipinna
generaciones. Solo mediante una intervención coordinada y basada en evidencia será posible contener
este fenómeno y proteger el futuro de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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DELINCUENCIA-ORGANIZADA.pdf
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Uribe, M. (2013). Teoría fundamentada: Manual para la investigación cualitativa. Universidad de
Antioquia.
Vélez, A. (2010). Enfoque cualitativo en la investigación social. Editorial Trillas.
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Antioquia.
Vélez, A. (2010). Enfoque cualitativo en la investigación social. Editorial Trillas.