PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN
HUICHAPAN, HIDALGO
SOCIAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE HUMAN RIGHTS
OF OLDER ADULTS IN HUICHAPAN HIDALGO
Karla Alexandra García García
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
pág. 7076
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17431
Problemáticas sociales y jurídicas de los derechos humanos de las personas
adultas mayores en Huichapan, Hidalgo
Karla Alexandra García García1
ga434923@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0005-4329-6192
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
México
RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar las problemáticas relacionadas con la protección jurídica y social
de los derechos humanos de las personas adultas mayores en el municipio de Huichapan, Hidalgo,
mediante una revisión de casos y un análisis normativo de distintas leyes como la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y el marco legal enfocado al sector poblacional. Los resultados
evidencian una gran brecha entre las garantías legales vigentes y la realidad social y jurídica, ya que, a
pesar de contar con un marco legal que reconoce sus derechos, ellos se perciben como un sector
poblacional vulnerable, enfrentando barreras que impiden su plena integración en la sociedad. A través
de entrevistas realizadas en comunidades del municipio, se destacan problemáticas como la falta de
acceso a la salud, la exclusión y discriminación por edad, así como dificultades para ejercer sus derechos,
particularmente en el acceso a la justicia. Estos hallazgos muestran la necesidad urgente de implementar
políticas públicas y programas más inclusivos y efectivos para garantizar la plena participación y el
respeto de sus derechos.
Palabras clave: politicas publicas, derechos humanos, personas adultas mayores, proteccion social,
huichapan
1 Autoir principal
Correspondencia: ga434923@uaeh.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17431
Problemáticas sociales y jurídicas de los derechos humanos de las personas
adultas mayores en Huichapan, Hidalgo
Karla Alexandra García García1
ga434923@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0005-4329-6192
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
México
RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar las problemáticas relacionadas con la protección jurídica y social
de los derechos humanos de las personas adultas mayores en el municipio de Huichapan, Hidalgo,
mediante una revisión de casos y un análisis normativo de distintas leyes como la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y el marco legal enfocado al sector poblacional. Los resultados
evidencian una gran brecha entre las garantías legales vigentes y la realidad social y jurídica, ya que, a
pesar de contar con un marco legal que reconoce sus derechos, ellos se perciben como un sector
poblacional vulnerable, enfrentando barreras que impiden su plena integración en la sociedad. A través
de entrevistas realizadas en comunidades del municipio, se destacan problemáticas como la falta de
acceso a la salud, la exclusión y discriminación por edad, así como dificultades para ejercer sus derechos,
particularmente en el acceso a la justicia. Estos hallazgos muestran la necesidad urgente de implementar
políticas públicas y programas más inclusivos y efectivos para garantizar la plena participación y el
respeto de sus derechos.
Palabras clave: politicas publicas, derechos humanos, personas adultas mayores, proteccion social,
huichapan
1 Autoir principal
Correspondencia: ga434923@uaeh.edu.mx
pág. 7077
Social and legal problems of the human rights of older adults in Huichapan
Hidalgo
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the issues related to the legal and social protection of the human
rights of older adults in the municipality of Huichapan, Hidalgo, through a review of cases and a
normative analysis of various laws such as the Political Constitution of the United Mexican States and
the legal framework focused on the population sector. The results reveal a significant gap between the
existing legal guarantees and the social and legal reality, as, despite having a legal framework that
recognizes their rights, they are perceived as a vulnerable population sector, facing barriers that prevent
their full integration into society. Through interviews conducted in communities within the municipality,
issues such as lack of access to health care, exclusion and discrimination based on age, as well as
difficulties in exercising their rights, particularly in accessing justice, are highlighted. These findings
demonstrate the urgent need to implement more inclusive and effective public policies and programs to
ensure full participation and respect for their rights.
Keywords: public policies, human rights, older adults, social protection, Huichapan.
Artículo recibido: 7 marzo 2025
Aceptado para publicación: 15 abril 2025
Social and legal problems of the human rights of older adults in Huichapan
Hidalgo
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the issues related to the legal and social protection of the human
rights of older adults in the municipality of Huichapan, Hidalgo, through a review of cases and a
normative analysis of various laws such as the Political Constitution of the United Mexican States and
the legal framework focused on the population sector. The results reveal a significant gap between the
existing legal guarantees and the social and legal reality, as, despite having a legal framework that
recognizes their rights, they are perceived as a vulnerable population sector, facing barriers that prevent
their full integration into society. Through interviews conducted in communities within the municipality,
issues such as lack of access to health care, exclusion and discrimination based on age, as well as
difficulties in exercising their rights, particularly in accessing justice, are highlighted. These findings
demonstrate the urgent need to implement more inclusive and effective public policies and programs to
ensure full participation and respect for their rights.
Keywords: public policies, human rights, older adults, social protection, Huichapan.
Artículo recibido: 7 marzo 2025
Aceptado para publicación: 15 abril 2025
pág. 7078
INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población en el Estado Mexicano presenta desafíos en materia de derechos
humanos, con lo relacionado a la protección jurídica y social de las personas adultas mayores. Este grupo
poblacional, vulnerable, enfrenta barreras que afectan su desarrollo y limitan su participación social.
Las políticas públicas en México se enfocan en la protección de los derechos humanos, a través de la
legislación nacional y mediante tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
Entre los instrumentos más relevantes se encuentran la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México en 2023
(Organización de Estados Americanos, 2015).
En conjunto a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos documentos establecen
disposiciones que obligan al Estado a garantizar a este sector de la población, respeto, dignidad, el
ejercicio pleno de sus derechos humanos, una vida sin discriminación y su inclusión en el entorno social.
Sin embargo, existe una brecha significativa entre lo que establece el marco normativo y la realidad que
viven la población mayor.
El municipio de Huichapan, Hidalgo, está considerado en situación de pobreza extrema, de acuerdo con
datos del portal Data México. Entre las principales carencias sociales que enfrentó en el año 2020 se
encuentran la falta de acceso a la seguridad social, a los servicios de salud y a la alimentación (Secretaría
de Economía, 2020).
Por ello, es relevante analizar las problemáticas en materia de protección jurídica y social de los derechos
humanos de este sector enfocándose en el caso del municipio de Huichapan, Hidalgo. Esto permite
visibilizar las condiciones en las que se encuentran en el ámbito local y brindará la oportunidad de
ampliar la perspectiva para comprender mejor la situación que enfrentan y proponer alternativas más
efectivas para su inclusión y bienestar.
Derechos Humanos
Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción de religión, condición, raza,
sexo, nacionalidad u alguna otra. Su razón de existir se fundamenta respecto a la dignidad humana.
Todas las personas, sin importar su edad, contamos con derechos fundamentales como el derecho a la
INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población en el Estado Mexicano presenta desafíos en materia de derechos
humanos, con lo relacionado a la protección jurídica y social de las personas adultas mayores. Este grupo
poblacional, vulnerable, enfrenta barreras que afectan su desarrollo y limitan su participación social.
Las políticas públicas en México se enfocan en la protección de los derechos humanos, a través de la
legislación nacional y mediante tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
Entre los instrumentos más relevantes se encuentran la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México en 2023
(Organización de Estados Americanos, 2015).
En conjunto a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos documentos establecen
disposiciones que obligan al Estado a garantizar a este sector de la población, respeto, dignidad, el
ejercicio pleno de sus derechos humanos, una vida sin discriminación y su inclusión en el entorno social.
Sin embargo, existe una brecha significativa entre lo que establece el marco normativo y la realidad que
viven la población mayor.
El municipio de Huichapan, Hidalgo, está considerado en situación de pobreza extrema, de acuerdo con
datos del portal Data México. Entre las principales carencias sociales que enfrentó en el año 2020 se
encuentran la falta de acceso a la seguridad social, a los servicios de salud y a la alimentación (Secretaría
de Economía, 2020).
Por ello, es relevante analizar las problemáticas en materia de protección jurídica y social de los derechos
humanos de este sector enfocándose en el caso del municipio de Huichapan, Hidalgo. Esto permite
visibilizar las condiciones en las que se encuentran en el ámbito local y brindará la oportunidad de
ampliar la perspectiva para comprender mejor la situación que enfrentan y proponer alternativas más
efectivas para su inclusión y bienestar.
Derechos Humanos
Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción de religión, condición, raza,
sexo, nacionalidad u alguna otra. Su razón de existir se fundamenta respecto a la dignidad humana.
Todas las personas, sin importar su edad, contamos con derechos fundamentales como el derecho a la
pág. 7079
vida, a la igualdad y no discriminación, a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la seguridad social
y al acceso a la justicia. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Art. 1º) y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (ONU, 1948).
Personas adultas mayores
Dentro del marco legal mexicano, se consideran una población vulnerable que se encuentran en una
etapa de la vida caracterizada por notorias particularidades, como el envejecimiento físico, cambios en
los ámbitos social y económico y la necesidad de mayor atención para llevar a cabo sus actividades
rutinarias. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM, 2002), se
considera persona adulta mayor a aquella que ha alcanzado los 65 años. Esta ley establece que este
sector de la población tiene derecho a un envejecimiento digno, lo cual implica el acceso a diversas
oportunidades en la sociedad, incluyendo el acceso a los servicios públicos, como la salud, la seguridad
social y la protección jurídica en casos de violencia, discriminación, maltrato o abuso.
Leyes nacionales que consideran a las personas adultas mayores.
En el sistema jurídico mexicano, existen distintas leyes que incluyen consideraciones expresas hacia la
población adulta mayor, tales como;
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º establece que todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
De igual manera, esta disposición hace expresa prohibición de toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
(CPEUM, 1917)
En su artículo 4 º menciona que las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por
parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Esta disposición se alinea a
la seguridad social, ya que busca que, una vez alcanzada la edad, este grupo poblacional no dependan
únicamente de su capacidad para laborar y puedan mantener un nivel económico de vida mínimo,
vida, a la igualdad y no discriminación, a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la seguridad social
y al acceso a la justicia. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Art. 1º) y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (ONU, 1948).
Personas adultas mayores
Dentro del marco legal mexicano, se consideran una población vulnerable que se encuentran en una
etapa de la vida caracterizada por notorias particularidades, como el envejecimiento físico, cambios en
los ámbitos social y económico y la necesidad de mayor atención para llevar a cabo sus actividades
rutinarias. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM, 2002), se
considera persona adulta mayor a aquella que ha alcanzado los 65 años. Esta ley establece que este
sector de la población tiene derecho a un envejecimiento digno, lo cual implica el acceso a diversas
oportunidades en la sociedad, incluyendo el acceso a los servicios públicos, como la salud, la seguridad
social y la protección jurídica en casos de violencia, discriminación, maltrato o abuso.
Leyes nacionales que consideran a las personas adultas mayores.
En el sistema jurídico mexicano, existen distintas leyes que incluyen consideraciones expresas hacia la
población adulta mayor, tales como;
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º establece que todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
De igual manera, esta disposición hace expresa prohibición de toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
(CPEUM, 1917)
En su artículo 4 º menciona que las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por
parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Esta disposición se alinea a
la seguridad social, ya que busca que, una vez alcanzada la edad, este grupo poblacional no dependan
únicamente de su capacidad para laborar y puedan mantener un nivel económico de vida mínimo,
pág. 7080
relacionando así el principio de no discriminación por cuestiones de edad y la protección de grupos
vulnerables que se encuentra establecido en la CPEUM.
Durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el estado mexicano implementó
distintas medidas inclinadas al fortalecimiento de los programas sociales de pensiones, particularmente
del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, reconociéndolo
constitucionalmente, en el año 2020 y otorgándole carácter universal. Dicha acción es muy importante
ya que es uno de los pilares de la protección social a favor de este sector (Secretaría del Bienestar, 2021).
Entre las mejoras implementadas en el año 2021 y aún vigentes están la reducción de la edad para
acceder a este programa, reduciendo de los 70 a los 65 años. Esta es una acción que representa un avance
garantizando para el acceso a la protección social, ya que disminuye la vulnerabilidad económica a la
que se pueden enfrentar en esta etapa, considerando el desgaste físico y emocional que a través de los
años de trabajo pueden acumular y sobre todo fortaleciendo el acceso a derechos. También es común
que en las zonas rurales y marginadas no existan oportunidades laborales dignas que al pasar de los años
les permitan cotizar para recibir una pensión por jubilación.
Para inicios del año 2025, esta pensión ya se había otorgado a 12.3 millones de derechohabientes.
(Gobierno de México, 2024)
En el marco jurídico mexicano, se encuentra una ley que regula la protección de los derechos humanos
de esta parte de la población: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que se rige por
los principios establecidos en su artículo 4.
Estos principios son: Autonomía y autorrealización, que busca fortalecer la independencia, la capacidad
de decisión, el desarrollo personal y comunitario de este sector poblacional; participación, que promueve
su inserción en todos los órdenes de la vida pública; equidad, que garantiza un trato justo y proporcional
en el acceso y disfrute de los recursos necesarios para su bienestar, sin distinción; corresponsabilidad,
que implica la responsabilidad compartida entre los sectores público y social; Igualdad sustantiva, que
busca el acceso a un trato y oportunidades iguales para el ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales; y, finalmente, atención preferente, que obliga a las instituciones a implementar
programas adecuados a las diferentes etapas, características y circunstancias que ellos presenten (Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 2002).
relacionando así el principio de no discriminación por cuestiones de edad y la protección de grupos
vulnerables que se encuentra establecido en la CPEUM.
Durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el estado mexicano implementó
distintas medidas inclinadas al fortalecimiento de los programas sociales de pensiones, particularmente
del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, reconociéndolo
constitucionalmente, en el año 2020 y otorgándole carácter universal. Dicha acción es muy importante
ya que es uno de los pilares de la protección social a favor de este sector (Secretaría del Bienestar, 2021).
Entre las mejoras implementadas en el año 2021 y aún vigentes están la reducción de la edad para
acceder a este programa, reduciendo de los 70 a los 65 años. Esta es una acción que representa un avance
garantizando para el acceso a la protección social, ya que disminuye la vulnerabilidad económica a la
que se pueden enfrentar en esta etapa, considerando el desgaste físico y emocional que a través de los
años de trabajo pueden acumular y sobre todo fortaleciendo el acceso a derechos. También es común
que en las zonas rurales y marginadas no existan oportunidades laborales dignas que al pasar de los años
les permitan cotizar para recibir una pensión por jubilación.
Para inicios del año 2025, esta pensión ya se había otorgado a 12.3 millones de derechohabientes.
(Gobierno de México, 2024)
En el marco jurídico mexicano, se encuentra una ley que regula la protección de los derechos humanos
de esta parte de la población: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que se rige por
los principios establecidos en su artículo 4.
Estos principios son: Autonomía y autorrealización, que busca fortalecer la independencia, la capacidad
de decisión, el desarrollo personal y comunitario de este sector poblacional; participación, que promueve
su inserción en todos los órdenes de la vida pública; equidad, que garantiza un trato justo y proporcional
en el acceso y disfrute de los recursos necesarios para su bienestar, sin distinción; corresponsabilidad,
que implica la responsabilidad compartida entre los sectores público y social; Igualdad sustantiva, que
busca el acceso a un trato y oportunidades iguales para el ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales; y, finalmente, atención preferente, que obliga a las instituciones a implementar
programas adecuados a las diferentes etapas, características y circunstancias que ellos presenten (Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 2002).
pág. 7081
Haciendo un análisis, estos principios no solo buscan proteger los derechos fundamentales, sino que, de
igual manera buscan que se encuentren incluidas y que tengan una participación en la sociedad dejando
de lado toda discriminación o barreras a las que este sector poblacional pueda enfrentarse.
Estos principios se enlazan con los derechos que buscan priorizar la dignidad de este grupo vulnerable.
Los derechos que el Estado mexicano contempla a través de esta ley se encuentran establecidos en su
artículo 5º, el cual los menciona en ocho fracciones: la integridad, dignidad y preferencia, la certeza
jurídica; la protección de la salud; la alimentación y la familia; la educación, el trabajo y sus capacidades
económicas; la asistencia social; la participación; la denuncia popular y el acceso a los servicios.
Estas disposiciones tienen como objetivo garantizarles una vida de calidad, enfatizando la
responsabilidad que tienen las instituciones públicas, la familia y la sociedad.
Las instituciones públicas tienen la obligación de crear e implementar políticas y programas específicos
para las su protección, brindarles asistencia, educación y preferencia en el acceso a los servicios; la
familia tiene el deber de brindarles el apoyo y cuidado necesarios así como las condiciones dignas,
alimento y bienes para que se desarrollen en un ambiente sano; mientras que la sociedad debe garantizar
que el entorno sea libre de discriminación y violencia, y que a ellos siempre se les trate con respeto,
cuidando su integridad física, psicoemocional y sexual, permitiendo así que participen activamente y
ejerzan de manera plena sus derechos. (Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 2002)
En razón a lo jurídico, se destaca entre las disposiciones de esta ley que este sector poblacional reciba
un trato digno en cualquier procedimiento judicial en el que se encuentren involucrados, brindarles
asesoría legal y a ser tratados dignamente sin importar si es en carácter de víctima, acusado o
sentenciado, exigiendo a las autoridades que les brinden el apoyo necesario priorizando su protección.
METODOLOGIA
Con el objetivo de recopilar datos para llevar a cabo una investigación más precisa, fundamentada y
rigurosa, se adoptó un enfoque metodológico cualitativo. De igual manera, se seleccionó
cuidadosamente el área de estudio y se definió de manera estratégica el perfil de los individuos a
entrevistar; personas adultas mayores. Entre varias entrevistas realizadas, se seleccionaron las que se
consideran relevantes para el estudio y con el objetivo de proteger la identidad y privacidad de las
personas entrevistadas, se han utilizado seudónimos en lugar de sus nombres reales.
Haciendo un análisis, estos principios no solo buscan proteger los derechos fundamentales, sino que, de
igual manera buscan que se encuentren incluidas y que tengan una participación en la sociedad dejando
de lado toda discriminación o barreras a las que este sector poblacional pueda enfrentarse.
Estos principios se enlazan con los derechos que buscan priorizar la dignidad de este grupo vulnerable.
Los derechos que el Estado mexicano contempla a través de esta ley se encuentran establecidos en su
artículo 5º, el cual los menciona en ocho fracciones: la integridad, dignidad y preferencia, la certeza
jurídica; la protección de la salud; la alimentación y la familia; la educación, el trabajo y sus capacidades
económicas; la asistencia social; la participación; la denuncia popular y el acceso a los servicios.
Estas disposiciones tienen como objetivo garantizarles una vida de calidad, enfatizando la
responsabilidad que tienen las instituciones públicas, la familia y la sociedad.
Las instituciones públicas tienen la obligación de crear e implementar políticas y programas específicos
para las su protección, brindarles asistencia, educación y preferencia en el acceso a los servicios; la
familia tiene el deber de brindarles el apoyo y cuidado necesarios así como las condiciones dignas,
alimento y bienes para que se desarrollen en un ambiente sano; mientras que la sociedad debe garantizar
que el entorno sea libre de discriminación y violencia, y que a ellos siempre se les trate con respeto,
cuidando su integridad física, psicoemocional y sexual, permitiendo así que participen activamente y
ejerzan de manera plena sus derechos. (Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 2002)
En razón a lo jurídico, se destaca entre las disposiciones de esta ley que este sector poblacional reciba
un trato digno en cualquier procedimiento judicial en el que se encuentren involucrados, brindarles
asesoría legal y a ser tratados dignamente sin importar si es en carácter de víctima, acusado o
sentenciado, exigiendo a las autoridades que les brinden el apoyo necesario priorizando su protección.
METODOLOGIA
Con el objetivo de recopilar datos para llevar a cabo una investigación más precisa, fundamentada y
rigurosa, se adoptó un enfoque metodológico cualitativo. De igual manera, se seleccionó
cuidadosamente el área de estudio y se definió de manera estratégica el perfil de los individuos a
entrevistar; personas adultas mayores. Entre varias entrevistas realizadas, se seleccionaron las que se
consideran relevantes para el estudio y con el objetivo de proteger la identidad y privacidad de las
personas entrevistadas, se han utilizado seudónimos en lugar de sus nombres reales.
pág. 7082
El estudio se realizó en distintas comunidades del municipio de Huichapan, Hidalgo con el fin de obtener
una perspectiva más amplia, lo que permitió realizar un análisis representativo de las condiciones
sociales, legales y de acceso a servicios para este sector de la población.
Durante el proceso de la investigación, se obtuvieron distintos enfoques sobre cómo perciben su acceso
a la justicia y la protección de sus derechos humanos.
Es gracias a las perspectivas recabadas que podemos complementar la investigación, además de
reflexionar acerca de este tema que tiene una gran relevancia en la sociedad, dado que se son un grupo
muy vulnerable. El acercamiento a un campo de estudio te brinda las herramientas necesarias para poder
comprender la problemática desde un enfoque empático y, además, comparar los textos normativos
analizados.
Así que, con el objetivo de comprender mejor cómo se perciben el acceso a sus derechos, así como a la
justicia y a los servicios en Huichapan, Hidalgo, a continuación, se presenta la información obtenida
para la realización de este artículo científico.
RESULTADO
En la interpretación de las respuestas obtenidas en las entrevistas, se identificó una visión generalizada
entre los derechos humanos reconocidos en la normativa vigente y la realidad en el municipio de
Huichapan, Hidalgo, existe una brecha evidente. La población analizada considera que son un sector
desprotegido enfrentando una desventaja social significativa, ya que no se sienten tomados en cuenta ni
priorizados por muchas de las instituciones públicas.
Varios entrevistados manifestaron sentirse ignorados por los servicios públicos, especialmente en temas
de salud, asistencia social y acceso a la justicia. Estas percepciones reflejan un desajuste entre las
garantías estipuladas en la normativa vigente y las barreras que dificultan el ejercicio efectivo de sus
derechos.
Participante A del género femenino. He ido al hospital general, pero siempre me dejan esperando mucho
tiempo. No creo que den preferencia a las personas adultas mayores; a veces, hasta prefieren pasar a
la gente que conocen. Me canso mucho y no hay donde sentarse bien. También uno se siente como
estorbo.
El estudio se realizó en distintas comunidades del municipio de Huichapan, Hidalgo con el fin de obtener
una perspectiva más amplia, lo que permitió realizar un análisis representativo de las condiciones
sociales, legales y de acceso a servicios para este sector de la población.
Durante el proceso de la investigación, se obtuvieron distintos enfoques sobre cómo perciben su acceso
a la justicia y la protección de sus derechos humanos.
Es gracias a las perspectivas recabadas que podemos complementar la investigación, además de
reflexionar acerca de este tema que tiene una gran relevancia en la sociedad, dado que se son un grupo
muy vulnerable. El acercamiento a un campo de estudio te brinda las herramientas necesarias para poder
comprender la problemática desde un enfoque empático y, además, comparar los textos normativos
analizados.
Así que, con el objetivo de comprender mejor cómo se perciben el acceso a sus derechos, así como a la
justicia y a los servicios en Huichapan, Hidalgo, a continuación, se presenta la información obtenida
para la realización de este artículo científico.
RESULTADO
En la interpretación de las respuestas obtenidas en las entrevistas, se identificó una visión generalizada
entre los derechos humanos reconocidos en la normativa vigente y la realidad en el municipio de
Huichapan, Hidalgo, existe una brecha evidente. La población analizada considera que son un sector
desprotegido enfrentando una desventaja social significativa, ya que no se sienten tomados en cuenta ni
priorizados por muchas de las instituciones públicas.
Varios entrevistados manifestaron sentirse ignorados por los servicios públicos, especialmente en temas
de salud, asistencia social y acceso a la justicia. Estas percepciones reflejan un desajuste entre las
garantías estipuladas en la normativa vigente y las barreras que dificultan el ejercicio efectivo de sus
derechos.
Participante A del género femenino. He ido al hospital general, pero siempre me dejan esperando mucho
tiempo. No creo que den preferencia a las personas adultas mayores; a veces, hasta prefieren pasar a
la gente que conocen. Me canso mucho y no hay donde sentarse bien. También uno se siente como
estorbo.
pág. 7083
Las quejas sobre las largas esperas y la falta de atención preferencial evidencian que hay una
desconexión de la realidad y lo estipulado en la Ley de los Derechos para las personas adultas mayores
y la Ley General de Salud. Dicha ley en su artículo 47 garantiza el derecho a atención preferente para
ellos en los servicios de salud y de igual manera, la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, ratificada por México, también asegura el
acceso a la salud de manera respetuosa y digna.
Sin embargo, las experiencias de las personas entrevistadas en Huichapan muestran que, a pesar de la
existencia de estas disposiciones en las normativas, no se está ejecutando de manera adecuada en el
municipio. Sería fundamental que se implementaran unidades móviles de atención médica dirigidas
específicamente a ellos, dándole prioridad a las comunidades rurales, así como capacitar al personal en
atención gerontológica para promover la salud vejez digna.
A nivel social, también existen problemáticas relacionadas con la falta de empatía de la sociedad, ya que
deberíamos tomar más consciencia de la importancia de brindar un entorno seguro a este sector y
fomentar su participación pues la discriminación por edad continúa siendo una barrera.
Participante B del género masculino. A veces hacen juntas del pueblo para hablar de temas importantes
o ponerse de acuerdo, pero cuando quiero dar una opinión dicen que se va a hablar para la siguiente
junta y nunca lo hacen, me hace pensar que el hacerse viejo significa que ya no sirva tu opinión o que
no deben escucharte
Este testimonio muestra cómo la falta de valoración por parte del entorno social les causa un gra impacto,
haciéndolas sentir excluidas y afectando su derecho a participar y a tener las mismas oportunidades.
Aunque tienen derecho a una integración plena en la sociedad, en las comunidades del municipio esto
no siempre se refleja en la realidad.
En el ámbito jurídico, algunos de los participantes en las entrevistas externaron tener dificultades para
resolver o entender los problemas legales.
Participante C del género masculino. Yo tuve un problema con un vecino me cito con un juez en la
presidencia amenazándome que me iba a meter a la cárcel y cuando fui a la cita la verdad no entendía
mucho, una de las personas presentes hasta me dijo que tuve que haber traído a alguien para que me
Las quejas sobre las largas esperas y la falta de atención preferencial evidencian que hay una
desconexión de la realidad y lo estipulado en la Ley de los Derechos para las personas adultas mayores
y la Ley General de Salud. Dicha ley en su artículo 47 garantiza el derecho a atención preferente para
ellos en los servicios de salud y de igual manera, la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, ratificada por México, también asegura el
acceso a la salud de manera respetuosa y digna.
Sin embargo, las experiencias de las personas entrevistadas en Huichapan muestran que, a pesar de la
existencia de estas disposiciones en las normativas, no se está ejecutando de manera adecuada en el
municipio. Sería fundamental que se implementaran unidades móviles de atención médica dirigidas
específicamente a ellos, dándole prioridad a las comunidades rurales, así como capacitar al personal en
atención gerontológica para promover la salud vejez digna.
A nivel social, también existen problemáticas relacionadas con la falta de empatía de la sociedad, ya que
deberíamos tomar más consciencia de la importancia de brindar un entorno seguro a este sector y
fomentar su participación pues la discriminación por edad continúa siendo una barrera.
Participante B del género masculino. A veces hacen juntas del pueblo para hablar de temas importantes
o ponerse de acuerdo, pero cuando quiero dar una opinión dicen que se va a hablar para la siguiente
junta y nunca lo hacen, me hace pensar que el hacerse viejo significa que ya no sirva tu opinión o que
no deben escucharte
Este testimonio muestra cómo la falta de valoración por parte del entorno social les causa un gra impacto,
haciéndolas sentir excluidas y afectando su derecho a participar y a tener las mismas oportunidades.
Aunque tienen derecho a una integración plena en la sociedad, en las comunidades del municipio esto
no siempre se refleja en la realidad.
En el ámbito jurídico, algunos de los participantes en las entrevistas externaron tener dificultades para
resolver o entender los problemas legales.
Participante C del género masculino. Yo tuve un problema con un vecino me cito con un juez en la
presidencia amenazándome que me iba a meter a la cárcel y cuando fui a la cita la verdad no entendía
mucho, una de las personas presentes hasta me dijo que tuve que haber traído a alguien para que me
pág. 7084
asesorara porque a mí no se me entendía nada y mi vecino dijo que pagara un abogado, yo vivo solo y
nadie pudo ir conmigo.
El caso del participante C, refleja una de las múltiples dificultades que enfrentan en el ámbito de acceso
a la justicia. En primer lugar, la falta de apoyo al no recomendar una asesoría legal gratuita denota una
clara falta de consideración hacia su capacidad para entender y defender sus derechos. Esto pone en
evidencia la gran brecha que existe en el sistema judicial el cual debería garantizar que todos los
ciudadanos puedan defenderse de manera equitativa.
De igual manera, el hecho de que no se haya tomado en cuenta su condición de adulto mayor puede
agravar su exclusión social, ya que menciona que no cuenta con el apoyo de nadie. Ser ignorado en estos
procesos puede intensificar su aislamiento social, llevándolo a creer que el sistema no está diseñado para
un fácil acceso para su sector.
CONCLUSIONES
Esta investigación permitió evidenciar una realidad compleja para la situación de este sector analizado.
Si bien esta investigación fue realizada en el municipio de Huichapan, el propósito no es señalar a la
localidad como un mal ejemplo ni hacer una crítica a sus instalaciones y servicios, sino hacer un análisis
y visibilizar que es una problemática que no solo existe en este municipio, sino que es un patrón que se
repite en distintas regiones del país y, aún más, en los municipios relativamente pequeños o pueblos
aledaños.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo
trimestre de 2022 se estimó que había 17,958,707 personas adultas mayores, y para el 2025 se estima
que habrá 17.9 millones (INEGI, 2025).
Este grupo representa una proporción significativa de la población en el país y ese debería ser un punto
de partida para implementar y reforzar políticas públicas eficientes, así como más mecanismos de
atención especializada que se apliquen de manera correcta.
Uno de los hallazgos más significativos es la inexistencia de mesas especializadas para atenderlos. Si
bien hay alguna consideración de los grupos vulnerables, es fundamental que exista un enfoque
únicamente para este sector que cuente con procedimientos reforzados y adaptados a las capacidades
físicas y cognitivas de este grupo de avanzada edad.
asesorara porque a mí no se me entendía nada y mi vecino dijo que pagara un abogado, yo vivo solo y
nadie pudo ir conmigo.
El caso del participante C, refleja una de las múltiples dificultades que enfrentan en el ámbito de acceso
a la justicia. En primer lugar, la falta de apoyo al no recomendar una asesoría legal gratuita denota una
clara falta de consideración hacia su capacidad para entender y defender sus derechos. Esto pone en
evidencia la gran brecha que existe en el sistema judicial el cual debería garantizar que todos los
ciudadanos puedan defenderse de manera equitativa.
De igual manera, el hecho de que no se haya tomado en cuenta su condición de adulto mayor puede
agravar su exclusión social, ya que menciona que no cuenta con el apoyo de nadie. Ser ignorado en estos
procesos puede intensificar su aislamiento social, llevándolo a creer que el sistema no está diseñado para
un fácil acceso para su sector.
CONCLUSIONES
Esta investigación permitió evidenciar una realidad compleja para la situación de este sector analizado.
Si bien esta investigación fue realizada en el municipio de Huichapan, el propósito no es señalar a la
localidad como un mal ejemplo ni hacer una crítica a sus instalaciones y servicios, sino hacer un análisis
y visibilizar que es una problemática que no solo existe en este municipio, sino que es un patrón que se
repite en distintas regiones del país y, aún más, en los municipios relativamente pequeños o pueblos
aledaños.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo
trimestre de 2022 se estimó que había 17,958,707 personas adultas mayores, y para el 2025 se estima
que habrá 17.9 millones (INEGI, 2025).
Este grupo representa una proporción significativa de la población en el país y ese debería ser un punto
de partida para implementar y reforzar políticas públicas eficientes, así como más mecanismos de
atención especializada que se apliquen de manera correcta.
Uno de los hallazgos más significativos es la inexistencia de mesas especializadas para atenderlos. Si
bien hay alguna consideración de los grupos vulnerables, es fundamental que exista un enfoque
únicamente para este sector que cuente con procedimientos reforzados y adaptados a las capacidades
físicas y cognitivas de este grupo de avanzada edad.
pág. 7085
Esta carencia puede afectarles directamente, ya que les impide enfrentar los procesos judiciales de una
manera más sencilla, sin contar con las múltiples dificultades físicas que muchos presentan, como
dificultades de movilidad, audición o visión.
Sería altamente recomendable que existieran también campañas de sensibilización dirigidas a los
servidores públicos y a la sociedad en general, con el propósito de visibilizar la importancia de ser
empáticos y de concientizar sobre el esfuerzo que han hecho estas personas para construir nuestro país,
dándoles el reconocimiento de que son personas consideradas por las leyes y por la sociedad. El hecho
de reconocer sus voces no debería ser tomado como un acto de caridad, sino como una responsabilidad
social y ética.
Laboralmente, también existen distintas problemáticas a las que se enfrenta este sector. Muchos de ellos
ya no encuentran oportunidades que les permitan vivir dignamente y se ven obligados a laborar en
trabajos informales o voluntarios donde, en muchos casos, no les dan un sueldo digno o en algunos casos
prestaciones. Tal es el caso de los empacadores de las tiendas comerciales o negocios locales, en donde
algunos negocios solo ganan lo de las propinas, lo que hace que este sea su único ingreso. Aunque
existen apoyos federales como las pensiones, muchos no tienen conocimiento de este programa o, por
falta de conocimiento del procedimiento a seguir para obtenerlas, no cuentan con ella. Esta es una
situación que se ha normalizado, contribuyendo a la inestabilidad económica y la falta de seguridad.
De igual manera, promover campañas informativas en zonas rurales sería una buena estrategia para que
el sector al que nos referimos conozca los programas de pensión y accedan a ellos. Esto importante en
municipios pequeños como Huichapan Hidalgo, donde las dificultades económicas y sociales limitan el
acceso a la información y por ende al ejercicio de sus derechos.
Desde una perspectiva personal, realizar este artículo me permitió acercarme a algunas de las muchas
voces que existen en esta realidad. A través de los testimonios que recabé, pude comprender que la
defensa de los derechos humanos no debe limitarse únicamente a lo que la ley estipula; también requiere
el compromiso de la sociedad, la empatía y la transformación social.
Muchos de los entrevistados compartieron parte de su historia personal, marcada por indiferencia, falta
de respuestas y soledad. Sin embargo, compartieron cómo, pese a ello, intentan mantenerse con fortaleza
Esta carencia puede afectarles directamente, ya que les impide enfrentar los procesos judiciales de una
manera más sencilla, sin contar con las múltiples dificultades físicas que muchos presentan, como
dificultades de movilidad, audición o visión.
Sería altamente recomendable que existieran también campañas de sensibilización dirigidas a los
servidores públicos y a la sociedad en general, con el propósito de visibilizar la importancia de ser
empáticos y de concientizar sobre el esfuerzo que han hecho estas personas para construir nuestro país,
dándoles el reconocimiento de que son personas consideradas por las leyes y por la sociedad. El hecho
de reconocer sus voces no debería ser tomado como un acto de caridad, sino como una responsabilidad
social y ética.
Laboralmente, también existen distintas problemáticas a las que se enfrenta este sector. Muchos de ellos
ya no encuentran oportunidades que les permitan vivir dignamente y se ven obligados a laborar en
trabajos informales o voluntarios donde, en muchos casos, no les dan un sueldo digno o en algunos casos
prestaciones. Tal es el caso de los empacadores de las tiendas comerciales o negocios locales, en donde
algunos negocios solo ganan lo de las propinas, lo que hace que este sea su único ingreso. Aunque
existen apoyos federales como las pensiones, muchos no tienen conocimiento de este programa o, por
falta de conocimiento del procedimiento a seguir para obtenerlas, no cuentan con ella. Esta es una
situación que se ha normalizado, contribuyendo a la inestabilidad económica y la falta de seguridad.
De igual manera, promover campañas informativas en zonas rurales sería una buena estrategia para que
el sector al que nos referimos conozca los programas de pensión y accedan a ellos. Esto importante en
municipios pequeños como Huichapan Hidalgo, donde las dificultades económicas y sociales limitan el
acceso a la información y por ende al ejercicio de sus derechos.
Desde una perspectiva personal, realizar este artículo me permitió acercarme a algunas de las muchas
voces que existen en esta realidad. A través de los testimonios que recabé, pude comprender que la
defensa de los derechos humanos no debe limitarse únicamente a lo que la ley estipula; también requiere
el compromiso de la sociedad, la empatía y la transformación social.
Muchos de los entrevistados compartieron parte de su historia personal, marcada por indiferencia, falta
de respuestas y soledad. Sin embargo, compartieron cómo, pese a ello, intentan mantenerse con fortaleza
pág. 7086
y con la esperanza de que la situación pueda mejorar, agradeciendo poder compartir su testimonio a
través de este artículo para que su voz llegue a más personas.
Finalmente, es importante destacar que todas las personas llegaremos a la etapa de la vejez, por lo que
garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores es una forma de dar un gran
paso protegiendo nuestro propio futuro y avanzando socialmente. Hay que recordar que todos
llegaremos a esa etapa de la vida debe ser suficiente razón para comprometernos desde ahora con la
construcción de un entorno más justo, accesible y humano para quienes ya transitamos por ella.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, 5 de febrero). Diario Oficial de la
Federación. https://www.dof.gob.mx
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores (Última reforma publicada DOF 14-06-2024). https://www.diputados.gob.mx
Secretaría de Economía. (s.f.). Huichapan. Data México.
https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/huichapan
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2015). Envejecimiento y salud.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2016). Los derechos humanos de las personas
adultas mayores en México. https://www.cndh.org.mx
Gobierno de México. (2024). Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Programas
para el Bienestar. https://programasparaelbienestar.gob.mx/pension-bienestar-adultos-mayores/
Secretaría de Gobernación. (2019). Instituto Federal de Defensoría Pública. https://www.gob.mx/ifdp
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2021). Informe sobre los derechos humanos
de las personas adultas mayores en México. https://www.cndh.org.mx
Ramírez, J., & Torres, L. (2019). Acceso a la justicia de las personas adultas mayores en México. Revista
Mexicana de Derecho, 25(2), 131–147. https://www.revistas.mx
Organización de Estados Americanos (OEA). (2015). Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. https://www.oas.org/es/cidh/mandato/
y con la esperanza de que la situación pueda mejorar, agradeciendo poder compartir su testimonio a
través de este artículo para que su voz llegue a más personas.
Finalmente, es importante destacar que todas las personas llegaremos a la etapa de la vejez, por lo que
garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores es una forma de dar un gran
paso protegiendo nuestro propio futuro y avanzando socialmente. Hay que recordar que todos
llegaremos a esa etapa de la vida debe ser suficiente razón para comprometernos desde ahora con la
construcción de un entorno más justo, accesible y humano para quienes ya transitamos por ella.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, 5 de febrero). Diario Oficial de la
Federación. https://www.dof.gob.mx
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores (Última reforma publicada DOF 14-06-2024). https://www.diputados.gob.mx
Secretaría de Economía. (s.f.). Huichapan. Data México.
https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/huichapan
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2015). Envejecimiento y salud.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2016). Los derechos humanos de las personas
adultas mayores en México. https://www.cndh.org.mx
Gobierno de México. (2024). Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Programas
para el Bienestar. https://programasparaelbienestar.gob.mx/pension-bienestar-adultos-mayores/
Secretaría de Gobernación. (2019). Instituto Federal de Defensoría Pública. https://www.gob.mx/ifdp
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2021). Informe sobre los derechos humanos
de las personas adultas mayores en México. https://www.cndh.org.mx
Ramírez, J., & Torres, L. (2019). Acceso a la justicia de las personas adultas mayores en México. Revista
Mexicana de Derecho, 25(2), 131–147. https://www.revistas.mx
Organización de Estados Americanos (OEA). (2015). Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. https://www.oas.org/es/cidh/mandato/
pág. 7087
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). La población de 60 y más en México,
2025. https://inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/7657
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). La población de 60 y más en México,
2025. https://inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/7657