GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE
COSTA RICA ANTE EL TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES
PUBLIC MANAGEMENT OF THE GOVERNMENT OF
COSTA RICA AGAINST ILLICIT TRAFFICKING OF MIGRANTS
José Pablo Cortés Salas
Instituto Centroamericano de Administración Pública
pág. 7657
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17494
Gestión Pública del Gobierno de Costa Rica ante el Tráfico Ilícito de
Migrantes
José Pablo Cortés Salas 1
pcortes223@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-3685-7451
Instituto Centroamericano de Administración Pública
RESUMEN
El artículo ha examinado la gestión de la administración pública en Costa Rica en relación con los
incidentes de tráfico ilegal de personas que se han agravado cada vez más debido al entorno geográfico
entre regiones para que ocurra el tráfico. El texto afirma que el tráfico ilegal se ha convertido en un
negocio lucrativo pero mortal en el que redes muy organizadas están comprometiendo la vida y la
dignidad de las personas en movimiento. A partir de un diseño de investigación de método mixto que
aporta y deducción binaria a partir de evidencias compuestas por entrevistas a expertos más un
cuestionario aplicado a funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, se ha sugerido
que las políticas migratorias actuales y especialmente antes de las directrices migratorias y la Ley 8764-
impactan negativamente en la investigación y judicialización del tráfico ilicito de migrantes. La consulta
de expertos puso de manifiesto los déficits de coordinación interinstitucional, la falta de aplicación
específica y la debilidad en la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes. En general,
los mecanismos de asistencia humanitaria funcionan relativamente bien, pero se enfrentan a importantes
desafíos, como la financiación inadecuada, las incoherencias jurídicas y la necesidad urgente de seguir
capacitando al personal. El artículo concluye con recomendaciones que indican que Costa Rica debe
fortalecer su marco legal con una mejor capacidad operativa en cumplimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos, a fin de que la gestión migratoria combata de manera eficiente el
tráfico ilicito de personas y garantice una protección integral a las personas en movimiento. Entre estas
prioridades se encuentra el llamado a una respuesta estatal más enérgica en el contexto de la creciente
sofisticación exhibida por las redes criminales involucradas en estos delitos.
Palabras clave: migración, tráfico ilícito de migrantes y gestión pública
1 Autor principal
Correspondencia: pcortes223@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17494
Gestión Pública del Gobierno de Costa Rica ante el Tráfico Ilícito de
Migrantes
José Pablo Cortés Salas 1
pcortes223@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-3685-7451
Instituto Centroamericano de Administración Pública
RESUMEN
El artículo ha examinado la gestión de la administración pública en Costa Rica en relación con los
incidentes de tráfico ilegal de personas que se han agravado cada vez más debido al entorno geográfico
entre regiones para que ocurra el tráfico. El texto afirma que el tráfico ilegal se ha convertido en un
negocio lucrativo pero mortal en el que redes muy organizadas están comprometiendo la vida y la
dignidad de las personas en movimiento. A partir de un diseño de investigación de método mixto que
aporta y deducción binaria a partir de evidencias compuestas por entrevistas a expertos más un
cuestionario aplicado a funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, se ha sugerido
que las políticas migratorias actuales y especialmente antes de las directrices migratorias y la Ley 8764-
impactan negativamente en la investigación y judicialización del tráfico ilicito de migrantes. La consulta
de expertos puso de manifiesto los déficits de coordinación interinstitucional, la falta de aplicación
específica y la debilidad en la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes. En general,
los mecanismos de asistencia humanitaria funcionan relativamente bien, pero se enfrentan a importantes
desafíos, como la financiación inadecuada, las incoherencias jurídicas y la necesidad urgente de seguir
capacitando al personal. El artículo concluye con recomendaciones que indican que Costa Rica debe
fortalecer su marco legal con una mejor capacidad operativa en cumplimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos, a fin de que la gestión migratoria combata de manera eficiente el
tráfico ilicito de personas y garantice una protección integral a las personas en movimiento. Entre estas
prioridades se encuentra el llamado a una respuesta estatal más enérgica en el contexto de la creciente
sofisticación exhibida por las redes criminales involucradas en estos delitos.
Palabras clave: migración, tráfico ilícito de migrantes y gestión pública
1 Autor principal
Correspondencia: pcortes223@gmail.com
pág. 7658
Public Management of the Government of Costa Rica against Illicit
Trafficking of Migrants
ABSTRACT
The article has examined the management of the public administration in Costa Rica in relation to
incidents of illegal trafficking in persons that have become increasingly aggravated due to the
geographical environment between regions for trafficking to occur. The text states that illegal
trafficking has become a lucrative but deadly business in which highly organized networks are
compromising the lives and dignity of people on the move. Based on a mixed-method research design
that provides binary deduction from evidence composed of interviews with experts plus a questionnaire
applied to officials of the General Directorate of Migration and Aliens, it has been suggested that current
migration policies – and especially before the migration guidelines and Law 8764 – have a negative
impact on the investigation and prosecution of migrant smuggling. The expert consultation highlighted
the shortcomings of inter-agency coordination, the lack of specific implementation and the weakness in
the effective protection of the human rights of migrants. Overall, humanitarian assistance mechanisms
function relatively well, but they face significant challenges, such as inadequate funding, legal
inconsistencies and the urgent need for further training of staff. The article concludes with
recommendations that indicate that Costa Rica should strengthen its legal framework with a better
operational capacity in compliance with international human rights standards, so that migration
management efficiently combats migrant smuggling and guarantees comprehensive protection for
people on the move. Among these priorities is the call for a more energetic state response in the context
of the increasing sophistication exhibited by the criminal networks involved in these crimes.
Keywords: migration, migrant smuggling and public management
Artículo recibido 05 abril 2025
Aceptado para publicación: 28 abril 2025
Public Management of the Government of Costa Rica against Illicit
Trafficking of Migrants
ABSTRACT
The article has examined the management of the public administration in Costa Rica in relation to
incidents of illegal trafficking in persons that have become increasingly aggravated due to the
geographical environment between regions for trafficking to occur. The text states that illegal
trafficking has become a lucrative but deadly business in which highly organized networks are
compromising the lives and dignity of people on the move. Based on a mixed-method research design
that provides binary deduction from evidence composed of interviews with experts plus a questionnaire
applied to officials of the General Directorate of Migration and Aliens, it has been suggested that current
migration policies – and especially before the migration guidelines and Law 8764 – have a negative
impact on the investigation and prosecution of migrant smuggling. The expert consultation highlighted
the shortcomings of inter-agency coordination, the lack of specific implementation and the weakness in
the effective protection of the human rights of migrants. Overall, humanitarian assistance mechanisms
function relatively well, but they face significant challenges, such as inadequate funding, legal
inconsistencies and the urgent need for further training of staff. The article concludes with
recommendations that indicate that Costa Rica should strengthen its legal framework with a better
operational capacity in compliance with international human rights standards, so that migration
management efficiently combats migrant smuggling and guarantees comprehensive protection for
people on the move. Among these priorities is the call for a more energetic state response in the context
of the increasing sophistication exhibited by the criminal networks involved in these crimes.
Keywords: migration, migrant smuggling and public management
Artículo recibido 05 abril 2025
Aceptado para publicación: 28 abril 2025
pág. 7659
INTRODUCCIÓN
Costa Rica es un país que durante años ha presentado problemas sociales que han impactado
directamente a la sociedad de diversas maneras, siendo una de ellas el delito del tráfico ilícito personas,
provocando daños de gran magnitud ante la falta de políticas públicas referentes a este delito, de cara a
una migración que crece continuamente. (Gatica, Rodríguez, Valverde, & Guillén, 2018)
El tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un negocio mortal operado por grupos que buscan
lucrar con la decisión de migrar de miles de personas alrededor del planeta sin respeto alguno por sus
derechos y su dignidad. Los migrantes objetos de tráfico son vulnerables a la explotación y al abuso,
muchas veces sus vidas están en peligro pues viajan en condiciones inhumanas para llegar a su destino.
En 2012 se estimaba que al menos 50 millones de personas que migraron irregularmente hicieron uso
de los servicios de traficantes en alguna etapa de su viaje. En la región de México y Centroamérica,
miles de personas migrantes se movilizan vía terrestre mediante estas redes. Encuestas como la EMIF
Norte y Sur estiman que en 2013 cerca de un 47.4% de centroamericanos pagó a un traficante el cruce
por la frontera entre México y Estados Unidos. (EMIF, 2013)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020) observa que el tráfico de migrantes
es una empresa altamente rentable y asesina, en la medida en que implica la prestación de servicios por
parte de redes criminales a migrantes irregulares, quienes dependen cada vez más de la asistencia de los
traficantes para evadir los controles fronterizos, de inmigración y de visas. Las fronteras controladas
obligan a los migrantes a depender de estas bandas criminales, que han perfeccionado continuamente
sus técnicas, como la falsificación de documentos y los servicios de transporte organizados, lo que
aumenta el riesgo y compromete aún más la vida. Los traficantes, en su afán de maximizar sus
ganancias, son capaces de modificar constantemente sus rutas y medios de una manera muy
desregulada, hecho que a veces va en detrimento de la seguridad de las personas migrantes y, en el peor
de los casos, se agrava por actos de pura crueldad. Junto con esto, está la creciente sofisticación
involucrada en sus operaciones, como la producción de documentación falsificada altamente
indetectable y la elaboración de historias creíbles que engañan a las autoridades de inmigración.
Además, surge la preocupación de que, después del pago inicial, puedan abandonar a los migrantes en
situaciones de extrema vulnerabilidad o extorsionar a sus familias exigiéndoles sumas exorbitantes.
INTRODUCCIÓN
Costa Rica es un país que durante años ha presentado problemas sociales que han impactado
directamente a la sociedad de diversas maneras, siendo una de ellas el delito del tráfico ilícito personas,
provocando daños de gran magnitud ante la falta de políticas públicas referentes a este delito, de cara a
una migración que crece continuamente. (Gatica, Rodríguez, Valverde, & Guillén, 2018)
El tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un negocio mortal operado por grupos que buscan
lucrar con la decisión de migrar de miles de personas alrededor del planeta sin respeto alguno por sus
derechos y su dignidad. Los migrantes objetos de tráfico son vulnerables a la explotación y al abuso,
muchas veces sus vidas están en peligro pues viajan en condiciones inhumanas para llegar a su destino.
En 2012 se estimaba que al menos 50 millones de personas que migraron irregularmente hicieron uso
de los servicios de traficantes en alguna etapa de su viaje. En la región de México y Centroamérica,
miles de personas migrantes se movilizan vía terrestre mediante estas redes. Encuestas como la EMIF
Norte y Sur estiman que en 2013 cerca de un 47.4% de centroamericanos pagó a un traficante el cruce
por la frontera entre México y Estados Unidos. (EMIF, 2013)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020) observa que el tráfico de migrantes
es una empresa altamente rentable y asesina, en la medida en que implica la prestación de servicios por
parte de redes criminales a migrantes irregulares, quienes dependen cada vez más de la asistencia de los
traficantes para evadir los controles fronterizos, de inmigración y de visas. Las fronteras controladas
obligan a los migrantes a depender de estas bandas criminales, que han perfeccionado continuamente
sus técnicas, como la falsificación de documentos y los servicios de transporte organizados, lo que
aumenta el riesgo y compromete aún más la vida. Los traficantes, en su afán de maximizar sus
ganancias, son capaces de modificar constantemente sus rutas y medios de una manera muy
desregulada, hecho que a veces va en detrimento de la seguridad de las personas migrantes y, en el peor
de los casos, se agrava por actos de pura crueldad. Junto con esto, está la creciente sofisticación
involucrada en sus operaciones, como la producción de documentación falsificada altamente
indetectable y la elaboración de historias creíbles que engañan a las autoridades de inmigración.
Además, surge la preocupación de que, después del pago inicial, puedan abandonar a los migrantes en
situaciones de extrema vulnerabilidad o extorsionar a sus familias exigiéndoles sumas exorbitantes.
pág. 7660
La aplicación de la ley también se ve obstaculizada porque la intervención de las autoridades a menudo
depende de la voluntad de las propias víctimas de informar o dar declaraciones sobre su caso y de
demostrar en qué etapa arriesgaron sus vidas si las particularidades de cada caso lo permiten, lo que a
menudo no ocurre porque la percepción del riesgo puede diferir según el análisis de las circunstancias
(UNODC, 2020).
Desde esta perspectiva, es preocupante el desarrollo y crecimiento de redes criminales transnacionales,
que realizan de manera ilícita la movilización de personas bajo las figuras delictivas de tráfico ilícito de
migrantes, delito que atenta contra la integridad de las personas y que violenta los derechos humanos.
El tráfico ilícito de personas es realmente una preocupación global, pues afecta a un gran número de
países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino, siendo Costa Rica uno de ellos. Según la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2014), “La trata de personas
afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, y se ha
informado de que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países” (párr.7) Los
traficantes lucran con estos delitos a través de fronteras y entre continentes. Es complejo el poder
evaluar la dimensión real de este delito, debido a su naturaleza clandestina y a la dificultad para
determinar cuándo la migración irregular y regular es facilitada por organizaciones transnacionales. Sin
embargo, con la experiencia alcanzada con este trabajo de investigación y la oportunidad de laborar en
la Policía Profesional de Migración como miembro de la Gestión de Investigaciones de la Dirección
General de Migración y Extranjería, he desarrollado investigaciones con dirección funcional del
Ministerio Público en distintos casos relacionados con este ilícito.
A raíz de lo anterior, se ha logrado determinar que existe un gran número de personas extranjeras de
diversas nacionalidades y nacionales dispuestas a correr riesgos en busca de una vida mejor, cuando no
pueden emigrar por vías legales o por falta de dinero y otras circunstancias, brindando de esta forma
una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad, o bien, personas que en
busca de mejores condiciones económicas y de desarrollo personal y familiar, son engañadas y terminan
siendo víctimas de las organizaciones criminales. (Morales Gamboa, 2003; Olmos, 2005; Organización
Internacional para las Migraciones, 2018)
La aplicación de la ley también se ve obstaculizada porque la intervención de las autoridades a menudo
depende de la voluntad de las propias víctimas de informar o dar declaraciones sobre su caso y de
demostrar en qué etapa arriesgaron sus vidas si las particularidades de cada caso lo permiten, lo que a
menudo no ocurre porque la percepción del riesgo puede diferir según el análisis de las circunstancias
(UNODC, 2020).
Desde esta perspectiva, es preocupante el desarrollo y crecimiento de redes criminales transnacionales,
que realizan de manera ilícita la movilización de personas bajo las figuras delictivas de tráfico ilícito de
migrantes, delito que atenta contra la integridad de las personas y que violenta los derechos humanos.
El tráfico ilícito de personas es realmente una preocupación global, pues afecta a un gran número de
países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino, siendo Costa Rica uno de ellos. Según la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2014), “La trata de personas
afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, y se ha
informado de que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países” (párr.7) Los
traficantes lucran con estos delitos a través de fronteras y entre continentes. Es complejo el poder
evaluar la dimensión real de este delito, debido a su naturaleza clandestina y a la dificultad para
determinar cuándo la migración irregular y regular es facilitada por organizaciones transnacionales. Sin
embargo, con la experiencia alcanzada con este trabajo de investigación y la oportunidad de laborar en
la Policía Profesional de Migración como miembro de la Gestión de Investigaciones de la Dirección
General de Migración y Extranjería, he desarrollado investigaciones con dirección funcional del
Ministerio Público en distintos casos relacionados con este ilícito.
A raíz de lo anterior, se ha logrado determinar que existe un gran número de personas extranjeras de
diversas nacionalidades y nacionales dispuestas a correr riesgos en busca de una vida mejor, cuando no
pueden emigrar por vías legales o por falta de dinero y otras circunstancias, brindando de esta forma
una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad, o bien, personas que en
busca de mejores condiciones económicas y de desarrollo personal y familiar, son engañadas y terminan
siendo víctimas de las organizaciones criminales. (Morales Gamboa, 2003; Olmos, 2005; Organización
Internacional para las Migraciones, 2018)
pág. 7661
Las personas objeto del delito del tráfico ilícito de personas son vulnerables a la explotación, al abuso;
sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro, se exponen a peligros como asfixias en el interior
de los contenedores o vehículos en los que son trasladados, aperecer en los desiertos o zonas montañosas
o a ahogarse en el mar o ríos mientras son conducidos por delincuentes que lucran con un tráfico en el
que los migrantes se convierten en mercancía. Uno de los grandes retos a enfrentar por la humanidad
en este nuevo siglo es el problema migratorio, que cada día se torna más peligroso y requiere así un
mayor interés por parte del Estado para enfrentarlo, con el agravante de que los traficantes se organizan
cada vez mejor y establecen redes profesionales que trascienden fronteras y regiones. (Aruj, 2008;
Canales, Fuentes, & León, 2019; Castles, 2010; León, 2014)
METODOLOGÍA
Bajo la metodología mixta, esta investigación se sustenta, en un enfoque para Salas (2019): se
caracteriza por
ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y
cualitativos, en un mismo estudio. Durante mucho tiempo, se consideró que los enfoques
cuantitativo y cualitativo eran completamente contrarios y que, por ende, no podían
utilizarse de forma conjunta; sin embargo, la combinación de ambas estrategias ha
cristalizado como una perspectiva que se analiza y practica de varias formas. (párr. 1-2).
Este enfoque es característico porque presenta fusiona las ventajas del dato numérico que proporciona
la ruta cuantitativa y el análisis derivado desde los participantes del estudio propio de la naturaleza
cualitativa. Es importante resaltar que, este no tiene la función de únicamente mezclar técnicas, si no
utilizar lo mejor de cada una de ellas para responder de la manera más idónea a las necesidades de la
investigación. En cuanto al tipo de investigación, selecciona el de carácter descriptivo, de acuerdo con
Mar, Barboza y Molar (2020): “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas” (p.102). Es así como, para esta investigación se toma a partir
de toda la información sobre las variables y sus relaciones, se hacen inferencias aplicables a toda la
población, no trata de explicar el fenómeno de estudio, o cambiar el contexto, por lo que no existe
manipulación de los datos, que en este caso se tratará de un análisis también de naturaleza correlacional.
Las personas objeto del delito del tráfico ilícito de personas son vulnerables a la explotación, al abuso;
sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro, se exponen a peligros como asfixias en el interior
de los contenedores o vehículos en los que son trasladados, aperecer en los desiertos o zonas montañosas
o a ahogarse en el mar o ríos mientras son conducidos por delincuentes que lucran con un tráfico en el
que los migrantes se convierten en mercancía. Uno de los grandes retos a enfrentar por la humanidad
en este nuevo siglo es el problema migratorio, que cada día se torna más peligroso y requiere así un
mayor interés por parte del Estado para enfrentarlo, con el agravante de que los traficantes se organizan
cada vez mejor y establecen redes profesionales que trascienden fronteras y regiones. (Aruj, 2008;
Canales, Fuentes, & León, 2019; Castles, 2010; León, 2014)
METODOLOGÍA
Bajo la metodología mixta, esta investigación se sustenta, en un enfoque para Salas (2019): se
caracteriza por
ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y
cualitativos, en un mismo estudio. Durante mucho tiempo, se consideró que los enfoques
cuantitativo y cualitativo eran completamente contrarios y que, por ende, no podían
utilizarse de forma conjunta; sin embargo, la combinación de ambas estrategias ha
cristalizado como una perspectiva que se analiza y practica de varias formas. (párr. 1-2).
Este enfoque es característico porque presenta fusiona las ventajas del dato numérico que proporciona
la ruta cuantitativa y el análisis derivado desde los participantes del estudio propio de la naturaleza
cualitativa. Es importante resaltar que, este no tiene la función de únicamente mezclar técnicas, si no
utilizar lo mejor de cada una de ellas para responder de la manera más idónea a las necesidades de la
investigación. En cuanto al tipo de investigación, selecciona el de carácter descriptivo, de acuerdo con
Mar, Barboza y Molar (2020): “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas” (p.102). Es así como, para esta investigación se toma a partir
de toda la información sobre las variables y sus relaciones, se hacen inferencias aplicables a toda la
población, no trata de explicar el fenómeno de estudio, o cambiar el contexto, por lo que no existe
manipulación de los datos, que en este caso se tratará de un análisis también de naturaleza correlacional.
pág. 7662
En lo que respecta a las técnicas de recolección para este estudio se seleccionan la entrevista semi
estructurada, tomando como referencia la conceptualización de Pérez y Gardey (2021), a 5 expertos en
materia de migración y tráfico ilícito de personas y el cuestionario que se aplicó a 14 funcionarios
estatales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), respetanto los criterios de
confiabilidad y validez (Santos, 2017)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados de la entrevista aplicada a los expertos.
Tabla 1. Resultados de la entrevista aplicada a los expertos.
Aspectos relevantes en lo que respecta a las nuevas directrices migratorias en los procesos de investigación
sobre los casos de tráfico ilícito de personas migrantes
Aspectos comunes Carencias
Los expertos coinciden en que la colaboración y
coordinación entre diferentes instituciones
gubernamentales, para abordar el tráfico ilícito de
personas migrantes
Falta de Detalles Legales
Ausencia de Ejemplos
Aspectos relevantes en cuanto a la evaluación los mecanismos utilizados en políticas migratorias referente
a casos especiales de humanidad
Aspectos comunes Carencias
Enfoque en Derechos Humanos: Los expertos
enfatizan la importancia de garantizar la protección
de los derechos humanos de las personas migrantes,
especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Rol de la Coalición Nacional: Se menciona la
Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas (CONATT) como un
organismo clave en la atención a víctimas.
Detalles de Evaluación: Aunque se destaca la
importancia de evaluar la efectividad de las políticas
migratorias, los expertos no ofrecen detalles
específicos sobre cómo se realiza esta evaluación en la
práctica.
Pocos Ejemplos: Las respuestas carecen de ejemplos
concretos de casos especiales de humanidad en los que
las políticas migratorias hayan tenido un impacto
positivo o negativo
Aspectos relevantes mecanismos presentados por la Dirección General de Migración y Extranjería en la
aplicación de la normativa para la atención de los migrantes.
Aspectos comunes Carencias
Enfoque en Derechos Humanos: Se hace hincapié en
que la Dirección General debe operar de acuerdo
con los estándares internacionales de protección de
derechos humanos en la atención a personas
migrantes.
Fiscalización y Coordinación: Las respuestas destacan
la falta de un órgano específico para fiscalizar y
coordinar la aplicación de la normativa. Sin embargo,
no se proponen soluciones concretas para abordar este
problema.
En lo que respecta a las técnicas de recolección para este estudio se seleccionan la entrevista semi
estructurada, tomando como referencia la conceptualización de Pérez y Gardey (2021), a 5 expertos en
materia de migración y tráfico ilícito de personas y el cuestionario que se aplicó a 14 funcionarios
estatales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), respetanto los criterios de
confiabilidad y validez (Santos, 2017)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados de la entrevista aplicada a los expertos.
Tabla 1. Resultados de la entrevista aplicada a los expertos.
Aspectos relevantes en lo que respecta a las nuevas directrices migratorias en los procesos de investigación
sobre los casos de tráfico ilícito de personas migrantes
Aspectos comunes Carencias
Los expertos coinciden en que la colaboración y
coordinación entre diferentes instituciones
gubernamentales, para abordar el tráfico ilícito de
personas migrantes
Falta de Detalles Legales
Ausencia de Ejemplos
Aspectos relevantes en cuanto a la evaluación los mecanismos utilizados en políticas migratorias referente
a casos especiales de humanidad
Aspectos comunes Carencias
Enfoque en Derechos Humanos: Los expertos
enfatizan la importancia de garantizar la protección
de los derechos humanos de las personas migrantes,
especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Rol de la Coalición Nacional: Se menciona la
Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas (CONATT) como un
organismo clave en la atención a víctimas.
Detalles de Evaluación: Aunque se destaca la
importancia de evaluar la efectividad de las políticas
migratorias, los expertos no ofrecen detalles
específicos sobre cómo se realiza esta evaluación en la
práctica.
Pocos Ejemplos: Las respuestas carecen de ejemplos
concretos de casos especiales de humanidad en los que
las políticas migratorias hayan tenido un impacto
positivo o negativo
Aspectos relevantes mecanismos presentados por la Dirección General de Migración y Extranjería en la
aplicación de la normativa para la atención de los migrantes.
Aspectos comunes Carencias
Enfoque en Derechos Humanos: Se hace hincapié en
que la Dirección General debe operar de acuerdo
con los estándares internacionales de protección de
derechos humanos en la atención a personas
migrantes.
Fiscalización y Coordinación: Las respuestas destacan
la falta de un órgano específico para fiscalizar y
coordinar la aplicación de la normativa. Sin embargo,
no se proponen soluciones concretas para abordar este
problema.
pág. 7663
Causas que impiden la protección y seguimiento de las personas migrantes
Reconocimiento de Barreras Legales:
Los expertos reconocen la existencia de barreras
legales que obstaculizan la protección y el
seguimiento de personas migrantes
Detalles sobre Barreras: Aunque se mencionan las
barreras legales, las respuestas carecen de detalles
específicos sobre cuáles son estas barreras y cómo
podrían abordarse.
Escasa Identificación de Lagunas Legales: Se
mencionan lagunas en la
legislación, pero no se ofrecen soluciones específicas
o ejemplos de cómo estas
lagunas podrían explotarse
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
De esta manera las entrevistas proporcionaron evidencia concreta de cómo los principios teóricos de la
gestión de la migración se manifiestan en la legislación y las políticas de Costa Rica. También señalaron
desafíos y limitaciones que deben superarse para lograr una gestión de la migración más efectiva y
acorde con los derechos humanos. La relación entre teoría, leyes y situación migratoria es crucial para
comprender cómo Costa Rica aborda los desafíos de la migración y protege los derechos de las personas
migrantes.
Resultados del cuestionario aplicado a personas funcionarias
Figura 1. Impacto de las directrices migratorias y la Ley 8764
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En el gráfico que antecede referente al impacto de las Directrices Migratorias y la Ley 8764, la mayoría
de los funcionarios (71.4%) perciben un impacto negativo de las directrices migratorias y la Ley 8764
en los procesos de investigación sobre el tráfico ilícito de personas migrantes. Esto sugiere que las
medidas implementadas pueden estar generando obstáculos o desafíos en lugar de facilitar las
investigaciones.
14%
72%
14%
Impacto de las directrices migratorias y la Ley 8764
Muy negativamente Negativamente Positivamente
Causas que impiden la protección y seguimiento de las personas migrantes
Reconocimiento de Barreras Legales:
Los expertos reconocen la existencia de barreras
legales que obstaculizan la protección y el
seguimiento de personas migrantes
Detalles sobre Barreras: Aunque se mencionan las
barreras legales, las respuestas carecen de detalles
específicos sobre cuáles son estas barreras y cómo
podrían abordarse.
Escasa Identificación de Lagunas Legales: Se
mencionan lagunas en la
legislación, pero no se ofrecen soluciones específicas
o ejemplos de cómo estas
lagunas podrían explotarse
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
De esta manera las entrevistas proporcionaron evidencia concreta de cómo los principios teóricos de la
gestión de la migración se manifiestan en la legislación y las políticas de Costa Rica. También señalaron
desafíos y limitaciones que deben superarse para lograr una gestión de la migración más efectiva y
acorde con los derechos humanos. La relación entre teoría, leyes y situación migratoria es crucial para
comprender cómo Costa Rica aborda los desafíos de la migración y protege los derechos de las personas
migrantes.
Resultados del cuestionario aplicado a personas funcionarias
Figura 1. Impacto de las directrices migratorias y la Ley 8764
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En el gráfico que antecede referente al impacto de las Directrices Migratorias y la Ley 8764, la mayoría
de los funcionarios (71.4%) perciben un impacto negativo de las directrices migratorias y la Ley 8764
en los procesos de investigación sobre el tráfico ilícito de personas migrantes. Esto sugiere que las
medidas implementadas pueden estar generando obstáculos o desafíos en lugar de facilitar las
investigaciones.
14%
72%
14%
Impacto de las directrices migratorias y la Ley 8764
Muy negativamente Negativamente Positivamente
pág. 7664
Figura 2. Efectividad de las directrices y la Ley 8764
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
Ahora bien, en lo referente a la efectividad de las directrices y la Ley 8764, la percepción sobre la
efectividad de las directrices migratorias y la Ley 8764 es mixta. Aproximadamente dos tercios de los
funcionarios (64.3%) consideran que son poco efectivas en la investigación y enjuiciamiento de casos
de tráfico ilícito de personas migrantes. Esta opinión podría estar relacionada con la respuesta negativa
al impacto general en los procesos de investigación.
Figura 3. Efectividad de los mecanismos en políticas migratorias
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En cuanto a la Efectividad de los Mecanismos en Políticas Migratorias, la mayoría de los funcionarios
(85.7%) considera que los mecanismos utilizados en las políticas migratorias son efectivos en casos
especiales de humanidad. Esta percepción sugiere que, en general, las políticas actuales están logrando
sus objetivos en este aspecto.
Efectivas
86%
Poco efectivas
14%
Otros
14%
Efectividad de los mecanismos en políticas migratorias
No efectivas
14%
Poco efectivas
64%
Efectivas
22%
Efectividad de las directrices y la Ley 8764
Figura 2. Efectividad de las directrices y la Ley 8764
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
Ahora bien, en lo referente a la efectividad de las directrices y la Ley 8764, la percepción sobre la
efectividad de las directrices migratorias y la Ley 8764 es mixta. Aproximadamente dos tercios de los
funcionarios (64.3%) consideran que son poco efectivas en la investigación y enjuiciamiento de casos
de tráfico ilícito de personas migrantes. Esta opinión podría estar relacionada con la respuesta negativa
al impacto general en los procesos de investigación.
Figura 3. Efectividad de los mecanismos en políticas migratorias
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En cuanto a la Efectividad de los Mecanismos en Políticas Migratorias, la mayoría de los funcionarios
(85.7%) considera que los mecanismos utilizados en las políticas migratorias son efectivos en casos
especiales de humanidad. Esta percepción sugiere que, en general, las políticas actuales están logrando
sus objetivos en este aspecto.
Efectivas
86%
Poco efectivas
14%
Otros
14%
Efectividad de los mecanismos en políticas migratorias
No efectivas
14%
Poco efectivas
64%
Efectivas
22%
Efectividad de las directrices y la Ley 8764
pág. 7665
Figura 4. Desafíos al abordar casos especiales
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En cuanto a los Desafíos al Abordar Casos Especiales, es importante indicar que la falta de recursos se
destaca como el principal desafío al abordar casos especiales de humanidad, según la mayoría de los
funcionarios (71.4%). La ambigüedad legal y otros desafíos también se mencionan, aunque en menor
medida. Estos hallazgos subrayan la importancia de asignar recursos adecuados y mejorar la claridad
legal en este contexto.
Figura 5. Efectividad de los mecanismos presentados por la Dirección General de Migración y
Extranjería
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En cuanto a la Efectividad de los Mecanismos Presentados por la Dirección General de Migración y
Extranjería, la mayoría de los funcionarios (71.4%) considera que los mecanismos presentados por la
Dirección General de Migración y Extranjería son efectivos. Esto puede interpretarse como una
percepción positiva en cuanto a la efectividad de las políticas y procedimientos existentes para la
protección y seguimiento de las personas migrantes.
Efectivos
71%
Pocos efectivos
29%
Efectividad de los mecanismos presentados por la
Dirección General de Migración y Extranjería
72%
14%
14%
Desafíos al abordar casos especiales
Falta de recursos
Amguidad legal
Otros
Figura 4. Desafíos al abordar casos especiales
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En cuanto a los Desafíos al Abordar Casos Especiales, es importante indicar que la falta de recursos se
destaca como el principal desafío al abordar casos especiales de humanidad, según la mayoría de los
funcionarios (71.4%). La ambigüedad legal y otros desafíos también se mencionan, aunque en menor
medida. Estos hallazgos subrayan la importancia de asignar recursos adecuados y mejorar la claridad
legal en este contexto.
Figura 5. Efectividad de los mecanismos presentados por la Dirección General de Migración y
Extranjería
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En cuanto a la Efectividad de los Mecanismos Presentados por la Dirección General de Migración y
Extranjería, la mayoría de los funcionarios (71.4%) considera que los mecanismos presentados por la
Dirección General de Migración y Extranjería son efectivos. Esto puede interpretarse como una
percepción positiva en cuanto a la efectividad de las políticas y procedimientos existentes para la
protección y seguimiento de las personas migrantes.
Efectivos
71%
Pocos efectivos
29%
Efectividad de los mecanismos presentados por la
Dirección General de Migración y Extranjería
72%
14%
14%
Desafíos al abordar casos especiales
Falta de recursos
Amguidad legal
Otros
pág. 7666
Figura 6. Mecanismos para garantizar derechos de migrantes
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En atención a los Mecanismos para Garantizar Derechos de Migrantes, la mayoría de los funcionarios
(85.7%) señala que se utilizan otros mecanismos no especificados para garantizar los derechos de los
migrantes. Esto podría indicar una falta de claridad o uniformidad en los enfoques utilizados, lo que
podría afectar la consistencia en la protección de los derechos de los migrantes.
Figura 7. Causas de la falta de protección
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En lo que se refiere a Acciones Necesarias para Mejorar la Protección, la mayoría de los funcionarios
(50.0%) considera que se necesita una mayor capacitación del personal. Además, un porcentaje
significativo menciona cambios en políticas (21.4%). Estos resultados indican que la capacitación y las
reformas en políticas podrían ser estrategias clave para mejorar la protección.
A través de
capacitación y
actualización
constante
14%
Otra
86%
Otros
86%
Mecanismos para garantizar derechos de migrantes
Falta de recursos
39%
Política
gubernamental
31%
Falta de capacidad
locativa
15%
Otros
15%
Causas de la falta de protección
Figura 6. Mecanismos para garantizar derechos de migrantes
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En atención a los Mecanismos para Garantizar Derechos de Migrantes, la mayoría de los funcionarios
(85.7%) señala que se utilizan otros mecanismos no especificados para garantizar los derechos de los
migrantes. Esto podría indicar una falta de claridad o uniformidad en los enfoques utilizados, lo que
podría afectar la consistencia en la protección de los derechos de los migrantes.
Figura 7. Causas de la falta de protección
Fuente: elaboración propia con base a los instrumentos aplicados
En lo que se refiere a Acciones Necesarias para Mejorar la Protección, la mayoría de los funcionarios
(50.0%) considera que se necesita una mayor capacitación del personal. Además, un porcentaje
significativo menciona cambios en políticas (21.4%). Estos resultados indican que la capacitación y las
reformas en políticas podrían ser estrategias clave para mejorar la protección.
A través de
capacitación y
actualización
constante
14%
Otra
86%
Otros
86%
Mecanismos para garantizar derechos de migrantes
Falta de recursos
39%
Política
gubernamental
31%
Falta de capacidad
locativa
15%
Otros
15%
Causas de la falta de protección
pág. 7667
CONCLUSIONES
Desde el punto de vista teórico y legal, las entrevistas y los cuestionarios han revelado que la mayoría
de los lineamientos migratorios y la Ley 8764 limitan la investigación sobre el tráfico ilícito de personas.
De ello se deduce que se plantean cuestiones críticas en cuanto a la eficacia de esas políticas para hacer
frente al complicado problema, del tráfico ilícito de personas migrantes. Las respuestas negativas
indican que es probable que la política actual no esté en consonancia con las normas internacionales de
derechos humanos.
Es necesario revisar el marco legislativo vigente para cerciorarse de que no limite la integridad de las
personas migrantes, que pueden ser expuestos por su vulnerabilidad a la ilegalidad de ser captados por
nuevas estructuras criminales, en el proceso de atención de tráfico ilícito de migrantes cuando sean
abordados por las autoridades y posteriormente que acabe el proceso penal. La política de inmigración
con respecto a los refugiados y solicitantes de asilo es quizás la más crítica desde una perspectiva teórica
y jurídica. Es responsabilidad legal y moral garantizar la asignación de fondos para la atención adecuada
y celere de dichas personas.
La falta de políticas claras y consistentes profundiza la necesidad de abordar la formulación de la
política migratoria desde un sólido punto de vista teórico y jurídico. Las políticas deben estar claramente
detalladas y ajustarse a las normas internacionales pertinentes si se deben poner a disposición de las
personas migrantes servicios adecuados.
Los obstáculos identificados, como la falta de recursos y de influencia de las políticas gubernamentales,
plantean importantes desafíos para la protección de los migrantes. Esa falta de recursos obstaculizaría
la asistencia y la protección adecuadas, mientras que la influencia política podría infringir los derechos
de los migrantes.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Aruj, R. (2008). Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. Papeles
de Población, 14(55), enero-marzo.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
CONCLUSIONES
Desde el punto de vista teórico y legal, las entrevistas y los cuestionarios han revelado que la mayoría
de los lineamientos migratorios y la Ley 8764 limitan la investigación sobre el tráfico ilícito de personas.
De ello se deduce que se plantean cuestiones críticas en cuanto a la eficacia de esas políticas para hacer
frente al complicado problema, del tráfico ilícito de personas migrantes. Las respuestas negativas
indican que es probable que la política actual no esté en consonancia con las normas internacionales de
derechos humanos.
Es necesario revisar el marco legislativo vigente para cerciorarse de que no limite la integridad de las
personas migrantes, que pueden ser expuestos por su vulnerabilidad a la ilegalidad de ser captados por
nuevas estructuras criminales, en el proceso de atención de tráfico ilícito de migrantes cuando sean
abordados por las autoridades y posteriormente que acabe el proceso penal. La política de inmigración
con respecto a los refugiados y solicitantes de asilo es quizás la más crítica desde una perspectiva teórica
y jurídica. Es responsabilidad legal y moral garantizar la asignación de fondos para la atención adecuada
y celere de dichas personas.
La falta de políticas claras y consistentes profundiza la necesidad de abordar la formulación de la
política migratoria desde un sólido punto de vista teórico y jurídico. Las políticas deben estar claramente
detalladas y ajustarse a las normas internacionales pertinentes si se deben poner a disposición de las
personas migrantes servicios adecuados.
Los obstáculos identificados, como la falta de recursos y de influencia de las políticas gubernamentales,
plantean importantes desafíos para la protección de los migrantes. Esa falta de recursos obstaculizaría
la asistencia y la protección adecuadas, mientras que la influencia política podría infringir los derechos
de los migrantes.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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pág. 7668
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pág. 7669
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