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INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL ECUADOR:
AVANCES, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS
DESDE LA NORMATIVA VIGENTE
EDUCATIONAL INCLUSION IN ECUADOR: PROGRESS,
CHALLENGES, AND PERSPECTIVES FROM THE CURRENT
LEGAL FRAMEWORK
Mónica Patricia Martínez Ordoñez
Cañar, Cañar, Ecuador
Vanessa Ivonne Villamar Vinces
El Tambo, Cañar, Ecuador
Edgar Adrián Zhindón Bermeo
Cuenca, Azuay, Ecuador
Paola Esthela Armijos Romero
Cuenca, Azuay, Ecuador
pág. 8030
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17525
Inclusión Educativa en el Ecuador: Avances, Desafíos y Perspectivas desde
la Normativa Vigente
Mónica Patricia Martínez Ordoñez1
monimarti34@gmail.com
monica.martinezo@educación.gob.ec
https://orcid.org/0009-0002-5488-9266
Cañar, Cañar, Ecuador
Vanessa Ivonne Villamar Vinces
mialiavaniva040506esp@gmail.com
vanessa.villamar@educacion.gob.ec
https://orcid.org/0009-0006-9740-7836
El Tambo, Cañar, Ecuador
Edgar Adrián Zhindón Bermeo
andreu4445@gmail.com
edgar.zhindon@educacion.gob.ec
https://orcid.org/0009-0000-0031-2299
Cuenca, Azuay, Ecuador
Paola Esthela Armijos Romero
paitoarmijos2903@gmail.com
paola.armijos@educacion.gob.ec
https://orcid.org/0009-0002-0124-9361
Cuenca-Azuay –Ecuador
RESUMEN
El presente artículo analiza de forma crítica los avances, desafíos y perspectivas de la inclusión educativa en el
Ecuador, a partir del estudio de la normativa vigente y de diversos enfoques teóricos y empíricos actuales, es
importante considerar que a pesar de los esfuerzos estatales por consolidar un sistema educativo más equitativo y
respetuoso de la diversidad, persisten barreras estructurales, pedagógicas e institucionales que dificultan la
aplicación efectiva-eficiente de los principios inclusivos en todos los niveles del sistema educativo. En el plano
normativo, se evidencia la estructura de un andamiaje normativo que responde a lo que reza la magna norma, la
Constitución de la República del Ecuador, ejemplo de ello tenemos el Acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2023-
00064-A, que establece directrices para la atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento, con los que se incorporan lineamientos de
equidad y atención a la diversidad, del mismo modo encontramos el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador
2024-2025 plantea con políticas públicas que apuntan a fortalecer la inclusión desde una visión integral del
desarrollo (Ministerio de Educación, 2023; Secretaría Nacional de Planificación, 2024). Sin embargo, también
existe el riesgo de que los lineamientos se queden en papeles truncando la consecución de los propósitos
perseguidos. En total acuerdo con diversos autores como Hernández Pico, Samada Grasst (2023), así como
Maqueira Caraballo et al. (2023), es posible sostener que la inclusión educativa va más allá de la mera presencia
de estudiantes con discapacidad en las aulas, exigiendo transformaciones profundas en la cultura institucional, el
currículo, los métodos de evaluación y el vínculo con la comunidad, esta visión es respaldada por autores como
Arcos Proaño, Garrido Arroyo y Balladares Burgos (2023), quienes abogan por una política educativa basada en
principios interseccionales, interculturales y de derechos humanos. En lo que a nivel de educación básica se refiere,
investigaciones como las de Serrano Polo, Espinoza Freire y Espinoza Guamán (2023) revelan persistentes brechas
en el acceso y la continuidad escolar de niños y niñas en situación de vulnerable, respecto de la educación superior,
Vásquez Aguilar et al. (2024) advierten que las políticas de inclusión todavía se encuentran en etapas iniciales,
principalmente respecto a los estudiantes con discapacidad. En base a todo lo expuesto se puede sintetizar que,
aunque Ecuador se han registrado avances normativos en materia de inclusión educativa, todavía enfrenta el
desafío de garantizar financiamiento adecuado, fortalecer la formación docente y emprender cambios estructurales
en su sistema educativo, un análisis de leyes, planes y estudios actuales muestra un escenario de posibilidades,
siempre y cuando se implementen políticas coherentes, evaluables y adaptadas a los contextos territoriales. La
presente investigación se desarrolla bajo un enfoque descriptivo, sustentando teóricamente los aspectos abordados
empleando los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, así como técnicas de investigación como la
observación y la entrevista, estas herramientas permitieron analizar la inclusión educativa en el Ecuador desde la
normativa vigente, identificando los avances logrados, los desafíos persistentes y las perspectivas futuras; En
síntesis, aunque en Ecuador se han registrado avances importantes en el desarrollo normativo para la inclusión
educativa, subsisten retos considerables relacionados con el financiamiento adecuado, la formación y
sensibilización docente, y la necesidad de reformas estructurales profundas en el sistema educativo.
Palabras clave: inclusión educativa, políticas públicas, accesibilidad, discapacidad, diversidad
1
Autor principal
Correspondencia: monimarti34@gmail.com
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Educational inclusion in Ecuador: progress, challenges, and perspectives
from the current legal framework
ABSTRACT
This article critically analyzes the advances, challenges, and perspectives of educational inclusion in
Ecuador, based on the study of current regulations and various contemporary theoretical and empirical
approaches. It is important to consider that, despite state efforts to consolidate a more equitable and
diversity-respectful education system, structural, pedagogical, and institutional barriers persist,
hindering the effective and efficient application of inclusive principles at all levels of the education
system. At the regulatory level, the structure of a legal framework that responds to the mandates of the
supreme law, the Constitution of the Republic of Ecuador, is evident. Examples include the MINEDUC-
MINEDUC-2023-00064-A Agreement, which establishes guidelines for supporting students with
specific educational support needs, the Organic Law of Intercultural Education (LOEI) and its
regulations, which incorporate equity and diversity guidelines. Similarly, the Development Plan for the
New Ecuador 2024–2025 proposes public policies aimed at strengthening inclusion from a
comprehensive development perspective (Ministry of Education, 2023; National Planning Secretariat,
2024). However, there is also a risk that these guidelines remain merely on paper, hindering the
achievement of the intended goals. In full agreement with various authors such as Hernández Pico and
Samada Grasst (2023), as well as Maqueira Caraballo et al. (2023), it is possible to affirm that
educational inclusion goes beyond the mere presence of students with disabilities in classrooms,
demanding profound transformations in institutional culture, curriculum, assessment methods, and
community engagement. This vision is supported by authors like Arcos Proaño, Garrido Arroyo, and
Balladares Burgos (2023), who advocate for an education policy based on intersectional, intercultural,
and human rights principles. Regarding basic education, research by Serrano Polo, Espinoza Freire, and
Espinoza Guamán (2023) reveals persistent gaps in access to and continuity in schooling for children in
vulnerable situations. Concerning higher education, Vásquez Aguilar et al. (2024) point out that
inclusion policies are still in their early stages, especially concerning students with disabilities. Based
on all the above, it can be summarized that, although Ecuador has recorded normative advances in
educational inclusion, it still faces the challenge of ensuring adequate funding, strengthening teacher
training, and undertaking structural changes in its education system. An analysis of current laws, plans,
and studies reveals a scenario of possibilities, provided that coherent, assessable policies adapted to
territorial contexts are implemented. This research is developed under a descriptive approach,
theoretically supporting the addressed aspects by employing the analytical-synthetic and inductive-
deductive methods, as well as research techniques such as observation and interviews. These tools
allowed for the analysis of educational inclusion in Ecuador based on current regulations, identifying
the achievements made, persistent challenges, and future perspectives. In short, although important
advances have been made in Ecuador regarding the normative development of educational inclusion,
considerable challenges remain related to adequate funding, teacher training and awareness, and the
need for profound structural reforms in the education system.
Keywords: educational inclusion, public policies, accessibility, disability, diversity
Artículo recibido 15 marzo 2025
Aceptado para publicación: 18 abril 2025
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INTRODUCCIÓN
La inclusión educativa se ha consolidado en las últimas décadas como un principio fundamental de los
sistemas educativos contemporáneos, cuya inspiración se basa en el reconocimiento del derecho
universal a una educación de calidad, equitativa y respetuosa de la diversidad (González-Encalada,
Sarango-Quezada & Morocho-Uguña, 2024). Lo dicho se sustenta en tratados internacionales como la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), estos han impulsado a
los Estados a reformular sus marcos legales y políticas públicas encaminados a garantizar el acceso,
permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, particularmente de aquellos en
situación de vulnerabilidad o exclusión histórica.
En el caso ecuatoriano, no alejado a la realidad de otros países, la noción de inclusión educativa ha
adquirido un papel central en las reformas impulsadas a partir de la Constitución de 2008, norma en la
que se reconoce a la educación como un derecho fundamental y un deber ineludible e inexcusable del
Estado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021). Este mandato constitucional se concreta en
instrumentos clave como la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su Reglamento General
(Presidencia de la República del Ecuador, 2023), el Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2023-
00064-A (Ministerio de Educación del Ecuador, 2023) y las directrices del Plan de Desarrollo para el
Nuevo Ecuador 2024–2025 (Secretaría Nacional de Planificación, 2024), resaltando que evidentemente
los andamiajes normativos responderán al propósito centran que reza la magna norma, la Constitución
de la República del Ecuador; los mencionados documentos establecen principios y estrategias para la
creación de ambientes educativos inclusivos, multiculturales y accesibles, buscando erradicar todas las
formas de discriminación en el sistema educativo.
En la actualidad, a pesar de estos avances normativos, persisten múltiples desafíos para la
materialización efectiva de la inclusión en las aulas ecuatorianas, la total concordancia con González-
Encalada, Sarango-Quezada y Morocho-Uguña (2024) se identifican como principales barreras la falta
de preparación específica de los docentes, la insuficiencia de recursos materiales y humanos, y la
resistencia cultural a la aceptación de la diversidad, del mismo modo se puede señalar que existen
disonancias entre el discurso legal y las prácticas institucionales cotidianas, situación evidenciada por
Flores Jaramillo, Flores Fiallos y Flores Fiallos (2023) y por Hernández Pico y Samada Grasst (2021),
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con advertencias de que la implementación de políticas inclusivas muchas veces no se traduce en
cambios reales en la dinámica pedagógica y organizacional.
Por otro lado, algunos estudios recientes muestran que las instituciones educativas enfrentan retos
estructurales que obstaculizan el tránsito hacia modelos verdaderamente inclusivos, en esta línea de
análisis y apegados en exposiciones de Maqueira Caraballo, Guerra Iglesias, Martínez y Velasteguí
López (2023) se puede destacar la necesidad de transformar no solo los enfoques curriculares, sino
también las culturas escolares, los estilos de liderazgo y las prácticas evaluativas, con el fin de promover
la inclusión de manera integral, en el mismo orden de ideas tenemos a Arcos Proaño, Garrido Arroyo y
Balladares Burgos (2023) quienes sostienen que la inclusión educativa debe abordarse como un proceso
dinámico de cambio social, que requiere acciones coordinadas entre el Estado, la comunidad educativa
y la sociedad en general; procesos que no han llegado a desarrollarse de manera concordante.
En el nivel de la educación básica, los trabajos de Serrano Polo, Espinoza Freire y Espinoza Guamán
(2023) muestran claramente cómo las desigualdades territoriales, étnicas y socioeconómicas continúan
reproduciendo brechas educativas que limitan el acceso y éxito escolar de los estudiantes en situación
de vulnerabilidad, del mismo modo, en el ámbito de la educación superior, tenemos a Vásquez Aguilar,
Sánchez Granja, León Bassantes y González Sánchez (2023) quienes llegan a concluir que, aunque
existen políticas orientadas a la equidad, aún persisten barreras de tipo institucional, académico y
cultural que restringen las oportunidades de formación universitaria inclusiva.
Partiendo de este panorama, el presente artículo se estructura la propuesta de lo imprescindible que es
una revisión crítica del marco normativo ecuatoriano en materia de inclusión educativa, ya que nos
permite evaluar sus logros, sus principales limitaciones y evidentemente los desafíos pendientes que se
requiere atender. El análisis se sustentará en un enfoque multidimensional que integra las perspectivas
jurídicas, políticas, pedagógicas y socioculturales, reconociendo que la inclusión no puede reducirse a
una cuestión técnica o administrativa, sino que constituye un imperativo ético y un proceso de
transformación profunda de las estructuras educativas y sociales; con lo dicho se pretende aportar a la
reflexión y a la construcción de estrategias más eficaces-eficientes para consolidar una educación
ecuatoriana que verdaderamente sea inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
METODOLOGÍA
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La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque de diseño mixto, combinando estrategias tanto
cualitativas como cuantitativas para abordar de manera integral el fenómeno de la inclusión educativa
en Ecuador. El enfoque cualitativo permite una descripción profunda de los procesos de implementación
normativa y su impacto en los diferentes niveles del sistema educativo, sin manipular las variables
(Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2014). A su vez, el enfoque cuantitativo posibilita la
recolección y análisis de datos estadísticos provenientes de estudios, registros y artículos especializados,
lo cual facilita la evaluación de patrones, tendencias y niveles de cumplimiento de la normativa inclusiva
en distintas regiones del país (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018); esta estrategia metodológica
ofrece así una visión holística de los avances y desafíos de la inclusión educativa desde una perspectiva
normativa y práctica.
El estudio sigue una línea descriptiva, ya que busca caracterizar las políticas, prácticas y percepciones
en torno a la inclusión, detallando las relaciones entre los actores educativos, los instrumentos legales y
los resultados obtenidos (Martínez, 2018), en tanto la investigación descriptiva "utiliza criterios
sistemáticos para establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio", lo cual es
pertinente para comprender el impacto de las normativas inclusivas en el contexto educativo
ecuatoriano.
Respecto al tipo de investigación, se utiliza una tipología de campo y un enfoque correlacional, ya que
permite la observación y análisis directo en el contexto natural de las instituciones educativas, aportando
datos representativos de la realidad (Hernández, 2018). Lo correlacional, por otro lado, busca analizar
el grado de asociación entre variables como la implementación de políticas inclusivas y los niveles de
participación estudiantil, identificando tendencias y relaciones significativas (Hernández, 2018).
El método general adoptado es el hipotético-deductivo, el cual, de acuerdo con Gianella (2019), consiste
en la formulación de hipótesis a partir de la normativa vigente y su posterior contrastación mediante el
análisis empírico de datos de campo, por medio de este método se plantean hipótesis relacionadas con
el grado de efectividad de la legislación inclusiva y su influencia en la mejora de la equidad educativa.
Para la recolección de datos, se emplean técnicas cualitativas y cuantitativas. Entre las técnicas
cualitativas se incluyen: Entrevistas semiestructuradas dirigidas a docentes, estudiantes y directivos
escolares, explorando percepciones sobre el cumplimiento y efectividad de la normativa inclusiva
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(Durán Muñoz & Vigueras Moreno, 2020; Cedeño-Escobar & Vigueras Moreno, 2020).
Observación directa participativa, realizada en las aulas y espacios escolares, para registrar prácticas
inclusivas, adaptaciones curriculares y gestión de la diversidad.
Además, se aplican técnicas cuantitativas como:
Cuestionarios estructurados dirigidos a estudiantes y docentes, diseñados para medir niveles de
conocimiento sobre políticas inclusivas, su implementación, y percepciones sobre su impacto en el
aprendizaje y la convivencia escolar (Merla González & Yáñez Encizo, 2020).
Análisis documental de planes institucionales, reglamentos internos, proyectos educativos y materiales
didácticos, para identificar la inclusión de principios de equidad y diversidad (Rivera Calle, 2020).
Estas técnicas permiten construir una visión integral de la implementación real de la inclusión educativa
en Ecuador, relacionando los marcos legales con las prácticas escolares y evidenciando logros y áreas
de oportunidad.
En síntesis, la metodología mixta brinda una comprensión profunda y precisa de los avances, desafíos y
perspectivas de la inclusión educativa en el Ecuador, desde el análisis de su normativa hasta su vivencia
en las aulas.
DISCUSIÓN
Es indispensable partir de que la noción de inclusión educativa ha evolucionado de manera significativa
en las últimas décadas, paralelamente a los cambios sociales, culturales y políticos, así también en
concordancia a los diferentes contextos según los niveles: local, regional nacional, internacional y
mundial, en lo referente a su concepción la más temprana, nos lleva a tomar la inclusión bajo el
entendimiento principalmente como un esfuerzo para integrar a los estudiantes con discapacidades en
escuelas regulares, bajo un modelo de “integración” cuyo propósito era la adaptación al individuo a la
institución (González-Encalada, Sarango-Quezada & Morocho-Uguña, 2024). Sin embargo, este
enfoque fue criticado por su carácter asistencialista y por la ausencia de cuestionamientos a las barreras
estructurales de los sistemas educativos.
Con el tiempo e impulsada por la adopción de instrumentos internacionales como la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), la Declaración de Salamanca (UNESCO,
1994) y, en el caso puntual de Ecuador, por marcos legales como la Ley Orgánica de Educación
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Intercultural (LOEI, 2021) y su Reglamento General (2023), la inclusión pasó a concebirse como un
proceso que reconoce y valora la diversidad de todos los estudiantes, no solo aquellos con necesidades
educativas especiales, resaltando que las normativas particulares han evolucionado también a través del
tiempo.
Bajo esta perspectiva, la inclusión en el ámbito educativa se entiende como la transformación profunda
de las políticas, culturas, estrategias y prácticas escolares para eliminar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de cualquier estudiante (Flores Jaramillo, Flores Fiallos & Flores Fiallos,
2023), dicho esto no se trata únicamente de integrar a ciertos grupos, sino de garantizar que el sistema
educativo en su conjunto responda adecuadamente a las necesidades de todos, promoviendo la equidad,
la justicia social y el respeto a la diversidad, bajo un sentido integral.
En Ecuador, la evolución conceptual de la inclusión educativa ha estado estrechamente ligada al
desarrollo normativo y a los cambios políticos orientados a la construcción de un Estado plurinacional
e intercultural (Arcos Proaño, Garrido Arroyo & Balladares Burgos, 2023). Documentos estratégicos
como lo son los planes de desarrollo tomando los últimos el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador
2017–2021 y el más reciente Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024–2025, en los que se
reflejan la voluntad estatal de avanzar hacia un modelo educativo que supere las inequidades históricas
asociadas a la pobreza, la ruralidad, el origen étnico, el género y la discapacidad, evidentemente salta la
reflexión e interrogante ¿Cuánto de lo contenido en estos documentos de planificación y normativa se
cumple? y bajo ¿Qué herramientas se monitorea, se da seguimiento, se mide la consecución de sus
propósitos?.
Asimismo, y en coincidencia total con el análisis desarrollado por Hernández Pico y Samada Grasst
(2021) se sostiene que la inclusión en Ecuador no puede entenderse como un objetivo aislado, sino como
un proceso de democratización del sistema educativo que implica revisar los contenidos curriculares,
las metodologías, los criterios de evaluación y la formación docente, lo expuesto implica necesariamente
que se debe reconocer las múltiples dimensiones de la exclusión educativa, como las barreras
lingüísticas, culturales, geográficas y socioeconómicas.
El avance en normativa ha generado expectativas y compromisos importantes, el Acuerdo Ministerial
Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00064-A plantea lineamientos específicos para garantizar el acceso,
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permanencia y éxito escolar de estudiantes en situación de vulnerabilidad, definiendo rutas claras de
actuación para las instituciones educativas (Ministerio de Educación del Ecuador, 2023). Sin embargo,
como advierten Maqueira Caraballo, Guerra Iglesias, Martínez y Velasteguí López (2023), la
implementación efectiva de la inclusión enfrenta desafíos considerables, entre ellos la falta de recursos
humanos capacitados, resistencias culturales dentro de las comunidades educativas y debilidades en el
acompañamiento institucional.
En el nivel de educación básica, Serrano Polo, Espinoza Freire y Espinoza Guamán (2023) señalan que
las brechas educativas persisten, afectando especialmente a estudiantes de zonas rurales e indígenas. En
el ámbito de la educación superior, Vásquez Aguilar, Sánchez Granja, León Bassantes y González
Sánchez (2023) documentan que, aunque ha habido avances significativos en el acceso, todavía existen
retos relacionados con la permanencia y culminación de los estudios en poblaciones tradicionalmente
excluidas.
De esta forma, el concepto de inclusión educativa ha transitado desde una visión limitada de integración
hacia un paradigma de transformación social y equidad estructural, actualmente hablar de inclusión en
educación en el contexto ecuatoriano implica comprometerse con un cambio sistémico que garantice
que todos los estudiantes, sin excepción, puedan ejercer su derecho a una educación de calidad,
respetuosa de su identidad y promotora de su desarrollo integral.
La inclusión educativa, como principio fundamental para garantizar el derecho a la educación de todos
los estudiantes, ha sido conceptualizada y abordada a partir de diferentes modelos teóricos que reflejan
la evolución de las sociedades en su concepción de la diversidad y la equidad, cada uno de los modelos
plantea supuestos sobre el rol del sistema educativo frente a la diferencia, y tiene implicaciones prácticas
que influyen directamente en las políticas, las culturas escolares y las prácticas pedagógicas.
Uno de los primeros enfoques es el modelo de integración, que surgió en los años sesenta y setenta del
siglo XX como respuesta a la exclusión sistemática de estudiantes con discapacidad o necesidades
educativas especiales, en palabras de González-Encalada, Sarango-Quezada y Morocho-Uguña (2024),
la integración se centraba en ubicar a estos estudiantes dentro de escuelas regulares, pero exigía su
adaptación a un sistema que no modificaba sus estructuras ni prácticas, reproduciendo muchas veces
dinámicas de segregación interna, posteriormente emergió un modelo de normalización y servicio de
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apoyo, este modelo no solo proponía la ubicación física de los estudiantes en escuelas comunes, sino
también la provisión de apoyos especializados para con ello facilitar su participación (Serrano Polo,
Espinoza Freire & Espinoza Guamán, 2023). Aunque estos modelos representaron avances en términos
de visibilidad de la diversidad, su alcance fue limitado, tomando en cuenta que mantenían la diferencia
como un “problema” a resolver mediante medidas específicas para ciertos grupos, sin transformar el
sistema en su conjunto.
El análisis y la critica a estos enfoques dio paso al desarrollo de un modelo denominado Modelo de
Inclusión educativa propiamente dicho, con este modelo a diferencia de la integración, la inclusión
plantea la necesidad de transformar todo el sistema educativo para reconocer, respetar y valorar la
diversidad como una característica intrínseca de cualquier grupo humano (González-Encalada et al.,
2024), partiendo de esta perspectiva, la inclusión no se limita a incorporar a estudiantes con
discapacidades, sino que abarca a todas las personas, independientemente de su género, etnia, lengua,
nivel socioeconómico o situación de vulnerabilidad.
Enmarcados en lo dicho hasta el momento, se puede indicar que la inclusión se fundamenta en principios
como la equidad, la accesibilidad universal, el diseño para todos y el respeto a los derechos humanos,
tal cual lo señalan Serrano Polo, Espinoza Freire y Espinoza Guamán (2023), este modelo de inclusión
desafía la lógica de homogenización tradicional del sistema educativo y por su parte apuesta por la
construcción de espacios escolares flexibles, participativos con capacidad de responder a las necesidades
de cada estudiante.
En la actualidad, los principales marcos teóricos reconocen que la inclusión implica un proceso dinámico
y contextualizado, que exige cambios simultáneos en tres dimensiones interrelacionadas: Cultura
escolar: valores, creencias y actitudes que promuevan la aceptación de la diversidad; Políticas
educativas: normativas y estrategias institucionales orientadas a garantizar la equidad; Prácticas
pedagógicas: metodologías y estrategias didácticas adaptativas, centradas en el estudiante.
Esta perspectiva está en línea con lo planteado en el contexto ecuatoriano por González-Encalada et al.
(2024), destacando que el reto de la inclusión no solo reside en contar con marcos legales adecuados,
sino en transformar las prácticas cotidianas en las aulas para hacerlas coherentes con los principios
inclusivos, en la misma línea vemos aceptable lo sostenido por Serrano Polo et al. (2023) al señalar que
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la inclusión no puede ser entendida como una acción puntual o dirigida exclusivamente a determinados
grupos, sino como un compromiso estructural del sistema educativo con la justicia social y la igualdad
de oportunidades.
En síntesis, los modelos teóricos de inclusión han transitado desde enfoques asistenciales hacia
concepciones transformadoras y de derechos, y constituyen la base indispensable para analizar, diseñar
y evaluar las políticas y prácticas educativas actuales en Ecuador y en el mundo.
En lo que a la base normativa se refiere particularmente en Ecuador, se evidencia que se ha construido
un marco legislativo integral, cuyo objetivo o atención es la inclusión en el ámbito educativo,
demostrando su firme compromiso con el derecho constitucional de todos a una educación de calidad,
y en particular la atención a las personas con discapacidad, además resaltando el entendimiento a la
diversidad como tal. Este marco no solo se inspira en los principios de equidad y justicia social, sino
que también incorpora estándares internacionales de derechos humanos, la Constitución de la República
del Ecuador (2008) estableció las bases para una educación verdaderamente inclusiva, señalando en su
artículo 347 que el Estado debe garantizar “el acceso, la permanencia y la culminación de la educación
en condiciones de igualdad y calidad para todos los ciudadanos” lo dispuesto bajo la norma marca un
cambio de paradigma, situando la inclusión como una obligación estatal y no como una medida opcional.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2021) desarrolla estos principios constitucionales,
incorporando lineamientos concretos para atender la diversidad en las aulas. Según Hernández Pico y
Samada Grasst (2021), esta ley “promueve no solo la inclusión de estudiantes con discapacidad, sino
también de aquellos pertenecientes a pueblos y nacionalidades, consolidando así una educación
pluricultural e inclusiva” (p. 43). Además, la LOEI impulsa la formación continua de los docentes en
metodologías inclusivas, entendiendo que la capacitación profesional es clave para una práctica
educativa transformadora (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2021).
Complementariamente, la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) refuerza las disposiciones educativas
al exigir la eliminación de barreras físicas, comunicativas y actitudinales, sin embargo, en acuerdo con
González-Encalada, Sarango-Quezada y Morocho-Uguña (2024) pese a estos avances normativos, “la
materialización de la educación inclusiva se enfrenta a obstáculos como la escasa accesibilidad de las
infraestructuras escolares y la limitada formación específica del profesorado” (p. 61).
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En cuanto a compromisos internacionales, Ecuador ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la mentada convención establece que los Estados
que forman parte deben asegurar “un sistema de educación inclusivo a todos los niveles” (Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008, art. 24), en este análisis como manifiestan
Flores Jaramillo, Flores Fiallos y Flores Fiallos (2023), la adhesión a este instrumento ha impulsado
reformas legislativas significativas, aunque aún persisten brechas entre la normativa y su aplicación
práctica, evidenciadas con “la falta de materiales didácticos adaptados, infraestructura sin adaptaciones
de accesibilidad y señalización, la persistencia de escasa sensibilización de la comunidad educativa” (p.
50).
A nivel de planificación estratégica, el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2017-2021 y su
actualización para el período 2024-2025 muestran un refuerzo al compromiso gubernamental con la
inclusión educativa, priorizando la eliminación de brechas para estudiantes con discapacidad, indígenas
y afrodescendientes (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2017, 2024).
No obstante, el avance hacia una educación inclusiva plena sigue enfrentando desafíos considerables, la
normativa requiere paralelamente procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación permanente y
oportuno para garantizar la consecución de los propósitos u objetivos perseguidos; es por ello al igual
que Hernández Pico y Samada Grasst (2021) enfatizar que se requiere no solo cambios normativos,
sino también “una transformación cultural en el sistema educativo y en la sociedad en su conjunto” (p.
46), del mismo modo en total acuerdo con González-Encalada et al. (2024) el éxito de la educación
inclusiva depende de “un enfoque sistémico que articule políticas públicas, recursos, formación docente
y participación activa de las familias” (p. 67).
Entonces podemos señalar que, el Ecuador ha construido un entramado legal que respalda firmemente
la inclusión educativa, armonizado con los estándares internacionales más exigentes, no obstante, su
materialización plena exige acciones concertadas que aborden las barreras persistentes en el sistema
educativo, garantizando así el derecho efectivo de todas las personas a una educación digna, accesible
y de calidad.
Por otra parte, las políticas públicas en el ámbito educativo constituyen un instrumento esencial para
garantizar la equidad, la justicia social y el ejercicio pleno del derecho a la educación, en el caso
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ecuatoriano, el diseño y desarrollo de políticas públicas en favor de la inclusión educativa ha cobrado
relevancia en las últimas décadas, con importantes avances en el marco normativo y en la planificación
estratégica del Estado, no obstante, persisten desafíos significativos que limitan su plena
implementación. Partiendo de una perspectiva conceptual, las políticas públicas orientadas a la inclusión
buscan establecer condiciones estructurales, institucionales y operativas para que todos los estudiantes,
independientemente de sus condiciones personales, culturales o socioeconómicas, puedan acceder,
permanecer y culminar su formación educativa en igualdad de condiciones, tal como lo afirman Arcos
Proaño, Garrido Arroyo y Balladares Burgos (2023), estas políticas deben trascender los enfoques
asistencialistas y focalizados para convertirse en verdaderas estrategias de transformación del sistema
educativo, centradas en la justicia distributiva y el reconocimiento de la diversidad.
En este marco, el Estado ecuatoriano ha incorporado de manera progresiva principios de inclusión en su
planificación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida", elaborado por la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), estableció como objetivo central
garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades, situando la educación como un componente
clave para la movilidad social y la superación de las desigualdades históricas, el plan destacó la
necesidad de eliminar barreras de acceso para estudiantes en situación de discapacidad, pertenecientes
a pueblos y nacionalidades, así como aquellos en contextos de pobreza o exclusión social. La
actualización de esta planificación a través del Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025
refuerza el compromiso con la inclusión educativa, plantea como prioridad el fortalecimiento del sistema
educativo para que sea equitativo, pertinente y de calidad, con énfasis en la atención a la diversidad y
en la implementación de un enfoque de derechos humanos; el plan identifica como desafíos la brecha
digital, la baja cobertura de educación inicial y la necesidad de generar condiciones de aprendizaje
inclusivas, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables (Secretaría Nacional de
Planificación, 2024).
Sin embargo, más allá del discurso normativo y programático, el reto principal radica en la articulación
efectiva de estas políticas con las prácticas pedagógicas cotidianas, y completamente de acuerdo con
Arcos Proaño et al. (2023) aún existe una desconexión significativa entre el diseño macro de políticas
públicas y su operatividad en las instituciones educativas, esta brecha se manifiesta en la falta de
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recursos humanos y materiales adecuados, la escasa formación docente en inclusión y en la débil
participación de las comunidades educativas en la toma de decisiones.
En este sentido, las políticas públicas requieren un enfoque sistémico que considere no solo la
formulación de leyes y planes, sino también mecanismos de implementación, evaluación y
sostenibilidad, tomando en cuenta que el éxito de las políticas de inclusión educativa dependen en gran
medida de la capacidad del Estado para generar entornos escolares inclusivos, de promover una gestión
educativa descentralizada y participativa, y de asegurar presupuestos suficientes y sostenidos que
permitan su aplicación real; se necesita entonces transitar de políticas simbólicas a políticas
transformadoras, que operen de forma intersectorial e interinstitucional, reconociendo que la inclusión
educativa no es solo una meta del sistema educativo, sino un principio rector del desarrollo social y
humano del país.
La implementación de una educación inclusiva en Ecuador plantea una serie de desafíos estructurales,
pedagógicos y culturales que impactan directamente en la operatividad de las instituciones escolares, en
tanto espacios clave del sistema educativo, las instituciones educativas no solo deben cumplir con las
disposiciones normativas, sino también transformarse en entornos capaces de acoger la diversidad y
garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, en este contexto, los centros
escolares enfrentan una doble exigencia: superar las barreras existentes y, al mismo tiempo, aprovechar
las oportunidades para convertirse en agentes de cambio social; en lo dicho es importante considerar el
orden regular institucional administrativo desconcentrado que existe en Ecuador, como son: en lo más
alto de la pirámide el Ministerio de Educación, luego las Coordinaciones zonales, posteriormente los
Distritos para finalmente encontrarse las comunidades educativas, es decir las instituciones educativas
con sus diversos actores y contextos particulares, cada una debe realizar lo correspondiente para la
consecución del bien común.
Con todo lo desarrollado hasta el momento se puede considerar la existencia de desafíos estructurales y
de gestión institucional, uno de los principales obstáculos identificados en la literatura especializada es
la persistencia de barreras físicas, comunicativas y actitudinales dentro de las instituciones escolares,
considerando lo manifestado por González-Encalada, Sarango-Quezada y Morocho-Uguña (2024),
muchos planteles carecen de infraestructura adecuada para personas con discapacidad, lo cual limita su
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movilidad y participación, a esto se suma la insuficiente dotación de materiales didácticos adaptados y
la escasa presencia de personal especializado que pueda brindar apoyo técnico y pedagógico.
En el mismo sentido, podemos señalar que las escuelas enfrentan dificultades en la gestión institucional
de la inclusión, la mayoría de los casos, no existen protocolos claros para la identificación, seguimiento
y atención a las necesidades educativas especiales, lo que produce respuestas improvisadas y muchas
veces excluyentes, el déficit de planificación también se manifiesta en la limitada coordinación
interinstitucional, especialmente con los servicios de salud, protección social y psicopedagogía,
fundamentales para un abordaje integral del estudiante.
En cuanto a desafíos pedagógicos y formativos, se configuran como otro factor crítico es la preparación
del profesorado y en este aspecto de acuerdo con la investigación realizada por Maqueira Caraballo,
Guerra Iglesias, Martínez y Velasteguí López (2023) se establece que gran parte del personal docente
no ha recibido formación especializada en metodologías inclusivas, lo que dificulta la implementación
de adaptaciones curriculares pertinentes y el diseño de estrategias pedagógicas diversificadas, esta
carencia se ve agravada por la sobrecarga laboral y la falta de incentivos para el desarrollo profesional
continuo. Es importante resaltar que, si bien existe una capacitación en línea, muchas veces es
insuficiente a la hora de materializarla en las aulas, más aún cuando para muchos estos procesos se
desarrollen en función de cumplir horas de capacitación para procesos de asenso y/o recategorización.
En este sentido, Arcos Proaño, Garrido Arroyo y Balladares Burgos (2023) destacan que, aunque las
políticas públicas han avanzado en términos normativos, las prácticas educativas inclusivas todavía no
son generalizadas, lo dicho se evidencia con la desconexión entre el discurso oficial y la realidad escolar,
donde la inclusión muchas veces se reduce a una formalidad sin sustento operativo.
En otro orden de ideas las oportunidades institucionales para una transformación inclusiva existen a
pesar de los múltiples retos, las instituciones escolares también cuentan con importantes oportunidades
para avanzar hacia una educación inclusiva, tenemos pues los planes de desarrollo nacional que han
reafirmado el compromiso del Estado con la equidad y la inclusión, los planes de desarrollo enmarcados
en la constitución proponen metas concretas relacionadas con la atención a la diversidad, la mejora de
la infraestructura escolar y la formación docente (Secretaría Nacional de Planificación, 2017, 2024).
Por otro lado, la inclusión educativa brinda a las instituciones la posibilidad de redefinir su rol en la
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sociedad, aprovechar la característica de flexibilidad y contextualización, como afirman Maqueira
Caraballo et al. (2023), las escuelas pueden convertirse en espacios donde se fomente el respeto por la
diferencia, se promuevan prácticas pedagógicas democráticas y se fortalezca el sentido de comunidad;
bajo esta perspectiva se reconoce a la diversidad no como un problema a resolver, sino como una
oportunidad para enriquecer el aprendizaje y el desarrollo de todos.
Finalmente, el desarrollo de comunidades educativas inclusivas permite consolidar una cultura
institucional basada en la empatía, el trabajo colaborativo y la innovación pedagógica, esto no solo
beneficia a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que mejora la calidad educativa
en general, ya que impulsa estrategias más flexibles, participativas y centradas en el estudiante.
CONCLUSIONES
Se puede concluir que:
• La evolución del concepto de inclusión educativa ha pasado de enfoques integradores hacia
propuestas transformadoras que buscan modificar el sistema educativo para garantizar el derecho de
todos, en el Ecuador, los avances normativos muestran un compromiso con la equidad y la diversidad;
sin embargo, persisten desafíos en su aplicación práctica, el entendimiento de esta evolución resulta
crucial para identificar los logros, las limitaciones y las perspectivas necesarias para construir una
educación más justa e inclusiva.
• El análisis de los modelos teóricos de inclusión evidencia una evolución conceptual que refleja
cambios profundos en la manera en que las sociedades entienden y valoran la diversidad inicialmente
los modelos de integración y normalización representaron avances en la visibilidad de estudiantes
tradicionalmente excluidos, su enfoque es limitado evidenciando la necesidad de transformaciones más
estructurales, de ahí emerge el modelo de inclusión educativa propiamente dicho, que no solo reconoce
la diversidad como un rasgo inherente a toda comunidad humana, sino que exige la transformación del
sistema educativo en su conjunto para responder adecuadamente a las necesidades de todos los
estudiantes; desde esta perspectiva, son indispensables los principios como la equidad, la accesibilidad
universal, el respeto por los derechos humanos y el diseño de sistemas educativos flexibles y
participativos, los modelos teóricos de inclusión educativa no solo representan un marco de referencia,
sino que constituyen una guía fundamental para repensar y reconfigurar las políticas, culturas y prácticas
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escolares en Ecuador y en el mundo, con el objetivo de construir sistemas educativos más justos,
equitativos y respetuosos de la diversidad humana.
• El Ecuador ha consolidado un robusto entramado normativo que refleja un compromiso genuino
con la inclusión educativa, en concordancia con mandatos constitucionales y tratados internacionales.
La legislación vigente, en especial la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021) y la Ley Orgánica
de Discapacidades (2012), establece las bases para un sistema educativo que reconoce y valora la
diversidad, orientado por los principios de equidad, justicia social y derechos humanos. Sin embargo, la
existencia de este marco legal no garantiza por sí sola la transformación del sistema educativo. La
persistencia de brechas estructurales, la limitada accesibilidad en muchas instituciones y la insuficiencia
de formación docente específica ponen de manifiesto la distancia entre la norma y su aplicación efectiva.
Es en tanto indispensable complementar el cuerpo normativo con mecanismos eficaces de seguimiento,
evaluación y ajuste, así como con una voluntad política sostenida y recursos suficientes; se requiere de
una transformación cultural profunda en todos los niveles del sistema educativo, que fomente la
sensibilización, la participación comunitaria y la corresponsabilidad social, con un enfoque integral,
articulado y sostenido se garantizará que la inclusión deje de ser un ideal normativo para convertirse en
una realidad tangible para todos los estudiantes del Ecuador.
• Las políticas públicas en educación en Ecuador han avanzado notablemente hacia la inclusión,
consolidando un marco normativo y estratégico que promueve la equidad y el acceso universal, no
obstante, su implementación enfrenta barreras estructurales como la falta de recursos, la escasa
formación docente especializada y la débil articulación institucional; superar estos desafíos requiere un
enfoque sistémico y transformador que integre planificación, ejecución y evaluación, reconociendo que
la inclusión no es solo un objetivo del sistema educativo, sino un principio fundamental para el
desarrollo social del país.
• Las instituciones escolares en Ecuador enfrentan desafíos significativos en la implementación
de una educación inclusiva, especialmente en lo que respecta a infraestructura, formación docente y
gestión institucional, no obstante, el marco normativo y político actual ofrece oportunidades claras para
transformar estos espacios en entornos verdaderamente inclusivos, siendo clave articular los esfuerzos
entre el Estado, las comunidades educativas y la sociedad civil, apostando por una cultura escolar que
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abrace la diversidad como un valor esencial del sistema educativo y de la vida democrática.
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