CRIMINALIDAD ESTRUCTURAL E IMPUNIDAD
INSTITUCIONAL: VIOLENCIA CONTRA ADOLESCENTES
CASADAS O EN CONCUBINATO EN MÉXICO Y EN EL
ESTADO DE QUINTANA ROO
STRUCTURAL CRIMINALITY AND INSTITUTIONAL IMPUNITY:
VIOLENCE AGAINST MARRIED OR COHABITING ADOLESCENT
GIRLS IN MEXICO AND THE STATE OF QUINTANA ROO
Tania Abigail Cortez Rodriguez
Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Chetumal
pág. 8988
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17662
Criminalidad estructural e impunidad institucional: violencia contra
adolescentes casadas o en concubinato en México y en el estado de Quintana
Roo
Tania Abigail Cortez Rodriguez1
Abi.rodriguez101120@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-9827-8809
Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Chetumal
Chetumal, Quintana Roo
RESUMEN
Este artículo analiza, desde un enfoque criminológico, la violencia estructural que enfrentan mujeres
adolescentes casadas o en concubinato en México. A través de una investigación documental y
cualitativa, se revisaron datos estadísticos, marcos legales y literatura especializada, con el propósito de
identificar patrones delictivos, factores criminógenos, dinámicas de revictimización institucional y
vacíos en las políticas públicas. Los hallazgos evidencian que estas uniones tempranas —frecuentemente
informales y no registradas— reproducen relaciones de poder asimétricas, con altos niveles de violencia
física, sexual y patrimonial, en contextos de impunidad, pobreza y exclusión social. Asimismo, se
constató que las adolescentes enfrentan una constante revictimización institucional y carecen de
mecanismos eficaces de protección y acceso a la justicia. El estudio concluye que la violencia contra
mujeres adolescentes en uniones tempranas constituye una forma de criminalidad estructural que
requiere respuestas integrales, interseccionales y con perspectiva de género, edad y derechos humanos.
Palabras clave: violencia estructural, adolescentes en concubinato, criminología crítica, revictimización
institucional, matrimonio infantil
1 Autor principal
Correspondencia: Abi.rodriguez101120@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17662
Criminalidad estructural e impunidad institucional: violencia contra
adolescentes casadas o en concubinato en México y en el estado de Quintana
Roo
Tania Abigail Cortez Rodriguez1
Abi.rodriguez101120@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-9827-8809
Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Chetumal
Chetumal, Quintana Roo
RESUMEN
Este artículo analiza, desde un enfoque criminológico, la violencia estructural que enfrentan mujeres
adolescentes casadas o en concubinato en México. A través de una investigación documental y
cualitativa, se revisaron datos estadísticos, marcos legales y literatura especializada, con el propósito de
identificar patrones delictivos, factores criminógenos, dinámicas de revictimización institucional y
vacíos en las políticas públicas. Los hallazgos evidencian que estas uniones tempranas —frecuentemente
informales y no registradas— reproducen relaciones de poder asimétricas, con altos niveles de violencia
física, sexual y patrimonial, en contextos de impunidad, pobreza y exclusión social. Asimismo, se
constató que las adolescentes enfrentan una constante revictimización institucional y carecen de
mecanismos eficaces de protección y acceso a la justicia. El estudio concluye que la violencia contra
mujeres adolescentes en uniones tempranas constituye una forma de criminalidad estructural que
requiere respuestas integrales, interseccionales y con perspectiva de género, edad y derechos humanos.
Palabras clave: violencia estructural, adolescentes en concubinato, criminología crítica, revictimización
institucional, matrimonio infantil
1 Autor principal
Correspondencia: Abi.rodriguez101120@gmail.com
pág. 8989
Structural Criminality and Institutional Impunity: Violence Against
Married or Cohabiting Adolescent Girls in Mexico and the State of
Quintana Roo
ABSTRACT
This article analyzes, from a criminological perspective, the structural violence experienced by
adolescent girls who are married or in informal unions in Mexico. Through a qualitative and
documentary research approach, statistical data, legal frameworks, and specialized literature were
reviewed to identify criminal patterns, criminogenic factors, dynamics of institutional revictimization,
and gaps in public prevention, care, and justice policies. The findings show that these early unions—
often informal and unregistered—reproduce asymmetric power relations with high levels of physical,
sexual, and economic violence, in contexts marked by impunity, poverty, and social exclusion. It was
also found that adolescent girls face constant institutional revictimization and lack effective protection
mechanisms and access to justice. The study concludes that violence against adolescent girls in early
unions constitutes a form of structural criminality that requires comprehensive, intersectoral, and rights-
based responses with a gender and age perspective.
Keywords: structural violence, adolescent girls in informal unions, critical criminology institutional
revictimization, child marriage
Artículo recibido 15 abril 2025
Aceptado para publicación: 10 mayo 2025
Structural Criminality and Institutional Impunity: Violence Against
Married or Cohabiting Adolescent Girls in Mexico and the State of
Quintana Roo
ABSTRACT
This article analyzes, from a criminological perspective, the structural violence experienced by
adolescent girls who are married or in informal unions in Mexico. Through a qualitative and
documentary research approach, statistical data, legal frameworks, and specialized literature were
reviewed to identify criminal patterns, criminogenic factors, dynamics of institutional revictimization,
and gaps in public prevention, care, and justice policies. The findings show that these early unions—
often informal and unregistered—reproduce asymmetric power relations with high levels of physical,
sexual, and economic violence, in contexts marked by impunity, poverty, and social exclusion. It was
also found that adolescent girls face constant institutional revictimization and lack effective protection
mechanisms and access to justice. The study concludes that violence against adolescent girls in early
unions constitutes a form of structural criminality that requires comprehensive, intersectoral, and rights-
based responses with a gender and age perspective.
Keywords: structural violence, adolescent girls in informal unions, critical criminology institutional
revictimization, child marriage
Artículo recibido 15 abril 2025
Aceptado para publicación: 10 mayo 2025
pág. 8990
INTRODUCCIÓN
La violencia hacia las mujeres adolescentes constituye una manifestación compleja de desigualdad
estructural y de vulnerabilidad social que trasciende lo individual para situarse en el núcleo mismo de
las dinámicas de poder y control en nuestras sociedades. Este fenómeno se expresa a través de diversas
formas: violencia sexual, psicológica, física, digital, familiar y comunitaria, afectando de manera
desproporcionada a mujeres de entre 12 y 17 años, tal como lo demuestran las estadísticas recientes de
fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el contexto mexicano, los datos son alarmantes. En 2022, se reportaron 59,141 delitos con
víctimas niñas y adolescentes, con una tasa de 305.6 por cada 100 mil mujeres de 0 a 17 años, el doble
que en varones del mismo rango etario. La violencia sexual presenta un pico particularmente elevado
entre los 10 y los 17 años, siendo el delito de violación 4.7 veces más frecuente en niñas de 10 a 14 años
que en niños, y aumentando a 5.4 veces en adolescentes de 15 a 17 años. En el ámbito digital, el 33.6 %
de las adolescentes recibió imágenes de contenido sexual sin su consentimiento, mientras que un 32.3
% fue objeto de insinuaciones sexuales no solicitadas.
A pesar de estas cifras, los estudios criminológicos sobre violencia hacia adolescentes tienden a
centrarse en el análisis de la violencia adulta o en la violencia ejercida por adolescentes, dejando un
vacío crítico en el análisis de las adolescentes como víctimas desde una perspectiva que considere su
especificidad etaria, de género y su relación con las estructuras criminales y las respuestas
institucionales.
Desde el enfoque de la criminología, urge explorar los factores de riesgo que explican la exposición
de las adolescentes a diversas formas de violencia, así como los patrones de victimización repetida, la
impunidad institucional y la reproducción de ciclos de violencia. Asimismo, persisten interrogantes
sobre la eficiencia de las medidas de prevención, protección y justicia con enfoque diferenciado para
esta población, lo cual evidencia una brecha investigativa importante.
Ante ello, este estudio se propone analizar las formas contemporáneas de violencia hacia las mujeres
adolescentes en México desde el enfoque de la criminología, con el objetivo de identificar patrones
delictivos, entornos de mayor riesgo y fallas institucionales en la atención a las víctimas. Se pretende
contribuir a la comprensión crítica del fenómeno y a la generación de propuestas para la mejora de
INTRODUCCIÓN
La violencia hacia las mujeres adolescentes constituye una manifestación compleja de desigualdad
estructural y de vulnerabilidad social que trasciende lo individual para situarse en el núcleo mismo de
las dinámicas de poder y control en nuestras sociedades. Este fenómeno se expresa a través de diversas
formas: violencia sexual, psicológica, física, digital, familiar y comunitaria, afectando de manera
desproporcionada a mujeres de entre 12 y 17 años, tal como lo demuestran las estadísticas recientes de
fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el contexto mexicano, los datos son alarmantes. En 2022, se reportaron 59,141 delitos con
víctimas niñas y adolescentes, con una tasa de 305.6 por cada 100 mil mujeres de 0 a 17 años, el doble
que en varones del mismo rango etario. La violencia sexual presenta un pico particularmente elevado
entre los 10 y los 17 años, siendo el delito de violación 4.7 veces más frecuente en niñas de 10 a 14 años
que en niños, y aumentando a 5.4 veces en adolescentes de 15 a 17 años. En el ámbito digital, el 33.6 %
de las adolescentes recibió imágenes de contenido sexual sin su consentimiento, mientras que un 32.3
% fue objeto de insinuaciones sexuales no solicitadas.
A pesar de estas cifras, los estudios criminológicos sobre violencia hacia adolescentes tienden a
centrarse en el análisis de la violencia adulta o en la violencia ejercida por adolescentes, dejando un
vacío crítico en el análisis de las adolescentes como víctimas desde una perspectiva que considere su
especificidad etaria, de género y su relación con las estructuras criminales y las respuestas
institucionales.
Desde el enfoque de la criminología, urge explorar los factores de riesgo que explican la exposición
de las adolescentes a diversas formas de violencia, así como los patrones de victimización repetida, la
impunidad institucional y la reproducción de ciclos de violencia. Asimismo, persisten interrogantes
sobre la eficiencia de las medidas de prevención, protección y justicia con enfoque diferenciado para
esta población, lo cual evidencia una brecha investigativa importante.
Ante ello, este estudio se propone analizar las formas contemporáneas de violencia hacia las mujeres
adolescentes en México desde el enfoque de la criminología, con el objetivo de identificar patrones
delictivos, entornos de mayor riesgo y fallas institucionales en la atención a las víctimas. Se pretende
contribuir a la comprensión crítica del fenómeno y a la generación de propuestas para la mejora de
pág. 8991
políticas públicas, prevención del delito y estrategias de justicia restaurativa con enfoque de edad y
género.
La violencia hacia las mujeres adolescentes constituye una de las expresiones más alarmantes de la
desigualdad estructural y del ejercicio desproporcionado del poder patriarcal en contextos familiares,
comunitarios y sociales. Este fenómeno se manifiesta de manera particular en prácticas como el
matrimonio temprano o forzado, la violencia física y sexual, y el control coercitivo, situaciones que
comprometen el desarrollo integral, la autonomía y los derechos fundamentales de las adolescentes.
En el contexto mexicano, a pesar de los avances normativos que prohíben el matrimonio con menores
de edad en todos los códigos civiles estatales, durante 2022 se documentaron 32 matrimonios en los que
al menos una de las personas contrayentes era menor de edad, según datos del INEGI. Este hecho
evidencia que la práctica persiste en ciertas regiones, especialmente en entidades como Durango,
Chihuahua y Michoacán, donde se concentra el mayor número de estos casos. Dichos matrimonios
pueden representar no solo una forma de violencia institucional tolerada, sino también una estrategia
para ocultar otras violencias como el abuso sexual, la explotación económica o el embarazo infantil.
(EMAT, 2022)
Diversos estudios han abordado la violencia estructural contra las mujeres desde una perspectiva
sociológica, legal y de salud pública; sin embargo, pocos trabajos han enfocado la problemática desde
el campo de la criminología, lo que limita la comprensión de los factores de riesgo, los perfiles de
victimización y la respuesta del sistema penal ante estos casos. Aun menos frecuente es el análisis
criminológico centrado específicamente en adolescentes mujeres como víctimas, lo cual genera vacíos
en la construcción de políticas públicas, estrategias de prevención y mecanismos de justicia restaurativa
eficaces.
Aún no se ha explorado suficientemente el papel que juegan las redes familiares, comunitarias y
criminales en la reproducción de estas formas de violencia ni se ha evaluado con suficiente profundidad
la eficacia de las medidas institucionales para su prevención, sanción y erradicación. La invisibilizarían
de estas prácticas y la ausencia de análisis criminológicos interseccionales dificultan la articulación de
estrategias integrales de atención con enfoque de edad, género y derechos humanos.
políticas públicas, prevención del delito y estrategias de justicia restaurativa con enfoque de edad y
género.
La violencia hacia las mujeres adolescentes constituye una de las expresiones más alarmantes de la
desigualdad estructural y del ejercicio desproporcionado del poder patriarcal en contextos familiares,
comunitarios y sociales. Este fenómeno se manifiesta de manera particular en prácticas como el
matrimonio temprano o forzado, la violencia física y sexual, y el control coercitivo, situaciones que
comprometen el desarrollo integral, la autonomía y los derechos fundamentales de las adolescentes.
En el contexto mexicano, a pesar de los avances normativos que prohíben el matrimonio con menores
de edad en todos los códigos civiles estatales, durante 2022 se documentaron 32 matrimonios en los que
al menos una de las personas contrayentes era menor de edad, según datos del INEGI. Este hecho
evidencia que la práctica persiste en ciertas regiones, especialmente en entidades como Durango,
Chihuahua y Michoacán, donde se concentra el mayor número de estos casos. Dichos matrimonios
pueden representar no solo una forma de violencia institucional tolerada, sino también una estrategia
para ocultar otras violencias como el abuso sexual, la explotación económica o el embarazo infantil.
(EMAT, 2022)
Diversos estudios han abordado la violencia estructural contra las mujeres desde una perspectiva
sociológica, legal y de salud pública; sin embargo, pocos trabajos han enfocado la problemática desde
el campo de la criminología, lo que limita la comprensión de los factores de riesgo, los perfiles de
victimización y la respuesta del sistema penal ante estos casos. Aun menos frecuente es el análisis
criminológico centrado específicamente en adolescentes mujeres como víctimas, lo cual genera vacíos
en la construcción de políticas públicas, estrategias de prevención y mecanismos de justicia restaurativa
eficaces.
Aún no se ha explorado suficientemente el papel que juegan las redes familiares, comunitarias y
criminales en la reproducción de estas formas de violencia ni se ha evaluado con suficiente profundidad
la eficacia de las medidas institucionales para su prevención, sanción y erradicación. La invisibilizarían
de estas prácticas y la ausencia de análisis criminológicos interseccionales dificultan la articulación de
estrategias integrales de atención con enfoque de edad, género y derechos humanos.
pág. 8992
Por ello, esta investigación tiene como objetivo analizar la violencia hacia las mujeres adolescentes
en México desde el enfoque de la criminología, examinando las dinámicas delictivas, la participación o
tolerancia institucional y las rutas de impunidad o revictimización que enfrentan las adolescentes. Se
busca con ello aportar elementos teóricos y empíricos para el fortalecimiento de marcos normativos,
acciones de prevención y atención especializada, desde una mirada crítica, interseccional y
transformadora.
En el estado de Quintana Roo, los datos del INEGI (2023) sobre los Centros de Justicia para las
Mujeres (CJM) revelan una situación alarmante. Esta entidad cuenta con dos CJM (en Benito Juárez y
Solidaridad), siendo uno de los estados con más de un centro, lo que responde a una necesidad creciente
de atención especializada. Entre 2021 y 2022, los CJM en México atendieron a más de 967,000 mujeres
víctimas de violencia, de las cuales un porcentaje significativo corresponde al grupo de 15 a 29 años,
dentro del cual se encuentran las adolescentes. La violencia física (33.2 %) y psicológica (24.9 %) fueron
los tipos más reportados, siendo la pareja (28.2 %) la principal persona agresora. Aunque los datos no
discriminan de forma específica por entidad federativa ni por rango etario detallado en todos los casos,
el patrón nacional refleja con claridad que las adolescentes están particularmente expuestas a relaciones
violentas, muchas veces normalizadas o encubiertas. (CJM, 2023)
Estudios anteriores han abordado la violencia hacia mujeres en general desde enfoques jurídicos,
psicológicos o de salud pública; sin embargo, la literatura especializada en criminología sigue siendo
limitada cuando se trata de mujeres adolescentes como grupo específico de análisis. La mayoría de las
investigaciones no diferencian entre juventudes ni profundizan en las trayectorias delictivas y
victimológicas de las adolescentes, ni en los factores criminógenos relacionados con su entorno familiar,
comunitario e institucional.
Aún no se ha explorado con suficiente profundidad cómo las estructuras institucionales y sociales en
Quintana Roo —como los CJM, las fiscalías, o los sistemas educativos y de salud— actúan, omiten o
reproducen violencias hacia las adolescentes, ni cómo se articulan (o fallan en articularse) las rutas de
prevención, atención y sanción. También es escasa la documentación sobre la percepción de las
adolescentes respecto a los servicios de justicia y las condiciones que determinan su revictimización o
abandono del proceso legal. (CJM, 2023)
Por ello, esta investigación tiene como objetivo analizar la violencia hacia las mujeres adolescentes
en México desde el enfoque de la criminología, examinando las dinámicas delictivas, la participación o
tolerancia institucional y las rutas de impunidad o revictimización que enfrentan las adolescentes. Se
busca con ello aportar elementos teóricos y empíricos para el fortalecimiento de marcos normativos,
acciones de prevención y atención especializada, desde una mirada crítica, interseccional y
transformadora.
En el estado de Quintana Roo, los datos del INEGI (2023) sobre los Centros de Justicia para las
Mujeres (CJM) revelan una situación alarmante. Esta entidad cuenta con dos CJM (en Benito Juárez y
Solidaridad), siendo uno de los estados con más de un centro, lo que responde a una necesidad creciente
de atención especializada. Entre 2021 y 2022, los CJM en México atendieron a más de 967,000 mujeres
víctimas de violencia, de las cuales un porcentaje significativo corresponde al grupo de 15 a 29 años,
dentro del cual se encuentran las adolescentes. La violencia física (33.2 %) y psicológica (24.9 %) fueron
los tipos más reportados, siendo la pareja (28.2 %) la principal persona agresora. Aunque los datos no
discriminan de forma específica por entidad federativa ni por rango etario detallado en todos los casos,
el patrón nacional refleja con claridad que las adolescentes están particularmente expuestas a relaciones
violentas, muchas veces normalizadas o encubiertas. (CJM, 2023)
Estudios anteriores han abordado la violencia hacia mujeres en general desde enfoques jurídicos,
psicológicos o de salud pública; sin embargo, la literatura especializada en criminología sigue siendo
limitada cuando se trata de mujeres adolescentes como grupo específico de análisis. La mayoría de las
investigaciones no diferencian entre juventudes ni profundizan en las trayectorias delictivas y
victimológicas de las adolescentes, ni en los factores criminógenos relacionados con su entorno familiar,
comunitario e institucional.
Aún no se ha explorado con suficiente profundidad cómo las estructuras institucionales y sociales en
Quintana Roo —como los CJM, las fiscalías, o los sistemas educativos y de salud— actúan, omiten o
reproducen violencias hacia las adolescentes, ni cómo se articulan (o fallan en articularse) las rutas de
prevención, atención y sanción. También es escasa la documentación sobre la percepción de las
adolescentes respecto a los servicios de justicia y las condiciones que determinan su revictimización o
abandono del proceso legal. (CJM, 2023)
pág. 8993
En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar la violencia hacia mujeres
adolescentes en el estado de Quintana Roo desde el enfoque de la criminología, atendiendo a factores
de riesgo, patrones delictivos, relaciones de poder, respuesta institucional, mecanismos de impunidad y
oportunidades de prevención. Se pretende así contribuir a un análisis crítico y especializado que permita
sustentar propuestas para mejorar las políticas públicas y los mecanismos de justicia con enfoque de
género, edad y derechos humanos.
La violencia hacia las mujeres adolescentes representa un problema de alta magnitud en el contexto
mexicano. Las estadísticas revelan que las adolescentes —especialmente entre los 12 y 17 años— se
encuentran en una situación de vulnerabilidad crítica frente a distintos tipos de violencia, destacando la
física, psicológica y sexual, ejercidas con mayor frecuencia por personas cercanas, principalmente
parejas o exparejas. En Quintana Roo, a pesar de contar con dos Centros de Justicia para las Mujeres
(CJM), los datos sugieren que la demanda de atención especializada sigue creciendo, reflejo de una
problemática profunda y persistente que compromete el bienestar, la integridad y los derechos humanos
de este grupo poblacional.
La trascendencia del problema se manifiesta no solo en sus consecuencias inmediatas —como
lesiones físicas o daños psicológicos—, sino también en sus efectos de largo plazo: interrupción
educativa, dependencia económica, embarazos forzados, revictimización institucional y ruptura del
proyecto de vida. Esta violencia estructural no puede entenderse únicamente desde un enfoque
asistencial o jurídico, sino que demanda un análisis profundo desde la criminología, que permita develar
los patrones delictivos, los entornos de riesgo y las lógicas de poder que sostienen esta violencia.
El impacto de esta investigación radica en su capacidad para llenar un vacío analítico en el campo
criminológico, aportando evidencia empírica y teórica sobre un fenómeno que ha sido escasamente
documentado desde esta perspectiva. Se propone una mirada interseccional y crítica que no solo
identifique los factores criminógenos implicados en la violencia hacia adolescentes, sino que también
examine las respuestas (y omisiones) institucionales frente a estos casos. Con ello, se busca contribuir
al diseño de políticas públicas más eficaces, a la mejora de las rutas de atención y a la prevención de la
revictimización en los sistemas de justicia.
En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar la violencia hacia mujeres
adolescentes en el estado de Quintana Roo desde el enfoque de la criminología, atendiendo a factores
de riesgo, patrones delictivos, relaciones de poder, respuesta institucional, mecanismos de impunidad y
oportunidades de prevención. Se pretende así contribuir a un análisis crítico y especializado que permita
sustentar propuestas para mejorar las políticas públicas y los mecanismos de justicia con enfoque de
género, edad y derechos humanos.
La violencia hacia las mujeres adolescentes representa un problema de alta magnitud en el contexto
mexicano. Las estadísticas revelan que las adolescentes —especialmente entre los 12 y 17 años— se
encuentran en una situación de vulnerabilidad crítica frente a distintos tipos de violencia, destacando la
física, psicológica y sexual, ejercidas con mayor frecuencia por personas cercanas, principalmente
parejas o exparejas. En Quintana Roo, a pesar de contar con dos Centros de Justicia para las Mujeres
(CJM), los datos sugieren que la demanda de atención especializada sigue creciendo, reflejo de una
problemática profunda y persistente que compromete el bienestar, la integridad y los derechos humanos
de este grupo poblacional.
La trascendencia del problema se manifiesta no solo en sus consecuencias inmediatas —como
lesiones físicas o daños psicológicos—, sino también en sus efectos de largo plazo: interrupción
educativa, dependencia económica, embarazos forzados, revictimización institucional y ruptura del
proyecto de vida. Esta violencia estructural no puede entenderse únicamente desde un enfoque
asistencial o jurídico, sino que demanda un análisis profundo desde la criminología, que permita develar
los patrones delictivos, los entornos de riesgo y las lógicas de poder que sostienen esta violencia.
El impacto de esta investigación radica en su capacidad para llenar un vacío analítico en el campo
criminológico, aportando evidencia empírica y teórica sobre un fenómeno que ha sido escasamente
documentado desde esta perspectiva. Se propone una mirada interseccional y crítica que no solo
identifique los factores criminógenos implicados en la violencia hacia adolescentes, sino que también
examine las respuestas (y omisiones) institucionales frente a estos casos. Con ello, se busca contribuir
al diseño de políticas públicas más eficaces, a la mejora de las rutas de atención y a la prevención de la
revictimización en los sistemas de justicia.
pág. 8994
La factibilidad de la investigación está garantizada por la disponibilidad de datos estadísticos
actualizados (INEGI, 2023), el acceso a instituciones clave como los CJM, y la existencia de marcos
teóricos robustos desde la criminología crítica, la victimología y los estudios de género. Asimismo, se
contempla una metodología viable basada en el análisis documental y cualitativo, que permitirá
identificar patrones recurrentes y vacíos en las estrategias de atención.
Finalmente, la vulnerabilidad del fenómeno investigado exige una aproximación ética, sensible y
rigurosa. Las adolescentes víctimas de violencia enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia
y a mecanismos de protección, tanto por su edad como por las condiciones sociales y culturales que las
rodean. Por ello, esta investigación no solo tiene un valor académico, sino también un compromiso con
la transformación social y el respeto pleno a los derechos humanos de las niñas y adolescentes en
México.
La pregunta de investigación es: ¿De qué manera se manifiestan, reproducen y enfrentan las diversas
formas de violencia hacia las mujeres adolescentes en México, y cómo puede el enfoque criminológico
contribuir a identificar los factores criminógenos, los patrones de victimización y las fallas
institucionales en su prevención, atención y acceso a la justicia? El objetivo general de la investigación
es analizar, desde un enfoque criminológico, la violencia hacia las mujeres adolescentes, a través de una
revisión documental de datos estadísticos, marcos legales e investigaciones previas, con el propósito de
identificar patrones delictivos, factores criminógenos, dinámicas de revictimización institucional y
vacíos en las políticas públicas de prevención, atención y justicia.
Para cumplir con el objetivo general, se examinó el panorama estadístico de la violencia hacia las
mujeres adolescentes en México, con énfasis en el contexto estatal de Quintana Roo, a partir de fuentes
oficiales como INEGI y los Centros de Justicia para las Mujeres, para describir principales factores de
riesgo criminógenos que colocan a las adolescentes en situaciones de vulnerabilidad ante diversas
formas de violencia, incluyendo la institucional, familiar, sexual y digital.
También se analiza el papel de las instituciones del sistema de justicia en la prevención, atención y
sanción de la violencia hacia mujeres adolescentes, identificando posibles omisiones, deficiencias o
rutas de impunidad. Se exploran los enfoques teóricos y conceptuales del campo de la criminología que
permitan comprender la victimización de las adolescentes desde una perspectiva crítica, interseccional
La factibilidad de la investigación está garantizada por la disponibilidad de datos estadísticos
actualizados (INEGI, 2023), el acceso a instituciones clave como los CJM, y la existencia de marcos
teóricos robustos desde la criminología crítica, la victimología y los estudios de género. Asimismo, se
contempla una metodología viable basada en el análisis documental y cualitativo, que permitirá
identificar patrones recurrentes y vacíos en las estrategias de atención.
Finalmente, la vulnerabilidad del fenómeno investigado exige una aproximación ética, sensible y
rigurosa. Las adolescentes víctimas de violencia enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia
y a mecanismos de protección, tanto por su edad como por las condiciones sociales y culturales que las
rodean. Por ello, esta investigación no solo tiene un valor académico, sino también un compromiso con
la transformación social y el respeto pleno a los derechos humanos de las niñas y adolescentes en
México.
La pregunta de investigación es: ¿De qué manera se manifiestan, reproducen y enfrentan las diversas
formas de violencia hacia las mujeres adolescentes en México, y cómo puede el enfoque criminológico
contribuir a identificar los factores criminógenos, los patrones de victimización y las fallas
institucionales en su prevención, atención y acceso a la justicia? El objetivo general de la investigación
es analizar, desde un enfoque criminológico, la violencia hacia las mujeres adolescentes, a través de una
revisión documental de datos estadísticos, marcos legales e investigaciones previas, con el propósito de
identificar patrones delictivos, factores criminógenos, dinámicas de revictimización institucional y
vacíos en las políticas públicas de prevención, atención y justicia.
Para cumplir con el objetivo general, se examinó el panorama estadístico de la violencia hacia las
mujeres adolescentes en México, con énfasis en el contexto estatal de Quintana Roo, a partir de fuentes
oficiales como INEGI y los Centros de Justicia para las Mujeres, para describir principales factores de
riesgo criminógenos que colocan a las adolescentes en situaciones de vulnerabilidad ante diversas
formas de violencia, incluyendo la institucional, familiar, sexual y digital.
También se analiza el papel de las instituciones del sistema de justicia en la prevención, atención y
sanción de la violencia hacia mujeres adolescentes, identificando posibles omisiones, deficiencias o
rutas de impunidad. Se exploran los enfoques teóricos y conceptuales del campo de la criminología que
permitan comprender la victimización de las adolescentes desde una perspectiva crítica, interseccional
pág. 8995
y con enfoque de derechos humanos, por último, se proponen líneas de acción para el fortalecimiento
de políticas públicas y estrategias de justicia restaurativa que consideren la edad, el género y el contexto
social de las víctimas adolescentes.
METODOLOGÍA
Este estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de tipo interpretativo, que permite comprender
la violencia hacia las mujeres adolescentes desde una perspectiva crítica y contextual, centrándose en la
interpretación de significados, relaciones de poder, estructuras institucionales y narrativas presentes en
el discurso criminológico y en la política pública. A través de este enfoque, se busca construir un análisis
profundo del fenómeno a partir de documentos clave que reflejan su complejidad estructural.
El diseño adoptado es de investigación documental, centrado en la recopilación, análisis y
sistematización de información proveniente de fuentes primarias y secundarias. Entre estas se incluyen
estadísticas oficiales (como las del INEGI y los CJM), marcos normativos, diagnósticos institucionales,
informes de derechos humanos, literatura académica especializada en criminología y estudios sobre
violencia de género en adolescentes. Este diseño permite establecer patrones, omisiones y
contradicciones relevantes en el tratamiento institucional y social de la violencia hacia las adolescentes.
La investigación es de tipo descriptivo-explicativo. En su primera fase, describe el panorama actual
de la violencia hacia las mujeres adolescentes en México y en el estado de Quintana Roo.
Posteriormente, busca explicar los factores criminógenos, los patrones de victimización, los mecanismos
de impunidad institucional y los vacíos en las políticas públicas, desde una mirada crítica e
interseccional. Esta aproximación permite abordar no solo los hechos, sino las causas estructurales del
fenómeno.
La selección de las fuentes documentales se realizó con base en los siguientes criterios:
• Pertinencia temática: Se consideraron únicamente documentos que aborden la violencia hacia
mujeres adolescentes o temáticas directamente vinculadas, como violencia de género, criminología
crítica, victimología, derechos humanos o justicia restaurativa.
• Rigor académico y oficialidad: Se priorizaron fuentes provenientes de organismos oficiales
(INEGI, SEGOB, CJM), publicaciones científicas arbitradas, marcos legales vigentes y documentos
institucionales reconocidos.
y con enfoque de derechos humanos, por último, se proponen líneas de acción para el fortalecimiento
de políticas públicas y estrategias de justicia restaurativa que consideren la edad, el género y el contexto
social de las víctimas adolescentes.
METODOLOGÍA
Este estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de tipo interpretativo, que permite comprender
la violencia hacia las mujeres adolescentes desde una perspectiva crítica y contextual, centrándose en la
interpretación de significados, relaciones de poder, estructuras institucionales y narrativas presentes en
el discurso criminológico y en la política pública. A través de este enfoque, se busca construir un análisis
profundo del fenómeno a partir de documentos clave que reflejan su complejidad estructural.
El diseño adoptado es de investigación documental, centrado en la recopilación, análisis y
sistematización de información proveniente de fuentes primarias y secundarias. Entre estas se incluyen
estadísticas oficiales (como las del INEGI y los CJM), marcos normativos, diagnósticos institucionales,
informes de derechos humanos, literatura académica especializada en criminología y estudios sobre
violencia de género en adolescentes. Este diseño permite establecer patrones, omisiones y
contradicciones relevantes en el tratamiento institucional y social de la violencia hacia las adolescentes.
La investigación es de tipo descriptivo-explicativo. En su primera fase, describe el panorama actual
de la violencia hacia las mujeres adolescentes en México y en el estado de Quintana Roo.
Posteriormente, busca explicar los factores criminógenos, los patrones de victimización, los mecanismos
de impunidad institucional y los vacíos en las políticas públicas, desde una mirada crítica e
interseccional. Esta aproximación permite abordar no solo los hechos, sino las causas estructurales del
fenómeno.
La selección de las fuentes documentales se realizó con base en los siguientes criterios:
• Pertinencia temática: Se consideraron únicamente documentos que aborden la violencia hacia
mujeres adolescentes o temáticas directamente vinculadas, como violencia de género, criminología
crítica, victimología, derechos humanos o justicia restaurativa.
• Rigor académico y oficialidad: Se priorizaron fuentes provenientes de organismos oficiales
(INEGI, SEGOB, CJM), publicaciones científicas arbitradas, marcos legales vigentes y documentos
institucionales reconocidos.
pág. 8996
• Actualidad: Se seleccionaron estudios y estadísticas publicadas preferentemente entre 2017 y
2023, a fin de garantizar la vigencia del análisis y la contextualización de la problemática en el presente.
• Relevancia contextual: Se dio prioridad a información específica del estado de Quintana Roo,
sin excluir datos nacionales que permitan construir un marco comparativo y de mayor comprensión del
fenómeno.
Con esta metodología, la investigación busca aportar un análisis integral, crítico y propositivo del
fenómeno de la violencia hacia las mujeres adolescentes desde el campo de la criminología, ofreciendo
herramientas conceptuales y empíricas para el fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de
género, edad y derechos humanos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde una perspectiva criminológica, los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas
(MUITF) constituyen una forma estructural de violencia de género y una manifestación de la
criminalización por omisión del Estado frente a las violencias que atraviesan a las adolescentes. Esta
práctica nociva, aún normalizada en diversos contextos culturales y sociales de América Latina y el
Caribe, refuerza sistemas patriarcales que configuran a las niñas y adolescentes como sujetos
subordinados, cuya autonomía física, sexual, económica y social es sistemáticamente anulada. En este
escenario, las adolescentes casadas o en concubinato no solo enfrentan condiciones de vulnerabilidad
estructural, sino que quedan atrapadas en dinámicas de revictimización invisibilizadas por los sistemas
de justicia y protección. (CEPAL, 2021).
Los datos analizados por la CEPAL (2021) revelan que las adolescentes en MUITF duplican e incluso
quintuplican el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado en comparación con sus pares
solteras, llegando a niveles equivalentes a una jornada laboral completa. Este dato es clave para
comprender la relación entre MUITF y la explotación doméstica, un fenómeno invisibilizado por marcos
legales que no consideran esta forma de trabajo como una forma de violencia. La sobrecarga de
cuidados, el abandono escolar y la exclusión del espacio público son consecuencias directas de estas
uniones, que a su vez potencian la dependencia económica, el aislamiento social y la exposición a
múltiples formas de violencia, incluyendo violencia sexual, psicológica y patrimonial. (CEPAL, 2021).
• Actualidad: Se seleccionaron estudios y estadísticas publicadas preferentemente entre 2017 y
2023, a fin de garantizar la vigencia del análisis y la contextualización de la problemática en el presente.
• Relevancia contextual: Se dio prioridad a información específica del estado de Quintana Roo,
sin excluir datos nacionales que permitan construir un marco comparativo y de mayor comprensión del
fenómeno.
Con esta metodología, la investigación busca aportar un análisis integral, crítico y propositivo del
fenómeno de la violencia hacia las mujeres adolescentes desde el campo de la criminología, ofreciendo
herramientas conceptuales y empíricas para el fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de
género, edad y derechos humanos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde una perspectiva criminológica, los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas
(MUITF) constituyen una forma estructural de violencia de género y una manifestación de la
criminalización por omisión del Estado frente a las violencias que atraviesan a las adolescentes. Esta
práctica nociva, aún normalizada en diversos contextos culturales y sociales de América Latina y el
Caribe, refuerza sistemas patriarcales que configuran a las niñas y adolescentes como sujetos
subordinados, cuya autonomía física, sexual, económica y social es sistemáticamente anulada. En este
escenario, las adolescentes casadas o en concubinato no solo enfrentan condiciones de vulnerabilidad
estructural, sino que quedan atrapadas en dinámicas de revictimización invisibilizadas por los sistemas
de justicia y protección. (CEPAL, 2021).
Los datos analizados por la CEPAL (2021) revelan que las adolescentes en MUITF duplican e incluso
quintuplican el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado en comparación con sus pares
solteras, llegando a niveles equivalentes a una jornada laboral completa. Este dato es clave para
comprender la relación entre MUITF y la explotación doméstica, un fenómeno invisibilizado por marcos
legales que no consideran esta forma de trabajo como una forma de violencia. La sobrecarga de
cuidados, el abandono escolar y la exclusión del espacio público son consecuencias directas de estas
uniones, que a su vez potencian la dependencia económica, el aislamiento social y la exposición a
múltiples formas de violencia, incluyendo violencia sexual, psicológica y patrimonial. (CEPAL, 2021).
pág. 8997
Desde el enfoque criminológico, el análisis de los MUITF permite identificar factores criminógenos
vinculados al género, la pobreza, el origen étnico y la residencia rural, que incrementan la probabilidad
de que las adolescentes sean forzadas a asumir roles conyugales antes de alcanzar la mayoría de edad.
La impunidad de los adultos que participan o permiten estas uniones —ya sea por acción u omisión—
refleja una falla estructural del sistema de justicia penal, que no reconoce ni sanciona adecuadamente
estas prácticas como delitos, sino que las reproduce mediante la falta de mecanismos de denuncia,
protección y reparación integral. (CEPAL, 2021).
El análisis también permite advertir vacíos en las políticas públicas, tanto en términos de prevención
como de atención y acceso a la justicia. La ausencia de marcos normativos específicos que penalicen las
uniones informales tempranas, la débil implementación de programas de educación sexual y
reproductiva, y la escasa presencia de redes comunitarias de apoyo, conforman un escenario
criminógeno institucional que perpetúa la revictimización y la exclusión social de las adolescentes.
Los MUITF deben ser abordados como una forma de violencia estructural con efectos criminológicos
directos en las trayectorias vitales de las adolescentes. Es indispensable adoptar un enfoque integral que
combine herramientas jurídicas, educativas y comunitarias, articulado con una perspectiva de derechos
humanos, género y niñez. Solo así será posible transformar las condiciones de impunidad y desigualdad
que hoy sostienen esta práctica, avanzando hacia una justicia restaurativa que reconozca y repare los
daños intergeneracionales que deja la violencia estructural contra las mujeres adolescentes.
El matrimonio infantil y adolescente representa una de las formas más persistentes y naturalizadas
de violencia estructural hacia las mujeres en México. Desde el enfoque criminológico, esta práctica,
particularmente en su expresión no registrada como concubinato, constituye un fenómeno delictivo
tolerado social e institucionalmente, que reproduce patrones de control sobre el cuerpo, la sexualidad y
la autonomía de las adolescentes. Las cifras expuestas en Niñez interrumpida (CONAPO, 2023) revelan
la magnitud del problema: en México, al menos una de cada cinco mujeres se une o casa antes de cumplir
los 18 años, alcanzando proporciones alarmantes en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde
los contextos de marginación, pobreza y pertenencia étnica agravan su vulnerabilidad. (CONAPO,
2023).
Desde el enfoque criminológico, el análisis de los MUITF permite identificar factores criminógenos
vinculados al género, la pobreza, el origen étnico y la residencia rural, que incrementan la probabilidad
de que las adolescentes sean forzadas a asumir roles conyugales antes de alcanzar la mayoría de edad.
La impunidad de los adultos que participan o permiten estas uniones —ya sea por acción u omisión—
refleja una falla estructural del sistema de justicia penal, que no reconoce ni sanciona adecuadamente
estas prácticas como delitos, sino que las reproduce mediante la falta de mecanismos de denuncia,
protección y reparación integral. (CEPAL, 2021).
El análisis también permite advertir vacíos en las políticas públicas, tanto en términos de prevención
como de atención y acceso a la justicia. La ausencia de marcos normativos específicos que penalicen las
uniones informales tempranas, la débil implementación de programas de educación sexual y
reproductiva, y la escasa presencia de redes comunitarias de apoyo, conforman un escenario
criminógeno institucional que perpetúa la revictimización y la exclusión social de las adolescentes.
Los MUITF deben ser abordados como una forma de violencia estructural con efectos criminológicos
directos en las trayectorias vitales de las adolescentes. Es indispensable adoptar un enfoque integral que
combine herramientas jurídicas, educativas y comunitarias, articulado con una perspectiva de derechos
humanos, género y niñez. Solo así será posible transformar las condiciones de impunidad y desigualdad
que hoy sostienen esta práctica, avanzando hacia una justicia restaurativa que reconozca y repare los
daños intergeneracionales que deja la violencia estructural contra las mujeres adolescentes.
El matrimonio infantil y adolescente representa una de las formas más persistentes y naturalizadas
de violencia estructural hacia las mujeres en México. Desde el enfoque criminológico, esta práctica,
particularmente en su expresión no registrada como concubinato, constituye un fenómeno delictivo
tolerado social e institucionalmente, que reproduce patrones de control sobre el cuerpo, la sexualidad y
la autonomía de las adolescentes. Las cifras expuestas en Niñez interrumpida (CONAPO, 2023) revelan
la magnitud del problema: en México, al menos una de cada cinco mujeres se une o casa antes de cumplir
los 18 años, alcanzando proporciones alarmantes en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde
los contextos de marginación, pobreza y pertenencia étnica agravan su vulnerabilidad. (CONAPO,
2023).
pág. 8998
Desde la perspectiva criminológica, es fundamental identificar patrones delictivos que se expresan
en estos contextos: coerción, abuso sexual, trata de personas con fines de explotación conyugal, y
violencia sexual institucional al negar servicios como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El caso de Carmen, una niña Me’phaa de nueve años víctima de violación, ilustra la revictimización
institucional que enfrentan las niñas cuando el personal médico niega el acceso a servicios legalmente
obligatorios bajo la NOM-046-SSA2-2005. Esta omisión configura un incumplimiento del deber legal
y puede ser tipificada como delito de abuso de autoridad con implicaciones de violencia institucional.
(CONAPO, 2023).
Los factores criminógenos que perpetúan estas uniones forzadas son múltiples: pobreza extrema, baja
escolaridad, arraigo de prácticas patriarcales, y una cultura de impunidad frente a la violencia sexual y
de género. La "costumbre" o los "usos y costumbres" son frecuentemente utilizados como justificación
para omitir el consentimiento de las menores, constituyendo un marco de legitimación de la violencia
estructural bajo lógicas de control comunitario que invisibilizan la agencia y derechos de las niñas.
(CONAPO, 2023).
La reflexión criminológica también exige analizar las dinámicas de revictimización institucional,
donde los sistemas de justicia y salud no solo fallan en prevenir estas violencias, sino que actúan como
mecanismos de reproducción del daño. La negativa de jueces, médicos o autoridades educativas a
intervenir cuando se conocen casos de uniones tempranas refuerza la idea de que estas adolescentes
"eligieron" esa vida, borrando las condiciones de coerción, manipulación o carencia de alternativas que
enfrentaban.
Se identifican vacíos críticos en las políticas públicas. A pesar de la armonización legal que prohíbe
el matrimonio antes de los 18 años, no existen mecanismos de seguimiento eficaces en zonas rurales e
indígenas, ni políticas de reinserción educativa o autonomía económica para adolescentes que logran
salir de estas uniones. Urge un modelo de intervención intersectorial que integre justicia penal, salud,
educación y desarrollo social, con enfoque intercultural, de género y basado en derechos humanos.
(Nares, J. et. al. 2022)
La violencia hacia las mujeres adolescentes que se encuentran en uniones tempranas —ya sea
mediante matrimonio o concubinato informal— constituye una problemática multidimensional que
Desde la perspectiva criminológica, es fundamental identificar patrones delictivos que se expresan
en estos contextos: coerción, abuso sexual, trata de personas con fines de explotación conyugal, y
violencia sexual institucional al negar servicios como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El caso de Carmen, una niña Me’phaa de nueve años víctima de violación, ilustra la revictimización
institucional que enfrentan las niñas cuando el personal médico niega el acceso a servicios legalmente
obligatorios bajo la NOM-046-SSA2-2005. Esta omisión configura un incumplimiento del deber legal
y puede ser tipificada como delito de abuso de autoridad con implicaciones de violencia institucional.
(CONAPO, 2023).
Los factores criminógenos que perpetúan estas uniones forzadas son múltiples: pobreza extrema, baja
escolaridad, arraigo de prácticas patriarcales, y una cultura de impunidad frente a la violencia sexual y
de género. La "costumbre" o los "usos y costumbres" son frecuentemente utilizados como justificación
para omitir el consentimiento de las menores, constituyendo un marco de legitimación de la violencia
estructural bajo lógicas de control comunitario que invisibilizan la agencia y derechos de las niñas.
(CONAPO, 2023).
La reflexión criminológica también exige analizar las dinámicas de revictimización institucional,
donde los sistemas de justicia y salud no solo fallan en prevenir estas violencias, sino que actúan como
mecanismos de reproducción del daño. La negativa de jueces, médicos o autoridades educativas a
intervenir cuando se conocen casos de uniones tempranas refuerza la idea de que estas adolescentes
"eligieron" esa vida, borrando las condiciones de coerción, manipulación o carencia de alternativas que
enfrentaban.
Se identifican vacíos críticos en las políticas públicas. A pesar de la armonización legal que prohíbe
el matrimonio antes de los 18 años, no existen mecanismos de seguimiento eficaces en zonas rurales e
indígenas, ni políticas de reinserción educativa o autonomía económica para adolescentes que logran
salir de estas uniones. Urge un modelo de intervención intersectorial que integre justicia penal, salud,
educación y desarrollo social, con enfoque intercultural, de género y basado en derechos humanos.
(Nares, J. et. al. 2022)
La violencia hacia las mujeres adolescentes que se encuentran en uniones tempranas —ya sea
mediante matrimonio o concubinato informal— constituye una problemática multidimensional que
pág. 8999
exige un análisis criminológico profundo. En el contexto mexicano, a pesar de la reforma legal que
prohíbe los matrimonios y concubinatos antes de los 18 años, las estadísticas y el reconocimiento de
uniones de hecho revelan que estas siguen ocurriendo, frecuentemente en condiciones de alta
vulnerabilidad jurídica, social y económica. (Nares, J. et. al. 2022)
Desde la perspectiva criminológica, estas uniones representan un escenario propicio para la
reproducción de patrones delictivos invisibilizados. La investigación destaca que estas adolescentes, al
no contar con la mayoría de edad legal, se encuentran en una situación de incapacidad jurídica para
ejercer derechos patrimoniales y familiares, lo que deriva en su exclusión del sistema de protección
institucional. Esta invisibilización institucional constituye una dinámica de revictimización, en la cual
el Estado, al no garantizar mecanismos jurídicos adecuados, propicia un entorno en el que los agresores
pueden actuar con impunidad. (Nares, J. et. al. 2022)
A nivel legal, si bien el artículo 4° constitucional reconoce el derecho a formar una familia sin
discriminación, en la práctica no se han desarrollado mecanismos legales eficaces que otorguen a las
adolescentes en uniones de hecho la protección debida. El reconocimiento de sus uniones como
“realidades sociales” carece de correlato jurídico que garantice el acceso a derechos como pensión
alimenticia, herencia, seguridad social o custodia. Esta laguna legislativa genera un vacío en la
aplicación de políticas públicas, lo cual incrementa los factores criminógenos estructurales como la
dependencia económica, la desigualdad de poder y la falta de acceso a la justicia. (Nares, J. et. al. 2022)
También evidencia cómo las adolescentes, incluso teniendo la edad legal mínima para el
consentimiento sexual, siguen siendo tratadas legalmente como incapaces. Esta contradicción entre su
capacidad para establecer vínculos afectivos-sexuales y su exclusión de los derechos derivados de la
unión incrementa su exposición a la violencia doméstica, sexual y patrimonial. La falta de
reconocimiento legal de su estado civil impide además que puedan acceder a mecanismos de denuncia
o de protección institucional, generando una impunidad estructural.
En términos de políticas públicas, se observa una desconexión entre la prohibición del matrimonio
infantil y la ausencia de medidas que atiendan la realidad de las uniones tempranas. No existen
programas integrales que articulen prevención, atención y justicia con perspectiva de derechos humanos
exige un análisis criminológico profundo. En el contexto mexicano, a pesar de la reforma legal que
prohíbe los matrimonios y concubinatos antes de los 18 años, las estadísticas y el reconocimiento de
uniones de hecho revelan que estas siguen ocurriendo, frecuentemente en condiciones de alta
vulnerabilidad jurídica, social y económica. (Nares, J. et. al. 2022)
Desde la perspectiva criminológica, estas uniones representan un escenario propicio para la
reproducción de patrones delictivos invisibilizados. La investigación destaca que estas adolescentes, al
no contar con la mayoría de edad legal, se encuentran en una situación de incapacidad jurídica para
ejercer derechos patrimoniales y familiares, lo que deriva en su exclusión del sistema de protección
institucional. Esta invisibilización institucional constituye una dinámica de revictimización, en la cual
el Estado, al no garantizar mecanismos jurídicos adecuados, propicia un entorno en el que los agresores
pueden actuar con impunidad. (Nares, J. et. al. 2022)
A nivel legal, si bien el artículo 4° constitucional reconoce el derecho a formar una familia sin
discriminación, en la práctica no se han desarrollado mecanismos legales eficaces que otorguen a las
adolescentes en uniones de hecho la protección debida. El reconocimiento de sus uniones como
“realidades sociales” carece de correlato jurídico que garantice el acceso a derechos como pensión
alimenticia, herencia, seguridad social o custodia. Esta laguna legislativa genera un vacío en la
aplicación de políticas públicas, lo cual incrementa los factores criminógenos estructurales como la
dependencia económica, la desigualdad de poder y la falta de acceso a la justicia. (Nares, J. et. al. 2022)
También evidencia cómo las adolescentes, incluso teniendo la edad legal mínima para el
consentimiento sexual, siguen siendo tratadas legalmente como incapaces. Esta contradicción entre su
capacidad para establecer vínculos afectivos-sexuales y su exclusión de los derechos derivados de la
unión incrementa su exposición a la violencia doméstica, sexual y patrimonial. La falta de
reconocimiento legal de su estado civil impide además que puedan acceder a mecanismos de denuncia
o de protección institucional, generando una impunidad estructural.
En términos de políticas públicas, se observa una desconexión entre la prohibición del matrimonio
infantil y la ausencia de medidas que atiendan la realidad de las uniones tempranas. No existen
programas integrales que articulen prevención, atención y justicia con perspectiva de derechos humanos
pág. 9000
y de género para estas adolescentes. Esta omisión normativa y programática constituye un vacío crítico
en el sistema de justicia, que debe ser abordado desde una lógica de garantía y no de sanción.
El enfoque criminológico permite evidenciar que la violencia hacia adolescentes en uniones
tempranas no es únicamente un problema de violencia doméstica, sino una forma de violencia estructural
permitida por el sistema jurídico y de protección social. Urge una reforma legislativa que reconozca la
figura del menor emancipado como una vía para garantizar sus derechos, y que permita incorporar estas
uniones dentro del marco de protección del derecho de familia. Solo así se podrá transitar de una lógica
de omisión institucional hacia una de justicia y reparación para estas adolescentes.
La violencia contra las mujeres adolescentes que viven en contextos de matrimonio o concubinato
representa una expresión extrema de las desigualdades estructurales de género, profundamente
enraizadas en la cultura patriarcal mexicana. Desde la criminología crítica, este fenómeno no puede ser
analizado únicamente como un conjunto de actos delictivos individuales, sino como un patrón
sistemático de violencias toleradas y, en muchas ocasiones, perpetuadas por las instituciones encargadas
de proteger a las víctimas. El artículo de Medina Núñez y Medina Villegas (2019) permite visibilizar
que el 43.9 % de las mujeres con pareja en México han sido víctimas de violencia durante su relación,
y este porcentaje asciende a 47 % en Jalisco, una de las entidades con mayor prevalencia.
Estos datos son especialmente preocupantes en el caso de mujeres adolescentes casadas o en unión
libre, cuya edad, situación económica, nivel educativo y dependencia emocional y social incrementan
su vulnerabilidad. En ellas, se interceptan múltiples factores criminógenos: el inicio temprano de
relaciones afectivas marcadas por desequilibrios de poder, la normalización de la violencia en el
noviazgo y la falta de autonomía económica. Este contexto no solo expone a las adolescentes a violencia
física, sexual, emocional y patrimonial, sino que también reproduce ciclos de victimización
intergeneracional y condiciona su desarrollo integral.
Desde una perspectiva criminológica, la revictimización institucional es un fenómeno persistente.
Pese a la existencia de marcos legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, la Norma Oficial Mexicana NOM-046 y los tratados internacionales suscritos por México,
las adolescentes víctimas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia: la incredulidad de las
autoridades, la falta de personal capacitado con enfoque de género y el estigma social. Esta
y de género para estas adolescentes. Esta omisión normativa y programática constituye un vacío crítico
en el sistema de justicia, que debe ser abordado desde una lógica de garantía y no de sanción.
El enfoque criminológico permite evidenciar que la violencia hacia adolescentes en uniones
tempranas no es únicamente un problema de violencia doméstica, sino una forma de violencia estructural
permitida por el sistema jurídico y de protección social. Urge una reforma legislativa que reconozca la
figura del menor emancipado como una vía para garantizar sus derechos, y que permita incorporar estas
uniones dentro del marco de protección del derecho de familia. Solo así se podrá transitar de una lógica
de omisión institucional hacia una de justicia y reparación para estas adolescentes.
La violencia contra las mujeres adolescentes que viven en contextos de matrimonio o concubinato
representa una expresión extrema de las desigualdades estructurales de género, profundamente
enraizadas en la cultura patriarcal mexicana. Desde la criminología crítica, este fenómeno no puede ser
analizado únicamente como un conjunto de actos delictivos individuales, sino como un patrón
sistemático de violencias toleradas y, en muchas ocasiones, perpetuadas por las instituciones encargadas
de proteger a las víctimas. El artículo de Medina Núñez y Medina Villegas (2019) permite visibilizar
que el 43.9 % de las mujeres con pareja en México han sido víctimas de violencia durante su relación,
y este porcentaje asciende a 47 % en Jalisco, una de las entidades con mayor prevalencia.
Estos datos son especialmente preocupantes en el caso de mujeres adolescentes casadas o en unión
libre, cuya edad, situación económica, nivel educativo y dependencia emocional y social incrementan
su vulnerabilidad. En ellas, se interceptan múltiples factores criminógenos: el inicio temprano de
relaciones afectivas marcadas por desequilibrios de poder, la normalización de la violencia en el
noviazgo y la falta de autonomía económica. Este contexto no solo expone a las adolescentes a violencia
física, sexual, emocional y patrimonial, sino que también reproduce ciclos de victimización
intergeneracional y condiciona su desarrollo integral.
Desde una perspectiva criminológica, la revictimización institucional es un fenómeno persistente.
Pese a la existencia de marcos legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, la Norma Oficial Mexicana NOM-046 y los tratados internacionales suscritos por México,
las adolescentes víctimas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia: la incredulidad de las
autoridades, la falta de personal capacitado con enfoque de género y el estigma social. Esta
pág. 9001
revictimización no solo inhibe la denuncia, sino que refuerza la impunidad, convirtiendo a las
instituciones en actores pasivos —cuando no cómplices— de las violencias que deberían erradicar.
(Medina, I. & Medina, A. 2020).
El análisis criminológico también permite identificar vacíos en las políticas públicas. A pesar de la
implementación de programas como los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) del InMujeres GDL, aún no
existe una política nacional integral que articule prevención, atención y acceso a la justicia
específicamente diseñada para mujeres adolescentes. Las políticas actuales tienden a ser generalistas,
invisibilizando las necesidades particulares de este grupo etario. Además, muchas estrategias de
prevención siguen centradas en la víctima y no en la transformación de las masculinidades violentas o
en el cambio cultural profundo.
La violencia hacia las mujeres adolescentes casadas o en concubinato no solo es un problema penal,
sino una cuestión estructural que exige una respuesta criminológica interseccional. Es urgente que el
Estado mexicano fortalezca sus capacidades institucionales con una perspectiva de prevención social
del delito, que atienda los factores de riesgo desde la niñez, que garantice atención integral a las víctimas
adolescentes y que sancione con contundencia a los agresores. Solo así se podrá romper el ciclo de
impunidad y construir una cultura de paz, equidad y justicia.
En México, los matrimonios y uniones infantiles continúan siendo prácticas arraigadas que colocan
a niñas y adolescentes en contextos de extrema vulnerabilidad, pese a su prohibición legal en las 32
entidades federativas. Desde el enfoque criminológico, esta problemática revela una confluencia de
factores criminógenos que perpetúan la violencia estructural, simbólica e institucional hacia las mujeres
adolescentes. Los relatos recogidos por CONAPO (2022) exponen no solo la repetición de patrones
patriarcales, sino la naturalización de dinámicas de abuso, coerción y explotación dentro de un
entramado social donde la pobreza, la desigualdad y la impunidad se entrelazan.
El análisis de los testimonios evidencia que estas uniones tempranas muchas veces responden a
arreglos familiares que rayan en la trata de personas y en el matrimonio forzado, con elementos
económicos como contrapartida (ej. entrega de dinero, ganado o bienes). El factor cultural, si bien
relevante, no exime la responsabilidad del Estado de prevenir, sancionar y erradicar estas violencias. La
revictimización no solo inhibe la denuncia, sino que refuerza la impunidad, convirtiendo a las
instituciones en actores pasivos —cuando no cómplices— de las violencias que deberían erradicar.
(Medina, I. & Medina, A. 2020).
El análisis criminológico también permite identificar vacíos en las políticas públicas. A pesar de la
implementación de programas como los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) del InMujeres GDL, aún no
existe una política nacional integral que articule prevención, atención y acceso a la justicia
específicamente diseñada para mujeres adolescentes. Las políticas actuales tienden a ser generalistas,
invisibilizando las necesidades particulares de este grupo etario. Además, muchas estrategias de
prevención siguen centradas en la víctima y no en la transformación de las masculinidades violentas o
en el cambio cultural profundo.
La violencia hacia las mujeres adolescentes casadas o en concubinato no solo es un problema penal,
sino una cuestión estructural que exige una respuesta criminológica interseccional. Es urgente que el
Estado mexicano fortalezca sus capacidades institucionales con una perspectiva de prevención social
del delito, que atienda los factores de riesgo desde la niñez, que garantice atención integral a las víctimas
adolescentes y que sancione con contundencia a los agresores. Solo así se podrá romper el ciclo de
impunidad y construir una cultura de paz, equidad y justicia.
En México, los matrimonios y uniones infantiles continúan siendo prácticas arraigadas que colocan
a niñas y adolescentes en contextos de extrema vulnerabilidad, pese a su prohibición legal en las 32
entidades federativas. Desde el enfoque criminológico, esta problemática revela una confluencia de
factores criminógenos que perpetúan la violencia estructural, simbólica e institucional hacia las mujeres
adolescentes. Los relatos recogidos por CONAPO (2022) exponen no solo la repetición de patrones
patriarcales, sino la naturalización de dinámicas de abuso, coerción y explotación dentro de un
entramado social donde la pobreza, la desigualdad y la impunidad se entrelazan.
El análisis de los testimonios evidencia que estas uniones tempranas muchas veces responden a
arreglos familiares que rayan en la trata de personas y en el matrimonio forzado, con elementos
económicos como contrapartida (ej. entrega de dinero, ganado o bienes). El factor cultural, si bien
relevante, no exime la responsabilidad del Estado de prevenir, sancionar y erradicar estas violencias. La
pág. 9002
falta de oportunidades educativas, la limitada autonomía de las niñas y la inexistencia de redes
institucionales eficaces refuerzan su condición de subordinación.
Desde una mirada criminológica crítica, estos casos permiten identificar patrones delictivos
sistemáticos, como la violencia sexual, la explotación laboral y la revictimización institucional. Es
común que estas adolescentes sean violentadas por sus propios esposos, suegros o familiares, y que, al
denunciar, enfrenten incredulidad, indiferencia o incluso encarcelamiento por parte de las autoridades
comunitarias, como el caso de Angélica en Guerrero. Esta dinámica revela una institucionalidad omisa
o coludida, lo que incrementa el riesgo de impunidad y perpetúa el ciclo de violencia. (CONAPO, 2022).
Asimismo, la revisión de los marcos legales, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, o la NOM-046-SSA2-2005, muestra vacíos en la aplicación efectiva de los derechos
reproductivos y de protección de las adolescentes. Aunque existen mecanismos para garantizar el acceso
a la interrupción del embarazo por violación y a servicios de salud sexual y reproductiva, estos son
frecuentemente negados o dificultados por prejuicios del personal de salud o por la falta de
infraestructura, como en el caso de Carmen, de nueve años, a quien se le negó atención médica tras una
violación. (CONAPO, 2022).
Las políticas públicas actuales, si bien avanzan en la promoción de derechos, continúan siendo
reactivas y limitadas en su cobertura territorial y cultural. El desafío no solo radica en reformar leyes,
sino en erradicar las prácticas institucionales que toleran o encubren estas violencias. Una política de
prevención efectiva debe reconocer el carácter estructural de la violencia y atender los factores
criminógenos mediante intervenciones interseccionales, culturalmente pertinentes, centradas en la
víctima y con enfoque de derechos humanos.
Las mujeres adolescentes que inician relaciones conyugales, ya sea mediante el matrimonio formal
o el concubinato, se enfrentan a una serie de vulnerabilidades específicas derivadas de su edad,
condición de género y contexto socioeconómico. El análisis etnográfico de comunidades rurales, como
las tojolabales y nahuas, revela que estas adolescentes son consideradas como propiedad del esposo, lo
cual justifica prácticas de violencia física, psicológica y simbólica, legitimadas socialmente bajo
discursos de corrección o disciplina (Fernández de Juan, 2014). Esta percepción reproduce un ciclo
intergeneracional de violencia en el que la víctima internaliza la sumisión como forma de convivencia.
falta de oportunidades educativas, la limitada autonomía de las niñas y la inexistencia de redes
institucionales eficaces refuerzan su condición de subordinación.
Desde una mirada criminológica crítica, estos casos permiten identificar patrones delictivos
sistemáticos, como la violencia sexual, la explotación laboral y la revictimización institucional. Es
común que estas adolescentes sean violentadas por sus propios esposos, suegros o familiares, y que, al
denunciar, enfrenten incredulidad, indiferencia o incluso encarcelamiento por parte de las autoridades
comunitarias, como el caso de Angélica en Guerrero. Esta dinámica revela una institucionalidad omisa
o coludida, lo que incrementa el riesgo de impunidad y perpetúa el ciclo de violencia. (CONAPO, 2022).
Asimismo, la revisión de los marcos legales, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, o la NOM-046-SSA2-2005, muestra vacíos en la aplicación efectiva de los derechos
reproductivos y de protección de las adolescentes. Aunque existen mecanismos para garantizar el acceso
a la interrupción del embarazo por violación y a servicios de salud sexual y reproductiva, estos son
frecuentemente negados o dificultados por prejuicios del personal de salud o por la falta de
infraestructura, como en el caso de Carmen, de nueve años, a quien se le negó atención médica tras una
violación. (CONAPO, 2022).
Las políticas públicas actuales, si bien avanzan en la promoción de derechos, continúan siendo
reactivas y limitadas en su cobertura territorial y cultural. El desafío no solo radica en reformar leyes,
sino en erradicar las prácticas institucionales que toleran o encubren estas violencias. Una política de
prevención efectiva debe reconocer el carácter estructural de la violencia y atender los factores
criminógenos mediante intervenciones interseccionales, culturalmente pertinentes, centradas en la
víctima y con enfoque de derechos humanos.
Las mujeres adolescentes que inician relaciones conyugales, ya sea mediante el matrimonio formal
o el concubinato, se enfrentan a una serie de vulnerabilidades específicas derivadas de su edad,
condición de género y contexto socioeconómico. El análisis etnográfico de comunidades rurales, como
las tojolabales y nahuas, revela que estas adolescentes son consideradas como propiedad del esposo, lo
cual justifica prácticas de violencia física, psicológica y simbólica, legitimadas socialmente bajo
discursos de corrección o disciplina (Fernández de Juan, 2014). Esta percepción reproduce un ciclo
intergeneracional de violencia en el que la víctima internaliza la sumisión como forma de convivencia.
pág. 9003
Desde el enfoque criminológico, uno de los factores criminógenos clave es la construcción
hegemónica de la masculinidad que promueve el control coercitivo sobre la mujer. Este fenómeno,
documentado en las comunidades indígenas, evidencia cómo el sistema de roles de género se convierte
en un motor de la conducta delictiva, al tolerar que el “hombre cabal” tenga derecho a “pegar con razón”.
A ello se suma el consumo de alcohol, la pobreza y la ausencia de oportunidades educativas, lo que
agrava la exposición a conductas violentas.
Los datos recopilados también muestran una preocupante revictimización institucional. A pesar de
que las adolescentes casadas o en concubinato sufren violencia con mayor frecuencia, sus denuncias son
minimizadas o desestimadas por las autoridades locales, en gran parte debido a la normalización cultural
de la violencia y al machismo institucional. Las mujeres que acuden al sistema de justicia muchas veces
enfrentan procesos humillantes, donde se les presiona para “arreglarse con su marido” o se les exige que
comprueben el abuso mediante criterios ajenos a su realidad sociocultural. (Fernández. T. 214).
En términos del marco legal, aunque México ha avanzado en la tipificación de delitos como la
violencia familiar y ha firmado tratados internacionales de protección a las mujeres, persisten vacíos en
la aplicación de las leyes y en la adaptación de estas a contextos indígenas y rurales. Las adolescentes
en unión conyugal están muchas veces excluidas de las estadísticas oficiales o son invisibilizadas en las
políticas públicas, dificultando la implementación de estrategias específicas de prevención y atención.
El matrimonio infantil en América Latina y el Caribe, particularmente en México, persiste como una
práctica sistemática de control y subordinación hacia las mujeres adolescentes. A pesar de los avances
normativos que prohíben legalmente el matrimonio antes de los 18 años, las uniones informales
continúan reproduciendo las mismas dinámicas de dominación patriarcal, sin reconocimiento ni sanción
por parte del Estado. Desde el enfoque criminológico, estas uniones configuran entornos criminógenos
donde convergen violencia de género, desigualdad estructural y omisiones institucionales. (UNICEF,
2017).
Según el informe, el 23 % de las mujeres mexicanas entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18, y
al menos 285,000 lo hicieron antes de los 15. Estos datos revelan la magnitud de un fenómeno que no
solo limita el desarrollo educativo y económico de las adolescentes, sino que las expone a patrones
Desde el enfoque criminológico, uno de los factores criminógenos clave es la construcción
hegemónica de la masculinidad que promueve el control coercitivo sobre la mujer. Este fenómeno,
documentado en las comunidades indígenas, evidencia cómo el sistema de roles de género se convierte
en un motor de la conducta delictiva, al tolerar que el “hombre cabal” tenga derecho a “pegar con razón”.
A ello se suma el consumo de alcohol, la pobreza y la ausencia de oportunidades educativas, lo que
agrava la exposición a conductas violentas.
Los datos recopilados también muestran una preocupante revictimización institucional. A pesar de
que las adolescentes casadas o en concubinato sufren violencia con mayor frecuencia, sus denuncias son
minimizadas o desestimadas por las autoridades locales, en gran parte debido a la normalización cultural
de la violencia y al machismo institucional. Las mujeres que acuden al sistema de justicia muchas veces
enfrentan procesos humillantes, donde se les presiona para “arreglarse con su marido” o se les exige que
comprueben el abuso mediante criterios ajenos a su realidad sociocultural. (Fernández. T. 214).
En términos del marco legal, aunque México ha avanzado en la tipificación de delitos como la
violencia familiar y ha firmado tratados internacionales de protección a las mujeres, persisten vacíos en
la aplicación de las leyes y en la adaptación de estas a contextos indígenas y rurales. Las adolescentes
en unión conyugal están muchas veces excluidas de las estadísticas oficiales o son invisibilizadas en las
políticas públicas, dificultando la implementación de estrategias específicas de prevención y atención.
El matrimonio infantil en América Latina y el Caribe, particularmente en México, persiste como una
práctica sistemática de control y subordinación hacia las mujeres adolescentes. A pesar de los avances
normativos que prohíben legalmente el matrimonio antes de los 18 años, las uniones informales
continúan reproduciendo las mismas dinámicas de dominación patriarcal, sin reconocimiento ni sanción
por parte del Estado. Desde el enfoque criminológico, estas uniones configuran entornos criminógenos
donde convergen violencia de género, desigualdad estructural y omisiones institucionales. (UNICEF,
2017).
Según el informe, el 23 % de las mujeres mexicanas entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18, y
al menos 285,000 lo hicieron antes de los 15. Estos datos revelan la magnitud de un fenómeno que no
solo limita el desarrollo educativo y económico de las adolescentes, sino que las expone a patrones
pág. 9004
delictivos como la violencia física, sexual y emocional, ejercida con frecuencia por hombres mayores,
lo que evidencia relaciones marcadas por desequilibrios de poder y coerción. (UNICEF, 2017).
La revictimización institucional se manifiesta en la falta de regulación de las uniones informales, la
inexistencia de registros oficiales y la persistencia de excepciones legales que legitiman la
vulnerabilidad de las niñas. Aunque se han reformado leyes en países como México y Guatemala, las
lagunas legales, junto con la resistencia cultural y religiosa, impiden una implementación efectiva.
En el contexto mexicano, donde el concubinato se ha incrementado entre personas jóvenes —en
muchos casos como consecuencia de embarazos adolescentes o condiciones de pobreza estructural—,
esta forma de unión expone a las adolescentes a situaciones de subordinación y vulnerabilidad,
frecuentemente invisibilizadas por la normativa jurídica. (SCJN, 2020).
Los datos presentados en el documento Concubinato y uniones familiares (SCJN, 2020) muestran
que, pese a los avances jurisprudenciales en el reconocimiento de las uniones no matrimoniales,
persisten obstáculos normativos que impactan de manera desproporcionada a las adolescentes. El
enfoque tradicional del derecho de familia, centrado en el matrimonio como modelo ideal, deja en el
margen a las adolescentes en concubinato, negándoles acceso equitativo a derechos como alimentos,
seguridad social y protección contra la violencia.
Desde una perspectiva criminológica, se identifican varios factores criminógenos: la dependencia
económica de las adolescentes respecto a sus parejas adultas, la normalización cultural de la
subordinación femenina, y la ausencia de mecanismos efectivos de protección y acceso a la justicia.
Estos factores se intensifican cuando la adolescente carece de redes de apoyo familiar o comunitario, y
cuando las instituciones responsables de la protección fallan en detectar y atender los casos de violencia.
Asimismo, se observan patrones delictivos que se repiten en distintos contextos: violencia física,
psicológica, sexual y patrimonial ejercida por la pareja o su entorno cercano; coerción para sostener la
unión; embarazo precoz como mecanismo de control, y la utilización del matrimonio o concubinato
como medio de impunidad para el abuso sexual. Todo ello configura un fenómeno de violencia
estructural con raíces históricas y culturales que sigue sin ser abordado desde una perspectiva integral.
(SCJN, 2020)
delictivos como la violencia física, sexual y emocional, ejercida con frecuencia por hombres mayores,
lo que evidencia relaciones marcadas por desequilibrios de poder y coerción. (UNICEF, 2017).
La revictimización institucional se manifiesta en la falta de regulación de las uniones informales, la
inexistencia de registros oficiales y la persistencia de excepciones legales que legitiman la
vulnerabilidad de las niñas. Aunque se han reformado leyes en países como México y Guatemala, las
lagunas legales, junto con la resistencia cultural y religiosa, impiden una implementación efectiva.
En el contexto mexicano, donde el concubinato se ha incrementado entre personas jóvenes —en
muchos casos como consecuencia de embarazos adolescentes o condiciones de pobreza estructural—,
esta forma de unión expone a las adolescentes a situaciones de subordinación y vulnerabilidad,
frecuentemente invisibilizadas por la normativa jurídica. (SCJN, 2020).
Los datos presentados en el documento Concubinato y uniones familiares (SCJN, 2020) muestran
que, pese a los avances jurisprudenciales en el reconocimiento de las uniones no matrimoniales,
persisten obstáculos normativos que impactan de manera desproporcionada a las adolescentes. El
enfoque tradicional del derecho de familia, centrado en el matrimonio como modelo ideal, deja en el
margen a las adolescentes en concubinato, negándoles acceso equitativo a derechos como alimentos,
seguridad social y protección contra la violencia.
Desde una perspectiva criminológica, se identifican varios factores criminógenos: la dependencia
económica de las adolescentes respecto a sus parejas adultas, la normalización cultural de la
subordinación femenina, y la ausencia de mecanismos efectivos de protección y acceso a la justicia.
Estos factores se intensifican cuando la adolescente carece de redes de apoyo familiar o comunitario, y
cuando las instituciones responsables de la protección fallan en detectar y atender los casos de violencia.
Asimismo, se observan patrones delictivos que se repiten en distintos contextos: violencia física,
psicológica, sexual y patrimonial ejercida por la pareja o su entorno cercano; coerción para sostener la
unión; embarazo precoz como mecanismo de control, y la utilización del matrimonio o concubinato
como medio de impunidad para el abuso sexual. Todo ello configura un fenómeno de violencia
estructural con raíces históricas y culturales que sigue sin ser abordado desde una perspectiva integral.
(SCJN, 2020)
pág. 9005
En cuanto a las dinámicas de revictimización institucional, las adolescentes enfrentan trabas para el
reconocimiento jurídico de su unión, especialmente cuando ésta no cumple los requisitos formales
previstos en la legislación civil (como el estar “libre de matrimonio”), lo cual limita el acceso a medidas
de protección. Además, la exigencia de pruebas desproporcionadas para acreditar la relación o el
maltrato conlleva una revictimización que vulnera sus derechos humanos y obstaculiza el ejercicio de
su derecho a la justicia.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas representan una forma sistemática y persistente de
violencia estructural hacia las mujeres adolescentes en América Latina y el Caribe. Desde la
criminología crítica, estas uniones constituyen espacios de control y subordinación, en los que se
reproducen relaciones asimétricas de poder que derivan en violencia física, sexual, patrimonial e
institucional. A pesar de los marcos legales que prohíben el matrimonio antes de los 18 años, la práctica
persiste a través de uniones informales no reguladas, invisibilizadas por el sistema jurídico.
Según UNICEF (2019), una de cada cuatro mujeres jóvenes en la región se unió antes de los 18 años,
siendo México uno de los países con una prevalencia del 26 %. Estas adolescentes, en su mayoría
provenientes de zonas rurales, hogares pobres y con baja escolaridad, enfrentan una doble
vulnerabilidad: la violencia doméstica dentro de la relación y la revictimización institucional cuando
buscan apoyo o justicia. La brecha de edad entre cónyuges, la maternidad temprana y la falta de acceso
a empleo y servicios de salud reproductiva agravan su situación, reproduciendo condiciones de
dependencia y sumisión.
Desde el enfoque criminológico, se identifican factores criminógenos estructurales como la
desigualdad económica, el sexismo cultural y la impunidad, que permiten la reproducción de estas
uniones sin intervención estatal efectiva. Los sistemas de justicia y salud muchas veces legitiman o
ignoran estas uniones, incurriendo en revictimización institucional. Además, las políticas públicas
carecen de medidas específicas y articuladas para prevenir estas prácticas y garantizar el acceso a la
justicia y a una vida libre de violencia.
A partir del análisis del documento Violencia contra la mujer maya y otros informes regionales, se
identifica que estas formas de violencia no son hechos aislados, sino expresiones de una cultura
En cuanto a las dinámicas de revictimización institucional, las adolescentes enfrentan trabas para el
reconocimiento jurídico de su unión, especialmente cuando ésta no cumple los requisitos formales
previstos en la legislación civil (como el estar “libre de matrimonio”), lo cual limita el acceso a medidas
de protección. Además, la exigencia de pruebas desproporcionadas para acreditar la relación o el
maltrato conlleva una revictimización que vulnera sus derechos humanos y obstaculiza el ejercicio de
su derecho a la justicia.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas representan una forma sistemática y persistente de
violencia estructural hacia las mujeres adolescentes en América Latina y el Caribe. Desde la
criminología crítica, estas uniones constituyen espacios de control y subordinación, en los que se
reproducen relaciones asimétricas de poder que derivan en violencia física, sexual, patrimonial e
institucional. A pesar de los marcos legales que prohíben el matrimonio antes de los 18 años, la práctica
persiste a través de uniones informales no reguladas, invisibilizadas por el sistema jurídico.
Según UNICEF (2019), una de cada cuatro mujeres jóvenes en la región se unió antes de los 18 años,
siendo México uno de los países con una prevalencia del 26 %. Estas adolescentes, en su mayoría
provenientes de zonas rurales, hogares pobres y con baja escolaridad, enfrentan una doble
vulnerabilidad: la violencia doméstica dentro de la relación y la revictimización institucional cuando
buscan apoyo o justicia. La brecha de edad entre cónyuges, la maternidad temprana y la falta de acceso
a empleo y servicios de salud reproductiva agravan su situación, reproduciendo condiciones de
dependencia y sumisión.
Desde el enfoque criminológico, se identifican factores criminógenos estructurales como la
desigualdad económica, el sexismo cultural y la impunidad, que permiten la reproducción de estas
uniones sin intervención estatal efectiva. Los sistemas de justicia y salud muchas veces legitiman o
ignoran estas uniones, incurriendo en revictimización institucional. Además, las políticas públicas
carecen de medidas específicas y articuladas para prevenir estas prácticas y garantizar el acceso a la
justicia y a una vida libre de violencia.
A partir del análisis del documento Violencia contra la mujer maya y otros informes regionales, se
identifica que estas formas de violencia no son hechos aislados, sino expresiones de una cultura
pág. 9006
patriarcal profundamente arraigada, atravesada por factores de género, etnicidad, edad y pobreza.
(UNIFEM, 2007).
Los datos recabados en comunidades lingüísticas Mam y K’iche’ en Guatemala revelan que las
adolescentes casadas o en concubinato son víctimas recurrentes de violencia física, psicológica, sexual
y patrimonial, sin acceso efectivo a mecanismos de denuncia o protección. Estos patrones delictivos se
manifiestan en contextos familiares donde el control masculino está normalizado, exacerbado por
factores criminógenos como el alcoholismo, la pobreza, la dependencia económica y la falta de
educación. A esto se suma una práctica cultural que naturaliza el sometimiento femenino,
desincentivando la denuncia por temor, vergüenza o represalias. (UNIFEM, 2007).
Desde el enfoque criminológico, la revictimización institucional se presenta como una constante: las
adolescentes indígenas enfrentan barreras lingüísticas, discriminación, falta de sensibilidad por parte de
operadores de justicia y desconocimiento generalizado de sus derechos. Las denuncias, cuando se
presentan, no suelen derivar en procesos judiciales eficaces, perpetuando así la impunidad. Esta
impunidad actúa como un incentivo criminal, generando un entorno permisivo para el agresor.
En cuanto al marco legal, aunque existen normativas como la Convención de Belém do Pará y leyes
nacionales para prevenir la violencia de género, su aplicación efectiva es deficiente. Las políticas
públicas en prevención, atención y justicia carecen de perspectiva intercultural y de un enfoque
diferenciado que considere la edad y situación marital de las víctimas, lo que impide una atención
integral. La falta de mecanismos institucionales que garanticen una respuesta pronta y eficaz constituye
un vacío estructural que favorece la reproducción de la violencia.
Las uniones tempranas, al ser legitimadas en muchos contextos por factores culturales y económicos,
colocan a las adolescentes en una posición de subordinación jurídica y simbólica. Esta condición
refuerza su invisibilidad y dificulta su empoderamiento. A nivel criminológico, esto configura un
entorno de vulnerabilidad donde el ejercicio del control y la violencia masculina encuentra escasa
resistencia institucional y comunitaria.
La violencia contra mujeres adolescentes en contextos de matrimonio o concubinato en Quintana
Roo revela una problemática estructural donde confluyen factores criminógenos, patrones delictivos
normalizados y una respuesta institucional aún insuficiente. De acuerdo con la ENDIREH (2016), el
patriarcal profundamente arraigada, atravesada por factores de género, etnicidad, edad y pobreza.
(UNIFEM, 2007).
Los datos recabados en comunidades lingüísticas Mam y K’iche’ en Guatemala revelan que las
adolescentes casadas o en concubinato son víctimas recurrentes de violencia física, psicológica, sexual
y patrimonial, sin acceso efectivo a mecanismos de denuncia o protección. Estos patrones delictivos se
manifiestan en contextos familiares donde el control masculino está normalizado, exacerbado por
factores criminógenos como el alcoholismo, la pobreza, la dependencia económica y la falta de
educación. A esto se suma una práctica cultural que naturaliza el sometimiento femenino,
desincentivando la denuncia por temor, vergüenza o represalias. (UNIFEM, 2007).
Desde el enfoque criminológico, la revictimización institucional se presenta como una constante: las
adolescentes indígenas enfrentan barreras lingüísticas, discriminación, falta de sensibilidad por parte de
operadores de justicia y desconocimiento generalizado de sus derechos. Las denuncias, cuando se
presentan, no suelen derivar en procesos judiciales eficaces, perpetuando así la impunidad. Esta
impunidad actúa como un incentivo criminal, generando un entorno permisivo para el agresor.
En cuanto al marco legal, aunque existen normativas como la Convención de Belém do Pará y leyes
nacionales para prevenir la violencia de género, su aplicación efectiva es deficiente. Las políticas
públicas en prevención, atención y justicia carecen de perspectiva intercultural y de un enfoque
diferenciado que considere la edad y situación marital de las víctimas, lo que impide una atención
integral. La falta de mecanismos institucionales que garanticen una respuesta pronta y eficaz constituye
un vacío estructural que favorece la reproducción de la violencia.
Las uniones tempranas, al ser legitimadas en muchos contextos por factores culturales y económicos,
colocan a las adolescentes en una posición de subordinación jurídica y simbólica. Esta condición
refuerza su invisibilidad y dificulta su empoderamiento. A nivel criminológico, esto configura un
entorno de vulnerabilidad donde el ejercicio del control y la violencia masculina encuentra escasa
resistencia institucional y comunitaria.
La violencia contra mujeres adolescentes en contextos de matrimonio o concubinato en Quintana
Roo revela una problemática estructural donde confluyen factores criminógenos, patrones delictivos
normalizados y una respuesta institucional aún insuficiente. De acuerdo con la ENDIREH (2016), el
pág. 9007
34.7% de las mujeres casadas o unidas en la entidad reportaron al menos un incidente de violencia por
parte de su pareja en los últimos 12 meses, y la prevalencia aumenta entre las mujeres jóvenes. La
violencia emocional (26.3%), económica (19.8%), física (11.2%) y sexual (4.5%) constituye una
secuencia reiterada de agresiones que, lejos de manifestarse como hechos aislados, configuran un patrón
sistemático de dominación masculina, sustentado en estereotipos de género y desigualdades
estructurales.
Particularmente preocupante es la incidencia de la violencia conyugal en zonas urbanas, donde
alcanza el 36.4%, y su persistencia incluso tras la separación: 36.7% de las mujeres divorciadas o
separadas continuaron siendo víctimas de violencia por parte de su expareja. Esta situación evidencia
una dinámica de revictimización institucional, donde las rutas de denuncia y protección resultan
ineficientes para romper el ciclo de violencia. A ello se suma la baja proporción de divorcios justificados
por violencia familiar (0.7%), lo que podría indicar tanto la subvaloración judicial del maltrato como la
presión social para mantener unidas relaciones violentas. (UNIFEM, 2017).
Los marcos legales vigentes —como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres— ofrecen un andamiaje normativo relevante,
pero no garantizan, por sí solos, una respuesta efectiva. En el plano local, persisten vacíos en la
implementación de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque diferenciado hacia
adolescentes. La ausencia de políticas específicas para prevenir uniones tempranas, así como programas
dirigidos a adolescentes casadas o unidas, limita las posibilidades de contención del problema.
Se identifican factores de riesgo como la dependencia económica, el embarazo adolescente (17.9%
de los nacimientos son de madres menores de 20 años), la baja escolaridad y el acceso limitado a
servicios de salud reproductiva. Estas condiciones generan un entorno propicio para la consolidación de
relaciones de poder asimétricas y para la reproducción de la violencia como mecanismo de control.
(UNIFEM, 2017).
Es necesario avanzar hacia estrategias integrales que no sólo atiendan las consecuencias del delito,
sino que intervengan en sus causas estructurales. La identificación de patrones delictivos asociados a la
violencia de pareja en la adolescencia debe ser acompañada por reformas institucionales que eliminen
34.7% de las mujeres casadas o unidas en la entidad reportaron al menos un incidente de violencia por
parte de su pareja en los últimos 12 meses, y la prevalencia aumenta entre las mujeres jóvenes. La
violencia emocional (26.3%), económica (19.8%), física (11.2%) y sexual (4.5%) constituye una
secuencia reiterada de agresiones que, lejos de manifestarse como hechos aislados, configuran un patrón
sistemático de dominación masculina, sustentado en estereotipos de género y desigualdades
estructurales.
Particularmente preocupante es la incidencia de la violencia conyugal en zonas urbanas, donde
alcanza el 36.4%, y su persistencia incluso tras la separación: 36.7% de las mujeres divorciadas o
separadas continuaron siendo víctimas de violencia por parte de su expareja. Esta situación evidencia
una dinámica de revictimización institucional, donde las rutas de denuncia y protección resultan
ineficientes para romper el ciclo de violencia. A ello se suma la baja proporción de divorcios justificados
por violencia familiar (0.7%), lo que podría indicar tanto la subvaloración judicial del maltrato como la
presión social para mantener unidas relaciones violentas. (UNIFEM, 2017).
Los marcos legales vigentes —como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres— ofrecen un andamiaje normativo relevante,
pero no garantizan, por sí solos, una respuesta efectiva. En el plano local, persisten vacíos en la
implementación de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque diferenciado hacia
adolescentes. La ausencia de políticas específicas para prevenir uniones tempranas, así como programas
dirigidos a adolescentes casadas o unidas, limita las posibilidades de contención del problema.
Se identifican factores de riesgo como la dependencia económica, el embarazo adolescente (17.9%
de los nacimientos son de madres menores de 20 años), la baja escolaridad y el acceso limitado a
servicios de salud reproductiva. Estas condiciones generan un entorno propicio para la consolidación de
relaciones de poder asimétricas y para la reproducción de la violencia como mecanismo de control.
(UNIFEM, 2017).
Es necesario avanzar hacia estrategias integrales que no sólo atiendan las consecuencias del delito,
sino que intervengan en sus causas estructurales. La identificación de patrones delictivos asociados a la
violencia de pareja en la adolescencia debe ser acompañada por reformas institucionales que eliminen
pág. 9008
la impunidad, garanticen el acceso a la justicia y prioricen la protección de las adolescentes desde un
enfoque de derechos humanos y justicia restaurativa.
Desde el enfoque criminológico, la violencia hacia las mujeres adolescentes casadas o en concubinato
constituye una forma de criminalidad estructural y de omisión institucional que refuerza la desigualdad
de género y perpetúa ciclos intergeneracionales de subordinación. El análisis documental revela que
estas uniones —frecuentemente no registradas— se sitúan en la intersección de múltiples factores
criminógenos como la pobreza, el origen étnico, la baja escolaridad y la exclusión institucional, lo que
favorece contextos propicios para el ejercicio impune de la violencia.
Los datos proporcionados por CEPAL (2021), CONAPO (2022) y UNICEF (2017) muestran una
realidad alarmante: en México, una de cada cinco mujeres se une antes de los 18 años, siendo común la
instrumentalización de factores culturales como los “usos y costumbres” para legitimar uniones
coercitivas que muchas veces configuran formas encubiertas de trata de personas o explotación
conyugal. Esta situación se agrava por la falta de reconocimiento legal de los derechos patrimoniales y
de custodia de las adolescentes en concubinato, lo que contribuye a su invisibilidad jurídica y a la
revictimización institucional.
A pesar de avances normativos como la NOM-046 o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, persisten vacíos en la implementación de políticas públicas específicas para
adolescentes. Las adolescentes unidas carecen de mecanismos eficaces de denuncia, protección y
reparación, enfrentando un sistema que, lejos de prevenir, reproduce el daño a través de omisiones
judiciales, médicas y educativas.
Desde la criminología crítica, es urgente reconocer estas uniones como escenarios criminógenos
donde la violencia no solo es tolerada sino institucionalmente permitida. Romper este ciclo implica
fortalecer la respuesta penal, mejorar los sistemas de protección social y garantizar el acceso a la justicia
con perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos.
CONCLUSIONES
La presente investigación cumplió con su objetivo general: analizar, desde un enfoque criminológico, la
violencia hacia las mujeres adolescentes casadas o en concubinato, mediante una revisión documental
exhaustiva de datos estadísticos, marcos legales y literatura científica reciente. Asimismo, se respondió
la impunidad, garanticen el acceso a la justicia y prioricen la protección de las adolescentes desde un
enfoque de derechos humanos y justicia restaurativa.
Desde el enfoque criminológico, la violencia hacia las mujeres adolescentes casadas o en concubinato
constituye una forma de criminalidad estructural y de omisión institucional que refuerza la desigualdad
de género y perpetúa ciclos intergeneracionales de subordinación. El análisis documental revela que
estas uniones —frecuentemente no registradas— se sitúan en la intersección de múltiples factores
criminógenos como la pobreza, el origen étnico, la baja escolaridad y la exclusión institucional, lo que
favorece contextos propicios para el ejercicio impune de la violencia.
Los datos proporcionados por CEPAL (2021), CONAPO (2022) y UNICEF (2017) muestran una
realidad alarmante: en México, una de cada cinco mujeres se une antes de los 18 años, siendo común la
instrumentalización de factores culturales como los “usos y costumbres” para legitimar uniones
coercitivas que muchas veces configuran formas encubiertas de trata de personas o explotación
conyugal. Esta situación se agrava por la falta de reconocimiento legal de los derechos patrimoniales y
de custodia de las adolescentes en concubinato, lo que contribuye a su invisibilidad jurídica y a la
revictimización institucional.
A pesar de avances normativos como la NOM-046 o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, persisten vacíos en la implementación de políticas públicas específicas para
adolescentes. Las adolescentes unidas carecen de mecanismos eficaces de denuncia, protección y
reparación, enfrentando un sistema que, lejos de prevenir, reproduce el daño a través de omisiones
judiciales, médicas y educativas.
Desde la criminología crítica, es urgente reconocer estas uniones como escenarios criminógenos
donde la violencia no solo es tolerada sino institucionalmente permitida. Romper este ciclo implica
fortalecer la respuesta penal, mejorar los sistemas de protección social y garantizar el acceso a la justicia
con perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos.
CONCLUSIONES
La presente investigación cumplió con su objetivo general: analizar, desde un enfoque criminológico, la
violencia hacia las mujeres adolescentes casadas o en concubinato, mediante una revisión documental
exhaustiva de datos estadísticos, marcos legales y literatura científica reciente. Asimismo, se respondió
pág. 9009
satisfactoriamente a la pregunta de investigación, al identificar cómo se manifiestan, reproducen y
enfrentan las diversas formas de violencia en este grupo etario, y cómo la criminología puede aportar al
reconocimiento de patrones delictivos, factores criminógenos, dinámicas de revictimización
institucional y vacíos en las políticas públicas.
Desde la metodología cualitativa, interpretativa y documental adoptado, el estudio permitió
identificar patrones de violencia estructural, institucional y simbólica, que colocan a las adolescentes
unidas en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica y social. Se evidenció que la violencia
ejercida contra ellas no es un fenómeno aislado ni exclusivamente doméstico, sino un entramado
complejo en el que convergen elementos culturales, económicos, jurídicos e institucionales,
profundamente normalizados.
Entre los principales hallazgos destaca la persistencia de uniones tempranas informales, pese a la
reforma legal que prohíbe el matrimonio infantil en México. Estas uniones, muchas veces invisibilizadas
por el marco legal, continúan reproduciendo relaciones asimétricas de poder, marcadas por la
subordinación femenina, la dependencia económica y la negación de derechos civiles básicos como la
herencia, la custodia o el acceso a seguridad social. Desde el enfoque criminológico, estas condiciones
constituyen factores criminógenos estructurales, donde la impunidad, la tolerancia institucional y la
ausencia de mecanismos eficaces de protección permiten la perpetuación de la violencia.
Asimismo, se identificaron dinámicas de revictimización institucional, en las que las adolescentes
son desacreditadas, minimizadas o ignoradas por los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Casos
emblemáticos como la negación de servicios de interrupción legal del embarazo o la exigencia de
pruebas desproporcionadas para acreditar la violencia revelan una institucionalidad que no solo omite
su deber de protección, sino que actúa como agente reproductor del daño. Esta impunidad estructural
refuerza la normalización de las uniones tempranas como una “costumbre”, invisibilizando su carácter
coercitivo y su potencial delictivo.
En términos de política pública, la investigación evidencia graves vacíos: falta de programas
integrales de prevención, ausencia de articulación interinstitucional, carencia de estrategias con enfoque
de edad, género e interculturalidad, y debilidad en los sistemas de atención especializada. Aunque
satisfactoriamente a la pregunta de investigación, al identificar cómo se manifiestan, reproducen y
enfrentan las diversas formas de violencia en este grupo etario, y cómo la criminología puede aportar al
reconocimiento de patrones delictivos, factores criminógenos, dinámicas de revictimización
institucional y vacíos en las políticas públicas.
Desde la metodología cualitativa, interpretativa y documental adoptado, el estudio permitió
identificar patrones de violencia estructural, institucional y simbólica, que colocan a las adolescentes
unidas en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica y social. Se evidenció que la violencia
ejercida contra ellas no es un fenómeno aislado ni exclusivamente doméstico, sino un entramado
complejo en el que convergen elementos culturales, económicos, jurídicos e institucionales,
profundamente normalizados.
Entre los principales hallazgos destaca la persistencia de uniones tempranas informales, pese a la
reforma legal que prohíbe el matrimonio infantil en México. Estas uniones, muchas veces invisibilizadas
por el marco legal, continúan reproduciendo relaciones asimétricas de poder, marcadas por la
subordinación femenina, la dependencia económica y la negación de derechos civiles básicos como la
herencia, la custodia o el acceso a seguridad social. Desde el enfoque criminológico, estas condiciones
constituyen factores criminógenos estructurales, donde la impunidad, la tolerancia institucional y la
ausencia de mecanismos eficaces de protección permiten la perpetuación de la violencia.
Asimismo, se identificaron dinámicas de revictimización institucional, en las que las adolescentes
son desacreditadas, minimizadas o ignoradas por los sistemas de justicia, salud y asistencia social. Casos
emblemáticos como la negación de servicios de interrupción legal del embarazo o la exigencia de
pruebas desproporcionadas para acreditar la violencia revelan una institucionalidad que no solo omite
su deber de protección, sino que actúa como agente reproductor del daño. Esta impunidad estructural
refuerza la normalización de las uniones tempranas como una “costumbre”, invisibilizando su carácter
coercitivo y su potencial delictivo.
En términos de política pública, la investigación evidencia graves vacíos: falta de programas
integrales de prevención, ausencia de articulación interinstitucional, carencia de estrategias con enfoque
de edad, género e interculturalidad, y debilidad en los sistemas de atención especializada. Aunque
pág. 9010
existen avances normativos, estos no se traducen en acciones efectivas de prevención, protección o
reparación.
Desde la criminología crítica, se propone una reconfiguración de las estrategias de intervención, que
incluya: reconocimiento jurídico de las uniones informales con adolescentes como situaciones de riesgo;
implementación de modelos de justicia restaurativa; fortalecimiento del sistema de protección integral
de niñas y adolescentes; y desarrollo de políticas públicas que rompan con la impunidad y promuevan
el acceso real a derechos.
La violencia hacia mujeres adolescentes casadas o en concubinato es una forma de criminalidad
estructural que exige ser atendida desde un enfoque interseccional, transformador y comprometido con
los derechos humanos. Esta investigación contribuye a visibilizar dicha problemática y a sentar las bases
para el diseño de políticas públicas con perspectiva criminológica que garanticen una vida libre de
violencia para todas las adolescentes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2021. Los matrimonios y
uniones infantiles, tempranos y forzados. Prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad
de género en América Latina y el Caribe. ONU.
2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2023. Matrimonios infantiles
y uniones temprana. Desigualdad y pobreza en mujeres, niñas y adolescentes en América Latina
y el Caribe.
3. Consejo Nacional de Población. 2022. Matrimonios y uniones infantiles: Relatos cortos.
Secretaría de Educación Pública.
4. Consejo Nacional de Población. 2023. Niñez Interrumpida. Matrimonio infantil y adolescente
en México. CONAPO.
5. Fernández. T. 2014. Violencia contra la mujer en México. Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
6. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2017. Matrimonio infantil en América Latina y
el Caribe. UNICEF.
existen avances normativos, estos no se traducen en acciones efectivas de prevención, protección o
reparación.
Desde la criminología crítica, se propone una reconfiguración de las estrategias de intervención, que
incluya: reconocimiento jurídico de las uniones informales con adolescentes como situaciones de riesgo;
implementación de modelos de justicia restaurativa; fortalecimiento del sistema de protección integral
de niñas y adolescentes; y desarrollo de políticas públicas que rompan con la impunidad y promuevan
el acceso real a derechos.
La violencia hacia mujeres adolescentes casadas o en concubinato es una forma de criminalidad
estructural que exige ser atendida desde un enfoque interseccional, transformador y comprometido con
los derechos humanos. Esta investigación contribuye a visibilizar dicha problemática y a sentar las bases
para el diseño de políticas públicas con perspectiva criminológica que garanticen una vida libre de
violencia para todas las adolescentes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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pág. 9011
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