EL DESCONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN MUJERES
MAYORES DE 60 AÑOS EN EL POBLADO
JAVIER ROJO GÓMEZ, QUINTANA ROO
MISINFORMATION AND SOCIOCULTURAL BARRIERS:
LACK OF HUMAN RIGHTS AMONG WOMEN OVER 60 IN
JAVIER ROJO GÓMEZ, QUINTANA ROO
Diane Esmeralda Torralba Florez
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Chetumal
pág. 1216
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.17721
El Desconocimiento de los Derechos Humanos en Mujeres Mayores de 60
Años en el Poblado Javier Rojo Gómez, Quintana Roo
RESUMEN
En el poblado Javier Rojo Gómez, Quintana Roo, es común que las mujeres mayores de 60 años no
estén familiarizadas con sus derechos humanos, lo cual genera un problema arraigado que contribuye a
la continuación de la violencia de género, la discriminación y la marginación social. Se llevó a cabo esta
investigación utilizando un enfoque combinado, donde se utilizaron cuestionarios detallados y
entrevistas semiestructuradas para analizar las razones principales y los impactos de la falta de
información sobre los derechos de esta población específica. Según los resultados, la carencia de
recursos educativos disponibles, la limitada difusión por parte de las instituciones, la falta de
independencia económica, las dificultades idiomáticas y culturales, junto con el miedo a posibles
represalias y la marginación social, son elementos clave que restringen la posibilidad de obtener
información y de ejercer plenamente los derechos humanos. Es evidente que muchas mujeres restan
importancia o encuentran excusas para la violencia que experimentan, mientras que otras no están
familiarizadas con los pasos legales para reportar o recibir ayuda de servicios especializados. La
complicación del lenguaje legal y la falta de asesoramiento jurídico adecuado aumentan la fragilidad de
las personas afectadas, lo que complica su capacidad de tomar control de su situación y de buscar
justicia. La falta de conocimiento sobre los derechos no solo mantiene la impunidad y la falta de registro
de casos de violencia, sino que también promueve la repetición de conductas abusivas, la victimización
recurrente y la ausencia de medidas preventivas eficaces. En el ámbito de la comunidad, la aceptación
de la violencia y los patrones de género arraigados contribuyen a la falta de visibilidad de quienes sufren
y obstaculizan la puesta en marcha de medidas de respaldo y resguardo. Resalta la relevancia de crear
iniciativas educativas y de concienciación dirigidas a mujeres de edad avanzada, además de mejorar la
disponibilidad de servicios legales y sociales en zonas rurales. Fomentar la conciencia de los derechos
resulta esencial para elevar el nivel de vida, la independencia y la dignidad de las mujeres, y para
progresar hacia una sociedad más equitativa y justa. Es fundamental combatir la falta de información y
los obstáculos socioculturales para asegurar el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos de las
mujeres mayores en Javier Rojo Gómez y en zonas rurales afines.
Palabras claves: derechos humanos, mujeres mayores, violencia de género, desinformación
1 Autor principal.
Correspondencia: esmeraldatorralba07@gmail.com
Diane Esmeralda Torralba Florez 1
esmeraldatorralba07@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-1306-3067
Universidad Vizcaya de las Américas Campus
Chetumal
México
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.17721
El Desconocimiento de los Derechos Humanos en Mujeres Mayores de 60
Años en el Poblado Javier Rojo Gómez, Quintana Roo
RESUMEN
En el poblado Javier Rojo Gómez, Quintana Roo, es común que las mujeres mayores de 60 años no
estén familiarizadas con sus derechos humanos, lo cual genera un problema arraigado que contribuye a
la continuación de la violencia de género, la discriminación y la marginación social. Se llevó a cabo esta
investigación utilizando un enfoque combinado, donde se utilizaron cuestionarios detallados y
entrevistas semiestructuradas para analizar las razones principales y los impactos de la falta de
información sobre los derechos de esta población específica. Según los resultados, la carencia de
recursos educativos disponibles, la limitada difusión por parte de las instituciones, la falta de
independencia económica, las dificultades idiomáticas y culturales, junto con el miedo a posibles
represalias y la marginación social, son elementos clave que restringen la posibilidad de obtener
información y de ejercer plenamente los derechos humanos. Es evidente que muchas mujeres restan
importancia o encuentran excusas para la violencia que experimentan, mientras que otras no están
familiarizadas con los pasos legales para reportar o recibir ayuda de servicios especializados. La
complicación del lenguaje legal y la falta de asesoramiento jurídico adecuado aumentan la fragilidad de
las personas afectadas, lo que complica su capacidad de tomar control de su situación y de buscar
justicia. La falta de conocimiento sobre los derechos no solo mantiene la impunidad y la falta de registro
de casos de violencia, sino que también promueve la repetición de conductas abusivas, la victimización
recurrente y la ausencia de medidas preventivas eficaces. En el ámbito de la comunidad, la aceptación
de la violencia y los patrones de género arraigados contribuyen a la falta de visibilidad de quienes sufren
y obstaculizan la puesta en marcha de medidas de respaldo y resguardo. Resalta la relevancia de crear
iniciativas educativas y de concienciación dirigidas a mujeres de edad avanzada, además de mejorar la
disponibilidad de servicios legales y sociales en zonas rurales. Fomentar la conciencia de los derechos
resulta esencial para elevar el nivel de vida, la independencia y la dignidad de las mujeres, y para
progresar hacia una sociedad más equitativa y justa. Es fundamental combatir la falta de información y
los obstáculos socioculturales para asegurar el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos de las
mujeres mayores en Javier Rojo Gómez y en zonas rurales afines.
Palabras claves: derechos humanos, mujeres mayores, violencia de género, desinformación
1 Autor principal.
Correspondencia: esmeraldatorralba07@gmail.com
Diane Esmeralda Torralba Florez 1
esmeraldatorralba07@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-1306-3067
Universidad Vizcaya de las Américas Campus
Chetumal
México
pág. 1217
Misinformation and Sociocultural Barriers: Lack of Human Rights Among
Women Over 60 in Javier Rojo Gómez, Quintana Roo
ABSTRACT
In Javier Rojo Gómez, Quintana Roo, it is common for women over 60 to be unfamiliar with their human
rights. This creates a deep-rooted problem that contributes to the continuation of gender-based violence,
discrimination, and social marginalization. This research was conducted using a combined approach,
utilizing detailed questionnaires and semi-structured interviews to analyze the main reasons for and
impacts of the lack of information about the rights of this specific population. According to the results,
the lack of available educational resources, limited outreach by institutions, lack of economic
independence, language and cultural difficulties, along with fear of possible reprisals and social
marginalization, are key factors that restrict the ability to obtain information and fully exercise human
rights. It is clear that many women downplay or find excuses for the violence they experience, while
others are unfamiliar with the legal steps to report or receive help from specialized services. The
complexity of legal language and the lack of adequate legal advice increase the vulnerability of those
affected, complicating their ability to take control of their situation and seek justice. Lack of knowledge
about rights not only maintains impunity and the underreporting of cases of violence, but also promotes
the repetition of abusive behavior, recurrent victimization, and the absence of effective preventive
measures. At the community level, the acceptance of violence and entrenched gender patterns contribute
to the lack of visibility for those who suffer and hinder the implementation of support and protection
measures. The importance of creating educational and awareness-raising initiatives aimed at older
women, in addition to improving the availability of legal and social services in rural areas, is highlighted.
Raising awareness of women's rights is essential to improving women's standard of living,
independence, and dignity, and to progress toward a more equitable and just society. Combating the lack
of information and sociocultural obstacles is crucial to ensuring respect for and safeguarding the human
rights of older women in Javier Rojo Gómez and related rural areas.
Keywords: human rights, older women, gender-based violence, misinformation
Artículo recibido 05 abril 2025
Aceptado para publicación: 18 mayo 2025
Misinformation and Sociocultural Barriers: Lack of Human Rights Among
Women Over 60 in Javier Rojo Gómez, Quintana Roo
ABSTRACT
In Javier Rojo Gómez, Quintana Roo, it is common for women over 60 to be unfamiliar with their human
rights. This creates a deep-rooted problem that contributes to the continuation of gender-based violence,
discrimination, and social marginalization. This research was conducted using a combined approach,
utilizing detailed questionnaires and semi-structured interviews to analyze the main reasons for and
impacts of the lack of information about the rights of this specific population. According to the results,
the lack of available educational resources, limited outreach by institutions, lack of economic
independence, language and cultural difficulties, along with fear of possible reprisals and social
marginalization, are key factors that restrict the ability to obtain information and fully exercise human
rights. It is clear that many women downplay or find excuses for the violence they experience, while
others are unfamiliar with the legal steps to report or receive help from specialized services. The
complexity of legal language and the lack of adequate legal advice increase the vulnerability of those
affected, complicating their ability to take control of their situation and seek justice. Lack of knowledge
about rights not only maintains impunity and the underreporting of cases of violence, but also promotes
the repetition of abusive behavior, recurrent victimization, and the absence of effective preventive
measures. At the community level, the acceptance of violence and entrenched gender patterns contribute
to the lack of visibility for those who suffer and hinder the implementation of support and protection
measures. The importance of creating educational and awareness-raising initiatives aimed at older
women, in addition to improving the availability of legal and social services in rural areas, is highlighted.
Raising awareness of women's rights is essential to improving women's standard of living,
independence, and dignity, and to progress toward a more equitable and just society. Combating the lack
of information and sociocultural obstacles is crucial to ensuring respect for and safeguarding the human
rights of older women in Javier Rojo Gómez and related rural areas.
Keywords: human rights, older women, gender-based violence, misinformation
Artículo recibido 05 abril 2025
Aceptado para publicación: 18 mayo 2025
pág. 1218
INTRODUCCIÓN
El desconocimiento de los derechos humanos entre mujeres mayores de 60 años en el poblado Javier
Rojo Gómez, Quintana Roo, se presenta como una problemática multifactorial que impacta de manera
directa en la perpetuación de la violencia de género, la discriminación y la exclusión social. Este
fenómeno se agrava en contextos rurales donde el acceso a la educación formal es limitado, la difusión
institucional de los derechos es insuficiente y las tradiciones socioculturales refuerzan roles de género
que normalizan la sumisión femenina y la tolerancia a la violencia (INEGI, 2021; Lagarde y de los Ríos,
2016; González & Hernández, 2022). La falta de campañas de alfabetización jurídica y de materiales
informativos adaptados a las necesidades de las adultas mayores profundiza la brecha informativa y
limita el acceso a la justicia (CNDH, 2019; Sáenz & López, 2017).
A lo anterior se suma la dependencia económica respecto a los agresores, la cual restringe la autonomía
de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones informadas o buscar ayuda institucional (García &
de Oliveira, 2011; Sánchez, 2019). El miedo a represalias, la estigmatización social y la posibilidad de
revictimización por parte de las propias instituciones desincentivan la denuncia y perpetúan el silencio
de las víctimas (González & Hernández, 2022; ONU Mujeres, 2023). En este sentido, la complejidad
del lenguaje jurídico y el desconocimiento de los procedimientos legales constituyen obstáculos
adicionales, ya que muchas mujeres no saben cómo ni dónde denunciar, ni cuáles son los recursos legales
disponibles para su protección (CNDH, 2019; Pérez & Rodríguez, 2020).
El contexto de inseguridad y alteración del orden social que se vive en diversas regiones de Quintana
Roo, incluyendo áreas rurales y semiurbanas, contribuye a generar percepciones de vulnerabilidad y
desconfianza hacia las instituciones encargadas de la protección de los derechos (Sánchez Méndez,
Quintal García & Ganzo Olivares, 2024).
La incivilidad social y la percepción de inseguridad afectan la disposición de las mujeres a buscar apoyo
o a denunciar situaciones de violencia, ya que muchas veces consideran que las autoridades no serán
capaces de garantizar su seguridad o la de sus familias. Además, las estrategias de seguridad pública
implementadas en la región han tenido impactos variables en el ámbito económico y en la percepción
de bienestar social, lo que puede influir en la disposición de las víctimas a ejercer sus derechos y a
participar en procesos de denuncia (Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2023).
INTRODUCCIÓN
El desconocimiento de los derechos humanos entre mujeres mayores de 60 años en el poblado Javier
Rojo Gómez, Quintana Roo, se presenta como una problemática multifactorial que impacta de manera
directa en la perpetuación de la violencia de género, la discriminación y la exclusión social. Este
fenómeno se agrava en contextos rurales donde el acceso a la educación formal es limitado, la difusión
institucional de los derechos es insuficiente y las tradiciones socioculturales refuerzan roles de género
que normalizan la sumisión femenina y la tolerancia a la violencia (INEGI, 2021; Lagarde y de los Ríos,
2016; González & Hernández, 2022). La falta de campañas de alfabetización jurídica y de materiales
informativos adaptados a las necesidades de las adultas mayores profundiza la brecha informativa y
limita el acceso a la justicia (CNDH, 2019; Sáenz & López, 2017).
A lo anterior se suma la dependencia económica respecto a los agresores, la cual restringe la autonomía
de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones informadas o buscar ayuda institucional (García &
de Oliveira, 2011; Sánchez, 2019). El miedo a represalias, la estigmatización social y la posibilidad de
revictimización por parte de las propias instituciones desincentivan la denuncia y perpetúan el silencio
de las víctimas (González & Hernández, 2022; ONU Mujeres, 2023). En este sentido, la complejidad
del lenguaje jurídico y el desconocimiento de los procedimientos legales constituyen obstáculos
adicionales, ya que muchas mujeres no saben cómo ni dónde denunciar, ni cuáles son los recursos legales
disponibles para su protección (CNDH, 2019; Pérez & Rodríguez, 2020).
El contexto de inseguridad y alteración del orden social que se vive en diversas regiones de Quintana
Roo, incluyendo áreas rurales y semiurbanas, contribuye a generar percepciones de vulnerabilidad y
desconfianza hacia las instituciones encargadas de la protección de los derechos (Sánchez Méndez,
Quintal García & Ganzo Olivares, 2024).
La incivilidad social y la percepción de inseguridad afectan la disposición de las mujeres a buscar apoyo
o a denunciar situaciones de violencia, ya que muchas veces consideran que las autoridades no serán
capaces de garantizar su seguridad o la de sus familias. Además, las estrategias de seguridad pública
implementadas en la región han tenido impactos variables en el ámbito económico y en la percepción
de bienestar social, lo que puede influir en la disposición de las víctimas a ejercer sus derechos y a
participar en procesos de denuncia (Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2023).
pág. 1219
La construcción de una sociedad resiliente en municipios de Quintana Roo requiere fortalecer la
confianza en las instituciones, promover la cohesión social y garantizar el acceso a la información y la
justicia para todos los grupos vulnerables, especialmente las mujeres mayores (Sánchez Méndez,
Quintal García & Ganzo Olivares, 2024).
La percepción pública juega un papel fundamental en la forma en que las mujeres enfrentan la violencia
y buscan soluciones, ya que la falta de reconocimiento social de la problemática puede reforzar el
aislamiento y la falta de apoyo comunitario. Por ello, es indispensable que las políticas públicas
contemplen no solo la provisión de servicios legales y sociales, sino también estrategias de
sensibilización y educación que permitan a las mujeres mayores conocer y ejercer sus derechos en todos
los ámbitos de la vida (CEPAL, 2022; UN Women, 2023).
En suma, el desconocimiento de los derechos humanos entre las mujeres mayores de 60 años en Javier
Rojo Gómez no solo perpetúa la impunidad y el subregistro de casos de violencia, sino que limita la
autonomía, la participación social y el acceso a oportunidades de desarrollo de este grupo. La superación
de esta problemática exige un enfoque integral que combine educación, fortalecimiento institucional,
campañas de información y la construcción de entornos seguros y resilientes, donde el ejercicio de los
derechos sea una realidad tangible para todas las mujeres, independientemente de su edad o condición
social (Alvarado, 2018; Rodríguez, 2022; ONU Mujeres, 2023).
METODOLOGÍA
Durante la etapa cuantitativa, se llevó a cabo un cuestionario estructurado con 50 mujeres de más de 60
años que viven en la localidad, escogidas según criterios de accesibilidad, representatividad local y
diversidad sociodemográfica, siguiendo pautas metodológicas para investigar en comunidades
vulnerables (Hernández Sampieri et al., 2022; Babbie, 2020).
Se creó el cuestionario basándose en una revisión detallada de documentos e instrumentos validados en
estudios anteriores sobre derechos humanos, victimización y violencia de género (INEGI, 2021; ONU
Mujeres, 2023; CEPAL, 2022).
En el cuestionario se recopilaron datos sobre aspectos sociodemográficos, educativos, laborales,
comprensión de derechos, historial de denuncias, percepción de obstáculos en instituciones, opiniones
sobre el ejercicio de los derechos y participación en grupos comunitarios.
La construcción de una sociedad resiliente en municipios de Quintana Roo requiere fortalecer la
confianza en las instituciones, promover la cohesión social y garantizar el acceso a la información y la
justicia para todos los grupos vulnerables, especialmente las mujeres mayores (Sánchez Méndez,
Quintal García & Ganzo Olivares, 2024).
La percepción pública juega un papel fundamental en la forma en que las mujeres enfrentan la violencia
y buscan soluciones, ya que la falta de reconocimiento social de la problemática puede reforzar el
aislamiento y la falta de apoyo comunitario. Por ello, es indispensable que las políticas públicas
contemplen no solo la provisión de servicios legales y sociales, sino también estrategias de
sensibilización y educación que permitan a las mujeres mayores conocer y ejercer sus derechos en todos
los ámbitos de la vida (CEPAL, 2022; UN Women, 2023).
En suma, el desconocimiento de los derechos humanos entre las mujeres mayores de 60 años en Javier
Rojo Gómez no solo perpetúa la impunidad y el subregistro de casos de violencia, sino que limita la
autonomía, la participación social y el acceso a oportunidades de desarrollo de este grupo. La superación
de esta problemática exige un enfoque integral que combine educación, fortalecimiento institucional,
campañas de información y la construcción de entornos seguros y resilientes, donde el ejercicio de los
derechos sea una realidad tangible para todas las mujeres, independientemente de su edad o condición
social (Alvarado, 2018; Rodríguez, 2022; ONU Mujeres, 2023).
METODOLOGÍA
Durante la etapa cuantitativa, se llevó a cabo un cuestionario estructurado con 50 mujeres de más de 60
años que viven en la localidad, escogidas según criterios de accesibilidad, representatividad local y
diversidad sociodemográfica, siguiendo pautas metodológicas para investigar en comunidades
vulnerables (Hernández Sampieri et al., 2022; Babbie, 2020).
Se creó el cuestionario basándose en una revisión detallada de documentos e instrumentos validados en
estudios anteriores sobre derechos humanos, victimización y violencia de género (INEGI, 2021; ONU
Mujeres, 2023; CEPAL, 2022).
En el cuestionario se recopilaron datos sobre aspectos sociodemográficos, educativos, laborales,
comprensión de derechos, historial de denuncias, percepción de obstáculos en instituciones, opiniones
sobre el ejercicio de los derechos y participación en grupos comunitarios.
pág. 1220
Se incluyeron interrogantes abiertas y cerradas con el fin de recoger tanto la regularidad como la
intensidad de las opiniones y vivencias.
Se llevaron a cabo el análisis numérico de los datos utilizando frecuencias, porcentajes, medidas para
representar la tendencia general y la variabilidad, además de análisis comparativos para descubrir
posibles relaciones entre aspectos como educación, entorno económico y comprensión de derechos
(Field, 2018; Bryman, 2016).
En la etapa cualitativa se llevaron a cabo 10 entrevistas semiestructuradas, eligiendo a las participantes
a través de un muestreo conveniente y basado en la saturación teórica.
El propósito era ahondar en las vivencias, puntos de vista y obstáculos encontrados por las personas en
cuanto al acceso a la información y a la justicia. Se llevaron a cabo las entrevistas en entornos seguros,
se grabaron y se transcribieron con el consentimiento informado.
Posteriormente, se analizaron utilizando el método de análisis temático. Esto permitió identificar
categorías emergentes relacionadas con la normalización de la violencia, la estigmatización social, el
temor a posibles represalias, la percepción de la ineficacia institucional y la influencia de aspectos
culturales y económicos (Braun & Clarke, 2019; Patton, 2015; Guest, Namey & Mitchell, 2013).
Además, se tomaron en cuenta variables del entorno como el grado de inseguridad, la percepción de
falta de civismo en la sociedad y la confianza en las instituciones, elementos que han mostrado ser clave
en la disposición de las mujeres para ejercer sus derechos y buscar respaldo, especialmente en zonas con
altos niveles de violencia y desorden (Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2024;
Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2023; Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo
Olivares, 2024b).
La combinación de distintos métodos y fuentes de información potenció la credibilidad tanto interna
como externa de la investigación, posibilitando la comparación entre los datos cuantitativos y los
descubrimientos cualitativos, lo que enriqueció el análisis de la información (Denzin, 2017; Morse,
2015; Teddlie & Tashakkori, 2009).
Además, se incluyó un examen interseccional que tiene en cuenta elementos como la afiliación a
comunidades indígenas, los obstáculos idiomáticos, las limitaciones físicas, el estado financiero y la
implicación en actividades comunitarias, en concordancia con sugerencias de entidades globales y
Se incluyeron interrogantes abiertas y cerradas con el fin de recoger tanto la regularidad como la
intensidad de las opiniones y vivencias.
Se llevaron a cabo el análisis numérico de los datos utilizando frecuencias, porcentajes, medidas para
representar la tendencia general y la variabilidad, además de análisis comparativos para descubrir
posibles relaciones entre aspectos como educación, entorno económico y comprensión de derechos
(Field, 2018; Bryman, 2016).
En la etapa cualitativa se llevaron a cabo 10 entrevistas semiestructuradas, eligiendo a las participantes
a través de un muestreo conveniente y basado en la saturación teórica.
El propósito era ahondar en las vivencias, puntos de vista y obstáculos encontrados por las personas en
cuanto al acceso a la información y a la justicia. Se llevaron a cabo las entrevistas en entornos seguros,
se grabaron y se transcribieron con el consentimiento informado.
Posteriormente, se analizaron utilizando el método de análisis temático. Esto permitió identificar
categorías emergentes relacionadas con la normalización de la violencia, la estigmatización social, el
temor a posibles represalias, la percepción de la ineficacia institucional y la influencia de aspectos
culturales y económicos (Braun & Clarke, 2019; Patton, 2015; Guest, Namey & Mitchell, 2013).
Además, se tomaron en cuenta variables del entorno como el grado de inseguridad, la percepción de
falta de civismo en la sociedad y la confianza en las instituciones, elementos que han mostrado ser clave
en la disposición de las mujeres para ejercer sus derechos y buscar respaldo, especialmente en zonas con
altos niveles de violencia y desorden (Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2024;
Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2023; Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo
Olivares, 2024b).
La combinación de distintos métodos y fuentes de información potenció la credibilidad tanto interna
como externa de la investigación, posibilitando la comparación entre los datos cuantitativos y los
descubrimientos cualitativos, lo que enriqueció el análisis de la información (Denzin, 2017; Morse,
2015; Teddlie & Tashakkori, 2009).
Además, se incluyó un examen interseccional que tiene en cuenta elementos como la afiliación a
comunidades indígenas, los obstáculos idiomáticos, las limitaciones físicas, el estado financiero y la
implicación en actividades comunitarias, en concordancia con sugerencias de entidades globales y
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análisis actuales sobre derechos humanos y equidad de género (Crenshaw, 1991; ONU Mujeres, 2023;
CEPAL, 2022; García & de Oliveira, 2011).
La importancia de esta visión radicó en comprender la variedad de vivencias y las distintas formas de
vulnerabilidad que las mujeres mayores en zonas rurales enfrentan, así como en reconocer los elementos
que pueden fortalecer el empoderamiento y la capacidad de recuperación.
Durante todo el procedimiento, se puso especial énfasis en la integridad ética, asegurando que se
obtuviera el consentimiento informado, se respetara la confidencialidad y el anonimato, y se honrara la
dignidad de las participantes, siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH, 2019) y las pautas internacionales para estudios sociales (Israel & Hay, 2020; Wiles,
2013).
Se garantizó que las preguntas fueran adecuadas culturalmente y fáciles de entender, además se les
brindó a las participantes la opción de obtener detalles básicos sobre sus derechos y los recursos
disponibles al concluir su participación. También se crearon pautas de acción para manejar posibles
riesgos o emergencias que surjan durante las actividades en terreno, en colaboración con entidades
locales y asociaciones civiles (Patton, 2015; ONU Mujeres, 2023).
Se añadió a la metodología la revisión de documentos y el estudio de políticas públicas, estrategias de
seguridad y opiniones de la sociedad en la zona, lo que posibilitó situar los hallazgos en el contexto de
la falta de civismo, la sensación de inseguridad y el fortalecimiento de la comunidad (Sánchez Méndez,
Quintal García & Ganzo Olivares, 2024; Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2023).
Se examinaron informes oficiales, documentos de entidades internacionales, datos gubernamentales y
estudios científicos recientes con el fin de detectar patrones, diferencias y posibilidades de acción. La
sólida integración metodológica asegura una comprensión completa y detallada del tema,
proporcionando información importante para desarrollar acciones educativas, campañas de
concienciación y políticas públicas que promuevan el conocimiento y la aplicación de los derechos
humanos entre las mujeres de edad avanzada en zonas rurales (UN Women, 2023; Braun & Clarke,
2019; Flick, 2018; Teddlie & Tashakkori, 2009).
HALLAZGOS Y SU DISCUSIÓN.
Los resultados de este estudio evidencian de manera clara que la falta de conocimiento sobre los
análisis actuales sobre derechos humanos y equidad de género (Crenshaw, 1991; ONU Mujeres, 2023;
CEPAL, 2022; García & de Oliveira, 2011).
La importancia de esta visión radicó en comprender la variedad de vivencias y las distintas formas de
vulnerabilidad que las mujeres mayores en zonas rurales enfrentan, así como en reconocer los elementos
que pueden fortalecer el empoderamiento y la capacidad de recuperación.
Durante todo el procedimiento, se puso especial énfasis en la integridad ética, asegurando que se
obtuviera el consentimiento informado, se respetara la confidencialidad y el anonimato, y se honrara la
dignidad de las participantes, siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH, 2019) y las pautas internacionales para estudios sociales (Israel & Hay, 2020; Wiles,
2013).
Se garantizó que las preguntas fueran adecuadas culturalmente y fáciles de entender, además se les
brindó a las participantes la opción de obtener detalles básicos sobre sus derechos y los recursos
disponibles al concluir su participación. También se crearon pautas de acción para manejar posibles
riesgos o emergencias que surjan durante las actividades en terreno, en colaboración con entidades
locales y asociaciones civiles (Patton, 2015; ONU Mujeres, 2023).
Se añadió a la metodología la revisión de documentos y el estudio de políticas públicas, estrategias de
seguridad y opiniones de la sociedad en la zona, lo que posibilitó situar los hallazgos en el contexto de
la falta de civismo, la sensación de inseguridad y el fortalecimiento de la comunidad (Sánchez Méndez,
Quintal García & Ganzo Olivares, 2024; Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2023).
Se examinaron informes oficiales, documentos de entidades internacionales, datos gubernamentales y
estudios científicos recientes con el fin de detectar patrones, diferencias y posibilidades de acción. La
sólida integración metodológica asegura una comprensión completa y detallada del tema,
proporcionando información importante para desarrollar acciones educativas, campañas de
concienciación y políticas públicas que promuevan el conocimiento y la aplicación de los derechos
humanos entre las mujeres de edad avanzada en zonas rurales (UN Women, 2023; Braun & Clarke,
2019; Flick, 2018; Teddlie & Tashakkori, 2009).
HALLAZGOS Y SU DISCUSIÓN.
Los resultados de este estudio evidencian de manera clara que la falta de conocimiento sobre los
pág. 1222
derechos humanos en mujeres mayores de 60 años en la localidad de Javier Rojo Gómez, Quintana Roo,
constituye un fenómeno complejo y arraigado en aspectos estructurales, culturales y socioeconómicos.
Según el análisis numérico, la mayoría de las mujeres encuestadas no tienen conocimiento de leyes
importantes como la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. La falta de conocimiento no es fortuita ni superficial, sino que está vinculada
directamente con el escaso nivel educativo de las personas encuestadas y la escasa participación en
campañas educativas o en entornos donde se aborden temas sobre derechos y medidas de protección.
Numerosas mujeres, por ejemplo, no han podido acceder a una educación reglada más allá de la
enseñanza primaria, lo que limita su habilidad para entender documentos legales o reconocer casos de
maltrato que vulneran sus derechos (INEGI, 2021; García & de Oliveira, 2011).
La carencia de datos empeora debido a la inexistencia de recursos educativos adecuados para los
ancianos y a la limitada oferta de iniciativas de enseñanza legal en la sociedad. La falta de esto hace que
muchas mujeres vean los derechos como algo distante o sin importancia en su día a día, lo cual dificulta
que puedan reconocer y reportar casos de violencia o discriminación. Asimismo, la mayor parte de las
mujeres encuestadas expresó su desconocimiento sobre el procedimiento para reportar una violación a
sus derechos, mientras que solo un reducido grupo pudo identificar de manera acertada los recursos
institucionales de ayuda, como las autoridades policiales, el Ministerio Público o el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia. El descubrimiento demuestra una falta de información constante y una
separación entre las políticas gubernamentales y la situación de las mujeres que viven en zonas rurales
(CNDH, 2019; Pérez & Rodríguez, 2020).
Durante las entrevistas cualitativas, las limitaciones de índole cultural y social se manifestaron de
manera significativa. Es común que muchas mujeres reduzcan o den razones para la violencia que
sufren, asimilando ideas que hacen que parezca normal aceptar la sumisión de las mujeres y tolerar el
maltrato. Frases como "así son las cosas", "siempre ha sido de esa manera" o "prefiero no complicarme"
evidencian la arraigada asimilación de normas tradicionales que mantienen la inequidad y la agresión.
El temor a posibles represalias, la marginación social y la falta de confianza en las autoridades son
obstáculos que surgen con frecuencia. Según lo informado por varias mujeres entrevistadas, en el
pasado, al intentar presentar denuncias, no obtuvieron respaldo o fueron victimizadas nuevamente por
derechos humanos en mujeres mayores de 60 años en la localidad de Javier Rojo Gómez, Quintana Roo,
constituye un fenómeno complejo y arraigado en aspectos estructurales, culturales y socioeconómicos.
Según el análisis numérico, la mayoría de las mujeres encuestadas no tienen conocimiento de leyes
importantes como la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. La falta de conocimiento no es fortuita ni superficial, sino que está vinculada
directamente con el escaso nivel educativo de las personas encuestadas y la escasa participación en
campañas educativas o en entornos donde se aborden temas sobre derechos y medidas de protección.
Numerosas mujeres, por ejemplo, no han podido acceder a una educación reglada más allá de la
enseñanza primaria, lo que limita su habilidad para entender documentos legales o reconocer casos de
maltrato que vulneran sus derechos (INEGI, 2021; García & de Oliveira, 2011).
La carencia de datos empeora debido a la inexistencia de recursos educativos adecuados para los
ancianos y a la limitada oferta de iniciativas de enseñanza legal en la sociedad. La falta de esto hace que
muchas mujeres vean los derechos como algo distante o sin importancia en su día a día, lo cual dificulta
que puedan reconocer y reportar casos de violencia o discriminación. Asimismo, la mayor parte de las
mujeres encuestadas expresó su desconocimiento sobre el procedimiento para reportar una violación a
sus derechos, mientras que solo un reducido grupo pudo identificar de manera acertada los recursos
institucionales de ayuda, como las autoridades policiales, el Ministerio Público o el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia. El descubrimiento demuestra una falta de información constante y una
separación entre las políticas gubernamentales y la situación de las mujeres que viven en zonas rurales
(CNDH, 2019; Pérez & Rodríguez, 2020).
Durante las entrevistas cualitativas, las limitaciones de índole cultural y social se manifestaron de
manera significativa. Es común que muchas mujeres reduzcan o den razones para la violencia que
sufren, asimilando ideas que hacen que parezca normal aceptar la sumisión de las mujeres y tolerar el
maltrato. Frases como "así son las cosas", "siempre ha sido de esa manera" o "prefiero no complicarme"
evidencian la arraigada asimilación de normas tradicionales que mantienen la inequidad y la agresión.
El temor a posibles represalias, la marginación social y la falta de confianza en las autoridades son
obstáculos que surgen con frecuencia. Según lo informado por varias mujeres entrevistadas, en el
pasado, al intentar presentar denuncias, no obtuvieron respaldo o fueron victimizadas nuevamente por
pág. 1223
autoridades, lo cual refuerza la sensación de falta de eficacia en las instituciones y desanima posibles
acciones futuras (González & Hernández, 2022; ONU Mujeres, 2023).
La dependencia económica se ha convertido en un elemento clave que influye en la independencia de
las mujeres y en su habilidad para solicitar asistencia o salir de situaciones de violencia. Gran parte de
las mujeres que participan en el programa tienen una dependencia económica de sus parejas, hijos u
otros familiares, lo cual restringe su libertad de acción y las hace vulnerables a posibles chantajes o la
amenaza de ser abandonadas. En entornos de escasez económica, la problemática se intensifica, ya que
la carencia de medios dificulta la posibilidad de utilizar servicios jurídicos, asistencia sanitaria o
albergues, lo que mantiene la espiral de fragilidad y marginación (García & de Oliveira, 2011; Sánchez,
2019).
Otro descubrimiento importante es la complicación al entender el lenguaje legal y los trámites formales
de presentación de quejas. A pesar de la disponibilidad de asesoría legal gratuita, la carencia de datos
precisos y fáciles de encontrar acerca de los procedimientos y lugares para presentar denuncias
representa un desafío importante. Las mujeres manifestaron su preocupación por no ser consideradas
seriamente, por no comprender los procedimientos legales o por recibir un trato indiferente o despectivo
de las autoridades. La percepción mencionada se refuerza debido a la carencia de personal especializado
en enfoque de género y a la distancia geográfica de los servicios oficiales, los cuales suelen estar
centralizados en los centros urbanos y no alcanzan a las zonas rurales (Pérez & Rodríguez, 2020; Sáenz
& López, 2017).
Los estudios más recientes han confirmado que la sensación de inseguridad y la falta de civismo en la
zona refuerzan la percepción de vulnerabilidad y la falta de fe en las entidades públicas. Según lo
indicado por las mujeres, la violencia en el entorno, la ineficacia policial y la corrupción en las
instituciones son elementos que desalientan la presentación de denuncias y aumentan la marginación de
las personas afectadas (Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2024). La falta de fe en las
instituciones contribuye a mantener en secreto y ocultar la violencia, creando un ciclo pernicioso.
El enfoque interseccional reveló que las mujeres que forman parte de comunidades indígenas, las que
tienen obstáculos en el lenguaje o alguna discapacidad, experimentan obstáculos adicionales al intentar
acceder a la información y a la asistencia disponible. Generalmente, estas mujeres se encuentran en una
autoridades, lo cual refuerza la sensación de falta de eficacia en las instituciones y desanima posibles
acciones futuras (González & Hernández, 2022; ONU Mujeres, 2023).
La dependencia económica se ha convertido en un elemento clave que influye en la independencia de
las mujeres y en su habilidad para solicitar asistencia o salir de situaciones de violencia. Gran parte de
las mujeres que participan en el programa tienen una dependencia económica de sus parejas, hijos u
otros familiares, lo cual restringe su libertad de acción y las hace vulnerables a posibles chantajes o la
amenaza de ser abandonadas. En entornos de escasez económica, la problemática se intensifica, ya que
la carencia de medios dificulta la posibilidad de utilizar servicios jurídicos, asistencia sanitaria o
albergues, lo que mantiene la espiral de fragilidad y marginación (García & de Oliveira, 2011; Sánchez,
2019).
Otro descubrimiento importante es la complicación al entender el lenguaje legal y los trámites formales
de presentación de quejas. A pesar de la disponibilidad de asesoría legal gratuita, la carencia de datos
precisos y fáciles de encontrar acerca de los procedimientos y lugares para presentar denuncias
representa un desafío importante. Las mujeres manifestaron su preocupación por no ser consideradas
seriamente, por no comprender los procedimientos legales o por recibir un trato indiferente o despectivo
de las autoridades. La percepción mencionada se refuerza debido a la carencia de personal especializado
en enfoque de género y a la distancia geográfica de los servicios oficiales, los cuales suelen estar
centralizados en los centros urbanos y no alcanzan a las zonas rurales (Pérez & Rodríguez, 2020; Sáenz
& López, 2017).
Los estudios más recientes han confirmado que la sensación de inseguridad y la falta de civismo en la
zona refuerzan la percepción de vulnerabilidad y la falta de fe en las entidades públicas. Según lo
indicado por las mujeres, la violencia en el entorno, la ineficacia policial y la corrupción en las
instituciones son elementos que desalientan la presentación de denuncias y aumentan la marginación de
las personas afectadas (Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2024). La falta de fe en las
instituciones contribuye a mantener en secreto y ocultar la violencia, creando un ciclo pernicioso.
El enfoque interseccional reveló que las mujeres que forman parte de comunidades indígenas, las que
tienen obstáculos en el lenguaje o alguna discapacidad, experimentan obstáculos adicionales al intentar
acceder a la información y a la asistencia disponible. Generalmente, estas mujeres se encuentran en una
pág. 1224
situación de doble marginación debido a su condición de género, edad y pertenencia a colectivos que
han sido discriminados a lo largo de la historia. La carencia de recursos en idiomas autóctonos, la falta
de intérpretes y la discriminación institucional empeoran su condición de vulnerabilidad y obstaculizan
su capacidad de acceder a la justicia (Crenshaw, 1991; CEPAL, 2022; ONU Mujeres, 2023).
En lo que respecta a la valoración de la relevancia de comprender los derechos, la mayor parte de las
mujeres admitió que tener acceso a este conocimiento podría elevar su bienestar, reforzar su confianza
en sí mismas y proporcionarles recursos para afrontar casos de violencia o discriminación. No obstante,
manifestaron la importancia de obtener datos claros, fáciles de entender y ajustados a su entorno, además
de disponer de lugares seguros para aprender y reportar situaciones. Según las integrantes, es importante
mantener de forma continua las campañas de educación y concienciación, las cuales deben contar con
talleres en persona, materiales escritos en un lenguaje sencillo y respaldo de líderes de la comunidad o
promotoras locales para ampliar su impacto y eficacia (Alvarado, 2018; UN Women, 2023).
Los resultados obtenidos confirman que la falta de conocimiento sobre los derechos humanos contribuye
a mantener la impunidad, a subestimar la cantidad de casos de violencia y a seguir patrones de abuso,
lo que también restringe la autonomía y la participación social de las mujeres de edad avanzada. Se
detectó una necesidad evidente de fortalecer las instituciones, mejorar la divulgación de datos, formar
al personal en enfoque de género y establecer redes de apoyo comunitarias. La importancia de un
enfoque completo y que abarque varios sectores se ve reforzada para luchar contra la difusión de
información falsa, fomentar la autonomía y asegurar el total respeto de los derechos humanos de las
mujeres de edad avanzada en zonas rurales. Según estudios recientes, se ha demostrado que tener la
posibilidad de obtener información y formación en derechos humanos no solo constituye un derecho
fundamental, sino que también se convierte en un requisito esencial para la dignidad, la independencia
y la equidad social (Rodríguez, 2022; Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2024).
Discusión
Analizar los resultados de este estudio brinda una perspectiva más amplia sobre la complejidad y las
consecuencias de la falta de conocimiento de los derechos humanos en mujeres mayores de 60 años en
la localidad de Javier Rojo Gómez, Quintana Roo. Los datos recopilados muestran pautas que, aunque
se observan en otras zonas rurales y desfavorecidas de la nación, en esta situación toman atributos
situación de doble marginación debido a su condición de género, edad y pertenencia a colectivos que
han sido discriminados a lo largo de la historia. La carencia de recursos en idiomas autóctonos, la falta
de intérpretes y la discriminación institucional empeoran su condición de vulnerabilidad y obstaculizan
su capacidad de acceder a la justicia (Crenshaw, 1991; CEPAL, 2022; ONU Mujeres, 2023).
En lo que respecta a la valoración de la relevancia de comprender los derechos, la mayor parte de las
mujeres admitió que tener acceso a este conocimiento podría elevar su bienestar, reforzar su confianza
en sí mismas y proporcionarles recursos para afrontar casos de violencia o discriminación. No obstante,
manifestaron la importancia de obtener datos claros, fáciles de entender y ajustados a su entorno, además
de disponer de lugares seguros para aprender y reportar situaciones. Según las integrantes, es importante
mantener de forma continua las campañas de educación y concienciación, las cuales deben contar con
talleres en persona, materiales escritos en un lenguaje sencillo y respaldo de líderes de la comunidad o
promotoras locales para ampliar su impacto y eficacia (Alvarado, 2018; UN Women, 2023).
Los resultados obtenidos confirman que la falta de conocimiento sobre los derechos humanos contribuye
a mantener la impunidad, a subestimar la cantidad de casos de violencia y a seguir patrones de abuso,
lo que también restringe la autonomía y la participación social de las mujeres de edad avanzada. Se
detectó una necesidad evidente de fortalecer las instituciones, mejorar la divulgación de datos, formar
al personal en enfoque de género y establecer redes de apoyo comunitarias. La importancia de un
enfoque completo y que abarque varios sectores se ve reforzada para luchar contra la difusión de
información falsa, fomentar la autonomía y asegurar el total respeto de los derechos humanos de las
mujeres de edad avanzada en zonas rurales. Según estudios recientes, se ha demostrado que tener la
posibilidad de obtener información y formación en derechos humanos no solo constituye un derecho
fundamental, sino que también se convierte en un requisito esencial para la dignidad, la independencia
y la equidad social (Rodríguez, 2022; Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2024).
Discusión
Analizar los resultados de este estudio brinda una perspectiva más amplia sobre la complejidad y las
consecuencias de la falta de conocimiento de los derechos humanos en mujeres mayores de 60 años en
la localidad de Javier Rojo Gómez, Quintana Roo. Los datos recopilados muestran pautas que, aunque
se observan en otras zonas rurales y desfavorecidas de la nación, en esta situación toman atributos
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específicos a causa de elementos estructurales, culturales, económicos e institucionales que se entrelazan
y refuerzan entre sí.
La constatación de que la mayoría de las mujeres encuestadas no tienen conocimiento de leyes
importantes como la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia revela la magnitud y duración de la falta de información. De acuerdo con lo indicado
por INEGI en 2021 y ONU Mujeres en 2023, se confirma que la educación limitada y la carencia de
información adecuada son elementos clave que mantienen la vulnerabilidad de las mujeres mayores. En
el ejemplo de Javier Rojo Gómez, la mayoría de las mujeres involucradas no ha recibido educación
formal más allá de la escuela primaria, lo que les dificulta entender documentos legales y identificar
situaciones de abuso que vulneren sus derechos. La carencia de conocimientos legales no solo dificulta
la aplicación de sus derechos, sino que también consolida la idea de que las leyes y los sistemas
institucionales son inaccesibles o no están pensados para ellas (CNDH, 2019; CEPAL, 2022).
La importancia de la dimensión cultural se manifiesta como un factor fundamental al analizar estos
hallazgos. En las entrevistas de tipo cualitativo se descubrió que numerosas mujeres tienden a restar
importancia o explicar la violencia que sufren, asimilando discursos que hacen que la sumisión de las
mujeres y la aceptación del maltrato parezcan normales. Este suceso, ampliamente registrado en los
estudios sobre género y violencia (Lagarde y de los Ríos, 2016; González & Hernández, 2022), resulta
en una aceptación pasiva de la violencia y en una escasa disposición para solicitar asistencia o presentar
denuncias. El temor a posibles represalias, la marginación social y la falta de confianza en las
autoridades contribuyen a que las personas afectadas guarden silencio, lo que a su vez mantiene oculta
la magnitud del asunto. La presión de la comunidad y la familia por mantener la paz y evitar situaciones
embarazosas dificulta la presentación de quejas y la solicitud de ayuda oficial, tal como se ha observado
en zonas rurales de México y otros países de América Latina (informe de ONU Mujeres, 2023; estudio
de Pérez y Rodríguez, 2020).
La dependencia económica, vista como un elemento que atraviesa todas las áreas, influye
significativamente en la independencia de las mujeres y en su habilidad para salir de situaciones de
violencia. Según lo expresado por las mujeres involucradas, la carencia de medios financieros y la
necesidad de contar con sus agresores o familiares para sobrevivir las sitúa en una condición de extrema
específicos a causa de elementos estructurales, culturales, económicos e institucionales que se entrelazan
y refuerzan entre sí.
La constatación de que la mayoría de las mujeres encuestadas no tienen conocimiento de leyes
importantes como la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia revela la magnitud y duración de la falta de información. De acuerdo con lo indicado
por INEGI en 2021 y ONU Mujeres en 2023, se confirma que la educación limitada y la carencia de
información adecuada son elementos clave que mantienen la vulnerabilidad de las mujeres mayores. En
el ejemplo de Javier Rojo Gómez, la mayoría de las mujeres involucradas no ha recibido educación
formal más allá de la escuela primaria, lo que les dificulta entender documentos legales y identificar
situaciones de abuso que vulneren sus derechos. La carencia de conocimientos legales no solo dificulta
la aplicación de sus derechos, sino que también consolida la idea de que las leyes y los sistemas
institucionales son inaccesibles o no están pensados para ellas (CNDH, 2019; CEPAL, 2022).
La importancia de la dimensión cultural se manifiesta como un factor fundamental al analizar estos
hallazgos. En las entrevistas de tipo cualitativo se descubrió que numerosas mujeres tienden a restar
importancia o explicar la violencia que sufren, asimilando discursos que hacen que la sumisión de las
mujeres y la aceptación del maltrato parezcan normales. Este suceso, ampliamente registrado en los
estudios sobre género y violencia (Lagarde y de los Ríos, 2016; González & Hernández, 2022), resulta
en una aceptación pasiva de la violencia y en una escasa disposición para solicitar asistencia o presentar
denuncias. El temor a posibles represalias, la marginación social y la falta de confianza en las
autoridades contribuyen a que las personas afectadas guarden silencio, lo que a su vez mantiene oculta
la magnitud del asunto. La presión de la comunidad y la familia por mantener la paz y evitar situaciones
embarazosas dificulta la presentación de quejas y la solicitud de ayuda oficial, tal como se ha observado
en zonas rurales de México y otros países de América Latina (informe de ONU Mujeres, 2023; estudio
de Pérez y Rodríguez, 2020).
La dependencia económica, vista como un elemento que atraviesa todas las áreas, influye
significativamente en la independencia de las mujeres y en su habilidad para salir de situaciones de
violencia. Según lo expresado por las mujeres involucradas, la carencia de medios financieros y la
necesidad de contar con sus agresores o familiares para sobrevivir las sitúa en una condición de extrema
pág. 1226
fragilidad, en la que reportar el problema podría conllevar la privación de recursos o el desamparo. En
entornos de pobreza y exclusión social, la problemática se complica, ya que la disponibilidad de
servicios legales, asistencia sanitaria o refugios es escasa o nula (García & de Oliveira, 2011; Sánchez,
2019). El estudio ratifica que la falta de recursos y la marginación financiera no solamente generan, sino
que también resultan de la ignorancia y el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres de
edad.
Otro punto importante es la complejidad al entender el lenguaje legal y los pasos formales para presentar
una denuncia. A pesar de la disponibilidad de asesoría legal gratuita, la carencia de datos precisos y
fáciles de encontrar acerca de los procedimientos y lugares para presentar denuncias representa un
desafío importante. Según Pérez y Rodríguez (2020) y Sáenz y López (2017), las mujeres manifestaron
miedo a no ser consideradas seriamente, a no comprender los procedimientos legales o a ser recibidas
con falta de interés o menosprecio por las autoridades. Esta situación refuerza la sensación de ineficacia
de las instituciones y desanima la búsqueda de ayuda. Este descubrimiento concuerda con
investigaciones que indican que la carencia de personal especializado en enfoque de género y la distancia
física de los servicios institucionales son elementos que mantienen la impunidad y la falta de registro de
casos de violencia (CNDH, 2019; CEPAL, 2022).
Según el estudio realizado por Sánchez Méndez, Quintal García y Ganzo Olivares (2024), la sensación
de vulnerabilidad y la falta de confianza en las instituciones se ven acentuadas por la percepción de
inseguridad y la falta de civismo en la zona. Según lo indicado por las mujeres, la presencia de violencia
en el entorno, la ineficacia de la policía ante esta problemática y la corrupción en las instituciones son
elementos que desaniman a reportar los casos y aumentan la soledad de quienes sufren. Cuando las
personas no confían en las autoridades y creen que denunciar no resultará en algo bueno, se crea un ciclo
negativo en el que la violencia continúa y las personas afectadas prefieren no hablar al respecto.
A través del enfoque interseccional se pudo determinar que las mujeres que forman parte de
comunidades indígenas, las que tienen obstáculos en el idioma o alguna discapacidad, experimentan
obstáculos adicionales al intentar acceder a servicios de ayuda e información. Generalmente, estas
mujeres se encuentran en una situación de doble marginación debido a su condición de género, edad y
pertenencia a colectivos que han sido discriminados a lo largo de la historia. La carencia de recursos en
fragilidad, en la que reportar el problema podría conllevar la privación de recursos o el desamparo. En
entornos de pobreza y exclusión social, la problemática se complica, ya que la disponibilidad de
servicios legales, asistencia sanitaria o refugios es escasa o nula (García & de Oliveira, 2011; Sánchez,
2019). El estudio ratifica que la falta de recursos y la marginación financiera no solamente generan, sino
que también resultan de la ignorancia y el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres de
edad.
Otro punto importante es la complejidad al entender el lenguaje legal y los pasos formales para presentar
una denuncia. A pesar de la disponibilidad de asesoría legal gratuita, la carencia de datos precisos y
fáciles de encontrar acerca de los procedimientos y lugares para presentar denuncias representa un
desafío importante. Según Pérez y Rodríguez (2020) y Sáenz y López (2017), las mujeres manifestaron
miedo a no ser consideradas seriamente, a no comprender los procedimientos legales o a ser recibidas
con falta de interés o menosprecio por las autoridades. Esta situación refuerza la sensación de ineficacia
de las instituciones y desanima la búsqueda de ayuda. Este descubrimiento concuerda con
investigaciones que indican que la carencia de personal especializado en enfoque de género y la distancia
física de los servicios institucionales son elementos que mantienen la impunidad y la falta de registro de
casos de violencia (CNDH, 2019; CEPAL, 2022).
Según el estudio realizado por Sánchez Méndez, Quintal García y Ganzo Olivares (2024), la sensación
de vulnerabilidad y la falta de confianza en las instituciones se ven acentuadas por la percepción de
inseguridad y la falta de civismo en la zona. Según lo indicado por las mujeres, la presencia de violencia
en el entorno, la ineficacia de la policía ante esta problemática y la corrupción en las instituciones son
elementos que desaniman a reportar los casos y aumentan la soledad de quienes sufren. Cuando las
personas no confían en las autoridades y creen que denunciar no resultará en algo bueno, se crea un ciclo
negativo en el que la violencia continúa y las personas afectadas prefieren no hablar al respecto.
A través del enfoque interseccional se pudo determinar que las mujeres que forman parte de
comunidades indígenas, las que tienen obstáculos en el idioma o alguna discapacidad, experimentan
obstáculos adicionales al intentar acceder a servicios de ayuda e información. Generalmente, estas
mujeres se encuentran en una situación de doble marginación debido a su condición de género, edad y
pertenencia a colectivos que han sido discriminados a lo largo de la historia. La carencia de recursos en
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idiomas autóctonos, la falta de intérpretes y la discriminación en las instituciones empeoran su
vulnerabilidad y obstaculizan su capacidad de acceder a la justicia (Crenshaw, 1991; ONU Mujeres,
2023). La relevancia radica en la necesidad de crear planes de acción que tomen en cuenta la variedad
cultural y lingüística de las poblaciones campesinas.
Además, la escasa implicación en asociaciones de la comunidad o lugares de encuentro restringe las
posibilidades de las mujeres de intercambiar vivencias, mantenerse informadas y establecer conexiones
de ayuda mutua, aspectos fundamentales para fortalecer su autonomía y capacidad de recuperación.
Según estudios recientes, se ha comprobado que formar parte de organizaciones comunitarias o de
derechos humanos puede incrementar la comprensión y promoción de los derechos femeninos, además
de fomentar la colaboración y la empatía, lo que favorece la presentación de quejas y el acceso a la
justicia (Alvarado, 2018; ONU Mujeres, 2023).
En lo que respecta a cómo las mujeres ven la relevancia de comprender sus derechos, la mayoría
coincidió en que tener acceso a esta información podría elevar su bienestar, reforzar su confianza en sí
mismas y proporcionarles recursos para afrontar casos de violencia o discriminación. No obstante,
manifestaron la importancia de obtener datos claros y fáciles de entender, adecuados a su entorno, y
tener lugares seguros para aprender y reportar situaciones. Las mujeres propusieron que las campañas
de educación y concienciación se mantengan de forma regular, integren talleres en persona, utilicen
materiales escritos en un lenguaje sencillo y cuenten con el respaldo de líderes de la comunidad o
promotoras locales para ampliar su impacto y eficacia.
Al concluir la discusión de los descubrimientos, se evidencia que la falta de conocimiento sobre los
derechos humanos mantiene la impunidad, la falta de registro de casos de violencia y la repetición de
modelos de maltrato, al mismo tiempo que restringe la independencia y la participación social de las
mujeres de edad avanzada. Se detectó una necesidad evidente de reforzar las instituciones, mejorar la
divulgación de datos, formar al personal en enfoques de género y establecer redes de apoyo
comunitarias. La importancia de un enfoque completo y que abarque varios sectores se ve reforzada
para luchar contra la desinformación, fomentar la autonomía y asegurar el total respeto de los derechos
humanos de las mujeres de edad avanzada en áreas rurales.
Los hallazgos concuerdan con los estudios tanto a nivel nacional como internacional que resaltan la
idiomas autóctonos, la falta de intérpretes y la discriminación en las instituciones empeoran su
vulnerabilidad y obstaculizan su capacidad de acceder a la justicia (Crenshaw, 1991; ONU Mujeres,
2023). La relevancia radica en la necesidad de crear planes de acción que tomen en cuenta la variedad
cultural y lingüística de las poblaciones campesinas.
Además, la escasa implicación en asociaciones de la comunidad o lugares de encuentro restringe las
posibilidades de las mujeres de intercambiar vivencias, mantenerse informadas y establecer conexiones
de ayuda mutua, aspectos fundamentales para fortalecer su autonomía y capacidad de recuperación.
Según estudios recientes, se ha comprobado que formar parte de organizaciones comunitarias o de
derechos humanos puede incrementar la comprensión y promoción de los derechos femeninos, además
de fomentar la colaboración y la empatía, lo que favorece la presentación de quejas y el acceso a la
justicia (Alvarado, 2018; ONU Mujeres, 2023).
En lo que respecta a cómo las mujeres ven la relevancia de comprender sus derechos, la mayoría
coincidió en que tener acceso a esta información podría elevar su bienestar, reforzar su confianza en sí
mismas y proporcionarles recursos para afrontar casos de violencia o discriminación. No obstante,
manifestaron la importancia de obtener datos claros y fáciles de entender, adecuados a su entorno, y
tener lugares seguros para aprender y reportar situaciones. Las mujeres propusieron que las campañas
de educación y concienciación se mantengan de forma regular, integren talleres en persona, utilicen
materiales escritos en un lenguaje sencillo y cuenten con el respaldo de líderes de la comunidad o
promotoras locales para ampliar su impacto y eficacia.
Al concluir la discusión de los descubrimientos, se evidencia que la falta de conocimiento sobre los
derechos humanos mantiene la impunidad, la falta de registro de casos de violencia y la repetición de
modelos de maltrato, al mismo tiempo que restringe la independencia y la participación social de las
mujeres de edad avanzada. Se detectó una necesidad evidente de reforzar las instituciones, mejorar la
divulgación de datos, formar al personal en enfoques de género y establecer redes de apoyo
comunitarias. La importancia de un enfoque completo y que abarque varios sectores se ve reforzada
para luchar contra la desinformación, fomentar la autonomía y asegurar el total respeto de los derechos
humanos de las mujeres de edad avanzada en áreas rurales.
Los hallazgos concuerdan con los estudios tanto a nivel nacional como internacional que resaltan la
pág. 1228
relevancia de la enseñanza de los derechos humanos, la concienciación en la comunidad y el
fortalecimiento de las instituciones como bases fundamentales para eliminar la violencia de género y
fomentar la igualdad (Rodríguez, 2022; CEPAL, 2022; ONU Mujeres, 2023). Asimismo, el estudio
proporciona pruebas concretas de la importancia de ajustar las tácticas de acción a las situaciones
particulares de las zonas rurales, teniendo en cuenta sus características culturales, idiomáticas y
económicas. Es imprescindible una acción conjunta y empática con las mujeres de edad avanzada para
lograr progresar hacia una sociedad más equitativa, justa y sin violencia.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio revelan que la falta de conocimiento sobre los derechos humanos en
mujeres mayores de 60 años en la localidad de Javier Rojo Gómez, Quintana Roo, es un tema que
trasciende la mera carencia de información. En este complejo entramado se unen la limitación en la
educación, la poca difusión por parte de las instituciones, la permanencia de normas culturales que
respaldan la sumisión de las mujeres, la falta de independencia económica y la ausencia de redes de
apoyo. Todo esto restringe de forma importante la plena realización de los derechos y la capacidad de
buscar justicia.
Durante la investigación se pudo observar que la mayoría de las mujeres encuestadas no solo carece de
conocimiento sobre leyes esenciales que las amparan, sino que tampoco reconoce los medios oficiales
para reportar casos de violencia o discriminación. La falta de acceso a la información aumenta la
vulnerabilidad, ya que las mujeres tienden a restar importancia o encontrar excusas a las agresiones,
asimilando mensajes que mantienen la desigualdad y la falta de comunicación. El temor a posibles
represalias, el rechazo de la sociedad y la falta de confianza en las autoridades contribuyen a que las
personas eviten hacer denuncias, lo que resulta en la continuidad de la impunidad y la falta de registro
adecuado de situaciones de violencia.
La dependencia económica se presenta como un elemento clave que limita la independencia de las
mujeres y su habilidad para romper patrones de maltrato. Gran parte de estas mujeres se encuentran en
una situación en la que necesitan de quienes les hacen daño o de sus familiares para poder sobrevivir, lo
cual restringe sus posibilidades de actuar y las deja vulnerables a extorsiones o intimidaciones. En
entornos de escasez económica, la problemática se intensifica, ya que la carencia de medios dificulta la
relevancia de la enseñanza de los derechos humanos, la concienciación en la comunidad y el
fortalecimiento de las instituciones como bases fundamentales para eliminar la violencia de género y
fomentar la igualdad (Rodríguez, 2022; CEPAL, 2022; ONU Mujeres, 2023). Asimismo, el estudio
proporciona pruebas concretas de la importancia de ajustar las tácticas de acción a las situaciones
particulares de las zonas rurales, teniendo en cuenta sus características culturales, idiomáticas y
económicas. Es imprescindible una acción conjunta y empática con las mujeres de edad avanzada para
lograr progresar hacia una sociedad más equitativa, justa y sin violencia.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio revelan que la falta de conocimiento sobre los derechos humanos en
mujeres mayores de 60 años en la localidad de Javier Rojo Gómez, Quintana Roo, es un tema que
trasciende la mera carencia de información. En este complejo entramado se unen la limitación en la
educación, la poca difusión por parte de las instituciones, la permanencia de normas culturales que
respaldan la sumisión de las mujeres, la falta de independencia económica y la ausencia de redes de
apoyo. Todo esto restringe de forma importante la plena realización de los derechos y la capacidad de
buscar justicia.
Durante la investigación se pudo observar que la mayoría de las mujeres encuestadas no solo carece de
conocimiento sobre leyes esenciales que las amparan, sino que tampoco reconoce los medios oficiales
para reportar casos de violencia o discriminación. La falta de acceso a la información aumenta la
vulnerabilidad, ya que las mujeres tienden a restar importancia o encontrar excusas a las agresiones,
asimilando mensajes que mantienen la desigualdad y la falta de comunicación. El temor a posibles
represalias, el rechazo de la sociedad y la falta de confianza en las autoridades contribuyen a que las
personas eviten hacer denuncias, lo que resulta en la continuidad de la impunidad y la falta de registro
adecuado de situaciones de violencia.
La dependencia económica se presenta como un elemento clave que limita la independencia de las
mujeres y su habilidad para romper patrones de maltrato. Gran parte de estas mujeres se encuentran en
una situación en la que necesitan de quienes les hacen daño o de sus familiares para poder sobrevivir, lo
cual restringe sus posibilidades de actuar y las deja vulnerables a extorsiones o intimidaciones. En
entornos de escasez económica, la problemática se intensifica, ya que la carencia de medios dificulta la
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posibilidad de utilizar servicios legales, recibir asistencia sanitaria o encontrar refugio, lo que contribuye
a mantener la situación de fragilidad y marginación. La carencia de entendimiento del lenguaje legal y
de los trámites formales para presentar denuncias constituye un desafío significativo, ya que provoca
incertidumbre y desanima a solicitar asistencia legal.
Según el estudio, las mujeres de comunidades indígenas, aquellas con obstáculos en el idioma o con
discapacidades, encuentran aún más obstáculos para obtener información y recibir ayuda, lo que agrava
su situación de exclusión. La carencia de recursos en idiomas autóctonos, la falta de intérpretes y la
discriminación en las instituciones aumentan su fragilidad y obstaculizan su capacidad de llegar a la
justicia.
Además, la escasa asistencia a entidades comunitarias o lugares de encuentro restringe las posibilidades
de las mujeres de intercambiar vivencias, recibir información y establecer conexiones de ayuda, aspectos
fundamentales para fortalecer su autonomía y capacidad de recuperación. Según las mujeres, tener la
posibilidad de informarse acerca de sus derechos podría elevar su bienestar, reforzar su confianza en sí
mismas y proporcionarles recursos para afrontar casos de violencia o discriminación. No obstante,
solicitan que la información sea fácil de entender, directa y adecuada a su entorno, y que haya lugares
seguros para aprender y reportar situaciones.
En resumen, la falta de conocimiento sobre los derechos humanos contribuye a la impunidad, la falta de
visibilidad de la violencia y la continuación de modelos de maltrato, al mismo tiempo que restringe la
independencia y la integración social de las mujeres de edad avanzada. Es claro que es fundamental
reforzar las tácticas de divulgación y enseñanza sobre derechos humanos, elevar la formación del
personal de las instituciones en enfoque de género, asegurar que los servicios legales y sociales sean
accesibles, y fomentar la formación de grupos de apoyo en la comunidad. Es imprescindible adoptar un
enfoque completo que tome en cuenta las especificidades culturales y contextuales de las zonas rurales
para lograr una sociedad más equitativa, justa y sin violencia para las mujeres de edad avanzada. Enfatiza
que la posibilidad de obtener información y recibir formación en derechos humanos es esencial no solo
como un derecho básico, sino también como un requisito fundamental para garantizar la dignidad, la
independencia y la equidad social de esta comunidad que ha sido ignorada a lo largo de la historia.
posibilidad de utilizar servicios legales, recibir asistencia sanitaria o encontrar refugio, lo que contribuye
a mantener la situación de fragilidad y marginación. La carencia de entendimiento del lenguaje legal y
de los trámites formales para presentar denuncias constituye un desafío significativo, ya que provoca
incertidumbre y desanima a solicitar asistencia legal.
Según el estudio, las mujeres de comunidades indígenas, aquellas con obstáculos en el idioma o con
discapacidades, encuentran aún más obstáculos para obtener información y recibir ayuda, lo que agrava
su situación de exclusión. La carencia de recursos en idiomas autóctonos, la falta de intérpretes y la
discriminación en las instituciones aumentan su fragilidad y obstaculizan su capacidad de llegar a la
justicia.
Además, la escasa asistencia a entidades comunitarias o lugares de encuentro restringe las posibilidades
de las mujeres de intercambiar vivencias, recibir información y establecer conexiones de ayuda, aspectos
fundamentales para fortalecer su autonomía y capacidad de recuperación. Según las mujeres, tener la
posibilidad de informarse acerca de sus derechos podría elevar su bienestar, reforzar su confianza en sí
mismas y proporcionarles recursos para afrontar casos de violencia o discriminación. No obstante,
solicitan que la información sea fácil de entender, directa y adecuada a su entorno, y que haya lugares
seguros para aprender y reportar situaciones.
En resumen, la falta de conocimiento sobre los derechos humanos contribuye a la impunidad, la falta de
visibilidad de la violencia y la continuación de modelos de maltrato, al mismo tiempo que restringe la
independencia y la integración social de las mujeres de edad avanzada. Es claro que es fundamental
reforzar las tácticas de divulgación y enseñanza sobre derechos humanos, elevar la formación del
personal de las instituciones en enfoque de género, asegurar que los servicios legales y sociales sean
accesibles, y fomentar la formación de grupos de apoyo en la comunidad. Es imprescindible adoptar un
enfoque completo que tome en cuenta las especificidades culturales y contextuales de las zonas rurales
para lograr una sociedad más equitativa, justa y sin violencia para las mujeres de edad avanzada. Enfatiza
que la posibilidad de obtener información y recibir formación en derechos humanos es esencial no solo
como un derecho básico, sino también como un requisito fundamental para garantizar la dignidad, la
independencia y la equidad social de esta comunidad que ha sido ignorada a lo largo de la historia.
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