pág. 1848
LA RELEVANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Y EL DERECHO PARA COMBATIR AL
CRIMEN ORGANIZADO EN EL ECUADOR
THE RELEVANCE OF PUBLIC MANAGEMENT AND LAW
TO COMBAT ORGANIZED CRIME IN ECUADOR
Alex Bayardo Granja Carrera
Investigador Independiente, Ecuador
José Andrés López Naranjo
Investigador Independiente, Ecuador
pág. 1849
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.17791
La Relevancia de la Gestión Pública y el Derecho para Combatir al Crimen
Organizado en el Ecuador
Alex Bayardo Granja Carrera 1
granalex1990@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-6080-0066
Investigador Independiente
Ecuador
José Andrés López Naranjo
andreslopeznaranjo@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-2231-4460
Investigador Independiente
Ecuador
RESUMEN
Este artículo analiza la relevancia de la gestión pública y el derecho en el combate al crimen organizado
en Ecuador que considera el marco normativo, las capacidades institucionales y las estrategias
implementadas. La metodología utilizada consistió en una revisión sistemática de literatura académica
y documentos oficiales, complementada con el análisis de normativas clave como el Código Penal, la
Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, así como la
evaluación de capacidades de instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional y el
Centro de Inteligencia Estratégica. Los resultados destacan que el marco jurídico ecuatoriano ha
avanzado en la tipificación de delitos relacionados con la criminalidad organizada y en la recuperación
de activos ilícitos. Sin embargo, enfrenta limitaciones operativas y legales que dificultan su plena
efectividad. A nivel institucional, se identifican debilidades como la falta de coordinación
interinstitucional, recursos limitados y un enfoque insuficiente en inteligencia criminal, factores que
restringen la capacidad del Estado para actuar de manera eficiente. Las conclusiones subrayan que,
aunque existen herramientas legales e institucionales importantes, su impacto depende de una aplicación
coordinada, la actualización constante de normativas y el fortalecimiento de capacidades técnicas y
humanas.
Palabras claves: gestión pública, crimen organizado, marco normativo, cooperación internacional,
capacidades institucionales
1
Autor principal
Correspondencia: granalex1990@gmail.com
pág. 1850
The Relevance of Public Management and Law to Combat Organized
Crime in Ecuador
ABSTRACT
This article analyses the relevance of public management and law in the fight against organised crime
in Ecuador, taking into account the regulatory framework, institutional capacities and implemented
strategies. The methodology used consisted of a systematic review of academic literature and official
documents, complemented by the analysis of key regulations such as the Penal Code, the Asset
Forfeiture Law and the Law on International Cooperation in Criminal Matters, as well as the evaluation
of the capacities of institutions such as the Judicial Council, the National Police and the Strategic
Intelligence Centre. The results highlight that the Ecuadorian legal framework has made progress in the
classification of crimes related to organised crime and in the recovery of illicit assets. However, it faces
operational and legal limitations that hinder its full effectiveness. At the institutional level, weaknesses
are identified such as the lack of inter-institutional coordination, limited resources and an insufficient
focus on criminal intelligence, factors that restrict the State's ability to act efficiently. The findings
highlight that, although important legal and institutional tools exist, their impact depends on coordinated
application, the constant updating of regulations and the strengthening of technical and human
capacities.
Keywords: public management, organized crime, regulatory framework, international cooperation,
institutional capacities
Artículo recibido 05 abril 2025
Aceptado para publicación: 18 mayo 2025
pág. 1851
INTRODUCCIÓN
El crimen organizado representa uno de los mayores desafíos para los Estados modernos, especialmente
en contextos como el de Ecuador, donde la geografía estratégica y la debilidad institucional han
permitido que esta problemática alcance niveles alarmantes. En los últimos años, el país ha enfrentado
un aumento exponencial en actividades delictivas como el narcotráfico, la trata de personas, el
contrabando de armas y el lavado de activos. Estos delitos afectan la seguridad ciudadana y erosionan
las bases democráticas, generan inestabilidad económica y debilitan la confianza en las instituciones
públicas. Ante esta realidad, la gestión pública y el derecho sobresalen como herramientas esenciales
para diseñar e implementar estrategias que permitan enfrentar y mitigar este flagelo.
La gestión pública, entendida como el conjunto de acciones y políticas destinadas a organizar y dirigir
los recursos estatales para alcanzar objetivos colectivos, desempeña un papel crucial en la lucha contra
el crimen organizado. Esto incluye la coordinación interinstitucional, la formulación de políticas
públicas integrales y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las entidades encargadas de la
seguridad. En Ecuador, la gestión pública ha estado marcada por esfuerzos dirigidos a la creación de
organismos especializados, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), destinada a
combatir el lavado de activos. Sin embargo, la eficacia de estas medidas ha sido limitada debido a
problemas estructurales como la corrupción, la falta de recursos técnicos y humanos, y la carencia de
una visión integral que articule esfuerzos a nivel local, nacional e internacional.
Por su parte, el derecho constituye el marco normativo que regula las acciones del Estado y los derechos
y deberes de los ciudadanos, así como las sanciones aplicables a quienes transgreden la ley. En el
contexto ecuatoriano, el derecho penal ha sido una de las principales herramientas utilizadas para
combatir el crimen organizado. Las reformas legales implementadas en los últimos años han buscado
endurecer las penas contra delitos relacionados con el narcotráfico y otros crímenes conexos. Sin
embargo, estas reformas no siempre han sido acompañadas de mecanismos eficaces de aplicación, lo
que limita su impacto real. Como lo señala López (2023), la eficacia de las leyes contra el crimen
organizado no depende exclusivamente de su rigor, sino de la capacidad del Estado para implementarlas
de manera transparente y equitativa.
Un aspecto central en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador radica en la necesidad de
pág. 1852
fortalecer el Estado de derecho, entendido como la supremacía de la ley y el respeto a los derechos
fundamentales. La falta de confianza en el sistema judicial, derivada de la percepción de impunidad y
corrupción, constituye un obstáculo significativo para el éxito de las iniciativas legales. Además, la
complejidad de las redes criminales, que operan a nivel transnacional, exige una colaboración estrecha
entre los Estados y la adopción de instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Naciones Unidas, 2004).
La intersección entre la gestión pública y el derecho en este contexto es evidente. Por un lado, las
políticas públicas deben basarse en un análisis profundo de las causas estructurales del crimen
organizado, como la desigualdad socioeconómica, el desempleo y la exclusión social. Según datos del
Banco Mundial (2023), Ecuador enfrenta una tasa de pobreza del 27.7%, lo que genera un caldo de
cultivo propicio para el reclutamiento por parte de organizaciones delictivas. En este sentido, las
estrategias de gestión deben incluir no solo medidas represivas, sino también programas de prevención
y reinserción social que aborden las raíces del problema. Por otro lado, el derecho proporciona el
respaldo legal necesario para garantizar que estas políticas se implementen de manera justa y efectiva
que promueven la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos.
Un ejemplo ilustrativo de cómo la gestión pública y el derecho pueden complementarse es el
fortalecimiento de los sistemas de inteligencia financiera. Estas unidades, encargadas de rastrear y
analizar operaciones sospechosas, requieren no solo de tecnología avanzada y personal capacitado, sino
también de un marco legal robusto que garantice la cooperación internacional y la protección de datos.
En este sentido, Ecuador ha avanzado en la adopción de medidas como la Ley para la Prevención de
Lavado de Activos, aunque su efectividad aún está limitada por la falta de un sistema judicial ágil y
confiable.
Otro elemento clave en esta lucha es la colaboración interinstitucional. La fragmentación y la falta de
comunicación entre los distintos órganos del Estado han sido factores que las organizaciones criminales
han aprovechado para expandir sus actividades. Para contrarrestar esta situación, es necesario
implementar un modelo de gobernanza que promueva la cooperación entre agencias policiales, fiscales
y judiciales, así como con la sociedad civil. Como indica Zamora (2023), solo mediante la construcción
de redes institucionales sólidas y coordinadas es posible enfrentar un problema tan complejo y dinámico
pág. 1853
como el crimen organizado.
El papel de la educación y la sensibilización también debe considerarse en este contexto. La formación
de ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos es esencial para prevenir la
proliferación del crimen organizado. En este sentido, las instituciones educativas y los medios de
comunicación tienen una responsabilidad compartida en la promoción de una cultura de legalidad y en
el fortalecimiento de los lazos comunitarios, que constituyen una barrera contra la penetración de las
redes delictivas.
Sobre la base de lo antes expuesto, se expone que la gestión pública y el derecho son pilares
fundamentales en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Si bien se han logrado avances
importantes en la implementación de políticas y reformas legales, el éxito de estas iniciativas depende
de la capacidad del Estado para abordar las causas estructurales del problema, fortalecer el Estado de
derecho y promover la colaboración interinstitucional e internacional. Además, es crucial garantizar la
participación activa de la sociedad civil en este esfuerzo colectivo. Como lo afirma Torres (2024), la
lucha contra el crimen organizado no es solo una responsabilidad del gobierno, sino un compromiso de
toda la sociedad en defensa de la justicia y la seguridad.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente apartado detalla el enfoque metodológico empleado para analizar la relación entre la gestión
pública y el derecho como herramientas fundamentales para combatir el crimen organizado en Ecuador.
La investigación se enmarca en un diseño cualitativo, centrado en la revisión documental y el análisis
crítico de fuentes secundarias provenientes de literatura académica, normativa vigente y reportes
oficiales. Este enfoque permite identificar patrones, tendencias y vacíos en las estrategias actuales
utilizadas en el ámbito de la gestión pública y el marco jurídico para contrarrestar las actividades
delictivas organizadas.
La revisión se realizó en bases de datos académicas reconocidas, como Scielo, Dialnet, y Latindex,
además de fuentes oficiales como sitios web gubernamentales. La selección de fuentes se basó en
criterios rigurosos de calidad, actualidad y relevancia que prioriza estudios publicados entre 2020 y 2024
que abordaran temas relacionados con el crimen organizado, políticas públicas, derecho penal y derecho
administrativo.
pág. 1854
Para asegurar un análisis exhaustivo, se utilizaron combinaciones de palabras clave diseñadas
estratégicamente. Entre las principales se incluyeron:
- "Gestión pública" AND "crimen organizado" AND "Ecuador".
- "Derecho penal" OR "normativa legal" AND "organizaciones criminales".
- "Políticas públicas de seguridad" AND "Ecuador".
- "Crimen transnacional" AND "Estado de derecho".
- "Corrupción" AND "crimen organizado" AND "sector público".
El proceso de búsqueda integró el uso de operadores booleanos y filtros específicos para limitar los
resultados a investigaciones en el idioma español. De igual manera, se incluyeron documentos relevantes
de organismos como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), dada su contribución al análisis del crimen organizado en contextos
similares al ecuatoriano.
Una vez identificadas las fuentes, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión que garantizaron la
calidad académica del análisis. Los estudios considerados debieron:
• Explorar la interacción entre la gestión pública y el derecho en la lucha contra el crimen
organizado.
• Ofrecer evidencia empírica o teórica sobre políticas públicas y marcos legales relacionados con
el tema.
• Presentar propuestas innovadoras o evaluaciones de estrategias implementadas en Ecuador o
países con características similares en América Latina.
El análisis de las fuentes seleccionadas se estructuró en tres niveles: normativo, institucional y operativo.
En el nivel normativo, se evaluaron las leyes y reglamentos ecuatorianos vinculados al combate del
crimen organizado que identifican fortalezas, limitaciones y áreas de mejora. En el nivel institucional,
se analizaron las capacidades, competencias y recursos de las entidades públicas encargadas de
implementar dichas normativas. Finalmente, en el nivel operativo, se revisaron las estrategias
específicas de aplicación de políticas y acciones concretas, como operativos conjuntos entre
instituciones o el uso de tecnologías para el seguimiento y desarticulación de redes criminales.
Adicionalmente, se realizó un análisis temático de los estudios seleccionados para identificar tendencias
pág. 1855
clave en la interacción entre gestión pública y derecho. Este análisis permitió categorizar las estrategias
en función de su impacto en áreas como:
- La prevención y sanción del lavado de activos.
- El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional.
- El diseño de políticas públicas orientadas a la prevención del delito.
- La aplicación efectiva del derecho penal en contextos complejos.
Este enfoque metodológico permitió identificar patrones comunes y diferencias en las estrategias
utilizadas para combatir el crimen organizado que destacan aspectos como la falta de recursos, la
corrupción institucional, las debilidades en la aplicación de las normativas y la necesidad de fortalecer
la capacitación de los servidores públicos.
Por último, los hallazgos obtenidos a partir de esta metodología se organizan en la sección de resultados,
donde se presentan las implicaciones prácticas de las estrategias analizadas y su relevancia para la
mejora de las políticas públicas y del marco legal en Ecuador. La robustez del análisis garantiza una
base teórica sólida que puede servir como punto de partida para investigaciones futuras y para el diseño
de intervenciones orientadas a combatir de manera integral el crimen organizado en el país.
RESULTADOS
Para la exposición de los resultados se desarrollaron tres tablas que contienen los aspectos más relevantes
del marco normativo relacionado con la temática tratada en el artículo, los elementos más relevantes
sobre las capacidades institucionales con las que cuenta el país en cuanto a la gestión pública y el derecho
para combatir al crimen organizado y las principales estrategias implementadas con sus resultados más
destacados. En esta línea, a continuación se presentan las tablas y su análisis:
pág. 1856
Tabla 1. Marco normativo
Autor/es
Ley o reglamento
Objetivo principal
Fortalezas
Limitaciones
Áreas de mejora
Quito (2024)
Código Penal
Tipificar y
sancionar delitos
relacionados con la
criminalidad
organizada
transnacional
(COT), incluyendo
tráfico de drogas,
armas, personas y
lavado de dinero.
Proporciona una
base legal para
perseguir
diversos delitos
asociados a la
COT.
Puede requerir
actualizaciones
para adaptarse a
nuevas
modalidades
delictivas.
Actualizar y
adaptar las
tipificaciones a las
tendencias
emergentes del
crimen
organizado.
Quito (2024)
Ley de Extinción
de Dominio
Permitir la
incautación y
decomiso de
bienes adquiridos
mediante
actividades
delictivas
relacionadas con la
COT.
Facilita la
recuperación de
activos
obtenidos
ilícitamente.
Su aplicación
efectiva puede
enfrentar
desafíos legales y
operativos.
Fortalecer los
mecanismos de
aplicación y
garantizar la
capacitación
adecuada de los
operadores de
justicia.
Quito (2024)
Ley de Seguridad
Ciudadana y
Orden Público
Fortalecer las
capacidades de las
fuerzas del orden
para investigar y
perseguir a los
grupos criminales
involucrados en la
COT.
Mejora la
coordinación y
respuesta de las
fuerzas de
seguridad.
Puede requerir
mayor claridad
en protocolos de
actuación y
coordinación
interinstitucional.
Definir protocolos
claros y mejorar la
coordinación entre
las distintas
fuerzas de
seguridad.
Fiscalía
General del
Estado
Ecuatoriano
(2006)
Ley de
Cooperación
Internacional en
Materia Penal
Regular la
cooperación entre
Ecuador y otros
países en
investigaciones,
extradiciones y
asistencia judicial
mutua en casos de
COT.
Facilita la
colaboración
internacional
esencial para
combatir redes
transnacionales.
La burocracia y
diferencias
legales entre
países pueden
ralentizar
procesos.
Simplificar
procedimientos y
establecer
acuerdos
bilaterales más
eficientes.
La gestión pública y el marco jurídico desempeñan un papel crucial en la lucha contra el crimen
organizado en Ecuador. El análisis de la tabla permite identificar fortalezas y áreas de mejora en las
herramientas legales utilizadas para combatir este fenómeno. En este sentido, la correcta aplicación de
estas normativas refuerza la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos y contribuye al
fortalecimiento de las instituciones democráticas, esenciales para el desarrollo de la nación.
El Código Penal, como instrumento fundamental, proporciona una base legal para tipificar y sancionar
delitos relacionados con la criminalidad organizada transnacional (COT). Este marco normativo permite
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perseguir actos como el tráfico de drogas, armas y personas, así como el lavado de dinero, que son
pilares del crimen organizado. Sin embargo, su eficacia se ve limitada por la necesidad de
actualizaciones constantes que reflejen las nuevas modalidades delictivas. Las dinámicas de los grupos
criminales evolucionan rápidamente, lo que demanda una capacidad legislativa ágil para prevenir
lagunas legales que puedan ser explotadas.
Por otro lado, la Ley de Extinción de Dominio sobresale como una herramienta clave para desarticular
las estructuras financieras del crimen organizado. Al permitir la incautación de bienes adquiridos
mediante actividades ilícitas, esta ley impacta directamente en la capacidad operativa de estas
organizaciones. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos relacionados con aspectos legales y
operativos, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de aplicación y
garantizar una capacitación adecuada para los operadores de justicia.
La Ley de Seguridad Ciudadana y Orden Público pone en evidencia la importancia de la coordinación
y respuesta eficiente de las fuerzas del orden. Al centrarse en el fortalecimiento de las capacidades
investigativas, esta ley busca brindar un marco de acción integral frente a las amenazas del crimen
organizado. No obstante, la falta de claridad en los protocolos de actuación y la limitada coordinación
interinstitucional debilitan su impacto. Una mejora sustancial requeriría la definición de protocolos
operativos claros y una mejor integración entre las instituciones encargadas de la seguridad.
La Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, promulgada por la Fiscalía General del Estado,
destaca la importancia de la colaboración global para enfrentar redes transnacionales. La cooperación
internacional resulta esencial para investigaciones, extradiciones y asistencia judicial mutua. Sin
embargo, este proceso enfrenta barreras como la burocracia y las diferencias legales entre los países
involucrados, lo que ralentiza los procedimientos. La simplificación de estos procesos y la firma de
acuerdos bilaterales más eficientes podrían optimizar los resultados que permiten una respuesta más
oportuna y coordinada frente a estas amenazas.
pág. 1858
Tabla 2. Capacidades institucionales
Autor/es
Institución
Funciones
principales
Capacidades
Debilidades
Necesidades de
fortalecimiento
Consejo de
la Judicatura
del Ecuador
(2023)
Consejo de la
Judicatura
Supervisar y
administrar el
sistema
judicial,
incluyendo la
lucha contra la
corrupción y el
crimen
organizado.
Implementación
de jueces
especializados en
corrupción y
crimen
organizado.
Necesidad de mayor
capacitación y recursos
para enfrentar casos
complejos.
Incrementar la
formación
especializada y
dotar de recursos
tecnológicos
avanzados.
Hurtado
(2021)
Policía Nacional
Mantener el
orden público
y combatir
actividades
delictivas,
incluyendo el
crimen
organizado.
Unidades
especializadas en
inteligencia e
investigación
antidelincuencial
.
Falta de coordinación
interna y con otras
instituciones; recursos
limitados.
Mejorar la
coordinación
interinstitucional
y asegurar
financiamiento
adecuado.
Fuenzalida
(2024)
Centro de
Inteligencia
Estratégica (CIES)
Realizar
inteligencia
estratégica
para la
seguridad
nacional.
Capacidad para
analizar
amenazas a la
seguridad
nacional.
Enfoque predominante
en inteligencia
política; limitada
acción en inteligencia
criminal.
Redefinir
prioridades hacia
la inteligencia
criminal y
fortalecer análisis
delictivo.
Fiscalía
General del
Estado
Ecuatoriano
(2006)
Fiscalía General
del Estado
Dirigir la
investigación
penal y ejercer
la acción
pública en
delitos,
incluyendo los
de crimen
organizado.
Autoridad para
coordinar
investigaciones y
procesamientos
penales.
Proactividad limitada
en investigaciones
complejas; falta de
coordinación con la
policía.
Fomentar una
cultura de
proactividad y
mejorar la
colaboración con
fuerzas
policiales.
Consejo de
la Judicatura
del Ecuador
(2023)
Consejo de la
Judicatura
Supervisar y
administrar el
sistema
judicial,
incluyendo la
lucha contra la
corrupción y el
crimen
organizado.
Implementación
de jueces
especializados en
corrupción y
crimen
organizado.
Necesidad de mayor
capacitación y recursos
para enfrentar casos
complejos.
Incrementar la
formación
especializada y
dotar de recursos
tecnológicos
avanzados.
El análisis de las capacidades, funciones, debilidades y necesidades de fortalecimiento de las principales
instituciones involucradas revela tanto avances significativos como retos persistentes que limitan la
efectividad de las estrategias implementadas. Este panorama exige una planificación integral que
fomente la eficiencia operativa y la adaptación a las dinámicas delictivas contemporáneas.
pág. 1859
El Consejo de la Judicatura del Ecuador, desempeña un papel esencial en garantizar la justicia en casos
relacionados con el crimen organizado. La implementación de jueces especializados refleja un avance
importante en la capacidad del sistema para abordar delitos complejos. Sin embargo, la necesidad de
mayor capacitación y recursos tecnológicos subraya la urgencia de reforzar este sector.
La Policía Nacional, con sus unidades especializadas en inteligencia e investigación antidelincuencial,
constituye la primera línea de acción en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, la falta de
coordinación interna y con otras instituciones limita su efectividad operativa. Este desafío evidencia la
necesidad de mejorar la interconexión entre las diferentes agencias, lo cual permitiría una respuesta más
cohesiva y eficiente frente a las amenazas delictivas. Además, el incremento en el financiamiento podría
garantizar recursos logísticos adecuados para optimizar las operaciones policiales.
El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) aporta una perspectiva analítica clave para la seguridad
nacional, pero su enfoque predominante en la inteligencia política restringe su capacidad para abordar
amenazas criminales. Redefinir las prioridades hacia la inteligencia criminal y fortalecer las capacidades
analíticas en esta área resultaría crucial para anticiparse a las actividades del crimen organizado y
desarticular sus redes antes de que se materialicen.
La Fiscalía General del Estado juega un rol central al dirigir la investigación penal y ejercer la acción
pública en delitos de crimen organizado. Aunque tiene autoridad para coordinar investigaciones y
procesamientos penales, su limitada proactividad en casos complejos y la falta de coordinación con la
policía dificultan su desempeño. Fomentar una cultura de proactividad y colaboración interinstitucional
permitiría abordar de manera más efectiva los casos relacionados con el crimen organizado. Esto
requeriría, además, una reestructuración de protocolos que facilite el flujo de información y la ejecución
conjunta de estrategias.
pág. 1860
Tabla 3. Estrategias y resultados
Autor/es
Estrategia
Área de
impacto
Resultados
obtenidos
Impacto en el crimen
organizado
Lecciones
aprendidas
El país
(2024)
Cumbre
Latinoamericana
de Seguridad
Cooperación
internacional
para combatir
el lavado de
activos y
reclutamiento
juvenil.
Propuestas para
mejorar la
capacitación
analítica y
coordinación
entre unidades de
análisis
financiero.
Potencial para limitar
flujos financieros
delictivos y reducir
reclutamiento por
organizaciones
criminales.
La cooperación
regional y el
fortalecimiento
de capacidades
analíticas son
esenciales para
enfrentar el
crimen
organizado.
El País
(2024)
Propuesta de
instalación de
bases militares
extranjeras
Seguridad
nacional y
combate al
crimen
organizado.
Debate público y
aprobación
preliminar por la
Corte
Constitucional.
Controversia sobre su
efectividad y posibles
implicaciones en la
soberanía nacional.
La
implementación
de bases militares
extranjeras
requiere un
análisis profundo
de su efectividad
y aceptación
pública.
El País
(2024)
Declaración de
estado de
excepción en
Quito
Control de la
violencia y
actividades
delictivas en la
capital.
Operativos
intensivos de
fuerzas de
seguridad;
aumento de la
presencia
policial.
Reducción temporal de
incidentes violentos;
preocupación por
derechos civiles.
Las medidas de
emergencia
pueden ser
efectivas a corto
plazo, pero
requieren
complementarse
con estrategias
sostenibles y
respeto a los
derechos
humanos.
La Tabla 3 también ofrece un panorama de las diversas estrategias implementadas en Ecuador para
combatir el crimen organizado. Destaca la importancia de la cooperación internacional, la seguridad
nacional y el control de la violencia como ejes fundamentales en esta lucha. No obstante, también revela
los desafíos y las limitaciones inherentes a cada una de estas estrategias.
La cooperación internacional, si bien es esencial para combatir el crimen transnacional, requiere de una
mejora en la coordinación y capacitación de las unidades de análisis financiero. Esto demuestra que,
más allá de los acuerdos internacionales, es fundamental fortalecer las capacidades nacionales para
aprovechar al máximo estos mecanismos de colaboración.
Por otro lado, la propuesta de instalar bases militares extranjeras evidencia la complejidad de abordar el
pág. 1861
crimen organizado desde una perspectiva de seguridad nacional. Si bien puede fortalecer la capacidad
de respuesta del Estado, también plantea interrogantes sobre la soberanía nacional y requiere un amplio
debate público y una evaluación amplia de sus posibles implicaciones.
Finalmente, las medidas de excepción, como la declaración de estado de excepción, pueden ofrecer
resultados a corto plazo en términos de reducción de la violencia, pero su implementación debe ser
cuidadosa y estar acompañada de garantías para el respeto de los derechos humanos. Es decir, la
seguridad no puede lograrse a costa de las libertades fundamentales.
La lucha contra el crimen organizado en Ecuador requiere de un enfoque integral que combine la
cooperación internacional, el fortalecimiento institucional, la prevención del delito y el respeto a los
derechos humanos. La gestión pública y el derecho juegan un papel crucial en este proceso, al
proporcionar el marco legal y las herramientas necesarias para diseñar e implementar políticas públicas
efectivas. Sin embargo, es fundamental reconocer que esta es una tarea compleja que requiere de la
participación de todos los actores sociales y de una evaluación constante de los resultados obtenidos.
CONCLUSIÓN
A partir del desarrollo del artículo se presentan las conclusiones en torno a la relevancia de la gestión
pública y el derecho para combatir al crimen organizado en el Ecuador:
El análisis revela que el marco jurídico ecuatoriano, aunque robusto en algunos aspectos, requiere
actualizaciones constantes para mantenerse a la par de las dinámicas cambiantes del crimen organizado.
Instrumentos como el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio, y la Ley de Cooperación
Internacional en Materia Penal han sido diseñados para tipificar y sancionar delitos específicos, pero su
efectividad depende de la capacidad del Estado para aplicarlos de manera oportuna y coherente. Estas
leyes representan un avance significativo, pero enfrentan desafíos operativos y legales que limitan su
impacto.
Las instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado, como el Consejo de la Judicatura,
la Policía Nacional, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y la Fiscalía General del Estado,
muestran fortalezas en áreas específicas; pero sus debilidades, como la falta de coordinación
interinstitucional, recursos limitados y enfoque prioritario en inteligencia política, reducen su
efectividad. La falta de recursos tecnológicos avanzados y la capacitación especializada son necesidades
pág. 1862
críticas que deben abordarse para optimizar la capacidad operativa de estas entidades.
Las estrategias implementadas hasta ahora reflejan un enfoque en tres áreas principales: cooperación
internacional, control de la violencia y fortalecimiento de la seguridad nacional. En La Cumbre
Latinoamericana de Seguridad se destacó la importancia de la capacitación y coordinación para combatir
el lavado de activos, mientras que medidas como el estado de excepción en Quito demostraron ser
efectivas a corto plazo para reducir la violencia, aunque con limitaciones en términos de sostenibilidad
y respeto a los derechos humanos. La propuesta de instalar bases militares extranjeras generó debates
sobre su viabilidad y posibles implicaciones en la soberanía nacional, lo que subraya la necesidad de un
análisis profundo y consensuado de las estrategias de seguridad.
El éxito de la lucha contra el crimen organizado en Ecuador depende de la capacidad del Estado para
superar desafíos clave, como la burocracia, la falta de coordinación interinstitucional y las diferencias
legales entre países. La simplificación de procedimientos, el fortalecimiento de capacidades nacionales,
y el desarrollo de protocolos claros y efectivos son medidas urgentes que se deben abordar.
La gestión pública y el derecho son herramientas esenciales para enfrentar el crimen organizado. Su
interacción permite diseñar políticas públicas integrales que no solo respondan a las manifestaciones
delictivas actuales, sino que también aborden sus causas estructurales.
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