LA REINSERCIÓN SOCIAL EN
QUINTANA ROO: ¿MITO O REALIDAD?
UN ANÁLISIS DESDE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA
SOCIAL REINTEGRATION IN QUINTANA ROO:
MYTH OR REALITY? AN ANALYSIS FROM HUMAN
RIGHTS AND CRITICAL CRIMINOLOGY PERSPECTIVES
Br. Dafne Guadalupe Heredia Polanco
Universidad Vizcaya, México
pág. 3978
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18028
La Reinserción social en Quintana Roo: ¿Mito o Realidad?
Un Análisis desde los Derechos Humanos y la Criminología Crítica
Br. Dafne Guadalupe Heredia Polanco1
dafyherediapolanco@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-9342-0144
Universidad Vizcaya Campus Chetumal
Chetumal, Quintana Roo
México
RESUMEN
Esta investigación documental analiza la reinserción social en el estado de Quintana Roo desde una
perspectiva criminológica y de derechos humanos, a fin de evaluar si constituye una política pública
efectiva o una narrativa jurídica sin sustento práctico. A través de un enfoque cualitativo y el análisis
temático de 20 fuentes documentales —entre informes oficiales, tesis académicas, normativas vigentes
y estudios científicos— se identificaron las principales limitaciones del sistema penitenciario estatal y
los vacíos institucionales que impiden consolidar procesos de reincorporación digna y efectiva. Los
resultados evidencian que, a pesar del marco normativo que establece la reinserción como fin
constitucional de la pena (art. 18), en la práctica existen deficiencias estructurales: ausencia de
programas pospenitenciarios, falta de personal capacitado, desarticulación interinstitucional y
estigmatización social. Especial atención se da a los grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres
y adolescentes, para quienes la exclusión se multiplica por motivos de género, edad y condiciones
socioeconómicas. El análisis confirma que la reinserción social en Quintana Roo se sostiene más como
un mito institucional que como una política restaurativa. Se concluye que para avanzar hacia una
reinserción real es imprescindible un cambio de paradigma: desde un sistema punitivo hacia uno
restaurativo, interseccional y territorialmente articulado.
Palabras clave: reinserción social, derechos humanos, criminología crítica, justicia restaurativa,
sistema penitenciario
1 Autor principal
Correspondencia: dafyherediapolanco@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18028
La Reinserción social en Quintana Roo: ¿Mito o Realidad?
Un Análisis desde los Derechos Humanos y la Criminología Crítica
Br. Dafne Guadalupe Heredia Polanco1
dafyherediapolanco@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-9342-0144
Universidad Vizcaya Campus Chetumal
Chetumal, Quintana Roo
México
RESUMEN
Esta investigación documental analiza la reinserción social en el estado de Quintana Roo desde una
perspectiva criminológica y de derechos humanos, a fin de evaluar si constituye una política pública
efectiva o una narrativa jurídica sin sustento práctico. A través de un enfoque cualitativo y el análisis
temático de 20 fuentes documentales —entre informes oficiales, tesis académicas, normativas vigentes
y estudios científicos— se identificaron las principales limitaciones del sistema penitenciario estatal y
los vacíos institucionales que impiden consolidar procesos de reincorporación digna y efectiva. Los
resultados evidencian que, a pesar del marco normativo que establece la reinserción como fin
constitucional de la pena (art. 18), en la práctica existen deficiencias estructurales: ausencia de
programas pospenitenciarios, falta de personal capacitado, desarticulación interinstitucional y
estigmatización social. Especial atención se da a los grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres
y adolescentes, para quienes la exclusión se multiplica por motivos de género, edad y condiciones
socioeconómicas. El análisis confirma que la reinserción social en Quintana Roo se sostiene más como
un mito institucional que como una política restaurativa. Se concluye que para avanzar hacia una
reinserción real es imprescindible un cambio de paradigma: desde un sistema punitivo hacia uno
restaurativo, interseccional y territorialmente articulado.
Palabras clave: reinserción social, derechos humanos, criminología crítica, justicia restaurativa,
sistema penitenciario
1 Autor principal
Correspondencia: dafyherediapolanco@gmail.com
pág. 3979
Social Reintegration in Quintana Roo: Myth or Reality? An Analysis from
Human Rights and Critical Criminology Perspectives
ABSTRACT
This documentary research examines social reintegration in the state of Quintana Roo from a
criminological and human rights perspective, aiming to determine whether it functions as an effective
public policy or remains a legal fiction. Using a qualitative approach and thematic analysis of 20
documentary sources—including official reports, academic theses, current legislation, and peer-
reviewed studies—this study identifies structural barriers and institutional gaps that hinder the
reintegration of formerly incarcerated individuals. The findings reveal that despite the constitutional
mandate recognizing reintegration as the purpose of incarceration (Article 18), there are serious
implementation deficits: lack of post-penitentiary programs, insufficient training of personnel, weak
inter-institutional coordination, and persistent social stigma. Special attention is paid to vulnerable
groups such as women and adolescents, for whom exclusion is compounded by gender, age, and
socioeconomic factors. The analysis concludes that in Quintana Roo, social reintegration remains more
of an institutional myth than a restorative policy. To address this, the study recommends a paradigmatic
shift—from a punitive system to one that is restorative, intersectional, and territorially grounded.
Keywords: social reintegration, human rights, critical criminology, restorative justice, prison system
Artículo recibido 05 mayo 2025
Aceptado para publicación: 30 mayo 2025
Social Reintegration in Quintana Roo: Myth or Reality? An Analysis from
Human Rights and Critical Criminology Perspectives
ABSTRACT
This documentary research examines social reintegration in the state of Quintana Roo from a
criminological and human rights perspective, aiming to determine whether it functions as an effective
public policy or remains a legal fiction. Using a qualitative approach and thematic analysis of 20
documentary sources—including official reports, academic theses, current legislation, and peer-
reviewed studies—this study identifies structural barriers and institutional gaps that hinder the
reintegration of formerly incarcerated individuals. The findings reveal that despite the constitutional
mandate recognizing reintegration as the purpose of incarceration (Article 18), there are serious
implementation deficits: lack of post-penitentiary programs, insufficient training of personnel, weak
inter-institutional coordination, and persistent social stigma. Special attention is paid to vulnerable
groups such as women and adolescents, for whom exclusion is compounded by gender, age, and
socioeconomic factors. The analysis concludes that in Quintana Roo, social reintegration remains more
of an institutional myth than a restorative policy. To address this, the study recommends a paradigmatic
shift—from a punitive system to one that is restorative, intersectional, and territorially grounded.
Keywords: social reintegration, human rights, critical criminology, restorative justice, prison system
Artículo recibido 05 mayo 2025
Aceptado para publicación: 30 mayo 2025
pág. 3980
INTRODUCCIÓN
La presente investigación documental aborda el fenómeno de la reinserción social en el estado de
Quintana Roo, analizado desde un enfoque criminológico con perspectiva de derechos humanos. Si bien
el artículo 18 constitucional establece la reinserción como fin de la pena, en la práctica se observa una
disonancia entre el marco normativo y las condiciones reales que enfrentan las personas privadas de
libertad, especialmente mujeres y adolescentes. Esta disparidad plantea la necesidad de cuestionar si la
reinserción es una política pública efectiva o un mito institucionalizado.
Estudios recientes, como los de la CIDH (2023) y Villamar et al. (2024), han documentado deficiencias
estructurales en los programas de reinserción social en América Latina, incluyendo México. En el caso
específico de Quintana Roo, la falta de implementación de órganos clave como el Patronato de Ayuda
para la Reinserción Social (Carrillo Tzab & Herrera Acosta, 2020) y los datos de la ENPOL (INEGI,
2021) refuerzan la hipótesis de un sistema punitivo y desarticulado.
Pese a los avances legislativos, persisten problemáticas no abordadas: la ausencia de acompañamiento
postpenitenciario, la inexistencia de políticas con enfoque de género, la desvinculación con el entorno
comunitario y la falta de evaluación de impacto.
Por tanto, esta investigación busca analizar, a través de una revisión documental rigurosa, si la
reinserción social en Quintana Roo es una realidad operativa o una ficción normativa, proponiendo rutas
de acción que fortalezcan su viabilidad institucional.
La magnitud del problema radica en su alcance estructural: más de 2,000 personas están privadas de la
libertad en Quintana Roo, muchas en condiciones que obstaculizan su retorno digno a la sociedad. La
trascendencia de este estudio se vincula con la urgencia de transformar un modelo penitenciario que
reproduce exclusión y vulnerabilidad, incumpliendo estándares internacionales en derechos humanos.
El impacto de esta investigación reside en su capacidad para generar conocimiento sistematizado que
fundamente decisiones públicas basadas en evidencia, particularmente en un contexto donde los
procesos pospenitenciarios son casi inexistentes. Su factibilidad se sustenta en el carácter documental
del estudio, que recurre a fuentes accesibles, actualizadas y contrastadas, sin depender de trabajo de
campo o intervención institucional directa.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación documental aborda el fenómeno de la reinserción social en el estado de
Quintana Roo, analizado desde un enfoque criminológico con perspectiva de derechos humanos. Si bien
el artículo 18 constitucional establece la reinserción como fin de la pena, en la práctica se observa una
disonancia entre el marco normativo y las condiciones reales que enfrentan las personas privadas de
libertad, especialmente mujeres y adolescentes. Esta disparidad plantea la necesidad de cuestionar si la
reinserción es una política pública efectiva o un mito institucionalizado.
Estudios recientes, como los de la CIDH (2023) y Villamar et al. (2024), han documentado deficiencias
estructurales en los programas de reinserción social en América Latina, incluyendo México. En el caso
específico de Quintana Roo, la falta de implementación de órganos clave como el Patronato de Ayuda
para la Reinserción Social (Carrillo Tzab & Herrera Acosta, 2020) y los datos de la ENPOL (INEGI,
2021) refuerzan la hipótesis de un sistema punitivo y desarticulado.
Pese a los avances legislativos, persisten problemáticas no abordadas: la ausencia de acompañamiento
postpenitenciario, la inexistencia de políticas con enfoque de género, la desvinculación con el entorno
comunitario y la falta de evaluación de impacto.
Por tanto, esta investigación busca analizar, a través de una revisión documental rigurosa, si la
reinserción social en Quintana Roo es una realidad operativa o una ficción normativa, proponiendo rutas
de acción que fortalezcan su viabilidad institucional.
La magnitud del problema radica en su alcance estructural: más de 2,000 personas están privadas de la
libertad en Quintana Roo, muchas en condiciones que obstaculizan su retorno digno a la sociedad. La
trascendencia de este estudio se vincula con la urgencia de transformar un modelo penitenciario que
reproduce exclusión y vulnerabilidad, incumpliendo estándares internacionales en derechos humanos.
El impacto de esta investigación reside en su capacidad para generar conocimiento sistematizado que
fundamente decisiones públicas basadas en evidencia, particularmente en un contexto donde los
procesos pospenitenciarios son casi inexistentes. Su factibilidad se sustenta en el carácter documental
del estudio, que recurre a fuentes accesibles, actualizadas y contrastadas, sin depender de trabajo de
campo o intervención institucional directa.
pág. 3981
Finalmente, la vulnerabilidad del tema exige abordarlo con sensibilidad y rigurosidad: las poblaciones
involucradas —mujeres, jóvenes, personas en pobreza— están expuestas a estigmas, violencia
institucional y abandono estatal. Visibilizar esta problemática desde un enfoque crítico contribuye a
construir un sistema de justicia más justo, restaurativo y democrático.
La pregunta de investigación es; ¿La reinserción social en Quintana Roo constituye una política pública
efectiva o se mantiene como una ficción normativa, a pesar del mandato constitucional y del enfoque
de derechos humanos que la sustenta? El objetivo general es; analizar, desde una perspectiva
documental y con enfoque criminológico y de derechos humanos, si la reinserción social en Quintana
Roo es una realidad operativa o una construcción institucional no ejecutada, mediante la revisión de
estudios académicos, informes oficiales y normativas vigentes.
Los objetivos específicos que llevaran a alcanzar el objetivo general son; identificar los principales
marcos normativos nacionales e internacionales que rigen la reinserción social en México y su
aplicabilidad en el estado de Quintana Roo; sistematizar las condiciones estructurales del sistema
penitenciario en Quintana Roo, con énfasis en los derechos de mujeres, adolescentes y personas en
situación de vulnerabilidad; examinar los obstáculos que enfrentan las personas liberadas en su proceso
de reincorporación social, económica y familiar, con base en fuentes académicas y documentales y
proponer líneas de acción para fortalecer los procesos de reinserción en el estado, desde una perspectiva
restaurativa, comunitaria e interinstitucional.
La presente investigación parte del supuesto de que la reinserción social es un proceso integral y
complejo, que no puede reducirse al egreso de una persona del sistema penitenciario, sino que implica
la restitución de derechos, el acompañamiento institucional, el acceso a servicios y la reconfiguración
de la identidad social de quien ha sido privado de la libertad. En México, el artículo 18 constitucional
establece que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del trabajo, la capacitación, la
educación, la salud y el deporte, con el fin de lograr la reinserción de la persona a la sociedad y procurar
que no vuelva a delinquir. Sin embargo, diversos estudios revelan que este mandato constitucional no
se ha traducido en políticas públicas eficaces, mucho menos en el ámbito local (INEGI, 2021; Carrillo
Tzab & Herrera Acosta, 2020).
Finalmente, la vulnerabilidad del tema exige abordarlo con sensibilidad y rigurosidad: las poblaciones
involucradas —mujeres, jóvenes, personas en pobreza— están expuestas a estigmas, violencia
institucional y abandono estatal. Visibilizar esta problemática desde un enfoque crítico contribuye a
construir un sistema de justicia más justo, restaurativo y democrático.
La pregunta de investigación es; ¿La reinserción social en Quintana Roo constituye una política pública
efectiva o se mantiene como una ficción normativa, a pesar del mandato constitucional y del enfoque
de derechos humanos que la sustenta? El objetivo general es; analizar, desde una perspectiva
documental y con enfoque criminológico y de derechos humanos, si la reinserción social en Quintana
Roo es una realidad operativa o una construcción institucional no ejecutada, mediante la revisión de
estudios académicos, informes oficiales y normativas vigentes.
Los objetivos específicos que llevaran a alcanzar el objetivo general son; identificar los principales
marcos normativos nacionales e internacionales que rigen la reinserción social en México y su
aplicabilidad en el estado de Quintana Roo; sistematizar las condiciones estructurales del sistema
penitenciario en Quintana Roo, con énfasis en los derechos de mujeres, adolescentes y personas en
situación de vulnerabilidad; examinar los obstáculos que enfrentan las personas liberadas en su proceso
de reincorporación social, económica y familiar, con base en fuentes académicas y documentales y
proponer líneas de acción para fortalecer los procesos de reinserción en el estado, desde una perspectiva
restaurativa, comunitaria e interinstitucional.
La presente investigación parte del supuesto de que la reinserción social es un proceso integral y
complejo, que no puede reducirse al egreso de una persona del sistema penitenciario, sino que implica
la restitución de derechos, el acompañamiento institucional, el acceso a servicios y la reconfiguración
de la identidad social de quien ha sido privado de la libertad. En México, el artículo 18 constitucional
establece que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del trabajo, la capacitación, la
educación, la salud y el deporte, con el fin de lograr la reinserción de la persona a la sociedad y procurar
que no vuelva a delinquir. Sin embargo, diversos estudios revelan que este mandato constitucional no
se ha traducido en políticas públicas eficaces, mucho menos en el ámbito local (INEGI, 2021; Carrillo
Tzab & Herrera Acosta, 2020).
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Desde el enfoque de derechos humanos, la reinserción debe concebirse como un derecho en sí mismo
y no como un beneficio condicionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
los Estados tienen la obligación de garantizar condiciones dignas durante el encierro, así como
establecer mecanismos reales de reintegración social y económica una vez concluida la pena. La
ausencia de programas pospenitenciarios, la estigmatización social, la falta de oportunidades laborales
y la exclusión educativa vulneran los principios de dignidad, no discriminación y no repetición (CIDH,
2023).
En el plano de la criminología, esta investigación se fundamenta en tres corrientes centrales: la
criminología crítica, la teoría del desistimiento y la justicia restaurativa. La criminología crítica permite
cuestionar el sistema penal como generador de control social punitivo que reproduce desigualdades
estructurales. Por su parte, la teoría del desistimiento plantea que abandonar la conducta delictiva no
depende únicamente del castigo, sino de condiciones psicosociales, vínculos afectivos y oportunidades
de integración. Finalmente, la justicia restaurativa subraya la necesidad de reparar el daño, restaurar
vínculos y generar procesos de reconocimiento mutuo entre víctima, ofensora/o y comunidad.
En este marco, conceptos como estigma penal, resiliencia pospenitenciaria, vulnerabilidad estructural,
reincidencia y reparación simbólica son claves para analizar el fenómeno de la reinserción social en
Quintana Roo. Este enfoque permite entender que no basta con reformar leyes; es necesario transformar
las condiciones estructurales de exclusión, construir rutas comunitarias de apoyo, y establecer
mecanismos de acompañamiento sostenido, si se quiere que la reinserción social deje de ser una ficción
institucional y se convierta en una política pública con impacto real.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de tipo documental,
orientado al análisis crítico de textos especializados, normativos y estadísticos sobre la política de
reinserción social en México, con especial atención al estado de Quintana Roo. El propósito fue
examinar, desde un marco criminológico y de derechos humanos, si la reinserción social constituye una
política pública efectiva o una narrativa institucional sin implementación real.
Desde el paradigma interpretativo, se utilizó el método hermenéutico-crítico para el análisis de
contenido de documentos oficiales, tesis académicas, informes de organismos nacionales e
Desde el enfoque de derechos humanos, la reinserción debe concebirse como un derecho en sí mismo
y no como un beneficio condicionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
los Estados tienen la obligación de garantizar condiciones dignas durante el encierro, así como
establecer mecanismos reales de reintegración social y económica una vez concluida la pena. La
ausencia de programas pospenitenciarios, la estigmatización social, la falta de oportunidades laborales
y la exclusión educativa vulneran los principios de dignidad, no discriminación y no repetición (CIDH,
2023).
En el plano de la criminología, esta investigación se fundamenta en tres corrientes centrales: la
criminología crítica, la teoría del desistimiento y la justicia restaurativa. La criminología crítica permite
cuestionar el sistema penal como generador de control social punitivo que reproduce desigualdades
estructurales. Por su parte, la teoría del desistimiento plantea que abandonar la conducta delictiva no
depende únicamente del castigo, sino de condiciones psicosociales, vínculos afectivos y oportunidades
de integración. Finalmente, la justicia restaurativa subraya la necesidad de reparar el daño, restaurar
vínculos y generar procesos de reconocimiento mutuo entre víctima, ofensora/o y comunidad.
En este marco, conceptos como estigma penal, resiliencia pospenitenciaria, vulnerabilidad estructural,
reincidencia y reparación simbólica son claves para analizar el fenómeno de la reinserción social en
Quintana Roo. Este enfoque permite entender que no basta con reformar leyes; es necesario transformar
las condiciones estructurales de exclusión, construir rutas comunitarias de apoyo, y establecer
mecanismos de acompañamiento sostenido, si se quiere que la reinserción social deje de ser una ficción
institucional y se convierta en una política pública con impacto real.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de tipo documental,
orientado al análisis crítico de textos especializados, normativos y estadísticos sobre la política de
reinserción social en México, con especial atención al estado de Quintana Roo. El propósito fue
examinar, desde un marco criminológico y de derechos humanos, si la reinserción social constituye una
política pública efectiva o una narrativa institucional sin implementación real.
Desde el paradigma interpretativo, se utilizó el método hermenéutico-crítico para el análisis de
contenido de documentos oficiales, tesis académicas, informes de organismos nacionales e
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internacionales, legislación vigente y artículos científicos publicados en los últimos cinco años. Esta
estrategia permitió identificar patrones discursivos, vacíos normativos y contradicciones entre el marco
legal y las condiciones reales de reclusión y egreso.
Se seleccionaron 20 fuentes primarias y secundarias, disponibles en acceso abierto, provenientes de:
▪ Organismos internacionales: CIDH, UNICEF, BID;
▪ Instituciones nacionales: INEGI, SCJN, SSPC, Reinserta;
▪ Universidades e institutos de investigación: UAM, Universidad de Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile;
▪ Legislación nacional (Constitución, Ley Nacional de Ejecución Penal) y estatal (Ley de Ejecución
Penal de Quintana Roo);
▪ Artículos en revistas científicas arbitradas.
Los criterios de inclusión fueron: pertinencia temática, actualidad (máximo 10 años de antigüedad),
enfoque en reinserción, criminología o derechos humanos, y disponibilidad pública en PDF o acceso
institucional. Se excluyeron fuentes periodísticas y documentos sin revisión académica.
Se utilizó el análisis temático y comparativo, a través del cual se categorizaron las referencias en cuatro
ejes: 1) marco normativo; 2) condiciones penitenciarias; 3) seguimiento postpenitenciario; 4) políticas
con enfoque de género y juvenil. A partir de estos ejes se sistematizaron los principales hallazgos,
permitiendo contrastar el discurso jurídico con la evidencia empírica documentada.
Esta metodología permitió generar un análisis riguroso, sustentado y crítico sobre los límites y
posibilidades de la reinserción social en Quintana Roo, visibilizando los factores estructurales que la
dificultan y aportando propuestas que incidan en el diseño de políticas públicas con enfoque restaurativo
y territorial.
RESULTADOS
Con base en el informe “Mujeres privadas de libertad en las Américas” de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) (2023), se confirma que la reinserción social de mujeres en América
Latina, incluyendo México y entidades como Quintana Roo, enfrenta barreras estructurales que la
convierten más en una aspiración normativa que en una realidad operativa.
internacionales, legislación vigente y artículos científicos publicados en los últimos cinco años. Esta
estrategia permitió identificar patrones discursivos, vacíos normativos y contradicciones entre el marco
legal y las condiciones reales de reclusión y egreso.
Se seleccionaron 20 fuentes primarias y secundarias, disponibles en acceso abierto, provenientes de:
▪ Organismos internacionales: CIDH, UNICEF, BID;
▪ Instituciones nacionales: INEGI, SCJN, SSPC, Reinserta;
▪ Universidades e institutos de investigación: UAM, Universidad de Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile;
▪ Legislación nacional (Constitución, Ley Nacional de Ejecución Penal) y estatal (Ley de Ejecución
Penal de Quintana Roo);
▪ Artículos en revistas científicas arbitradas.
Los criterios de inclusión fueron: pertinencia temática, actualidad (máximo 10 años de antigüedad),
enfoque en reinserción, criminología o derechos humanos, y disponibilidad pública en PDF o acceso
institucional. Se excluyeron fuentes periodísticas y documentos sin revisión académica.
Se utilizó el análisis temático y comparativo, a través del cual se categorizaron las referencias en cuatro
ejes: 1) marco normativo; 2) condiciones penitenciarias; 3) seguimiento postpenitenciario; 4) políticas
con enfoque de género y juvenil. A partir de estos ejes se sistematizaron los principales hallazgos,
permitiendo contrastar el discurso jurídico con la evidencia empírica documentada.
Esta metodología permitió generar un análisis riguroso, sustentado y crítico sobre los límites y
posibilidades de la reinserción social en Quintana Roo, visibilizando los factores estructurales que la
dificultan y aportando propuestas que incidan en el diseño de políticas públicas con enfoque restaurativo
y territorial.
RESULTADOS
Con base en el informe “Mujeres privadas de libertad en las Américas” de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) (2023), se confirma que la reinserción social de mujeres en América
Latina, incluyendo México y entidades como Quintana Roo, enfrenta barreras estructurales que la
convierten más en una aspiración normativa que en una realidad operativa.
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El documento revela que las mujeres privadas de libertad son principalmente víctimas de exclusión
social, desigualdad estructural, violencia y pobreza previa, lo que influye en su involucramiento en
delitos, mayormente no violentos y vinculados a drogas (CIDH, 2023, párr. 24-26). A pesar de
representar solo el 8% de la población penitenciaria regional, su tasa de encarcelamiento ha crecido
56.1% en dos décadas, sin que existan políticas penitenciarias efectivas con enfoque de género (CIDH,
2023, párr. 38-41).
La CIDH documenta que los programas de reinserción social carecen de perspectiva de género,
reproducen estereotipos y no consideran las condiciones materiales que enfrentan las mujeres liberadas:
estigmatización, desempleo, pérdida de redes de apoyo, e incluso falta de documentos de identidad.
Esta falta de acompañamiento vulnera sus derechos humanos y reduce la efectividad de su tránsito hacia
la libertad (CIDH, 2023, párr. 132-148).
Desde una base criminológica, la reinserción debe abordarse no solo como un proceso individual sino
como una obligación estatal de asegurar condiciones estructurales de no reincidencia. En ese sentido,
la reinserción en Quintana Roo —como en gran parte de la región— sigue siendo más una narrativa
institucional que una política efectiva, lo que cuestiona su carácter real y sustentable.
Con base en el artículo “Impacto de los programas de resocialización de centros penitenciarios
femeninos latinoamericanos: Una revisión sistemática de literatura” (Villamar et al., 2024), es posible
afirmar que los procesos de reinserción social para mujeres en América Latina, incluida la región de
Quintana Roo, presentan deficiencias estructurales que impiden considerar esta política como una
realidad consolidada. La investigación evidencia que los programas de resocialización carecen de un
enfoque de género, reproducen estereotipos y no atienden las necesidades específicas de las mujeres,
especialmente en dimensiones como educación, salud mental, empleabilidad y consumo de sustancias.
Desde un enfoque criminológico, el fracaso de estos programas responde al uso de modelos
masculinizados de intervención, que imponen una visión punitiva y de control, más que restaurativa o
educativa. Esto se traduce en altas tasas de reincidencia, precariedad en las condiciones
postpenitenciarias y ausencia de acompañamiento institucional. En los casos revisados, más del 80%
de las mujeres liberadas carecen de empleos estables, y un 35% reincide en menos de un año (Villamar
et al., 2024).
El documento revela que las mujeres privadas de libertad son principalmente víctimas de exclusión
social, desigualdad estructural, violencia y pobreza previa, lo que influye en su involucramiento en
delitos, mayormente no violentos y vinculados a drogas (CIDH, 2023, párr. 24-26). A pesar de
representar solo el 8% de la población penitenciaria regional, su tasa de encarcelamiento ha crecido
56.1% en dos décadas, sin que existan políticas penitenciarias efectivas con enfoque de género (CIDH,
2023, párr. 38-41).
La CIDH documenta que los programas de reinserción social carecen de perspectiva de género,
reproducen estereotipos y no consideran las condiciones materiales que enfrentan las mujeres liberadas:
estigmatización, desempleo, pérdida de redes de apoyo, e incluso falta de documentos de identidad.
Esta falta de acompañamiento vulnera sus derechos humanos y reduce la efectividad de su tránsito hacia
la libertad (CIDH, 2023, párr. 132-148).
Desde una base criminológica, la reinserción debe abordarse no solo como un proceso individual sino
como una obligación estatal de asegurar condiciones estructurales de no reincidencia. En ese sentido,
la reinserción en Quintana Roo —como en gran parte de la región— sigue siendo más una narrativa
institucional que una política efectiva, lo que cuestiona su carácter real y sustentable.
Con base en el artículo “Impacto de los programas de resocialización de centros penitenciarios
femeninos latinoamericanos: Una revisión sistemática de literatura” (Villamar et al., 2024), es posible
afirmar que los procesos de reinserción social para mujeres en América Latina, incluida la región de
Quintana Roo, presentan deficiencias estructurales que impiden considerar esta política como una
realidad consolidada. La investigación evidencia que los programas de resocialización carecen de un
enfoque de género, reproducen estereotipos y no atienden las necesidades específicas de las mujeres,
especialmente en dimensiones como educación, salud mental, empleabilidad y consumo de sustancias.
Desde un enfoque criminológico, el fracaso de estos programas responde al uso de modelos
masculinizados de intervención, que imponen una visión punitiva y de control, más que restaurativa o
educativa. Esto se traduce en altas tasas de reincidencia, precariedad en las condiciones
postpenitenciarias y ausencia de acompañamiento institucional. En los casos revisados, más del 80%
de las mujeres liberadas carecen de empleos estables, y un 35% reincide en menos de un año (Villamar
et al., 2024).
pág. 3985
El estudio demuestra que las mujeres en reclusión provienen de contextos de pobreza, violencia
estructural y desprotección institucional, lo que configura perfiles criminológicos con alta
vulnerabilidad. Así, la reinserción social en Quintana Roo se revela más como un discurso que como
una práctica efectiva, al carecer de políticas articuladas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva
de género, que garanticen condiciones reales de no reincidencia, inclusión y dignidad postpenitenciaria.
Con base en el documento “Reforma Penitenciaria en América Latina: Diagnóstico de la situación
carcelaria en Chile y Colombia” (Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 2024), se identifican
elementos clave para sustentar la investigación titulada La reinserción social en Quintana Roo: ¿mito
o realidad? desde una perspectiva criminológica y de derechos humanos. Aunque el informe se centra
en Chile y Colombia, sus hallazgos son extrapolables al contexto mexicano por las similitudes en los
modelos penitenciarios y los desafíos compartidos en la región.
El texto establece que la reinserción social no puede entenderse únicamente como la reducción de la
reincidencia delictiva, sino como un proceso complejo de revinculación con el entramado social y el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales (Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 2024, p. 15).
Desde la criminología, este enfoque integra conceptos como “desistimiento”, “capital social” y “trato
penitenciario”, considerando que la reclusión afecta a sectores históricamente marginados, con
trayectorias de exclusión económica, educativa y afectiva.
Además, se hace una distinción entre actividades de “protección de derechos” (como salud, cultura,
educación) y actividades de “tratamiento penitenciario” (como programas laborales, de adicciones o de
formación profesional), y se advierte que ambas son necesarias pero insuficientes si no se articulan con
políticas públicas pospenitenciarias eficaces (Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 2024, pp. 16–17).
El documento advierte que sin un sistema de garantías que acompañe a las personas liberadas en su
retorno a la comunidad, la reinserción sigue siendo más una promesa institucional que una política
efectiva.
En este sentido, el caso de Quintana Roo requiere analizarse bajo la lupa de estos hallazgos,
evidenciando que la ausencia de programas integrales de reintegración y la débil protección de derechos
humanos en prisión comprometen seriamente la posibilidad de una reinserción real.
El estudio demuestra que las mujeres en reclusión provienen de contextos de pobreza, violencia
estructural y desprotección institucional, lo que configura perfiles criminológicos con alta
vulnerabilidad. Así, la reinserción social en Quintana Roo se revela más como un discurso que como
una práctica efectiva, al carecer de políticas articuladas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva
de género, que garanticen condiciones reales de no reincidencia, inclusión y dignidad postpenitenciaria.
Con base en el documento “Reforma Penitenciaria en América Latina: Diagnóstico de la situación
carcelaria en Chile y Colombia” (Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 2024), se identifican
elementos clave para sustentar la investigación titulada La reinserción social en Quintana Roo: ¿mito
o realidad? desde una perspectiva criminológica y de derechos humanos. Aunque el informe se centra
en Chile y Colombia, sus hallazgos son extrapolables al contexto mexicano por las similitudes en los
modelos penitenciarios y los desafíos compartidos en la región.
El texto establece que la reinserción social no puede entenderse únicamente como la reducción de la
reincidencia delictiva, sino como un proceso complejo de revinculación con el entramado social y el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales (Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 2024, p. 15).
Desde la criminología, este enfoque integra conceptos como “desistimiento”, “capital social” y “trato
penitenciario”, considerando que la reclusión afecta a sectores históricamente marginados, con
trayectorias de exclusión económica, educativa y afectiva.
Además, se hace una distinción entre actividades de “protección de derechos” (como salud, cultura,
educación) y actividades de “tratamiento penitenciario” (como programas laborales, de adicciones o de
formación profesional), y se advierte que ambas son necesarias pero insuficientes si no se articulan con
políticas públicas pospenitenciarias eficaces (Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 2024, pp. 16–17).
El documento advierte que sin un sistema de garantías que acompañe a las personas liberadas en su
retorno a la comunidad, la reinserción sigue siendo más una promesa institucional que una política
efectiva.
En este sentido, el caso de Quintana Roo requiere analizarse bajo la lupa de estos hallazgos,
evidenciando que la ausencia de programas integrales de reintegración y la débil protección de derechos
humanos en prisión comprometen seriamente la posibilidad de una reinserción real.
pág. 3986
Con base en el estudio "Situación educativa de las y los adolescentes privados de libertad por causas
penales en América Latina y el Caribe" realizado por la Universidad Diego Portales y UNICEF (2017),
es posible afirmar que la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley en contextos
latinoamericanos, como Quintana Roo, enfrenta serias deficiencias estructurales que la convierten en
una aspiración aún distante.
El documento revela que, aunque los marcos jurídicos internacionales y nacionales establecen que la
educación debe ser un eje prioritario dentro del proceso de reinserción, en la práctica el 29.8% de los
adolescentes privados de libertad no accede a ningún programa educativo, y en muchos casos, los
sistemas de información no permiten saber siquiera su trayectoria escolar previa (UNICEF &
Universidad Diego Portales, 2017). Esta falta de seguimiento limita el diseño de intervenciones eficaces
y obstaculiza el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Desde una mirada criminológica, esta omisión en la dimensión educativa perpetúa un modelo de justicia
juvenil centrado en el encierro, en lugar de avanzar hacia uno restaurativo y preventivo. El hecho de
que el 90% de la población adolescente privada de libertad sean hombres, y que no exista una estrategia
clara de reincorporación educativa tras su liberación, evidencia una profunda desconexión entre los
principios normativos y las prácticas institucionales.
En consecuencia, la reinserción social en Quintana Roo se posiciona como un mito cuando no va
acompañada de un enfoque integral que articule derechos humanos, acceso a la educación, atención a
la diversidad y estrategias de reintegración comunitaria sostenidas y con respaldo institucional.
Con base en el informe Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe: Una mirada al otro lado
de las rejas, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2019), se advierte que el
sistema penitenciario de la región, incluido México, enfrenta una crisis estructural que compromete
seriamente su capacidad para cumplir con la función constitucional de la reinserción social. La
investigación revela que el crecimiento de la población carcelaria en América Latina ha sido del 120%
desde el año 2000, en comparación con apenas un 24% a nivel global, lo que ha generado un colapso
operativo que se manifiesta en hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y escasa participación
en programas educativos y laborales (BID, 2019, pp. 6–9).
Con base en el estudio "Situación educativa de las y los adolescentes privados de libertad por causas
penales en América Latina y el Caribe" realizado por la Universidad Diego Portales y UNICEF (2017),
es posible afirmar que la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley en contextos
latinoamericanos, como Quintana Roo, enfrenta serias deficiencias estructurales que la convierten en
una aspiración aún distante.
El documento revela que, aunque los marcos jurídicos internacionales y nacionales establecen que la
educación debe ser un eje prioritario dentro del proceso de reinserción, en la práctica el 29.8% de los
adolescentes privados de libertad no accede a ningún programa educativo, y en muchos casos, los
sistemas de información no permiten saber siquiera su trayectoria escolar previa (UNICEF &
Universidad Diego Portales, 2017). Esta falta de seguimiento limita el diseño de intervenciones eficaces
y obstaculiza el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Desde una mirada criminológica, esta omisión en la dimensión educativa perpetúa un modelo de justicia
juvenil centrado en el encierro, en lugar de avanzar hacia uno restaurativo y preventivo. El hecho de
que el 90% de la población adolescente privada de libertad sean hombres, y que no exista una estrategia
clara de reincorporación educativa tras su liberación, evidencia una profunda desconexión entre los
principios normativos y las prácticas institucionales.
En consecuencia, la reinserción social en Quintana Roo se posiciona como un mito cuando no va
acompañada de un enfoque integral que articule derechos humanos, acceso a la educación, atención a
la diversidad y estrategias de reintegración comunitaria sostenidas y con respaldo institucional.
Con base en el informe Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe: Una mirada al otro lado
de las rejas, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2019), se advierte que el
sistema penitenciario de la región, incluido México, enfrenta una crisis estructural que compromete
seriamente su capacidad para cumplir con la función constitucional de la reinserción social. La
investigación revela que el crecimiento de la población carcelaria en América Latina ha sido del 120%
desde el año 2000, en comparación con apenas un 24% a nivel global, lo que ha generado un colapso
operativo que se manifiesta en hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y escasa participación
en programas educativos y laborales (BID, 2019, pp. 6–9).
pág. 3987
Desde un enfoque criminológico, la reinserción no puede entenderse únicamente como la salida del
encierro, sino como un proceso progresivo y multidimensional que implica la reconstrucción del vínculo
social, el acceso a oportunidades de vida legítimas y la garantía de derechos fundamentales. Sin
embargo, el estudio del BID demuestra que menos de la mitad de los internos en América Latina
participa en alguna actividad educativa o productiva, y que la reincidencia continúa siendo elevada,
especialmente entre jóvenes que carecen de capital educativo, redes de apoyo o antecedentes familiares
estables.
En el caso de Quintana Roo, donde se reproducen muchas de estas dinámicas, la reinserción social
continúa siendo una promesa institucional más que una política efectiva. Las condiciones penitenciarias
adversas, sumadas a la falta de intervención post-penitenciaria, refuerzan la hipótesis de que estamos
ante un modelo que prioriza el encierro sobre la rehabilitación, desafiando los principios del derecho
penal democrático y los estándares internacionales de derechos humanos.
Con base en el estudio “Reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en
Chile” (Larroulet et al., 2019), se pone en evidencia que el proceso de reinserción social en América
Latina, particularmente en el caso de mujeres, continúa siendo más un objetivo declarado que una
realidad efectiva. Aunque este estudio se centra en el contexto chileno, sus hallazgos permiten
establecer paralelismos válidos para el análisis de la reinserción social en Quintana Roo, al considerar
las condiciones estructurales compartidas en la región.
Desde un enfoque criminológico, el estudio demuestra que las trayectorias delictivas de las mujeres
están marcadas por experiencias tempranas de abandono, violencia familiar, embarazo adolescente,
escasa escolaridad y vínculos precarios con el empleo formal. El 83% de las mujeres entrevistadas
abandonó la educación antes de concluir la secundaria, y un 64% se había fugado de casa siendo menor
de edad. Estas condiciones de vulnerabilidad anteceden al delito y, sin una intervención estructurada al
egreso, perpetúan ciclos de reincidencia (Larroulet et al., 2019).
Además, el sistema penal continúa operando con una lógica androcéntrica, donde las políticas de
reinserción no consideran los factores de género ni las necesidades específicas de las mujeres. Esto se
traduce en baja participación en programas laborales o educativos dentro de prisión, nula articulación
post-penitenciaria y una alta probabilidad de retorno al delito como estrategia de supervivencia.
Desde un enfoque criminológico, la reinserción no puede entenderse únicamente como la salida del
encierro, sino como un proceso progresivo y multidimensional que implica la reconstrucción del vínculo
social, el acceso a oportunidades de vida legítimas y la garantía de derechos fundamentales. Sin
embargo, el estudio del BID demuestra que menos de la mitad de los internos en América Latina
participa en alguna actividad educativa o productiva, y que la reincidencia continúa siendo elevada,
especialmente entre jóvenes que carecen de capital educativo, redes de apoyo o antecedentes familiares
estables.
En el caso de Quintana Roo, donde se reproducen muchas de estas dinámicas, la reinserción social
continúa siendo una promesa institucional más que una política efectiva. Las condiciones penitenciarias
adversas, sumadas a la falta de intervención post-penitenciaria, refuerzan la hipótesis de que estamos
ante un modelo que prioriza el encierro sobre la rehabilitación, desafiando los principios del derecho
penal democrático y los estándares internacionales de derechos humanos.
Con base en el estudio “Reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en
Chile” (Larroulet et al., 2019), se pone en evidencia que el proceso de reinserción social en América
Latina, particularmente en el caso de mujeres, continúa siendo más un objetivo declarado que una
realidad efectiva. Aunque este estudio se centra en el contexto chileno, sus hallazgos permiten
establecer paralelismos válidos para el análisis de la reinserción social en Quintana Roo, al considerar
las condiciones estructurales compartidas en la región.
Desde un enfoque criminológico, el estudio demuestra que las trayectorias delictivas de las mujeres
están marcadas por experiencias tempranas de abandono, violencia familiar, embarazo adolescente,
escasa escolaridad y vínculos precarios con el empleo formal. El 83% de las mujeres entrevistadas
abandonó la educación antes de concluir la secundaria, y un 64% se había fugado de casa siendo menor
de edad. Estas condiciones de vulnerabilidad anteceden al delito y, sin una intervención estructurada al
egreso, perpetúan ciclos de reincidencia (Larroulet et al., 2019).
Además, el sistema penal continúa operando con una lógica androcéntrica, donde las políticas de
reinserción no consideran los factores de género ni las necesidades específicas de las mujeres. Esto se
traduce en baja participación en programas laborales o educativos dentro de prisión, nula articulación
post-penitenciaria y una alta probabilidad de retorno al delito como estrategia de supervivencia.
pág. 3988
En consecuencia, la reinserción social en contextos como el de Quintana Roo no puede afirmarse como
una realidad concreta, sino como una construcción discursiva sin anclaje suficiente en políticas públicas
integrales y con enfoque en derechos humanos y justicia restaurativa.
Con base en el artículo “Proyecto DAR: Desistimiento, Afecto y Resiliencia para un cambio de
trayectoria en jóvenes que han estado privados de libertad” de María Belén Peralta Nasiff (2023), es
posible afirmar que la reinserción social debe entenderse como un proceso complejo, multidimensional
y prolongado, en el que inciden factores estructurales, subjetivos y comunitarios. Esta perspectiva
resulta esencial para reflexionar si en contextos como Quintana Roo la reinserción social es una realidad
efectiva o un mito sostenido por el discurso institucional.
El Proyecto DAR, implementado por Fundación Ítaca en Chile, se apoya en fundamentos
criminológicos como la teoría del ciclo vital, el paradigma del desistimiento y la resiliencia. La
intervención contempla componentes laborales, educativos, socioemocionales y comunitarios que
abordan tanto el fortalecimiento identitario como el desarrollo de vínculos afectivos prosociales. Uno
de sus aportes innovadores es la figura del “tutor de resiliencia”, personas que han transitado procesos
de desistimiento y acompañan a otros desde la experiencia vivida, reivindicando la noción del “sanador
herido” propuesta por Maruna (2001).
Desde un enfoque criminológico con perspectiva de derechos humanos, el Proyecto DAR evidencia que
la reinserción no se logra mediante modelos punitivos ni generalistas, sino mediante acompañamientos
personalizados, abordajes de género y la resignificación de la historia de vida. La experiencia sugiere
que en lugares como Quintana Roo, donde aún prevalece una lógica de castigo y aislamiento, es
necesario avanzar hacia intervenciones comunitarias integrales que reconozcan el potencial
transformador del vínculo, la dignidad y el reconocimiento social para abandonar el delito.
Con base en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020–2024 de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la reinserción social en México se establece como uno
de los cinco objetivos prioritarios del Estado. Este documento reconoce que la reinserción de personas
privadas de la libertad debe realizarse con enfoque de derechos humanos, inclusión social y perspectiva
de género, además de considerar enfoques diferenciados e interculturales (SSPC, 2020, p. 34).
En consecuencia, la reinserción social en contextos como el de Quintana Roo no puede afirmarse como
una realidad concreta, sino como una construcción discursiva sin anclaje suficiente en políticas públicas
integrales y con enfoque en derechos humanos y justicia restaurativa.
Con base en el artículo “Proyecto DAR: Desistimiento, Afecto y Resiliencia para un cambio de
trayectoria en jóvenes que han estado privados de libertad” de María Belén Peralta Nasiff (2023), es
posible afirmar que la reinserción social debe entenderse como un proceso complejo, multidimensional
y prolongado, en el que inciden factores estructurales, subjetivos y comunitarios. Esta perspectiva
resulta esencial para reflexionar si en contextos como Quintana Roo la reinserción social es una realidad
efectiva o un mito sostenido por el discurso institucional.
El Proyecto DAR, implementado por Fundación Ítaca en Chile, se apoya en fundamentos
criminológicos como la teoría del ciclo vital, el paradigma del desistimiento y la resiliencia. La
intervención contempla componentes laborales, educativos, socioemocionales y comunitarios que
abordan tanto el fortalecimiento identitario como el desarrollo de vínculos afectivos prosociales. Uno
de sus aportes innovadores es la figura del “tutor de resiliencia”, personas que han transitado procesos
de desistimiento y acompañan a otros desde la experiencia vivida, reivindicando la noción del “sanador
herido” propuesta por Maruna (2001).
Desde un enfoque criminológico con perspectiva de derechos humanos, el Proyecto DAR evidencia que
la reinserción no se logra mediante modelos punitivos ni generalistas, sino mediante acompañamientos
personalizados, abordajes de género y la resignificación de la historia de vida. La experiencia sugiere
que en lugares como Quintana Roo, donde aún prevalece una lógica de castigo y aislamiento, es
necesario avanzar hacia intervenciones comunitarias integrales que reconozcan el potencial
transformador del vínculo, la dignidad y el reconocimiento social para abandonar el delito.
Con base en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020–2024 de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la reinserción social en México se establece como uno
de los cinco objetivos prioritarios del Estado. Este documento reconoce que la reinserción de personas
privadas de la libertad debe realizarse con enfoque de derechos humanos, inclusión social y perspectiva
de género, además de considerar enfoques diferenciados e interculturales (SSPC, 2020, p. 34).
pág. 3989
No obstante, el mismo informe advierte que, a pesar de los lineamientos normativos, las acciones
institucionales aún presentan limitaciones operativas en su implementación.
Desde una perspectiva criminológica, el modelo de reinserción propuesto se sustenta en la rehabilitación
integral, incorporando ejes como salud, educación, deporte, trabajo y capacitación. Sin embargo, el
cumplimiento efectivo de estos ejes enfrenta barreras como la insuficiente profesionalización del
personal penitenciario, la débil articulación interinstitucional y la escasa evaluación de resultados. A
esto se suma que las acciones de reinserción se concentran principalmente en los centros federales,
dejando a los sistemas estatales —como el de Quintana Roo— sin los recursos y capacidades necesarias
para cumplir con este mandato.
En consecuencia, y a la luz de este análisis, la reinserción social en Quintana Roo puede considerarse
más una aspiración que una realidad consolidada. A pesar del marco programático, las limitaciones
estructurales y la baja inversión en procesos pospenitenciarios dificultan el ejercicio pleno de derechos
y la ruptura de ciclos delictivos. Para transitar del discurso a la acción, se requiere fortalecer el enfoque
restaurativo, territorial y comunitario de las políticas de reinserción.
Con base en el informe “Situación de las personas privadas de libertad en México” elaborado por
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Documenta y el Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (2012), se concluye que la
reinserción social en México, y por extensión en entidades como Quintana Roo, permanece como una
aspiración jurídica que no se traduce en una política pública efectiva.
El informe muestra cómo la reforma constitucional de 2008, que sustituyó el concepto de readaptación
social por reinserción social, introdujo un enfoque más garantista, en el cual la privación de la libertad
no debe implicar la suspensión de todos los derechos, sino solo aquellos indispensables para cumplir la
sanción impuesta. No obstante, este cambio conceptual no ha logrado impactar en la práctica
penitenciaria nacional: persiste el uso excesivo de la prisión preventiva, las condiciones de reclusión
violan estándares internacionales y existe una sobrepoblación cercana al 20%, con un déficit de más de
40 mil espacios penitenciarios a nivel nacional (ASILEGAL et al., 2012).
Desde una perspectiva criminológica, esta desconexión entre norma y realidad evidencia la fragilidad
del sistema para generar procesos de reintegración sostenidos.
No obstante, el mismo informe advierte que, a pesar de los lineamientos normativos, las acciones
institucionales aún presentan limitaciones operativas en su implementación.
Desde una perspectiva criminológica, el modelo de reinserción propuesto se sustenta en la rehabilitación
integral, incorporando ejes como salud, educación, deporte, trabajo y capacitación. Sin embargo, el
cumplimiento efectivo de estos ejes enfrenta barreras como la insuficiente profesionalización del
personal penitenciario, la débil articulación interinstitucional y la escasa evaluación de resultados. A
esto se suma que las acciones de reinserción se concentran principalmente en los centros federales,
dejando a los sistemas estatales —como el de Quintana Roo— sin los recursos y capacidades necesarias
para cumplir con este mandato.
En consecuencia, y a la luz de este análisis, la reinserción social en Quintana Roo puede considerarse
más una aspiración que una realidad consolidada. A pesar del marco programático, las limitaciones
estructurales y la baja inversión en procesos pospenitenciarios dificultan el ejercicio pleno de derechos
y la ruptura de ciclos delictivos. Para transitar del discurso a la acción, se requiere fortalecer el enfoque
restaurativo, territorial y comunitario de las políticas de reinserción.
Con base en el informe “Situación de las personas privadas de libertad en México” elaborado por
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Documenta y el Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (2012), se concluye que la
reinserción social en México, y por extensión en entidades como Quintana Roo, permanece como una
aspiración jurídica que no se traduce en una política pública efectiva.
El informe muestra cómo la reforma constitucional de 2008, que sustituyó el concepto de readaptación
social por reinserción social, introdujo un enfoque más garantista, en el cual la privación de la libertad
no debe implicar la suspensión de todos los derechos, sino solo aquellos indispensables para cumplir la
sanción impuesta. No obstante, este cambio conceptual no ha logrado impactar en la práctica
penitenciaria nacional: persiste el uso excesivo de la prisión preventiva, las condiciones de reclusión
violan estándares internacionales y existe una sobrepoblación cercana al 20%, con un déficit de más de
40 mil espacios penitenciarios a nivel nacional (ASILEGAL et al., 2012).
Desde una perspectiva criminológica, esta desconexión entre norma y realidad evidencia la fragilidad
del sistema para generar procesos de reintegración sostenidos.
pág. 3990
Las leyes locales continúan operando bajo una lógica correctiva, apoyada en criterios técnicos o
clínicos, y dejan a los jueces de ejecución sin atribuciones reales para garantizar condiciones de vida
digna. Así, la reinserción social en Quintana Roo no puede considerarse una realidad consolidada, sino
un discurso institucional que no se traduce en ejercicio pleno de derechos ni en reducción efectiva de la
reincidencia.
El documento “La reinserción social de las mujeres en México: Un largo camino para el
restablecimiento de sus derechos”, elaborado por la organización Equis: Justicia para las Mujeres,
constituye un análisis crítico sobre las deficiencias estructurales que enfrenta la política de reinserción
social en el país, particularmente respecto a las mujeres privadas de libertad. Este informe es altamente
relevante para sustentar la investigación sobre la reinserción social en Quintana Roo como mito o
realidad, desde un enfoque criminológico con perspectiva de derechos humanos.
El texto señala que, a pesar de las reformas constitucionales de 2008 y 2011 —que introdujeron el
concepto de reinserción social con enfoque en derechos humanos y género—, en la práctica persisten
múltiples omisiones. La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) no contempla un enfoque integral ni
diferenciado para mujeres, y las políticas públicas aún reproducen esquemas de asistencia fragmentaria
y sin continuidad (Equis, 2019). Además, el 99% de las mujeres en reclusión son primodelincuentes,
muchas con baja escolaridad, hijas o hijos dependientes y antecedentes de violencia estructural, lo que
exige estrategias específicas para su reincorporación social.
Desde una perspectiva criminológica, la investigación expone que el Estado ha delegado parte de sus
responsabilidades a organizaciones civiles sin garantizar una política pospenal sólida. Esto debilita el
proceso de desistimiento y perpetúa ciclos de exclusión. El informe concluye que, más allá del
reconocimiento jurídico, la reinserción sigue siendo una promesa incumplida. En contextos como
Quintana Roo, donde los servicios pospenales son escasos o inexistentes, esta situación se agrava,
convirtiendo la reinserción social en un discurso institucional más que en una práctica efectiva.
Con base en el documento “La reinserción social comunitaria en México: diagnóstico, recomendaciones
y rutas de acción” (Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, 2022), es posible sostener que la
reinserción social en el país, incluida la realidad específica de entidades como Quintana Roo, dista aún
de ser una política pública efectiva y consolidada.
Las leyes locales continúan operando bajo una lógica correctiva, apoyada en criterios técnicos o
clínicos, y dejan a los jueces de ejecución sin atribuciones reales para garantizar condiciones de vida
digna. Así, la reinserción social en Quintana Roo no puede considerarse una realidad consolidada, sino
un discurso institucional que no se traduce en ejercicio pleno de derechos ni en reducción efectiva de la
reincidencia.
El documento “La reinserción social de las mujeres en México: Un largo camino para el
restablecimiento de sus derechos”, elaborado por la organización Equis: Justicia para las Mujeres,
constituye un análisis crítico sobre las deficiencias estructurales que enfrenta la política de reinserción
social en el país, particularmente respecto a las mujeres privadas de libertad. Este informe es altamente
relevante para sustentar la investigación sobre la reinserción social en Quintana Roo como mito o
realidad, desde un enfoque criminológico con perspectiva de derechos humanos.
El texto señala que, a pesar de las reformas constitucionales de 2008 y 2011 —que introdujeron el
concepto de reinserción social con enfoque en derechos humanos y género—, en la práctica persisten
múltiples omisiones. La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) no contempla un enfoque integral ni
diferenciado para mujeres, y las políticas públicas aún reproducen esquemas de asistencia fragmentaria
y sin continuidad (Equis, 2019). Además, el 99% de las mujeres en reclusión son primodelincuentes,
muchas con baja escolaridad, hijas o hijos dependientes y antecedentes de violencia estructural, lo que
exige estrategias específicas para su reincorporación social.
Desde una perspectiva criminológica, la investigación expone que el Estado ha delegado parte de sus
responsabilidades a organizaciones civiles sin garantizar una política pospenal sólida. Esto debilita el
proceso de desistimiento y perpetúa ciclos de exclusión. El informe concluye que, más allá del
reconocimiento jurídico, la reinserción sigue siendo una promesa incumplida. En contextos como
Quintana Roo, donde los servicios pospenales son escasos o inexistentes, esta situación se agrava,
convirtiendo la reinserción social en un discurso institucional más que en una práctica efectiva.
Con base en el documento “La reinserción social comunitaria en México: diagnóstico, recomendaciones
y rutas de acción” (Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, 2022), es posible sostener que la
reinserción social en el país, incluida la realidad específica de entidades como Quintana Roo, dista aún
de ser una política pública efectiva y consolidada.
pág. 3991
A pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) establece el mandato de garantizar servicios
postpenales integrales —que incluyan acompañamiento educativo, laboral, psicosocial y comunitario—
, los hallazgos muestran que solo nueve de las 32 entidades federativas cuentan con comisiones
intersecretariales funcionales, y apenas ocho destinan partidas presupuestales específicas a esta tarea.
Desde un enfoque criminológico, el informe destaca que los procesos de reinserción deben interpretarse
no solo como la superación de la privación de libertad, sino como el restablecimiento efectivo de
derechos en contextos marcados por la desigualdad, la exclusión y la estigmatización social. La
investigación documenta que las personas liberadas suelen retornar a comunidades de alta marginación,
con violencia estructural, escaso acceso a vivienda y oportunidades de empleo informal, lo que
obstaculiza la ruptura con trayectorias delictivas.
En este sentido, el estudio concluye que los procesos de reintegración no pueden limitarse a estrategias
individuales, sino que deben partir de enfoques territoriales y comunitarios. La propuesta de pensar la
reinserción social como una política pública anclada en el tejido social y no solo en el sistema
penitenciario representa un avance conceptual y práctico. Sin este cambio de paradigma, la reinserción
continuará siendo en entidades como Quintana Roo una ficción jurídica, más que una herramienta real
de justicia social.
Con base en el trabajo de investigación titulado “Proceso de reinserción social de los adolescentes en
internamiento y las estructuras del mundo de la vida cotidiana: un estudio de caso en el CEA-SF”
(Palafox Sánchez, 2024), se evidencia que la reinserción social en México —y por extensión en
Quintana Roo— enfrenta múltiples retos estructurales, institucionales y socioculturales que impiden su
realización efectiva, especialmente en adolescentes en conflicto con la ley.
El documento, sustentado en la teoría del “mundo de la vida cotidiana” de Alfred Schutz y en el
concepto de “institución total” de Erving Goffman, demuestra que el internamiento genera una ruptura
entre el yo social del adolescente y las estructuras significativas previas, debilitando su identidad y
capacidad de agencia. La autora argumenta que la experiencia de reinserción está mediada no solo por
los programas institucionales, sino por la configuración previa del entorno familiar, escolar y
comunitario de los jóvenes, así como por las expectativas que desarrollan durante el encierro (Palafox
Sánchez, 2024, pp. 3–6).
A pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) establece el mandato de garantizar servicios
postpenales integrales —que incluyan acompañamiento educativo, laboral, psicosocial y comunitario—
, los hallazgos muestran que solo nueve de las 32 entidades federativas cuentan con comisiones
intersecretariales funcionales, y apenas ocho destinan partidas presupuestales específicas a esta tarea.
Desde un enfoque criminológico, el informe destaca que los procesos de reinserción deben interpretarse
no solo como la superación de la privación de libertad, sino como el restablecimiento efectivo de
derechos en contextos marcados por la desigualdad, la exclusión y la estigmatización social. La
investigación documenta que las personas liberadas suelen retornar a comunidades de alta marginación,
con violencia estructural, escaso acceso a vivienda y oportunidades de empleo informal, lo que
obstaculiza la ruptura con trayectorias delictivas.
En este sentido, el estudio concluye que los procesos de reintegración no pueden limitarse a estrategias
individuales, sino que deben partir de enfoques territoriales y comunitarios. La propuesta de pensar la
reinserción social como una política pública anclada en el tejido social y no solo en el sistema
penitenciario representa un avance conceptual y práctico. Sin este cambio de paradigma, la reinserción
continuará siendo en entidades como Quintana Roo una ficción jurídica, más que una herramienta real
de justicia social.
Con base en el trabajo de investigación titulado “Proceso de reinserción social de los adolescentes en
internamiento y las estructuras del mundo de la vida cotidiana: un estudio de caso en el CEA-SF”
(Palafox Sánchez, 2024), se evidencia que la reinserción social en México —y por extensión en
Quintana Roo— enfrenta múltiples retos estructurales, institucionales y socioculturales que impiden su
realización efectiva, especialmente en adolescentes en conflicto con la ley.
El documento, sustentado en la teoría del “mundo de la vida cotidiana” de Alfred Schutz y en el
concepto de “institución total” de Erving Goffman, demuestra que el internamiento genera una ruptura
entre el yo social del adolescente y las estructuras significativas previas, debilitando su identidad y
capacidad de agencia. La autora argumenta que la experiencia de reinserción está mediada no solo por
los programas institucionales, sino por la configuración previa del entorno familiar, escolar y
comunitario de los jóvenes, así como por las expectativas que desarrollan durante el encierro (Palafox
Sánchez, 2024, pp. 3–6).
pág. 3992
El estudio también identifica una profunda tensión entre el discurso normativo del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes —que plantea la reinserción como restitución de derechos— y la
práctica institucional, que muchas veces prioriza el control y la disciplina por encima del
acompañamiento socioeducativo. Esta disonancia afecta el sentido de pertenencia de los adolescentes
y, en consecuencia, sus posibilidades reales de integración social al egreso.
En suma, la investigación confirma que la reinserción en contextos como el de Quintana Roo no puede
entenderse como una meta alcanzada, sino como un proceso complejo que requiere una visión integral,
comunitaria y con enfoque en derechos humanos.
Con base en el documento “Derechos humanos, reinserción social y justicia restaurativa en México”
de Aguillón León y Ascencio Pérez (2020), se concluye que la reinserción social en México, incluida
la realidad penitenciaria de estados como Quintana Roo, enfrenta una profunda desconexión entre el
discurso normativo y la práctica institucional. Aunque la reforma al sistema de justicia penal incorporó
la oralidad y el respeto a los derechos humanos como ejes rectores, en la vida cotidiana de los centros
penitenciarios siguen documentándose violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las
personas privadas de libertad.
El estudio recupera testimonios de internos e internas que evidencian tratos inhumanos, tortura,
incomunicación y ausencia de oportunidades reales para el desarrollo educativo, laboral o personal.
Estas vivencias contradicen directamente lo establecido en el artículo 18 constitucional, que dispone
que la pena privativa de libertad debe tener como fin la reinserción social basada en el respeto a los
derechos humanos. Además, el análisis resalta que los planes de desarrollo sexenales han privilegiado
un enfoque de seguridad militarizada por encima de estrategias integrales de prevención, atención
comunitaria o acompañamiento postpenitenciario.
Desde una perspectiva criminológica, el texto sostiene que sin condiciones materiales mínimas —como
acceso a un proceso justo, defensa efectiva, educación y salud dentro del sistema penitenciario— no
puede hablarse de reinserción. En el caso de Quintana Roo, donde la precariedad institucional y la
marginación social son evidentes, la reinserción se posiciona más como una narrativa institucional que
como una política pública efectiva y medible.
El estudio también identifica una profunda tensión entre el discurso normativo del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes —que plantea la reinserción como restitución de derechos— y la
práctica institucional, que muchas veces prioriza el control y la disciplina por encima del
acompañamiento socioeducativo. Esta disonancia afecta el sentido de pertenencia de los adolescentes
y, en consecuencia, sus posibilidades reales de integración social al egreso.
En suma, la investigación confirma que la reinserción en contextos como el de Quintana Roo no puede
entenderse como una meta alcanzada, sino como un proceso complejo que requiere una visión integral,
comunitaria y con enfoque en derechos humanos.
Con base en el documento “Derechos humanos, reinserción social y justicia restaurativa en México”
de Aguillón León y Ascencio Pérez (2020), se concluye que la reinserción social en México, incluida
la realidad penitenciaria de estados como Quintana Roo, enfrenta una profunda desconexión entre el
discurso normativo y la práctica institucional. Aunque la reforma al sistema de justicia penal incorporó
la oralidad y el respeto a los derechos humanos como ejes rectores, en la vida cotidiana de los centros
penitenciarios siguen documentándose violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las
personas privadas de libertad.
El estudio recupera testimonios de internos e internas que evidencian tratos inhumanos, tortura,
incomunicación y ausencia de oportunidades reales para el desarrollo educativo, laboral o personal.
Estas vivencias contradicen directamente lo establecido en el artículo 18 constitucional, que dispone
que la pena privativa de libertad debe tener como fin la reinserción social basada en el respeto a los
derechos humanos. Además, el análisis resalta que los planes de desarrollo sexenales han privilegiado
un enfoque de seguridad militarizada por encima de estrategias integrales de prevención, atención
comunitaria o acompañamiento postpenitenciario.
Desde una perspectiva criminológica, el texto sostiene que sin condiciones materiales mínimas —como
acceso a un proceso justo, defensa efectiva, educación y salud dentro del sistema penitenciario— no
puede hablarse de reinserción. En el caso de Quintana Roo, donde la precariedad institucional y la
marginación social son evidentes, la reinserción se posiciona más como una narrativa institucional que
como una política pública efectiva y medible.
pág. 3993
Se requiere un rediseño estructural del modelo penitenciario, centrado en la dignidad humana y en
procesos restaurativos, si se pretende que la reinserción sea una realidad y no un mito.
Con base en el estudio Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión de Reinserta A.C. (2019),
se pone en evidencia la urgente necesidad de replantear los modelos de reinserción social en México
desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente en relación con la maternidad y paternidad
dentro del sistema penitenciario. Esta investigación, que incluyó una muestra representativa de mujeres
y hombres en prisión en diez estados —entre ellos Quintana Roo—, revela que las políticas públicas
actuales no garantizan condiciones mínimas para ejercer la crianza o mantener vínculos familiares, lo
que representa una falla estructural en el cumplimiento del artículo 18 constitucional sobre reinserción
social.
El diagnóstico señala que el 64.1% de la población penitenciaria tiene hijos dependientes, y muchos de
ellos son menores de edad. Sin embargo, las condiciones materiales, el hacinamiento, la carencia de
programas diferenciados y la falta de personal especializado obstaculizan el acceso a servicios básicos
como educación, salud y espacios adecuados para la convivencia con sus hijas e hijos. Además, las
mujeres enfrentan un doble estigma: ser privadas de libertad y madres, lo que limita sus oportunidades
de reintegración digna al concluir la pena (Reinserta, 2019, pp. 34–52).
Desde las bases criminológicas, este panorama refleja un sistema penal que privilegia el castigo sobre
la restauración del tejido social. En el caso de Quintana Roo, donde se documentaron deficiencias graves
en los centros penitenciarios, la reinserción social continúa siendo más una narrativa que una realidad.
Superar esta brecha implica implementar modelos integrales, como el de Reinserta, que promuevan
vínculos afectivos seguros, atención diferenciada por género y enfoque comunitario.
Con base en el documento “Reinserción social” publicado en los Cuadernos de Jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2023), se establece que la reinserción social en México
es un principio constitucional consagrado en el artículo 18 de la Constitución, pero cuya aplicación
efectiva enfrenta serias limitaciones estructurales, operativas y normativas. El análisis sistemático de
los criterios jurisprudenciales revela que, si bien se ha avanzado en el reconocimiento de derechos
fundamentales para las personas privadas de libertad (PPL), persisten obstáculos que impiden garantizar
su reintegración plena a la sociedad.
Se requiere un rediseño estructural del modelo penitenciario, centrado en la dignidad humana y en
procesos restaurativos, si se pretende que la reinserción sea una realidad y no un mito.
Con base en el estudio Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión de Reinserta A.C. (2019),
se pone en evidencia la urgente necesidad de replantear los modelos de reinserción social en México
desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente en relación con la maternidad y paternidad
dentro del sistema penitenciario. Esta investigación, que incluyó una muestra representativa de mujeres
y hombres en prisión en diez estados —entre ellos Quintana Roo—, revela que las políticas públicas
actuales no garantizan condiciones mínimas para ejercer la crianza o mantener vínculos familiares, lo
que representa una falla estructural en el cumplimiento del artículo 18 constitucional sobre reinserción
social.
El diagnóstico señala que el 64.1% de la población penitenciaria tiene hijos dependientes, y muchos de
ellos son menores de edad. Sin embargo, las condiciones materiales, el hacinamiento, la carencia de
programas diferenciados y la falta de personal especializado obstaculizan el acceso a servicios básicos
como educación, salud y espacios adecuados para la convivencia con sus hijas e hijos. Además, las
mujeres enfrentan un doble estigma: ser privadas de libertad y madres, lo que limita sus oportunidades
de reintegración digna al concluir la pena (Reinserta, 2019, pp. 34–52).
Desde las bases criminológicas, este panorama refleja un sistema penal que privilegia el castigo sobre
la restauración del tejido social. En el caso de Quintana Roo, donde se documentaron deficiencias graves
en los centros penitenciarios, la reinserción social continúa siendo más una narrativa que una realidad.
Superar esta brecha implica implementar modelos integrales, como el de Reinserta, que promuevan
vínculos afectivos seguros, atención diferenciada por género y enfoque comunitario.
Con base en el documento “Reinserción social” publicado en los Cuadernos de Jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2023), se establece que la reinserción social en México
es un principio constitucional consagrado en el artículo 18 de la Constitución, pero cuya aplicación
efectiva enfrenta serias limitaciones estructurales, operativas y normativas. El análisis sistemático de
los criterios jurisprudenciales revela que, si bien se ha avanzado en el reconocimiento de derechos
fundamentales para las personas privadas de libertad (PPL), persisten obstáculos que impiden garantizar
su reintegración plena a la sociedad.
pág. 3994
El texto identifica siete ejes jurisprudenciales vinculados a la reinserción: desde el derecho a compurgar
la pena en el centro más cercano al domicilio hasta los beneficios preliberacionales y las condiciones
discriminatorias de trabajo. La SCJN ha sostenido que el traslado de una persona privada de libertad
afecta indirectamente su derecho a la libertad y, por tanto, debe ser autorizado judicialmente con base
en criterios de proporcionalidad y respeto a sus vínculos familiares y comunitarios (SCJN, 2023, pp.
11–13). Sin embargo, estas decisiones no siempre se traducen en prácticas penitenciarias compatibles
con la dignidad humana.
Desde un enfoque criminológico, el texto destaca la transición conceptual de la readaptación hacia la
reinserción como un cambio paradigmático que busca romper con el estigma penal, fomentar la
resiliencia social y prevenir la reincidencia. En el caso de Quintana Roo, este enfoque resulta aún más
desafiante debido a limitaciones presupuestales, sobrepoblación carcelaria y ausencia de programas
pospenitenciarios sostenibles. Por tanto, la reinserción social, más que una realidad consolidada, se
presenta como un horizonte normativo aún lejano.
Con base en los hallazgos de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal
(ENASJUP) 2022, elaborada por el INEGI, se visibiliza un panorama alarmante sobre la situación de
adolescentes en conflicto con la ley en México, particularmente en estados como Quintana Roo. Esta
fuente resulta fundamental para sustentar que la reinserción social, lejos de ser una realidad consolidada,
sigue siendo un mito sostenido por el marco normativo, pero débilmente implementado en la práctica
institucional.
Entre los principales hallazgos se destaca que el 43.1% de los adolescentes en el sistema ha abandonado
su hogar al menos una vez, y que más del 83% proviene de entornos marcados por consumo frecuente
de alcohol y contextos de violencia estructural o intrafamiliar (INEGI, 2023). Además, 58.3% no
estudiaba al momento de su detención, y más del 27% ya tenía hijos/as, lo que evidencia condiciones
de alta vulnerabilidad social que no son suficientemente abordadas por los mecanismos de reinserción.
Desde una perspectiva criminológica, el carácter punitivo del sistema aún prevalece sobre enfoques
restaurativos. A pesar de que el 56.5% de los adolescentes cumple sanciones no privativas, el 41.6%
permanece en internamiento, frecuentemente bajo condiciones precarias y sin acceso garantizado a
El texto identifica siete ejes jurisprudenciales vinculados a la reinserción: desde el derecho a compurgar
la pena en el centro más cercano al domicilio hasta los beneficios preliberacionales y las condiciones
discriminatorias de trabajo. La SCJN ha sostenido que el traslado de una persona privada de libertad
afecta indirectamente su derecho a la libertad y, por tanto, debe ser autorizado judicialmente con base
en criterios de proporcionalidad y respeto a sus vínculos familiares y comunitarios (SCJN, 2023, pp.
11–13). Sin embargo, estas decisiones no siempre se traducen en prácticas penitenciarias compatibles
con la dignidad humana.
Desde un enfoque criminológico, el texto destaca la transición conceptual de la readaptación hacia la
reinserción como un cambio paradigmático que busca romper con el estigma penal, fomentar la
resiliencia social y prevenir la reincidencia. En el caso de Quintana Roo, este enfoque resulta aún más
desafiante debido a limitaciones presupuestales, sobrepoblación carcelaria y ausencia de programas
pospenitenciarios sostenibles. Por tanto, la reinserción social, más que una realidad consolidada, se
presenta como un horizonte normativo aún lejano.
Con base en los hallazgos de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal
(ENASJUP) 2022, elaborada por el INEGI, se visibiliza un panorama alarmante sobre la situación de
adolescentes en conflicto con la ley en México, particularmente en estados como Quintana Roo. Esta
fuente resulta fundamental para sustentar que la reinserción social, lejos de ser una realidad consolidada,
sigue siendo un mito sostenido por el marco normativo, pero débilmente implementado en la práctica
institucional.
Entre los principales hallazgos se destaca que el 43.1% de los adolescentes en el sistema ha abandonado
su hogar al menos una vez, y que más del 83% proviene de entornos marcados por consumo frecuente
de alcohol y contextos de violencia estructural o intrafamiliar (INEGI, 2023). Además, 58.3% no
estudiaba al momento de su detención, y más del 27% ya tenía hijos/as, lo que evidencia condiciones
de alta vulnerabilidad social que no son suficientemente abordadas por los mecanismos de reinserción.
Desde una perspectiva criminológica, el carácter punitivo del sistema aún prevalece sobre enfoques
restaurativos. A pesar de que el 56.5% de los adolescentes cumple sanciones no privativas, el 41.6%
permanece en internamiento, frecuentemente bajo condiciones precarias y sin acceso garantizado a
pág. 3995
programas educativos, de salud o laborales. Asimismo, se documentan actos de violencia institucional
durante y después de la detención, afectando la dignidad y derechos humanos de los adolescentes.
Estos datos refuerzan que en entidades como Quintana Roo, donde las políticas de reinserción carecen
de enfoque diferenciado y de perspectiva territorial, es inviable hablar de una reinserción social efectiva.
Se requiere un rediseño integral del sistema juvenil penal, con énfasis en la prevención,
acompañamiento y justicia social.
El documento “Patronato de Ayuda para la Reinserción Social: un factor determinante en el Estado de
Quintana Roo” (Carrillo Tzab & Herrera Acosta, 2020), ofrece una radiografía crítica del sistema
penitenciario en Quintana Roo y sostiene, con base en evidencia normativa y empírica, que la
reinserción social en el estado es más un discurso que una práctica efectiva. La investigación parte de
una premisa clara: la omisión institucional de crear y operar el Patronato de Ayuda para la Reinserción
Social, previsto desde 2011 en la Ley Estatal de Ejecución de Penas, constituye una violación estructural
que impide el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 18.
El estudio analiza los principios rectores de la reinserción —respeto a los derechos humanos, educación,
trabajo, salud y deporte— y evidencia cómo su incumplimiento dentro del CERESO de Chetumal,
documentado entre 2014 y 2019, deriva en condiciones indignas de internamiento, falta de programas
de tratamiento y ausencia de políticas postpenitenciarias. Desde una perspectiva criminológica, los
autores retoman la crítica a modelos punitivos y resaltan la importancia de estructuras coadyuvantes al
proceso de egreso, como el Patronato, que promuevan la inclusión social y prevengan la reincidencia
delictiva.
El documento concluye con una propuesta técnica de creación del Patronato, incluyendo manuales,
reglamentos y organigramas, lo que convierte la investigación no solo en un diagnóstico, sino en una
hoja de ruta institucional. En suma, se demuestra que en Quintana Roo la reinserción social es una meta
incumplida, obstaculizada por omisiones estatales, ineficiencia administrativa y la persistencia de
estigmas sociales hacia las personas privadas de la libertad. Con base en los datos arrojados por la
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, se evidencia que en el estado
de Quintana Roo persisten múltiples condiciones que impiden que la reinserción social sea una realidad
efectiva, lo que fortalece su carácter de mito jurídico-administrativo.
programas educativos, de salud o laborales. Asimismo, se documentan actos de violencia institucional
durante y después de la detención, afectando la dignidad y derechos humanos de los adolescentes.
Estos datos refuerzan que en entidades como Quintana Roo, donde las políticas de reinserción carecen
de enfoque diferenciado y de perspectiva territorial, es inviable hablar de una reinserción social efectiva.
Se requiere un rediseño integral del sistema juvenil penal, con énfasis en la prevención,
acompañamiento y justicia social.
El documento “Patronato de Ayuda para la Reinserción Social: un factor determinante en el Estado de
Quintana Roo” (Carrillo Tzab & Herrera Acosta, 2020), ofrece una radiografía crítica del sistema
penitenciario en Quintana Roo y sostiene, con base en evidencia normativa y empírica, que la
reinserción social en el estado es más un discurso que una práctica efectiva. La investigación parte de
una premisa clara: la omisión institucional de crear y operar el Patronato de Ayuda para la Reinserción
Social, previsto desde 2011 en la Ley Estatal de Ejecución de Penas, constituye una violación estructural
que impide el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 18.
El estudio analiza los principios rectores de la reinserción —respeto a los derechos humanos, educación,
trabajo, salud y deporte— y evidencia cómo su incumplimiento dentro del CERESO de Chetumal,
documentado entre 2014 y 2019, deriva en condiciones indignas de internamiento, falta de programas
de tratamiento y ausencia de políticas postpenitenciarias. Desde una perspectiva criminológica, los
autores retoman la crítica a modelos punitivos y resaltan la importancia de estructuras coadyuvantes al
proceso de egreso, como el Patronato, que promuevan la inclusión social y prevengan la reincidencia
delictiva.
El documento concluye con una propuesta técnica de creación del Patronato, incluyendo manuales,
reglamentos y organigramas, lo que convierte la investigación no solo en un diagnóstico, sino en una
hoja de ruta institucional. En suma, se demuestra que en Quintana Roo la reinserción social es una meta
incumplida, obstaculizada por omisiones estatales, ineficiencia administrativa y la persistencia de
estigmas sociales hacia las personas privadas de la libertad. Con base en los datos arrojados por la
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, se evidencia que en el estado
de Quintana Roo persisten múltiples condiciones que impiden que la reinserción social sea una realidad
efectiva, lo que fortalece su carácter de mito jurídico-administrativo.
pág. 3996
La encuesta, realizada por el INEGI con representatividad estatal, documenta que 49.1% de las personas
privadas de la libertad considera que su paso por un centro penitenciario afectará negativamente su
reintegración laboral, mientras que sólo 28.3% confía en poder reintegrarse a su familia tras cumplir su
condena (INEGI, 2021, p. 74).
Desde un enfoque criminológico, estas cifras confirman que el sistema penitenciario en la entidad no
cumple con los principios de justicia restaurativa ni con el mandato constitucional del artículo 18, que
establece la reinserción social como fin de la pena. La población reclusa de Quintana Roo enfrenta
condiciones de vulnerabilidad estructural, como ingresos laborales precarios antes del encarcelamiento,
antecedentes de consumo de sustancias (41.2%), detenciones sin orden judicial (22.5%),
incomunicación (42.8%) y agresiones físicas durante su detención (38%) (INEGI, 2021, pp. 22, 29, 34,
35).
Adicionalmente, solo el 21.5% accede a programas educativos durante su reclusión y el 33.5% ha sido
víctima de delitos al interior del centro penitenciario (INEGI, 2021, pp. 62, 66), lo cual pone en
entredicho la existencia de un entorno propicio para la rehabilitación.
En conclusión, los datos estadísticos reflejan una desconexión entre la normativa y la práctica
institucional, lo que permite afirmar que, en el contexto de Quintana Roo, la reinserción social continúa
siendo más una ficción jurídica que una política pública articulada y efectiva.
El artículo “La política criminal en Latinoamérica y su apego al respeto a los derechos humanos en el
ámbito penal internacional”, de Orozco González y Hernández Rodríguez (2023), ofrece una base
crítica para comprender que la reinserción social en América Latina —y específicamente en entidades
como Quintana Roo— es aún un ideal distante, pese al mandato constitucional que la reconoce como
fin de la pena. El documento examina cómo la política criminal de los Estados latinoamericanos ha
transitado hacia modelos que retoman los principios del derecho penal internacional, adoptando el
sistema penal acusatorio y compromisos de derechos humanos a través de tratados internacionales.
Sin embargo, el estudio advierte que esta transformación normativa no ha sido acompañada por cambios
estructurales profundos en la cultura jurídica, la capacitación del personal, el combate a la corrupción y
la garantía del acceso efectivo a la justicia.
La encuesta, realizada por el INEGI con representatividad estatal, documenta que 49.1% de las personas
privadas de la libertad considera que su paso por un centro penitenciario afectará negativamente su
reintegración laboral, mientras que sólo 28.3% confía en poder reintegrarse a su familia tras cumplir su
condena (INEGI, 2021, p. 74).
Desde un enfoque criminológico, estas cifras confirman que el sistema penitenciario en la entidad no
cumple con los principios de justicia restaurativa ni con el mandato constitucional del artículo 18, que
establece la reinserción social como fin de la pena. La población reclusa de Quintana Roo enfrenta
condiciones de vulnerabilidad estructural, como ingresos laborales precarios antes del encarcelamiento,
antecedentes de consumo de sustancias (41.2%), detenciones sin orden judicial (22.5%),
incomunicación (42.8%) y agresiones físicas durante su detención (38%) (INEGI, 2021, pp. 22, 29, 34,
35).
Adicionalmente, solo el 21.5% accede a programas educativos durante su reclusión y el 33.5% ha sido
víctima de delitos al interior del centro penitenciario (INEGI, 2021, pp. 62, 66), lo cual pone en
entredicho la existencia de un entorno propicio para la rehabilitación.
En conclusión, los datos estadísticos reflejan una desconexión entre la normativa y la práctica
institucional, lo que permite afirmar que, en el contexto de Quintana Roo, la reinserción social continúa
siendo más una ficción jurídica que una política pública articulada y efectiva.
El artículo “La política criminal en Latinoamérica y su apego al respeto a los derechos humanos en el
ámbito penal internacional”, de Orozco González y Hernández Rodríguez (2023), ofrece una base
crítica para comprender que la reinserción social en América Latina —y específicamente en entidades
como Quintana Roo— es aún un ideal distante, pese al mandato constitucional que la reconoce como
fin de la pena. El documento examina cómo la política criminal de los Estados latinoamericanos ha
transitado hacia modelos que retoman los principios del derecho penal internacional, adoptando el
sistema penal acusatorio y compromisos de derechos humanos a través de tratados internacionales.
Sin embargo, el estudio advierte que esta transformación normativa no ha sido acompañada por cambios
estructurales profundos en la cultura jurídica, la capacitación del personal, el combate a la corrupción y
la garantía del acceso efectivo a la justicia.
pág. 3997
Este desfase es crítico en la implementación de políticas de reinserción, que terminan subsumidas en
contextos de impunidad, debilidad institucional y estigmatización social de las personas privadas de
libertad.
Desde un enfoque criminológico, los autores recuperan el concepto de prevención terciaria del delito,
la cual debe materializarse en programas de readaptación social que rompan con la ideología de la
“punición infinita” y garanticen condiciones de inclusión digna. El caso de Quintana Roo ilustra este
rezago: ausencia de evaluación de resultados, falta de coordinación entre niveles de gobierno y carencias
presupuestales. Así, la reinserción social se convierte en una narrativa jurídica sin anclaje en políticas
públicas eficaces.
El documento “Evaluación integral del piloto de reinserción económica y emprendimiento para mujeres
en conflicto con la ley en Chile” (Sánchez Cea et al., 2023), constituye una referencia clave para
demostrar que la reinserción social efectiva requiere de programas con enfoque diferenciado, sostenido
y evaluable. Aunque se centra en Chile, sus hallazgos ofrecen paralelismos significativos con la
situación en Quintana Roo, donde, como en gran parte de América Latina, los modelos de reinserción
carecen de perspectiva de género, estructura operativa y medición de impacto.
El estudio evaluó un programa piloto dirigido a mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario
Femenino de San Joaquín, incorporando formación en habilidades para el empleo, emprendimiento,
salud mental y redes de apoyo, tanto en la etapa intrapenitenciaria como postpenitenciaria. Los
resultados fueron contundentes: se logró reducir la reincidencia en un 50% a los 12 y 24 meses
posteriores al egreso, y un 92% de las mujeres que optaron por el emprendimiento logró implementar
su proyecto (Sánchez Cea et al., 2023, pp. 11–12).
Uno de los principales aportes del piloto fue la implementación de un modelo integral, basado en la
Ciencia de la Implementación, que permitió monitorear cada fase del proceso. Se evidenció que el
acompañamiento continuo, la intervención motivacional, y el respeto a las trayectorias individuales
potenciaron los resultados. Esta experiencia demuestra que la reinserción social no puede limitarse a
discursos normativos, sino que debe articular políticas públicas sostenidas, con enfoque de derechos
humanos, género y evaluación permanente.
Este desfase es crítico en la implementación de políticas de reinserción, que terminan subsumidas en
contextos de impunidad, debilidad institucional y estigmatización social de las personas privadas de
libertad.
Desde un enfoque criminológico, los autores recuperan el concepto de prevención terciaria del delito,
la cual debe materializarse en programas de readaptación social que rompan con la ideología de la
“punición infinita” y garanticen condiciones de inclusión digna. El caso de Quintana Roo ilustra este
rezago: ausencia de evaluación de resultados, falta de coordinación entre niveles de gobierno y carencias
presupuestales. Así, la reinserción social se convierte en una narrativa jurídica sin anclaje en políticas
públicas eficaces.
El documento “Evaluación integral del piloto de reinserción económica y emprendimiento para mujeres
en conflicto con la ley en Chile” (Sánchez Cea et al., 2023), constituye una referencia clave para
demostrar que la reinserción social efectiva requiere de programas con enfoque diferenciado, sostenido
y evaluable. Aunque se centra en Chile, sus hallazgos ofrecen paralelismos significativos con la
situación en Quintana Roo, donde, como en gran parte de América Latina, los modelos de reinserción
carecen de perspectiva de género, estructura operativa y medición de impacto.
El estudio evaluó un programa piloto dirigido a mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario
Femenino de San Joaquín, incorporando formación en habilidades para el empleo, emprendimiento,
salud mental y redes de apoyo, tanto en la etapa intrapenitenciaria como postpenitenciaria. Los
resultados fueron contundentes: se logró reducir la reincidencia en un 50% a los 12 y 24 meses
posteriores al egreso, y un 92% de las mujeres que optaron por el emprendimiento logró implementar
su proyecto (Sánchez Cea et al., 2023, pp. 11–12).
Uno de los principales aportes del piloto fue la implementación de un modelo integral, basado en la
Ciencia de la Implementación, que permitió monitorear cada fase del proceso. Se evidenció que el
acompañamiento continuo, la intervención motivacional, y el respeto a las trayectorias individuales
potenciaron los resultados. Esta experiencia demuestra que la reinserción social no puede limitarse a
discursos normativos, sino que debe articular políticas públicas sostenidas, con enfoque de derechos
humanos, género y evaluación permanente.
pág. 3998
Para el contexto de Quintana Roo, el modelo chileno es replicable y deseable, ante la falta de programas
focalizados y el carácter predominantemente punitivo del sistema penitenciario estatal.
DISCUSIÓN
Con base en los resultados presentados en el artículo, la discusión sobre la reinserción social en
Quintana Roo —desde una perspectiva criminológica y de derechos humanos— revela una serie de
inconsistencias entre los marcos normativos y las condiciones reales dentro y fuera de los centros
penitenciarios. A lo largo del análisis, se identifican barreras estructurales que impiden la
implementación de políticas públicas efectivas para la reintegración de las personas privadas de libertad,
particularmente en el caso de las mujeres, adolescentes y jóvenes, sectores con altos niveles de
vulnerabilidad social y económica.
En primer lugar, la literatura consultada confirma que la reinserción no puede concebirse únicamente
como un mecanismo de reducción de reincidencia, sino como un proceso complejo que implica
reconstrucción identitaria, restitución de derechos y acompañamiento social continuo (Villamar et al.,
2024; Larroulet et al., 2019). Sin embargo, en entidades como Quintana Roo, la ausencia de programas
pospenitenciarios, la carencia de presupuesto, el desmantelamiento institucional del Patronato y la
prevalencia de una cultura punitiva dificultan que ese proceso se materialice (Carrillo Tzab & Herrera
Acosta, 2020).
Además, se evidencia una profunda brecha entre la legislación en materia de ejecución penal y su
aplicación práctica. Aunque el artículo 18 constitucional reconoce la reinserción como un fin de la pena,
los datos del INEGI (2021; 2023) reflejan que la mayoría de las personas privadas de la libertad carecen
de acceso a educación, salud, empleo y programas que favorezcan la reintegración social efectiva.
Desde las bases de la criminología crítica y la justicia restaurativa, los hallazgos permiten concluir que
la reinserción en Quintana Roo continúa siendo más una retórica institucional que una política pública
evaluable. A futuro, se requiere el diseño de modelos integrales, sostenidos y con enfoque territorial,
que reconozcan el contexto sociocultural de quienes egresan del sistema penitenciario, priorizando el
acceso a servicios, la no revictimización y la corresponsabilidad estatal.
Para el contexto de Quintana Roo, el modelo chileno es replicable y deseable, ante la falta de programas
focalizados y el carácter predominantemente punitivo del sistema penitenciario estatal.
DISCUSIÓN
Con base en los resultados presentados en el artículo, la discusión sobre la reinserción social en
Quintana Roo —desde una perspectiva criminológica y de derechos humanos— revela una serie de
inconsistencias entre los marcos normativos y las condiciones reales dentro y fuera de los centros
penitenciarios. A lo largo del análisis, se identifican barreras estructurales que impiden la
implementación de políticas públicas efectivas para la reintegración de las personas privadas de libertad,
particularmente en el caso de las mujeres, adolescentes y jóvenes, sectores con altos niveles de
vulnerabilidad social y económica.
En primer lugar, la literatura consultada confirma que la reinserción no puede concebirse únicamente
como un mecanismo de reducción de reincidencia, sino como un proceso complejo que implica
reconstrucción identitaria, restitución de derechos y acompañamiento social continuo (Villamar et al.,
2024; Larroulet et al., 2019). Sin embargo, en entidades como Quintana Roo, la ausencia de programas
pospenitenciarios, la carencia de presupuesto, el desmantelamiento institucional del Patronato y la
prevalencia de una cultura punitiva dificultan que ese proceso se materialice (Carrillo Tzab & Herrera
Acosta, 2020).
Además, se evidencia una profunda brecha entre la legislación en materia de ejecución penal y su
aplicación práctica. Aunque el artículo 18 constitucional reconoce la reinserción como un fin de la pena,
los datos del INEGI (2021; 2023) reflejan que la mayoría de las personas privadas de la libertad carecen
de acceso a educación, salud, empleo y programas que favorezcan la reintegración social efectiva.
Desde las bases de la criminología crítica y la justicia restaurativa, los hallazgos permiten concluir que
la reinserción en Quintana Roo continúa siendo más una retórica institucional que una política pública
evaluable. A futuro, se requiere el diseño de modelos integrales, sostenidos y con enfoque territorial,
que reconozcan el contexto sociocultural de quienes egresan del sistema penitenciario, priorizando el
acceso a servicios, la no revictimización y la corresponsabilidad estatal.
pág. 3999
CONCLUSIONES
Los hallazgos de esta investigación documental permiten afirmar que, en el estado de Quintana Roo, la
reinserción social dista de ser una política pública efectiva y se sostiene mayoritariamente en el plano
discursivo. A pesar del reconocimiento normativo que otorga el artículo 18 constitucional y de los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos, la práctica penitenciaria estatal
reproduce una lógica punitiva, carente de articulación institucional, evaluación de impacto y enfoque
de derechos.
El análisis temático de fuentes oficiales, académicas y normativas demuestra que las personas privadas
de la libertad —particularmente mujeres y adolescentes— enfrentan condiciones estructurales que
dificultan su egreso digno: desde la precariedad de los centros penitenciarios hasta la inexistencia de
programas postpenitenciarios con acompañamiento real. Este escenario vulnera no solo el principio de
dignidad humana, sino también el mandato del Estado de garantizar oportunidades efectivas de
reintegración social, económica y familiar.
Desde una perspectiva criminológica crítica, la reinserción no puede seguir reducida a una fórmula legal
vacía. Se requiere una transformación profunda del sistema de ejecución penal que integre modelos
restaurativos, enfoque interseccional y territorialización de las políticas públicas. Solo así podrá dejar
de ser una ficción institucional para convertirse en una práctica concreta de justicia social.
RECOMENDACIONES
Instaurar el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social en Quintana Roo, tal como lo exige la
legislación local, con autonomía operativa, presupuesto propio y participación interinstitucional.
Diseñar programas pospenitenciarios con enfoque de género, juventud y territorialidad, que incluyan
apoyo psicosocial, asesoría jurídica, formación para el empleo y acceso a servicios básicos.
Capacitar al personal penitenciario en derechos humanos, justicia restaurativa y acompañamiento, a fin
de desarticular prácticas autoritarias que perpetúan la exclusión.
Fortalecer la coordinación entre los sistemas de justicia penal, salud, educación, desarrollo social y
empleo, para garantizar rutas integrales de reinserción.
Implementar sistemas de evaluación y seguimiento con indicadores claros, que permitan medir el
impacto de las políticas de reinserción y evitar la reincidencia.
CONCLUSIONES
Los hallazgos de esta investigación documental permiten afirmar que, en el estado de Quintana Roo, la
reinserción social dista de ser una política pública efectiva y se sostiene mayoritariamente en el plano
discursivo. A pesar del reconocimiento normativo que otorga el artículo 18 constitucional y de los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos, la práctica penitenciaria estatal
reproduce una lógica punitiva, carente de articulación institucional, evaluación de impacto y enfoque
de derechos.
El análisis temático de fuentes oficiales, académicas y normativas demuestra que las personas privadas
de la libertad —particularmente mujeres y adolescentes— enfrentan condiciones estructurales que
dificultan su egreso digno: desde la precariedad de los centros penitenciarios hasta la inexistencia de
programas postpenitenciarios con acompañamiento real. Este escenario vulnera no solo el principio de
dignidad humana, sino también el mandato del Estado de garantizar oportunidades efectivas de
reintegración social, económica y familiar.
Desde una perspectiva criminológica crítica, la reinserción no puede seguir reducida a una fórmula legal
vacía. Se requiere una transformación profunda del sistema de ejecución penal que integre modelos
restaurativos, enfoque interseccional y territorialización de las políticas públicas. Solo así podrá dejar
de ser una ficción institucional para convertirse en una práctica concreta de justicia social.
RECOMENDACIONES
Instaurar el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social en Quintana Roo, tal como lo exige la
legislación local, con autonomía operativa, presupuesto propio y participación interinstitucional.
Diseñar programas pospenitenciarios con enfoque de género, juventud y territorialidad, que incluyan
apoyo psicosocial, asesoría jurídica, formación para el empleo y acceso a servicios básicos.
Capacitar al personal penitenciario en derechos humanos, justicia restaurativa y acompañamiento, a fin
de desarticular prácticas autoritarias que perpetúan la exclusión.
Fortalecer la coordinación entre los sistemas de justicia penal, salud, educación, desarrollo social y
empleo, para garantizar rutas integrales de reinserción.
Implementar sistemas de evaluación y seguimiento con indicadores claros, que permitan medir el
impacto de las políticas de reinserción y evitar la reincidencia.
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Involucrar a la sociedad civil y las comunidades en los procesos de reincorporación, mediante redes de
apoyo, campañas de desestigmatización y espacios de inclusión social.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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restaurativa en México.
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Católica de Chile. https://www.justiciaysociedad.uc.cl
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camino para el restablecimiento de sus derechos. https://www.equis.org.mx
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de Justicia Penal 2022 (ENASJUP). https://www.inegi.org.mx/programas/enasjup/2022/
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de resocialización de centros penitenciarios femeninos latinoamericanos: Una revisión
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