LA PROBLEMÁTICA DE LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS Y CONFLICTO DE INTERESES EN EL
SECTOR SALUD EN LIMA METROPOLITANA
2023-2024
THE PROBLEM OF PUBLIC PROCUREMENT AND CONFLICT
OF INTEREST IN THE HEALTH SECTOR IN METROPOLITAN
LIMA 2023-2024
Dra. Lourdes Haydee Rubio Ávila
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú
pág. 4173
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18054
La Problemática de las Contrataciones Públicas y Conflicto de Intereses en
el Sector Salud en Lima Metropolitana 2023-2024
Dra. Lourdes Haydee Rubio Ávila1
rubioavila25@hotmail.com
https://orcid.org/0009-00034404-3360
Escuela Universitaria de Posgrado – EUPG
Universidad Nacional Federico Villarreal – UNFV
Lima – Perú
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las contrataciones públicas y el
conflicto de intereses. La gestión estatal enfrenta serios desafíos cuando quienes toman decisiones
presentan vínculos personales, familiares o económicos que afectan la imparcialidad en la adjudicación
de contratos, comprometiendo la transparencia, equidad y eficiencia. Esto puede favorecer actos de
corrupción o favoritismo. Se empleó una metodología cuantitativa, de tipo aplicativa y nivel explicativo,
con una población de 50 personas del sector salud, entre funcionarios, proveedores, pacientes y
comunidades vulnerables. La muestra estuvo compuesta por los mismos 40 individuos de la población.
Los resultados indican que el 59 % y 64 % de los encuestados respondieron “siempre” en relación con
ambas variables. Se concluye que es urgente implementar medidas correctivas y preventivas en las
contrataciones públicas. Promover la transparencia, reforzar los mecanismos de supervisión y establecer
normativas más rigurosas son esenciales para reducir los conflictos de intereses y fomentar una gestión
ética y eficiente.
Palabras clave: funcionario público, contrataciones públicas, conflicto de intereses
1 Autor principal
Correspondencia: rubioavila25@hotmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18054
La Problemática de las Contrataciones Públicas y Conflicto de Intereses en
el Sector Salud en Lima Metropolitana 2023-2024
Dra. Lourdes Haydee Rubio Ávila1
rubioavila25@hotmail.com
https://orcid.org/0009-00034404-3360
Escuela Universitaria de Posgrado – EUPG
Universidad Nacional Federico Villarreal – UNFV
Lima – Perú
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las contrataciones públicas y el
conflicto de intereses. La gestión estatal enfrenta serios desafíos cuando quienes toman decisiones
presentan vínculos personales, familiares o económicos que afectan la imparcialidad en la adjudicación
de contratos, comprometiendo la transparencia, equidad y eficiencia. Esto puede favorecer actos de
corrupción o favoritismo. Se empleó una metodología cuantitativa, de tipo aplicativa y nivel explicativo,
con una población de 50 personas del sector salud, entre funcionarios, proveedores, pacientes y
comunidades vulnerables. La muestra estuvo compuesta por los mismos 40 individuos de la población.
Los resultados indican que el 59 % y 64 % de los encuestados respondieron “siempre” en relación con
ambas variables. Se concluye que es urgente implementar medidas correctivas y preventivas en las
contrataciones públicas. Promover la transparencia, reforzar los mecanismos de supervisión y establecer
normativas más rigurosas son esenciales para reducir los conflictos de intereses y fomentar una gestión
ética y eficiente.
Palabras clave: funcionario público, contrataciones públicas, conflicto de intereses
1 Autor principal
Correspondencia: rubioavila25@hotmail.com
pág. 4174
The Problem of Public Procurement and Conflict of Interest in the Health
Sector in Metropolitan Lima 2023-2024
ABSTRACT
The research aimed to determine the relationship between public procurement and conflict of interest.
State management faces serious challenges when decision-makers have personal, family or economic
ties that affect impartiality in the awarding of contracts, compromising transparency, equity and
efficiency. This can favor acts of corruption or favoritism. A quantitative, application-based and
explanatory methodology was used, with a population of 50 people from the health sector, including
officials, providers, patients and vulnerable communities. The sample was composed of the same 40
individuals in the population. The results indicate that 59% and 64% of respondents answered "always"
in relation to both variables. It is concluded that it is urgent to implement corrective and preventive
measures in public procurement. Promoting transparency, strengthening oversight mechanisms and
establishing more stringent regulations are essential to reduce conflicts of interest and promote ethical
and efficient management.
Keyword: public official, public procurement, conflict of interest
Artículo recibido 05 mayo 2025
Aceptado para publicación: 10 junio 2025
The Problem of Public Procurement and Conflict of Interest in the Health
Sector in Metropolitan Lima 2023-2024
ABSTRACT
The research aimed to determine the relationship between public procurement and conflict of interest.
State management faces serious challenges when decision-makers have personal, family or economic
ties that affect impartiality in the awarding of contracts, compromising transparency, equity and
efficiency. This can favor acts of corruption or favoritism. A quantitative, application-based and
explanatory methodology was used, with a population of 50 people from the health sector, including
officials, providers, patients and vulnerable communities. The sample was composed of the same 40
individuals in the population. The results indicate that 59% and 64% of respondents answered "always"
in relation to both variables. It is concluded that it is urgent to implement corrective and preventive
measures in public procurement. Promoting transparency, strengthening oversight mechanisms and
establishing more stringent regulations are essential to reduce conflicts of interest and promote ethical
and efficient management.
Keyword: public official, public procurement, conflict of interest
Artículo recibido 05 mayo 2025
Aceptado para publicación: 10 junio 2025
pág. 4175
INTRODUCCIÓN
La gestión de las contrataciones estatales es fundamental para garantizar una adecuada administración
de los recursos públicos, buscando adquisiciones de calidad al menor costo posible. Sin embargo, este
proceso puede verse comprometido por conflictos de intereses, que ocurren cuando los servidores
públicos tienen vínculos personales, patrimoniales o familiares que influyen en sus decisiones,
desviándolas del interés general y afectando principios como transparencia, equidad y eficacia. Los
conflictos de intereses ponen en riesgo la imparcialidad y transparencia de la asignación de contratos,
lo que fomenta prácticas corruptas, favoritismo y disminuye la competencia. Esto repercute
negativamente en la calidad de bienes y servicios y en la confianza de la ciudadanía en las entidades
públicas. Es esencial revisar los marcos normativos y sistemas de control para prevenir estas
situaciones, promoviendo una gestión pública íntegra. Para ello, es necesario un enfoque integral que
considere tanto el marco legal como los procedimientos de supervisión y políticas que fomenten la ética,
la transparencia y la responsabilidad en los procesos contractuales del sector público.
Planteamiento del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar la calidad y eficiencia de
bienes y servicios, pero los conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan negativamente
el proceso. Funcionarios que favorecen contratos a allegados priorizan intereses personales sobre
criterios técnicos, lo que distorsiona el uso de los recursos públicos y reduce la confianza ciudadana.
Esto perjudica la competencia, genera sobrecostos y proyectos mal ejecutados, afectando la eficiencia
estatal. Los conflictos de interés también debilitan los mecanismos de control institucional, minan la
transparencia y afectan la legitimidad del Estado, lo que impide una gestión pública adecuada y
equitativa.
Descripción del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar eficiencia, pero los
conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan este proceso. Los funcionarios favorecen
contratos a allegados, priorizando afinidades personales, lo que compromete la objetividad y genera
desconfianza. Los conflictos surgen cuando los vínculos personales o políticos afectan la imparcialidad,
desviando recursos y deteriorando la calidad de los servicios.
INTRODUCCIÓN
La gestión de las contrataciones estatales es fundamental para garantizar una adecuada administración
de los recursos públicos, buscando adquisiciones de calidad al menor costo posible. Sin embargo, este
proceso puede verse comprometido por conflictos de intereses, que ocurren cuando los servidores
públicos tienen vínculos personales, patrimoniales o familiares que influyen en sus decisiones,
desviándolas del interés general y afectando principios como transparencia, equidad y eficacia. Los
conflictos de intereses ponen en riesgo la imparcialidad y transparencia de la asignación de contratos,
lo que fomenta prácticas corruptas, favoritismo y disminuye la competencia. Esto repercute
negativamente en la calidad de bienes y servicios y en la confianza de la ciudadanía en las entidades
públicas. Es esencial revisar los marcos normativos y sistemas de control para prevenir estas
situaciones, promoviendo una gestión pública íntegra. Para ello, es necesario un enfoque integral que
considere tanto el marco legal como los procedimientos de supervisión y políticas que fomenten la ética,
la transparencia y la responsabilidad en los procesos contractuales del sector público.
Planteamiento del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar la calidad y eficiencia de
bienes y servicios, pero los conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan negativamente
el proceso. Funcionarios que favorecen contratos a allegados priorizan intereses personales sobre
criterios técnicos, lo que distorsiona el uso de los recursos públicos y reduce la confianza ciudadana.
Esto perjudica la competencia, genera sobrecostos y proyectos mal ejecutados, afectando la eficiencia
estatal. Los conflictos de interés también debilitan los mecanismos de control institucional, minan la
transparencia y afectan la legitimidad del Estado, lo que impide una gestión pública adecuada y
equitativa.
Descripción del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar eficiencia, pero los
conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan este proceso. Los funcionarios favorecen
contratos a allegados, priorizando afinidades personales, lo que compromete la objetividad y genera
desconfianza. Los conflictos surgen cuando los vínculos personales o políticos afectan la imparcialidad,
desviando recursos y deteriorando la calidad de los servicios.
pág. 4176
Esto reduce la competencia, aumenta los costos y perjudica la transparencia, debilitando la legitimidad
del Estado y generando proyectos mal ejecutados e ineficientes.
Antecedentes internacionales
Sierra (2021) en el estudio “El concepto riesgo-contrato en la contratación pública”, se analiza el riesgo
como un componente esencial de los contratos estatales, desde una perspectiva de modernidad reflexiva.
La investigación señala que las estructuras institucionales y las categorías tradicionales de contratación
pública deben revisarse ante los cambios del Estado-nación y el derecho. Se concluye que el marco
normativo actual, con excepción de la Ley N.º 1508 de 2012, es insuficiente para abordar la complejidad
del riesgo en los procesos contractuales. El estudio propone que el riesgo sea considerado como parte
estructural del contrato estatal y no como un aspecto accesorio, requiriendo un replanteamiento
normativo acorde con las nuevas dinámicas sociales y económicas.
López y Restrepo (2020) en su análisis sobre los requisitos habilitantes en la contratación estatal, se
aborda esta figura como una herramienta jurídica regulada por la ley y ampliada por la jurisprudencia,
cuyo objetivo es garantizar la idoneidad de los participantes y facilitar la adjudicación del contrato al
postor más conveniente. Sin embargo, advierten que un uso excluyente o discrecional de estos requisitos
puede afectar el principio de selección objetiva. Proponen un estudio normativo y jurisprudencial más
profundo para evitar distorsiones. Destacan que un uso excesivo de los requisitos puede restringir la
competencia, comprometer la transparencia y requerir una interpretación equilibrada que garantice
procesos justos y abiertos.
Vargas (2023) en su estudio analizó el régimen normativo que reguló la contratación pública de
emergencia en Ecuador entre marzo y junio de 2020, durante la pandemia de la COVID-19, basándose
en los estándares internacionales MAPS. Se examinó la aplicación de principios como la contratación
electrónica, la publicidad de los procesos, los plazos legales, los mecanismos de consulta pública, el
monitoreo y el régimen sancionador. La investigación reveló vacíos normativos y deficiencias
estructurales, concluyendo que la legislación no cumplió completamente con los estándares MAPS,
afectando la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Se destacó la necesidad de reformas
para mejorar la gestión de contrataciones en situaciones críticas.
Esto reduce la competencia, aumenta los costos y perjudica la transparencia, debilitando la legitimidad
del Estado y generando proyectos mal ejecutados e ineficientes.
Antecedentes internacionales
Sierra (2021) en el estudio “El concepto riesgo-contrato en la contratación pública”, se analiza el riesgo
como un componente esencial de los contratos estatales, desde una perspectiva de modernidad reflexiva.
La investigación señala que las estructuras institucionales y las categorías tradicionales de contratación
pública deben revisarse ante los cambios del Estado-nación y el derecho. Se concluye que el marco
normativo actual, con excepción de la Ley N.º 1508 de 2012, es insuficiente para abordar la complejidad
del riesgo en los procesos contractuales. El estudio propone que el riesgo sea considerado como parte
estructural del contrato estatal y no como un aspecto accesorio, requiriendo un replanteamiento
normativo acorde con las nuevas dinámicas sociales y económicas.
López y Restrepo (2020) en su análisis sobre los requisitos habilitantes en la contratación estatal, se
aborda esta figura como una herramienta jurídica regulada por la ley y ampliada por la jurisprudencia,
cuyo objetivo es garantizar la idoneidad de los participantes y facilitar la adjudicación del contrato al
postor más conveniente. Sin embargo, advierten que un uso excluyente o discrecional de estos requisitos
puede afectar el principio de selección objetiva. Proponen un estudio normativo y jurisprudencial más
profundo para evitar distorsiones. Destacan que un uso excesivo de los requisitos puede restringir la
competencia, comprometer la transparencia y requerir una interpretación equilibrada que garantice
procesos justos y abiertos.
Vargas (2023) en su estudio analizó el régimen normativo que reguló la contratación pública de
emergencia en Ecuador entre marzo y junio de 2020, durante la pandemia de la COVID-19, basándose
en los estándares internacionales MAPS. Se examinó la aplicación de principios como la contratación
electrónica, la publicidad de los procesos, los plazos legales, los mecanismos de consulta pública, el
monitoreo y el régimen sancionador. La investigación reveló vacíos normativos y deficiencias
estructurales, concluyendo que la legislación no cumplió completamente con los estándares MAPS,
afectando la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Se destacó la necesidad de reformas
para mejorar la gestión de contrataciones en situaciones críticas.
pág. 4177
Páez (2023) en su publicación académica sobre la asignación de recursos sanitarios, el autor analiza los
conflictos de interés en los procesos distributivos del sector salud, proponiendo que deben regirse por
el principio de justicia, con criterios de equidad, bienestar colectivo y atención prioritaria a grupos
vulnerables. Destaca la importancia de que los responsables actúen con imparcialidad para evitar
decisiones sesgadas que generen desigualdades, especialmente en contextos como el mexicano, con
brechas estructurales. El artículo establece fundamentos éticos y normativos para garantizar equidad,
transparencia y acceso adecuado a servicios para los sectores más necesitados en situaciones de escasez.
Sánchez (2022) en su estudio sobre el cuerpo médico chileno y la industria de la salud, se analizaron
los conflictos de interés a través de una encuesta a 799 médicos. Aunque el 83% afirmó no haber tenido
conflictos en los últimos cinco años, muchos aceptaron obsequios y muestras médicas, y un 38,2%
recibió ofertas de financiamiento, aceptando más de un tercio de ellas. Estos conflictos afectan la
independencia clínica y ética de los médicos. Se recomienda establecer programas de formación
continua en bioética y normativas claras para proteger la integridad profesional y priorizar el bienestar
del paciente.
Antecedentes nacionales
Tafur (2021) en su estudio “El Arbitraje Administrativo en la contratación pública peruana: ¿evolución
o contradicción?”, el autor analiza cómo la modernidad ha generado conflictos que la justicia ordinaria
no puede resolver. Destaca el arbitraje como una solución eficaz en disputas especializadas, dado que
el Poder Judicial enfrenta sobrecarga procesal y falta de especialización. Tafur examina el "arbitraje
administrativo" en la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que, aunque ampliamente utilizado,
carece de definición legal clara. Propone una revisión crítica sobre su eficacia y rol en el sistema
contractual peruano.
Mamani-Barrientos et al. (2020), en su estudio sobre las contrataciones públicas en la Municipalidad
Distrital de Pisac en 2019, se evaluó si las adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a 8
UITs cumplían con la Ley de Contrataciones del Estado. A través de un enfoque cualitativo y diseño
descriptivo, se utilizó la técnica de cotejo documental y el software Bizagi para identificar posibles
desviaciones.
Páez (2023) en su publicación académica sobre la asignación de recursos sanitarios, el autor analiza los
conflictos de interés en los procesos distributivos del sector salud, proponiendo que deben regirse por
el principio de justicia, con criterios de equidad, bienestar colectivo y atención prioritaria a grupos
vulnerables. Destaca la importancia de que los responsables actúen con imparcialidad para evitar
decisiones sesgadas que generen desigualdades, especialmente en contextos como el mexicano, con
brechas estructurales. El artículo establece fundamentos éticos y normativos para garantizar equidad,
transparencia y acceso adecuado a servicios para los sectores más necesitados en situaciones de escasez.
Sánchez (2022) en su estudio sobre el cuerpo médico chileno y la industria de la salud, se analizaron
los conflictos de interés a través de una encuesta a 799 médicos. Aunque el 83% afirmó no haber tenido
conflictos en los últimos cinco años, muchos aceptaron obsequios y muestras médicas, y un 38,2%
recibió ofertas de financiamiento, aceptando más de un tercio de ellas. Estos conflictos afectan la
independencia clínica y ética de los médicos. Se recomienda establecer programas de formación
continua en bioética y normativas claras para proteger la integridad profesional y priorizar el bienestar
del paciente.
Antecedentes nacionales
Tafur (2021) en su estudio “El Arbitraje Administrativo en la contratación pública peruana: ¿evolución
o contradicción?”, el autor analiza cómo la modernidad ha generado conflictos que la justicia ordinaria
no puede resolver. Destaca el arbitraje como una solución eficaz en disputas especializadas, dado que
el Poder Judicial enfrenta sobrecarga procesal y falta de especialización. Tafur examina el "arbitraje
administrativo" en la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que, aunque ampliamente utilizado,
carece de definición legal clara. Propone una revisión crítica sobre su eficacia y rol en el sistema
contractual peruano.
Mamani-Barrientos et al. (2020), en su estudio sobre las contrataciones públicas en la Municipalidad
Distrital de Pisac en 2019, se evaluó si las adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a 8
UITs cumplían con la Ley de Contrataciones del Estado. A través de un enfoque cualitativo y diseño
descriptivo, se utilizó la técnica de cotejo documental y el software Bizagi para identificar posibles
desviaciones.
pág. 4178
Los resultados indicaron que la mayoría de las contrataciones cumplían con los requisitos legales,
destacando la importancia de procedimientos técnicos eficientes para fortalecer la gestión pública y
garantizar el uso adecuado de los recursos.
Cossío (2020), en su investigación sobre el conflicto de intereses en la compra pública de
medicamentos, se analiza la obligación de los servidores públicos de actuar con integridad y priorizar
el interés colectivo, especialmente en el sector salud. El estudio plantea dudas sobre si los funcionarios
cuentan con herramientas eficaces para reconocer y enfrentar estos conflictos, cuestionando la
suficiencia del marco normativo actual. Se propone implementar buenas prácticas basadas en modelos
internacionales y evidencia empírica, así como establecer mecanismos de evaluación periódica para
asegurar decisiones alineadas con el interés público y fortalecer la ética en las compras de
medicamentos.
Herrera y Muñoz (2024) en su estudio sobre los conflictos de interés en la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (ETS), los autores advierten que estos pueden alterar la selección de tecnologías o influir
negativamente en las evaluaciones, afectando la objetividad del proceso. Señalan que, a pesar de la
necesidad de transparencia, muchas agencias internacionales carecen de mecanismos obligatorios para
declarar intereses. Proponen que la declaración de conflictos de interés sea obligatoria en todas las ETS,
con el fin de fortalecer la equidad, transparencia y legitimidad en las decisiones sanitarias públicas, y
evitar la aprobación de tecnologías con escasos beneficios.
Justificación de la investigación
La exposición de motivos de una investigación resalta su relevancia en el ámbito académico y la gestión
pública. En las contrataciones estatales, estudiar los conflictos de interés es crucial, ya que afectan
principios como la equidad, eficiencia y transparencia. Analizar esta problemática ayuda a prevenir
prácticas corruptas y fortalecer la integridad en los procesos de adquisición pública.
Justificación teórica. El sustento teórico de la investigación aborda los conflictos de intereses en las
contrataciones públicas desde un enfoque académico y conceptual. Se emplean marcos teóricos que
analizan su impacto en la gestión pública y las estrategias para mitigar sus efectos, promoviendo la
transparencia y eficiencia. La teoría de la agencia destaca cómo los funcionarios pueden anteponer sus
intereses personales al del Estado, favoreciendo la corrupción y el favoritismo.
Los resultados indicaron que la mayoría de las contrataciones cumplían con los requisitos legales,
destacando la importancia de procedimientos técnicos eficientes para fortalecer la gestión pública y
garantizar el uso adecuado de los recursos.
Cossío (2020), en su investigación sobre el conflicto de intereses en la compra pública de
medicamentos, se analiza la obligación de los servidores públicos de actuar con integridad y priorizar
el interés colectivo, especialmente en el sector salud. El estudio plantea dudas sobre si los funcionarios
cuentan con herramientas eficaces para reconocer y enfrentar estos conflictos, cuestionando la
suficiencia del marco normativo actual. Se propone implementar buenas prácticas basadas en modelos
internacionales y evidencia empírica, así como establecer mecanismos de evaluación periódica para
asegurar decisiones alineadas con el interés público y fortalecer la ética en las compras de
medicamentos.
Herrera y Muñoz (2024) en su estudio sobre los conflictos de interés en la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (ETS), los autores advierten que estos pueden alterar la selección de tecnologías o influir
negativamente en las evaluaciones, afectando la objetividad del proceso. Señalan que, a pesar de la
necesidad de transparencia, muchas agencias internacionales carecen de mecanismos obligatorios para
declarar intereses. Proponen que la declaración de conflictos de interés sea obligatoria en todas las ETS,
con el fin de fortalecer la equidad, transparencia y legitimidad en las decisiones sanitarias públicas, y
evitar la aprobación de tecnologías con escasos beneficios.
Justificación de la investigación
La exposición de motivos de una investigación resalta su relevancia en el ámbito académico y la gestión
pública. En las contrataciones estatales, estudiar los conflictos de interés es crucial, ya que afectan
principios como la equidad, eficiencia y transparencia. Analizar esta problemática ayuda a prevenir
prácticas corruptas y fortalecer la integridad en los procesos de adquisición pública.
Justificación teórica. El sustento teórico de la investigación aborda los conflictos de intereses en las
contrataciones públicas desde un enfoque académico y conceptual. Se emplean marcos teóricos que
analizan su impacto en la gestión pública y las estrategias para mitigar sus efectos, promoviendo la
transparencia y eficiencia. La teoría de la agencia destaca cómo los funcionarios pueden anteponer sus
intereses personales al del Estado, favoreciendo la corrupción y el favoritismo.
pág. 4179
Justificación práctica. La fundamentación práctica del estudio se centra en la necesidad de proponer
soluciones para reducir los conflictos de intereses en la contratación pública, que afectan la eficiencia
y transparencia en la gestión de fondos. Estos conflictos favorecen irregularidades y debilitan la
confianza en las entidades públicas. El objetivo es identificar estrategias para optimizar controles,
mejorar la supervisión y fomentar una cultura ética, previniendo la corrupción y protegiendo la
integridad pública.
Justificación metodología. La selección del enfoque metodológico se justifica por la complejidad del
análisis de los conflictos de intereses en las contrataciones estatales, que abordan aspectos normativos,
éticos y administrativos. Se empleará un diseño cuantitativo para establecer relaciones entre datos
estadísticos y conductas. Se realizarán encuestas estructuradas a servidores públicos y expertos en
contratación estatal, y entrevistas semiestructuradas a especialistas en auditoría, ética y derecho
administrativo, con el fin de analizar la frecuencia, características y efectividad de los mecanismos de
control.
Objetivo general
Determinar la relación que existe entre las contrataciones públicas y el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
Hipótesis general
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
MARCO TEÓRICO
Contrataciones Públicas
El enfoque metodológico se justifica por la complejidad de analizar los conflictos de intereses en las
contrataciones estatales, que involucran aspectos normativos y éticos. Se empleará un diseño
cuantitativo para establecer relaciones entre datos estadísticos y conductas, lo que permitirá obtener una
comprensión objetiva sobre la incidencia de estos conflictos. Para ello, se realizarán encuestas y
entrevistas a servidores públicos y expertos en contratación estatal y auditoría, con el objetivo de evaluar
la efectividad de los mecanismos de control existentes en estos procesos. (García, 2020).
Justificación práctica. La fundamentación práctica del estudio se centra en la necesidad de proponer
soluciones para reducir los conflictos de intereses en la contratación pública, que afectan la eficiencia
y transparencia en la gestión de fondos. Estos conflictos favorecen irregularidades y debilitan la
confianza en las entidades públicas. El objetivo es identificar estrategias para optimizar controles,
mejorar la supervisión y fomentar una cultura ética, previniendo la corrupción y protegiendo la
integridad pública.
Justificación metodología. La selección del enfoque metodológico se justifica por la complejidad del
análisis de los conflictos de intereses en las contrataciones estatales, que abordan aspectos normativos,
éticos y administrativos. Se empleará un diseño cuantitativo para establecer relaciones entre datos
estadísticos y conductas. Se realizarán encuestas estructuradas a servidores públicos y expertos en
contratación estatal, y entrevistas semiestructuradas a especialistas en auditoría, ética y derecho
administrativo, con el fin de analizar la frecuencia, características y efectividad de los mecanismos de
control.
Objetivo general
Determinar la relación que existe entre las contrataciones públicas y el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
Hipótesis general
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
MARCO TEÓRICO
Contrataciones Públicas
El enfoque metodológico se justifica por la complejidad de analizar los conflictos de intereses en las
contrataciones estatales, que involucran aspectos normativos y éticos. Se empleará un diseño
cuantitativo para establecer relaciones entre datos estadísticos y conductas, lo que permitirá obtener una
comprensión objetiva sobre la incidencia de estos conflictos. Para ello, se realizarán encuestas y
entrevistas a servidores públicos y expertos en contratación estatal y auditoría, con el objetivo de evaluar
la efectividad de los mecanismos de control existentes en estos procesos. (García, 2020).
pág. 4180
Los contratos firmados por entidades públicas no se basan en una relación simétrica entre las partes
contratantes. Las cláusulas exorbitantes, ya sean explícitas o implícitas, son manifestaciones de poderes
especiales otorgados a la administración pública. Estas disposiciones, ajenas a los contratos privados,
se justifican en el rol de la administración como garante y ejecutora de los intereses generales de la
sociedad. (Hernández V. , 2011)
Espejo y Cruz, (2024) El procedimiento de contratación en el sector público garantiza seguridad jurídica
en la ejecución del gasto público, asegurando que los bienes y servicios adquiridos contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la comunidad. La legalidad y transparencia son esenciales para usar
adecuadamente los recursos y cumplir con los fines sociales. El éxito de estos procesos depende de la
preparación de los servidores públicos. Por eso, es vital que reciban formación continua y especializada
para gestionar eficazmente los recursos. Esta capacitación mejora su desempeño y fortalece la eficiencia
del sistema de contrataciones públicas.
Salazar y Angles (2018) El proceso de contratación con el Estado peruano es complejo debido a
deficiencias normativas e institucionales que favorecen la corrupción. La ausencia de un sistema
centralizado dificulta la supervisión eficaz, creando un ambiente propenso a irregularidades y
descoordinaciones. Intervienen once sistemas administrativos establecidos por la Ley N.º 29158, cada
uno con un ente rector, pero la desconexión entre estos órganos y las entidades estatales reduce la
eficiencia del proceso contractual, afectando su funcionamiento adecuado.
De acuerdo con lo expuesto por Montgomery (1972) el modelo administrativo actual otorga autonomía
funcional a los sistemas que gestionan aspectos transversales de los problemas públicos. Mientras los
ministerios lideran áreas específicas como salud o educación, los sistemas administrativos gestionan
procesos como presupuesto o logística, complementando a las entidades temáticas en la ejecución de
políticas públicas. Por ejemplo, para implementar una política educativa, se requieren sistemas
administrativos como planificación o recursos humanos, regulados por entidades externas al Ministerio
de Educación, lo que fortalece la autonomía técnica en la gestión pública. (Salazar y Angles, 2018).
Funcionarios públicos. Un funcionario puede optar por contratar a familiares o amigos, pese a su
prohibición legal, motivado por nepotismo, beneficios económicos, lealtades personales o la percepción
de impunidad. Rose-Ackerman (2018) sostiene que estas decisiones se justifican como medidas de
Los contratos firmados por entidades públicas no se basan en una relación simétrica entre las partes
contratantes. Las cláusulas exorbitantes, ya sean explícitas o implícitas, son manifestaciones de poderes
especiales otorgados a la administración pública. Estas disposiciones, ajenas a los contratos privados,
se justifican en el rol de la administración como garante y ejecutora de los intereses generales de la
sociedad. (Hernández V. , 2011)
Espejo y Cruz, (2024) El procedimiento de contratación en el sector público garantiza seguridad jurídica
en la ejecución del gasto público, asegurando que los bienes y servicios adquiridos contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la comunidad. La legalidad y transparencia son esenciales para usar
adecuadamente los recursos y cumplir con los fines sociales. El éxito de estos procesos depende de la
preparación de los servidores públicos. Por eso, es vital que reciban formación continua y especializada
para gestionar eficazmente los recursos. Esta capacitación mejora su desempeño y fortalece la eficiencia
del sistema de contrataciones públicas.
Salazar y Angles (2018) El proceso de contratación con el Estado peruano es complejo debido a
deficiencias normativas e institucionales que favorecen la corrupción. La ausencia de un sistema
centralizado dificulta la supervisión eficaz, creando un ambiente propenso a irregularidades y
descoordinaciones. Intervienen once sistemas administrativos establecidos por la Ley N.º 29158, cada
uno con un ente rector, pero la desconexión entre estos órganos y las entidades estatales reduce la
eficiencia del proceso contractual, afectando su funcionamiento adecuado.
De acuerdo con lo expuesto por Montgomery (1972) el modelo administrativo actual otorga autonomía
funcional a los sistemas que gestionan aspectos transversales de los problemas públicos. Mientras los
ministerios lideran áreas específicas como salud o educación, los sistemas administrativos gestionan
procesos como presupuesto o logística, complementando a las entidades temáticas en la ejecución de
políticas públicas. Por ejemplo, para implementar una política educativa, se requieren sistemas
administrativos como planificación o recursos humanos, regulados por entidades externas al Ministerio
de Educación, lo que fortalece la autonomía técnica en la gestión pública. (Salazar y Angles, 2018).
Funcionarios públicos. Un funcionario puede optar por contratar a familiares o amigos, pese a su
prohibición legal, motivado por nepotismo, beneficios económicos, lealtades personales o la percepción
de impunidad. Rose-Ackerman (2018) sostiene que estas decisiones se justifican como medidas de
pág. 4181
confianza y eficiencia, aunque representen un conflicto de intereses. Klitgaard (2017) añade que la falta
de fiscalización efectiva incrementa el riesgo de estas prácticas. Asimismo, Transparency International
advierte que, en contextos de corrupción, las redes personales pesan más que el mérito. Según López-
Restrepo (2020), las normas informales y la cultura organizacional también influyen, pues en ambientes
donde el amiguismo es común, los funcionarios sienten presión para seguir este patrón. Así, aunque la
normativa lo prohíba, factores culturales, institucionales y de percepción favorecen decisiones
orientadas a intereses privados sobre el bien común. (Transparency International, 2021)
Corrupción. La contratación pública enfrenta corrupción, pagos indebidos, favoritismo y manipulación
de licitaciones, lo que afecta la competencia, aumenta costos y reduce la calidad. Para mejorar, es
esencial reforzar controles, promover la rendición de cuentas e implementar políticas que aseguren
procesos imparciales y eficientes, fortaleciendo la administración pública y su impacto en el bienestar
colectivo. (Martínez, 2019).
Según Espejo y Cruz (2024), el desvío de fondos compromete los valores éticos y frena el desarrollo al
distorsionar la equidad en la distribución de recursos. En las contrataciones públicas, se observa
preferencia directa por ciertos proveedores y selección de ofertas baratas sin asegurar su cumplimiento,
revelando debilidades estructurales. La falta de vigilancia efectiva facilita prácticas corruptas y afecta
la confianza en el Estado. Por ello, es esencial conducir los procesos con ética y legalidad, garantizando
supervisión y transparencia en cada etapa para evitar su progresivo deterioro.
Mal uso de los recursos públicos. La asignación indebida de contratos públicos a empresas vinculadas
a funcionarios genera sobrecostos, retrasos y baja calidad en los servicios, afectando la eficiencia del
presupuesto estatal y la confianza ciudadana. Estas prácticas deterioran la percepción de las
instituciones gubernamentales y comprometen el gasto público. El estudio propone identificar causas y
consecuencias, implementar políticas de fiscalización rigurosas, capacitar a los funcionarios y fortalecer
los controles para promover una administración pública ética, eficiente y transparente. (Salazar, 2020)
Sobornos. Según González y Romero (2020), el soborno distorsiona la equidad en la toma de decisiones
y disminuye la confianza ciudadana. Para contrarrestarlo, es esencial fortalecer la transparencia,
promover una cultura ética y aplicar sanciones efectivas. Estas acciones permiten garantizar
contrataciones responsables y justas, en beneficio del interés público.
confianza y eficiencia, aunque representen un conflicto de intereses. Klitgaard (2017) añade que la falta
de fiscalización efectiva incrementa el riesgo de estas prácticas. Asimismo, Transparency International
advierte que, en contextos de corrupción, las redes personales pesan más que el mérito. Según López-
Restrepo (2020), las normas informales y la cultura organizacional también influyen, pues en ambientes
donde el amiguismo es común, los funcionarios sienten presión para seguir este patrón. Así, aunque la
normativa lo prohíba, factores culturales, institucionales y de percepción favorecen decisiones
orientadas a intereses privados sobre el bien común. (Transparency International, 2021)
Corrupción. La contratación pública enfrenta corrupción, pagos indebidos, favoritismo y manipulación
de licitaciones, lo que afecta la competencia, aumenta costos y reduce la calidad. Para mejorar, es
esencial reforzar controles, promover la rendición de cuentas e implementar políticas que aseguren
procesos imparciales y eficientes, fortaleciendo la administración pública y su impacto en el bienestar
colectivo. (Martínez, 2019).
Según Espejo y Cruz (2024), el desvío de fondos compromete los valores éticos y frena el desarrollo al
distorsionar la equidad en la distribución de recursos. En las contrataciones públicas, se observa
preferencia directa por ciertos proveedores y selección de ofertas baratas sin asegurar su cumplimiento,
revelando debilidades estructurales. La falta de vigilancia efectiva facilita prácticas corruptas y afecta
la confianza en el Estado. Por ello, es esencial conducir los procesos con ética y legalidad, garantizando
supervisión y transparencia en cada etapa para evitar su progresivo deterioro.
Mal uso de los recursos públicos. La asignación indebida de contratos públicos a empresas vinculadas
a funcionarios genera sobrecostos, retrasos y baja calidad en los servicios, afectando la eficiencia del
presupuesto estatal y la confianza ciudadana. Estas prácticas deterioran la percepción de las
instituciones gubernamentales y comprometen el gasto público. El estudio propone identificar causas y
consecuencias, implementar políticas de fiscalización rigurosas, capacitar a los funcionarios y fortalecer
los controles para promover una administración pública ética, eficiente y transparente. (Salazar, 2020)
Sobornos. Según González y Romero (2020), el soborno distorsiona la equidad en la toma de decisiones
y disminuye la confianza ciudadana. Para contrarrestarlo, es esencial fortalecer la transparencia,
promover una cultura ética y aplicar sanciones efectivas. Estas acciones permiten garantizar
contrataciones responsables y justas, en beneficio del interés público.
pág. 4182
Contrataciones Públicas en el Estado. Las contrataciones públicas permiten a las instituciones
estatales adquirir bienes y servicios de manera transparente y eficiente. Sin embargo, las deficiencias
en los controles y la falta de rendición de cuentas favorecen irregularidades como alteración de
licitaciones y asignación de contratos a entidades no cualificadas. La corrupción en este ámbito
representa un desafío para el bienestar social. Es crucial mejorar la transparencia, establecer controles
rigurosos y reforzar el marco normativo para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.
(Gómez, J, 2020).
Corrrucion en la funcion pública. La corrupción se define como la desviación de la administración
del Estado de su correcto funcionamiento hacia intereses privados. Aunque algunos autores extienden
este concepto al ámbito privado, la corrupción en el sector público es más perjudicial. Implica
comportamientos desviados por intereses personales o beneficios ilícitos, violando normas públicas. La
imputación de corrupción se asocia directamente a la vinculación con la administración pública, ya que
no se considera corrupción estricta fuera de este ámbito. (Ramon, 2014)
Corrupción en la política. La corrupción política es una de las formas más visibles de corrupción a
nivel global, surgiendo dentro de los propios poderes del Estado, responsables de crear un sistema
corrupto. Este fenómeno se alimenta del debilitamiento de las instituciones sociales, contribuyendo a
su vez a ese mismo debilitamiento. Se trata de una estructura organizacional originada y operada desde
el Estado, donde los funcionarios de alto nivel capturan el poder, y las leyes y políticas públicas se ven
influenciadas por sobornos y beneficios indebidos. (Ramon, 2014)
Corrupción administrativa. La corrupción administrativa en las contrataciones públicas y el conflicto
de intereses ocurren cuando los funcionarios abusan de su cargo para obtener beneficios personales,
afectando el interés general. Esto compromete la transparencia, incrementa costos y reduce la calidad
de los servicios. La falta de control y sanciones perpetúa la impunidad, socavando la confianza
ciudadana y dificultando el desarrollo social y económico. (Klitgaard R. , 2017)
El proceso de la corrupción. La corrupción en las contrataciones públicas y los conflictos de intereses
alteran decisiones en el proceso de adquisición estatal, comprometiendo la transparencia y eficiencia en
el uso de recursos públicos para beneficios personales o de terceros. (Rose-Ackerman, S., y Palifka, B,
2016). Además, León (2000)
Contrataciones Públicas en el Estado. Las contrataciones públicas permiten a las instituciones
estatales adquirir bienes y servicios de manera transparente y eficiente. Sin embargo, las deficiencias
en los controles y la falta de rendición de cuentas favorecen irregularidades como alteración de
licitaciones y asignación de contratos a entidades no cualificadas. La corrupción en este ámbito
representa un desafío para el bienestar social. Es crucial mejorar la transparencia, establecer controles
rigurosos y reforzar el marco normativo para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.
(Gómez, J, 2020).
Corrrucion en la funcion pública. La corrupción se define como la desviación de la administración
del Estado de su correcto funcionamiento hacia intereses privados. Aunque algunos autores extienden
este concepto al ámbito privado, la corrupción en el sector público es más perjudicial. Implica
comportamientos desviados por intereses personales o beneficios ilícitos, violando normas públicas. La
imputación de corrupción se asocia directamente a la vinculación con la administración pública, ya que
no se considera corrupción estricta fuera de este ámbito. (Ramon, 2014)
Corrupción en la política. La corrupción política es una de las formas más visibles de corrupción a
nivel global, surgiendo dentro de los propios poderes del Estado, responsables de crear un sistema
corrupto. Este fenómeno se alimenta del debilitamiento de las instituciones sociales, contribuyendo a
su vez a ese mismo debilitamiento. Se trata de una estructura organizacional originada y operada desde
el Estado, donde los funcionarios de alto nivel capturan el poder, y las leyes y políticas públicas se ven
influenciadas por sobornos y beneficios indebidos. (Ramon, 2014)
Corrupción administrativa. La corrupción administrativa en las contrataciones públicas y el conflicto
de intereses ocurren cuando los funcionarios abusan de su cargo para obtener beneficios personales,
afectando el interés general. Esto compromete la transparencia, incrementa costos y reduce la calidad
de los servicios. La falta de control y sanciones perpetúa la impunidad, socavando la confianza
ciudadana y dificultando el desarrollo social y económico. (Klitgaard R. , 2017)
El proceso de la corrupción. La corrupción en las contrataciones públicas y los conflictos de intereses
alteran decisiones en el proceso de adquisición estatal, comprometiendo la transparencia y eficiencia en
el uso de recursos públicos para beneficios personales o de terceros. (Rose-Ackerman, S., y Palifka, B,
2016). Además, León (2000)
pág. 4183
La corrupción debilita la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la ciudadanía,
afectando el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. La falta de ética y burocracia ineficiente
exigen una urgente modernización y deterioran la democracia. (Ramon, 2014).
Favorecimiento. El favorecimiento en las contrataciones públicas ocurre cuando funcionarios priorizan
intereses personales sobre la transparencia y la competencia, fomentando corrupción. La falta de
controles eficaces afecta la eficiencia en el uso de recursos y debilita la confianza ciudadana,
evidenciando la necesidad de reformas. (Rose-Ackerman y Palifka, 2016).
La corrupción en las contrataciones públicas favorece intereses personales sobre el uso adecuado de
recursos, generando conflictos de interés. Aunque la ley prohíbe beneficiar a allegados, muchos
funcionarios buscan lucrar contratando a cercanos, afectando la confianza ciudadana y la eficiencia
pública.. (Pumayauli, 2022)
Cobro de coimas. El cobro de coimas es una manifestación clara de corrupción y constituye un delito
contra la administración pública. Afecta tanto al Estado como a empresas privadas al desviar recursos
y facilitar sobornos. Quienes las reciben buscan agilizar trámites o adjudicar contratos sin cumplir la
ley, incrementando ilícitamente sus ingresos. Estas prácticas deterioran la gestión pública y consolidan
una cultura institucional corrupta. (Pumayauli, 2022)
Conflicto de intereses. Los autores Baena-Folguera et al. (2016) Los conflictos de intereses surgen
cuando los intereses personales afectan los deberes profesionales, comprometiendo la imparcialidad y
transparencia, especialmente en el sector público. Estos conflictos, a nivel institucional o personal,
debilitan la confianza pública y facilitan la corrupción, por lo que su prevención es crucial. (Ivanega,
2017).
Guardia-Alva et al (2015), Los conflictos de intereses son inevitables en las organizaciones debido a
las interacciones humanas. En el ámbito laboral, surgen cuando las demandas laborales generan
tensiones con los empleadores. En democracias recientes, impulsaron reformas laborales, especialmente
en salud. Estos conflictos afectan el juicio y la equidad en la toma de decisiones. (Verdú, 2021)
En el ámbito profesional, la experiencia laboral puede ser beneficiosa, pero también puede generar
sesgos que afecten negativamente las decisiones.
La corrupción debilita la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la ciudadanía,
afectando el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. La falta de ética y burocracia ineficiente
exigen una urgente modernización y deterioran la democracia. (Ramon, 2014).
Favorecimiento. El favorecimiento en las contrataciones públicas ocurre cuando funcionarios priorizan
intereses personales sobre la transparencia y la competencia, fomentando corrupción. La falta de
controles eficaces afecta la eficiencia en el uso de recursos y debilita la confianza ciudadana,
evidenciando la necesidad de reformas. (Rose-Ackerman y Palifka, 2016).
La corrupción en las contrataciones públicas favorece intereses personales sobre el uso adecuado de
recursos, generando conflictos de interés. Aunque la ley prohíbe beneficiar a allegados, muchos
funcionarios buscan lucrar contratando a cercanos, afectando la confianza ciudadana y la eficiencia
pública.. (Pumayauli, 2022)
Cobro de coimas. El cobro de coimas es una manifestación clara de corrupción y constituye un delito
contra la administración pública. Afecta tanto al Estado como a empresas privadas al desviar recursos
y facilitar sobornos. Quienes las reciben buscan agilizar trámites o adjudicar contratos sin cumplir la
ley, incrementando ilícitamente sus ingresos. Estas prácticas deterioran la gestión pública y consolidan
una cultura institucional corrupta. (Pumayauli, 2022)
Conflicto de intereses. Los autores Baena-Folguera et al. (2016) Los conflictos de intereses surgen
cuando los intereses personales afectan los deberes profesionales, comprometiendo la imparcialidad y
transparencia, especialmente en el sector público. Estos conflictos, a nivel institucional o personal,
debilitan la confianza pública y facilitan la corrupción, por lo que su prevención es crucial. (Ivanega,
2017).
Guardia-Alva et al (2015), Los conflictos de intereses son inevitables en las organizaciones debido a
las interacciones humanas. En el ámbito laboral, surgen cuando las demandas laborales generan
tensiones con los empleadores. En democracias recientes, impulsaron reformas laborales, especialmente
en salud. Estos conflictos afectan el juicio y la equidad en la toma de decisiones. (Verdú, 2021)
En el ámbito profesional, la experiencia laboral puede ser beneficiosa, pero también puede generar
sesgos que afecten negativamente las decisiones.
pág. 4184
Un conflicto de intereses ocurre cuando alguien, de manera intencionada o no, actúa de forma parcial
debido a inclinaciones personales, lo que complica su identificación y manejo. (Espinoza, 2023)
Servidores Públicos. La burocracia idealizada suponía objetividad en los servidores públicos, pero la
realidad demuestra que los intereses privados influyen en las decisiones. Es esencial separar los
intereses personales del bien común para evitar conflictos de interés que dañan la gestión pública, la
democracia y la confianza ciudadana.
Definición Constitucional. La identificación de un conflicto de intereses generalmente se realiza
mediante mecanismos de control ciudadano, control político o control gubernamental. Sin embargo,
estos sistemas, en su mayoría, solo detectan el conflicto una vez que ya ha ocurrido, y no cuando es
solo potencial o aparente. Por esta razón, el mecanismo más adecuado sería que el propio servidor
público identifique preventivamente el conflicto, tanto en sus formas potenciales como aparentes, para
evitar su materialización. (Barrero, 2021)
Definición legal. El conflicto de intereses ocurre cuando una persona o entidad, que debe actuar con
imparcialidad, se ve afectada o puede verse afectada por intereses personales, profesionales o
financieros que comprometen su objetividad. Doctrinalmente, este concepto es analizado en el campo
de la ética profesional y legal, especialmente en el derecho, la administración pública, la medicina y las
finanzas. La doctrina destaca la importancia de evitar que los intereses personales interfieran con el
deber de actuar en beneficio de terceros o del interés público. (Verdugo, 2017)
Filosóficamente
La existencia de un conflicto de intereses no implica, por sí sola, una falta ética o una conducta inmoral.
Tal como señalan Altisent-Delgado et al. (2019), La existencia de un conflicto de intereses no implica
necesariamente una falta ética; el problema surge cuando se minimiza o normaliza un interés secundario
que afecta decisiones basadas en un interés primario. Reconocer su presencia es esencial para evitar
comprometer la integridad profesional. Un conflicto de interés es una tentación que, si se ignora o se
acepta institucionalmente, representa un riesgo ético grave. Por ello, las organizaciones deben
gestionarlos con normas claras y vigilancia. Además, se recomienda que los profesionales busquen
orientación ética ante cualquier duda. (Ortiz, 2021)
Un conflicto de intereses ocurre cuando alguien, de manera intencionada o no, actúa de forma parcial
debido a inclinaciones personales, lo que complica su identificación y manejo. (Espinoza, 2023)
Servidores Públicos. La burocracia idealizada suponía objetividad en los servidores públicos, pero la
realidad demuestra que los intereses privados influyen en las decisiones. Es esencial separar los
intereses personales del bien común para evitar conflictos de interés que dañan la gestión pública, la
democracia y la confianza ciudadana.
Definición Constitucional. La identificación de un conflicto de intereses generalmente se realiza
mediante mecanismos de control ciudadano, control político o control gubernamental. Sin embargo,
estos sistemas, en su mayoría, solo detectan el conflicto una vez que ya ha ocurrido, y no cuando es
solo potencial o aparente. Por esta razón, el mecanismo más adecuado sería que el propio servidor
público identifique preventivamente el conflicto, tanto en sus formas potenciales como aparentes, para
evitar su materialización. (Barrero, 2021)
Definición legal. El conflicto de intereses ocurre cuando una persona o entidad, que debe actuar con
imparcialidad, se ve afectada o puede verse afectada por intereses personales, profesionales o
financieros que comprometen su objetividad. Doctrinalmente, este concepto es analizado en el campo
de la ética profesional y legal, especialmente en el derecho, la administración pública, la medicina y las
finanzas. La doctrina destaca la importancia de evitar que los intereses personales interfieran con el
deber de actuar en beneficio de terceros o del interés público. (Verdugo, 2017)
Filosóficamente
La existencia de un conflicto de intereses no implica, por sí sola, una falta ética o una conducta inmoral.
Tal como señalan Altisent-Delgado et al. (2019), La existencia de un conflicto de intereses no implica
necesariamente una falta ética; el problema surge cuando se minimiza o normaliza un interés secundario
que afecta decisiones basadas en un interés primario. Reconocer su presencia es esencial para evitar
comprometer la integridad profesional. Un conflicto de interés es una tentación que, si se ignora o se
acepta institucionalmente, representa un riesgo ético grave. Por ello, las organizaciones deben
gestionarlos con normas claras y vigilancia. Además, se recomienda que los profesionales busquen
orientación ética ante cualquier duda. (Ortiz, 2021)
pág. 4185
A. Colombia. La legislación colombiana regula los conflictos de intereses en el artículo 23, numeral 7,
de la Ley N.º 222 y el Decreto N.º 1925 de 2009, aplicables a empresas tanto del mercado de valores
como fuera de él. Estas normas establecen cómo deben actuar los administradores ante tales situaciones.
Además, el marco legal colombiano contempla mecanismos diferenciados para la solución de disputas
contractuales, como la vía administrativa en etapas iniciales y el arbitraje o conciliación durante la
ejecución, garantizando eficiencia y especialización en la contratación pública. (Moreno, 2007)
B. Chile. El ordenamiento jurídico chileno regula las sociedades anónimas cerradas mediante un
modelo dual, establecido en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, modificado por el
artículo 27 de la Ley N.º 20.382. Este modelo, similar al de los Países Bajos, distingue las funciones de
administración y supervisión, promoviendo una estructura de gobernanza corporativa más robusta. Su
implementación fortalece la fiscalización interna, mejora la transparencia en la gestión empresarial y se
alinea con los estándares internacionales de buen gobierno corporativo.
C. Estados Unidos. El marco jurídico estadounidense, al igual que en algunas jurisdicciones
canadienses, utiliza fideicomisos ciegos autorizados por la Ley de Ética de 1978 para prevenir conflictos
entre funciones públicas y bienes privados. Además, contempla medidas como la autoexclusión del
funcionario, la declaración de bienes, la disposición de activos en conflicto, autorizaciones formales y,
en casos sensibles, la cesión temporal del cargo. Para altos cargos como el presidente, vicepresidente y
legisladores, se exige una declaración pública detallada de su situación económica, garantizando así la
transparencia en la función pública.
D. Reino Unido. En el Reino Unido, los altos funcionarios públicos deben presentar informes
detallados sobre sus intereses y los de sus familiares directos, como medida de transparencia para
prevenir conflictos de interés y fortalecer la rendición de cuentas. Este requisito garantiza la exposición
de posibles vínculos relevantes en el ejercicio de sus funciones. A diferencia de otras jurisdicciones, el
fideicomiso ciego fue excluido del Código de los Ministros de 2007, reflejando un cambio normativo
en la gestión ética de los altos cargos públicos.
E. Canadá. En Canadá, se ha establecido una clasificación de bienes de los funcionarios públicos para
identificar activos que puedan generar conflictos de intereses, aplicando controles más rigurosos sobre
su patrimonio. Este enfoque promueve la ética y la transparencia en la gestión estatal.
A. Colombia. La legislación colombiana regula los conflictos de intereses en el artículo 23, numeral 7,
de la Ley N.º 222 y el Decreto N.º 1925 de 2009, aplicables a empresas tanto del mercado de valores
como fuera de él. Estas normas establecen cómo deben actuar los administradores ante tales situaciones.
Además, el marco legal colombiano contempla mecanismos diferenciados para la solución de disputas
contractuales, como la vía administrativa en etapas iniciales y el arbitraje o conciliación durante la
ejecución, garantizando eficiencia y especialización en la contratación pública. (Moreno, 2007)
B. Chile. El ordenamiento jurídico chileno regula las sociedades anónimas cerradas mediante un
modelo dual, establecido en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, modificado por el
artículo 27 de la Ley N.º 20.382. Este modelo, similar al de los Países Bajos, distingue las funciones de
administración y supervisión, promoviendo una estructura de gobernanza corporativa más robusta. Su
implementación fortalece la fiscalización interna, mejora la transparencia en la gestión empresarial y se
alinea con los estándares internacionales de buen gobierno corporativo.
C. Estados Unidos. El marco jurídico estadounidense, al igual que en algunas jurisdicciones
canadienses, utiliza fideicomisos ciegos autorizados por la Ley de Ética de 1978 para prevenir conflictos
entre funciones públicas y bienes privados. Además, contempla medidas como la autoexclusión del
funcionario, la declaración de bienes, la disposición de activos en conflicto, autorizaciones formales y,
en casos sensibles, la cesión temporal del cargo. Para altos cargos como el presidente, vicepresidente y
legisladores, se exige una declaración pública detallada de su situación económica, garantizando así la
transparencia en la función pública.
D. Reino Unido. En el Reino Unido, los altos funcionarios públicos deben presentar informes
detallados sobre sus intereses y los de sus familiares directos, como medida de transparencia para
prevenir conflictos de interés y fortalecer la rendición de cuentas. Este requisito garantiza la exposición
de posibles vínculos relevantes en el ejercicio de sus funciones. A diferencia de otras jurisdicciones, el
fideicomiso ciego fue excluido del Código de los Ministros de 2007, reflejando un cambio normativo
en la gestión ética de los altos cargos públicos.
E. Canadá. En Canadá, se ha establecido una clasificación de bienes de los funcionarios públicos para
identificar activos que puedan generar conflictos de intereses, aplicando controles más rigurosos sobre
su patrimonio. Este enfoque promueve la ética y la transparencia en la gestión estatal.
pág. 4186
De forma similar, el Congreso de Colombia exige a sus legisladores declarar todos sus vínculos
económicos y financieros, lo que facilita detectar incompatibilidades. Ambos sistemas reflejan el
compromiso con una administración pública íntegra mediante la regulación de intereses privados de los
servidores públicos.
MÉTODO
La investigación emplea un enfoque cuantitativo, centrado en recopilar y analizar datos numéricos para
identificar patrones y medir el impacto de las contrataciones públicas y los conflictos de intereses en el
sector salud. Este método permite una evaluación objetiva y sistemática, validando hipótesis mediante
análisis estadísticos, conforme a los principios del método científico (Bernal, 2010) y (Hernández F. ,
2014).
Tipo de investigación
Este enfoque investigativo, de tipo correlacional y transversal, permite observar la evolución de
variables en un periodo determinado, comparando características entre distintos sujetos. Es un diseño
no experimental, basado en la observación sin manipulación de variables, lo que facilita el análisis de
relaciones entre fenómenos sin intervenir directamente en el proceso estudiado. (Guillén, 2018)
Correlacional
Tiene como propósito analizar las relaciones entre las variables, así como los efectos que estas pueden
generar. Se enfoca en examinar la interacción de las variables o los resultados derivados de ellas, sin
profundizar en la identificación de las causas o efectos específicos. Este tipo de investigación se apoya
principalmente en el uso de herramientas estadísticas para analizar los datos recolectados. (Bernal,
2010)
Diseño no Experimental
El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional y transversal. Se clasificó como
transversal ya que la recopilación de datos se efectuó en un único momento en el tiempo. El objetivo
principal del estudio fue identificar alguna relación entre las variables a través de un patrón predecible
para un grupo o población específica. (Hernández F. , 2014)
De forma similar, el Congreso de Colombia exige a sus legisladores declarar todos sus vínculos
económicos y financieros, lo que facilita detectar incompatibilidades. Ambos sistemas reflejan el
compromiso con una administración pública íntegra mediante la regulación de intereses privados de los
servidores públicos.
MÉTODO
La investigación emplea un enfoque cuantitativo, centrado en recopilar y analizar datos numéricos para
identificar patrones y medir el impacto de las contrataciones públicas y los conflictos de intereses en el
sector salud. Este método permite una evaluación objetiva y sistemática, validando hipótesis mediante
análisis estadísticos, conforme a los principios del método científico (Bernal, 2010) y (Hernández F. ,
2014).
Tipo de investigación
Este enfoque investigativo, de tipo correlacional y transversal, permite observar la evolución de
variables en un periodo determinado, comparando características entre distintos sujetos. Es un diseño
no experimental, basado en la observación sin manipulación de variables, lo que facilita el análisis de
relaciones entre fenómenos sin intervenir directamente en el proceso estudiado. (Guillén, 2018)
Correlacional
Tiene como propósito analizar las relaciones entre las variables, así como los efectos que estas pueden
generar. Se enfoca en examinar la interacción de las variables o los resultados derivados de ellas, sin
profundizar en la identificación de las causas o efectos específicos. Este tipo de investigación se apoya
principalmente en el uso de herramientas estadísticas para analizar los datos recolectados. (Bernal,
2010)
Diseño no Experimental
El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional y transversal. Se clasificó como
transversal ya que la recopilación de datos se efectuó en un único momento en el tiempo. El objetivo
principal del estudio fue identificar alguna relación entre las variables a través de un patrón predecible
para un grupo o población específica. (Hernández F. , 2014)
pág. 4187
Tipo Trasversal
El estudio se caracterizó por ser transversal, ya que la recopilación de datos se llevó a cabo en un solo
momento en el tiempo. El objetivo principal fue establecer algún tipo de relación entre las variables,
para lo cual se identificó un patrón predecible en un grupo o población específica.
Población
Según Quezada (2014), la población comprende a los individuos que aportan información relevante
sobre el fenómeno investigado. En este estudio, está conformada por 50 personas vinculadas al sector
salud, incluyendo funcionarios, proveedores, pacientes, comunidades vulnerables, contribuyentes,
ONGs y medios. Los conflictos de intereses surgen cuando existen vínculos con empresas proveedoras,
afectando la transparencia y equidad. (Organización Mundial de la Salud , 2020)
Muestra
Según (Arias, 2006) en toda investigación es fundamental utilizar instrumentos válidos y confiables que
permitan recolectar datos de forma precisa y sistemática. Estos instrumentos deben estar alineados con
los objetivos del estudio y las variables analizadas, garantizando así la calidad de la información
obtenida y la rigurosidad en el proceso de análisis e interpretación de los resultados.
Instrumentos
En una investigación, se utilizan instrumentos de medición para registrar sistemáticamente datos sobre
las variables analizadas. Estos deben cumplir con criterios de confiabilidad, validez y objetividad para
asegurar resultados precisos (Hernández F. , 2014). En este estudio, se emplearon cuestionarios como
herramienta de recolección: uno de 20 ítems para evaluar la variable “Contrataciones del Estado” y otro,
adaptado, para medir la variable “Transparencia”.
Encuesta
La encuesta constituye una de las técnicas más empleadas para la recolección de datos en estudios de
enfoque cuantitativo.
Su principal instrumento es el cuestionario, el cual se organiza en función de preguntas formuladas bajo
una escala específica. Estas interrogantes pueden presentarse en formatos de opción múltiple o en
versiones cerradas, como ocurre con la escala tipo Likert, ampliamente utilizada para medir actitudes,
percepciones u opiniones.
Tipo Trasversal
El estudio se caracterizó por ser transversal, ya que la recopilación de datos se llevó a cabo en un solo
momento en el tiempo. El objetivo principal fue establecer algún tipo de relación entre las variables,
para lo cual se identificó un patrón predecible en un grupo o población específica.
Población
Según Quezada (2014), la población comprende a los individuos que aportan información relevante
sobre el fenómeno investigado. En este estudio, está conformada por 50 personas vinculadas al sector
salud, incluyendo funcionarios, proveedores, pacientes, comunidades vulnerables, contribuyentes,
ONGs y medios. Los conflictos de intereses surgen cuando existen vínculos con empresas proveedoras,
afectando la transparencia y equidad. (Organización Mundial de la Salud , 2020)
Muestra
Según (Arias, 2006) en toda investigación es fundamental utilizar instrumentos válidos y confiables que
permitan recolectar datos de forma precisa y sistemática. Estos instrumentos deben estar alineados con
los objetivos del estudio y las variables analizadas, garantizando así la calidad de la información
obtenida y la rigurosidad en el proceso de análisis e interpretación de los resultados.
Instrumentos
En una investigación, se utilizan instrumentos de medición para registrar sistemáticamente datos sobre
las variables analizadas. Estos deben cumplir con criterios de confiabilidad, validez y objetividad para
asegurar resultados precisos (Hernández F. , 2014). En este estudio, se emplearon cuestionarios como
herramienta de recolección: uno de 20 ítems para evaluar la variable “Contrataciones del Estado” y otro,
adaptado, para medir la variable “Transparencia”.
Encuesta
La encuesta constituye una de las técnicas más empleadas para la recolección de datos en estudios de
enfoque cuantitativo.
Su principal instrumento es el cuestionario, el cual se organiza en función de preguntas formuladas bajo
una escala específica. Estas interrogantes pueden presentarse en formatos de opción múltiple o en
versiones cerradas, como ocurre con la escala tipo Likert, ampliamente utilizada para medir actitudes,
percepciones u opiniones.
pág. 4188
Procedimiento
En la etapa inicial de la investigación, se identificaron los hallazgos que fundamentaron la problemática
y se definieron los objetivos del estudio. A partir de ello, se formularon las preguntas del cuestionario,
tomando en cuenta las variables, dimensiones e indicadores establecidos. El instrumento fue validado
por tres especialistas: dos en contenido y uno en metodología. Posteriormente, los datos se ingresaron
al software SPSS 25 para evaluar su validez y confiabilidad. Finalmente, la información fue
sistematizada en Excel, representada gráficamente y analizada para generar conclusiones y
recomendaciones pertinentes.
Análisis de datos
En cuanto al enfoque metodológico, la investigación se sustentó en el método general deductivo, el cual
permitió partir de planteamientos generales para llegar a conclusiones particulares. De forma
complementaria, se aplicó el método específico de análisis-síntesis, a través del cual fue posible
descomponer el objeto de estudio en sus partes constitutivas y, posteriormente, integrarlas nuevamente
en un todo coherente. También se utilizó el método sistémico estructural-funcional, el cual facilitó
descomponer el problema, analizar sus elementos, establecer su estructura cualitativa y clarificar la
jerarquía de sus componentes.
Consideraciones éticas
Se garantizó la confidencialidad de los encuestados, resguardando su identidad en todo el proceso. La
investigación, original y ética, contó con el consentimiento informado de los participantes, quienes
colaboraron voluntariamente. Durante la recolección de datos, se respetaron sus opiniones sin emitir
juicios. Además, se reconocieron adecuadamente las fuentes teóricas y científicas utilizadas, citando a
los autores correspondientes.
RESULTADOS
Contrastación de hipótesis
En el presente estudio, se contrastaron las hipótesis planteadas utilizando la prueba Rho de Spearman,
la cual permitió analizar la correlación entre las variables y sus dimensiones para establecer una relación
causa-efecto. Se formularon dos hipótesis: la alternativa (H1), que sostiene la propuesta de
investigación, y la nula (H0), que niega dicha relación.
Procedimiento
En la etapa inicial de la investigación, se identificaron los hallazgos que fundamentaron la problemática
y se definieron los objetivos del estudio. A partir de ello, se formularon las preguntas del cuestionario,
tomando en cuenta las variables, dimensiones e indicadores establecidos. El instrumento fue validado
por tres especialistas: dos en contenido y uno en metodología. Posteriormente, los datos se ingresaron
al software SPSS 25 para evaluar su validez y confiabilidad. Finalmente, la información fue
sistematizada en Excel, representada gráficamente y analizada para generar conclusiones y
recomendaciones pertinentes.
Análisis de datos
En cuanto al enfoque metodológico, la investigación se sustentó en el método general deductivo, el cual
permitió partir de planteamientos generales para llegar a conclusiones particulares. De forma
complementaria, se aplicó el método específico de análisis-síntesis, a través del cual fue posible
descomponer el objeto de estudio en sus partes constitutivas y, posteriormente, integrarlas nuevamente
en un todo coherente. También se utilizó el método sistémico estructural-funcional, el cual facilitó
descomponer el problema, analizar sus elementos, establecer su estructura cualitativa y clarificar la
jerarquía de sus componentes.
Consideraciones éticas
Se garantizó la confidencialidad de los encuestados, resguardando su identidad en todo el proceso. La
investigación, original y ética, contó con el consentimiento informado de los participantes, quienes
colaboraron voluntariamente. Durante la recolección de datos, se respetaron sus opiniones sin emitir
juicios. Además, se reconocieron adecuadamente las fuentes teóricas y científicas utilizadas, citando a
los autores correspondientes.
RESULTADOS
Contrastación de hipótesis
En el presente estudio, se contrastaron las hipótesis planteadas utilizando la prueba Rho de Spearman,
la cual permitió analizar la correlación entre las variables y sus dimensiones para establecer una relación
causa-efecto. Se formularon dos hipótesis: la alternativa (H1), que sostiene la propuesta de
investigación, y la nula (H0), que niega dicha relación.
pág. 4189
Para determinar su aceptación o rechazo, se estableció un nivel de significancia de 0,05. Si el valor de
significancia bilateral era menor a 0,05, se rechazaba la hipótesis nula; de lo contrario, se aceptaba. Este
enfoque metodológico aseguró la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación.
Hipótesis general
H1: Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: Las contrataciones públicas No se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
Tabla 1
Rho de Spearman Contrataciones
públicas
Conflicto de
intereses
Contrataciones públicas
Coeficiente de correlación 1,000 896**
Sig, (bilateral) 002
N 40 40
Conflicto de intereses
Coeficiente de correlación 896** 1,000
Sig, (bilateral) ,002
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
A través del uso de la prueba estadística Rho de Spearman, se evidenció una correlación positiva de
intensidad moderada (r = 0,896) entre los procedimientos de contratación pública y la presencia de
conflictos de intereses. Asimismo, el nivel de significancia bilateral obtenido (0,01) indica que dicha
relación es estadísticamente significativa.
En consecuencia, se procedió a rechazar la hipótesis nula, aceptándose como válida la hipótesis
alternativa planteada en el estudio.
Hipótesis específica 1
H1: Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con los servidores públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: Las contrataciones públicas No se relacionan significativamente con los servidores públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
Para determinar su aceptación o rechazo, se estableció un nivel de significancia de 0,05. Si el valor de
significancia bilateral era menor a 0,05, se rechazaba la hipótesis nula; de lo contrario, se aceptaba. Este
enfoque metodológico aseguró la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación.
Hipótesis general
H1: Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: Las contrataciones públicas No se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
Tabla 1
Rho de Spearman Contrataciones
públicas
Conflicto de
intereses
Contrataciones públicas
Coeficiente de correlación 1,000 896**
Sig, (bilateral) 002
N 40 40
Conflicto de intereses
Coeficiente de correlación 896** 1,000
Sig, (bilateral) ,002
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
A través del uso de la prueba estadística Rho de Spearman, se evidenció una correlación positiva de
intensidad moderada (r = 0,896) entre los procedimientos de contratación pública y la presencia de
conflictos de intereses. Asimismo, el nivel de significancia bilateral obtenido (0,01) indica que dicha
relación es estadísticamente significativa.
En consecuencia, se procedió a rechazar la hipótesis nula, aceptándose como válida la hipótesis
alternativa planteada en el estudio.
Hipótesis específica 1
H1: Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con los servidores públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: Las contrataciones públicas No se relacionan significativamente con los servidores públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
pág. 4190
Tabla 2
Rho de Spearman Contrataciones
públicas
Servidores
públicos
Contrataciones públicas
Coeficiente de correlación 1,000 874**
Sig, (bilateral) 000
N 40 40
Servidores públicos
Coeficiente de correlación 874** 1,000
Sig, (bilateral) ,000
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Los resultados obtenidos permiten confirmar la existencia de una relación positiva y de alta magnitud
(r = 0,874) entre los procedimientos de contratación pública y la actuación de los servidores públicos.
Adicionalmente, el valor de significancia bilateral de 0,01 respalda la validez estadística de dicha
correlación. En virtud de estos hallazgos, se opta por rechazar la hipótesis nula y se valida la hipótesis
alternativa formulada en la investigación.
Hipótesis específica 2
H1: Los conflictos de intereses se relacionan significativamente con los funcionarios públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: Los conflictos de intereses No se relacionan significativamente con los funcionarios públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
Tabla 3
Rho de Spearman Conflictos de
intereses
Funcionarios
públicos
Conflictos de intereses
Coeficiente de correlación 1,000 966**
Sig, (bilateral) 000
N 40 40
Funcionarios públicos
Coeficiente de correlación 966** 1,000
Sig, (bilateral) ,000
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Los hallazgos estadísticos evidencian una relación directa y de considerable intensidad (r = 0,874) entre
los procesos de contratación en el sector público y el desempeño de los funcionarios estatales.
Asimismo, el nivel de significancia bilateral obtenido (0,01) demuestra la solidez estadística de dicha
asociación. En consecuencia, los resultados conducen al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación
de la hipótesis alternativa planteada en el marco de esta investigación.
Tabla 2
Rho de Spearman Contrataciones
públicas
Servidores
públicos
Contrataciones públicas
Coeficiente de correlación 1,000 874**
Sig, (bilateral) 000
N 40 40
Servidores públicos
Coeficiente de correlación 874** 1,000
Sig, (bilateral) ,000
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Los resultados obtenidos permiten confirmar la existencia de una relación positiva y de alta magnitud
(r = 0,874) entre los procedimientos de contratación pública y la actuación de los servidores públicos.
Adicionalmente, el valor de significancia bilateral de 0,01 respalda la validez estadística de dicha
correlación. En virtud de estos hallazgos, se opta por rechazar la hipótesis nula y se valida la hipótesis
alternativa formulada en la investigación.
Hipótesis específica 2
H1: Los conflictos de intereses se relacionan significativamente con los funcionarios públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: Los conflictos de intereses No se relacionan significativamente con los funcionarios públicos en el
sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
Tabla 3
Rho de Spearman Conflictos de
intereses
Funcionarios
públicos
Conflictos de intereses
Coeficiente de correlación 1,000 966**
Sig, (bilateral) 000
N 40 40
Funcionarios públicos
Coeficiente de correlación 966** 1,000
Sig, (bilateral) ,000
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Los hallazgos estadísticos evidencian una relación directa y de considerable intensidad (r = 0,874) entre
los procesos de contratación en el sector público y el desempeño de los funcionarios estatales.
Asimismo, el nivel de significancia bilateral obtenido (0,01) demuestra la solidez estadística de dicha
asociación. En consecuencia, los resultados conducen al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación
de la hipótesis alternativa planteada en el marco de esta investigación.
pág. 4191
Hipótesis específica 3
H1: La corrupción en la función pública se relaciona significativamente con la definición constitucional
en el sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: La corrupción en la función pública No se relaciona significativamente con la definición
constitucional en el sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
Tabla 4
Rho de Spearman Corrupción en la
función pública
Definición
constitucional
Corrupción en la función pública
Coeficiente de correlación 1,000 885**
Sig, (bilateral) 000
N 40 40
Definición constitucional
Coeficiente de correlación 885** 1,000
Sig, (bilateral) ,000
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Dentro del desarrollo del estudio, se efectuó la verificación de las hipótesis mediante la aplicación de
la prueba estadística Rho de Spearman. Los datos arrojados reflejan una correlación directa y de alta
magnitud (r = 0,885) entre los actos de corrupción en la función pública y los principios establecidos
por la Constitución. Asimismo, el valor de significancia bilateral (0,01) confirma que dicha relación es
estadísticamente significativa. En virtud de estos resultados, se rechaza la hipótesis nula y se ratifica la
validez de la hipótesis alternativa.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. Se comprobó que existe una relación estadísticamente significativa entre las contrataciones públicas
y los conflictos de intereses en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). Mediante la prueba
Rho de Spearman, se obtuvo una correlación positiva moderada (r = 0,896) y un valor de significancia
bilateral de 0,01. Estos resultados permitieron rechazar la hipótesis nula y respaldar la hipótesis
alternativa, confirmando la pertinencia estadística de la relación planteada en el estudio.
Según el análisis de Sánchez (2022) se encuestó a médicos colegiados en Chile para identificar
conflictos de intereses con la industria de la salud. De 799 respuestas, el 83 % indicó no haber tenido
conflictos en cinco años, aunque muchos admitieron recibir obsequios, muestras médicas y ofertas de
financiamiento, aceptadas por más de un tercio.
Hipótesis específica 3
H1: La corrupción en la función pública se relaciona significativamente con la definición constitucional
en el sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
H0: La corrupción en la función pública No se relaciona significativamente con la definición
constitucional en el sector salud en Lima metropolitana 2023-2024
Tabla 4
Rho de Spearman Corrupción en la
función pública
Definición
constitucional
Corrupción en la función pública
Coeficiente de correlación 1,000 885**
Sig, (bilateral) 000
N 40 40
Definición constitucional
Coeficiente de correlación 885** 1,000
Sig, (bilateral) ,000
N 40 40
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Dentro del desarrollo del estudio, se efectuó la verificación de las hipótesis mediante la aplicación de
la prueba estadística Rho de Spearman. Los datos arrojados reflejan una correlación directa y de alta
magnitud (r = 0,885) entre los actos de corrupción en la función pública y los principios establecidos
por la Constitución. Asimismo, el valor de significancia bilateral (0,01) confirma que dicha relación es
estadísticamente significativa. En virtud de estos resultados, se rechaza la hipótesis nula y se ratifica la
validez de la hipótesis alternativa.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. Se comprobó que existe una relación estadísticamente significativa entre las contrataciones públicas
y los conflictos de intereses en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). Mediante la prueba
Rho de Spearman, se obtuvo una correlación positiva moderada (r = 0,896) y un valor de significancia
bilateral de 0,01. Estos resultados permitieron rechazar la hipótesis nula y respaldar la hipótesis
alternativa, confirmando la pertinencia estadística de la relación planteada en el estudio.
Según el análisis de Sánchez (2022) se encuestó a médicos colegiados en Chile para identificar
conflictos de intereses con la industria de la salud. De 799 respuestas, el 83 % indicó no haber tenido
conflictos en cinco años, aunque muchos admitieron recibir obsequios, muestras médicas y ofertas de
financiamiento, aceptadas por más de un tercio.
pág. 4192
El estudio concluye que estos conflictos son frecuentes, aunque a menudo no se reconocen como tales.
Se recomienda reforzar la formación en bioética y fomentar relaciones transparentes que prioricen el
bienestar del paciente.
2. Se determinó una relación estadísticamente significativa entre los procesos de contratación pública y
el desempeño de los servidores públicos en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). La
prueba Rho de Spearman arrojó una correlación positiva alta (r = 0,874) y un nivel de significancia
bilateral de 0,01, lo que valida estadísticamente el hallazgo. En consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis alternativa del estudio.
Mamani-Barrientos et al. (2020) realizaron un estudio cualitativo y descriptivo en la Municipalidad
Distrital de Pisac para verificar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado en adquisiciones
de bienes y servicios menores o iguales a ocho UIT. Utilizaron la técnica del cotejo para el análisis. Los
resultados mostraron que, en su mayoría, las contrataciones se ajustan a la normativa vigente, lo que
facilita procesos acordes con las disposiciones legales y contribuye a una gestión pública más eficiente
y transparente.
3. Se comprobó una asociación estadísticamente significativa entre los conflictos de intereses y la
conducta de los funcionarios públicos en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). La prueba
Rho de Spearman mostró una correlación positiva alta (r = 0,966) con un nivel de significancia bilateral
de 0,01, lo que respalda la validez estadística del resultado. En consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis alternativa.
En apoyo a estos hallazgos, Cossío (2020) plantea que es posible reducir los riesgos de corrupción
mediante la implementación de prácticas preventivas y mecanismos eficaces para gestionar los
conflictos de intereses en el ámbito de las adquisiciones públicas.
Esta afirmación se sustenta en el análisis teórico de múltiples autores, experiencias internacionales y la
evaluación práctica de encuestas aplicadas a funcionarios vinculados a la compra de medicamentos en
el Perú. La propuesta desarrollada por el autor contempla herramientas para una evaluación periódica,
centrada en quienes ejercen funciones decisorias, con el fin de fortalecer la ética y la transparencia
institucional.
El estudio concluye que estos conflictos son frecuentes, aunque a menudo no se reconocen como tales.
Se recomienda reforzar la formación en bioética y fomentar relaciones transparentes que prioricen el
bienestar del paciente.
2. Se determinó una relación estadísticamente significativa entre los procesos de contratación pública y
el desempeño de los servidores públicos en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). La
prueba Rho de Spearman arrojó una correlación positiva alta (r = 0,874) y un nivel de significancia
bilateral de 0,01, lo que valida estadísticamente el hallazgo. En consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis alternativa del estudio.
Mamani-Barrientos et al. (2020) realizaron un estudio cualitativo y descriptivo en la Municipalidad
Distrital de Pisac para verificar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado en adquisiciones
de bienes y servicios menores o iguales a ocho UIT. Utilizaron la técnica del cotejo para el análisis. Los
resultados mostraron que, en su mayoría, las contrataciones se ajustan a la normativa vigente, lo que
facilita procesos acordes con las disposiciones legales y contribuye a una gestión pública más eficiente
y transparente.
3. Se comprobó una asociación estadísticamente significativa entre los conflictos de intereses y la
conducta de los funcionarios públicos en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). La prueba
Rho de Spearman mostró una correlación positiva alta (r = 0,966) con un nivel de significancia bilateral
de 0,01, lo que respalda la validez estadística del resultado. En consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis alternativa.
En apoyo a estos hallazgos, Cossío (2020) plantea que es posible reducir los riesgos de corrupción
mediante la implementación de prácticas preventivas y mecanismos eficaces para gestionar los
conflictos de intereses en el ámbito de las adquisiciones públicas.
Esta afirmación se sustenta en el análisis teórico de múltiples autores, experiencias internacionales y la
evaluación práctica de encuestas aplicadas a funcionarios vinculados a la compra de medicamentos en
el Perú. La propuesta desarrollada por el autor contempla herramientas para una evaluación periódica,
centrada en quienes ejercen funciones decisorias, con el fin de fortalecer la ética y la transparencia
institucional.
pág. 4193
4. Se comprobó una relación significativa entre la corrupción en el ejercicio de la función pública y los
fundamentos constitucionales en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). La prueba Rho de
Spearman mostró una correlación positiva alta (r = 0,885) y un nivel de significancia bilateral de 0,01,
confirmando la solidez estadística del hallazgo. Esto llevó al rechazo de la hipótesis nula y a la
validación de la hipótesis alternativa.
Herrera y Muñoz (2024) señalan que los conflictos de intereses pueden afectar la transparencia en la
evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), influyendo en la selección y decisiones finales. La omisión
de su declaración compromete la integridad del sistema y puede llevar a adoptar intervenciones con
poco beneficio clínico o limitar el acceso a tratamientos efectivos. Por ello, los autores destacan la
importancia de hacer obligatoria la declaración de conflictos en todos los procesos de evaluación
tecnológica, garantizando así decisiones más éticas, eficientes y centradas en el bienestar del paciente.
CONCLUSIÓN
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024, la necesidad de implementar acciones correctivas y
preventivas en el campo de las contrataciones públicas. Promover la transparencia, fortalecer los
mecanismos de supervisión y establecer regulaciones más estrictas son medidas clave para minimizar
los conflictos de intereses y fomentar una administración pública basada en la ética y la eficacia.
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con los servidores públicos en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024, se destaca la importancia de implementar políticas y
estrategias que fortalezcan la integridad en las contrataciones públicas y el desempeño de los
funcionarios. Medidas como la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los
sistemas de control son clave para reducir irregularidades y asegurar una gestión pública más eficiente
y confiable.
Los conflictos de intereses se relacionan significativamente con los funcionarios públicos en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024, la relevancia de implementar políticas y estrategias dirigidas
a promover la transparencia, la rendición de cuentas y el robustecimiento de los sistemas de control.
Estas medidas son clave para reducir la incidencia de conflictos de intereses y garantizar una gestión
pública basada en la ética, la eficacia y la confianza.
4. Se comprobó una relación significativa entre la corrupción en el ejercicio de la función pública y los
fundamentos constitucionales en el sector salud de Lima Metropolitana (2023-2024). La prueba Rho de
Spearman mostró una correlación positiva alta (r = 0,885) y un nivel de significancia bilateral de 0,01,
confirmando la solidez estadística del hallazgo. Esto llevó al rechazo de la hipótesis nula y a la
validación de la hipótesis alternativa.
Herrera y Muñoz (2024) señalan que los conflictos de intereses pueden afectar la transparencia en la
evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), influyendo en la selección y decisiones finales. La omisión
de su declaración compromete la integridad del sistema y puede llevar a adoptar intervenciones con
poco beneficio clínico o limitar el acceso a tratamientos efectivos. Por ello, los autores destacan la
importancia de hacer obligatoria la declaración de conflictos en todos los procesos de evaluación
tecnológica, garantizando así decisiones más éticas, eficientes y centradas en el bienestar del paciente.
CONCLUSIÓN
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024, la necesidad de implementar acciones correctivas y
preventivas en el campo de las contrataciones públicas. Promover la transparencia, fortalecer los
mecanismos de supervisión y establecer regulaciones más estrictas son medidas clave para minimizar
los conflictos de intereses y fomentar una administración pública basada en la ética y la eficacia.
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con los servidores públicos en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024, se destaca la importancia de implementar políticas y
estrategias que fortalezcan la integridad en las contrataciones públicas y el desempeño de los
funcionarios. Medidas como la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los
sistemas de control son clave para reducir irregularidades y asegurar una gestión pública más eficiente
y confiable.
Los conflictos de intereses se relacionan significativamente con los funcionarios públicos en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024, la relevancia de implementar políticas y estrategias dirigidas
a promover la transparencia, la rendición de cuentas y el robustecimiento de los sistemas de control.
Estas medidas son clave para reducir la incidencia de conflictos de intereses y garantizar una gestión
pública basada en la ética, la eficacia y la confianza.
pág. 4194
La corrupción en la función pública se relaciona significativamente con la definición constitucional en
el sector salud en Lima metropolitana 2023-2024, la claridad en las normativas, la delimitación de
responsabilidades y la implementación de mecanismos de control efectivos son clave para reducir la
corrupción y promover una gestión pública ética, transparente y confiable.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Altisent, R., Delgado, M., y Astier, M. (2019). Conflictos de interés en la profesión médica. Science
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sector público de Ca-taluña. (1° ed), Parlamento de Cataluña.
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Regulatorios. Pontifica Universidad Católica del Perú., 1(1), 107-126.
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https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S2665-02662023000200196&script=sci_arttext.
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Universidad de Costa Rica, 65 (3): 1-4. 10.51481/amc.v65i2.1307.
García, A. (2020). Corrupción y contrataciones públicas: un análisis desde la teoría de los conflictos
de interés. Editorial Justicia y Transparencia.
Gómez, J. (2020). La corrupción en las contrataciones públicas: Impactos y soluciones. Editorial
Universitaria.
González, R., y Romero, P. (2020). Sobornos en el sector público: Retos y soluciones. Revista de
Gestión Pública. 35(1), 43-58. https://doi.org/10.1234/rgp.2020.35.1.43.
La corrupción en la función pública se relaciona significativamente con la definición constitucional en
el sector salud en Lima metropolitana 2023-2024, la claridad en las normativas, la delimitación de
responsabilidades y la implementación de mecanismos de control efectivos son clave para reducir la
corrupción y promover una gestión pública ética, transparente y confiable.
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