LA PROBLEMÁTICA DE LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS Y CONFLICTO DE INTERESES EN EL
SECTOR SALUD EN LIMA METROPOLITANA
2023-2024
THE PROBLEM OF PUBLIC PROCUREMENT AND CONFLICT
OF INTEREST IN THE HEALTH SECTOR IN METROPOLITAN
LIMA 2023-2024
Dra. Lourdes Haydee Rubio Ávila
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú
pág. 4173
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18054
La Problemática de las Contrataciones Públicas y Conflicto de Intereses en
el Sector Salud en Lima Metropolitana 2023-2024
Dra. Lourdes Haydee Rubio Ávila1
rubioavila25@hotmail.com
https://orcid.org/0009-00034404-3360
Escuela Universitaria de Posgrado – EUPG
Universidad Nacional Federico Villarreal – UNFV
Lima – Perú
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las contrataciones públicas y el
conflicto de intereses. La gestión estatal enfrenta serios desafíos cuando quienes toman decisiones
presentan vínculos personales, familiares o económicos que afectan la imparcialidad en la adjudicación
de contratos, comprometiendo la transparencia, equidad y eficiencia. Esto puede favorecer actos de
corrupción o favoritismo. Se empleó una metodología cuantitativa, de tipo aplicativa y nivel explicativo,
con una población de 50 personas del sector salud, entre funcionarios, proveedores, pacientes y
comunidades vulnerables. La muestra estuvo compuesta por los mismos 40 individuos de la población.
Los resultados indican que el 59 % y 64 % de los encuestados respondieron “siempre” en relación con
ambas variables. Se concluye que es urgente implementar medidas correctivas y preventivas en las
contrataciones públicas. Promover la transparencia, reforzar los mecanismos de supervisión y establecer
normativas más rigurosas son esenciales para reducir los conflictos de intereses y fomentar una gestión
ética y eficiente.
Palabras clave: funcionario público, contrataciones públicas, conflicto de intereses
1 Autor principal
Correspondencia: rubioavila25@hotmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18054
La Problemática de las Contrataciones Públicas y Conflicto de Intereses en
el Sector Salud en Lima Metropolitana 2023-2024
Dra. Lourdes Haydee Rubio Ávila1
rubioavila25@hotmail.com
https://orcid.org/0009-00034404-3360
Escuela Universitaria de Posgrado – EUPG
Universidad Nacional Federico Villarreal – UNFV
Lima – Perú
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las contrataciones públicas y el
conflicto de intereses. La gestión estatal enfrenta serios desafíos cuando quienes toman decisiones
presentan vínculos personales, familiares o económicos que afectan la imparcialidad en la adjudicación
de contratos, comprometiendo la transparencia, equidad y eficiencia. Esto puede favorecer actos de
corrupción o favoritismo. Se empleó una metodología cuantitativa, de tipo aplicativa y nivel explicativo,
con una población de 50 personas del sector salud, entre funcionarios, proveedores, pacientes y
comunidades vulnerables. La muestra estuvo compuesta por los mismos 40 individuos de la población.
Los resultados indican que el 59 % y 64 % de los encuestados respondieron “siempre” en relación con
ambas variables. Se concluye que es urgente implementar medidas correctivas y preventivas en las
contrataciones públicas. Promover la transparencia, reforzar los mecanismos de supervisión y establecer
normativas más rigurosas son esenciales para reducir los conflictos de intereses y fomentar una gestión
ética y eficiente.
Palabras clave: funcionario público, contrataciones públicas, conflicto de intereses
1 Autor principal
Correspondencia: rubioavila25@hotmail.com
pág. 4174
The Problem of Public Procurement and Conflict of Interest in the Health
Sector in Metropolitan Lima 2023-2024
ABSTRACT
The research aimed to determine the relationship between public procurement and conflict of interest.
State management faces serious challenges when decision-makers have personal, family or economic
ties that affect impartiality in the awarding of contracts, compromising transparency, equity and
efficiency. This can favor acts of corruption or favoritism. A quantitative, application-based and
explanatory methodology was used, with a population of 50 people from the health sector, including
officials, providers, patients and vulnerable communities. The sample was composed of the same 40
individuals in the population. The results indicate that 59% and 64% of respondents answered "always"
in relation to both variables. It is concluded that it is urgent to implement corrective and preventive
measures in public procurement. Promoting transparency, strengthening oversight mechanisms and
establishing more stringent regulations are essential to reduce conflicts of interest and promote ethical
and efficient management.
Keyword: public official, public procurement, conflict of interest
Artículo recibido 05 mayo 2025
Aceptado para publicación: 10 junio 2025
The Problem of Public Procurement and Conflict of Interest in the Health
Sector in Metropolitan Lima 2023-2024
ABSTRACT
The research aimed to determine the relationship between public procurement and conflict of interest.
State management faces serious challenges when decision-makers have personal, family or economic
ties that affect impartiality in the awarding of contracts, compromising transparency, equity and
efficiency. This can favor acts of corruption or favoritism. A quantitative, application-based and
explanatory methodology was used, with a population of 50 people from the health sector, including
officials, providers, patients and vulnerable communities. The sample was composed of the same 40
individuals in the population. The results indicate that 59% and 64% of respondents answered "always"
in relation to both variables. It is concluded that it is urgent to implement corrective and preventive
measures in public procurement. Promoting transparency, strengthening oversight mechanisms and
establishing more stringent regulations are essential to reduce conflicts of interest and promote ethical
and efficient management.
Keyword: public official, public procurement, conflict of interest
Artículo recibido 05 mayo 2025
Aceptado para publicación: 10 junio 2025
pág. 4175
INTRODUCCIÓN
La gestión de las contrataciones estatales es fundamental para garantizar una adecuada administración
de los recursos públicos, buscando adquisiciones de calidad al menor costo posible. Sin embargo, este
proceso puede verse comprometido por conflictos de intereses, que ocurren cuando los servidores
públicos tienen vínculos personales, patrimoniales o familiares que influyen en sus decisiones,
desviándolas del interés general y afectando principios como transparencia, equidad y eficacia. Los
conflictos de intereses ponen en riesgo la imparcialidad y transparencia de la asignación de contratos,
lo que fomenta prácticas corruptas, favoritismo y disminuye la competencia. Esto repercute
negativamente en la calidad de bienes y servicios y en la confianza de la ciudadanía en las entidades
públicas. Es esencial revisar los marcos normativos y sistemas de control para prevenir estas
situaciones, promoviendo una gestión pública íntegra. Para ello, es necesario un enfoque integral que
considere tanto el marco legal como los procedimientos de supervisión y políticas que fomenten la ética,
la transparencia y la responsabilidad en los procesos contractuales del sector público.
Planteamiento del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar la calidad y eficiencia de
bienes y servicios, pero los conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan negativamente
el proceso. Funcionarios que favorecen contratos a allegados priorizan intereses personales sobre
criterios técnicos, lo que distorsiona el uso de los recursos públicos y reduce la confianza ciudadana.
Esto perjudica la competencia, genera sobrecostos y proyectos mal ejecutados, afectando la eficiencia
estatal. Los conflictos de interés también debilitan los mecanismos de control institucional, minan la
transparencia y afectan la legitimidad del Estado, lo que impide una gestión pública adecuada y
equitativa.
Descripción del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar eficiencia, pero los
conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan este proceso. Los funcionarios favorecen
contratos a allegados, priorizando afinidades personales, lo que compromete la objetividad y genera
desconfianza. Los conflictos surgen cuando los vínculos personales o políticos afectan la imparcialidad,
desviando recursos y deteriorando la calidad de los servicios.
INTRODUCCIÓN
La gestión de las contrataciones estatales es fundamental para garantizar una adecuada administración
de los recursos públicos, buscando adquisiciones de calidad al menor costo posible. Sin embargo, este
proceso puede verse comprometido por conflictos de intereses, que ocurren cuando los servidores
públicos tienen vínculos personales, patrimoniales o familiares que influyen en sus decisiones,
desviándolas del interés general y afectando principios como transparencia, equidad y eficacia. Los
conflictos de intereses ponen en riesgo la imparcialidad y transparencia de la asignación de contratos,
lo que fomenta prácticas corruptas, favoritismo y disminuye la competencia. Esto repercute
negativamente en la calidad de bienes y servicios y en la confianza de la ciudadanía en las entidades
públicas. Es esencial revisar los marcos normativos y sistemas de control para prevenir estas
situaciones, promoviendo una gestión pública íntegra. Para ello, es necesario un enfoque integral que
considere tanto el marco legal como los procedimientos de supervisión y políticas que fomenten la ética,
la transparencia y la responsabilidad en los procesos contractuales del sector público.
Planteamiento del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar la calidad y eficiencia de
bienes y servicios, pero los conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan negativamente
el proceso. Funcionarios que favorecen contratos a allegados priorizan intereses personales sobre
criterios técnicos, lo que distorsiona el uso de los recursos públicos y reduce la confianza ciudadana.
Esto perjudica la competencia, genera sobrecostos y proyectos mal ejecutados, afectando la eficiencia
estatal. Los conflictos de interés también debilitan los mecanismos de control institucional, minan la
transparencia y afectan la legitimidad del Estado, lo que impide una gestión pública adecuada y
equitativa.
Descripción del problema
Las adquisiciones públicas en Lima Metropolitana son clave para garantizar eficiencia, pero los
conflictos de interés, especialmente en el sector salud, afectan este proceso. Los funcionarios favorecen
contratos a allegados, priorizando afinidades personales, lo que compromete la objetividad y genera
desconfianza. Los conflictos surgen cuando los vínculos personales o políticos afectan la imparcialidad,
desviando recursos y deteriorando la calidad de los servicios.
pág. 4176
Esto reduce la competencia, aumenta los costos y perjudica la transparencia, debilitando la legitimidad
del Estado y generando proyectos mal ejecutados e ineficientes.
Antecedentes internacionales
Sierra (2021) en el estudio “El concepto riesgo-contrato en la contratación pública”, se analiza el riesgo
como un componente esencial de los contratos estatales, desde una perspectiva de modernidad reflexiva.
La investigación señala que las estructuras institucionales y las categorías tradicionales de contratación
pública deben revisarse ante los cambios del Estado-nación y el derecho. Se concluye que el marco
normativo actual, con excepción de la Ley N.º 1508 de 2012, es insuficiente para abordar la complejidad
del riesgo en los procesos contractuales. El estudio propone que el riesgo sea considerado como parte
estructural del contrato estatal y no como un aspecto accesorio, requiriendo un replanteamiento
normativo acorde con las nuevas dinámicas sociales y económicas.
López y Restrepo (2020) en su análisis sobre los requisitos habilitantes en la contratación estatal, se
aborda esta figura como una herramienta jurídica regulada por la ley y ampliada por la jurisprudencia,
cuyo objetivo es garantizar la idoneidad de los participantes y facilitar la adjudicación del contrato al
postor más conveniente. Sin embargo, advierten que un uso excluyente o discrecional de estos requisitos
puede afectar el principio de selección objetiva. Proponen un estudio normativo y jurisprudencial más
profundo para evitar distorsiones. Destacan que un uso excesivo de los requisitos puede restringir la
competencia, comprometer la transparencia y requerir una interpretación equilibrada que garantice
procesos justos y abiertos.
Vargas (2023) en su estudio analizó el régimen normativo que reguló la contratación pública de
emergencia en Ecuador entre marzo y junio de 2020, durante la pandemia de la COVID-19, basándose
en los estándares internacionales MAPS. Se examinó la aplicación de principios como la contratación
electrónica, la publicidad de los procesos, los plazos legales, los mecanismos de consulta pública, el
monitoreo y el régimen sancionador. La investigación reveló vacíos normativos y deficiencias
estructurales, concluyendo que la legislación no cumplió completamente con los estándares MAPS,
afectando la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Se destacó la necesidad de reformas
para mejorar la gestión de contrataciones en situaciones críticas.
Esto reduce la competencia, aumenta los costos y perjudica la transparencia, debilitando la legitimidad
del Estado y generando proyectos mal ejecutados e ineficientes.
Antecedentes internacionales
Sierra (2021) en el estudio “El concepto riesgo-contrato en la contratación pública”, se analiza el riesgo
como un componente esencial de los contratos estatales, desde una perspectiva de modernidad reflexiva.
La investigación señala que las estructuras institucionales y las categorías tradicionales de contratación
pública deben revisarse ante los cambios del Estado-nación y el derecho. Se concluye que el marco
normativo actual, con excepción de la Ley N.º 1508 de 2012, es insuficiente para abordar la complejidad
del riesgo en los procesos contractuales. El estudio propone que el riesgo sea considerado como parte
estructural del contrato estatal y no como un aspecto accesorio, requiriendo un replanteamiento
normativo acorde con las nuevas dinámicas sociales y económicas.
López y Restrepo (2020) en su análisis sobre los requisitos habilitantes en la contratación estatal, se
aborda esta figura como una herramienta jurídica regulada por la ley y ampliada por la jurisprudencia,
cuyo objetivo es garantizar la idoneidad de los participantes y facilitar la adjudicación del contrato al
postor más conveniente. Sin embargo, advierten que un uso excluyente o discrecional de estos requisitos
puede afectar el principio de selección objetiva. Proponen un estudio normativo y jurisprudencial más
profundo para evitar distorsiones. Destacan que un uso excesivo de los requisitos puede restringir la
competencia, comprometer la transparencia y requerir una interpretación equilibrada que garantice
procesos justos y abiertos.
Vargas (2023) en su estudio analizó el régimen normativo que reguló la contratación pública de
emergencia en Ecuador entre marzo y junio de 2020, durante la pandemia de la COVID-19, basándose
en los estándares internacionales MAPS. Se examinó la aplicación de principios como la contratación
electrónica, la publicidad de los procesos, los plazos legales, los mecanismos de consulta pública, el
monitoreo y el régimen sancionador. La investigación reveló vacíos normativos y deficiencias
estructurales, concluyendo que la legislación no cumplió completamente con los estándares MAPS,
afectando la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Se destacó la necesidad de reformas
para mejorar la gestión de contrataciones en situaciones críticas.
pág. 4177
Páez (2023) en su publicación académica sobre la asignación de recursos sanitarios, el autor analiza los
conflictos de interés en los procesos distributivos del sector salud, proponiendo que deben regirse por
el principio de justicia, con criterios de equidad, bienestar colectivo y atención prioritaria a grupos
vulnerables. Destaca la importancia de que los responsables actúen con imparcialidad para evitar
decisiones sesgadas que generen desigualdades, especialmente en contextos como el mexicano, con
brechas estructurales. El artículo establece fundamentos éticos y normativos para garantizar equidad,
transparencia y acceso adecuado a servicios para los sectores más necesitados en situaciones de escasez.
Sánchez (2022) en su estudio sobre el cuerpo médico chileno y la industria de la salud, se analizaron
los conflictos de interés a través de una encuesta a 799 médicos. Aunque el 83% afirmó no haber tenido
conflictos en los últimos cinco años, muchos aceptaron obsequios y muestras médicas, y un 38,2%
recibió ofertas de financiamiento, aceptando más de un tercio de ellas. Estos conflictos afectan la
independencia clínica y ética de los médicos. Se recomienda establecer programas de formación
continua en bioética y normativas claras para proteger la integridad profesional y priorizar el bienestar
del paciente.
Antecedentes nacionales
Tafur (2021) en su estudio “El Arbitraje Administrativo en la contratación pública peruana: ¿evolución
o contradicción?”, el autor analiza cómo la modernidad ha generado conflictos que la justicia ordinaria
no puede resolver. Destaca el arbitraje como una solución eficaz en disputas especializadas, dado que
el Poder Judicial enfrenta sobrecarga procesal y falta de especialización. Tafur examina el "arbitraje
administrativo" en la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que, aunque ampliamente utilizado,
carece de definición legal clara. Propone una revisión crítica sobre su eficacia y rol en el sistema
contractual peruano.
Mamani-Barrientos et al. (2020), en su estudio sobre las contrataciones públicas en la Municipalidad
Distrital de Pisac en 2019, se evaluó si las adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a 8
UITs cumplían con la Ley de Contrataciones del Estado. A través de un enfoque cualitativo y diseño
descriptivo, se utilizó la técnica de cotejo documental y el software Bizagi para identificar posibles
desviaciones.
Páez (2023) en su publicación académica sobre la asignación de recursos sanitarios, el autor analiza los
conflictos de interés en los procesos distributivos del sector salud, proponiendo que deben regirse por
el principio de justicia, con criterios de equidad, bienestar colectivo y atención prioritaria a grupos
vulnerables. Destaca la importancia de que los responsables actúen con imparcialidad para evitar
decisiones sesgadas que generen desigualdades, especialmente en contextos como el mexicano, con
brechas estructurales. El artículo establece fundamentos éticos y normativos para garantizar equidad,
transparencia y acceso adecuado a servicios para los sectores más necesitados en situaciones de escasez.
Sánchez (2022) en su estudio sobre el cuerpo médico chileno y la industria de la salud, se analizaron
los conflictos de interés a través de una encuesta a 799 médicos. Aunque el 83% afirmó no haber tenido
conflictos en los últimos cinco años, muchos aceptaron obsequios y muestras médicas, y un 38,2%
recibió ofertas de financiamiento, aceptando más de un tercio de ellas. Estos conflictos afectan la
independencia clínica y ética de los médicos. Se recomienda establecer programas de formación
continua en bioética y normativas claras para proteger la integridad profesional y priorizar el bienestar
del paciente.
Antecedentes nacionales
Tafur (2021) en su estudio “El Arbitraje Administrativo en la contratación pública peruana: ¿evolución
o contradicción?”, el autor analiza cómo la modernidad ha generado conflictos que la justicia ordinaria
no puede resolver. Destaca el arbitraje como una solución eficaz en disputas especializadas, dado que
el Poder Judicial enfrenta sobrecarga procesal y falta de especialización. Tafur examina el "arbitraje
administrativo" en la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que, aunque ampliamente utilizado,
carece de definición legal clara. Propone una revisión crítica sobre su eficacia y rol en el sistema
contractual peruano.
Mamani-Barrientos et al. (2020), en su estudio sobre las contrataciones públicas en la Municipalidad
Distrital de Pisac en 2019, se evaluó si las adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a 8
UITs cumplían con la Ley de Contrataciones del Estado. A través de un enfoque cualitativo y diseño
descriptivo, se utilizó la técnica de cotejo documental y el software Bizagi para identificar posibles
desviaciones.
pág. 4178
Los resultados indicaron que la mayoría de las contrataciones cumplían con los requisitos legales,
destacando la importancia de procedimientos técnicos eficientes para fortalecer la gestión pública y
garantizar el uso adecuado de los recursos.
Cossío (2020), en su investigación sobre el conflicto de intereses en la compra pública de
medicamentos, se analiza la obligación de los servidores públicos de actuar con integridad y priorizar
el interés colectivo, especialmente en el sector salud. El estudio plantea dudas sobre si los funcionarios
cuentan con herramientas eficaces para reconocer y enfrentar estos conflictos, cuestionando la
suficiencia del marco normativo actual. Se propone implementar buenas prácticas basadas en modelos
internacionales y evidencia empírica, así como establecer mecanismos de evaluación periódica para
asegurar decisiones alineadas con el interés público y fortalecer la ética en las compras de
medicamentos.
Herrera y Muñoz (2024) en su estudio sobre los conflictos de interés en la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (ETS), los autores advierten que estos pueden alterar la selección de tecnologías o influir
negativamente en las evaluaciones, afectando la objetividad del proceso. Señalan que, a pesar de la
necesidad de transparencia, muchas agencias internacionales carecen de mecanismos obligatorios para
declarar intereses. Proponen que la declaración de conflictos de interés sea obligatoria en todas las ETS,
con el fin de fortalecer la equidad, transparencia y legitimidad en las decisiones sanitarias públicas, y
evitar la aprobación de tecnologías con escasos beneficios.
Justificación de la investigación
La exposición de motivos de una investigación resalta su relevancia en el ámbito académico y la gestión
pública. En las contrataciones estatales, estudiar los conflictos de interés es crucial, ya que afectan
principios como la equidad, eficiencia y transparencia. Analizar esta problemática ayuda a prevenir
prácticas corruptas y fortalecer la integridad en los procesos de adquisición pública.
Justificación teórica. El sustento teórico de la investigación aborda los conflictos de intereses en las
contrataciones públicas desde un enfoque académico y conceptual. Se emplean marcos teóricos que
analizan su impacto en la gestión pública y las estrategias para mitigar sus efectos, promoviendo la
transparencia y eficiencia. La teoría de la agencia destaca cómo los funcionarios pueden anteponer sus
intereses personales al del Estado, favoreciendo la corrupción y el favoritismo.
Los resultados indicaron que la mayoría de las contrataciones cumplían con los requisitos legales,
destacando la importancia de procedimientos técnicos eficientes para fortalecer la gestión pública y
garantizar el uso adecuado de los recursos.
Cossío (2020), en su investigación sobre el conflicto de intereses en la compra pública de
medicamentos, se analiza la obligación de los servidores públicos de actuar con integridad y priorizar
el interés colectivo, especialmente en el sector salud. El estudio plantea dudas sobre si los funcionarios
cuentan con herramientas eficaces para reconocer y enfrentar estos conflictos, cuestionando la
suficiencia del marco normativo actual. Se propone implementar buenas prácticas basadas en modelos
internacionales y evidencia empírica, así como establecer mecanismos de evaluación periódica para
asegurar decisiones alineadas con el interés público y fortalecer la ética en las compras de
medicamentos.
Herrera y Muñoz (2024) en su estudio sobre los conflictos de interés en la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (ETS), los autores advierten que estos pueden alterar la selección de tecnologías o influir
negativamente en las evaluaciones, afectando la objetividad del proceso. Señalan que, a pesar de la
necesidad de transparencia, muchas agencias internacionales carecen de mecanismos obligatorios para
declarar intereses. Proponen que la declaración de conflictos de interés sea obligatoria en todas las ETS,
con el fin de fortalecer la equidad, transparencia y legitimidad en las decisiones sanitarias públicas, y
evitar la aprobación de tecnologías con escasos beneficios.
Justificación de la investigación
La exposición de motivos de una investigación resalta su relevancia en el ámbito académico y la gestión
pública. En las contrataciones estatales, estudiar los conflictos de interés es crucial, ya que afectan
principios como la equidad, eficiencia y transparencia. Analizar esta problemática ayuda a prevenir
prácticas corruptas y fortalecer la integridad en los procesos de adquisición pública.
Justificación teórica. El sustento teórico de la investigación aborda los conflictos de intereses en las
contrataciones públicas desde un enfoque académico y conceptual. Se emplean marcos teóricos que
analizan su impacto en la gestión pública y las estrategias para mitigar sus efectos, promoviendo la
transparencia y eficiencia. La teoría de la agencia destaca cómo los funcionarios pueden anteponer sus
intereses personales al del Estado, favoreciendo la corrupción y el favoritismo.
pág. 4179
Justificación práctica. La fundamentación práctica del estudio se centra en la necesidad de proponer
soluciones para reducir los conflictos de intereses en la contratación pública, que afectan la eficiencia
y transparencia en la gestión de fondos. Estos conflictos favorecen irregularidades y debilitan la
confianza en las entidades públicas. El objetivo es identificar estrategias para optimizar controles,
mejorar la supervisión y fomentar una cultura ética, previniendo la corrupción y protegiendo la
integridad pública.
Justificación metodología. La selección del enfoque metodológico se justifica por la complejidad del
análisis de los conflictos de intereses en las contrataciones estatales, que abordan aspectos normativos,
éticos y administrativos. Se empleará un diseño cuantitativo para establecer relaciones entre datos
estadísticos y conductas. Se realizarán encuestas estructuradas a servidores públicos y expertos en
contratación estatal, y entrevistas semiestructuradas a especialistas en auditoría, ética y derecho
administrativo, con el fin de analizar la frecuencia, características y efectividad de los mecanismos de
control.
Objetivo general
Determinar la relación que existe entre las contrataciones públicas y el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
Hipótesis general
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
MARCO TEÓRICO
Contrataciones Públicas
El enfoque metodológico se justifica por la complejidad de analizar los conflictos de intereses en las
contrataciones estatales, que involucran aspectos normativos y éticos. Se empleará un diseño
cuantitativo para establecer relaciones entre datos estadísticos y conductas, lo que permitirá obtener una
comprensión objetiva sobre la incidencia de estos conflictos. Para ello, se realizarán encuestas y
entrevistas a servidores públicos y expertos en contratación estatal y auditoría, con el objetivo de evaluar
la efectividad de los mecanismos de control existentes en estos procesos. (García, 2020).
Justificación práctica. La fundamentación práctica del estudio se centra en la necesidad de proponer
soluciones para reducir los conflictos de intereses en la contratación pública, que afectan la eficiencia
y transparencia en la gestión de fondos. Estos conflictos favorecen irregularidades y debilitan la
confianza en las entidades públicas. El objetivo es identificar estrategias para optimizar controles,
mejorar la supervisión y fomentar una cultura ética, previniendo la corrupción y protegiendo la
integridad pública.
Justificación metodología. La selección del enfoque metodológico se justifica por la complejidad del
análisis de los conflictos de intereses en las contrataciones estatales, que abordan aspectos normativos,
éticos y administrativos. Se empleará un diseño cuantitativo para establecer relaciones entre datos
estadísticos y conductas. Se realizarán encuestas estructuradas a servidores públicos y expertos en
contratación estatal, y entrevistas semiestructuradas a especialistas en auditoría, ética y derecho
administrativo, con el fin de analizar la frecuencia, características y efectividad de los mecanismos de
control.
Objetivo general
Determinar la relación que existe entre las contrataciones públicas y el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
Hipótesis general
Las contrataciones públicas se relacionan significativamente con el conflicto de intereses en el sector
salud en Lima metropolitana 2023-2024
MARCO TEÓRICO
Contrataciones Públicas
El enfoque metodológico se justifica por la complejidad de analizar los conflictos de intereses en las
contrataciones estatales, que involucran aspectos normativos y éticos. Se empleará un diseño
cuantitativo para establecer relaciones entre datos estadísticos y conductas, lo que permitirá obtener una
comprensión objetiva sobre la incidencia de estos conflictos. Para ello, se realizarán encuestas y
entrevistas a servidores públicos y expertos en contratación estatal y auditoría, con el objetivo de evaluar
la efectividad de los mecanismos de control existentes en estos procesos. (García, 2020).
pág. 4180
Los contratos firmados por entidades públicas no se basan en una relación simétrica entre las partes
contratantes. Las cláusulas exorbitantes, ya sean explícitas o implícitas, son manifestaciones de poderes
especiales otorgados a la administración pública. Estas disposiciones, ajenas a los contratos privados,
se justifican en el rol de la administración como garante y ejecutora de los intereses generales de la
sociedad. (Hernández V. , 2011)
Espejo y Cruz, (2024) El procedimiento de contratación en el sector público garantiza seguridad jurídica
en la ejecución del gasto público, asegurando que los bienes y servicios adquiridos contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la comunidad. La legalidad y transparencia son esenciales para usar
adecuadamente los recursos y cumplir con los fines sociales. El éxito de estos procesos depende de la
preparación de los servidores públicos. Por eso, es vital que reciban formación continua y especializada
para gestionar eficazmente los recursos. Esta capacitación mejora su desempeño y fortalece la eficiencia
del sistema de contrataciones públicas.
Salazar y Angles (2018) El proceso de contratación con el Estado peruano es complejo debido a
deficiencias normativas e institucionales que favorecen la corrupción. La ausencia de un sistema
centralizado dificulta la supervisión eficaz, creando un ambiente propenso a irregularidades y
descoordinaciones. Intervienen once sistemas administrativos establecidos por la Ley N.º 29158, cada
uno con un ente rector, pero la desconexión entre estos órganos y las entidades estatales reduce la
eficiencia del proceso contractual, afectando su funcionamiento adecuado.
De acuerdo con lo expuesto por Montgomery (1972) el modelo administrativo actual otorga autonomía
funcional a los sistemas que gestionan aspectos transversales de los problemas públicos. Mientras los
ministerios lideran áreas específicas como salud o educación, los sistemas administrativos gestionan
procesos como presupuesto o logística, complementando a las entidades temáticas en la ejecución de
políticas públicas. Por ejemplo, para implementar una política educativa, se requieren sistemas
administrativos como planificación o recursos humanos, regulados por entidades externas al Ministerio
de Educación, lo que fortalece la autonomía técnica en la gestión pública. (Salazar y Angles, 2018).
Funcionarios públicos. Un funcionario puede optar por contratar a familiares o amigos, pese a su
prohibición legal, motivado por nepotismo, beneficios económicos, lealtades personales o la percepción
de impunidad. Rose-Ackerman (2018) sostiene que estas decisiones se justifican como medidas de
Los contratos firmados por entidades públicas no se basan en una relación simétrica entre las partes
contratantes. Las cláusulas exorbitantes, ya sean explícitas o implícitas, son manifestaciones de poderes
especiales otorgados a la administración pública. Estas disposiciones, ajenas a los contratos privados,
se justifican en el rol de la administración como garante y ejecutora de los intereses generales de la
sociedad. (Hernández V. , 2011)
Espejo y Cruz, (2024) El procedimiento de contratación en el sector público garantiza seguridad jurídica
en la ejecución del gasto público, asegurando que los bienes y servicios adquiridos contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la comunidad. La legalidad y transparencia son esenciales para usar
adecuadamente los recursos y cumplir con los fines sociales. El éxito de estos procesos depende de la
preparación de los servidores públicos. Por eso, es vital que reciban formación continua y especializada
para gestionar eficazmente los recursos. Esta capacitación mejora su desempeño y fortalece la eficiencia
del sistema de contrataciones públicas.
Salazar y Angles (2018) El proceso de contratación con el Estado peruano es complejo debido a
deficiencias normativas e institucionales que favorecen la corrupción. La ausencia de un sistema
centralizado dificulta la supervisión eficaz, creando un ambiente propenso a irregularidades y
descoordinaciones. Intervienen once sistemas administrativos establecidos por la Ley N.º 29158, cada
uno con un ente rector, pero la desconexión entre estos órganos y las entidades estatales reduce la
eficiencia del proceso contractual, afectando su funcionamiento adecuado.
De acuerdo con lo expuesto por Montgomery (1972) el modelo administrativo actual otorga autonomía
funcional a los sistemas que gestionan aspectos transversales de los problemas públicos. Mientras los
ministerios lideran áreas específicas como salud o educación, los sistemas administrativos gestionan
procesos como presupuesto o logística, complementando a las entidades temáticas en la ejecución de
políticas públicas. Por ejemplo, para implementar una política educativa, se requieren sistemas
administrativos como planificación o recursos humanos, regulados por entidades externas al Ministerio
de Educación, lo que fortalece la autonomía técnica en la gestión pública. (Salazar y Angles, 2018).
Funcionarios públicos. Un funcionario puede optar por contratar a familiares o amigos, pese a su
prohibición legal, motivado por nepotismo, beneficios económicos, lealtades personales o la percepción
de impunidad. Rose-Ackerman (2018) sostiene que estas decisiones se justifican como medidas de
pág. 4181
confianza y eficiencia, aunque representen un conflicto de intereses. Klitgaard (2017) añade que la falta
de fiscalización efectiva incrementa el riesgo de estas prácticas. Asimismo, Transparency International
advierte que, en contextos de corrupción, las redes personales pesan más que el mérito. Según López-
Restrepo (2020), las normas informales y la cultura organizacional también influyen, pues en ambientes
donde el amiguismo es común, los funcionarios sienten presión para seguir este patrón. Así, aunque la
normativa lo prohíba, factores culturales, institucionales y de percepción favorecen decisiones
orientadas a intereses privados sobre el bien común. (Transparency International, 2021)
Corrupción. La contratación pública enfrenta corrupción, pagos indebidos, favoritismo y manipulación
de licitaciones, lo que afecta la competencia, aumenta costos y reduce la calidad. Para mejorar, es
esencial reforzar controles, promover la rendición de cuentas e implementar políticas que aseguren
procesos imparciales y eficientes, fortaleciendo la administración pública y su impacto en el bienestar
colectivo. (Martínez, 2019).
Según Espejo y Cruz (2024), el desvío de fondos compromete los valores éticos y frena el desarrollo al
distorsionar la equidad en la distribución de recursos. En las contrataciones públicas, se observa
preferencia directa por ciertos proveedores y selección de ofertas baratas sin asegurar su cumplimiento,
revelando debilidades estructurales. La falta de vigilancia efectiva facilita prácticas corruptas y afecta
la confianza en el Estado. Por ello, es esencial conducir los procesos con ética y legalidad, garantizando
supervisión y transparencia en cada etapa para evitar su progresivo deterioro.
Mal uso de los recursos públicos. La asignación indebida de contratos públicos a empresas vinculadas
a funcionarios genera sobrecostos, retrasos y baja calidad en los servicios, afectando la eficiencia del
presupuesto estatal y la confianza ciudadana. Estas prácticas deterioran la percepción de las
instituciones gubernamentales y comprometen el gasto público. El estudio propone identificar causas y
consecuencias, implementar políticas de fiscalización rigurosas, capacitar a los funcionarios y fortalecer
los controles para promover una administración pública ética, eficiente y transparente. (Salazar, 2020)
Sobornos. Según González y Romero (2020), el soborno distorsiona la equidad en la toma de decisiones
y disminuye la confianza ciudadana. Para contrarrestarlo, es esencial fortalecer la transparencia,
promover una cultura ética y aplicar sanciones efectivas. Estas acciones permiten garantizar
contrataciones responsables y justas, en beneficio del interés público.
confianza y eficiencia, aunque representen un conflicto de intereses. Klitgaard (2017) añade que la falta
de fiscalización efectiva incrementa el riesgo de estas prácticas. Asimismo, Transparency International
advierte que, en contextos de corrupción, las redes personales pesan más que el mérito. Según López-
Restrepo (2020), las normas informales y la cultura organizacional también influyen, pues en ambientes
donde el amiguismo es común, los funcionarios sienten presión para seguir este patrón. Así, aunque la
normativa lo prohíba, factores culturales, institucionales y de percepción favorecen decisiones
orientadas a intereses privados sobre el bien común. (Transparency International, 2021)
Corrupción. La contratación pública enfrenta corrupción, pagos indebidos, favoritismo y manipulación
de licitaciones, lo que afecta la competencia, aumenta costos y reduce la calidad. Para mejorar, es
esencial reforzar controles, promover la rendición de cuentas e implementar políticas que aseguren
procesos imparciales y eficientes, fortaleciendo la administración pública y su impacto en el bienestar
colectivo. (Martínez, 2019).
Según Espejo y Cruz (2024), el desvío de fondos compromete los valores éticos y frena el desarrollo al
distorsionar la equidad en la distribución de recursos. En las contrataciones públicas, se observa
preferencia directa por ciertos proveedores y selección de ofertas baratas sin asegurar su cumplimiento,
revelando debilidades estructurales. La falta de vigilancia efectiva facilita prácticas corruptas y afecta
la confianza en el Estado. Por ello, es esencial conducir los procesos con ética y legalidad, garantizando
supervisión y transparencia en cada etapa para evitar su progresivo deterioro.
Mal uso de los recursos públicos. La asignación indebida de contratos públicos a empresas vinculadas
a funcionarios genera sobrecostos, retrasos y baja calidad en los servicios, afectando la eficiencia del
presupuesto estatal y la confianza ciudadana. Estas prácticas deterioran la percepción de las
instituciones gubernamentales y comprometen el gasto público. El estudio propone identificar causas y
consecuencias, implementar políticas de fiscalización rigurosas, capacitar a los funcionarios y fortalecer
los controles para promover una administración pública ética, eficiente y transparente. (Salazar, 2020)
Sobornos. Según González y Romero (2020), el soborno distorsiona la equidad en la toma de decisiones
y disminuye la confianza ciudadana. Para contrarrestarlo, es esencial fortalecer la transparencia,
promover una cultura ética y aplicar sanciones efectivas. Estas acciones permiten garantizar
contrataciones responsables y justas, en beneficio del interés público.
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Contrataciones Públicas en el Estado. Las contrataciones públicas permiten a las instituciones
estatales adquirir bienes y servicios de manera transparente y eficiente. Sin embargo, las deficiencias
en los controles y la falta de rendición de cuentas favorecen irregularidades como alteración de
licitaciones y asignación de contratos a entidades no cualificadas. La corrupción en este ámbito
representa un desafío para el bienestar social. Es crucial mejorar la transparencia, establecer controles
rigurosos y reforzar el marco normativo para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.
(Gómez, J, 2020).
Corrrucion en la funcion pública. La corrupción se define como la desviación de la administración
del Estado de su correcto funcionamiento hacia intereses privados. Aunque algunos autores extienden
este concepto al ámbito privado, la corrupción en el sector público es más perjudicial. Implica
comportamientos desviados por intereses personales o beneficios ilícitos, violando normas públicas. La
imputación de corrupción se asocia directamente a la vinculación con la administración pública, ya que
no se considera corrupción estricta fuera de este ámbito. (Ramon, 2014)
Corrupción en la política. La corrupción política es una de las formas más visibles de corrupción a
nivel global, surgiendo dentro de los propios poderes del Estado, responsables de crear un sistema
corrupto. Este fenómeno se alimenta del debilitamiento de las instituciones sociales, contribuyendo a
su vez a ese mismo debilitamiento. Se trata de una estructura organizacional originada y operada desde
el Estado, donde los funcionarios de alto nivel capturan el poder, y las leyes y políticas públicas se ven
influenciadas por sobornos y beneficios indebidos. (Ramon, 2014)
Corrupción administrativa. La corrupción administrativa en las contrataciones públicas y el conflicto
de intereses ocurren cuando los funcionarios abusan de su cargo para obtener beneficios personales,
afectando el interés general. Esto compromete la transparencia, incrementa costos y reduce la calidad
de los servicios. La falta de control y sanciones perpetúa la impunidad, socavando la confianza
ciudadana y dificultando el desarrollo social y económico. (Klitgaard R. , 2017)
El proceso de la corrupción. La corrupción en las contrataciones públicas y los conflictos de intereses
alteran decisiones en el proceso de adquisición estatal, comprometiendo la transparencia y eficiencia en
el uso de recursos públicos para beneficios personales o de terceros. (Rose-Ackerman, S., y Palifka, B,
2016). Además, León (2000)
Contrataciones Públicas en el Estado. Las contrataciones públicas permiten a las instituciones
estatales adquirir bienes y servicios de manera transparente y eficiente. Sin embargo, las deficiencias
en los controles y la falta de rendición de cuentas favorecen irregularidades como alteración de
licitaciones y asignación de contratos a entidades no cualificadas. La corrupción en este ámbito
representa un desafío para el bienestar social. Es crucial mejorar la transparencia, establecer controles
rigurosos y reforzar el marco normativo para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.
(Gómez, J, 2020).
Corrrucion en la funcion pública. La corrupción se define como la desviación de la administración
del Estado de su correcto funcionamiento hacia intereses privados. Aunque algunos autores extienden
este concepto al ámbito privado, la corrupción en el sector público es más perjudicial. Implica
comportamientos desviados por intereses personales o beneficios ilícitos, violando normas públicas. La
imputación de corrupción se asocia directamente a la vinculación con la administración pública, ya que
no se considera corrupción estricta fuera de este ámbito. (Ramon, 2014)
Corrupción en la política. La corrupción política es una de las formas más visibles de corrupción a
nivel global, surgiendo dentro de los propios poderes del Estado, responsables de crear un sistema
corrupto. Este fenómeno se alimenta del debilitamiento de las instituciones sociales, contribuyendo a
su vez a ese mismo debilitamiento. Se trata de una estructura organizacional originada y operada desde
el Estado, donde los funcionarios de alto nivel capturan el poder, y las leyes y políticas públicas se ven
influenciadas por sobornos y beneficios indebidos. (Ramon, 2014)
Corrupción administrativa. La corrupción administrativa en las contrataciones públicas y el conflicto
de intereses ocurren cuando los funcionarios abusan de su cargo para obtener beneficios personales,
afectando el interés general. Esto compromete la transparencia, incrementa costos y reduce la calidad
de los servicios. La falta de control y sanciones perpetúa la impunidad, socavando la confianza
ciudadana y dificultando el desarrollo social y económico. (Klitgaard R. , 2017)
El proceso de la corrupción. La corrupción en las contrataciones públicas y los conflictos de intereses
alteran decisiones en el proceso de adquisición estatal, comprometiendo la transparencia y eficiencia en
el uso de recursos públicos para beneficios personales o de terceros. (Rose-Ackerman, S., y Palifka, B,
2016). Además, León (2000)