LA REINSERCIÓN SOCIAL DEL PENADO Y
LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL PENAL
MIGUEL CASTRO CASTRO 2023-2024
THE SOCIAL REINTEGRATION OF THE
CONVICT AND CITIZEN INSECURITY
IN THE MIGUEL
Dr. Álvarez Torres, Luis Alberto
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

pág. 4443
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18077
La Reinserción Social del Penado y la Inseguridad Ciudadana en el Penal
Miguel Castro Castro 2023-2024
Dr. Álvarez Torres, Luis Alberto1
alvareztorres25@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9820-8827
Escuela Universitaria de Posgrado – EUPG
Universidad Nacional Federico Villarreal-UNFV
Lima – Perú
RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la reinserción social de personas
privadas de libertad y la inseguridad ciudadana en el establecimiento penitenciario miguel castro castro
durante el periodo 2023-2024. se utilizó un método de enfoque cuantitativo, con un diseño aplicado y
nivel explicativo. la población incluyó a personas excarceladas, abogados, jueces y miembros de la
policía nacional del Perú, conformándose una muestra de 135 participantes seleccionados según
criterios específicos. los resultados revelaron una correlación positiva y fuerte entre ambas variables,
con un coeficiente de 0.930 y un nivel de significancia bilateral de 0.000, inferior al valor estándar de
0.05, lo que evidenció una relación estadísticamente significativa. conclusión que una reinserción social
adecuada se relacionó directamente con la reducción de la inseguridad ciudadana, destacándose que una
política eficaz en este ámbito podría contribuir significativamente a disminuir los índices delictivos y
fortalecer la estabilidad social.
Palabras clave: reinserción social, penado, inseguridad ciudadana
1 Autor principal
Correspondencia: alvareztorres25@hotmail.com

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The Social Reintegration of the Convict and Citizen Insecurity
in the Miguel
ABSTRACT
The objective of the research was to determine the relationship between the social reintegration of
people deprived of liberty and citizen insecurity in the Miguel Castro Castro Penitentiary Establishment
during the period 2023-2024. A quantitative approach method was used, with an applied design and
explanatory level. The population included people released from prison, lawyers, judges and members
of the National Police of Peru, forming a sample of 135 participants selected according to specific
criteria. The results revealed a positive and strong correlation between both variables, with a coefficient
of 0.930 and a bilateral significance level of 0.000, lower than the standard value of 0.05, which
evidenced a statistically significant relationship. Conclusion that an adequate social reintegration was
directly related to the reduction of citizen insecurity, highlighting that an effective policy in this area
could contribute significantly to reducing the.
keywords: social reintegration, convict, citizen insecurity
Artículo recibido 05 mayo 2025
Aceptado para publicación: 30 mayo 2025

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INTRODUCCIÓN
Esta investigación abordó la reinserción social de personas privadas de libertad en Perú y Ecuador,
centrada en su relación con la inseguridad ciudadana. El proceso de reintegración se enfrenta a
obstáculos significativos, como la violencia, el crimen organizado y la exclusión social, lo que dificulta
la adaptación de los exreclusos. La desconfianza social y el rechazo hacia ellos limitan sus posibilidades
de reinserción. Se empleó un enfoque metodológico mixto para identificar barreras y se formularon
recomendaciones para mejorar los programas de rehabilitación, teniendo en cuenta las condiciones de
cada país. La tesis se organizó en nueve partes, abordando desde el marco teórico hasta las conclusiones.
Planteamiento del problema
La reinserción social de ex reclusos en Perú y su relación con la inseguridad ciudadana es crucial para
el sistema penal, ya que impacta directamente la seguridad pública y el bienestar social. Sin embargo,
este proceso enfrenta obstáculos como el aumento de la criminalidad, organizaciones delictivas,
exclusión social y la falta de estrategias efectivas de rehabilitación.
La inseguridad, sumada a la escasa implementación de políticas públicas y falta de apoyo, dificulta la
inclusión de los liberados, perpetuando la violencia y afectando su capacidad de adaptación a la vida
civil. Además, las políticas centradas en el control represivo han desviado recursos de áreas como la
lucha contra la pobreza y el empleo. Se requiere un enfoque que priorice la prevención del delito y la
cohesión social para garantizar una reinserción efectiva y romper el ciclo de criminalidad persistente.
Descripción del problema
La reinserción social y la inseguridad ciudadana constituyeron una problemática compleja que afectó
la estabilidad y el desarrollo social en Perú. El proceso de reintegración de ex reclusos, concebido como
un derecho para su rehabilitación y reincorporación a la comunidad, enfrentó desafíos debido a la
creciente inseguridad. Factores como el aumento de la violencia, el crimen organizado y la exclusión
social crearon un entorno hostil que limitó la inserción de los liberados, quienes fueron estigmatizados
y discriminados. Este clima dificultó el acceso a empleo, educación y vivienda, reforzando un ciclo de
marginación y criminalidad. Además, la percepción de inseguridad condujo a políticas públicas
centradas en enfoques represivos en lugar de estrategias inclusivas, debilitando la efectividad de los
programas de resocialización.

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Así como señala, Ibarra (2023) analiza la relación entre la desviación parcial del objeto en la aplicación
de la pena y la tasa de reincidencia en Medellín (2016-2022). Según la Constitución Política de
Colombia, el Estado tiene como fin la protección de la seguridad pública, y el derecho penal debe
garantizar no solo la prevención y salvaguarda de derechos, sino también la reinserción social de los
condenados. Ibarra describe cómo la desviación en la aplicación de la pena afectó la rehabilitación,
evidenciando que la falta de programas adecuados de resocialización contribuyó al aumento de la
reincidencia. Concluye que la falta de un enfoque integral en los programas penitenciarios impactó
negativamente en los índices de reincidencia en la ciudad.
En su estudio titulado La reinserción social post penitenciaria: un reto a la justicia ecuatoriana, Brito y
Alcocer (2021) examinan la relación entre la naturaleza humana, el comportamiento social y la
delincuencia. Sostienen que rasgos destructivos, ya sean innatos o adquiridos, influyen en las conductas
delictivas. Propusieron que la pena, incluida la privación de libertad, debería orientarse a la
rehabilitación y reintegración social mediante políticas públicas eficaces. La investigación, utilizando
un enfoque mixto, analizó la eficacia de los procesos de reinserción en Ecuador, evidenciando
limitaciones en su implementación. Concluyeron que, aunque el sistema penitenciario busca promover
la convivencia, es necesario revisar y fortalecer las políticas públicas para garantizar una reintegración
efectiva y cumplir con los mandatos constitucionales.
Pérez (2019) en su investigación "La reeducación y la reinserción social en prisión: el tratamiento en el
medio penitenciario español", destacó la importancia del tratamiento penitenciario, a menudo mal
comprendido por la sociedad. Señaló que los medios de comunicación suelen enfocarse en el fracaso
de estos procesos, sin reconocer los avances en los centros penitenciarios. El estudio enfatizó que, a
pesar de los retos, la labor resocializadora en las prisiones españolas es extensa y requiere gran
dedicación. La autora ofreció una visión integral del tratamiento penitenciario, subrayando la necesidad
de transformar a los internos en sujetos de derechos y deberes, facilitando su reintegración a la sociedad.
Infante-López et al. (2022) en su estudio "¿Mito o realidad? Inseguridad ciudadana en la parroquia
urbana Alpachaca, en Ibarra-Ecuador", analizaron la seguridad en dicha localidad bajo el marco legal
ecuatoriano. Los autores destacaron la responsabilidad del gobierno en garantizar la seguridad mediante
políticas públicas y acciones integradas.

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La investigación, que combinó enfoques teóricos y empíricos, reveló que Alpachaca sufría altos niveles
de inseguridad, afectando la calidad de vida de los habitantes. La investigación concluyó que, a pesar
de que la seguridad es un derecho fundamental, su implementación en Alpachaca era deficiente. En
respuesta, los autores propusieron un plan de sensibilización comunitaria para empoderar a la población
sobre su derecho a vivir en un entorno seguro.
Guerrero-Conde et al. (2022) en su estudio "Recursos públicos para la seguridad ciudadana en
Portoviejo-Ecuador", analizaron los recursos estatales destinados a la gestión de seguridad en
Portoviejo, Manabí. Basados en el marco teórico de Knoepfel (2007), la investigación utilizó una
metodología aplicada con enfoque analítico. La población estudiada incluyó organismos públicos
relacionados con la seguridad, y la recolección de datos se hizo mediante un cuestionario estructurado
con escala Likert, validado por expertos y con alta confiabilidad (Alfa de Cronbach = 0.925). Los
resultados mostraron que los actores responsables de la gestión de recursos públicos tenían una postura
mayoritariamente neutra sobre su ejecución, con indicadores moderados en áreas clave como la
capacitación, organización, consenso institucional y calidad de la información.
Saldaña (2023) en su investigación “Impacto de la resocialización pos penitenciaria en la reincidencia
delictiva en el distrito judicial de Lima Norte, 2022”, analizó cómo el proceso impulsado por el INPE
incidió en la reducción de la reincidencia. Bajo un enfoque cualitativo y diseño de teoría fundamentada,
se aplicaron entrevistas y análisis documental. Los hallazgos mostraron avances en programas de
reeducación y rehabilitación, pero también limitaciones ante un entorno social adverso. La autora
propuso fortalecer al INPE mediante estrategias eficaces, gestión estable y adecuada asignación de
recursos. Asimismo, destacó la necesidad de una intervención articulada entre instancias del sistema
penitenciario. Concluyó que la resocialización es posible si hay voluntad institucional y políticas
sostenibles.
Delgado (2022) en “Prisionalización y reincidencia delictiva en el Distrito Judicial del Santa”, identificó
una alta correlación entre prisionalización y reincidencia delictiva, a partir de un estudio cuantitativo
con validación experta y análisis estadístico (Rho de Spearman). Concluyó que condiciones carcelarias
inadecuadas incrementan la reincidencia, recomendando al INPE políticas que mitiguen los efectos
negativos del encarcelamiento y promuevan una rehabilitación real.

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Por su parte, Huamán (2021), en “El impacto del delito de sicariato en la percepción de inseguridad
ciudadana”, analizó mediante un enfoque cualitativo cómo el sicariato afecta la percepción de seguridad
en Santa Marina Sur. A través de entrevistas, evidenció el temor generalizado en la población,
destacando la urgencia de fortalecer estrategias de seguridad ciudadana.
El análisis de la información recopilada reveló que la presencia del delito de sicariato había generado
un clima de miedo, inseguridad y desconfianza entre los vecinos, quienes manifestaron temor al
desplazarse por los espacios públicos de su comunidad. En consecuencia, se concluyó que los hechos
de sicariato no solo alteraron la tranquilidad del entorno urbano, sino que también provocaron un
profundo desorden social, afectando negativamente la percepción de seguridad ciudadana entre los
residentes del lugar. (Huaman, 2022)
Justificación teórica
La justificación teórica de la investigación analiza la relación entre la reinserción social de los penados
y la inseguridad ciudadana en el Perú, tomando como caso el penal Miguel Castro Castro. Se destaca
que la violencia y exclusión social dificultan la reintegración de los ex-reclusos, quienes enfrentan
estigmas y barreras para acceder a empleo o vivienda. La investigación propone que la rehabilitación
efectiva requiere políticas públicas integrales que combinen seguridad ciudadana con programas de
reinserción. Concluye que solo un enfoque estructural y articulado permitirá reducir la reincidencia
delictiva y favorecer la aceptación social de los exprivados de libertad.
Justificación práctica
La justificación práctica de esta investigación se centra en la urgente necesidad de mejorar la
reintegración social de los penados, especialmente en contextos de alta inseguridad como el Penal
Miguel Castro Castro. La efectiva reinserción reduce la reincidencia y promueve la convivencia social,
pero enfrenta barreras como el estigma, la falta de empleo y programas de rehabilitación deficientes.
Este estudio identifica esos obstáculos y plantea propuestas para fortalecer las políticas públicas y los
programas de resocialización. Su finalidad es contribuir a un sistema más inclusivo y eficaz que
favorezca la integración de los ex-reclusos y fortalezca la seguridad ciudadana.

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Justificación metodológica
La justificación metodológica de esta investigación busca analizar los factores que dificultan la
reintegración social de los ex-reclusos y su vínculo con la inseguridad ciudadana, especialmente en
casos de robo agravado. Mediante este enfoque, se identifica cómo la reinserción puede influir en la
dinámica delictiva y en la percepción social de inseguridad. El estudio permite evaluar la efectividad
de las políticas de rehabilitación, señalando fallas y proponiendo estrategias para mejorar la
reintegración y reducir los índices de criminalidad.
Limitaciones de la investigación
Como en todo proceso, surgieron obstáculos durante la aplicación de las herramientas de campo,
principalmente por el contexto de alta inseguridad ciudadana y desconfianza hacia los desconocidos, lo
que dificultó la recolección de datos. Inicialmente se planearon entrevistas grupales, pero debido al
entorno adverso, se optó por realizarlas de manera individual. Este ajuste metodológico permitió
generar mayor confianza y obtener respuestas más precisas y genuinas. Así, se garantizó la calidad de
la información recopilada, asegurando el desarrollo adecuado de la investigación pese a las dificultades.
MARCO TEÓRICO
Marco conceptual
La reinserción social busca la reincorporación exitosa de los condenados a la sociedad tras cumplir una
pena privativa de libertad. Este proceso garantiza su derecho a la readaptación y a ser considerados
sujetos de apoyo, no de castigo. Enmarcado en un modelo de prevención especial, su objetivo es
rehabilitar al recluso y reducir la probabilidad de reincidencia delictiva. (Aróstegui, 2020).
La reinserción social busca reincorporar a los condenados a la sociedad tras cumplir su pena. Garantiza
su derecho a la readaptación, considerando al recluso como un sujeto de apoyo. Este proceso se orienta
a su rehabilitación y posterior integración, con el fin de reducir la reincidencia delictiva. (Flores, 2021)
La reinserción social tiene como objetivo reincorporar a los condenados a la sociedad tras cumplir su
pena, garantizando su derecho a la readaptación. Considerando al recluso como sujeto de apoyo, no de
castigo, busca facilitar su adaptación positiva a la comunidad. Este proceso, enfocado en la
rehabilitación, también pretende reducir la reincidencia delictiva y asegurar la posterior integración
social del individuo.

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De esta forma, el rol del juez implica una responsabilidad valorativa compleja, basada en una visión
integral que le permita emitir una decisión justa y coherente con el objetivo resocializador del sistema
penal. (Guevara, 2023)
Las medidas de reintegración social son clave para el éxito del sistema penitenciario. Es esencial que
las entidades competentes implementen acciones efectivas, como el acceso al trabajo y la educación,
para facilitar la readaptación y garantizar la inclusión constructiva y sostenible de los reclusos en la
comunidad. (Menéndez, 2022)
Cuando la víctima es un particular, es necesario demostrar el pago o la existencia de una garantía para
la reparación civil. Si solo interviene el Estado, no es obligatorio acreditar el pago de la reparación ni
los días multa, ya que el Estado puede cobrarlo en el futuro. Si participan ambos, solo se requiere prueba
del pago o garantía para la reparación civil en favor del particular. (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2023)
En las sanciones privativas de libertad, la reintegración social es esencial para mitigar los efectos del
encarcelamiento y ofrecer al condenado una oportunidad de alejarse del delito. No se justifica eliminar
totalmente la inhabilitación permanente, aunque esta debe respetar principios como legalidad,
proporcionalidad, culpabilidad y lesividad. La resocialización aplica únicamente a penas privativas de
libertad. (Rodríguez, 2016)
El tratamiento penitenciario
A partir del análisis, se concluye que el tratamiento penitenciario es el eje de las penas privativas de
libertad, basado en las ciencias del comportamiento y aceptado voluntariamente para fortalecer la
autodeterminación. Este tratamiento busca superar condicionamientos personales y se orienta a la
reeducación y reinserción social mediante intervenciones que brindan recursos para actuar conforme a
la ley. Por su parte, la reinserción implica la implementación de estrategias que faciliten el
mantenimiento de los vínculos sociales del interno, procurando atenuar los efectos desocializadores
propios del encarcelamiento, mediante medidas como visitas, comunicaciones o permisos para salir al
exterior. (Pérez, 2019)
El tratamiento penitenciario no se limita a la reeducación o resocialización, sino que abarca diversos
mecanismos orientados a la reintegración del infractor.

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Según Pinatel, es una intervención conjunta basada en la política criminal vigente y en un diagnóstico
individual. Cada régimen debe adaptarse a criterios criminológicos para modificar rasgos de
personalidad y prevenir la reincidencia, favoreciendo así una reintegración efectiva a la sociedad desde
una perspectiva clínica y personalizada. (Roncal, 2017)
El tratamiento penitenciario es un conjunto de acciones orientadas a transformar la conducta del interno,
promoviendo su reinserción social y reduciendo la reincidencia. Debe basarse en un análisis individual
y desarrollarse progresivamente, mediante intervenciones integrales y programas personalizados
diseñados por especialistas. Este proceso requiere la participación activa del recluso, su entorno familiar
y la comunidad, siguiendo un enfoque colaborativo y sostenible que garantice una verdadera
transformación personal y social, en línea con las políticas públicas de prevención del delito. (Romero,
2019)
Capacitación para el trabajo del interno. La educación y el trabajo son pilares del control y la
reinserción social en el sistema penitenciario, al promover la transformación conductual y la integración
comunitaria. En los penales, el trabajo es obligatorio y se organiza según las habilidades del interno,
quien elige sus tareas. El INPE define programas, recursos y tiempos para su ejecución. (Aróstegui,
2020)
La redención de la pena. Los internos pueden reducir su condena participando en actividades laborales
o educativas debidamente registradas. Tanto procesados como sentenciados acceden a este beneficio,
según la ley aplicable. El tiempo acumulado se computa al solicitar la redención tras ser sentenciados.
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020)
Este beneficio permite a los internos reducir su condena mediante actividades laborales o educativas
registradas por las autoridades. Procesados y sentenciados pueden acceder a la redención, según el
delito. El tiempo acumulado se reconoce al ser sentenciados. En semilibertad, también aplica con
informe del centro y supervisión penitenciaria, descontándose del saldo de la condena. (Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, 2023)
Cultura. En los centros penitenciarios, muchos internos no concluyeron su educación básica, reflejando
una falla del Estado. Esta carencia limita su inserción laboral y dificulta que la educación cumpla su
papel clave en la reinserción social y la integración comunitaria. (Cuba, 2017).

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La falta de educación adecuada y de programas de resocialización limita la reintegración de los internos,
agravada por infraestructuras deficientes, materiales obsoletos y actividades culturales sin continuidad
ni seguimiento.
Los derechos y deberes de los internos. Los internos tienen derechos fundamentales que garantizan
su bienestar físico y mental, incluyendo acceso a servicios médicos, alimentos adecuados, higiene
personal, defensa legal y participación en actividades educativas y laborales. También pueden
comunicarse con sus familiares, recibir notificaciones de ingreso o traslado, y obtener información
sobre su situación jurídica y régimen penitenciario. (Cuba, 2017)
La rehabilitación psicológica del interno. La reinserción social busca corregir conductas delictivas y
facilitar la adaptación a las normas sociales, promoviendo el respeto y la rehabilitación psicológica del
recluso. Las instituciones penitenciarias deben implementar programas integrales que incluyan
educación, capacitación laboral, atención de adicciones y desarrollo de habilidades cognitivas, para una
resocialización efectiva, respetando los derechos humanos y un trato digno. (Cuba, 2017)
El tratamiento de rehabilitación penitenciaria busca reintegrar al interno a la sociedad mediante la
transformación de su conducta delictiva, evaluando su personalidad con herramientas
psicodiagnósticas. Las intervenciones terapéuticas y correctivas, aplicadas de manera individual o
grupal, buscan restaurar la autoestima del recluso, respetando sus derechos y promoviendo su
participación activa, con el fin de facilitar su reinserción y reducir la reincidencia. (Arostegui, 2020)
Etapas de la Reinserción. La reinserción social se divide en tres etapas: primero, un aislamiento inicial
de nueve meses para la reflexión sobre el delito cometido; luego, actividades comunitarias dentro del
penal para fomentar autodisciplina y respeto; y finalmente, la libertad condicional bajo semilibertad,
con supervisión y mayor interacción familiar, evaluando el comportamiento y adaptación social del
recluso.
Según, Brito y Alcocer (2021) La reinserción social consta de tres etapas: un aislamiento inicial de
nueve meses para reflexión sobre el delito, actividades comunitarias dentro del penal para fomentar
autodisciplina y respeto, y finalmente, la libertad condicional bajo semilibertad, con supervisión y
mayor interacción familiar, evaluando el comportamiento y adaptación social del recluso.

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Factores que dificultan el tratamiento de reinserción social para el reo. La reincorporación social
de los exreclusos se ve dificultada por barreras como la falta de formación, problemas de salud mental,
baja autoestima, adicciones y la ausencia de residencia estable. Estas limitaciones sociales obstaculizan
su acceso al empleo, afectando su integración y derechos fundamentales. Estos son: La falta de
oportunidad laboral, la falta de una Ley de Inclusión y la falta de hogar.
Reeducación académica del interno. La educación es esencial en la resocialización de los internos,
siendo un derecho fundamental para su rehabilitación y desarrollo social. En el ámbito penitenciario,
debe ser vista como una intervención terapéutica que promueva el cambio personal, evitando que la
pena se convierta en un periodo de inactividad despersonalizante. (Cuba, 2017)
Capacitación para el trabajo del interno. El trabajo y la educación en prisión son esenciales para la
rehabilitación y reintegración de los internos. Ambos se utilizan para modificar conductas, facilitando
su reinserción social. El trabajo es obligatorio y adaptado a las habilidades de los reclusos, con recursos
y programas suministrados por el INPE, mientras que la mayoría de internos solicita poder estudiar y
trabajar durante su condena.
Inseguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una tarea conjunta entre el Estado y la población
para garantizar el bienestar colectivo y erradicar la violencia. Aunque el Perú y otros países
latinoamericanos aún no priorizan este objetivo, una encuesta mostró que el 54% de los ciudadanos
considera que la lucha contra la delincuencia debe ser el foco principal del gobierno. (Huapaya, 2022)
El temor a la delincuencia afecta tanto a la ciudadanía como a los gobiernos, deteriorando la salud
mental y la confianza en las instituciones. La inseguridad está vinculada al aumento de la violencia,
obstaculizando el desarrollo económico, limitando la reducción de la pobreza y afectando la calidad de
vida. (Oregon, 2022)
En contraste, el fenómeno de la inseguridad ciudadana abarca cualquier acto delictivo que viole las
leyes y normas establecidas como un consenso social. Desde una perspectiva más personal o ciudadana,
la inseguridad se entiende como cualquier delito que atente contra los derechos fundamentales de los
individuos, tal como están establecidos en la Constitución de la República y en los tratados
internacionales que protegen el bienestar y los derechos de los actores sociales, con el fin de preservar
la integridad de los ciudadanos. (Irigoín, 2022)

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Las causas
El primer objetivo analizó las causas individuales y contextuales de la percepción de inseguridad en
entornos urbanos, considerando las diferencias de género. Se examinó cómo hombres y mujeres
experimentan la inseguridad de manera distinta. El segundo objetivo comparó dos enfoques para definir
la inseguridad percibida, como variable de riesgo compuesto y como variable latente, identificando
variaciones en la explicación del fenómeno. El tercer objetivo exploró cómo los niveles
socioeconómicos AB interpretan la inseguridad, considerando la influencia de los medios de
comunicación y el contexto de descentralización y vigilancia mediática. (Huaman, 2022)
Según una encuesta de IPSOS Perú (2015), el 42% de la población consideró que la inseguridad se
originaba en la corrupción y la ineficacia del sistema judicial, mientras que otro 42% lo atribuyó a la
pérdida de valores éticos y morales. Además, el 39% mencionó la falta de un marco legal adecuado y
el 37% destacó la deficiencia y corrupción en las instituciones policiales. (Huapaya, 2022)
El análisis identificó factores estructurales que agravan la inseguridad, como la descomposición familiar
y la falta de políticas de seguridad eficaces en algunas zonas. Esto favoreció la proliferación de la
violencia y el crimen. Como solución, se propuso fortalecer el sistema educativo, promoviendo
formación técnica y emprendimiento en los hogares, para mejorar las condiciones económicas y
fomentar una cultura de prevención, responsabilidad y cohesión social, contribuyendo a la seguridad a
largo plazo. (Mariño, 2022)
La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades en zonas urbanas marginadas promovieron
conductas agresivas y un aumento de los índices delictivos. La escasez de recursos y servicios básicos
generó contextos propensos a la violencia. Además, el desempleo y la falta de acceso a trabajos dignos
impulsaron transgresiones sociales. El bajo nivel educativo también se vinculó con el incremento del
crimen. Se identificaron cinco enfoques teóricos para entender la inseguridad: incivilidad,
victimización, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social y redes sociales debilitadas, proporcionando
diversas perspectivas sobre el fenómeno. (Llerena, 2022)
La ciudadanía. La ciudadanía fue inicialmente vista como un vínculo que permitía a los individuos
participar en la vida política y pública, integrándolos a una sociedad organizada. Tradicionalmente, se
entendía como una meta alcanzada mediante el desarrollo comunitario y la práctica de virtudes.

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Sin embargo, la perspectiva liberal transformó esta noción al desvincularla de su dimensión ética,
convirtiéndola en una condición meramente legal y política, y restando importancia a su contenido
moral y al sentido de pertenencia social. (Moreno, 2003)
La pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y
administrar justicia fue un factor relevante. A pesar de evaluaciones positivas en comparación con otros
países de la región, la percepción pública reflejó insatisfacción con el desempeño de los organismos
responsables de prevenir el delito. Las encuestas confirmaron que el aumento de la inseguridad
correlacionaba con el escepticismo hacia las autoridades. Este fenómeno estuvo influido por variables
como el nivel socioeconómico, la educación, el género, la edad, la ideología y el lugar de residencia,
evidenciando desajustes institucionales y falta de reformas adecuadas. (Zavaleta, 2012)
Consecuencias
La inseguridad afectó profundamente a individuos y sociedad, repercutiendo en los ámbitos político,
jurídico, económico y social. Provocó una pérdida de confianza en el Estado y en el sistema legal,
debilitando las instituciones y generando incertidumbre. Además, aumentó los problemas de salud
mental, como ansiedad y depresión, afectando especialmente a las zonas vulnerables. Económicamente,
la inseguridad redujo el valor de las propiedades en áreas peligrosas y elevó los precios en zonas más
seguras, reflejando el impacto directo de este fenómeno en el mercado inmobiliario y el desarrollo
urbano. (Huapaya, 2022)
El diagnóstico de la inseguridad en la zona de estudio evidenció varios efectos negativos, como el
crecimiento de pandillas, disturbios, robos, hurtos y vandalismo en propiedades públicas y privadas.
También se notó una disminución en los valores sociales, afectando la educación familiar y el respeto
a la autoridad, lo que generó desconfianza en las autoridades. Esta situación motivó una investigación
para analizar la relación entre los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la seguridad y la
propiedad, y la frecuencia de los delitos, buscando comprender cómo estos derechos eran vulnerados
por la creciente inseguridad. (Mariño, 2022)
Precepción de la inseguridad ciudadana
La percepción de inseguridad ciudadana, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales del
INEI (2016), se define como la sensación de la población frente a la posibilidad de ser víctima de un

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delito o de sufrir daño físico o moral. Esta percepción está vinculada a la vulneración de derechos y al
temor a los riesgos relacionados con el crimen. Es una evaluación subjetiva basada en la experiencia y
percepción personal de los riesgos en el entorno, medida durante 12 meses para capturar variaciones en
el tiempo. (Huapaya, 2022)
Delitos de mayor frecuencia social. Al inicio de la investigación, se abordó la inseguridad ciudadana
como un fenómeno complejo y multidimensional. Dada su amplitud, se optó por centrar el análisis en
los delitos de mayor frecuencia social (DMFS), los cuales ocurren con regularidad y afectan
directamente la percepción de seguridad. Estos delitos generan gran preocupación en la comunidad por
su impacto constante y visible. A partir de ello, se presentan los conceptos clave para comprender sus
causas e implicancias. (Irigoín, 2022)
Teoría de la incivilidad. La teoría de la incivilidad, influenciada por la desorganización social, sostiene
que el deterioro físico y social en áreas urbanas genera una mayor sensación de inseguridad. La falta de
cohesión social y apoyo institucional incrementa la vulnerabilidad al delito, creando un entorno de
descontrol. Este contexto de desorden generalizado provoca una percepción colectiva de exposición al
riesgo, exacerbada por la falta de atención de las autoridades. (Llerena, 2022)
Teoría de la Victimización. La teoría de la victimización sostiene que las personas que han sido
víctimas de un delito experimentan mayor inseguridad que aquellas que no lo han sido. Se distingue
entre victimización directa, sufrida por la persona, e indirecta, a través de experiencias ajenas. La
victimización directa tiene efectos duraderos, aumentando la vulnerabilidad y sensación de inseguridad,
incluso cuando no existe una amenaza directa. (Vilalta, 2010)
Teoría de las Redes Sociales. La teoría de las redes sociales afirma que la percepción de inseguridad
está influenciada por el apoyo de amistades y familiares. Redes más fuertes reducen el impacto de la
victimización en el miedo al crimen. Estas redes favorecen la seguridad, promoviendo la comunicación,
cohesión y recursos comunitarios para prevenir la delincuencia. El estudio también destaca la
colaboración de las Juntas Vecinales con la Policía y la Municipalidad de Lince para fortalecer la
protección comunitaria. (Llerena, 2022)
Filosóficamente. El concepto de prisión no surgió de los códigos penales modernos, sino de prácticas
sociales previas a la formalización legal del castigo. Sociológicamente, se implementaron mecanismos

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para clasificar, organizar y controlar a las personas, buscando maximizar su rendimiento y moldear su
conducta mediante la educación, la regulación de comportamientos y vigilancia constante. A finales del
siglo XVIII y XIX, la prisión se consolidó como sanción principal, convirtiéndose en un medio para
reformar a los individuos mediante trabajo y disciplina. (Foucault, 2002)
Según, (Foucault, 2002), penas como la reclusión, la prisión y los trabajos forzados deben verse como
sanciones físicas, en contraste con medidas como la multa, que afectan indirectamente al cuerpo. Estas
sanciones buscaban la privación de libertad, imponiendo control y obediencia sobre el cuerpo. La
prisión, además, se concebía como un espacio para que el individuo reconozca su condición existencial,
donde el cuerpo se convierte en el vehículo para expresar y comprender la pérdida de libertad. Las
marcas físicas del encarcelamiento reflejan la historia personal del recluso.
Según lo expuesto por Zaffaroni (1997) el encierro debía infligir el menor daño posible, respetando la
dignidad y los derechos humanos del individuo. A lo largo del tiempo, los enfoques filosóficos sobre el
castigo han variado, pero las prácticas penales tradicionales pasaron por alto los impactos negativos del
encarcelamiento. Zaffaroni criticó la ineficacia de modelos como la readaptación y la reinserción social,
que, aunque reformadores, no lograron mejorar las condiciones en los centros penitenciarios ni
garantizar una reintegración exitosa del recluso.
MÉTODO
La investigación se desarrolló bajo una metodología de tipo cuantitativo, la cual se orientó a medir y
analizar los resultados con base en datos numéricos. Este enfoque permitió describir y comprender con
precisión y objetividad el comportamiento de un fenómeno social específico. Se distinguió por
combinar la revisión de fundamentos teóricos relevantes con la recopilación directa de información
proporcionada por los participantes. De esta manera, se logró construir un panorama analítico
sustentado en evidencia empírica, contribuyendo así a una interpretación más rigurosa de la realidad
estudiada.
Tipo de investigación
Este estudio es de tipo básico, con un enfoque descriptivo y explicativo. El alcance descriptivo busca
detallar los factores asociados a los beneficios penitenciarios, mientras que el explicativo analiza las
decisiones de los participantes para entender mejor el problema.

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Con un diseño no experimental, se aplicó un cuestionario en un solo momento para describir y analizar
los resultados, sin intervención de las variables. (Ramos, 2020)
Población
La población es indispensable para toda investigación, según Arias-Gómez, et al, (2016) . Definir
adecuadamente la población es crucial en cualquier investigación, ya que, una vez que se obtienen los
resultados de la muestra, estos podrán ser extrapolados al total de la población. En este caso específico,
la población se conforma por abogados, empleados del INPE y personas que han sido excarceladas,
sumando un total de 135 personas, Exreclusos, personas liberadas, policías, abogados, jueces y
representantes del Serenazgo.
Muestra
La muestra constituye una porción o subgrupo del conjunto total de la población sobre la cual se llevará
a cabo la investigación. Se utilizan distintos procedimientos, como fórmulas, razonamientos y otros
métodos que se abordarán más adelante, para calcular la cantidad de elementos que la integran. En
resumen, la muestra debe reflejar fielmente a la población. (López, 2004)
Mediante el uso de una fórmula estadística, se determinó que la muestra necesaria para la encuesta debía
consistir en 98 personas.
𝑛 = 96 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.032(96−1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95 = 98
La muestra, en este contexto, representa un subconjunto de la población total, y corresponde a un plan
de acción previamente estructurado (muestreo) con el objetivo de obtener conclusiones que puedan ser
generalizadas a toda la población. En este estudio, la muestra está conformada por 98 personas: 30
exreclusos, 20 personas liberadas, 20 policías, 5 abogados, 5 jueces y 18 representantes del Serenazgo
Instrumentos
El investigador recolectó información directamente mediante encuestas, utilizando un cuestionario
estructurado dentro del enfoque cuantitativo. Este instrumento facilitó la obtención de datos precisos en
un solo momento, permitiendo medir objetivamente las variables del estudio.

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Las preguntas fueron redactadas y organizadas estratégicamente para garantizar respuestas claras y
pertinentes, optimizando así el análisis estadístico y asegurando la sistematicidad del proceso
investigativo. En ese sentido, Galán (2009) señaló que este tipo de instrumento representa una
herramienta clave en los estudios científicos, ya que reúne un conjunto de preguntas destinadas a
obtener datos relevantes directamente de los participantes, facilitando así el análisis del fenómeno en
estudio.
El cuestionario
Según Medina-Rojas et al. (2023), el cuestionario fue un instrumento clave para la recolección de datos,
siempre que se aplicara con rigurosidad. Un diseño adecuado permitió obtener información confiable y
útil, mientras que una elaboración deficiente generó resultados imprecisos. Por ello, se priorizó una
construcción metodológica sólida y una aplicación responsable para asegurar la validez de los datos
recopilados.
Procedimientos
El proceso investigativo siguió diversas fases, iniciando con la identificación del problema y la
definición de los objetivos del estudio.
A continuación, se construyeron las bases teóricas, considerando las doctrinas, teorías y marcos legales
pertinentes. Seguido de esto, se eligió el método de investigación adecuado, estableciendo el enfoque,
diseño y delimitando la muestra a analizar. Luego, los datos recolectados fueron procesados y
analizados, lo que permitió formular las conclusiones y recomendaciones, con el fin de dar respuesta al
problema planteado al inicio.
Análisis de datos
El tratamiento e interpretación de datos se realizó mediante herramientas estadísticas y software
especializado. Para el análisis descriptivo se usaron distribuciones de frecuencia representadas en
gráficos de barras, facilitando la comprensión de los resultados. En el análisis inferencial se aplicó el
coeficiente Rho de Spearman, a fin de contrastar hipótesis y examinar la relación entre variables
categóricas.

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Consideraciones éticas
La investigación respetó los principios éticos del quehacer científico, garantizando la confidencialidad
de los participantes, el uso responsable de la información y el reconocimiento a los autores según
normas APA. Además, se siguieron estrictamente las directrices de la Universidad Nacional Federico
Villarreal, asegurando integridad académica y transparencia en todo el proceso.
RESULTADOS
Según lo expresado por Medina-Rojas et al. (2023), los resultados derivados de la aplicación de
encuestas solían organizarse y presentarse mediante tablas de frecuencia y recursos gráficos que
facilitaran su interpretación visual. Para asegurar una adecuada presentación de los datos, se recurrió
tanto a herramientas de estadística descriptiva, que permitieron resumir las características básicas de la
información recolectada, como a procedimientos de estadística inferencial, los cuales facilitaron la
formulación de conclusiones más amplias y generalizables a partir de los hallazgos obtenidos durante
el estudio.
Variable X: La reinserción social
Dimensión: El tratamiento penitenciario
Dimensión: Etapas de la reinserción
Variable Y: La inseguridad ciudadana
Dimensión: Las causas
Dimensión: Delitos de mayor frecuencia social
Contrastación de hipótesis
Tabla 1 Hipótesis general
La reinserción
social
La inseguridad
ciudadana
Rho de
Spearman
La reinserción
social
Coeficiente de correlación 1,000 ,930
Sig. (bilateral) 000
N 98 98
La inseguridad
ciudadana
Coeficiente de correlación 930 1,000
Sig. (bilateral) 000
N 98 98
Nota. Según la Tabla 1, se analizó la relación entre reinserción social e inseguridad ciudadana, obteniéndose un coeficiente de
correlación de 0.930, lo que indicó una relación positiva y fuerte. El nivel de significancia fue de 0.000, inferior al umbral de
0.05, confirmando la validez estadística del resultado. Por ello, se aceptó la hipótesis alternativa y se rechazó la hipótesis nula
planteada en el estudio.

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Tabla 2 Hipótesis especifica 01
La reinserción
social
Las causas
Rho de
Spearman
La reinserción
social
Coeficiente de correlación 1,000 ,896
Sig. (bilateral) ,000
N 98 98
Las causas Coeficiente de correlación ,896 1,000
Sig. (bilateral) ,000
N 98 98
Nota. La Tabla 2 mostró una correlación positiva y fuerte (r = 0.896) entre la reinserción social y las causas. El valor de
significancia (p = 0.000) fue menor al umbral de 0.05, confirmando que la relación es estadísticamente significativa. En
consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, validando la existencia de una asociación
entre las variables analizadas.
Tabla 3- Hipótesis especifica 2
La inseguridad
ciudadana
El tratamiento
penitenciario
Rho de
Spearman
La inseguridad
ciudadana
Coeficiente de correlación 1,000 ,769
Sig. (bilateral) ,000
N 98 98
El tratamiento
penitenciario
Coeficiente de correlación ,769 1,000
Sig. (bilateral) ,000
N 98 98
Nota. La Tabla 3 mostró una correlación positiva entre inseguridad ciudadana y tratamiento penitenciario, con un coeficiente
de r = 0.769. Este resultado indicó que una mayor percepción de inseguridad se relacionaba con la calidad del tratamiento en
prisión. El nivel de significancia (p = 0.000) fue menor al umbral de 0.05, confirmando la validez estadística. Por tanto, se
rechazó la hipótesis nula y se respaldó la hipótesis de investigación.
Tabla 4 Hipótesis especifica 3
Las etapas de
la reinserción
Los delitos de mayor
frecuencia social
Rho de
Spearman
Las etapas de la
reinserción
Coeficiente de correlación 1,000 ,787
Sig. (bilateral) ,000
N 98 98
Los delitos de
mayor
frecuencia social
Coeficiente de correlación ,787 1,000
Sig. (bilateral) ,000
N 98 98
Nota. La Tabla 4 mostró una correlación positiva (r = 0.787) entre las etapas de reinserción social y los delitos de mayor
incidencia, indicando una relación directa y significativa. El nivel de significancia fue p = 0.000, menor al valor crítico de
0.05, lo que confirmó que la relación no fue producto del azar. Por ello, se rechazó la hipótesis nula y se validó la hipótesis de
investigación planteada.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. Se analizó la relación entre la reinserción social de los internos y la inseguridad ciudadana en el Penal
Miguel Castro Castro (2023-2024). Con un coeficiente de 0.930, se evidenció una correlación fuerte y
positiva entre ambas variables. El nivel de significancia bilateral fue de 0.000, confirmando la validez
estadística de la relación. Por ello, se aceptó la hipótesis alternativa y se rechazó la hipótesis nula.

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En relación a este tema, Pérez (2019) indicó que el tratamiento penitenciario suele ser mal comprendido
por la sociedad. Los medios resaltan sus fracasos, lo que genera desconocimiento sobre sus beneficios.
Sin embargo, los profesionales del sistema penitenciario realizan un arduo trabajo en reeducación y
reinserción, enfrentando múltiples desafíos para implementar programas efectivos dentro del entorno
carcelario, lo cual requiere esfuerzo constante y compromiso frente a condiciones muchas veces
adversas.
2. Saldaña (2023) analizó el impacto del proceso de resocialización del INPE en la disminución de la
reincidencia delictiva en Lima Norte durante 2022. Aunque se identificaron avances en programas de
reeducación y rehabilitación, no se comprobó que los internos adquirieran habilidades suficientes para
reintegrarse plenamente en una sociedad hostil. El estudio propuso recomendaciones al INPE para
mejorar las estrategias institucionales y subrayó que la resocialización requiere compromiso, estabilidad
en la gestión y adecuada asignación de recursos. Concluyó que la resocialización es posible, pero
advirtió que para ello se requería un compromiso decidido por parte de las autoridades institucionales.
Señaló que la inestabilidad en la gestión penitenciaria y la falta de asignación adecuada de recursos eran
obstáculos importantes que debían ser superados para alcanzar una verdadera resocialización de los
reclusos.
3. Saldaña (2023) evaluó el impacto de la resocialización del INPE en la reincidencia delictiva en Lima
Norte (2022). Pese a avances en programas de reeducación, no se comprobó una reintegración efectiva
de los internos. El estudio recomendó al INPE fortalecer sus estrategias, destacando que la
resocialización requiere compromiso institucional, gestión estable y adecuada asignación de recursos
para superar los obstáculos y lograr resultados sostenibles.
De acuerdo con lo expuesto por Delgado (2022) investigó la relación entre prisionalización y
reincidencia delictiva en el Distrito Judicial del Santa (2021) empleando un enfoque cuantitativo.
Utilizó un cuestionario validado por expertos en metodología y derecho penal. Los resultados mostraron
una correlación positiva alta: a mayor prisionalización, mayor probabilidad de reincidencia, según la
prueba Rho de Spearman. El autor recomendó al INPE fortalecer sus políticas penitenciarias para
mitigar los efectos negativos de la prisionalización.

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4. Respecto al tercer objetivo específico, se determinó una relación positiva entre las etapas de
reinserción social y la ocurrencia de delitos frecuentes en el Penal Miguel Castro Castro (2023-2024).
El análisis estadístico arrojó un coeficiente de r = 0.787 y un nivel de significancia p = 0.000,
confirmando una asociación estadísticamente significativa. A mayor avance en la reinserción, se
observó mayor vinculación con delitos comunes, en virtud de estos resultados, se procedió a rechazar
la hipótesis nula, aceptando en su lugar la hipótesis de investigación.
En relación con lo anterior, Huamán (2022) investigó el impacto del sicariato en la percepción de
inseguridad en la Urbanización Santa Marina del Sur (2021). A través de entrevistas, los residentes
expresaron altos niveles de temor y desconfianza. El estudio reveló que los delitos vinculados al
sicariato afectaron directamente su sensación de seguridad, alterando su rutina y generando un clima de
tensión. Se concluyó que el sicariato incrementó el desorden social y la percepción de inseguridad
ciudadana.
CONCLUSIONES
Habiéndose determinado la relación que existe entra la reinserción social del penado y la inseguridad
ciudadana, se ha identificado una relación significativa entre la reinserción social y la inseguridad
ciudadana. Los análisis estadísticos llevados a cabo en el estudio han revelado una correlación positiva
y significativa, lo que implica que una reinserción social adecuada podría contribuir a la reducción de
la inseguridad en la comunidad.
Se estableció la relación que existe entre la reinserción social con las causas, el estudio ha demostrado
que los programas de reinserción social en el sistema penitenciario desempeñan un papel esencial en la
rehabilitación de los reclusos. Estos programas ayudan a reducir la reincidencia delictiva, lo cual, a su
vez, genera un efecto positivo en la seguridad pública.
Se estableció la relación que existe entre la inseguridad ciudadana con el tratamiento penitenciario, los
resultados obtenidos subrayan la importancia de fortalecer los procesos y estrategias de reinserción
social dentro del penal, orientándolos hacia la mejora de las condiciones de vida de los reclusos y su
preparación para la reintegración a la sociedad. Esto incluye la implementación de programas
educativos, laborales y psicológicos que favorezcan una reintegración exitosa

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Se estableció la relación que existe entre las etapas de la reinserción con los delitos de mayor frecuencia
social, el estudio resalta que la inseguridad ciudadana influye considerablemente en los procesos de
reinserción social. En muchos casos, la sensación de inseguridad en las comunidades dificulta la
integración de los exreclusos, lo que subraya la necesidad de implementar un enfoque más completo
que aborde tanto la rehabilitación de los reclusos como la mejora de la seguridad en las comunidades.
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