LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO
DE LOLOTLA, HIDALGO:
¿UN DERECHO O UN PRIVILEGIO?
EDUCATION IN THE MUNICIPALITY OF LOLOTLA,
HIDALGO: A RIGHT OR A PRIVILEGE?
Humberto Medina Arellano
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
pág. 9004
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18531
La Educación en el Municipio de Lolotla, Hidalgo:
¿Un Derecho o un Privilegio?
Humberto Medina Arellano1
humberto_medina@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0002-6816-5330
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
Este estudio examina si la educación en el municipio de Lolotla, Hidalgo, se ejerce como un derecho
plenamente garantizado o si su acceso se encuentra condicionado por factores estructurales. A través
del análisis de datos oficiales provenientes de INEGI, CONEVAL, CONAPO y la SEP, se evalúan
indicadores clave como el rezago educativo, el analfabetismo, la cobertura y la deserción escolar, en
relación con contextos de pobreza, marginación y diversidad lingüístico-cultural. Los hallazgos
evidencian altos niveles de pobreza multidimensional (77.4 %), rezago educativo (26.9 %) y
analfabetismo persistente, lo cual limita el ejercicio efectivo del derecho a la educación. El estudio
concluye que, en Lolotla, la educación opera más como un privilegio condicionado que como un
derecho universal, y propone acciones focalizadas y líneas de investigación adicionales para reducir las
brechas existentes.
Palabras clave: educación rural, derecho a la educación, marginación social, rezago educativo, pobreza
1 Autor principal.
Correspondencia: humberto_medina@uaeh.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18531
La Educación en el Municipio de Lolotla, Hidalgo:
¿Un Derecho o un Privilegio?
Humberto Medina Arellano1
humberto_medina@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0002-6816-5330
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
Este estudio examina si la educación en el municipio de Lolotla, Hidalgo, se ejerce como un derecho
plenamente garantizado o si su acceso se encuentra condicionado por factores estructurales. A través
del análisis de datos oficiales provenientes de INEGI, CONEVAL, CONAPO y la SEP, se evalúan
indicadores clave como el rezago educativo, el analfabetismo, la cobertura y la deserción escolar, en
relación con contextos de pobreza, marginación y diversidad lingüístico-cultural. Los hallazgos
evidencian altos niveles de pobreza multidimensional (77.4 %), rezago educativo (26.9 %) y
analfabetismo persistente, lo cual limita el ejercicio efectivo del derecho a la educación. El estudio
concluye que, en Lolotla, la educación opera más como un privilegio condicionado que como un
derecho universal, y propone acciones focalizadas y líneas de investigación adicionales para reducir las
brechas existentes.
Palabras clave: educación rural, derecho a la educación, marginación social, rezago educativo, pobreza
1 Autor principal.
Correspondencia: humberto_medina@uaeh.edu.mx
pág. 9005
Education in the Municipality of Lolotla, Hidalgo:
A Right or a Privilege?
ABSTRACT
This study examines whether education in the municipality of Lolotla, Hidalgo, is exercised as a fully
guaranteed right or whether its access is conditioned by structural factors. Using official data from
INEGI, CONEVAL, CONAPO, and the SEP, the analysis focuses on key indicators such as educational
lag, illiteracy, school coverage, and dropout rates, in connection with poverty, marginalization, and
linguistic-cultural diversity. Findings reveal high levels of multidimensional poverty (77.4%),
educational lag (26.9%), and persistent illiteracy, which hinder the effective exercise of the right to
education. The study concludes that, in Lolotla, education functions more as a conditional privilege
than as a universal right, and it proposes targeted policy actions and further research to reduce existing
disparities.
Keywords: rural education, right to education, social marginalization, educational lag, poverty
Artículo recibido 25 mayo 2025
Aceptado para publicación: 30 junio 2025
Education in the Municipality of Lolotla, Hidalgo:
A Right or a Privilege?
ABSTRACT
This study examines whether education in the municipality of Lolotla, Hidalgo, is exercised as a fully
guaranteed right or whether its access is conditioned by structural factors. Using official data from
INEGI, CONEVAL, CONAPO, and the SEP, the analysis focuses on key indicators such as educational
lag, illiteracy, school coverage, and dropout rates, in connection with poverty, marginalization, and
linguistic-cultural diversity. Findings reveal high levels of multidimensional poverty (77.4%),
educational lag (26.9%), and persistent illiteracy, which hinder the effective exercise of the right to
education. The study concludes that, in Lolotla, education functions more as a conditional privilege
than as a universal right, and it proposes targeted policy actions and further research to reduce existing
disparities.
Keywords: rural education, right to education, social marginalization, educational lag, poverty
Artículo recibido 25 mayo 2025
Aceptado para publicación: 30 junio 2025
pág. 9006
INTRODUCCIÓN
El presente artículo aborda el tema del derecho a la educación en contextos de alta marginación y
pobreza, específicamente en el municipio de Lolotla, Hidalgo. A pesar de que el derecho a la educación
está consagrado en instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, su ejercicio en territorios rurales e indígenas como Lolotla enfrenta múltiples barreras
estructurales que cuestionan su universalidad. Este estudio busca comprender si, en dicho municipio, la
educación se ejerce como un derecho garantizado o si, en la práctica, se convierte en un privilegio
condicionado por la exclusión social.
El problema de investigación se centra en identificar las limitaciones reales que enfrentan niños, niñas
y adolescentes para acceder y permanecer en el sistema educativo en Lolotla. Se parte del vacío en la
literatura local respecto al análisis integral de las condiciones educativas en este municipio específico,
donde las estadísticas muestran altos niveles de pobreza multidimensional, rezago educativo y barreras
socioculturales que dificultan el cumplimiento del mandato constitucional de equidad y calidad
educativa. Este estudio busca aportar evidencia que permita visibilizar estas problemáticas y contribuir
al debate sobre la equidad educativa en México.
La relevancia del tema radica en que el acceso a la educación es clave para romper los ciclos de pobreza
y exclusión social, especialmente en zonas rurales con presencia indígena. El análisis de un caso como
Lolotla permite comprender cómo se manifiestan en lo local las brechas estructurales del sistema
educativo mexicano. Además, la investigación cobra importancia por el enfoque en los derechos
humanos, lo que refuerza su valor no solo académico sino también político y social.
Teóricamente, el estudio se fundamenta en el enfoque de derechos humanos propuesto por la UNESCO
(2021) y en los principios de la educación inclusiva y equitativa del Objetivo de Desarrollo Sostenible
4 (ONU, 2015). También se retoman los conceptos de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2020),
marginación territorial (CONAPO, 2020), exclusión educativa (Reimers, 2000) y brecha digital
(UNESCO, 2022).
Las categorías analíticas principales del estudio son: acceso, permanencia, calidad educativa, rezago
escolar, pobreza, exclusión digital y pertinencia intercultural.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo aborda el tema del derecho a la educación en contextos de alta marginación y
pobreza, específicamente en el municipio de Lolotla, Hidalgo. A pesar de que el derecho a la educación
está consagrado en instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, su ejercicio en territorios rurales e indígenas como Lolotla enfrenta múltiples barreras
estructurales que cuestionan su universalidad. Este estudio busca comprender si, en dicho municipio, la
educación se ejerce como un derecho garantizado o si, en la práctica, se convierte en un privilegio
condicionado por la exclusión social.
El problema de investigación se centra en identificar las limitaciones reales que enfrentan niños, niñas
y adolescentes para acceder y permanecer en el sistema educativo en Lolotla. Se parte del vacío en la
literatura local respecto al análisis integral de las condiciones educativas en este municipio específico,
donde las estadísticas muestran altos niveles de pobreza multidimensional, rezago educativo y barreras
socioculturales que dificultan el cumplimiento del mandato constitucional de equidad y calidad
educativa. Este estudio busca aportar evidencia que permita visibilizar estas problemáticas y contribuir
al debate sobre la equidad educativa en México.
La relevancia del tema radica en que el acceso a la educación es clave para romper los ciclos de pobreza
y exclusión social, especialmente en zonas rurales con presencia indígena. El análisis de un caso como
Lolotla permite comprender cómo se manifiestan en lo local las brechas estructurales del sistema
educativo mexicano. Además, la investigación cobra importancia por el enfoque en los derechos
humanos, lo que refuerza su valor no solo académico sino también político y social.
Teóricamente, el estudio se fundamenta en el enfoque de derechos humanos propuesto por la UNESCO
(2021) y en los principios de la educación inclusiva y equitativa del Objetivo de Desarrollo Sostenible
4 (ONU, 2015). También se retoman los conceptos de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2020),
marginación territorial (CONAPO, 2020), exclusión educativa (Reimers, 2000) y brecha digital
(UNESCO, 2022).
Las categorías analíticas principales del estudio son: acceso, permanencia, calidad educativa, rezago
escolar, pobreza, exclusión digital y pertinencia intercultural.
pág. 9007
En cuanto a antecedentes investigativos, si bien existen estudios nacionales sobre desigualdad educativa
en México (Tedesco, 2002; Muñoz Izquierdo, 2007), hay escasa literatura que profundice en las
condiciones educativas específicas de municipios rurales como Lolotla. Este artículo aporta una
aproximación local desde un enfoque mixto que combina el análisis de datos cuantitativos oficiales con
entrevistas cualitativas a actores educativos del territorio.
El contexto de esta investigación es el municipio de Lolotla, localizado en la Sierra Alta del estado de
Hidalgo, con una población de poco más de 9,000 habitantes, muchos de ellos hablantes de lengua
indígena. El grado de marginación es clasificado como “alto” por el Consejo Nacional de Población, y
más del 77 % de su población vive en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2020). La pandemia por
COVID-19 agravó aún más la brecha educativa al evidenciar la falta de conectividad, dispositivos
tecnológicos y condiciones adecuadas para el aprendizaje a distancia.
Finalmente, este artículo tiene como objetivo general analizar si la educación en Lolotla, Hidalgo, se
ejerce como un derecho efectivo o como un privilegio limitado a ciertos sectores poblacionales. Como
objetivos específicos, se busca: (1) caracterizar las condiciones educativas del municipio a partir de
indicadores oficiales; (2) explorar las percepciones de actores locales sobre el acceso, permanencia y
calidad educativa; y (3) discutir en qué medida se cumplen los principios constitucionales del derecho
a la educación. La hipótesis orientadora plantea que, en Lolotla, el ejercicio del derecho a la educación
se encuentra severamente limitado por factores estructurales, territoriales y socioculturales.
La educación como derecho humano
La educación es reconocida como un derecho humano fundamental tanto en el plano internacional como
en el nacional. De acuerdo con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(ONU, 1948), toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita en los niveles
elementales y orientada al pleno desarrollo humano. Este principio es retomado por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) y la Convención sobre los
Derechos del Niño (UNICEF, 1989).
En México, el artículo 3º constitucional establece que toda persona tiene derecho a recibir una educación
inclusiva, laica, gratuita y de excelencia (DOF, 2019).
En cuanto a antecedentes investigativos, si bien existen estudios nacionales sobre desigualdad educativa
en México (Tedesco, 2002; Muñoz Izquierdo, 2007), hay escasa literatura que profundice en las
condiciones educativas específicas de municipios rurales como Lolotla. Este artículo aporta una
aproximación local desde un enfoque mixto que combina el análisis de datos cuantitativos oficiales con
entrevistas cualitativas a actores educativos del territorio.
El contexto de esta investigación es el municipio de Lolotla, localizado en la Sierra Alta del estado de
Hidalgo, con una población de poco más de 9,000 habitantes, muchos de ellos hablantes de lengua
indígena. El grado de marginación es clasificado como “alto” por el Consejo Nacional de Población, y
más del 77 % de su población vive en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2020). La pandemia por
COVID-19 agravó aún más la brecha educativa al evidenciar la falta de conectividad, dispositivos
tecnológicos y condiciones adecuadas para el aprendizaje a distancia.
Finalmente, este artículo tiene como objetivo general analizar si la educación en Lolotla, Hidalgo, se
ejerce como un derecho efectivo o como un privilegio limitado a ciertos sectores poblacionales. Como
objetivos específicos, se busca: (1) caracterizar las condiciones educativas del municipio a partir de
indicadores oficiales; (2) explorar las percepciones de actores locales sobre el acceso, permanencia y
calidad educativa; y (3) discutir en qué medida se cumplen los principios constitucionales del derecho
a la educación. La hipótesis orientadora plantea que, en Lolotla, el ejercicio del derecho a la educación
se encuentra severamente limitado por factores estructurales, territoriales y socioculturales.
La educación como derecho humano
La educación es reconocida como un derecho humano fundamental tanto en el plano internacional como
en el nacional. De acuerdo con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(ONU, 1948), toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita en los niveles
elementales y orientada al pleno desarrollo humano. Este principio es retomado por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) y la Convención sobre los
Derechos del Niño (UNICEF, 1989).
En México, el artículo 3º constitucional establece que toda persona tiene derecho a recibir una educación
inclusiva, laica, gratuita y de excelencia (DOF, 2019).
pág. 9008
Sin embargo, como advierte Tedesco (2002), la garantía jurídica no se traduce automáticamente en
condiciones materiales adecuadas para su cumplimiento. En municipios como Lolotla, esa brecha entre
el derecho formal y la práctica cotidiana es particularmente evidente.
Marginación, pobreza y exclusión educativa
CONEVAL (2020) define la pobreza multidimensional como la condición en la que las personas
carecen no sólo de ingresos, sino también de acceso a educación, salud, alimentación, seguridad social
y vivienda digna. En municipios con alta marginación como Lolotla, más del 77 % de la población vive
en situación de pobreza, y el 26.9 % presenta rezago educativo (INEGI, 2020).
Este contexto genera lo que Reimers (2000) denomina una exclusión estructural del sistema educativo.
Según el Mtro. Miguel Ángel Serna, “la educación representa un privilegio para algunos y un gran
esfuerzo para la mayoría” (comunicación personal, 2025). La necesidad de trabajo infantil, la
inseguridad alimentaria y la falta de apoyo familiar contribuyen al abandono escolar, especialmente en
los niveles medio superior. Señala también que “una alimentación insuficiente impacta negativamente
en el aprendizaje” y que el estudio se ve relegado frente a la necesidad económica.
Educación en contextos rurales e indígenas
En zonas rurales e indígenas, la precariedad se agudiza. Las comunidades están dispersas, el transporte
es escaso, y la infraestructura escolar limitada. Como indica la Mtra. Beda de Roa Aldaz, “muchos
estudiantes recorren largos trayectos a pie para llegar a la escuela; otros deben abandonar sus estudios
para trabajar o cuidar a sus hermanos” (comunicación personal, 2025). A ello se suma “el aumento de
la desigualdad y el abandono institucional”, que impacta en la calidad de los servicios educativos.
En Lolotla, donde existe una población significativa hablante de náhuatl, los programas de educación
intercultural bilingüe están poco implementados. El Prof. Alejandro Melo, secretario de educación
municipal, reconoce que “es necesario fortalecer los programas de educación intercultural bilingüe y
contar con docentes que hablen la lengua originaria” (comunicación personal, 2025). También señala
que en escuelas multigrado hay “dificultades por la carga laboral del docente único”.
Brecha digital y exclusión tecnológica
La pandemia por COVID-19 profundizó la desigualdad educativa en todo el país, revelando una aguda
brecha digital. En municipios como Lolotla, el acceso a internet, computadoras o celulares es mínimo.
Sin embargo, como advierte Tedesco (2002), la garantía jurídica no se traduce automáticamente en
condiciones materiales adecuadas para su cumplimiento. En municipios como Lolotla, esa brecha entre
el derecho formal y la práctica cotidiana es particularmente evidente.
Marginación, pobreza y exclusión educativa
CONEVAL (2020) define la pobreza multidimensional como la condición en la que las personas
carecen no sólo de ingresos, sino también de acceso a educación, salud, alimentación, seguridad social
y vivienda digna. En municipios con alta marginación como Lolotla, más del 77 % de la población vive
en situación de pobreza, y el 26.9 % presenta rezago educativo (INEGI, 2020).
Este contexto genera lo que Reimers (2000) denomina una exclusión estructural del sistema educativo.
Según el Mtro. Miguel Ángel Serna, “la educación representa un privilegio para algunos y un gran
esfuerzo para la mayoría” (comunicación personal, 2025). La necesidad de trabajo infantil, la
inseguridad alimentaria y la falta de apoyo familiar contribuyen al abandono escolar, especialmente en
los niveles medio superior. Señala también que “una alimentación insuficiente impacta negativamente
en el aprendizaje” y que el estudio se ve relegado frente a la necesidad económica.
Educación en contextos rurales e indígenas
En zonas rurales e indígenas, la precariedad se agudiza. Las comunidades están dispersas, el transporte
es escaso, y la infraestructura escolar limitada. Como indica la Mtra. Beda de Roa Aldaz, “muchos
estudiantes recorren largos trayectos a pie para llegar a la escuela; otros deben abandonar sus estudios
para trabajar o cuidar a sus hermanos” (comunicación personal, 2025). A ello se suma “el aumento de
la desigualdad y el abandono institucional”, que impacta en la calidad de los servicios educativos.
En Lolotla, donde existe una población significativa hablante de náhuatl, los programas de educación
intercultural bilingüe están poco implementados. El Prof. Alejandro Melo, secretario de educación
municipal, reconoce que “es necesario fortalecer los programas de educación intercultural bilingüe y
contar con docentes que hablen la lengua originaria” (comunicación personal, 2025). También señala
que en escuelas multigrado hay “dificultades por la carga laboral del docente único”.
Brecha digital y exclusión tecnológica
La pandemia por COVID-19 profundizó la desigualdad educativa en todo el país, revelando una aguda
brecha digital. En municipios como Lolotla, el acceso a internet, computadoras o celulares es mínimo.
pág. 9009
Esto impidió la continuidad educativa en la modalidad a distancia.
La Mtra. Beda comenta que “la conectividad digital sigue siendo un lujo inalcanzable para la mayoría”,
mientras que estudiantes como Montserrat Juárez mencionan que “muchos compañeros no tienen dinero
para útiles, transporte, o incluso para comer bien”, lo que dificulta continuar sus estudios
(comunicaciones personales, 2025). Montserrat también afirma que “faltan apoyos en las comunidades”
y que “las escuelas no tienen buenos materiales ni suficientes maestros”.
La percepción local del derecho a la educación
Los testimonios recogidos muestran que la comunidad educativa de Lolotla no percibe la educación
como un derecho garantizado. La Sra. Esther Vite, madre de familia, expresa que “vivir en una zona
rural significa lidiar con carencias que afectan directamente el futuro de nuestros niños y jóvenes”
(comunicación personal, 2025). Afirma que “las condiciones económicas son un gran obstáculo” y que
muchos niños abandonan la escuela por no poder sostener los gastos o por tener que trabajar.
Montserrat, por su parte, insiste en que los jóvenes quieren estudiar y superarse, pero “necesitamos más
apoyo del gobierno y de nuestras comunidades. Si todos nos unimos, podemos lograr que la educación
sea verdaderamente para todos”.
Educación: entre el derecho garantizado y el privilegio condicionado
Desde una mirada crítica, la educación en municipios como Lolotla se sitúa en la tensión entre el
discurso constitucional y la realidad social. Aunque legalmente es un derecho, en la práctica se convierte
en un privilegio, como reconoce el Prof. Alejandro Melo: “las condiciones desiguales hacen que todavía
sea un privilegio para quienes tienen mejores recursos, viven en zonas accesibles o cuentan con mayor
apoyo familiar” (comunicación personal, 2025).
Este estudio adopta la perspectiva de Reimers (2000) y Apple (2000), quienes afirman que cuando el
sistema educativo no compensa las desigualdades de origen, termina legitimándolas y
profundizándolas. La educación, lejos de ser un mecanismo de movilidad social, puede convertirse en
un filtro excluyente para las comunidades más vulnerables.
En ese sentido, las voces de docentes, estudiantes y familias reflejan una realidad compleja y
profundamente inequitativa que exige respuestas urgentes, sostenidas y contextualizadas.
Esto impidió la continuidad educativa en la modalidad a distancia.
La Mtra. Beda comenta que “la conectividad digital sigue siendo un lujo inalcanzable para la mayoría”,
mientras que estudiantes como Montserrat Juárez mencionan que “muchos compañeros no tienen dinero
para útiles, transporte, o incluso para comer bien”, lo que dificulta continuar sus estudios
(comunicaciones personales, 2025). Montserrat también afirma que “faltan apoyos en las comunidades”
y que “las escuelas no tienen buenos materiales ni suficientes maestros”.
La percepción local del derecho a la educación
Los testimonios recogidos muestran que la comunidad educativa de Lolotla no percibe la educación
como un derecho garantizado. La Sra. Esther Vite, madre de familia, expresa que “vivir en una zona
rural significa lidiar con carencias que afectan directamente el futuro de nuestros niños y jóvenes”
(comunicación personal, 2025). Afirma que “las condiciones económicas son un gran obstáculo” y que
muchos niños abandonan la escuela por no poder sostener los gastos o por tener que trabajar.
Montserrat, por su parte, insiste en que los jóvenes quieren estudiar y superarse, pero “necesitamos más
apoyo del gobierno y de nuestras comunidades. Si todos nos unimos, podemos lograr que la educación
sea verdaderamente para todos”.
Educación: entre el derecho garantizado y el privilegio condicionado
Desde una mirada crítica, la educación en municipios como Lolotla se sitúa en la tensión entre el
discurso constitucional y la realidad social. Aunque legalmente es un derecho, en la práctica se convierte
en un privilegio, como reconoce el Prof. Alejandro Melo: “las condiciones desiguales hacen que todavía
sea un privilegio para quienes tienen mejores recursos, viven en zonas accesibles o cuentan con mayor
apoyo familiar” (comunicación personal, 2025).
Este estudio adopta la perspectiva de Reimers (2000) y Apple (2000), quienes afirman que cuando el
sistema educativo no compensa las desigualdades de origen, termina legitimándolas y
profundizándolas. La educación, lejos de ser un mecanismo de movilidad social, puede convertirse en
un filtro excluyente para las comunidades más vulnerables.
En ese sentido, las voces de docentes, estudiantes y familias reflejan una realidad compleja y
profundamente inequitativa que exige respuestas urgentes, sostenidas y contextualizadas.
pág. 9010
Implicaciones para la política educativa
El análisis realizado sobre el municipio de Lolotla pone en evidencia que las brechas educativas no
pueden resolverse únicamente desde políticas universales o normativas generales. La persistencia del
rezago, el abandono escolar y la exclusión digital indican la necesidad urgente de diseñar políticas
educativas con enfoque territorial, cultural y de justicia social.
En primer lugar, es necesaria la implementación de rutas escolares comunitarias que atiendan a
estudiantes de localidades dispersas, con el objetivo de garantizar la permanencia escolar y evitar el
abandono provocado por la distancia o la falta de transporte.
En segundo lugar, urge desarrollar un programa integral de conectividad digital educativa rural, que no
solo proporcione acceso a internet y dispositivos, sino que forme a estudiantes y docentes en
competencias digitales, adecuadas a contextos de alta marginación.
Además, denota la necesidad de fortalecer la formación docente con un enfoque intercultural
obligatorio, que permita reconocer, respetar e integrar la diversidad lingüística y cultural de los
estudiantes indígenas en el currículo, el aula y la evaluación. Esto implica, entre otras acciones, asegurar
la presencia de docentes hablantes de náhuatl y contar con materiales didácticos pertinentes.
Asimismo, se sugiere la creación de espacios de participación comunitaria en la planeación educativa,
donde madres, padres, docentes y autoridades locales puedan incidir activamente en las decisiones
pedagógicas, administrativas y presupuestales.
Finalmente, se requiere una evaluación crítica de las políticas actuales en zonas rurales para evitar que
reproduzcan esquemas centralistas o homogenizantes. Sólo mediante un diseño flexible, situado y
participativo, será posible transformar el derecho formal a la educación en un derecho realmente
ejercido.
METODOLOGÍA
Este estudio adopta un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para
comprender las condiciones estructurales que inciden en el ejercicio del derecho a la educación en el
municipio de Lolotla, Hidalgo. El tipo de investigación es exploratorio, descriptivo y analítico, dado
que busca caracterizar una problemática poco abordada, describir sus dimensiones y analizar las
relaciones entre pobreza, marginación y exclusión educativa.
Implicaciones para la política educativa
El análisis realizado sobre el municipio de Lolotla pone en evidencia que las brechas educativas no
pueden resolverse únicamente desde políticas universales o normativas generales. La persistencia del
rezago, el abandono escolar y la exclusión digital indican la necesidad urgente de diseñar políticas
educativas con enfoque territorial, cultural y de justicia social.
En primer lugar, es necesaria la implementación de rutas escolares comunitarias que atiendan a
estudiantes de localidades dispersas, con el objetivo de garantizar la permanencia escolar y evitar el
abandono provocado por la distancia o la falta de transporte.
En segundo lugar, urge desarrollar un programa integral de conectividad digital educativa rural, que no
solo proporcione acceso a internet y dispositivos, sino que forme a estudiantes y docentes en
competencias digitales, adecuadas a contextos de alta marginación.
Además, denota la necesidad de fortalecer la formación docente con un enfoque intercultural
obligatorio, que permita reconocer, respetar e integrar la diversidad lingüística y cultural de los
estudiantes indígenas en el currículo, el aula y la evaluación. Esto implica, entre otras acciones, asegurar
la presencia de docentes hablantes de náhuatl y contar con materiales didácticos pertinentes.
Asimismo, se sugiere la creación de espacios de participación comunitaria en la planeación educativa,
donde madres, padres, docentes y autoridades locales puedan incidir activamente en las decisiones
pedagógicas, administrativas y presupuestales.
Finalmente, se requiere una evaluación crítica de las políticas actuales en zonas rurales para evitar que
reproduzcan esquemas centralistas o homogenizantes. Sólo mediante un diseño flexible, situado y
participativo, será posible transformar el derecho formal a la educación en un derecho realmente
ejercido.
METODOLOGÍA
Este estudio adopta un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para
comprender las condiciones estructurales que inciden en el ejercicio del derecho a la educación en el
municipio de Lolotla, Hidalgo. El tipo de investigación es exploratorio, descriptivo y analítico, dado
que busca caracterizar una problemática poco abordada, describir sus dimensiones y analizar las
relaciones entre pobreza, marginación y exclusión educativa.
pág. 9011
El diseño metodológico es no experimental, observacional y transversal, centrado en un periodo de
recolección entre enero y mayo de 2025. Desde el enfoque cualitativo, se adopta además una
perspectiva fenomenológica, que permite recoger experiencias significativas de los actores educativos
en su contexto.
La población de estudio incluye estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como autoridades
locales vinculadas al sistema educativo. Para la fase cualitativa se utilizó un muestreo intencional, con
10 entrevistas semiestructuradas aplicadas a actores clave. En la parte cuantitativa se trabajó con
información secundaria de fuentes oficiales como INEGI, CONEVAL, CONAPO y la SEP Hidalgo,
analizando indicadores de rezago educativo, cobertura, deserción y condiciones digitales.
Las entrevistas se realizaron con base en una guía semiestructurada que abordó temas como acceso
educativo, obstáculos, brecha digital y percepción del derecho. Los datos cuantitativos fueron
procesados mediante análisis descriptivo; los cualitativos se organizaron por temas para identificar
patrones y divergencias.
Se respetaron los principios de ética en investigación, aplicando consentimiento informado.
Como criterios de inclusión, se consideraron actores con experiencia directa en el sistema educativo de
Lolotla; se excluyeron residentes fuera del municipio o sin vínculo con el tema. Entre las limitaciones,
se reconoce la dificultad de acceso a algunas comunidades y la escasez de datos desagregados a nivel
local.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rostro local de la desigualdad educativa
El análisis cuantitativo y cualitativo revela que la desigualdad educativa en Lolotla no es una abstracción
estadística, sino una realidad concreta marcada por la pobreza y el rezago. Con una escolaridad
promedio de 6.4 años y un rezago del 26.9 % (INEGI, 2020), la educación se interrumpe
prematuramente en muchas trayectorias escolares.
Este dato adquiere profundidad con los testimonios. El profesor Miguel Ángel Serna señala:
“Muchos alumnos abandonan porque no ven el beneficio de seguir estudiando; sus padres necesitan que
trabajen o no pueden sostenerlos en la escuela” (comunicación personal, 2025).
El diseño metodológico es no experimental, observacional y transversal, centrado en un periodo de
recolección entre enero y mayo de 2025. Desde el enfoque cualitativo, se adopta además una
perspectiva fenomenológica, que permite recoger experiencias significativas de los actores educativos
en su contexto.
La población de estudio incluye estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como autoridades
locales vinculadas al sistema educativo. Para la fase cualitativa se utilizó un muestreo intencional, con
10 entrevistas semiestructuradas aplicadas a actores clave. En la parte cuantitativa se trabajó con
información secundaria de fuentes oficiales como INEGI, CONEVAL, CONAPO y la SEP Hidalgo,
analizando indicadores de rezago educativo, cobertura, deserción y condiciones digitales.
Las entrevistas se realizaron con base en una guía semiestructurada que abordó temas como acceso
educativo, obstáculos, brecha digital y percepción del derecho. Los datos cuantitativos fueron
procesados mediante análisis descriptivo; los cualitativos se organizaron por temas para identificar
patrones y divergencias.
Se respetaron los principios de ética en investigación, aplicando consentimiento informado.
Como criterios de inclusión, se consideraron actores con experiencia directa en el sistema educativo de
Lolotla; se excluyeron residentes fuera del municipio o sin vínculo con el tema. Entre las limitaciones,
se reconoce la dificultad de acceso a algunas comunidades y la escasez de datos desagregados a nivel
local.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rostro local de la desigualdad educativa
El análisis cuantitativo y cualitativo revela que la desigualdad educativa en Lolotla no es una abstracción
estadística, sino una realidad concreta marcada por la pobreza y el rezago. Con una escolaridad
promedio de 6.4 años y un rezago del 26.9 % (INEGI, 2020), la educación se interrumpe
prematuramente en muchas trayectorias escolares.
Este dato adquiere profundidad con los testimonios. El profesor Miguel Ángel Serna señala:
“Muchos alumnos abandonan porque no ven el beneficio de seguir estudiando; sus padres necesitan que
trabajen o no pueden sostenerlos en la escuela” (comunicación personal, 2025).
pág. 9012
La pobreza condiciona la permanencia en el sistema educativo y normaliza la interrupción escolar, en
contradicción con el marco normativo nacional (DOF, 2019).
Obstáculos silenciosos: transporte, alimentación y trabajo infantil
Más allá de los indicadores visibles, emergen factores silenciosos que restringen el derecho a la
educación: los costos del transporte, la falta de alimentación adecuada y el trabajo infantil. Las
entrevistas revelan cómo estos aspectos, a menudo omitidos en los reportes oficiales, erosionan la
continuidad escolar.
La maestra Beda de Roa comenta: “Alumnos llegan sin haber comido, cansados, o no vienen porque
tienen que cuidar a sus hermanos o ir al campo” (comunicación personal, 2025).
Estos hallazgos coinciden con estudios de Muñoz Izquierdo (2007), quien advierte que las
desigualdades materiales generan desventajas acumulativas que el sistema educativo rara vez corrige.
Desconexión digital como factor de exclusión
Durante la pandemia, el acceso desigual a dispositivos y conectividad dejó fuera del sistema educativo
a una parte importante del alumnado. Esta desconexión digital fue un claro catalizador de exclusión
educativa.
Montserrat Juárez, estudiante, señala: “En mi comunidad muchos no pudieron seguir clases en línea;
no hay internet, ni computadoras, ni señal” (comunicación personal, 2025).
Lo que se vivió en Lolotla confirma la advertencia de la UNESCO (2022): la brecha digital no es solo
tecnológica, es una nueva expresión de exclusión estructural.
El aula y la cultura: brechas en la educación intercultural
Aunque Lolotla cuenta con población hablante de náhuatl, el sistema educativo no refleja esa diversidad
cultural. No hay suficientes docentes bilingües, ni materiales didácticos en lengua originaria.
El secretario de educación municipal, Alejandro Melo, lo reconoce: “La educación intercultural existe
en el papel, pero no se aplica realmente en las aulas. Falta formación, materiales y voluntad
institucional” (comunicación personal, 2025).
La ausencia de enfoque intercultural limita la pertinencia de la educación y vulnera el derecho a una
enseñanza contextualizada, como también señalan Schmelkes (2006) y el INEE (2018).
La pobreza condiciona la permanencia en el sistema educativo y normaliza la interrupción escolar, en
contradicción con el marco normativo nacional (DOF, 2019).
Obstáculos silenciosos: transporte, alimentación y trabajo infantil
Más allá de los indicadores visibles, emergen factores silenciosos que restringen el derecho a la
educación: los costos del transporte, la falta de alimentación adecuada y el trabajo infantil. Las
entrevistas revelan cómo estos aspectos, a menudo omitidos en los reportes oficiales, erosionan la
continuidad escolar.
La maestra Beda de Roa comenta: “Alumnos llegan sin haber comido, cansados, o no vienen porque
tienen que cuidar a sus hermanos o ir al campo” (comunicación personal, 2025).
Estos hallazgos coinciden con estudios de Muñoz Izquierdo (2007), quien advierte que las
desigualdades materiales generan desventajas acumulativas que el sistema educativo rara vez corrige.
Desconexión digital como factor de exclusión
Durante la pandemia, el acceso desigual a dispositivos y conectividad dejó fuera del sistema educativo
a una parte importante del alumnado. Esta desconexión digital fue un claro catalizador de exclusión
educativa.
Montserrat Juárez, estudiante, señala: “En mi comunidad muchos no pudieron seguir clases en línea;
no hay internet, ni computadoras, ni señal” (comunicación personal, 2025).
Lo que se vivió en Lolotla confirma la advertencia de la UNESCO (2022): la brecha digital no es solo
tecnológica, es una nueva expresión de exclusión estructural.
El aula y la cultura: brechas en la educación intercultural
Aunque Lolotla cuenta con población hablante de náhuatl, el sistema educativo no refleja esa diversidad
cultural. No hay suficientes docentes bilingües, ni materiales didácticos en lengua originaria.
El secretario de educación municipal, Alejandro Melo, lo reconoce: “La educación intercultural existe
en el papel, pero no se aplica realmente en las aulas. Falta formación, materiales y voluntad
institucional” (comunicación personal, 2025).
La ausencia de enfoque intercultural limita la pertinencia de la educación y vulnera el derecho a una
enseñanza contextualizada, como también señalan Schmelkes (2006) y el INEE (2018).
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Derecho condicionado: la percepción de estudiantes y familias
Uno de los hallazgos más significativos es la percepción local de que la educación, si bien es un derecho
constitucional, no se vive como tal. Los entrevistados coinciden en que acceder a la escuela implica
esfuerzos desproporcionados que muchos no pueden sostener.
La madre de familia Esther Vite declara: “La escuela está, pero llegar a ella es otra cosa: sin transporte,
sin dinero, sin comida… no es derecho, es un lujo” (comunicación personal, 2025).
Esta afirmación da cuerpo a la hipótesis del estudio: en municipios como Lolotla, la educación no opera
como un derecho garantizado, sino como un privilegio condicionado al contexto social, económico y
territorial.
Este estudio aporta una mirada situada del derecho a la educación, al articular estadísticas oficiales con
experiencias locales. La novedad científica radica en visibilizar cómo la exclusión educativa opera no
solo por falta de acceso, sino por una suma de factores estructurales que permanecen invisibles en el
discurso público.
Además de coincidir con estudios previos sobre exclusión rural e indígena (Reimers, 2000; Apple,
2000), este trabajo evidencia brechas nuevas y específicas: desconexión digital, ausencia de enfoque
intercultural, y desajuste entre política educativa y condiciones reales.
Estas aportaciones invitan a repensar el diseño e implementación de políticas educativas con enfoque
territorial, equitativo y culturalmente pertinente.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio permiten afirmar que, en el municipio de Lolotla, Hidalgo, el ejercicio
del derecho a la educación se encuentra profundamente condicionado por factores estructurales que
exceden la voluntad individual. Aunque el marco legal nacional reconoce este derecho como universal,
gratuito y equitativo, su cumplimiento efectivo se ve limitado por condiciones socioeconómicas,
geográficas, digitales y culturales que operan como barreras de acceso, permanencia y
aprovechamiento.
El estudio confirma que estas barreras no son incidentales ni marginales: constituyen el entorno
cotidiano para amplios sectores de la población. La distancia entre las escuelas y las viviendas, la
carencia de infraestructura tecnológica, la débil presencia de enfoque intercultural, así como las
Derecho condicionado: la percepción de estudiantes y familias
Uno de los hallazgos más significativos es la percepción local de que la educación, si bien es un derecho
constitucional, no se vive como tal. Los entrevistados coinciden en que acceder a la escuela implica
esfuerzos desproporcionados que muchos no pueden sostener.
La madre de familia Esther Vite declara: “La escuela está, pero llegar a ella es otra cosa: sin transporte,
sin dinero, sin comida… no es derecho, es un lujo” (comunicación personal, 2025).
Esta afirmación da cuerpo a la hipótesis del estudio: en municipios como Lolotla, la educación no opera
como un derecho garantizado, sino como un privilegio condicionado al contexto social, económico y
territorial.
Este estudio aporta una mirada situada del derecho a la educación, al articular estadísticas oficiales con
experiencias locales. La novedad científica radica en visibilizar cómo la exclusión educativa opera no
solo por falta de acceso, sino por una suma de factores estructurales que permanecen invisibles en el
discurso público.
Además de coincidir con estudios previos sobre exclusión rural e indígena (Reimers, 2000; Apple,
2000), este trabajo evidencia brechas nuevas y específicas: desconexión digital, ausencia de enfoque
intercultural, y desajuste entre política educativa y condiciones reales.
Estas aportaciones invitan a repensar el diseño e implementación de políticas educativas con enfoque
territorial, equitativo y culturalmente pertinente.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio permiten afirmar que, en el municipio de Lolotla, Hidalgo, el ejercicio
del derecho a la educación se encuentra profundamente condicionado por factores estructurales que
exceden la voluntad individual. Aunque el marco legal nacional reconoce este derecho como universal,
gratuito y equitativo, su cumplimiento efectivo se ve limitado por condiciones socioeconómicas,
geográficas, digitales y culturales que operan como barreras de acceso, permanencia y
aprovechamiento.
El estudio confirma que estas barreras no son incidentales ni marginales: constituyen el entorno
cotidiano para amplios sectores de la población. La distancia entre las escuelas y las viviendas, la
carencia de infraestructura tecnológica, la débil presencia de enfoque intercultural, así como las
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exigencias económicas del entorno rural, no solo dificultan el acceso educativo, sino que redefinen la
educación como una posibilidad sujeta a circunstancias externas, más que como un derecho garantizado.
La evidencia cualitativa refuerza esta lectura estructural. Las voces de estudiantes, docentes y familias
coinciden en que la educación representa un esfuerzo desproporcionado que muchas veces excede las
capacidades de los hogares. Esta percepción no se basa en desconocimiento de los beneficios de
estudiar, sino en la experiencia concreta de sostener el acceso escolar en un contexto adverso. En este
sentido, no es la falta de valoración cultural de la educación lo que limita su ejercicio, sino la ausencia
de condiciones estructurales que lo hagan posible.
Este trabajo plantea una postura crítica: en contextos como Lolotla, el derecho a la educación sigue
siendo, en la práctica, un privilegio reservado para quienes logran superar múltiples obstáculos. Esta
afirmación no implica que el sistema educativo carezca de valor, sino que su eficacia depende del
contexto y del diseño de políticas sensibles a las particularidades territoriales y culturales.
Finalmente, este estudio deja abiertas varias interrogantes. ¿Cómo transformar la política educativa para
que sea verdaderamente contextualizada? ¿Qué mecanismos permitirían reducir la brecha digital en
zonas rurales sin replicar esquemas centralistas? ¿Cómo integrar de manera efectiva la perspectiva
intercultural en la formación docente y el diseño curricular? Estas preguntas no pueden responderse
desde una sola investigación, pero representan una agenda crítica para futuros estudios que aborden el
derecho a la educación desde un enfoque territorial, estructural y con participación comunitaria real.
“En Lolotla, estudiar no es un derecho evidente, es una apuesta de vida contra la adversidad”, decía una
madre de familia. Esta frase resume el núcleo de lo encontrado: que la educación se construye
diariamente entre la esperanza, el sacrificio y el abandono institucional.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Apple, M. W. (2000). Educación y poder. Morata.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2020). Medición de
la pobreza 2020. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Censo de Población y Vivienda
2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
exigencias económicas del entorno rural, no solo dificultan el acceso educativo, sino que redefinen la
educación como una posibilidad sujeta a circunstancias externas, más que como un derecho garantizado.
La evidencia cualitativa refuerza esta lectura estructural. Las voces de estudiantes, docentes y familias
coinciden en que la educación representa un esfuerzo desproporcionado que muchas veces excede las
capacidades de los hogares. Esta percepción no se basa en desconocimiento de los beneficios de
estudiar, sino en la experiencia concreta de sostener el acceso escolar en un contexto adverso. En este
sentido, no es la falta de valoración cultural de la educación lo que limita su ejercicio, sino la ausencia
de condiciones estructurales que lo hagan posible.
Este trabajo plantea una postura crítica: en contextos como Lolotla, el derecho a la educación sigue
siendo, en la práctica, un privilegio reservado para quienes logran superar múltiples obstáculos. Esta
afirmación no implica que el sistema educativo carezca de valor, sino que su eficacia depende del
contexto y del diseño de políticas sensibles a las particularidades territoriales y culturales.
Finalmente, este estudio deja abiertas varias interrogantes. ¿Cómo transformar la política educativa para
que sea verdaderamente contextualizada? ¿Qué mecanismos permitirían reducir la brecha digital en
zonas rurales sin replicar esquemas centralistas? ¿Cómo integrar de manera efectiva la perspectiva
intercultural en la formación docente y el diseño curricular? Estas preguntas no pueden responderse
desde una sola investigación, pero representan una agenda crítica para futuros estudios que aborden el
derecho a la educación desde un enfoque territorial, estructural y con participación comunitaria real.
“En Lolotla, estudiar no es un derecho evidente, es una apuesta de vida contra la adversidad”, decía una
madre de familia. Esta frase resume el núcleo de lo encontrado: que la educación se construye
diariamente entre la esperanza, el sacrificio y el abandono institucional.
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (2018). Informe 2018. La educación
obligatoria en México. https://www.inee.edu.mx/
Muñoz Izquierdo, C. (2007). Desigualdad educativa y oportunidades de aprendizaje. Fondo de Cultura
Económica.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de los Derechos
Humanos. https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
(2022). Informe mundial sobre la educación 2022: Replantear nuestras políticas en la era
digital. https://unesdoc.unesco.org/
Reimers, F. (2000). Una educación para todos: los retos de la globalización. Fondo de Cultura
Económica.
Schmelkes, S. (2006). La interculturalidad en la educación básica: fundamentos. Revista Mexicana de
Investigación Educativa, 11(28), 35–58.
Secretaría de Educación Pública (SEP) Hidalgo. (2023). Estadísticas de cobertura educativa municipal.
Subsecretaría de Planeación.
Tedesco, J. C. (2002). El nuevo pacto educativo. Fondo de Cultura Económica.
United Nations Children’s Fund (UNICEF). (1989). Convención sobre los Derechos del
Niño. https://www.unicef.org/es/convencion-sobre-los-derechos-del-nino
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Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de los Derechos
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Tedesco, J. C. (2002). El nuevo pacto educativo. Fondo de Cultura Económica.
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