ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y FINANCIERO EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUSTAINABLE AND FINANCIAL DEVELOPMENT
STRATEGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION
Jesús Antonio Arrocha Chavarría
Universidad de Panamá
Demetrio Riquelme
Universidad de Panamá
Félix Antonio Martínez Altamiranda
Universidad de Panamá
Nelva Raquel Quintero Cárdenas
Universidad de Panamá
Dayra Dariela Vega Vega
Universidad de Panamá
pág. 11088
Doi: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18875
Estrategias de Desarrollo Sostenible y Financiero en la Administración
Pública
Jesús Antonio Arrocha Chavarría
jesus-a.arrocha-c@up.ac.pa
https://orcid.org/0009-0007-2830-3379
Facultad de Administración Pública
Universidad de Panamá
Panamá
Demetrio Riquelme
demetrio.riquelme@up.ac.pa
https://orcid.org/0009-0001-2332-4644
Facultad de Economía
Universidad de Panamá
Panamá
Félix Antonio Martínez Altamiranda
felix-a.martinez-a@up.ac.pa
https://orcid.org/0009-0008-7657-543X
Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad, Universidad de Panamá
Panamá
Nelva Raquel Quintero Cárdenas
nelva.quintero@up.ac.pa
https://orcid.org/0009-0007-9294-009X
Facultad de Administración de Empresa y
Contabilidad, Universidad de Panamá
Panamá
Dayra Dariela Vega Vega1
dayra.vega@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0003-2129-4848
Facultad de Administración de Empresa y
Contabilidad, Universidad de Panamá
Panamá
RESUMEN
Este estudio analiza las estrategias de desarrollo sostenible y financiero implementadas en la
administración pública. El objetivo principal es evaluar el nivel de integración de prácticas sostenibles
en la planificación presupuestaria, la gestión administrativa y la gobernanza institucional, en
correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de un enfoque cuantitativo
y un diseño descriptivo-comparativo, se encuestó a diez expertos institucionales en finanzas y
administración pública, utilizando un instrumento estructurado centrado en cinco dimensiones:
sostenibilidad ambiental, social, económica, gobernanza y planificación financiera. Los resultados
revelan avances parciales, destacando una integración limitada de la sostenibilidad en el presupuesto
institucional (50%), capacidades funcionales pero restringidas en la gestión financiera (60%) y baja
diversificación en el acceso a financiamiento externo (80%). Estas debilidades evidencian la necesidad
de fortalecer la profesionalización, la transparencia y las alianzas estratégicas. El estudio ofrece
recomendaciones para consolidar un modelo de administración pública más eficiente, equitativo y
alineado con los principios del desarrollo sostenible.
Palabras clave: administración pública, desarrollo sostenible, estrategias, indicadores, financiero
1
Autor principal
Correspondencia: dayra.vega@up.ac.pa
pág. 11089
Sustainable and Financial Development Strategies in Public Administration
ABSTRACT
This study analyzes the sustainable and financial development strategies implemented in public
administration. The main objective is to evaluate the level of integration of sustainable practices into
budget planning, administrative management, and institutional governance, in line with the Sustainable
Development Goals (SDGs). Through a quantitative approach and a descriptive-comparative design, a
structured survey was conducted with ten institutional experts in finance and public administration,
focusing on five key dimensions: environmental sustainability, social sustainability, economic
sustainability, governance, and financial planning. The results reveal partial progress, highlighting
limited integration of sustainability into the institutional budget (50%), functional but constrained
financial management capacities (60%), and low diversification in access to external funding (80%).
These weaknesses demonstrate the need to strengthen professionalization, transparency, and strategic
partnerships. The study provides recommendations to consolidate a more efficient, equitable, and
sustainable model of public administration aligned with the principles of sustainable development.
Keywords: public administration, sustainable development, strategies, indicators, financial
Artículo recibido 16 junio 2025
Aceptado para publicación: 20 julio 2025
pág. 11090
INTRODUCCIÓN
La sostenibilidad, entendida como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer
las posibilidades de las generaciones futuras, se ha convertido en un eje transversal en las políticas
públicas a nivel global. En este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por
las Naciones Unidas, plantea desafíos concretos para las instituciones públicas, incluyendo a las
universidades estatales, cuya responsabilidad trasciende la formación académica para abarcar la gestión
ética, eficiente y equitativa de los recursos. Las universidades públicas están llamadas no solo a generar
conocimiento, sino también a operar bajo esquemas de gobernanza responsables, financieramente
sostenibles y socialmente inclusivos.
Las instituciones de educación superior del país, enfrenta la necesidad de alinear su modelo de gestión
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular aquellos vinculados con la educación
de calidad (ODS 4), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), la acción por el clima (ODS
13) y las alianzas para lograr los objetivos (ODS 17). Este proceso implica reconfigurar las prácticas
presupuestarias, la planificación institucional y los mecanismos de rendición de cuentas, integrando
criterios ambientales, sociales y económicos bajo una lógica de gobernanza moderna.
El presente estudio se enfoca en el análisis de las estrategias de desarrollo sostenible y financiero
implementadas en la administración pública. A través de una metodología cuantitativa y un diseño
descriptivo-comparativo, se evaluó la percepción de diez expertos institucionales cinco en finanzas
públicas y cinco en administración pública sobre la efectividad de estas estrategias en cinco dimensiones
fundamentales: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, gobernanza y
planificación financiera.
En un contexto donde la presión fiscal, la escasez de recursos y las exigencias sociales obligan a una
gestión más racional, eficiente y participativa, este trabajo pretende identificar fortalezas, debilidades y
oportunidades de mejora en la institucionalización de la sostenibilidad financiera. La información
obtenida permitirá no solo dimensionar el estado actual, frente a estos retos, sino también formular
propuestas orientadas a consolidar una administración pública innovadora, resiliente y comprometida
con el desarrollo sostenible del país.
pág. 11091
MATERIAL Y MÉTODO
El presente estudio se sustenta en una muestra intencionada compuesta por diez expertos, cinco de ellos
especializados en el área de finanzas públicas y los otros cinco en administración pública. La selección
de estos profesionales respondió a criterios de experiencia en gestión presupuestaria, diseño de políticas
sostenibles y toma de decisiones estratégicas en la institución. Para estructurar el análisis, se definieron
cinco dimensiones clave alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): sostenibilidad
ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, gobernanza y planificación financiera. Las
variables correspondientes a cada dimensión fueron organizadas en una serie de ítems con categorías
claras de respuesta, integradas en un instrumento de encuesta de tipo estructurado.
La metodología adoptada fue de enfoque cuantitativo, con la finalidad de obtener datos medibles que
permitan describir y analizar las estrategias sostenibles y financieras implementadas en la
administración pública. Se empleó la técnica de encuesta, aplicada de forma directa a los diez expertos
seleccionados, quienes evaluaron diversos aspectos institucionales mediante escalas categóricas y
porcentuales. Los datos fueron sistematizados en tablas de frecuencia y porcentajes, permitiendo
identificar tendencias, fortalezas y debilidades dentro de cada dimensión. El análisis comparativo de los
resultados sirvió como base para establecer recomendaciones concretas orientadas a mejorar la
eficiencia financiera, la transparencia presupuestaria y la capacidad administrativa en materia de
sostenibilidad.
En cuanto a las consideraciones éticas, todos los participantes fueron informados previamente sobre los
objetivos del estudio, su carácter voluntario, la confidencialidad de sus respuestas y el uso exclusivo de
la información con fines académicos, firmando un consentimiento informado en conformidad con los
principios éticos de la investigación científica.
Bases Teóricas
Los objetivos de la Administración Pública es promover el desarrollo científico y técnico en áreas como
Trabajo Social, Administración Pública y Relaciones Internacionales, contribuyendo a la formación de
recursos humanos para el desarrollo nacional. Además, se orienta a que la enseñanza se base en una
investigación interdisciplinaria, participando en la formulación de políticas nacionales de ciencia y
tecnología.
pág. 11092
La facultad también busca ofrecer servicios profesionales a diversas entidades, asegurando eficiencia y
racionalidad en la administración pública. Además, promueve la orientación profesional continua y la
formación integral de los estudiantes (Universidad de Panamá, 2025).
Dentro del perfil académico profesional del egresado de la Licenciatura de Administración
Pública se busca, desarrollar habilidades para procesar y analizar sistemas financieros de
carácter público, para la formulación de políticas de inversión y toma de decisiones para
desarrollar presupuestos y programas. (Martínez, 2022, pág. 54).
El establecimiento de la Agenda 2030 por parte de la ONU marcó un hito en la promoción de un
desarrollo sostenible integral, agrupado en tres pilares: económico, social y ambiental. En este contexto,
las universidades públicas, enfrentan el desafío de alinear su gestión administrativa y financiera con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este proceso requiere estructuras presupuestarias
coherentes, modelos de financiamiento sostenibles y una gobernanza eficaz. Diversas experiencias
internacionales han demostrado que la planificación estratégica y el uso de herramientas como
asociaciones público-privadas y esquemas de pago por resultados fortalecen la sostenibilidad
institucional. En el ámbito de la administración pública, estos enfoques permiten canalizar recursos
hacia proyectos prioritarios, garantizando eficiencia financiera y cumplimiento de metas ambientales y
sociales. La incorporación de métricas de impacto y la transparencia en la gestión resultan claves para
avanzar hacia una administración resiliente y sostenible. (La Torre y otros, 2021).
Las estrategias del desarrollo sostenible y financiero equilibran el crecimiento económico, la equidad
social y la preservación ambiental, asegurando recursos para futuras generaciones (Morocho, 2020). En
la administración pública, esto requiere políticas transparentes, justicia social, estrategias financieras y
participación ciudadana para una gestión eficiente de los recursos naturales. La interdependencia de
factores económicos, sociales y ambientales impulsa sociedades resilientes, donde la planificación y
rendición de cuentas son esenciales. También (Tamaño, 2021), reconoce que la Administración Pública
debe ser flexible, para así adaptarse a las diferentes necesidades de la población y a los cambios sociales,
políticos y económicos del ambiente.
pág. 11093
La terminología de la administración pública se deriva del término latino administrativo, implica la
actividad de servir o prestar servicios. Donde en la modernidad a las personas se les trata como clientes.
Por ello, los ciudadanos deben tener la libertad y la oportunidad de elegir el proveedor de servicios
públicos más adecuado a su situación (Crespo & Sánchez, 2024).
Según Ruiz & Ruiz (2019), la administración pública en Panamá desempeña un rol fundamental en la
sostenibilidad al diseñar e implementar políticas que equilibran el crecimiento económico, la equidad
social y la protección ambiental. Su labor abarca la creación de planes estratégicos para la gestión de
recursos naturales, la regulación de actividades productivas con enfoque ambiental, y la promoción de
prácticas responsables en distintos sectores. Estas acciones permiten consolidar un modelo de desarrollo
que garantice el bienestar presente sin comprometer las oportunidades de las futuras generaciones.
Las estrategias de desarrollo sostenible y financiero en la administración pública, alineadas con la
Agenda 2030, buscan garantizar educación inclusiva y equitativa (ODS 4) y fomentar un crecimiento
económico sostenible y empleo digno (ODS 8). En este contexto, la Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) se convierte en una herramienta clave para la inclusión de poblaciones vulnerables
en la educación superior. (Román & González, 2024)
Por otro lado, (Borrero y otros, 2022) resaltan que la administración pública debe implementar
estrategias de dirección y educación sobre cambio climático u otras técnicas del desarrollo sostenible
mediante talleres, charlas para lograr impactar de manera científica, social y económica tanto a las
universidades como a la sociedad en general.
El conjunto de marcos teóricos y enfoques prácticos que guían la implementación de políticas y
estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible en el contexto de la administración pública buscan
equilibrar las dimensiones económica, social y ambiental, considerando la interdependencia y la
integración de estos aspectos para lograr resultados equitativos y duraderos en términos de bienestar
humano y conservación del medio ambiente. (Manzanares, 2020).
Según Portocarrero y otros (2021), la gobernanza y la sostenibilidad son fundamentales en la Nueva
Gestión Pública, orientada por principios de eficacia, eficiencia y calidad, enmarcados en el desarrollo
sostenible.
pág. 11094
Aunque la dimensión ambiental ha avanzado en bioeconomía, persisten desafíos significativos. De igual
forma, los factores sociales y culturales siguen siendo determinantes en las políticas públicas.
La gobernanza y la sostenibilidad en la administración pública son fundamentales para el desarrollo
equilibrado de un país. Las políticas públicas deben estar orientadas hacia la equidad y el bienestar
futuro, fomentando el diálogo y la participación ciudadana como elementos clave en la toma de
decisiones estatales. La planificación estratégica territorial requiere la integración de diversas
perspectivas económicas, sociales y científicas, promoviendo un enfoque prospectivo y una gestión
eficiente de recursos. (Caldas y otros, 2021).
Berrío y Bastías (2021), destacan que el desarrollo sostenible busca equilibrar el progreso económico,
la equidad social y la preservación ambiental sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.
Este enfoque reconoce la interdependencia de estos tres ámbitos, asegurando que las políticas y
estrategias implementadas permitan el crecimiento sin generar impactos negativos irreversibles. La
sostenibilidad no solo implica la gestión responsable de los recursos naturales, sino también la
promoción de sociedades más justas e inclusivas, donde el desarrollo económico se alinee con la
conservación del entorno y la reducción de desigualdades.
Según Álvarez (2023), la Economía Verde promueve un modelo de crecimiento que prioriza la
preservación ambiental y la reducción de impactos negativos en los ecosistemas; materializándose en
políticas que impulsan energías renovables, eficiencia en el uso de recursos y estrategias de mitigación
del cambio climático. Asimismo, fomenta la economía circular y la generación de empleos sostenibles,
integrando criterios ambientales y sociales en la toma de decisiones económicas.
La Economía Verde impulsa el desarrollo sostenible mediante las finanzas verdes y la innovación
ecológica, promoviendo prácticas económicas que respetan el medio ambiente. Estos elementos son
clave para fomentar avances tecnológicos en energías renovables, transporte sostenible y optimización
energética. Al actuar como catalizadores, facilitan la transición hacia modelos económicos más
responsables y eficientes. (Chabán, 2024).
Ayala y Chuga (2023), resaltan que la Gobernanza Ambiental se fundamenta en la cooperación entre el
sector público, privado y la sociedad civil para fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales.
pág. 11095
Este enfoque promueve la participación de diversos actores en la formulación e implementación de
políticas ambientales, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación
ecológica. Además, fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la adopción de estrategias
innovadoras que permitan abordar los desafíos ambientales de manera eficiente e inclusiva.
Zevallos y otros (2023) destacan que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la administración
pública es clave para promover prácticas sostenibles y éticas. Las instituciones educativas juegan un
papel fundamental al incorporar principios de equidad, inclusión y sostenibilidad en su gestión,
asegurando que tanto la comunidad académica como el sector empresarial adopten un compromiso con
el bienestar social y ambiental.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se origina en el siglo XVIII, con aportes de figuras como
Adam Smith, quien sostenía que el interés individual de las empresas puede beneficiar a la sociedad. A
lo largo del tiempo, la RSE se ha expandido para incluir no solo acciones filantrópicas, sino también un
compromiso con el desarrollo social y la sostenibilidad global. Hoy en día, tanto empresas como
gobiernos tienen roles clave en la generación de riqueza, la redistribución de recursos y la cooperación
para lograr un desarrollo sostenible. (Cueto & De La Cuesta, 2023).
Gil y otros (2023) resaltan la importancia de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como una
herramienta clave en la planificación de proyectos y políticas, especialmente en el sector público. Su
propósito es identificar y anticipar los posibles efectos ambientales antes de la ejecución, garantizando
que las decisiones gubernamentales consideren los riesgos ecológicos.
Eschenhagen y Sandoval (2023), señalan que el desarrollo sostenible en América Latina está
condicionado por factores socioeconómicos, ambientales y políticos que moldean las estrategias
dirigidas a un crecimiento equitativo e inclusivo. La región enfrenta desafíos estructurales que afectan
la implementación de políticas sostenibles, entre ellos la desigualdad, la explotación de recursos
naturales y la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Los factores socioeconómicos y ambientales desempeñan un papel crucial en la formulación e
implementación de estrategias de desarrollo sostenible en el ámbito de la administración pública y,
específicamente, en el contexto de las universidades latinoamericanas. A continuación, se detallan
algunos de estos factores: (Muela y otros, 2022).
pág. 11096
Existe una relación entre la gestión pública y el desarrollo sostenible, mencionando la necesidad de que
la gestión moderna esté directamente relacionada con la sostenibilidad de las ciudades. Donde estas
prácticas se desarrollan a través de la gestión pública en las ciudades y otras instituciones para lograr la
equidad social, el impacto ambiental del crecimiento urbano, la necesidad de una gestión eficiente y la
importancia de la educación en el contexto del desarrollo sostenible. (Pérez y otros, 2022).
La educación para el desarrollo sostenible permite formar ciudadanos capaces de tomar decisiones
responsables en favor del equilibrio ambiental, social y económico. Donde en América Latina y el
Caribe, persisten desafíos como la insuficiencia de recursos, la falta de continuidad en los programas y
la capacitación docente limitada. Para superar estas barreras, es imprescindible consolidar marcos
normativos que integren la educación ambiental en todos los niveles y modalidades educativas (Bárcena
y otros, 2021).
Aunque la economía circular está recibiendo más atención, hay una falta de pruebas concretas sobre
cómo empresas pequeñas, especialmente en América Latina, están adoptando prácticas circulares. Los
servicios de consultoría tienen un papel crucial en esta transición, especialmente en empresas que
generan grandes cantidades de desechos y energía no renovable. Se enfatiza la necesidad de
implementar prácticas más limpias, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la responsabilidad social
empresarial. (Silveira y otros, 2022).
Para (Oviedo, 2024), las estrategias de desarrollo sostenible en la administración pública necesitan un
enfoque integral basado en el triple resultado (económico, social y ambiental), promoviendo la
responsabilidad social y la sostenibilidad en la gestión institucional. Donde se evidencia la necesidad
de integrar marcos regulatorios alineados con la Agenda 2030, fortalecer la responsabilidad social
corporativa y superar la visión economicista del desarrollo sostenible.
Las estrategias para el desarrollo fomentan la capacitación continua y promueve la implementación de
tecnologías innovadoras. Además de invertir en la formación digital y habilidades blandas del personal,
asegurando una cultura organizacional orientada a la mejora continua y la innovación. Este enfoque
integral busca fortalecer la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad en la gestión pública. (Pérez
E. , 2024)
pág. 11097
Las universidades desempeñan un papel clave en la generación de conocimiento, la formación de
profesionales comprometidos con la sostenibilidad y la aplicación de prácticas sostenibles en sus
operaciones. Por ejemplo, tienen la responsabilidad de realizar investigaciones que impulsen el
conocimiento en áreas vinculadas con el desarrollo sostenible, como políticas ambientales, gestión de
recursos naturales y energías renovables. (Vallespín, 2021).
Según Blanco et al. (2020), las políticas de gestión ambiental buscan minimizar el impacto de las
actividades mediante reciclaje, reducción del consumo de recursos y tecnologías limpias. La integración
de la sostenibilidad en el currículo promueve una formación académica con enfoque en desarrollo
sostenible y ética ambiental. Además, se fomenta la investigación en sostenibilidad, impulsando
estudios sobre energías renovables y conservación del medio ambiente.
Para la Agenda 2030 se abarca una visión universal y unos principios comunes que involucran a
múltiples actores, incluyendo a las universidades, empresas, ONG, y ciudadanos. Este enfoque
multidimensional reconoce que abordar los desafíos del desarrollo sostenible requiere la colaboración
y el compromiso de todos estos sectores. De allí que el rol de las universidades se dirige a ser agentes
clave en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (Aparicio y otros, 2021).
RESULTADOS
Tabla 1. Nivel de planificación financiera para la sostenibilidad
Variable
Categoría
Frecuencia
Porcentaje (%)
Integración de la sostenibilidad en el
presupuesto institucional
Totalmente integrada
3
30%
Parcialmente integrada
5
50%
No integrada
2
20%
El 50% de los expertos reconoce una integración parcial de la sostenibilidad en la planificación
presupuestaria, lo que indica que las decisiones financieras aún no responden de forma estructurada a
los objetivos ambientales y sociales. Solo el 30% valora esta integración como total, lo que refleja
buenas prácticas de gobernanza financiera. La ausencia de integración en un 20% revela una debilidad
institucional importante. Se recomienda adoptar un enfoque de presupuesto por resultados sustentables,
donde se vinculen objetivos financieros con impactos medibles en sostenibilidad.
pág. 11098
Tabla 2. Capacidad de gestión financiera para proyectos sostenibles
Variable
Categoría
Frecuencia
Porcentaje (%)
Gestión financiera de
proyectos sostenibles
Alta capacidad y control
presupuestario
2
20%
Capacidad funcional pero limitada
6
60%
Débil o con fallas en ejecución
2
20%
La mayoría de los encuestados (60%) percibe que la gestión financiera de los proyectos sostenibles es
funcional pero limitada, reflejando restricciones técnicas o presupuestarias. Un 20% indica deficiencias
de control y ejecución. Este panorama evidencia la necesidad de mejorar la formulación presupuestaria,
la ejecución y el seguimiento de recursos asignados a sostenibilidad, mediante sistemas de información
financiera interoperables y capacitación a los gestores administrativos.
Tabla 3. Transparencia y rendición de cuentas financiera en sostenibilidad
Variable
Categoría
Frecuencia
Porcentaje (%)
Rendición de cuentas
sobre sostenibilidad
Altamente transparente
3
30%
Transparencia parcial
5
50%
Ausencia de informes y rendición formal
2
20%
El 50% de los expertos indica que los procesos de rendición de cuentas en temas sostenibles son
parciales, sin mecanismos sólidos de evaluación pública. Solo un 30% identifica una rendición de
cuentas clara y efectiva. Para fortalecer la gobernanza pública, es clave establecer reportes anuales de
sostenibilidad financiera, auditorías externas y participación ciudadana en el monitoreo del presupuesto
institucional vinculado a la sostenibilidad.
Tabla 4. Acceso a fuentes de financiamiento externo para sostenibilidad
Variable
Categoría
Frecuencia
Porcentaje (%)
Diversificación de
financiamiento externo
Alta: cooperación internacional,
sector privado
2
20%
Limitada: convenios puntuales
4
40%
Inexistente o sin gestión activa
4
40%
El acceso a financiamiento externo para proyectos sostenibles es escaso. Un 40% lo considera limitado
y otro 40% indica que no existe una estrategia institucional activa de captación de fondos. Solo el 20%
reconoce buenas prácticas en esta área. Se hace necesaria la creación de unidades técnicas de proyectos
pág. 11099
en administración pública que formulen y gestionen propuestas ante organismos multilaterales, bancos
de desarrollo y fondos climáticos.
Tabla 5. Capacidad administrativa pública para implementar políticas de sostenibilidad financiera
Variable
Categoría
Frecuencia
Porcentaje (%)
Capacidad de la
administración pública
Estructura sólida, profesionalizada y
con autonomía
3
30%
Capacidad parcial con debilidades en
ejecución
5
50%
Gestión débil, sin estructura clara
2
20%
El 50% de los encuestados señala una capacidad administrativa parcialcon limitaciones en la ejecución
y articulación de las políticas sostenibles. Solo un 30% reconoce estructuras consolidadas y con
autonomía para actuar, mientras que el 20% destaca serias deficiencias. Esto demuestra la necesidad de
fortalecer las capacidades administrativas mediante modernización institucional, profesionalización del
talento humano y descentralización operativa, para asegurar una administración pública eficiente y
orientada al desarrollo sostenible.
DISCUSIÓN
A la luz del marco teórico expuesto, se evidencia que las estrategias de desarrollo sostenible y financiero
deben abordarse desde una visión integradora y multidimensional, alineada con los principios de
eficiencia, equidad y responsabilidad institucional. En este contexto, los hallazgos empíricos obtenidos
a través de las encuestas aplicadas a los 10 expertos revelan avances parciales y desafíos persistentes
en la consolidación de un modelo de administración pública sostenible. La dimensión de planificación
financiera muestra que el 50% de los especialistas identifica una integración parcial de la sostenibilidad
en el presupuesto institucional, lo que concuerda con lo planteado por La Torre et al. (2021) y Martínez
(2022), quienes destacan la necesidad de estructurar presupuestos orientados por resultados medibles y
sostenibles. Este hallazgo sugiere que, si bien existe intención institucional, la materialización de
políticas sostenibles aún carece de una estructura sistémica sólida.
En la dimensión de capacidad de gestión financiera, el 60% de los expertos percibe que esta es funcional
pero limitada, evidenciando coincidencias con los postulados de Portocarrero et al. (2021) y Oviedo
(2024), que señalan la urgencia de mejorar la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria
pág. 11100
mediante herramientas tecnológicas y procesos administrativos más ágiles. Asimismo, la limitada
transparencia en la rendición de cuentas reconocida como parcial por el 50% de los encuestados pone
de manifiesto la necesidad de implementar sistemas de monitoreo público y auditoría externa, en línea
con las recomendaciones de Caldas et al. (2021) y Zevallos et al. (2023).
En cuanto al acceso a financiamiento externo, el 80% de los expertos indica una estrategia institucional
deficiente o inexistente, lo que refleja una oportunidad clave para establecer alianzas estratégicas con
organismos multilaterales, tal como proponen Chabán (2024) y Ayala & Chuga (2023). Finalmente, la
dimensión de capacidad administrativa confirma que solo el 30% percibe una estructura sólida, lo que
coincide con los planteamientos de Borrero et al. (2022) sobre la necesidad de fortalecer la
profesionalización y la autonomía operativa en la administración pública. En conjunto, los datos
sugieren que se debe avanzar hacia una gobernanza institucional más articulada, transparente y con
visión de sostenibilidad integral, en consonancia con los pilares de la Agenda 2030.
CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian que, si bien se ha iniciado esfuerzos hacia la
incorporación de estrategias de desarrollo sostenible y financiero en su gestión administrativa pública,
estos aún se encuentran en una fase incipiente y parcialmente estructurada. Las cinco dimensiones
analizadas sostenibilidad ambiental, social, económica, gobernanza y planificación financiera reflejan
avances desiguales y desafíos significativos, especialmente en cuanto a la integración presupuestaria de
la sostenibilidad, la rendición de cuentas, el acceso a financiamiento externo y la consolidación de una
administración profesionalizada y autónoma.
La convergencia entre los marcos teóricos revisados y los hallazgos empíricos sugiere que una
transición hacia una administración pública verdaderamente sostenible requiere adoptar una
planificación estratégica por resultados, fortalecer las capacidades técnicas y humanas, implementar
mecanismos de transparencia efectivos y promover alianzas institucionales para la captación de
recursos. Solo mediante la articulación de estos elementos será posible avanzar hacia una gobernanza
que responda coherentemente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que garantice el uso eficiente,
ético y equitativo de los recursos en beneficio de las futuras generaciones.
pág. 11101
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