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De la década de los setenta y hasta 1984, las principales leyes del Gobierno fueron, en el ámbito legal,
la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (1971) y, en el ámbito de la
gestión, un organismo gubernamental que cambió de nombre y ubicación institucional. Inicialmente,
fue la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (1972-1976), que formaba parte de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, enfocada en la salud pública. Luego, se convirtió en la Dirección de Ecología
(1977-1982), dentro del área de infraestructura y obras públicas, y finalmente, en 1983, pasó a ser la
Subsecretaría de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue).
El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, incorporó por
primera vez el tema ecológico como un componente clave en el desarrollo social y económico del país.
Se propusieron estrategias para el uso responsable de los recursos naturales, la promoción de tecnologías
eficientes y una política para frenar el crecimiento urbano en áreas altamente concentradas como el
Distrito Federal (ahora CDMX), Guadalajara y Monterrey, favoreciendo el desarrollo de 59 ciudades
medianas. Además, en 1983 se reformó el Artículo 25 de la Constitución para establecer que las
actividades económicas que utilizaran los recursos naturales debían garantizar su conservación. Ese
mismo año, México y Estados Unidos firmaron el Convenio para la Protección y Mejoramiento del
Ambiente en la Zona Fronteriza.
Así comenzó una etapa crucial en el desarrollo de la política ambiental en México, al establecerse
claramente los diferentes niveles de responsabilidad pública en la resolución de los problemas
ambientales. En 1988 se publicó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la
cual, a pesar de las diversas modificaciones que ha tenido, sigue siendo el instrumento principal.
En 1992, se establecieron dos organismos dependientes de la Sedesol: el Instituto Nacional de Ecología
(INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El primero se encargaba de
elaborar normas y definir políticas, mientras que el segundo tenía la responsabilidad de supervisar y
asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales.
Estos cambios marcaron una fase de reformas institucionales que permitieron al Estado mexicano
desarrollar las capacidades necesarias para implementar una política ambiental efectiva. De hecho, la
principal debilidad de la política ambiental en ese momento es la falta de reglas claras y "objetivas" para
la acción, en un contexto donde la opinión pública exige con creciente urgencia medidas para frenar el