ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SISTEMA
DE JUSTICIA JUVENIL: EXPERIENCIAS
TRAUMÁTICAS DE NIÑAS Y SU IMPACTO EN
LA CONDUCTA DELICTIVA EN MÉXICO Y
QUINTANA ROO
GENDER-BASED APPROACH IN THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM:
THE IMPACT OF TRAUMATIC EXPERIENCES ON GIRLS'
DELINQUENT BEHAVIOR IN MEXICO AND QUINTANA ROO
Omar Alejandro Valencia Memije
Universidad Vizcaya de las Américas, México
pág. 3806
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.19027
Enfoque de Género en el Sistema de Justicia Juvenil: Experiencias
Traumáticas de Niñas y su Impacto en la Conducta Delictiva en México y
Quintana Roo
Omar Alejandro Valencia Memije
1
omarvmemije@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-8442-3343
Universidad Vizcaya de las Américas, campus Chetumal
Chetumal, Quintana Roo. México
RESUMEN
El presente estudio analiza la implementación del enfoque de género en el sistema de justicia
juvenil mexicano, con especial énfasis en cómo las experiencias traumáticas específicas de niñas
y adolescentes mujeres influyen en su conducta delictiva y en los procesos del sistema penal
juvenil. A través de una investigación documental que examina el marco legal nacional,
estadísticas oficiales y literatura especializada en criminología feminista, se identifican las
principales brechas en la aplicación de la perspectiva de género en el Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes (SIJPA). Los hallazgos revelan que las niñas representan solo el 9.2% de
la población en el sistema de justicia juvenil, pero enfrentan vulnerabilidades específicas
relacionadas con abuso sexual, pobreza extrema y violencia de género que requieren atención
diferenciada. El estudio evidencia que el 53.9% de la población infantil y adolescente en
México carece de condiciones mínimas para garantizar sus derechos sociales, situación que se
agrava en el caso de las niñas. Se concluye que la implementación de un enfoque sensible al
género en el sistema de justicia juvenil es fundamental para abordar las causas estructurales
de la delincuencia femenina juvenil y garantizar procesos más efectivos de reinserción social.
El análisis del contexto específico de Quintana Roo revela oportunidades para fortalecer la
aplicación de la perspectiva de género en el ámbito local.
Palabras clave:
enfoque de género, justicia juvenil, experiencias traumáticas, delincuencia
femenina, México
1
Autor principal
Correspondencia: omarvmemije@gmail,com
pág. 3807
Gender-Based Approach in the Juvenile Justice System: The Impact of
Traumatic Experiences on Girls' Delinquent Behavior in Mexico and
Quintana Roo
ABSTRACT
This study analyzes the implementation of a gender approach in the Mexican juvenile
justice system, with special emphasis on how specific traumatic experiences of girls and
female adolescents influence their criminal behavior and juvenile justice system processes.
Through
documentary research examining the national legal framework, official statistics, and
specialized
literature on feminist criminology, the main gaps in the application of gender
perspective in the
Comprehensive Juvenile Criminal Justice System (SIJPA) are identified.
Findings reveal that girls
represent only 9.2% of the population in the juvenile justice system,
but face specific vulnerabilities related to sexual abuse, extreme poverty, and gender violence
that require differentiated attention. The study shows that 53.9% of the child and adolescent
population in Mexico lacks minimum conditions to guarantee their social rights, a situation
that worsens in the case of girls. It is concluded that implementing a gender-sensitive
approach in the juvenile justice system is fundamental to address the structural causes of
female juvenile delinquency and ensure more effective social reintegration processes.
Analysis of the specific context of Quintana Roo reveals opportunities to strengthen the
application of gender perspective at the local level.
Keywords:
gender approach, juvenile justice, traumatic experiences, female delinquency, Mexico
Artículo recibido 18 julio 2025
Aceptado para publicación: 22 agosto 2025
pág. 3808
INTRODUCCIÓN
El sistema de justicia juvenil en México ha experimentado transformaciones significativas en
las últimas décadas, particularmente con la promulgación de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) en 2016 [1]. Sin embargo, la
implementación de un enfoque de género que considere las experiencias específicas de niñas y
adolescentes mujeres en conflicto con la ley sigue siendo un desafío pendiente en el sistema de
justicia mexicano. Esta problemática adquiere particular relevancia cuando se considera que
las experiencias traumáticas específicas de las niñas, como el abuso sexual, la pobreza extrema
y la violencia de género, constituyen factores determinantes en sus trayectorias delictivas y
requieren respuestas diferenciadas del sistema de justicia.
La literatura especializada en criminología feminista ha demostrado que las mujeres y niñas
que ingresan al sistema de justicia penal presentan historias de victimización previas
significativamente diferentes a las de sus contrapartes masculinas [2]. En el contexto
mexicano, las estadísticas oficiales revelan que las mujeres representan únicamente el 9.2% de
la población adolescente en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA),
lo que podría sugerir una menor participación femenina en actividades delictivas [3]. No
obstante, esta aparente subrepresentación numérica oculta realidades complejas relacionadas
con las formas específicas en que las niñas experimentan la violencia, la exclusión social y la
criminalización.
Esta pregunta de investigación se desglosa en varios cuestionamientos específicos que guían el
análisis: ¿Cuáles son las características particulares de las experiencias traumáticas que
enfrentan las niñas antes de su ingreso al sistema de justicia juvenil? ¿Cómo se manifiesta la
perspectiva de género en el marco legal y en la práctica del sistema de justicia juvenil mexicano?
¿Qué brechas existen entre el marco normativo y la implementación efectiva de un enfoque
sensible al género? ¿Cuáles son las especificidades del contexto de Quintana Roo que requieren
consideración particular en la aplicación de la perspectiva de género?
La importancia de abordar este tema desde una perspectiva de género radica en múltiples
dimensiones que trascienden el ámbito puramente académico para incidir en la formulación
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de políticas públicas más efectivas y justas. En primer lugar, la justificación teórica se sustenta
en la necesidad de contribuir al desarrollo de la criminología feminista en el contexto
latinoamericano, particularmente en México, donde los estudios sobre delincuencia
femenina juvenil desde una perspectiva de género son aún escasos [4].
Desde una perspectiva empírica, los datos oficiales revelan que el 53.9% de la población entre
0 y 17 años en México carece de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o
más de sus derechos sociales, situación que se agrava cuando se trata de población indígena,
donde el 78.6% se encuentra en situación de pobreza [5]. Estas cifras adquieren mayor
relevancia cuando se considera que el 45.9% de las mujeres de 0 a 17 años vivía en situación de
pobreza en 2022, correspondiendo a 8.4 millones de niñas y mujeres adolescentes [6]. La
intersección entre pobreza, género y edad constituye un factor de vulnerabilidad múltiple que
requiere análisis específico en el contexto de la justicia juvenil.
La justificación práctica se fundamenta en la necesidad urgente de desarrollar intervenciones
más efectivas en el sistema de justicia juvenil que consideren las especificidades de género. La
evidencia internacional demuestra que los programas de justicia juvenil que incorporan
perspectiva de género logran mejores resultados en términos de reducción de reincidencia y
reinserción social exitosa [7]. En el contexto mexicano, donde el sistema de justicia juvenil
se orienta hacia un enfoque socioeducativo más que punitivo, la incorporación de la
perspectiva de género representa una oportunidad para fortalecer la efectividad de las
intervenciones.
Finalmente, la justificación social se basa en el imperativo ético de garantizar que el sistema
de justicia juvenil responda de manera adecuada a las necesidades específicas de todas
las personas adolescentes, independientemente de su género. El principio del interés
superior del
adolescente, consagrado en la legislación mexicana, requiere que las
intervenciones del sistema
consideren las circunstancias particulares de cada caso,
incluyendo las experiencias diferenciadas por género [8].
El presente estudio se sustenta en los desarrollos teóricos de la criminología feminista,
disciplina
que emerge en 1977 con la obra pionera de Carol Smart "Women, Crime and
pág. 3810
Criminology" [9]. Esta corriente teórica ha cuestionado sistemáticamente el sesgo
androcéntrico de las teorías
criminológicas tradicionales y ha desarrollado marcos
explicativos específicos para comprender
la delincuencia femenina desde una perspectiva de
género.
La criminología feminista se articula en torno a varios postulados fundamentales que resultan
relevantes para el análisis de la justicia juvenil. En primer lugar, la teoría de la organización
de género, desarrollada por autoras como Freda Adler y Rita James Simón, sostiene que las
diferencias en los patrones delictivos entre hombres y mujeres son resultado de procesos de
socialización diferenciada más que de características biológicas inherentes [10]. Esta
perspectiva es particularmente relevante para entender cómo las niñas y adolescentes mujeres
experimentan y responden a situaciones de vulnerabilidad social.
La teoría de la masculinidad, propuesta por Freda Adler en "Sisters in Crime" (1975),
argumenta que el aumento de la criminalidad femenina está relacionado con el cambio de roles
asociados a la feminidad y la creciente incorporación de las mujeres al ámbito público [11].
Sin embargo, esta teoría ha sido criticada por no considerar suficientemente las estructuras
de poder patriarcales que continúan limitando las oportunidades de las mujeres y que pueden
empujarlas hacia actividades delictivas como estrategias de supervivencia.
Por su parte, la teoría de la oportunidad, desarrollada por Rita James Simón, enfatiza que las
diferencias en criminalidad entre géneros se explican principalmente por factores
socioculturales y diferencias en las oportunidades para delinquir [12]. Esta perspectiva
resulta especialmente útil para analizar cómo las experiencias traumáticas pueden limitar o
modificar las oportunidades legítimas de desarrollo para las niñas, empujándolas hacia
trayectorias delictivas.
El marco teórico se complementa con los aportes de la antropología del derecho,
particularmente los desarrollos de autoras como Rita Segato, Marta Lamas y otros especialistas
que han analizado cómo el género opera como una construcción simbólica que establece
procesos de diferenciación, dominación y subordinación [13]. Desde esta perspectiva, el
género no es simplemente una variable demográfica, sino una dimensión básica de la vida
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social que estructura las experiencias de las personas en todos los ámbitos, incluyendo su
interacción con el sistema de justicia.
La teoría del contrato sexual, desarrollada por Carole Pateman, proporciona un marco
conceptual fundamental para entender cómo las estructuras patriarcales operan en el ámbito
del derecho y la justicia [14]. Según Pateman, mientras el contrato social constituye una
historia de libertad, el contrato sexual representa una historia de dominación que establece la
división entre la esfera pública (política) y la esfera privada (doméstica), relegando a las
mujeres a esta última y limitando su acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
El marco teórico incorpora también los desarrollos de la psicología clínica y la victimología
sobre el impacto de las experiencias traumáticas en el desarrollo adolescente. Los
estudios de Echeburúa y de Corral sobre las secuelas emocionales del abuso sexual infantil
proporcionan evidencia empírica sobre cómo estas experiencias pueden influir en el
desarrollo de conductas de riesgo, incluyendo la delincuencia [15].
La investigación ha demostrado que el 80% de las víctimas de abuso sexual infantil sufren
consecuencias psicológicas negativas a corto plazo, mientras que al menos el 30% experimenta
efectos a largo plazo [16]. En el caso específico de las niñas, las consecuencias incluyen
reacciones ansioso-depresivas, fracaso escolar, dificultades de socialización y
comportamientos sexuales agresivos. Durante la adolescencia, estas consecuencias pueden
manifestarse como conductas de huida del hogar, consumo de alcohol y drogas, promiscuidad
sexual e intentos de suicidio, todas ellas conductas que pueden facilitar el ingreso al sistema de
justicia juvenil.
La investigación sobre enfoque de género en justicia juvenil en México es relativamente
reciente y se ha desarrollado principalmente a partir de la promulgación de la LNSIJPA en
2016. Los estudios previos han abordado principalmente aspectos normativos y de
implementación del sistema, pero son escasos los trabajos que analizan específicamente las
experiencias de las niñas y adolescentes mujeres desde una perspectiva de género.
Juárez Ortiz (2020) realizó uno de los primeros análisis sistemáticos sobre la perspectiva
de
género en el sistema penal para adolescentes en México, utilizando un enfoque de
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antropología
del derecho [17]. Su investigación evidenció que la LNSIJPA utiliza el
concepto de "género" en apenas 8 de sus 266 artículos, lo que sugiere una incorporación
limitada de la perspectiva de género en el marco normativo. El estudio identificó tres artículos
específicos donde se incluye la
perspectiva de género: los procedimientos de suspensión
condicional del proceso (artículo 102),
los tipos de medidas de sanción (artículo 155) y los
criterios de prevención social de la violencia y delincuencia (artículo 253).
En el ámbito internacional, los estudios de Chesney-Lind y Shelden han sido pioneros en
el análisis de la delincuencia femenina juvenil desde una perspectiva de género [18]. Sus
investigaciones han demostrado que las niñas que ingresan al sistema de justicia juvenil
presentan historias de victimización previas significativamente más altas que los niños,
particularmente en relación con abuso sexual y violencia doméstica. Estos hallazgos han
sido
replicados en diversos contextos nacionales, sugiriendo patrones universales en la relación
entre
victimización previa y delincuencia femenina juvenil.
Los estudios de Bloom, Owen y Covington sobre mujeres en el sistema de justicia penal han
identificado lo que denominan "pathways to crime" (rutas hacia el delito) específicas para las
mujeres, caracterizadas por historias de abuso, problemas de salud mental, abuso de sustancias
y relaciones disfuncionales [19]. Aunque estos estudios se han centrado principalmente en
mujeres adultas, sus hallazgos son relevantes para entender las trayectorias delictivas de las
adolescentes mujeres. En el contexto latinoamericano, los trabajos de Antony han analizado la
situación de las mujeres en los sistemas de justicia penal de la región, identificando patrones
comunes de discriminación y falta de perspectiva de género [20]. Sus investigaciones han
evidenciado que las mujeres en conflicto con la ley enfrentan una doble criminalización: por
sus actos delictivos y por transgredir los roles de género socialmente asignados.
El contexto específico de esta investigación se sitúa en el marco del sistema de justicia juvenil
mexicano posterior a la reforma constitucional de 2005 y la promulgación de la LNSIJPA en
2016. Esta legislación estableció un sistema integral de justicia penal para adolescentes basado
en el modelo de justicia restaurativa y con enfoque socioeducativo, alejándose del modelo
tutelar que había predominado anteriormente [21].
pág. 3813
México cuenta con una población de aproximadamente 38.3 millones de niñas, niños y
adolescentes, de los cuales 18.9 millones son niñas y adolescentes mujeres [22]. Según la
Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022, el sistema
atiende a 3,413 personas adolescentes a nivel nacional, de las cuales solo el 9.2% son mujeres
[23]. Esta aparente subrepresentación femenina contrasta con los altos índices de violencia y
vulnerabilidad que enfrentan las niñas y adolescentes mujeres en el país.
Los datos oficiales revelan que, en México, 6 de cada 10 mujeres adolescentes de entre 15 y
17 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física, sexual o económica
[24]. Además, el 24.1% de los adolescentes en el SIJPA indicó tener hijos, siendo esta una
característica que afecta desproporcionalmente a las mujeres adolescentes y que requiere
consideración específica en las intervenciones del sistema [25].
El estado de Quintana Roo presenta características específicas que lo convierten en un caso de
estudio relevante para el análisis del enfoque de género en justicia juvenil. Como entidad
federativa de reciente creación (1974) y con una economía basada principalmente en el
turismo,
Quintana Roo ha experimentado procesos acelerados de urbanización y migración
que han generado nuevas formas de vulnerabilidad social [26].
La investigación de García Jiménez y Valle Chan (2017) sobre el sistema de justicia para
adolescentes en Quintana Roo identificó la necesidad de fortalecer la implementación de la
legislación nacional en el contexto local [27]. Su estudio incluyó un análisis de las estadísticas
de delitos cometidos por adolescentes en la zona sur del estado durante el período 2013-2016,
evidenciando la necesidad de datos más específicos sobre la situación de las niñas y
adolescentes mujeres.
El estado cuenta con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) Quintana Roo, que tiene entre sus funciones la coordinación de acciones para
garantizar los derechos de la infancia y adolescencia, incluyendo aquellos en conflicto con la
ley [28]. Sin embargo, la implementación efectiva de la perspectiva de género en las políticas
y programas locales sigue siendo un desafío pendiente.
pág. 3814
El objetivo general es
▪
Analizar la implementación del enfoque de género en el sistema de justicia juvenil
mexicano, examinando cómo las experiencias traumáticas específicas de niñas y
adolescentes mujeres influyen en su conducta delictiva y en los procesos del sistema
penal juvenil, con especial referencia al contexto de Quintana Roo.
Los objetivos específicos
•
Identificar y caracterizar las experiencias traumáticas específicas que enfrentan las
niñas y adolescentes mujeres antes de su ingreso al sistema de justicia juvenil,
particularmente en relación con abuso sexual, pobreza y violencia de género;
•
Examinar el marco legal y normativo del sistema de justicia juvenil mexicano desde
una perspectiva de género, identificando fortalezas y limitaciones en la incorporación
de este enfoque;
•
Analizar las estadísticas oficiales sobre la participación de niñas y adolescentes mujeres
en el sistema de justicia juvenil, identificando patrones y tendencias específicas;
•
D)
evaluar la implementación del enfoque de género en el contexto específico de
quintana roo, identificando oportunidades y desafíos para su fortalecimiento y
•
Proponer recomendaciones para mejorar la aplicación de la perspectiva de género en
el sistema de justicia juvenil, tanto a nivel nacional como en el contexto específico de
Quintana Roo.
METODOLOGÍA
La presente investigación adopta un enfoque cualitativo de tipo documental, orientado hacia
el
análisis interpretativo de fuentes primarias y secundarias relacionadas con el enfoque de
género
en el sistema de justicia juvenil mexicano. Este enfoque metodológico se justifica
por la naturaleza exploratoria del estudio y la necesidad de comprender en profundidad
las dimensiones teóricas, normativas y empíricas del fenómeno bajo análisis [29].
El enfoque cualitativo permite abordar la complejidad de las experiencias de las niñas y
adolescentes mujeres en el sistema de justicia juvenil desde una perspectiva holística,
considerando no solo los datos estadísticos disponibles, sino también los marcos teóricos, las
pág. 3815
narrativas institucionales y los contextos socioculturales que dan sentido a estas
experiencias [30]. Además, este enfoque es coherente con los principios epistemológicos de
la criminología
feminista, que enfatiza la importancia de visibilizar las experiencias
específicas de las mujeres y
cuestionar las narrativas dominantes en el campo criminológico
[31].
El estudio se clasifica como una investigación descriptiva-analítica de tipo documental.
Es
descriptiva en tanto busca caracterizar y sistematizar la información disponible sobre el
enfoque
de género en el sistema de justicia juvenil mexicano, identificando patrones,
tendencias y características específicas de las experiencias de las niñas y adolescentes
mujeres [32]. Es analítica porque trasciende la mera descripción para examinar las
relaciones entre variables, interpretar los hallazgos a la luz de los marcos teóricos y generar
nuevos conocimientos sobre el fenómeno estudiado [33].
La investigación documental se define como un proceso sistemático de búsqueda, selección,
organización, análisis e interpretación de información contenida en documentos escritos,
audiovisuales o electrónicos [34]. En el contexto de este estudio, la investigación documental
permite acceder a una amplia gama de fuentes que incluyen legislación, estadísticas oficiales,
investigaciones académicas, informes institucionales y literatura especializada en
criminología feminista.
El diseño de la investigación es no experimental, transversal y retrospectivo. Es no
experimental porque no implica la manipulación de variables independientes, sino el análisis
de fenómenos en su contexto natural [35]. Es transversal porque examina el fenómeno en un
momento específico del tiempo, aunque incorpora una perspectiva histórica para entender la
evolución del
enfoque de género en el sistema de justicia juvenil [36]. Es retrospectivo
porque analiza información y datos generados en períodos anteriores al momento de la
investigación [37].
El diseño incorpora elementos del análisis documental sistemático, siguiendo las fases
propuestas por Dulzaides y Molina: planificación, recolección, organización, análisis e
interpretación [38].
pág. 3816
Esta aproximación metodológica permite garantizar el rigor científico del proceso de
investigación y la validez de los hallazgos obtenidos.
Dado el carácter documental de la investigación, la población de estudio está constituida por
el universo de documentos relevantes para el análisis del enfoque de género en el sistema de
justicia juvenil mexicano. Esta población incluye:
Documentos normativos
: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, tratados internacionales ratificados por México en
materia de derechos de la infancia y adolescencia.
Estadísticas oficiales
: Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal
(ENASJUP), datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informes del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estadísticas
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Literatura académica
: Artículos científicos publicados en revistas indexadas, tesis de
posgrado, libros especializados en criminología feminista, justicia juvenil y perspectiva de
género.
Informes institucionales
: Documentos producidos por organismos nacionales e
internacionales relacionados con derechos humanos, justicia juvenil y perspectiva de género.
La muestra se conformó mediante un muestreo intencional o por conveniencia, seleccionando
aquellos documentos que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión:
Criterios de Inclusión
▪
Documentos publicados entre 2005 y 2025, período que abarca desde la reforma
constitucional en materia de justicia juvenil hasta la actualidad
▪
Documentos en español, inglés o portugués
▪
Documentos que aborden específicamente el enfoque de género, la justicia juvenil, las
experiencias traumáticas de niñas y adolescentes, o la delincuencia femenina juvenil
Documentos con rigor metodológico y científico verificable
▪
Documentos oficiales de instituciones gubernamentales mexicanas
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▪
Documentos de organismos internacionales reconocidos en materia de derechos humanos
y justicia juvenil
Criterios de Exclusión
▪
Documentos sin autoría identificable o de fuentes no confiables
▪
Documentos que no aborden directamente el tema de investigación
▪
Documentos duplicados o
versiones preliminares cuando existe una versión final
▪
Documentos con información desactualizada que haya sido superada por normativa o
datos más recientes
La recolección de información se realizó mediante las siguientes técnicas:
Se implementó una estrategia de búsqueda bibliográfica sistemática utilizando múltiples
bases de datos académicas y repositorios institucionales. Las bases de datos consultadas
incluyeron:
Bases de datos académicas
: SciELO, Redalyc, JSTOR, ProQuest, EBSCO, Dialnet
Repositorios institucionales
: Repositorios de universidades mexicanas, bibliotecas
digitales
de instituciones gubernamentales
Motores de búsqueda especializados
: Google Scholar, Microsoft Academic
Sitios web institucionales
: INEGI, CONEVAL, CNDH, SIPINNA, Poder Judicial de la
Federación
Los términos de búsqueda utilizados incluyeron combinaciones de las siguientes palabras
clave en español e inglés: "enfoque de género", "justicia juvenil", "delincuencia femenina",
"experiencias traumáticas", "abuso sexual", "criminología feminista", "México", "Quintana
Roo", "gender approach", "juvenile justice", "female delinquency", "traumatic experiences".
El análisis documental se realizó siguiendo la metodología propuesta por Bardin para el
análisis de contenido [39]. Este proceso incluyó las siguientes fases:
Pre-análisis
: Lectura superficial de los documentos para familiarizarse con el contenido y
establecer las primeras impresiones
Exploración del material
: Lectura detallada y sistemática de los documentos,
identificando unidades de análisis relevantes
pág. 3818
Tratamiento de los resultados
: Categorización, codificación e interpretación de la información
obtenida
Se realizó una revisión exhaustiva de las estadísticas oficiales disponibles sobre el sistema de
justicia juvenil en México, con especial énfasis en los datos desagregados por género. Las fuentes
principales incluyeron:
▪
Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022.
▪
Censos de Población y Vivienda del INEGI
▪
Encuestas de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la
Delincuencia (ECOPRED)
▪
Informes anuales de instituciones del sistema de justicia juvenil
Se diseñó una matriz de análisis documental que permitió sistematizar la información
extraída de cada fuente consultada. La matriz incluyó los siguientes campos:
▪
Datos bibliográficos completos (autor, título, año, editorial, etc.)
▪
Tipo de documento (artículo científico, libro, informe, legislación, etc.
▪
Principales hallazgos relacionados con el enfoque de género en justicia juvenil.
▪
Limitaciones identificadas y relevancia para los objetivos de investigación.
▪
Observaciones adicionales.
Se elaboraron fichas de contenido para registrar de manera sistemática la información más
relevante de cada documento analizado. Estas fichas incluyeron:
▪
Resumen del contenido principal.
▪
Citas textuales relevantes
▪
Conceptos clave identificados
▪
Relaciones con otros documentos analizados.
Aunque la investigación documental no involucra directamente a seres humanos como sujetos
de estudio, se consideraron importantes aspectos éticos en el desarrollo del trabajo:
Se garantizó el respeto absoluto a los derechos de autor de todas las fuentes consultadas,
citando adecuadamente cada documento utilizado y siguiendo las normas de la American
Psychological Association (APA) en su séptima edición para las referencias bibliográficas
pág. 3819
Se aseguró que el uso de la información recopilada fuera exclusivamente para fines académicos
y de investigación, evitando cualquier tergiversación o uso inadecuado de los datos y
hallazgos de otros investigadores.
Se mantuvo transparencia total en el proceso metodológico, documentando detalladamente los
criterios de selección de fuentes, las técnicas de análisis utilizadas y las limitaciones
identificadas en el proceso de investigación.
La investigación presenta varias limitaciones que deben ser consideradas en la interpretación
de los resultados:
El período de análisis se limita a los años 2005-2025, lo que puede excluir antecedentes
históricos relevantes para comprender la evolución del enfoque de género en el sistema de
justicia juvenil mexicano.
Aunque el estudio tiene alcance nacional, el análisis específico del contexto de Quintana
Roo puede estar limitado por la disponibilidad de información local y la menor cantidad de
estudios específicos sobre este estado.
La investigación depende de la disponibilidad y calidad de las fuentes documentales
existentes. En algunos casos, la información puede estar fragmentada o ser insuficiente para
realizar análisis más profundos.
El carácter documental de la investigación no permite la generación de datos primarios que
podrían enriquecer el análisis, como entrevistas con actores clave del sistema de justicia
juvenil
o estudios de caso específicos.
El procesamiento y análisis de la información recopilada se realizó mediante las siguientes
estrategias:
Se implementó un análisis de contenido temático siguiendo la propuesta de Braun y Clarke
[41], que incluyó las siguientes fases:
Familiarización con los datos
: Lectura repetida de los documentos para identificar
patrones iniciales
Generación de códigos iniciales
: Identificación sistemática de características relevantes
de
los datos
pág. 3820
Búsqueda de temas
: Agrupación de códigos en temas potenciales
Revisión de temas
: Refinamiento de los temas identificados
Definición y denominación de temas
: Establecimiento de definiciones claras para cada tema
Producción del informe
: Elaboración del informe final con ejemplos convincentes
Se utilizó la triangulación de fuentes como estrategia para aumentar la validez y confiabilidad
de los hallazgos [42]. Esta técnica implicó la comparación y contrastación de información
proveniente de diferentes tipos de fuentes (académicas, oficiales, institucionales) para
identificar convergencias y divergencias en los datos.
Se realizó un análisis comparativo entre el marco normativo nacional y su implementación en
el contexto específico de Quintana Roo, identificando brechas y oportunidades de mejora
en la aplicación del enfoque de género.
La metodología descrita garantiza el rigor científico del estudio y permite abordar de manera
sistemática y comprehensiva el complejo fenómeno del enfoque de género en el sistema de
justicia juvenil mexicano, proporcionando una base sólida para la generación de
conocimiento relevante y la formulación de recomendaciones fundamentadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de la literatura especializada y las estadísticas oficiales revela un patrón consistente
de experiencias traumáticas específicas que caracterizan las trayectorias de las niñas y
adolescentes mujeres antes de su ingreso al sistema de justicia juvenil. Estos hallazgos
confirman los postulados de la criminología feminista sobre la importancia de considerar las
experiencias diferenciadas por género en el análisis de la delincuencia juvenil.
Los datos analizados evidencian que el abuso sexual constituye una experiencia traumática
central en las trayectorias de las niñas que posteriormente ingresan al sistema de justicia juvenil.
Según los estudios de Echeburúa y de Corral, el 27% de las mujeres reconocen
retrospectivamente haber sido víctimas de abusos sexuales en la infancia, comparado con el
16% de los hombres [43].
Esta diferencia de género se acentúa cuando se analizan los casos
graves con implicaciones
clínicas, donde las niñas representan el 58.9% de las víctimas frente al
40.1% de los niños [44].
pág. 3821
El análisis revela características específicas del abuso sexual que afecta a las niñas y que tienen
implicaciones directas para su posterior involucramiento en actividades delictivas. En primer
lugar, el abuso intrafamiliar (incesto) presenta una mayor prevalencia en niñas, con una edad
de inicio más temprana (7-8 años) comparado con el abuso extrafamiliar que afecta más
frecuentemente a los niños (11-12 años) [45]. Esta diferencia es significativa porque el abuso
intrafamiliar tiende a ser más prolongado, menos reportado y más devastador en términos de
sus consecuencias psicológicas.
"La situación habitual incestuosa suele ser la siguiente: un comienzo con caricias;
un paso posterior a la masturbación y al contacto buco genital; y, solo en algunos
casos, una evolución al coito vaginal, que puede ser más tardío (cuando la niña
alcanza la pubertad)" [46].
Las consecuencias psicológicas del abuso sexual en niñas presentan características específicas
que pueden facilitar su posterior ingreso al sistema de justicia juvenil. El 80% de las víctimas
sufren consecuencias psicológicas negativas a corto plazo, manifestándose en las niñas
principalmente como reacciones ansioso-depresivas, fracaso escolar, dificultades de
socialización y comportamientos sexuales agresivos [47]. Durante la adolescencia, estas
consecuencias adquieren particular gravedad, incluyendo riesgo de embarazo, conductas de
huida del hogar, consumo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e intentos de suicidio [48].
La investigación identifica factores que predicen una peor evolución en las víctimas de
abuso sexual, todos ellos particularmente relevantes para las niñas: la presencia de
sucesos
traumáticos diversos, la frecuencia y duración de los abusos, la existencia de
violación, la vinculación familiar con el agresor y las consecuencias negativas de la revelación
del abuso [49]. Estos factores crean un contexto de vulnerabilidad múltiple que puede empujar
a las niñas hacia estrategias de supervivencia que incluyen actividades delictivas.
La Comisión de los Derechos Humanos indican que el 53.9% de la población entre 0 y 17
años carece de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus
derechos sociales [50]. Esta situación se agrava significativamente cuando se considera la
perspectiva de género: el 45.9% de las mujeres de 0 a 17 años vivía en situación de pobreza en
pág. 3822
2022, correspondiendo a 8.4 millones de niñas y mujeres adolescentes [51].
La pobreza extrema afecta al 10% de las mujeres de 0 a 17 años, equivalente a 1.8 millones de
niñas y mujeres adolescentes [52]. Estas cifras adquieren mayor relevancia cuando se considera
que la pobreza no opera como un factor aislado, sino que se intersecta con otras formas de
vulnerabilidad específicas de género. La investigación evidencia que las niñas en situación
de pobreza enfrentan riesgos adicionales relacionados con la explotación sexual, el trabajo
infantil doméstico, el matrimonio forzado y la maternidad temprana.
La situación se agrava cuando se considera la población indígena, donde el 78.6% se encuentra
en situación de pobreza [53]. Las niñas indígenas enfrentan una vulnerabilidad múltiple que
combina género, etnia, edad y condición socioeconómica, creando un contexto de exclusión
social que puede facilitar su involucramiento en actividades delictivas como estrategia de
supervivencia.
"En México, más de 53.9% de la población total de personas entre 0 a 17 años carece de
las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos
sociales además de que el ingreso de su hogar es insuficiente para satisfacer sus
necesidades elementales" [54].
Los datos oficiales revelan que la violencia de género constituye una experiencia traumática
prevalente en las trayectorias de las niñas y adolescentes mujeres en México. Según las
estadísticas de UNICEF México, 6 de cada 10 mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años han
sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física, sexual o económica [55]. Esta
alta prevalencia de violencia de género crea un contexto de vulnerabilidad que puede influir
en las trayectorias delictivas de las adolescentes.
La violencia de género que experimentan las niñas y adolescentes presenta características
específicas que la diferencian de la violencia que afecta a los niños. En primer lugar, tiende a
ser más frecuentemente perpetrada por personas conocidas, particularmente familiares y
parejas íntimas.
En segundo lugar, incluye formas específicas de violencia sexual y reproductiva que no afectan
a los niños. En tercer lugar, está frecuentemente asociada con el control y la restricción de la
pág. 3823
autonomía de las niñas, limitando sus oportunidades de desarrollo y empujándolas hacia
estrategias de supervivencia que pueden incluir actividades delictivas.
La investigación identifica un patrón de revictimización que caracteriza las experiencias de
las niñas en el sistema de justicia juvenil. Muchas de las adolescentes que ingresan al sistema
han experimentado múltiples formas de victimización a lo largo de sus vidas, incluyendo
abuso
sexual, violencia doméstica, negligencia y explotación. Esta revictimización crea un
contexto de
trauma complejo que requiere intervenciones especializadas y sensibles al
género.
El análisis del marco legal y normativo del sistema de justicia juvenil mexicano revela
una incorporación limitada pero progresiva del enfoque de género, con importantes
fortalezas y limitaciones que requieren atención específica.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, promulgada en
2016,
representa un avance significativo en el reconocimiento de la perspectiva de género
en el sistema de justicia juvenil mexicano. Sin embargo, el análisis detallado de Juárez Ortiz
revela que la incorporación de esta perspectiva es aún limitada: el concepto de "género"
aparece en apenas 8 de los 266 artículos de la ley [56].
Los artículos que incorporan específicamente la perspectiva de género son:
Artículo 16 - Principio de No Discriminación
: Establece que no debe existir discriminación
por género en la aplicación del sistema de justicia juvenil. Este artículo constituye una base
fundamental para garantizar la igualdad de trato, pero requiere desarrollo específico en
términos de cómo operacionalizar este principio en la práctica.
Artículo 83 - Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
: Justifica "ajustes
pertinentes" en los mecanismos alternativos para evitar la exclusión de personas intervinientes
por razones de género. Este artículo reconoce implícitamente que las diferencias de género
pueden requerir adaptaciones en los procedimientos, pero no especifica cuáles son estos ajustes
ni cómo implementarlos.
pág. 3824
Artículo 102 - Procedimientos de Suspensión Condicional del Proceso
: Incluye la perspectiva
de género en los criterios para la suspensión condicional del proceso. Esta inclusión es relevante
porque permite considerar las circunstancias específicas de género en las decisiones judiciales.
Artículo 155 - Tipos de Medidas de Sanción
: Incorpora la perspectiva de género en la
determinación de las medidas de sanción, incluyendo la posibilidad de cursos sobre sexualidad
para adolescentes sentenciados por delitos sexuales.
Artículo 253 - Criterios de Prevención Social
: Establece la obligación de incluir la
perspectiva de género en las políticas públicas de prevención social de la violencia y
delincuencia.
Un aspecto destacado del marco normativo es el reconocimiento explícito de las necesidades
específicas de las adolescentes mujeres, particularmente en relación con la maternidad, el parto,
el puerperio, la lactancia y la custodia de hijos [57]. El artículo 57 de la LNSIJPA establece
los derechos de las adolescentes en los Centros Especializados, incluyendo atención médica
especializada durante el embarazo y el parto, así como facilidades para la lactancia y el cuidado
de los hijos.
Este reconocimiento es particularmente relevante considerando que el 24.1% de los
adolescentes en el SIJPA indicó tener hijos, siendo esta una característica que afecta
desproporcionalmente a las mujeres [58]. El 71.9% de estos adolescentes tenía un hijo, el 19.5%
tenía dos hijos y el 8.6% tenía tres o más hijos [59]. Estas cifras evidencian la importancia de
considerar la maternidad como un factor específico en el diseño de las intervenciones del
sistema de justicia juvenil.
A pesar de los avances normativos, el análisis revela importantes limitaciones en la
implementación efectiva del enfoque de género en el sistema de justicia juvenil mexicano.
La investigación de Juárez Ortiz identifica que el uso limitado del concepto de género en
la legislación refleja una comprensión aún incipiente de las implicaciones prácticas de la
perspectiva de género en el sistema de justicia [60].
Una limitación fundamental es la falta de desarrollo específico de protocolos y
procedimientos que operacionalicen la perspectiva de género en la práctica cotidiana del
pág. 3825
sistema. Aunque la ley establece principios generales, no proporciona orientaciones
específicas sobre cómo los operadores del sistema deben considerar las diferencias de género
en sus decisiones y intervenciones.
Otra limitación importante es la ausencia de indicadores específicos de género que permitan
monitorear y evaluar la efectividad de la implementación del enfoque de género. Sin estos
indicadores, es difícil determinar si las intervenciones del sistema están respondiendo
adecuadamente a las necesidades específicas de las niñas y adolescentes mujeres.
El análisis de las estadísticas oficiales del sistema de justicia juvenil mexicano revela patrones
específicos de género que requieren atención diferenciada y que confirman muchos de los
postulados de la criminología feminista.
Los datos de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP)
2022 revelan una marcada diferencia en la participación por género en el sistema de justicia
juvenil. Del total de 3,413 personas adolescentes en el SIJPA, el 89.1% son hombres, el 9.2% son
mujeres y el 1.7% no especificó su género [61]. Esta distribución sugiere una menor
participación femenina en actividades delictivas, pero también puede reflejar sesgos en la
detección, procesamiento y sanción de la delincuencia femenina juvenil.
La subrepresentación numérica de las mujeres en el sistema de justicia juvenil es consistente con
los patrones internacionales identificados por la criminología feminista. Sin embargo, esta
aparente menor participación no debe interpretarse como evidencia de que las niñas y
adolescentes mujeres no enfrentan problemas significativos relacionados con la delincuencia
y la victimización.
Por el contrario, la investigación sugiere que las niñas pueden estar involucradas en formas
de delincuencia menos visibles o que sus comportamientos problemáticos pueden ser
procesados a través de otros sistemas (como el de protección infantil) en lugar del sistema de
justicia juvenil.
El análisis de la situación jurídica de las mujeres adolescentes en el SIJPA revela patrones
específicos que sugieren diferencias en el procesamiento y sanción por género. Las mujeres
adolescentes presentan una mayor proporción en sanción de externación (63.2%) comparado
pág. 3826
con los hombres (55.9%), mientras que tienen una menor proporción en sanción de
internamiento (27.6%) comparado con los hombres (30.4%) [62].
Estas diferencias pueden reflejar varios factores: en primer lugar, las mujeres adolescentes
pueden estar cometiendo delitos menos graves que requieren medidas menos restrictivas. En
segundo lugar, los operadores del sistema pueden estar aplicando criterios diferenciados por
género, considerando a las mujeres como menos peligrosas o más susceptibles de
rehabilitación. En tercer lugar, estas diferencias pueden reflejar la aplicación implícita de
estereotipos de género que consideran a las mujeres como más adecuadas para medidas de
externación.
El análisis de las características sociodemográficas de los adolescentes en el SIJPA revela
aspectos específicos que afectan diferenciadamente a las mujeres. La alta prevalencia de
maternidad/paternidad (24.1% de los adolescentes tiene hijos) tiene implicaciones
particulares para las mujeres, quienes tradicionalmente asumen mayores responsabilidades de
cuidado [63].
Los datos sobre alfabetización muestran que el 96.2% de los adolescentes en el SIJPA sabe leer y
escribir, con diferencias mínimas por género (96.9% hombres, 96.6% mujeres) [64]. Estos
datos sugieren que los problemas educativos no son un factor diferenciador significativo por
género en el sistema de justicia juvenil mexicano, aunque pueden ocultar diferencias
cualitativas en el acceso y calidad de la educación.
El análisis de los hallazgos empíricos a la luz de los marcos teóricos de la criminología
feminista revela la relevancia y aplicabilidad de estas teorías para entender la situación de las
niñas y adolescentes mujeres en el sistema de justicia juvenil mexicano.
La teoría de la organización de género, que sostiene que las estructuras sociales de género
inhiben o moldean la criminalidad femenina, encuentra confirmación en los datos mexicanos
[65]. La subrepresentación numérica de las mujeres en el sistema de justicia juvenil (9.2%)
puede interpretarse como evidencia de que las estructuras de género tradicionales continúan
limitando las oportunidades delictivas de las mujeres, pero también las empujan hacia formas
específicas de delincuencia relacionadas con su posición subordinada en la estructura social.
pág. 3827
La alta prevalencia de experiencias traumáticas específicas de género (abuso sexual, violencia
doméstica, explotación) en las trayectorias de las niñas que ingresan al sistema sugiere que la
organización de género opera no solo limitando las oportunidades delictivas, sino también
creando vulnerabilidades específicas que pueden facilitar el involucramiento en actividades
delictivas como estrategias de supervivencia.
La teoría de la masculinización propuesta por Freda Adler, que relaciona el aumento de la
criminalidad femenina con el cambio de roles de género, requiere una aplicación matizada en
el contexto mexicano [66]. Aunque México ha experimentado cambios significativos en los
roles de género en las últimas décadas, las estructuras patriarcales tradicionales continúan
siendo predominantes, particularmente en contextos de pobreza y exclusión social.
Los datos sobre maternidad adolescente en el SIJPA (24.1% de los adolescentes tiene hijos)
sugieren que muchas de las mujeres en el sistema continúan asumiendo roles tradicionales de
género relacionados con la maternidad y el cuidado, lo que contradice parcialmente la teoría
de la masculinización. Esto sugiere que en el contexto mexicano, la delincuencia femenina
juvenil puede estar más relacionada con la persistencia de estructuras de género tradicionales
que con su transformación.
La teoría de la oportunidad diferencial de Rita James Simón, que enfatiza los factores
socioculturales sobre los biológicos en la explicación de las diferencias de género en
criminalidad, encuentra fuerte respaldo en los datos mexicanos [67]. La alta prevalencia
de
pobreza entre las niñas y adolescentes mujeres (45.9% en situación de pobreza) sugiere que
las
diferencias en oportunidades legítimas de desarrollo constituyen un factor fundamental
en sus trayectorias delictivas.
La intersección entre pobreza, género y edad crea un contexto de oportunidades diferenciales
que puede empujar a las niñas hacia actividades delictivas. La falta de acceso a educación de
calidad, oportunidades laborales legítimas y servicios de protección social específicos para
niñas puede crear un contexto donde las actividades delictivas aparecen como alternativas
viables para la supervivencia.
pág. 3828
El análisis del contexto específico de Quintana Roo revela características particulares que
influyen en la implementación del enfoque de género en el sistema de justicia juvenil local.
Quintana Roo presenta características socioeconómicas específicas que influyen en la situación
de las niñas y adolescentes mujeres en el estado. Como entidad federativa de reciente creación
(1974) con una economía basada principalmente en el turismo, el estado ha experimentado
procesos acelerados de urbanización y migración que han generado nuevas formas de
vulnerabilidad social [68].
La economía turística del estado crea oportunidades específicas, pero también riesgos
particulares para las niñas y adolescentes mujeres. Por un lado, el sector turístico puede ofrecer
oportunidades laborales que no existen en otros contextos. Por otro lado, puede facilitar formas
específicas de explotación sexual y laboral que afectan desproporcionalmente a las niñas y
adolescentes mujeres.
La investigación de García Jiménez y Valle Chan sobre el sistema de justicia para adolescentes en
Quintana Roo identificó la necesidad de fortalecer la implementación de la legislación
nacional en el contexto local [69]. Su estudio evidenció que aunque el estado cuenta con
el marco normativo nacional, la implementación efectiva del enfoque de género requiere
adaptaciones específicas al contexto local.
El estado cuenta con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) Quintana Roo, que tiene entre sus funciones la coordinación de acciones para
garantizar los derechos de la infancia y adolescencia [70]. Sin embargo, la implementación
efectiva de la perspectiva de género en las políticas y programas locales sigue siendo un desafío
pendiente.
El contexto de Quintana Roo presenta varias oportunidades para fortalecer la
implementación del enfoque de género en el sistema de justicia juvenil:
Tamaño manejable del sistema
: Como estado relativamente pequeño, Quintana Roo puede
implementar innovaciones y mejoras de manera más ágil que entidades federativas más
grandes.
pág. 3829
Recursos del turismo
: Los ingresos del sector turístico pueden proporcionar recursos
adicionales para programas especializados en enfoque de género.
Diversidad cultural
: La presencia de población maya y migrante de otros estados puede
enriquecer las perspectivas sobre género y justicia juvenil.
Instituciones educativas
: La presencia de universidades como la Universidad de Quintana Roo
puede facilitar la investigación y el desarrollo de programas basados en evidencia.
El análisis integral de los datos empíricos, el marco normativo y los contextos específicos
permite
identificar varios hallazgos significativos que contribuyen al conocimiento sobre el
enfoque de género en el sistema de justicia juvenil mexicano.
Los hallazgos confirman muchos de los patrones identificados por la criminología feminista
internacional en el contexto específico mexicano. La alta prevalencia de experiencias
traumáticas previas, particularmente abuso sexual y violencia de género, en las trayectorias
de las niñas que ingresan al sistema de justicia juvenil es consistente con los hallazgos
internacionales. Sin embargo, el contexto mexicano presenta especificidades relacionadas con
los altos niveles de pobreza, la persistencia de estructuras patriarcales tradicionales y la
diversidad cultural que requieren consideración específica.
La investigación identifica importantes brechas entre el marco normativo y la
implementación efectiva del enfoque de género en el sistema de justicia juvenil mexicano.
Aunque la LNSIJPA incluye principios de no discriminación y reconoce algunas necesidades
específicas de las adolescentes mujeres, la operacionalización de estos principios en la
práctica cotidiana del sistema sigue siendo limitada.
Los hallazgos evidencian la necesidad de adoptar enfoques interseccionales que consideren la
interacción entre género, edad, clase social, etnia y otras dimensiones de la identidad. La
situación de las niñas indígenas en situación de pobreza, por ejemplo, requiere intervenciones
específicas que consideren estas múltiples vulnerabilidades.
El análisis del contexto de Quintana Roo demuestra la importancia de considerar las
especificidades locales en la implementación del enfoque de género.
pág. 3830
Las características
socioeconómicas, culturales e institucionales de cada contexto influyen
significativamente en las
posibilidades y desafíos para la implementación efectiva de la
perspectiva de género.
Los resultados de esta investigación proporcionan una base sólida para el desarrollo de
recomendaciones específicas para mejorar la implementación del enfoque de género en el
sistema de justicia juvenil mexicano, tanto a nivel nacional como en el contexto específico de
Quintana Roo. Estas recomendaciones se presentan en la sección de conclusiones, junto con las
implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos obtenidos.
CONCLUSIONES
La presente investigación ha demostrado que la implementación del enfoque de género en el
sistema de justicia juvenil mexicano constituye tanto una necesidad urgente como un desafío
complejo que requiere transformaciones profundas en los marcos conceptuales, normativos
y operativos del sistema. Los hallazgos obtenidos a través del análisis documental sistemático
confirman la hipótesis central de que las experiencias traumáticas específicas de niñas y
adolescentes mujeres influyen significativamente en su conducta delictiva y requieren
respuestas diferenciadas del sistema de justicia juvenil.
Los resultados de esta investigación confirman de manera contundente que las experiencias
traumáticas específicas de niñas y adolescentes mujeres, particularmente el abuso sexual, la
pobreza extrema y la violencia de género, constituyen factores determinantes en sus trayectorias
delictivas. La evidencia empírica demuestra que el 27% de las mujeres han experimentado
abuso sexual en la infancia, comparado con el 16% de los hombres, y que estas experiencias
tienen consecuencias psicológicas específicas que pueden facilitar el ingreso al sistema de
justicia juvenil.
La investigación establece que el abuso sexual intrafamiliar, que afecta desproporcionalmente
a las niñas con una edad de inicio más temprana (7-8 años), crea un contexto de vulnerabilidad
múltiple que se manifiesta en reacciones ansioso-depresivas, fracaso escolar, comportamientos
sexuales agresivos y, durante la adolescencia, en conductas de huida del hogar, consumo de
sustancias y promiscuidad sexual.
pág. 3831
Estas manifestaciones constituyen factores de riesgo directos para el involucramiento en
actividades delictivas.
La intersección entre pobreza y género revela que el 45.9% de las mujeres de 0 a 17 años en
México vive en situación de pobreza, correspondiendo a 8.4 millones de niñas y mujeres
adolescentes. Esta situación se agrava en el caso de la población indígena, donde el 78.6% se
encuentra en situación de pobreza, creando un contexto de vulnerabilidad múltiple que
empuja a las niñas hacia estrategias de supervivencia que pueden incluir actividades delictivas.
El análisis del marco legal y normativo revela que, aunque la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes representa un avance significativo en el reconocimiento
de la perspectiva de género, su implementación sigue siendo limitada e insuficiente. La
incorporación del concepto de "género" en apenas 8 de los 266 artículos de la ley evidencia
una comprensión aún incipiente de las implicaciones prácticas del enfoque de género en el
sistema de justicia juvenil.
Las limitaciones identificadas incluyen la falta de protocolos específicos para operacionalizar
la perspectiva de género en la práctica cotidiana del sistema, la ausencia de indicadores de
género para monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones, y la insuficiente
capacitación del personal del sistema en temas de género y trauma. Estas limitaciones
impiden que el sistema responda adecuadamente a las necesidades específicas de las niñas y
adolescentes mujeres, perpetuando su invisibilización y revictimización.
Los hallazgos de esta investigación demuestran la necesidad urgente de adoptar enfoques
interseccionales que consideren la interacción compleja entre género, edad, clase social, etnia
y otras dimensiones de la identidad. La situación de las niñas indígenas en situación de
pobreza extrema ejemplifica cómo las múltiples vulnerabilidades se intersectan para crear
contextos de exclusión social que facilitan el involucramiento en actividades delictivas.
La investigación establece que el 80% de las víctimas de abuso sexual sufren consecuencias
psicológicas negativas, y que al menos el 30% experimenta efectos a largo plazo.
Estos datos evidencian la necesidad de que el sistema de justicia juvenil adopte enfoques
sensibles al trauma que reconozcan las experiencias de victimización previa de las niñas y
pág. 3832
adolescentes mujeres y desarrollen intervenciones específicas para abordar estas
experiencias.
La alta prevalencia de maternidad adolescente en el sistema (24.1% de los adolescentes tiene
hijos) requiere atención específica que considere las responsabilidades de cuidado que
tradicionalmente asumen las mujeres. El sistema debe desarrollar programas que apoyen a las
madres adolescentes en el cumplimiento de sus medidas de sanción sin comprometer su rol
maternal ni el bienestar de sus hijos.
El análisis del contexto específico de Quintana Roo revela importantes oportunidades para
fortalecer la implementación del enfoque de género en el sistema de justicia juvenil local.
Como estado relativamente pequeño con una economía dinámica basada en el turismo,
Quintana Roo puede implementar innovaciones y mejoras de manera más ágil que entidades
federativas más grandes.
La presencia de instituciones educativas como la Universidad de Quintana Roo, junto con la
diversidad cultural del estado que incluye población maya y migrante, proporciona un
contexto favorable para el desarrollo de programas innovadores basados en evidencia y
culturalmente pertinentes. Los recursos generados por el sector turístico pueden facilitar la
inversión en programas especializados que incorporen efectivamente la perspectiva de
género. Sin embargo, el contexto turístico también presenta riesgos específicos para las niñas
y adolescentes mujeres, incluyendo formas particulares de explotación sexual y laboral que
requieren atención específica en las políticas de prevención y en las intervenciones del sistema
de justicia juvenil.
Esta investigación contribuye al desarrollo de la criminología feminista en el contexto
latinoamericano al confirmar la aplicabilidad de los marcos teóricos desarrollados en
otros contextos al caso específico mexicano, pero también al identificar especificidades
culturales, sociales y económicas que requieren adaptaciones teóricas.
La confirmación de la teoría de la organización de género en el contexto mexicano, evidenciada
por la subrepresentación numérica de las mujeres en el sistema (9.2%) pero también por las
formas específicas de vulnerabilidad que enfrentan, contribuye a la comprensión de cómo las
pág. 3833
estructuras de género operan en contextos de alta desigualdad social y persistencia de
estructuras patriarcales tradicionales.
La investigación también contribuye metodológicamente al demostrar la viabilidad y
utilidad del análisis documental sistemático para el estudio de fenómenos complejos como
el enfoque de
género en justicia juvenil, particularmente en contextos donde el acceso a datos
primarios puede
ser limitado.
Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones directas para el diseño e
implementación de políticas públicas más efectivas y justas en el ámbito de la justicia juvenil.
En
primer lugar, es necesario desarrollar protocolos específicos que operacionalicen la
perspectiva de género en todas las etapas del proceso de justicia juvenil, desde la detención
hasta la reinserción social.
En segundo lugar, se requiere la implementación de programas de capacitación sistemática para
todos los operadores del sistema de justicia juvenil en temas de género, trauma y enfoques
interseccionales. Esta capacitación debe incluir no solo conocimientos teóricos, sino también
herramientas prácticas para la identificación y atención de las necesidades específicas de las
niñas y adolescentes mujeres.
En tercer lugar, es fundamental desarrollar indicadores específicos de género que permitan
monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones del sistema. Estos indicadores deben
incluir no solo datos cuantitativos sobre la participación de las mujeres en el sistema, sino
también indicadores cualitativos sobre la calidad de la atención y los resultados de las
intervenciones.
Con base en los hallazgos obtenidos, se formulan las siguientes recomendaciones específicas:
1.
Reformar la LNSIJPA para incluir de manera más explícita y detallada la perspectiva de
género en todos los procedimientos del sistema de justicia juvenil.
2.
Desarrollar protocolos específicos para la identificación y atención de experiencias
traumáticas previas en niñas y adolescentes mujeres que ingresan al sistema.
3.
Implementar programas de capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos
los operadores del sistema de justicia juvenil.
pág. 3834
4.
Establecer indicadores específicos de género para el monitoreo y evaluación del sistema de
justicia juvenil.
5.
Desarrollar programas especializados para madres adolescentes en el sistema de justicia
juvenil.
Para el contexto de Quintana Roo:
1.
Aprovechar las fortalezas institucionales del estado para desarrollar un programa piloto de
implementación del enfoque de género en justicia juvenil que pueda servir como modelo
para otros estados.
2.
Establecer alianzas entre el sistema de justicia juvenil, las universidades locales y las
organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de programas basados en evidencia.
3.
Desarrollar programas de prevención específicos que consideren los riesgos particulares
del contexto turístico para las niñas y adolescentes mujeres.
4.
Implementar un sistema de información que permita el seguimiento específico de las
trayectorias de las niñas y adolescentes mujeres en el sistema de justicia juvenil local.
Esta investigación presenta varias limitaciones que deben ser consideradas en la
interpretación de los resultados y que abren oportunidades para futuras investigaciones. En
primer lugar, el carácter documental del estudio limita la posibilidad de generar datos
primarios que podrían enriquecer el análisis, particularmente en relación con las experiencias
específicas de las niñas y adolescentes mujeres en el sistema.
En segundo lugar, la limitación temporal del análisis (2005-2025) puede excluir antecedentes
históricos relevantes para comprender la evolución del enfoque de género en el sistema de
justicia juvenil mexicano. Futuras investigaciones podrían ampliar este período de análisis
para incluir una perspectiva histórica más amplia.
En tercer lugar, aunque el estudio incluye un
análisis específico del contexto de Quintana Roo, la generalización de los hallazgos a otros
contextos estatales requiere investigaciones adicionales que consideren las especificidades
locales de cada entidad federativa.
La implementación efectiva del enfoque de género en el sistema de justicia juvenil mexicano
no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino un imperativo ético y de justicia social
pág. 3835
que requiere transformaciones profundas en las concepciones tradicionales sobre la
delincuencia juvenil, el género y la justicia. Los hallazgos de esta investigación demuestran
que las niñas y adolescentes mujeres que ingresan al sistema de justicia juvenil no son
simplemente "delincuentes", sino supervivientes de múltiples formas de violencia y exclusión
social que requieren respuestas especializadas y sensibles al trauma.
La invisibilización de las experiencias específicas de las niñas y adolescentes mujeres en
el sistema de justicia juvenil no solo perpetúa su vulnerabilidad, sino que también limita
la efectividad del sistema en su conjunto. Un sistema de justicia juvenil que no considera
las diferencias de género en sus intervenciones es un sistema que falla en cumplir su mandato
de promover la reinserción social y prevenir la reincidencia.
El camino hacia la implementación efectiva del enfoque de género en el sistema de justicia
juvenil mexicano requiere el compromiso sostenido de múltiples actores: legisladores,
operadores del sistema, académicos, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en
general. Solo a través de este esfuerzo colectivo será posible construir un sistema de justicia
juvenil verdaderamente equitativo y efectivo que responda a las necesidades específicas de
todas las personas adolescentes, independientemente de su género.
Los hallazgos de esta investigación proporcionan una base sólida para avanzar en esta dirección,
pero también evidencian que queda mucho trabajo por hacer. La implementación del
enfoque de género en el sistema de justicia juvenil no es un destino, sino un proceso
continuo de
aprendizaje, adaptación y mejora que requiere vigilancia constante y compromiso
sostenido con
los principios de igualdad, justicia y respeto por los derechos humanos de
todas las personas adolescentes.
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