LA APROPIACIÓN FRAUDULENTA
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y EL
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
FRAUDULENT APPROPRIATION BY ELECTRONIC
MEANS AND THE PROTECTED LEGAL ASSET
Ab. Andrea Marlene Altamirano Zavala
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
pág. 11420
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.19080
La Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos y el Bien Jurídico
Protegido
Ab. Andrea Marlene Altamirano Zavala1
aaltamirano@pucesa.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-1535-1396
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato
Ambato-Ecuador
RESUMEN
La apropiación fraudulenta por medios electrónicos en Ecuador constituye una modalidad delictiva en
crecimiento, vinculada directamente con el uso indebido de tecnologías digitales para obtener
beneficios económicos ilegítimos. Este tipo de fraude se manifiesta a través de la manipulación de
sistemas informáticos, suplantación de identidad digital, transferencias bancarias no autorizadas y
estafas en plataformas virtuales. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano tipifica este
delito de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, incorporando sanciones específicas para
quienes usen medios electrónicos o tecnológicos con el fin de apropiarse ilícitamente de dinero o bienes
ajenos. A pesar de esta normativa, la evolución constante de las técnicas cibernéticas supera en muchos
casos la capacidad de respuesta institucional. Uno de los principales problemas que enfrenta el país
frente a este delito es la limitada especialización de operadores judiciales y cuerpos investigativos en
materia de cibercriminalidad. Además, existen vacíos en la cooperación interinstitucional, que pueden
generar fallas en el debido proceso, identificación de los responsables y el rastreo de los fondos,
problemas como la jurisdicción y competencia, a esto se suma la complejidad probatoria en entornos
virtuales, todo esto es abordado analíticamente en el presente artículo mostrando la fragilidad de la
protección de datos que en este caso es el bien jurídico protegido.
Palabras clave: cibercrimen, bien jurídico, medios electrónicos, apropiación fraudulenta
1 Autor principal
Correspondencia: aaltamirano@pucesa.edu.ec
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.19080
La Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos y el Bien Jurídico
Protegido
Ab. Andrea Marlene Altamirano Zavala1
aaltamirano@pucesa.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-1535-1396
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato
Ambato-Ecuador
RESUMEN
La apropiación fraudulenta por medios electrónicos en Ecuador constituye una modalidad delictiva en
crecimiento, vinculada directamente con el uso indebido de tecnologías digitales para obtener
beneficios económicos ilegítimos. Este tipo de fraude se manifiesta a través de la manipulación de
sistemas informáticos, suplantación de identidad digital, transferencias bancarias no autorizadas y
estafas en plataformas virtuales. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano tipifica este
delito de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, incorporando sanciones específicas para
quienes usen medios electrónicos o tecnológicos con el fin de apropiarse ilícitamente de dinero o bienes
ajenos. A pesar de esta normativa, la evolución constante de las técnicas cibernéticas supera en muchos
casos la capacidad de respuesta institucional. Uno de los principales problemas que enfrenta el país
frente a este delito es la limitada especialización de operadores judiciales y cuerpos investigativos en
materia de cibercriminalidad. Además, existen vacíos en la cooperación interinstitucional, que pueden
generar fallas en el debido proceso, identificación de los responsables y el rastreo de los fondos,
problemas como la jurisdicción y competencia, a esto se suma la complejidad probatoria en entornos
virtuales, todo esto es abordado analíticamente en el presente artículo mostrando la fragilidad de la
protección de datos que en este caso es el bien jurídico protegido.
Palabras clave: cibercrimen, bien jurídico, medios electrónicos, apropiación fraudulenta
1 Autor principal
Correspondencia: aaltamirano@pucesa.edu.ec
pág. 11421
Fraudulent Appropriation by Electronic Means and the Protected Legal
Asset
ABSTRACT
Fraudulent appropriation through electronic means in Ecuador constitutes a growing criminal modality,
directly linked to the misuse of digital technologies to obtain illicit economic benefits. This type of
fraud is manifested through the manipulation of computer systems, digital identity theft, unauthorized
bank transfers, and scams on virtual platforms. The Ecuadorian Comprehensive Organic Criminal Code
(COIP) classifies this offense of fraudulent appropriation through electronic means, incorporating
specific sanctions for those who use electronic or technological means to unlawfully appropriate money
or other people's property. Despite this regulation, the constant evolution of cyber techniques often
surpasses the institutional response capacity. One of the main problems the country faces in addressing
this crime is the limited specialization of judicial operators and investigative bodies in the field of
cybercrime. In addition, there are gaps in inter-institutional cooperation, which can result in due process
failures, difficulties in identifying those responsible, and in tracing the funds. Issues such as jurisdiction
and competence further complicate the situation. Added to this is the complexity of gathering evidence
in virtual environments. All these aspects are analytically addressed in this article, highlighting the
fragility of data protection, which in this case is the protected legal interest.
Keywords: cybercrime, legal interest, electronic means, fraudulent appropriation
Artículo recibido 05 julio 2025
Aceptado para publicación: 25 julio 2025
Fraudulent Appropriation by Electronic Means and the Protected Legal
Asset
ABSTRACT
Fraudulent appropriation through electronic means in Ecuador constitutes a growing criminal modality,
directly linked to the misuse of digital technologies to obtain illicit economic benefits. This type of
fraud is manifested through the manipulation of computer systems, digital identity theft, unauthorized
bank transfers, and scams on virtual platforms. The Ecuadorian Comprehensive Organic Criminal Code
(COIP) classifies this offense of fraudulent appropriation through electronic means, incorporating
specific sanctions for those who use electronic or technological means to unlawfully appropriate money
or other people's property. Despite this regulation, the constant evolution of cyber techniques often
surpasses the institutional response capacity. One of the main problems the country faces in addressing
this crime is the limited specialization of judicial operators and investigative bodies in the field of
cybercrime. In addition, there are gaps in inter-institutional cooperation, which can result in due process
failures, difficulties in identifying those responsible, and in tracing the funds. Issues such as jurisdiction
and competence further complicate the situation. Added to this is the complexity of gathering evidence
in virtual environments. All these aspects are analytically addressed in this article, highlighting the
fragility of data protection, which in this case is the protected legal interest.
Keywords: cybercrime, legal interest, electronic means, fraudulent appropriation
Artículo recibido 05 julio 2025
Aceptado para publicación: 25 julio 2025
pág. 11422
INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito informático tenemos nuevos retos en lo referente al derecho, puesto que las diferentes
facetas que presenta son un reto para mejorar su desenvolvimiento, puesto que el avance tecnológico es
constante así como las condiciones de vida, y que el derecho debe evolucionar de la misma manera.
En el presente trabajo pretende abordar el tema del bien jurídico protegido, y la apropiación fraudulenta
de bienes electrónicos, revisando conceptos, antecedentes y elementos de esta figura jurídica, realizando
un análisis en sus diferentes facetas y la problemática que gira a su alrededor, como los problemas de
identidad de autoría, dudas sobre la jurisdicción y competencia entre otros elementos que presentan
novedades en su concepción.
Actualmente encontramos una interacción virtual mucho más fuerte, y que ello conlleva el uso de
herramientas informáticas para la realización de transacciones económicas, lo cual es una oportunidad
para el cometimiento de defraudaciones de forma anónima, haciendo más difícil su imputación y su
investigación, además de las formas de cometimiento de estafa que involucran un ámbito internacional.
Se comenta la importancia de tratar su estudio de una manera urgente y necesaria en una sociedad donde
cada vez más dependemos de la tecnología y del conocimiento de sistemas virtuales e informáticos en
todos los ámbitos. El ámbito informático desborda nuestra vida diaria, contemplando entonces la
necesidad del progreso del derecho en estos aspectos, por lo cual finalmente se mostraran medidas
preventivas y planteamiento de soluciones para evitar el cometimiento de estafas en medio digital.
METODOLOGÍA
La investigación será de tipo cualitativo y documental, con un análisis dogmático del derecho penal y
una revisión de casos relevantes sobre apropiación fraudulenta en entornos electrónicos. Se combinará
el estudio normativo con el análisis jurisprudencial y doctrinal.
El estudio se basará en:
• Revisión bibliográfica: Análisis de libros, artículos científicos, informes jurídicos y normativas
nacionales e internacionales.
• Estudio de casos: Revisión de sentencias y resoluciones judiciales que evidencien cómo se
interpreta y protege el bien jurídico afectado.
INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito informático tenemos nuevos retos en lo referente al derecho, puesto que las diferentes
facetas que presenta son un reto para mejorar su desenvolvimiento, puesto que el avance tecnológico es
constante así como las condiciones de vida, y que el derecho debe evolucionar de la misma manera.
En el presente trabajo pretende abordar el tema del bien jurídico protegido, y la apropiación fraudulenta
de bienes electrónicos, revisando conceptos, antecedentes y elementos de esta figura jurídica, realizando
un análisis en sus diferentes facetas y la problemática que gira a su alrededor, como los problemas de
identidad de autoría, dudas sobre la jurisdicción y competencia entre otros elementos que presentan
novedades en su concepción.
Actualmente encontramos una interacción virtual mucho más fuerte, y que ello conlleva el uso de
herramientas informáticas para la realización de transacciones económicas, lo cual es una oportunidad
para el cometimiento de defraudaciones de forma anónima, haciendo más difícil su imputación y su
investigación, además de las formas de cometimiento de estafa que involucran un ámbito internacional.
Se comenta la importancia de tratar su estudio de una manera urgente y necesaria en una sociedad donde
cada vez más dependemos de la tecnología y del conocimiento de sistemas virtuales e informáticos en
todos los ámbitos. El ámbito informático desborda nuestra vida diaria, contemplando entonces la
necesidad del progreso del derecho en estos aspectos, por lo cual finalmente se mostraran medidas
preventivas y planteamiento de soluciones para evitar el cometimiento de estafas en medio digital.
METODOLOGÍA
La investigación será de tipo cualitativo y documental, con un análisis dogmático del derecho penal y
una revisión de casos relevantes sobre apropiación fraudulenta en entornos electrónicos. Se combinará
el estudio normativo con el análisis jurisprudencial y doctrinal.
El estudio se basará en:
• Revisión bibliográfica: Análisis de libros, artículos científicos, informes jurídicos y normativas
nacionales e internacionales.
• Estudio de casos: Revisión de sentencias y resoluciones judiciales que evidencien cómo se
interpreta y protege el bien jurídico afectado.
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• Análisis comparado: Se compararán diferentes legislaciones para identificar tendencias y vacíos
normativos.
La Cibercriminalidad
El internet como medio digital de expansión global ha facilitado la comisión de delitos, así como
también los medios de persecución o enjuiciamiento. Se entiende por cibercrimen a las conductas de
apropiación, disposición de información o información ilícita sin autorización con afectación a un bien
jurídico. (Hernández, 2009) Es decir, vulnerando la seguridad informática y de redes de transmisión de
datos, causando perjuicios personales y patrimoniales. Se observa también el desconocimiento general
del manejo de internet y de nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía, provocando que sea una
fuente atractiva para la ciberdelincuencia, al existir facilidades para el cometimiento de tipos delictivos.
Otra característica es el cometimiento instantáneo de varios delitos a la vez, ya que no existe mucho
tiempo entre el inicio del ilícito y la consumación del acto. Es decir la rapidez aunque aparentemente
sea una característica no tan importante, nos permite rescatar la mínima o nula capacidad de reacción
por parte de la víctima frente al escaso riesgo del tiempo empleado en su cometimiento, lo que aventaja
al autor del hecho.
También dentro de las características encontramos que puede existir el desconocimiento de la identidad
de la víctima y del autor; respecto de la víctima se puede desconocer a quien va dirigido el ataque y
por otro lado desconocimiento del autor incurriendo en el anonimato. (Rodríguez, 2019) Existen
técnicas de encriptación de datos o empleo de sistemas que dificultan el rastreo del objeto por el cual
se realiza el delito, y dificultan además su vinculación con el autor del delito.
Los datos informáticos y las bases de datos, son actualmente relevantes, por la necesidad de obtener
información sea en medios mercantiles u otros contextos, por lo que se menciona la urgencia de proteger
la información a fin de precautelar el capital económico y los datos personales. Por tanto el ciberdelito
se comete a través de medios telemáticos como herramienta del delito, o porque la vulneración de
sistemas sea su objetivo. Los sistemas informáticos se protegen de manera indirecta, mientras que los
delitos vinculados al internet, salvaguardan en primer orden otros bienes jurídicos como la privacidad
de datos o el patrimonio monetario, antes que la seguridad de la información. (Posada, 2017)
• Análisis comparado: Se compararán diferentes legislaciones para identificar tendencias y vacíos
normativos.
La Cibercriminalidad
El internet como medio digital de expansión global ha facilitado la comisión de delitos, así como
también los medios de persecución o enjuiciamiento. Se entiende por cibercrimen a las conductas de
apropiación, disposición de información o información ilícita sin autorización con afectación a un bien
jurídico. (Hernández, 2009) Es decir, vulnerando la seguridad informática y de redes de transmisión de
datos, causando perjuicios personales y patrimoniales. Se observa también el desconocimiento general
del manejo de internet y de nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía, provocando que sea una
fuente atractiva para la ciberdelincuencia, al existir facilidades para el cometimiento de tipos delictivos.
Otra característica es el cometimiento instantáneo de varios delitos a la vez, ya que no existe mucho
tiempo entre el inicio del ilícito y la consumación del acto. Es decir la rapidez aunque aparentemente
sea una característica no tan importante, nos permite rescatar la mínima o nula capacidad de reacción
por parte de la víctima frente al escaso riesgo del tiempo empleado en su cometimiento, lo que aventaja
al autor del hecho.
También dentro de las características encontramos que puede existir el desconocimiento de la identidad
de la víctima y del autor; respecto de la víctima se puede desconocer a quien va dirigido el ataque y
por otro lado desconocimiento del autor incurriendo en el anonimato. (Rodríguez, 2019) Existen
técnicas de encriptación de datos o empleo de sistemas que dificultan el rastreo del objeto por el cual
se realiza el delito, y dificultan además su vinculación con el autor del delito.
Los datos informáticos y las bases de datos, son actualmente relevantes, por la necesidad de obtener
información sea en medios mercantiles u otros contextos, por lo que se menciona la urgencia de proteger
la información a fin de precautelar el capital económico y los datos personales. Por tanto el ciberdelito
se comete a través de medios telemáticos como herramienta del delito, o porque la vulneración de
sistemas sea su objetivo. Los sistemas informáticos se protegen de manera indirecta, mientras que los
delitos vinculados al internet, salvaguardan en primer orden otros bienes jurídicos como la privacidad
de datos o el patrimonio monetario, antes que la seguridad de la información. (Posada, 2017)
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La doctrina nos indica que dentro de los cibercrímenes se castiga la acción que vulnera la seguridad de
las funciones informáticas, pudiendo existir también la vulneración de otros bienes jurídicos
colateralmente.
La seguridad de las funciones informáticas configura primero la confidencialidad de los datos, en
segundo lugar la integridad y exactitud de la información, así como que exista la adecuada
infraestructura de acceso que garantice su correcto funcionamiento, así como también exista la
comprobación del envío o repudio de la información. (Posada, 2017) Es decir, el autor plantea que la
seguridad de la información es en sí, un bien jurídico que necesita protegerse, ya que es exigible para
el usuario un normal funcionamiento de los sistemas informáticos, y se garantice la protección a bases
de datos en medios virtuales.
El registro y análisis de la información obtenida de dispositivos informáticos tiene algunas
características de protección legal por la protección de la inviolabilidad del domicilio, la garantía del
secreto de las comunicaciones, o material acerca de datos personales o íntimos, deben primero ser
garantizados, para que no existan impugnaciones por la manera de obtenerlas. El acceso al contenido
de un computador requiere de una autorización judicial específica que no debe confundirse con la orden
para ingresar al domicilio, debido a que el juez no es un técnico en la materia, y debe ser apoyado por
personal técnico como lo son peritos, que aseguren que esta copia de seguridad se ha obtenido con las
garantías de integridad. (Perea, 2017) La doctrina como vemos ha debatido este punto ya que se tratan
de datos privados, en todo caso siempre se debe tener las autorizaciones para obtener dichas pruebas.
La sentencia STC 170/2003, de 29 de septiembre, declaró la vulneración del derecho por falta de las
garantías procesales, por no identificarse determinado el domicilio del que fue recolectada la pieza
informática. Varios autores señalan que el delito informático, supone una pluralidad de modalidades
delictivas vinculadas con los computadores, existiendo varias conductas delictivas y no una sola.
(Acurio, 2016)
La autora María Castillo entiende que delito informático es la acción envuelta en dolo, ocasionando un
perjuicio a entidades con la intervención de dispositivos informáticos. Estos dispositivos funcionan
como unidades de almacenamiento, son elementos que leen o escriben información en soportes de
almacenamiento o memoria de un computador. (Castillo, 1989)
La doctrina nos indica que dentro de los cibercrímenes se castiga la acción que vulnera la seguridad de
las funciones informáticas, pudiendo existir también la vulneración de otros bienes jurídicos
colateralmente.
La seguridad de las funciones informáticas configura primero la confidencialidad de los datos, en
segundo lugar la integridad y exactitud de la información, así como que exista la adecuada
infraestructura de acceso que garantice su correcto funcionamiento, así como también exista la
comprobación del envío o repudio de la información. (Posada, 2017) Es decir, el autor plantea que la
seguridad de la información es en sí, un bien jurídico que necesita protegerse, ya que es exigible para
el usuario un normal funcionamiento de los sistemas informáticos, y se garantice la protección a bases
de datos en medios virtuales.
El registro y análisis de la información obtenida de dispositivos informáticos tiene algunas
características de protección legal por la protección de la inviolabilidad del domicilio, la garantía del
secreto de las comunicaciones, o material acerca de datos personales o íntimos, deben primero ser
garantizados, para que no existan impugnaciones por la manera de obtenerlas. El acceso al contenido
de un computador requiere de una autorización judicial específica que no debe confundirse con la orden
para ingresar al domicilio, debido a que el juez no es un técnico en la materia, y debe ser apoyado por
personal técnico como lo son peritos, que aseguren que esta copia de seguridad se ha obtenido con las
garantías de integridad. (Perea, 2017) La doctrina como vemos ha debatido este punto ya que se tratan
de datos privados, en todo caso siempre se debe tener las autorizaciones para obtener dichas pruebas.
La sentencia STC 170/2003, de 29 de septiembre, declaró la vulneración del derecho por falta de las
garantías procesales, por no identificarse determinado el domicilio del que fue recolectada la pieza
informática. Varios autores señalan que el delito informático, supone una pluralidad de modalidades
delictivas vinculadas con los computadores, existiendo varias conductas delictivas y no una sola.
(Acurio, 2016)
La autora María Castillo entiende que delito informático es la acción envuelta en dolo, ocasionando un
perjuicio a entidades con la intervención de dispositivos informáticos. Estos dispositivos funcionan
como unidades de almacenamiento, son elementos que leen o escriben información en soportes de
almacenamiento o memoria de un computador. (Castillo, 1989)
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Por otro lado, las herramientas de explotación de los dispositivos informáticos cómo pueden ser
computadores, teléfonos móviles, deben ser evacuadas en un corto plazo de tiempo a fin de conservar
la información deseada, en la práctica este tipo de cosas no siempre son factibles.
Para la delincuencia la ciber acción puede ser programable y automatizada, esto quiere decir que para
el cometimiento del delito un sujeto aborda el sistema informático, y produce una acción programada
con alcance determinado de espacio y tiempo, así se ejemplifica con la ejecución automática,
sincronizada y reiterativa de ataques cibernéticos situados en diferentes países, cuyo sistema ha sido
diseñado especialmente para enviar programas dañinos a cualquier parte del mundo. Estos ataques
consisten en vulnerar sistemas o equipos, o ejecutar un ataque concreto mediante la utilización del
sistema contra datos registrados. La posibilidad de programar permite que se ejecute el hecho delictivo
aun cuando las personas no están conscientes de ello, o sin la posibilidad de tener una injerencia física.
(Posada, 2017)
El Bien Jurídico Protegido
El bien jurídico protegido en general es la información, que es un derecho fundamental recogido en las
constituciones de los países. Los bienes jurídicos de fondo en el ámbito económico, dependiendo del
delito serían el patrimonio, respecto de fraudes informáticos y malversación de datos, la
confidencialidad de los datos, respecto de bancos de datos y de datos de intimidad personal, en general
nos referimos a la seguridad en medios informáticos. (Acurio, 2016)
Para José Luis Ripollés existen principios estructurales garantistas de la intervención penal, primero el
principio de lesividad, es decir que debe tratarse de un comportamiento que tenga una afectación social
en su conjunto, podemos hacer distinción del derecho penal con el derecho moral. Respecto del
principio de mínima intervención basado en la fragmentariedad, subsidiariedad y proporcionalidad,
además de la neutralización de la víctima refiriéndose a las medidas de reparación a la víctima por el
delincuente. (Ripollés, 2017)
Para determinar cuál es el bien jurídico vulnerado debemos observar que es lo que se debe proteger, al
hablar del bien jurídico, hacemos mención de ciertos valores que deben protegerse como el derecho a
la vida, la integridad, el patrimonio económico.
Por otro lado, las herramientas de explotación de los dispositivos informáticos cómo pueden ser
computadores, teléfonos móviles, deben ser evacuadas en un corto plazo de tiempo a fin de conservar
la información deseada, en la práctica este tipo de cosas no siempre son factibles.
Para la delincuencia la ciber acción puede ser programable y automatizada, esto quiere decir que para
el cometimiento del delito un sujeto aborda el sistema informático, y produce una acción programada
con alcance determinado de espacio y tiempo, así se ejemplifica con la ejecución automática,
sincronizada y reiterativa de ataques cibernéticos situados en diferentes países, cuyo sistema ha sido
diseñado especialmente para enviar programas dañinos a cualquier parte del mundo. Estos ataques
consisten en vulnerar sistemas o equipos, o ejecutar un ataque concreto mediante la utilización del
sistema contra datos registrados. La posibilidad de programar permite que se ejecute el hecho delictivo
aun cuando las personas no están conscientes de ello, o sin la posibilidad de tener una injerencia física.
(Posada, 2017)
El Bien Jurídico Protegido
El bien jurídico protegido en general es la información, que es un derecho fundamental recogido en las
constituciones de los países. Los bienes jurídicos de fondo en el ámbito económico, dependiendo del
delito serían el patrimonio, respecto de fraudes informáticos y malversación de datos, la
confidencialidad de los datos, respecto de bancos de datos y de datos de intimidad personal, en general
nos referimos a la seguridad en medios informáticos. (Acurio, 2016)
Para José Luis Ripollés existen principios estructurales garantistas de la intervención penal, primero el
principio de lesividad, es decir que debe tratarse de un comportamiento que tenga una afectación social
en su conjunto, podemos hacer distinción del derecho penal con el derecho moral. Respecto del
principio de mínima intervención basado en la fragmentariedad, subsidiariedad y proporcionalidad,
además de la neutralización de la víctima refiriéndose a las medidas de reparación a la víctima por el
delincuente. (Ripollés, 2017)
Para determinar cuál es el bien jurídico vulnerado debemos observar que es lo que se debe proteger, al
hablar del bien jurídico, hacemos mención de ciertos valores que deben protegerse como el derecho a
la vida, la integridad, el patrimonio económico.
pág. 11426
Biding señala que el bien jurídico lo estipula el legislador puesto que éste valora que es importante
como necesidad social. (Martínez, 2017) Entenderemos al bien jurídico como aquella pieza vulnerable
que el estado protege de ser lesionado, para lo cual el mismo debe ser garantista frente a la oportuna
actitud dañosa que pueda presentarse, y es por esto todo el engranaje jurídico penal, sancionatorio para
proteger estos bienes. El bien jurídico parte además del modelo democrático y político que tiene un
país, puesto que su escala de valores está plasmada en su sistema jurídico. Varios autores señalan que
estos bienes pueden ser individuales y colectivos, donde pongan en riesgo el orden social
preestablecido, en donde el estado tiene que mover su aparataje institucional para intervenir
salvaguardando la Constitución y el orden económico social. (Martínez, 2017)
Los ciberdelitos pueden abarcar conductas que pueden vulnerar varios bienes jurídicos como la
intimidad, el patrimonio económico, el honor, etc., a través de sistemas informáticos. El Derecho
penal, es una herramienta de control social ya que precautela el orden, y en tal virtud se señala que el
delito de estafa informática busca la estabilidad de las relaciones económicas y sociales mediante el uso
de herramientas virtuales.
La estafa según el art. 248.2 del Código Penal Español
Dentro de la legislación española tenemos la estafa informática, el objeto del engaño es producir en la
víctima su consentimiento para que se realice el acto de disposición patrimonial, haciendo comparación
con el delito de hurto donde no se verifica entrega voluntaria, así como en la apropiación indebida no
hay engaño. La sentencia del Tribunal Superior segunda sala de lo Penal de la Jurisdicción española,
habla de que el engaño debe ser idóneo. «Es preciso que exista una relación de causalidad entre el
engaño que provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que
aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. El engaño
debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del
perjuicio patrimonial». (STS 358/2015, de 10 de junio) Este acto voluntario que realiza la víctima
lógicamente carece de conciencia, puesto que solamente se requiere que exista un acto voluntario.
No existe un consentimiento voluntario, principio básico para la legalidad de la celebración de actos y
contratos, de acuerdo a la normativa civil, puesto que el consentimiento se ve viciado por el error, y
este producido por el engaño.
Biding señala que el bien jurídico lo estipula el legislador puesto que éste valora que es importante
como necesidad social. (Martínez, 2017) Entenderemos al bien jurídico como aquella pieza vulnerable
que el estado protege de ser lesionado, para lo cual el mismo debe ser garantista frente a la oportuna
actitud dañosa que pueda presentarse, y es por esto todo el engranaje jurídico penal, sancionatorio para
proteger estos bienes. El bien jurídico parte además del modelo democrático y político que tiene un
país, puesto que su escala de valores está plasmada en su sistema jurídico. Varios autores señalan que
estos bienes pueden ser individuales y colectivos, donde pongan en riesgo el orden social
preestablecido, en donde el estado tiene que mover su aparataje institucional para intervenir
salvaguardando la Constitución y el orden económico social. (Martínez, 2017)
Los ciberdelitos pueden abarcar conductas que pueden vulnerar varios bienes jurídicos como la
intimidad, el patrimonio económico, el honor, etc., a través de sistemas informáticos. El Derecho
penal, es una herramienta de control social ya que precautela el orden, y en tal virtud se señala que el
delito de estafa informática busca la estabilidad de las relaciones económicas y sociales mediante el uso
de herramientas virtuales.
La estafa según el art. 248.2 del Código Penal Español
Dentro de la legislación española tenemos la estafa informática, el objeto del engaño es producir en la
víctima su consentimiento para que se realice el acto de disposición patrimonial, haciendo comparación
con el delito de hurto donde no se verifica entrega voluntaria, así como en la apropiación indebida no
hay engaño. La sentencia del Tribunal Superior segunda sala de lo Penal de la Jurisdicción española,
habla de que el engaño debe ser idóneo. «Es preciso que exista una relación de causalidad entre el
engaño que provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que
aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. El engaño
debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del
perjuicio patrimonial». (STS 358/2015, de 10 de junio) Este acto voluntario que realiza la víctima
lógicamente carece de conciencia, puesto que solamente se requiere que exista un acto voluntario.
No existe un consentimiento voluntario, principio básico para la legalidad de la celebración de actos y
contratos, de acuerdo a la normativa civil, puesto que el consentimiento se ve viciado por el error, y
este producido por el engaño.
pág. 11427
En el numeral 2 del art. 248 del código penal español menciona que se consideran reos de estafa «b)
Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente
destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.» (art.248.2 LECrim) Destacando que
la sola posesión de este tipo de programas es penalizado, ya que el tenerlas confirma la culpabilidad,
entonces podemos entender que si una persona lo tiene, cuál es su pretensión, se convierte en un
elemento que apoya la materialidad del acto delictivo.
La utilización de tarjetas de crédito en cajeros automáticos sin consentimiento, pueden ser de tres tipos,
primero el uso no consentido de la tarjeta por una tercera persona, segundo uso abusivo de la tarjeta por
parte de su titular, tercero utilización de tarjeta alterada o falsa. Este último es común puesto que hoy
en día se conoce la reproducción de tarjetas de crédito o débito, sin embargo en estos casos la acción
directa es con el cajero más no con la víctima. (Devia, 2017) La jurisprudencia nos habla de que debe
existir la evidencia de la manipulación del mecanismo informático o artificio semejante, es decir, que
la trasferencia que se presume la estafa haya sido realizada por medios informáticos.
Cabe señalar que esta tipología está en su auge por el comercio electrónico, en donde el usuario como
el empresario se pueden ver afectados. El fraude dentro de esta modalidad se da por la ausencia de pago,
o por la suplantación de personalidad de quien realmente realiza la adquisición, cargando el pago a una
tercera persona que desconoce de dicha transacción. (Fernández, 2007) La captación de datos de tarjeta
puede darse inclusive mediante vía telefónica, o correo electrónico, para posteriormente cometer el
fraude. El Banco de España en reiteradas ocasiones ha indicado que los mismos bancos deben cubrir
los fraudes cuando el usuario es víctima de uso indebido de tarjeta, siempre que éste haya denunciado
rápidamente el robo o pérdida. El banco puede alegar negligencia del cliente, para relevar su
responsabilidad
En Ecuador existe la figura de Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, tipificada en el
Artículo 190 del COIP, aborda la problemática de los delitos informáticos, estableciendo sanciones
claras para quienes, mediante el uso fraudulento de tecnologías, afecten el patrimonio de terceros. Su
correcta aplicación es esencial para garantizar la seguridad en el entorno digital y la protección de los
bienes jurídicos involucrados.
En el numeral 2 del art. 248 del código penal español menciona que se consideran reos de estafa «b)
Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente
destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.» (art.248.2 LECrim) Destacando que
la sola posesión de este tipo de programas es penalizado, ya que el tenerlas confirma la culpabilidad,
entonces podemos entender que si una persona lo tiene, cuál es su pretensión, se convierte en un
elemento que apoya la materialidad del acto delictivo.
La utilización de tarjetas de crédito en cajeros automáticos sin consentimiento, pueden ser de tres tipos,
primero el uso no consentido de la tarjeta por una tercera persona, segundo uso abusivo de la tarjeta por
parte de su titular, tercero utilización de tarjeta alterada o falsa. Este último es común puesto que hoy
en día se conoce la reproducción de tarjetas de crédito o débito, sin embargo en estos casos la acción
directa es con el cajero más no con la víctima. (Devia, 2017) La jurisprudencia nos habla de que debe
existir la evidencia de la manipulación del mecanismo informático o artificio semejante, es decir, que
la trasferencia que se presume la estafa haya sido realizada por medios informáticos.
Cabe señalar que esta tipología está en su auge por el comercio electrónico, en donde el usuario como
el empresario se pueden ver afectados. El fraude dentro de esta modalidad se da por la ausencia de pago,
o por la suplantación de personalidad de quien realmente realiza la adquisición, cargando el pago a una
tercera persona que desconoce de dicha transacción. (Fernández, 2007) La captación de datos de tarjeta
puede darse inclusive mediante vía telefónica, o correo electrónico, para posteriormente cometer el
fraude. El Banco de España en reiteradas ocasiones ha indicado que los mismos bancos deben cubrir
los fraudes cuando el usuario es víctima de uso indebido de tarjeta, siempre que éste haya denunciado
rápidamente el robo o pérdida. El banco puede alegar negligencia del cliente, para relevar su
responsabilidad
En Ecuador existe la figura de Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, tipificada en el
Artículo 190 del COIP, aborda la problemática de los delitos informáticos, estableciendo sanciones
claras para quienes, mediante el uso fraudulento de tecnologías, afecten el patrimonio de terceros. Su
correcta aplicación es esencial para garantizar la seguridad en el entorno digital y la protección de los
bienes jurídicos involucrados.
pág. 11428
Esto representa un esfuerzo por sancionar delitos informáticos, pero enfrenta retos en su aplicación
debido a la evolución de las tecnologías, problemas de jurisdicción, dificultades probatorias y falta de
especialización judicial.
El delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos plantea varios problemas en su aplicación
e interpretación. Algunos de los principales desafíos son creación de perfiles falsos y suplantaciones de
identidad para desviar la responsabilidad, la recolección de pruebas digitales es compleja, ya que los
datos pueden ser eliminados o encriptados. Se requiere peritaje informático especializado para
demostrar la manipulación de sistemas. Problemas en la cadena de custodia de la evidencia digital.
Puede existir confusión al establecer e tipo penal a aplicarse, entre estafas electrónicas, fraudes
informáticos y apropiación fraudulenta, lo que genera problemas al tipificar los casos.
Problemáticas alrededor de La Apropiación fraudulenta por medios electrónicos en Ecuador.
Identificación del autor
El anonimato en este tipo de delitos es un problema puesto que existe el riesgo de evadir responsabilidad
por cuanto el delincuente no necesariamente utiliza su propio sistema informático, sino que también
existen programas en dónde se oculta la dirección verdadera de la persona que emite el mensaje ya sea
por correo electrónico o por algún otro IP. (Temperini, 2017) Por esta situación se convierte más aún
complicada la investigación ya que al ser delitos perpetrados por internet, es necesario mantener
herramientas de investigación adecuadas sobre tecnología, que contribuyan en el esclarecimiento de
estos delitos.
Por otro lado tenemos lo que llamamos el internet profundo (Deep web), puesto que mucha de la
información de este tipo de internet no está debidamente sustentada adecuadamente, es decir, sus
contenidos no están señalados por los motores de búsqueda tradicionales, por eso se la conoce también
como internet superficial, tiene ciertas restricciones de acceso. Esto nos lleva a pensar que es un medio
más adecuado para registrar acciones o movimientos camuflados propiciando el ocultamiento de datos,
entonces es menester que la ciencia vaya también a la par de estas situaciones para poder garantizar a
la sociedad la privacidad y la tranquilidad respecto de la privacidad de la información y de sus
movimientos económicos. (Temperini, 2017)
Esto representa un esfuerzo por sancionar delitos informáticos, pero enfrenta retos en su aplicación
debido a la evolución de las tecnologías, problemas de jurisdicción, dificultades probatorias y falta de
especialización judicial.
El delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos plantea varios problemas en su aplicación
e interpretación. Algunos de los principales desafíos son creación de perfiles falsos y suplantaciones de
identidad para desviar la responsabilidad, la recolección de pruebas digitales es compleja, ya que los
datos pueden ser eliminados o encriptados. Se requiere peritaje informático especializado para
demostrar la manipulación de sistemas. Problemas en la cadena de custodia de la evidencia digital.
Puede existir confusión al establecer e tipo penal a aplicarse, entre estafas electrónicas, fraudes
informáticos y apropiación fraudulenta, lo que genera problemas al tipificar los casos.
Problemáticas alrededor de La Apropiación fraudulenta por medios electrónicos en Ecuador.
Identificación del autor
El anonimato en este tipo de delitos es un problema puesto que existe el riesgo de evadir responsabilidad
por cuanto el delincuente no necesariamente utiliza su propio sistema informático, sino que también
existen programas en dónde se oculta la dirección verdadera de la persona que emite el mensaje ya sea
por correo electrónico o por algún otro IP. (Temperini, 2017) Por esta situación se convierte más aún
complicada la investigación ya que al ser delitos perpetrados por internet, es necesario mantener
herramientas de investigación adecuadas sobre tecnología, que contribuyan en el esclarecimiento de
estos delitos.
Por otro lado tenemos lo que llamamos el internet profundo (Deep web), puesto que mucha de la
información de este tipo de internet no está debidamente sustentada adecuadamente, es decir, sus
contenidos no están señalados por los motores de búsqueda tradicionales, por eso se la conoce también
como internet superficial, tiene ciertas restricciones de acceso. Esto nos lleva a pensar que es un medio
más adecuado para registrar acciones o movimientos camuflados propiciando el ocultamiento de datos,
entonces es menester que la ciencia vaya también a la par de estas situaciones para poder garantizar a
la sociedad la privacidad y la tranquilidad respecto de la privacidad de la información y de sus
movimientos económicos. (Temperini, 2017)
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Jurisdicción y competencia
Podemos determinar que existen problemas para la persecución del enjuiciamiento respecto de delitos
de defraudación económica perpetrados por internet, en donde la dimensión del tiempo y el espacio
cambian, haciendo que las fronteras físicas entre países no existan, puede cometerse un acto delictivo
en un sitio y las consecuencias de este hecho ser generadas en otro.
Los delitos cometidos a través del uso del internet como fraudes en las transacciones comerciales
electrónicas, estafas, defraudaciones electrónicas, plantean los mismos problemas de otras conductas
delictivas respecto de la jurisdicción y competencia. Por ejemplo, puede existir coincidencia de la
ejecución de la acción u omisión con el lugar del resultado, ahí nos encontramos en la disyuntiva de
dónde se genera la competencia, si se prefiere el lugar donde se dieron los resultados o el lugar dónde
fueron ejecutados. Los principios penales se ven trastocados por esta circunstancia, y evidencia la
fragilidad de los mismos. (Cárdenas, 2008)
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 7 de marzo de 1995, «caso Shevill»,
es un referente en estos conflictos, consideró que en un supuesto de difamación se podía ejercitar la
acción de reparación, en países donde hubo perjuicios, en base a este caso el estado Francés aprobó a
sus jueces nacionales como jueces sin fronteras, esto en función del principio universal del derecho
internacional. (Ventas, 2017) La jurisdicción viene determinada por el lugar en donde se cometió la
infracción en el ámbito penal, en el caso de delitos económicos cometidos dentro del territorio español,
cuando estas instituciones lo cometen y no están radicadas en el territorio, si bien la dirección de las
empresas nos ayuda a determinar la ubicación de la mismas, no siempre coincidirá con el lugar del
cometimiento de la infracción.
La Teoría del resultado nos indica que donde se produzca el resultado final de un delito es el lugar que
genera la competencia, es decir, identificar el lugar donde se producen los resultados delictivos, toda
esta teoría se basa en que el derecho penal busca cuidar de los bienes jurídicos. (Ventas, 2017) La
Teoría de la ubicuidad nos señala que para que un Estado ejerza jurisdicción sobre un delito, bastaría
con que se haya producido la conducta o el resultado en el mismo estado. Es decir, observamos dos
tipos de competencia según esta teoría, se habla de que se respeta la soberanía territorial, el alcance de
esta competencia dependerá de lo que se entienda por lugar de la conducta, o lugar del resultado, pero
Jurisdicción y competencia
Podemos determinar que existen problemas para la persecución del enjuiciamiento respecto de delitos
de defraudación económica perpetrados por internet, en donde la dimensión del tiempo y el espacio
cambian, haciendo que las fronteras físicas entre países no existan, puede cometerse un acto delictivo
en un sitio y las consecuencias de este hecho ser generadas en otro.
Los delitos cometidos a través del uso del internet como fraudes en las transacciones comerciales
electrónicas, estafas, defraudaciones electrónicas, plantean los mismos problemas de otras conductas
delictivas respecto de la jurisdicción y competencia. Por ejemplo, puede existir coincidencia de la
ejecución de la acción u omisión con el lugar del resultado, ahí nos encontramos en la disyuntiva de
dónde se genera la competencia, si se prefiere el lugar donde se dieron los resultados o el lugar dónde
fueron ejecutados. Los principios penales se ven trastocados por esta circunstancia, y evidencia la
fragilidad de los mismos. (Cárdenas, 2008)
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 7 de marzo de 1995, «caso Shevill»,
es un referente en estos conflictos, consideró que en un supuesto de difamación se podía ejercitar la
acción de reparación, en países donde hubo perjuicios, en base a este caso el estado Francés aprobó a
sus jueces nacionales como jueces sin fronteras, esto en función del principio universal del derecho
internacional. (Ventas, 2017) La jurisdicción viene determinada por el lugar en donde se cometió la
infracción en el ámbito penal, en el caso de delitos económicos cometidos dentro del territorio español,
cuando estas instituciones lo cometen y no están radicadas en el territorio, si bien la dirección de las
empresas nos ayuda a determinar la ubicación de la mismas, no siempre coincidirá con el lugar del
cometimiento de la infracción.
La Teoría del resultado nos indica que donde se produzca el resultado final de un delito es el lugar que
genera la competencia, es decir, identificar el lugar donde se producen los resultados delictivos, toda
esta teoría se basa en que el derecho penal busca cuidar de los bienes jurídicos. (Ventas, 2017) La
Teoría de la ubicuidad nos señala que para que un Estado ejerza jurisdicción sobre un delito, bastaría
con que se haya producido la conducta o el resultado en el mismo estado. Es decir, observamos dos
tipos de competencia según esta teoría, se habla de que se respeta la soberanía territorial, el alcance de
esta competencia dependerá de lo que se entienda por lugar de la conducta, o lugar del resultado, pero
pág. 11430
en la práctica vemos problemas respecto de la ubicación del servidor electrónico con resultados que se
generan en otros territorios. (Alonso, y Esparza 2017)
Esta situación trae problemas de competencia puesto que la víctima desconoce el lugar de donde
proviene el delito, además de que el autor puede cometer el acto ilícito desde un computador no fijo, y
que se puede redireccionar a través de servicios de Internet, a otros sitios incluso países diversos. El
Tribunal Supremo de España ha realizado pronunciamientos respaldando el principio de ubicuidad. El
acto delictivo que se comete desde el territorio nacional, o incluso si este se comete desde afuera pero
con consecuencias en el territorio, es decir, es suficiente con que se relacione uno de estos elementos
para poder determinar la competencia dentro de la jurisdicción española. (Alonso et al. 2017)
El carácter transnacional de este tipo delitos es notorio, la cantidad de negocios y nuevas formas
financieras a nivel nacional e internacional han requerido la implementación de sistemas informáticos
para la consolidación de negocios, lo cual propicia el aumento de fraudes por estos medios. Existen
varias organizaciones internacionales como la (OCDE), organización de cooperación y desarrollo
económico, que reguló varios problemas que se sucitan en el campo informático, así como también la
(ONU), organización de naciones unidas, ha elaborado un manual de prevencion y control de la
criminalidad realizada por medio de computadores. (Suárez, 2006)
Problemas que plantean las diligencias de investigación tecnológica sobre las garantías procesales
Hacemos referencia también a la teoría del fruto del árbol envenenado dónde nos manifiesta que la
prueba derivada de un hecho ilícito se ve contaminada, y carece de valoración probatoria. También es
menester hacer una valoración respecto de pruebas obtenidas de forma directa o de forma indirecta. La
Corte Suprema de Estados Unidos ha señalado que una prueba ilícita, conlleva también la falsedad o
ilicitud de la información y elementos de la misma. Encontramos teorías como la del descubrimiento
Inevitable, en donde encontramos una prueba de un hecho ilícito pero que era un hecho inevitable su
descubrimiento, o que sea conocida. También tenemos la teoría de la proporcionalidad concediendo
cierta flexibilidad de la valoración de la prueba ilícita, frente al excesivo poder del estado. (De la Rosa
y Guerrero 2014)
en la práctica vemos problemas respecto de la ubicación del servidor electrónico con resultados que se
generan en otros territorios. (Alonso, y Esparza 2017)
Esta situación trae problemas de competencia puesto que la víctima desconoce el lugar de donde
proviene el delito, además de que el autor puede cometer el acto ilícito desde un computador no fijo, y
que se puede redireccionar a través de servicios de Internet, a otros sitios incluso países diversos. El
Tribunal Supremo de España ha realizado pronunciamientos respaldando el principio de ubicuidad. El
acto delictivo que se comete desde el territorio nacional, o incluso si este se comete desde afuera pero
con consecuencias en el territorio, es decir, es suficiente con que se relacione uno de estos elementos
para poder determinar la competencia dentro de la jurisdicción española. (Alonso et al. 2017)
El carácter transnacional de este tipo delitos es notorio, la cantidad de negocios y nuevas formas
financieras a nivel nacional e internacional han requerido la implementación de sistemas informáticos
para la consolidación de negocios, lo cual propicia el aumento de fraudes por estos medios. Existen
varias organizaciones internacionales como la (OCDE), organización de cooperación y desarrollo
económico, que reguló varios problemas que se sucitan en el campo informático, así como también la
(ONU), organización de naciones unidas, ha elaborado un manual de prevencion y control de la
criminalidad realizada por medio de computadores. (Suárez, 2006)
Problemas que plantean las diligencias de investigación tecnológica sobre las garantías procesales
Hacemos referencia también a la teoría del fruto del árbol envenenado dónde nos manifiesta que la
prueba derivada de un hecho ilícito se ve contaminada, y carece de valoración probatoria. También es
menester hacer una valoración respecto de pruebas obtenidas de forma directa o de forma indirecta. La
Corte Suprema de Estados Unidos ha señalado que una prueba ilícita, conlleva también la falsedad o
ilicitud de la información y elementos de la misma. Encontramos teorías como la del descubrimiento
Inevitable, en donde encontramos una prueba de un hecho ilícito pero que era un hecho inevitable su
descubrimiento, o que sea conocida. También tenemos la teoría de la proporcionalidad concediendo
cierta flexibilidad de la valoración de la prueba ilícita, frente al excesivo poder del estado. (De la Rosa
y Guerrero 2014)
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Dentro de un estado de derecho lo que se pretende es perseguir la verdad y que ésta verdad coincida
con la verdad procesal, siempre con respeto a las garantías fundamentales de la persona. El hecho de
valorar una prueba con fuente lícita, muestra legitimidad en la decisión del juzgador, el cual deberá
buscar un fundamento que sea el soporte para su decisión, que no sea objetable, que sea clara y que sea
capaz de sustentar un razonamiento jurídico. La prueba finalmente es todo aquello que acredite una
aseveración garantizada constitucionalmente, permitiendo que ésta prueba sea impugnada y objetada
en la audiencia de juicio. (De la Rosa et al.2014)
Gimeno Sendra hace distinción entre la prueba ilícita y la prueba prohibida, el mismo que menciona
que la prueba ilícita es la obtenida infringiendo algún procedimiento manifestado en la ley de manera
general, aquella obtenida de manera dolosa y empleando algún mecanismo fraudulento, la prueba
prohibida es la que surge a partir de la violación de los derechos fundamentales. No se admitirá prueba
de todo aquello mediante mecanismos considerados como reprobables contra la dignidad y moral de la
persona. La prueba que se haya obtenido a través de la investigación policial o provenga de juzgado,
vulnerando derechos fundamentales de la persona investigada, la misma deberá considerarse como no
existente, puesto que no se puede admitir una prueba obtenida sin los respectivos permisos o
notificaciones realizadas a las personas que deben emitir su autorización. La posición del Tribunal
Constitucional de España en sentencia STC 114/1984, de 29 de noviembre, en donde respecto a la
prueba ilícita señala que se proclama la inadmisibilidad procesal de las pruebas obtenidas mediante la
violación de derechos fundamentales, y la prueba prohibida es la que surge de la ilicitud por ser su
origen viciado. (Giner, 2008)
Como señala Carnelutti el verdadero objetivo del proceso es la búsqueda de la verdad, por lo tanto, la
validez de la prueba debe ser producida y fundada bajo los derechos fundamentales del ordenamiento
constitucional. También podemos observar una prueba ilícita emanada de una nulidad de pleno derecho,
es decir, la obtenida contraviniendo disposición legal expresa. La prueba ilícita es aquella que proviene
de una ilegalidad insubsanable para su validez. En materia probatoria observamos la proyección del
garantismo del derecho, notablemente en la obtención de la prueba ilícita y prohibida. Para Couture el
proceso penal protege al individuo del juzgador, expresa ese garantismo del individuo susceptible y
vulnerable frente al estado representado por el poder público (González, 2005).
Dentro de un estado de derecho lo que se pretende es perseguir la verdad y que ésta verdad coincida
con la verdad procesal, siempre con respeto a las garantías fundamentales de la persona. El hecho de
valorar una prueba con fuente lícita, muestra legitimidad en la decisión del juzgador, el cual deberá
buscar un fundamento que sea el soporte para su decisión, que no sea objetable, que sea clara y que sea
capaz de sustentar un razonamiento jurídico. La prueba finalmente es todo aquello que acredite una
aseveración garantizada constitucionalmente, permitiendo que ésta prueba sea impugnada y objetada
en la audiencia de juicio. (De la Rosa et al.2014)
Gimeno Sendra hace distinción entre la prueba ilícita y la prueba prohibida, el mismo que menciona
que la prueba ilícita es la obtenida infringiendo algún procedimiento manifestado en la ley de manera
general, aquella obtenida de manera dolosa y empleando algún mecanismo fraudulento, la prueba
prohibida es la que surge a partir de la violación de los derechos fundamentales. No se admitirá prueba
de todo aquello mediante mecanismos considerados como reprobables contra la dignidad y moral de la
persona. La prueba que se haya obtenido a través de la investigación policial o provenga de juzgado,
vulnerando derechos fundamentales de la persona investigada, la misma deberá considerarse como no
existente, puesto que no se puede admitir una prueba obtenida sin los respectivos permisos o
notificaciones realizadas a las personas que deben emitir su autorización. La posición del Tribunal
Constitucional de España en sentencia STC 114/1984, de 29 de noviembre, en donde respecto a la
prueba ilícita señala que se proclama la inadmisibilidad procesal de las pruebas obtenidas mediante la
violación de derechos fundamentales, y la prueba prohibida es la que surge de la ilicitud por ser su
origen viciado. (Giner, 2008)
Como señala Carnelutti el verdadero objetivo del proceso es la búsqueda de la verdad, por lo tanto, la
validez de la prueba debe ser producida y fundada bajo los derechos fundamentales del ordenamiento
constitucional. También podemos observar una prueba ilícita emanada de una nulidad de pleno derecho,
es decir, la obtenida contraviniendo disposición legal expresa. La prueba ilícita es aquella que proviene
de una ilegalidad insubsanable para su validez. En materia probatoria observamos la proyección del
garantismo del derecho, notablemente en la obtención de la prueba ilícita y prohibida. Para Couture el
proceso penal protege al individuo del juzgador, expresa ese garantismo del individuo susceptible y
vulnerable frente al estado representado por el poder público (González, 2005).
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Debe prevalecer el principio de razonabilidad y de proporcionalidad de los actos de poder que determina
cualquier prohibición de una decisión arbitraria, este derecho al debido proceso se consagra como un
derecho fundamental, para resguardar las garantías en todo proceso penal y resguardar la tutela judicial.
Se garantiza el acceso a la justicia entendida como la posibilidad de acceso a los órganos
jurisdiccionales para las partes procesales y reconocer un interés legítimo.
La tutela judicial constituyen todas las herramientas e instrumentos que el estado otorga para poder
hacer efectivos los derechos del ciudadano. Según sentencia TS 282/2019 de 23 Mayo del 2019, señala:
Reconocer que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, es decir proteger derechos fundamentales
de todas las personas según el Art. 24 CE, siendo el derecho de todas las personas, y así obtener la
tutela, es decir, la protección de los órganos jurisdiccionales, esa protección es respecto de cualquier
derecho e intereses legítimos, reconocidos por el ordenamiento, y todo ello sin que en ningún caso
pueda producirse indefensión. Cabe recordar que la tutela judicial efectiva nace en protección del propio
individuo, recalcando que los ciudadanos no ejercen una auto tutela. (Alonso et al. 2017)
CONCLUSIONES
La globalización ha hecho que el derecho penal tome otras aristas dentro de la legislación, ya que la
dinámica económica, nos lleva a otras dimensiones mediáticas, es un proceso económico, tecnológico,
político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia
entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, a través, de una serie de transformaciones
sociales, políticas y económicas, en donde el uso del internet es clave en esta transformación. Mientras
tanto hoy en día los gobiernos van perdiendo atribuciones en algunos ámbitos que son tomados por la
sociedad civil, en un fenómeno que se ha denominado sociedad red, el activismo cada vez más gira en
torno a las redes sociales y medios telemáticos, que si bien tienen sus aspectos positivos, también son
utilizadas para beneficios personales, pueden tener fines delictivos, estafas o infracciones a través de
estos medios, entonces es necesario que el derecho penal, se actualice con la evolución de la sociedad
en estos aspectos, y camine a la par de lo que la sociedad requiere que se penalice.
El sistema actual en donde nos desenvolvemos con el uso de sistemas informáticos y herramientas
digitales, como cuentas de banco, el uso de tarjetas de crédito y el acceso a otro tipo de sistemas
Debe prevalecer el principio de razonabilidad y de proporcionalidad de los actos de poder que determina
cualquier prohibición de una decisión arbitraria, este derecho al debido proceso se consagra como un
derecho fundamental, para resguardar las garantías en todo proceso penal y resguardar la tutela judicial.
Se garantiza el acceso a la justicia entendida como la posibilidad de acceso a los órganos
jurisdiccionales para las partes procesales y reconocer un interés legítimo.
La tutela judicial constituyen todas las herramientas e instrumentos que el estado otorga para poder
hacer efectivos los derechos del ciudadano. Según sentencia TS 282/2019 de 23 Mayo del 2019, señala:
Reconocer que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, es decir proteger derechos fundamentales
de todas las personas según el Art. 24 CE, siendo el derecho de todas las personas, y así obtener la
tutela, es decir, la protección de los órganos jurisdiccionales, esa protección es respecto de cualquier
derecho e intereses legítimos, reconocidos por el ordenamiento, y todo ello sin que en ningún caso
pueda producirse indefensión. Cabe recordar que la tutela judicial efectiva nace en protección del propio
individuo, recalcando que los ciudadanos no ejercen una auto tutela. (Alonso et al. 2017)
CONCLUSIONES
La globalización ha hecho que el derecho penal tome otras aristas dentro de la legislación, ya que la
dinámica económica, nos lleva a otras dimensiones mediáticas, es un proceso económico, tecnológico,
político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia
entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, a través, de una serie de transformaciones
sociales, políticas y económicas, en donde el uso del internet es clave en esta transformación. Mientras
tanto hoy en día los gobiernos van perdiendo atribuciones en algunos ámbitos que son tomados por la
sociedad civil, en un fenómeno que se ha denominado sociedad red, el activismo cada vez más gira en
torno a las redes sociales y medios telemáticos, que si bien tienen sus aspectos positivos, también son
utilizadas para beneficios personales, pueden tener fines delictivos, estafas o infracciones a través de
estos medios, entonces es necesario que el derecho penal, se actualice con la evolución de la sociedad
en estos aspectos, y camine a la par de lo que la sociedad requiere que se penalice.
El sistema actual en donde nos desenvolvemos con el uso de sistemas informáticos y herramientas
digitales, como cuentas de banco, el uso de tarjetas de crédito y el acceso a otro tipo de sistemas
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informáticos que únicamente se respaldan con claves, sin tener garantías de seguridad en las
transacciones económicas, y que por el contrario hemos registrado su vulnerabilidad, por cuanto las
herramientas de investigación no son tan efectivas, observamos que no todos los delitos son factibles
de ser llevados a juicio por parte de la fiscalía general, ya que ésta debe tener elementos para poder
hacerlo, la investigación desarrollada por ésta a pesar de tener a su disposición la policía judicial no son
suficientes, por el avance tecnológico, dejando también en claro que al incorporar esta prueba en la
audiencia oral debe cumplir con todas las garantías para hacerse efectiva y por ende ser tomada en
cuenta por el juez en su valoración probatoria.
Por otro lado, las garantías constitucionales que deben cumplirse al recabar la prueba deben proteger
los derechos fundamentales de las partes, por lo cual se hace más difícil y complicada la investigación,
ya que debido a ello, esas pruebas pueden no ser efectivas en la audiencia de juicio o en su valoración,
debido a que se deben precautelar los principios generales del derecho, en lo que es la valoración de la
prueba, y que la misma sea útil en la motivación del juzgador.
Otro aspecto es la vulnerabilidad de nuestros sistemas informáticos ya que no existen las restricciones
y las seguridades necesarias para poder mantener datos, inclusive protegidos dentro de los sistemas de
computación, muchos de ellos son hackeables, es decir, que pueden ser susceptibles a que se extraiga
información a través de virus informáticos, correos no deseados que dañan el computador y logran su
acometido. El delincuente informático en el medio virtual puede estudiar nuestras preferencias,
captando con esto datos para poder cometer un fraude, como por ejemplo enviar una propaganda acerca
de alguna inversión o aprovechar cualquier interés para compras y obtener sus datos.
El derecho a la intimidad y privacidad en las comunicaciones se ve afectado, pero tampoco significa
que esté permitido realizar cualquier acción por internet, y peor desde el anonimato. El uso de
herramientas tecnológicas sofisticadas ha dado pie para la creación de este tipo de estafas por la
accesibilidad internacional, rompiendo fronteras, a la vez que al observar la eficacia de las herramientas
tecnológicas el delincuente las va mejorando precisamente por los resultados que obtiene.
El ámbito en donde se realizan este tipo de delitos no tiene fronteras, por lo cual también nos lleva a
pensar que la persecución de los mismos es complicada, ya que la víctima y al acusador pueden
encontrarse en países distintos, y no siempre existen convenios de extradición entre los países, ni una
informáticos que únicamente se respaldan con claves, sin tener garantías de seguridad en las
transacciones económicas, y que por el contrario hemos registrado su vulnerabilidad, por cuanto las
herramientas de investigación no son tan efectivas, observamos que no todos los delitos son factibles
de ser llevados a juicio por parte de la fiscalía general, ya que ésta debe tener elementos para poder
hacerlo, la investigación desarrollada por ésta a pesar de tener a su disposición la policía judicial no son
suficientes, por el avance tecnológico, dejando también en claro que al incorporar esta prueba en la
audiencia oral debe cumplir con todas las garantías para hacerse efectiva y por ende ser tomada en
cuenta por el juez en su valoración probatoria.
Por otro lado, las garantías constitucionales que deben cumplirse al recabar la prueba deben proteger
los derechos fundamentales de las partes, por lo cual se hace más difícil y complicada la investigación,
ya que debido a ello, esas pruebas pueden no ser efectivas en la audiencia de juicio o en su valoración,
debido a que se deben precautelar los principios generales del derecho, en lo que es la valoración de la
prueba, y que la misma sea útil en la motivación del juzgador.
Otro aspecto es la vulnerabilidad de nuestros sistemas informáticos ya que no existen las restricciones
y las seguridades necesarias para poder mantener datos, inclusive protegidos dentro de los sistemas de
computación, muchos de ellos son hackeables, es decir, que pueden ser susceptibles a que se extraiga
información a través de virus informáticos, correos no deseados que dañan el computador y logran su
acometido. El delincuente informático en el medio virtual puede estudiar nuestras preferencias,
captando con esto datos para poder cometer un fraude, como por ejemplo enviar una propaganda acerca
de alguna inversión o aprovechar cualquier interés para compras y obtener sus datos.
El derecho a la intimidad y privacidad en las comunicaciones se ve afectado, pero tampoco significa
que esté permitido realizar cualquier acción por internet, y peor desde el anonimato. El uso de
herramientas tecnológicas sofisticadas ha dado pie para la creación de este tipo de estafas por la
accesibilidad internacional, rompiendo fronteras, a la vez que al observar la eficacia de las herramientas
tecnológicas el delincuente las va mejorando precisamente por los resultados que obtiene.
El ámbito en donde se realizan este tipo de delitos no tiene fronteras, por lo cual también nos lleva a
pensar que la persecución de los mismos es complicada, ya que la víctima y al acusador pueden
encontrarse en países distintos, y no siempre existen convenios de extradición entre los países, ni una
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legislación que ampare un ordenamiento jurídico homogéneo y para la aplicación del derecho se recurre
al análisis análogo, en relación al derecho comparado aplicado en otros países para solucionar vacíos.
La vulnerabilidad de los sistemas tiene relevancia puesto que al existir movimientos económicos en
internet, no se requiere tanto de conocimiento especializado, puesto que sólo se necesita un computador,
y por lo mencionado en el presente trabajo existen programas que se difunden en la deep web o internet
profundo, de fácil acceso, y no existe legislación para normar este tipo de contenidos en la web. Cabe
recalcar que también a medida que el derecho penal debe evolucionar, a medida que se descubren
nuevas formas delictivas, tomando en cuenta la doctrina y el avance jurisprudencial, hay quienes
cuestionan la intromisión del estado respecto de la regulación de medios virtuales, puesto que se puede
considerar que existe menos libertad, pero que de igual forma debe existir control dentro de este ámbito.
Las personas que ejecutan manipulaciones informáticas pueden ser personas que trabajan en una misma
empresa, cuestión que hace más factible el delito y dificulta su detección, también favorece el que no
existan denuncias al respecto.
La ejecución del acto delictivo tiene la ventaja de poder ser ejecutarlo a distancia, en tiempo real, y sin
dejar rastros por los cambios de IP que mencionamos en el texto, no siempre dando alerta a la víctima,
que al no darse cuenta, no pueda realizar alguna acción para contrarrestarlo. Se analiza también la
dificultad que existe para la investigación de los actos perpetrados por internet, las herramientas que se
disponen para probar dichos actos, se sabe de la falta del personal especializado para perseguir estos
delitos, y el constante avance tecnológico que encuentra nuevas formas cada vez más sofisticadas.
La actividad económica sale de las fronteras nacionales, debido a que las transacciones las realizan con
empresas ubicadas en otros países en donde se rigen otras legislaciones, por lo cual también es una
dificultad para su correcta persecución, trayéndonos conflictos de jurisdicción. Existen conjeturas
acerca de que el internet debería convertirse en un tipo de jurisdicción, pero que no es aplicable ya que
cada país tiene su propio sistema punitivo y sancionatorio. También en cuanto a las pruebas podemos
observar que a través de los medios telemáticos estas pruebas pueden llegar a eliminarse o cambiarse,
puesto que existe información encriptada, y que por el derecho a la intimidad y a la privacidad de la
información, ésta no puede ser descifrada, lo que obstaculiza su investigación.
legislación que ampare un ordenamiento jurídico homogéneo y para la aplicación del derecho se recurre
al análisis análogo, en relación al derecho comparado aplicado en otros países para solucionar vacíos.
La vulnerabilidad de los sistemas tiene relevancia puesto que al existir movimientos económicos en
internet, no se requiere tanto de conocimiento especializado, puesto que sólo se necesita un computador,
y por lo mencionado en el presente trabajo existen programas que se difunden en la deep web o internet
profundo, de fácil acceso, y no existe legislación para normar este tipo de contenidos en la web. Cabe
recalcar que también a medida que el derecho penal debe evolucionar, a medida que se descubren
nuevas formas delictivas, tomando en cuenta la doctrina y el avance jurisprudencial, hay quienes
cuestionan la intromisión del estado respecto de la regulación de medios virtuales, puesto que se puede
considerar que existe menos libertad, pero que de igual forma debe existir control dentro de este ámbito.
Las personas que ejecutan manipulaciones informáticas pueden ser personas que trabajan en una misma
empresa, cuestión que hace más factible el delito y dificulta su detección, también favorece el que no
existan denuncias al respecto.
La ejecución del acto delictivo tiene la ventaja de poder ser ejecutarlo a distancia, en tiempo real, y sin
dejar rastros por los cambios de IP que mencionamos en el texto, no siempre dando alerta a la víctima,
que al no darse cuenta, no pueda realizar alguna acción para contrarrestarlo. Se analiza también la
dificultad que existe para la investigación de los actos perpetrados por internet, las herramientas que se
disponen para probar dichos actos, se sabe de la falta del personal especializado para perseguir estos
delitos, y el constante avance tecnológico que encuentra nuevas formas cada vez más sofisticadas.
La actividad económica sale de las fronteras nacionales, debido a que las transacciones las realizan con
empresas ubicadas en otros países en donde se rigen otras legislaciones, por lo cual también es una
dificultad para su correcta persecución, trayéndonos conflictos de jurisdicción. Existen conjeturas
acerca de que el internet debería convertirse en un tipo de jurisdicción, pero que no es aplicable ya que
cada país tiene su propio sistema punitivo y sancionatorio. También en cuanto a las pruebas podemos
observar que a través de los medios telemáticos estas pruebas pueden llegar a eliminarse o cambiarse,
puesto que existe información encriptada, y que por el derecho a la intimidad y a la privacidad de la
información, ésta no puede ser descifrada, lo que obstaculiza su investigación.
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Dentro de las posibles soluciones para perseguir y castigar de forma más efectiva este tipo de delitos,
están en primer lugar que se dispongan de los recursos, medios y herramientas necesarias para la
investigación de delitos informáticos, para que exista una adecuada gestión de datos y archivos
informáticos, correctamente almacenados y conservados, con la finalidad que sean útiles procesalmente.
Otro punto es mejorar la cooperación entre estados para que ésta área se desarrolle a nivel jurídico y
técnico, es decir, que exista cooperación internacional judicial y policial, a fin de conllevar las
diferencias con las legislaciones de otros estados, y mejorar la persecución de la cibercriminalidad.
Por otro lado, es necesaria la adopción de medidas preventivas, como un medio efectivo para
contrarrestar la delincuencia cibernética y evitar las estafas en medios virtuales, concientizar a la
ciudadanía en el ámbito de prevención en el uso de sistemas informáticos.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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2021 de https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf
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regulaciones española, alemana y americana en torno a su prohibición y excepciones. Revista
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están en primer lugar que se dispongan de los recursos, medios y herramientas necesarias para la
investigación de delitos informáticos, para que exista una adecuada gestión de datos y archivos
informáticos, correctamente almacenados y conservados, con la finalidad que sean útiles procesalmente.
Otro punto es mejorar la cooperación entre estados para que ésta área se desarrolle a nivel jurídico y
técnico, es decir, que exista cooperación internacional judicial y policial, a fin de conllevar las
diferencias con las legislaciones de otros estados, y mejorar la persecución de la cibercriminalidad.
Por otro lado, es necesaria la adopción de medidas preventivas, como un medio efectivo para
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Jurisprudencia referenciada
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