Algoritmos, democracias y
ciudadanías.
Democracias 4.0 y
gubernamentalidad algorítmica
Florencia Muriel González Biondo
Aldana Virginia Linardelli Blotta
Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza –Argentina
RESUMEN
El advenimiento de la cuarta Revolución Industrial ha transformado
la relación de los ciudadanos con la
política y viceversa. Mientras los algoritmos edifican pueblos infodémicos con
dueños que vigilan desde el Norte global, la ciudadanía Latinoamericana se pregunta sí las pantallas, bien
utilizadas, pueden ser el puntapié de defensa y construcción de una red
democrática y comprometida. La corriente forma de representación democrática se
enfrenta, una vez más, a posibles vulneraciones y desafíos que abordaremos
sobre la base de la construcción de la esfera pública contemporánea. En este
sentido, los programas ideológicos y de acción son acompañados por cuantiosos
mecanismos e interfaces adecuados a lo que diferentes estratos de la sociedad
desean percibir de los candidatos y referentes políticos. Se apuntará a
evidenciar como gustos y preferencias individuales se aglomeran día a día para
desarrollar campañas, discursos e incluso ganar elecciones sobre una lógica
algorítmica presentada como neutral.
Palabras
clave: democracia; algoritmos; ciudadanía
digital; gubernamentalidad; redes sociales.
Algorithms, democracies and citizenships.
Democracies 4.0 and algorithmic governmentality
ABSTRACT
The advent of the
fourth Industrial Revolution has transformed the relationship of citizens with
politics and vice versa. While algorithms build infodramatic towns with owners
who watch from the global North, Latin American citizens wonder if the screens,
well used, can be the kick of defense and construction of a democratic and
committed network. The current form of democratic representation faces, once
again, possible violations and challenges that we will address on the basis of
the construction of the contemporary public sphere. In this sense, the
ideological and action programs are accompanied by numerous mechanisms and
interfaces appropriate to what different strata of society wish to perceive
from the political candidates and referents. It will aim to show how individual
tastes and preferences agglomerate day by day to develop campaigns, speeches
and even win elections on an algorithmic logic presented as neutral.
Keywords: democracy;
algorithms; digital citizenship; governmentality; social networks
Artículo
recibido: 05 febrero 2022
Aceptado para
publicación: 28 febrero 2022
Correspondencia: florenciamgb@gmail.com
Conflictos de
Interés: Ninguna que declarar
INTRODUCCIÓN
En el año 2018 el valor de los datos superó al valor del petróleo en todo el mundo, dejando en evidencia la importancia de la información de
los usuarios
en la concentración de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. En
este contexto, ¿qué lugar queda para la clásica democracia nacida en el ágora? si el
espacio público ha sido resignificado por plataformas digitales donde se
construye gran parte de la cotidianeidad y la producción de sentido de
la ciudadanía.
Las aplicaciones líderes en Occidente inauguraron, mediante la
acumulación de datos, un régimen que limita a los sujetos a una sumatoria de información que hace calculable todos sus
comportamientos. Este proceso de automatización permite impulsar estrategias de
marketing a partir de modelos algorítmicos que se centran en predecir
futuras conductas o tendencias. Es decir, a partir de
datos personales recolectados mediante la interacción con Facebook –por
ejemplo- se elaboran campañas direccionadas que venden un producto, una
propuesta o un candidato político con, cada vez, mayor margen de eficacia.
La diversidad que
esgrime la ideología neoliberal no es más que la reducción de los usuarios al
nivel de los datos que generan y una agregación matemática que termina
privilegiando la mismidad novedosa. Podemos pensar que se trata de un
perfeccionamiento del mecanismo de sondeo que seca la fertilidad de los intercambios,
que vuelve predecible los resultados, (...) se confirman los mundos ya
consagrados, se reiteran los horizontes.
(Caletti, 2006, p.26).
Si nos enfocamos en el impacto que esto tiene en la esfera
sociopolítica, y particularmente en las democracias, podemos observar el
crecimiento y concentración de un puñado de empresas oligopólicas que modifican
e interfieren en los procesos.
Las corporaciones globales de tecnología funcionan como “cleptocracias digitales” (Noujaim y
Amer, 2019); es decir establecen y desarrollan un
sistema de poder basado en el robo de capital humano codificado, que facilita
la coacción y manipulación de quienes se hacen de esos datos hacia los usuarios.
Facebook Inc., que recientemente cambió su nombre a “Meta” para introducir sus nuevos
servicios de realidad inmersiva, es un
conglomerado mediático presuntamente orientado al
entretenimiento y conectividad de su comunidad, sin embargo, actúa hoy como un organismo de gobernanza global. El modelo
de negocio de las redes sociales promueve la interacción de los usuarios con su
interfaz, recopila los datos resultantes, los codifica mediante algoritmos y
almacena en bases de datos privadas puestas a su disposición y susceptibles a
negociación.
Caso Cambridge Analytica
El caso más resonante de los últimos años confirmó la existencia
de campañas electorales manipuladas a partir de estrategias asentadas en la
segmentación y “clasificación de públicos a partir de un enorme nivel de
detalle y en una escala tan grande como poblaciones enteras” (European Data
Protection Supervisor, 2018).
Cambridge Analytica, la empresa
británica de análisis de datos, irrumpió en escena en 2016 tras conocerse que
habría incidido en diversos procesos electorales, especialmente en la campaña
norteamericana en 2016. La compañía admitió poseer más de cinco mil puntos de
datos para 220 millones de norteamericanos, consistentes en datos psicológicos
de Facebook combinados con grandes cantidades de información de consumo
obtenidas de empresas de procesamiento de datos. En esencia, empresas como
Cambridge Analytica recogen enormes cantidades de datos individuales, los
procesan para estimar aún más detalles individuales y utilizan esos perfiles y
pronósticos para personalizar los mensajes políticos a través de publicidad en
redes sociales para guiar decisiones tácticas de campaña. (Magrani, 2020, p.58)
Esta agencia de cambio de conducta definió mediante el poder de
los macro-datos obtenidos de Facebook, campañas personalizadas para aquellos
sectores poblacionales indecisos; es decir reconoció usuarios susceptibles
a cambiar su voto y apuntó su estrategia hacia ese target de la
sociedad. Este tipo de operaciones
posibilitó, por ejemplo, el inaudito triunfo de
Donald Trump en Estados Unidos, o la
instauración de mensajes anti-europeos dirigidos a la población británica con el fin de instituir el Brexit en la
región (ambos casos en 2016).
Un ex empleado de la empresa afirmó, en este sentido, que la base
sobre la cual se fundó la compañía fue “explotar
Facebook para acceder a millones de perfiles de usuarios”. Con esa fuente de
datos se construyeron modelos de conducta que apuntaron a utilizar esta
información en base a los demonios internos de cada uno. De este modo, el objetivo fue gestionar campañas
que apelasen a las emociones individuales
sustentadas en datos personales, generando una competencia desigual en los
procesos democráticos.
Desde
esta perspectiva, lo expuesto da lugar a un tipo de
gubernamentalidad específica denominada algorítmica, definida como:
Un cierto tipo de
racionalidad (a)normativa, o (a)política que reposa sobre la recolección,
agregación y análisis automatizado de datos en cantidades masivas, de modo de
modelizar, anticipar y afectar por anticipado, comportamientos posibles [...] la
gubernamentalidad algorítmica no produce cualquier subjetivación, sino una que
crea modelos de comportamiento (perfiles) supraindividuales a base de datos
infraindividuales. (Rouvroy y Berns, 2015,
p.42)
Cuando hablamos de gubernamentalidad algorítmica no nos referimos
a un Estado tecnócrata que se auxilia de herramientas tecnológicas mediante la
aplicación de algoritmos en la resolución de ciertos problemas, lo cual
permitiría la desburocratización de procesos estatales y transparencia en los
organismos públicos. El oligopolio corporativo de bases de datos y algoritmos
como herramientas de poder que detentan las redes sociales, representa un fuerte avance de las
plataformas sobre el control de nuestras democracias y una latente amenaza a la
integridad de las mismas.
Cambridge Analytica ya no existe como tal, sin embargo, la
dinámica de recolección de información que llevan adelante las plataformas
digitales siguen representando un peligro inminente en el caso de ser utilizadas en pos
de la ingeniería social. “Los partidos liberales, aun los socialdemócratas, no
logran generar leyes, un orden público actualizado, para regular los atropellos
de corporaciones nacionales y transnacionales sobre los derechos de los
espectadores-usuarios.” (G. Canclini, 2019, p.19)
La creciente posición de dominio de las Big Tech no ha sido hasta
el momento contenida por regulaciones o leyes a pesar de haber interferido en
una considerable cantidad de procesos democráticos y posicionarse como actor
central en la construcción de sentido común. No tenemos conocimiento de que en
la actualidad se mercantilicen datos con fines políticos, pero sí se valen de otras estrategias.
Los líderes más conservadores de la época se reflejan en las redes
a través de discursos donde:
[...]las
meteduras de pata, las bufonadas y los excesos (de Trump, Bolsonaro, Salvini,
Orban y otros) no son deslices. Surgen de una estrategia dirigida a la
amplificación por redes, y a la máxima resonancia en pequeñas comunidades
aisladas por filtros burbuja. El algoritmo es el ferviente colaborador del
demagogo. (Missika y Verdier, 2021)
No obstante, no solo son los algoritmos los que definen la circulación de contenido en el conglomerado Facebook;
además encontramos en el último tiempo una serie de decisiones corporativas
donde el límite entre control y censura es muy delgado.
Entre el control y la
censura
El
conglomerado Facebook trabaja desde 2015 en conjunto
con la International Fact-Checking
Network (Red Internacional de Verificación
de Hechos). La IFCN funciona, desde ese
mismo año, en el Instituto Poynter como una red periodística
que nuclea y certifica a verificadores de hechos a
nivel internacional en pos de combatir la circulación de información
falsa y la consecuente propagación de desinformación.
Las organizaciones -independientes del grupo de
Zuckerberg pero con aval exclusivo de la IFCN- “no se
encargan de eliminar contenido, cuentas o páginas. Facebook es quien elimina
contenido cuando se infringen sus normas comunitarias” (Facebook Journalism
Proyect, 2021).
Las normas comunitarias de la compañía
aseveran que el contenido que vulnera su política empresarial es todo aquel que
incluya “lenguaje que incita al odio, cuentas falsas y contenido relacionado
con terrorismo” (Facebook Journalism Proyect, 2021). Estas variables controversiales, confusas y poco rigurosas, son las que se evalúan a la
hora de eliminar publicaciones de sus plataformas.
Cabe cuestionar la construcción de la direccionalidad de una ética
global que evalúa temas delicados y particulares para cada Nación como lo son
el lenguaje de odio y las “organizaciones terroristas”. Sumado a esto, las
decisiones están dispuestas por reducidos puntos de vista disfrazados de
a-políticos, neutrales y transparentes, que buscan pasar por
alto el impacto directo en las gobernanzas y
ciudadanías. Tal es el caso de la censura generalizada a los grupos talibanes
en el último episodio que vivió Afganistán luego de que EEUU retirara sus
tropas y este sector tomara el poder.
"Los talibanes
están sancionados como organización terrorista según la legislación
estadounidense y les hemos prohibido nuestros servicios en virtud de nuestras
políticas de organizaciones peligrosas. Esto significa que eliminamos las
cuentas mantenidas por los talibanes o en su nombre y prohibimos elogios, el
apoyo y la representación de ellos." (Facebook, 2021)
No con esto se busca sentar posición para con el conflicto en
Afganistán sino vislumbrar el poder intrínseco de los medios sociales en relación con las
problemáticas geopolíticas evaluadas desde su casa matriz y no desde la
generación de espacios paraestatales que propongan límites para cada región.
Cabe preguntarse: ¿es acaso tarea de los espacios públicos digitales el control
de la circulación del debate público? ¿Cuáles son los límites y quiénes son lxs que los
determinan? Y en última instancia, ¿cuál es el triunfo de los bloqueos
mediáticos digitales? Si las sociedades siguen
sufriendo atrocidades y desde el conocimiento global de la situación lo único
que pone a disposición la tecnología es la censura de discursos catalogados
como terroristas, mientras de fondo se siguen reproduciendo las mismas
prácticas violentas y genocidas.
A su vez, el ex presidente estadounidense, Donald Trump, también
marcó un antecedente
en la censura digital (de todas sus cuentas en
redes en simultáneo) tras promover discursos de odio
y desinformación que generaron una considerable desestabilización democrática
en su país. Más allá de las consecuencias que tiene cuestionar la legitimidad
de los procesos electorales en cualquier región del mundo -y a su vez incitar a
la acción violenta- la cancelación mediática que se estableció ante una
denuncia netamente política del mandatario, deja la puerta abierta a futuras
intromisiones corporativas en la circulación de los discursos políticos. Los
límites de lo permitido en el “Metaverso” de Mark Zuckerberg es algo que no está claro ni puesto en consideración a pesar
de estar construyendo una esfera de discusión
pública sin precedentes.
El espacio público virtual y los mensajes que en él se
desenvuelven son inconsistentes, discontinuos, polarizantes y disgregadores. El
público ya no se concibe como un espacio de congregación sino como un espacio
lábil, de concentración efímera, en una sociedad de la indignación o del escándalo,
pero no en una sociedad dialogante, fraterna y solidaria. “En las redes, el
enjambre-público, diría Han, se alimenta de eventualidades escandalosas, cuya
eficacia se expresa en momentos coyunturales regidos por oleadas de opiniones
que pueden provocar cambios o extinguirse, hacerse espuma, eventual y velozmente”
(Serrano, 2014,
p. 6).
Es indispensable trabajar en direcciones que promuevan la
construcción de un código de ética público que especifique cuáles son los
límites del discurso mediático para los usuarios en pos de proteger la libertad
de expresión. Creemos que delimitar las temáticas y formas de comunicación
permitidas, acompañadas por políticas públicas de educación mediática y por
acuerdos entre los organismos de prensa, facilitaría el esclarecimiento y
democratización del manejo regulatorio de contenido. A su vez fomentará la
apertura de canales de discusión social sobre la libertad de expresión, sus
desafíos e implicancias.
Por otro lado, es preciso definir si las decisiones sobre la
regulación de contenido serán corporativas, estatales, paraestatales o supraestatales, y a su
vez si responderán a los intereses de las
regiones con la designación de representantes locales o se tratará de propiciar
un pensamiento único que reduzca las cosmovisiones sociales y
políticas particulares.
Que la libertad de los medios sociales digitales descanse sobre la
libertad empresarial corporativista estadounidense es un riesgo, como también
lo supondría la neta regulación estatal del contenido. Entendemos, desde la
responsabilidad de la tradición periodística en nuestro país, que la censura
del discurso debe tratarse con suma precaución y desde organismos que promuevan
la pluralidad, la democratización y una perspectiva regional
autárquica.
Del Estado a las
corporaciones
La cuarta Revolución Industrial ha llegado con la fuerza
prometedora de restablecer las maneras de ejercer dominio mediante la
transición hacia sistemas digitales y la automatización artificial de procesos, que comienzan a desplazar
a los Estados en muchas de sus funciones legitimadas. Hay que tener en cuenta,
a raíz de lo desarrollado, que el poder no es una estructura piramidal, sino
que se trata de una situación estratégica donde un
conjunto de actores disputan su lugar e influencia en la estructura social.
Desde
esta investigación entendemos que:
“ser ciudadano no significa ya lo que fue o se
imaginó en etapas anteriores del capitalismo. Vivimos hoy otro modo de entender
la política al deshacerse de los acuerdos entre Estados, empresas y derechos
sociales que daban sentido a la concepción moderna y democrática de la
ciudadanía. Se trata de una descomposición de la idea de democracia, lo que
según Wendy Brown (2005) se llama “desdemocratización” (G.
Canclini, 2019, p.36).
La gubernamentalidad se ha visto modificada en tanto la
interacción de los poderes clásicos, los medios de comunicación, las
plataformas digitales y los actores sociales, se han transformado. El paso de
sociedad de la disciplina a la del control o “autocontrol” eliminó la
vigilancia externa hacia las personas y a su vez planteó la posibilidad de
implementación del modelo multistakeholder, como bien se conoce, o
en castellano: "múltiples partes interesadas". Así, las decisiones
intergubernamentales se reemplazan por una dinámica en la que se mezclan la
esfera corporativa, gubernamental, académica, religiosa, organizaciones civiles
y medios de comunicación.
Si bien esta interrelación se acerca al concepto de “poliarquía”
(democracias avanzadas) en lo que refiere a la pluralidad de grupos en interacción, desarrollado
por Robert Dahl (1956); en este caso la competencia
de los poderes en disputa se concentra en
virtud de ejecutivos y empresarios transnacionales. El modelo multistakeholder
se ofrece como alternativa de redistribución de poder, es decir, plantea un
nuevo modelo de gubernamentalidad donde “el Estado ya no es el actor principal
sino uno más entre otros implicados” (Pisanty, 2007; Aguerre, 2015). Es
decir, se trata de dar más poder a las corporaciones sobre la sociedad y menos
a las instituciones democráticas.
Por
su parte, los medios
de comunicación tradicionales han cumplido
históricamente un rol importante como formadores de opinión, pero la
concentración de las corporaciones tecnológicas insertas en un nuevo paradigma
de gobernanza mundial, podría resultar en un
peligro sin precedentes si no se trabaja por la pronta regulación y
democratización de las empresas de Silicon Valley y el flujo de datos que
obtienen de las interacciones individuales y colectivas a nivel global.
El modelo de partes múltiples ya está en
marcha y se propone dentro de un sistema con nuevas aristas que lo complejizan
y prometen mutaciones. A pesar de que no son pocos los detractores del sistema
capitalista en tanto este sigue perpetuando la desigualdad y el deterioro del
planeta, el Foro de Davos no ha mostrado predisposición alguna en cuestionarlo.
En sus dos últimos encuentros ha hecho foco en el capitalismo de las partes
interesadas como una nueva manera de organización social bajo el lema
“Stakeholders para un mundo cohesionado y sostenible”. Pero:
¿Quiénes son los
interesados no gubernamentales de esta nueva dinámica? El WEF, es
decir las personas de alto patrimonio que se reúnen en Davos, Suiza. Los socios del WEF incluye algunas de las
empresas más grandes de petróleo (Saudi Aramco, Shell, Chevron, BP), alimentos
(Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé), tecnología (Facebook, Google,
Amazon, Microsoft, Apple) y productos farmacéuticos (AstraZeneca, Pfizer,
Moderna). (Wecke, 2021)
Además, en este esquema, la implosión de la pandemia Covid-19
posibilitó a los dueños de internet ampliar sus implicancias y patrimonios. El
empuje coyuntural obligó a volcar una gran cantidad de costumbres y
obligaciones ciudadanas del mundo offline hacia lo digital facilitando más y
mejores datos.
La propuesta post-pandémica de los grupos
empresarios de poder plantea disfrazar una vieja discusión con un mismo
trasfondo. Se trata de si las decisiones las toman los Estados Nacionales o son delegadas a corporaciones
transnacionales que ahora prometen tener perspectivas ecologistas y bregar por la igualdad,
sobre las bases de un mundo que negocia sus condiciones de existencia impulsado
por el capital privado a cualquier costo.
Desde América Latina entendemos que las partes involucradas en
este nuevo esquema de gobernanza no son entes que bregan por las necesidades
particulares de la región, sino que se trata de conglomerados que debilitan la
autonomía de nuestros pueblos y delegan el poder de decisión a intereses
extranjeros, condenando las más de las veces, a la dependencia a nuestras naciones. Analizar el conflicto desde una
epistemología del Sur que defienda nuestras potencialidades, pero a su vez
plantee las carencias estructurales es lo que permitirá no caer en soluciones
simplistas y extranjerizantes que poco tienen que ver con las crisis
particulares y cotidianas que nos atraviesan.
Jacques Attali, economista francés, señaló en su libro “La voie
humaine” (2019) que solo en 22 países se concentra la mitad del comercio
mundial y más de la mitad de las inversiones globales. En ese listado el único
país Suramericano que figura es Brasil. La verdadera polarización radica en que
el 90% de la riqueza total del planeta queda en manos de menos del 1% de sus
habitantes y se ha visto considerablemente agravada en los últimos años.
La
pandemia por Covid-19 trajo bajo el brazo un millar
de promesas de transición hacia una nueva normalidad. Pero si nos detenemos en el crecimiento específico de los
patrimonios estadounidenses -por ejemplo- se cae el velo estructural que
permite la concentración, nunca la redistribución.
Como se puede observar, el capitalismo de las partes interesadas
se comienza a construir sobre un contexto que beneficia ampliamente a los CEOs
de Silicon Valley. Las fortunas de estos magnates han crecido de manera
desmedida y grotesca mientras el poder adquisitivo de las ciudadanías se ha
visto desmejorado a lo largo y ancho del mundo. Es muy sencillo construir
promesas de igualdad y mejores porvenires sin cuestionar la concentración
desigual del capital de los individuos y las regiones.
Desconcentrar el poder estatal en pos de la autorregulación de
empresas estadounidenses y la penetración de estas en las economías emergentes
no sólo es un discurso poco original sino que, además, ya se ha propuesto y fracasado
en múltiples ocasiones. La conciencia política nos dicta que cada vez que se
intentan soltar las riendas económicas para ponerlas a merced de los mercados,
los latinoamericanos tenemos más hambre y menos oportunidades.
La
democracia, un invento de la burguesía del siglo XIX, y muy vinculada al
individuo, retrocederá ante el avance de la tecnocracia y la conveniencia en la
aplicación de normas que, en numerosas ocasiones, supondrán la disminución de
la libertad y la privacidad personales” (Becerra, 2020, p. 114)
Los gigantes tecnológicos y su potente mercado de comportamientos
futuros, construido a partir de nuestros datos personales, representan un
sector fundamental para esta lavada de cara refundacional del capitalismo,
donde el dato permite construir imaginarios en los que
todxs somos parte pero solo unos pocos toman
las decisiones.
No planteamos una distopía donde las corporaciones tecnológicas
reemplacen a los Estados, es más, consideramos que nadie gobierna con datos
sino interpretándolos, pero en esta manera de obrar no serán los datos y
algoritmos los que definen el devenir de la
historia. La información recolectada no tomará el poder per se, pero sin duda
es y será una herramienta muy valiosa para el acceso al poder, su ejercicio y
presunta legitimación.
“Y es que por más que la
economía de las comunicaciones muestre el crecimiento de Facebook o Amazon, no
son esas compañías (menos aún el señor Zuckerberg) los únicos responsables de
sustraer la información para dominar, sino estructuras de intercambio de datos
y de usos de esos datos en las que participamos voluntariamente miles de
millones de usuarios: una dinámica que nos hace servidores de los servidores.
La clave de este giro es que ha cambiado el papel del Estado, que Foucault
colocó en el centro de su crítica biopolítica, a la dispersión de la
gubernamentalidad algorítmica” (G. G. Canclini, 2019, p.118)
A lo que queremos llegar es a que si los Estados no comienzan a
trabajar en regulaciones estrictas a las corporaciones en general y al mundo
digital en particular nos dirigimos no solo hacia una economía de mercado
neoliberal más violenta, sino, a un nuevo modo de organización social que
trasciende la gubernamentalidad algorítmica en sentido electoral e impacta en
la ponderación de la toma de decisiones.
Si los oligopolios manejan hoy en día mayor presupuesto anual que
los Estados Naciones, dentro de los parámetros de la legalidad institucional,
entonces suena lógico que ellos sean quienes planteen la agenda política de las
naciones, en un sistema que privilegia el capital económico sobre el resto de
las variables en disputa.
Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que
tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y en
1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos; pero
la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y
callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar?
¿Qué tal si deliramos un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la
infamia, para adivinar otro mundo posible” (Galeano, 1996)
Porque aún creemos que es
posible.
Una reflexión sin
respuestas
El escepticismo envolvió a la ciudadanía, sus derechos y deberes.
Los horizontes se desdibujan en un presente donde todas las opciones que se nos
ocurren pueden suceder: no genera exaltación la posibilidad de dominación
robótica, ni la destrucción de los Estados, ni tampoco aterra el accionar de la
invención desmedida sobre las estructuras incuestionadas del sistema
capitalista. La hiperconexión nos revela que no estamos solos pero
tampoco juntos, mientras que la
sobreinformación proporciona saberes al alcance de nuestras manos sin ningún
instructivo de uso o desuso.
Cabe preguntarse qué lugar queda para las ciudadanías en un
contexto donde la digitalización causa un estado de ansiedad global paralizante
y pone en juego la privacidad, la libertad y la vigilancia. No buscamos caer en
reclamos simplistas que avanzan sobre la protección de los datos de carácter
personal y de la vida privada; entendemos que concentrarnos sólo en aquello que
cuestiona nuestras libertades individuales enmarca la problemática en una
matriz de pensamiento liberal de construcción de sentido del sujeto que niega
las oportunidades colectivas de la época.
El debate sobre la propiedad de nuestros cuerpos de datos debe
tener carácter público y político en tanto es esta información la que, por
ejemplo, permite a diferentes empresas funcionar con el enfoque data-driven; es decir examinar y
organizar estrategias de ventas con el fin de ser más productivas. Entendemos,
a su vez, que si se libera la propiedad de los datos sería posible resignificar
el data-driven en pos de pactos
sociales comunes y utilizar el potencial del flujo estadístico al servicio de
la ciencia, educación o cualquier sector que así lo requiera:
“Si, por ejemplo, hoy se
quiere hacer investigación en Big Data o en diseño de algoritmos, se recopilan
los datos y la investigación se hace en una universidad, habrá que pedir
permiso y la aprobación del comité de ética de la universidad. Pero si haces
esta misma investigación para una compañía privada, no tienes que pedir permiso
a nadie. Se pueden hacer cosas en el sector privado que ni se pueden soñar
poder hacer en la academia. No se puede saber qué es lo correcto o incorrecto
-éticamente hablando- pero que un grupo de gente se dedique a obtener el mayor
conocimiento posible para beneficiar a la sociedad y que otro grupo de gente se
dedique a obtener el mayor beneficio económico de la gente y el primer grupo
este sujeto a normas y regulaciones estrictas y el segundo no, realmente es
paradójico” (Monasterio, 2017, p. 215)
La reconstrucción de las ciudadanías debe apartarse del
desasosiego individual y la preponderancia empresarial en pos de comprender la
heterogeneidad social y mundial y crear desde lo colectivo “acciones llamadas a
ejercerse en el territorio, ahí donde las cosas pasan, ahí donde se cometen los
abusos, ahí donde las indignidades de cada día se despliegan en la sombra”
(Sadin, 2020,
p. 289)
Apuntalar lo colectivo en un presente donde los focos de conflicto
se difuminan y la organización social es cada vez más fluctuante requiere de
compromisos fijos que nos inviten a “reconocer que necesitamos tener algo para
esperar; y saber que los contenidos de esa esperanza, así como las vías para
cumplirla, son múltiples, están construyéndose y exigen pruebas racionales y
demostrables” (G.
Canclini, 2019, p.157)
Las plataformas digitales tienen a la individuación, por un lado,
y a la libertad de valoración de los usuarios en el proceso de interacción con el contenido por otro.
No hay distinción entre el dato riguroso, el discurso frívolo, la teoría
conspiranoide, la cifra falsa o la reflexión mentirosa. Quizá la potencialidad
surge en la posibilidad de colectivizar el discurso para desprogramar lo que
los algoritmos parecen ordenar y colarse entre los surcos del sentido común
proponiendo nuevos sentidos en las agendas públicas.
Los pueblos indígenas, afroamericanos, feminismos, ecologistas y
otros actores sociales relegados a lo largo de la historia contribuyen hoy a
reescribir las preguntas y devenires sobre las ciudadanías en el ámbito
digital. Sin embargo, la “falta de organismos globales y acuerdos que provean
reglas y sanciones para garantizar políticas específicas, sumado a la ruda
competencia de economías financiarizadas y despreocupadas del sentido social” (G. Canclini, 2019, p.159) hacen difícil encauzar la fuerza de las necesidades de
sectores invisibilizados en regiones como Latinoamérica.
La pérdida del sentido que envuelve a los sujetos se sostiene en la desciudadanización que introdujo y
consolidó la explosión de la cuarta revolución industrial. La rapidez con la
que cambiaron las estructuras de poder nos encontró desprevenidos, abriendo cuentas en un puñado de Redes Sociales con sede
en Silicon Valley a las que nunca tuvimos la oportunidad de elegir en los
términos que dictan las democracias, pero, sin embargo, atravesaron -en gran
medida- el rumbo global, regional e individual, nuestras costumbres y modos de
atravesar, entre otras situaciones, la pandemia vigente.
Es necesario recuperar las riendas de nuestras intenciones
ciudadanas, empezar a profundizar en el funcionamiento de las nuevas
estructuras de dominación de las que se valen las corporaciones y crear formas
de resistencias que propongan la reinvención de lo digital enfocado en lo
social. Hay que correr el velo de la abstracción que impera en la web y
desvanece tanto la discusión como los espacios de participación, segrega los
discursos y profundiza la liquidez de sociedades que simulan no ir a ninguna
parte mientras siguen siendo condenadas al manejo imperialista de sus
voluntades.
Si bien es cierto que las Redes Sociales permiten el encuentro,
también facilitan el desencuentro con la misma fuerza.
Políticos y economistas
avisan de los riesgos de esta disgregación. No se sabe quién toma las
decisiones ni cuánto tiempo se sostendrán, quién nos asigna un lugar y un
salario en el mercado de trabajo, quién nos perjudica y contra quién
revelarnos, quién nos habla en los medios y las redes. La incertidumbre se
refuerza, ya vimos, cuando los circuitos algorítmicos nos despersonalizan. El
uso mercadotécnico y lejano de sus saberes genera ilusiones de agruparnos como
usuarios y nos decepciona cuando intentamos hacer valer derechos. (G.
Canclini, 2019, p.163)
La despersonalización ciudadana dentro de las plataformas
digitales genera una alienación basada en el desconocimiento parcial de sus
lógicas de funcionamiento. Los usuarios nos encontramos en estado de privación y desposesión en
tanto no recogemos el valor de los datos que producimos, es decir ignoramos -en
mayor o menor medida- lo que con nuestra interacción se está gestando: los usuarios no tenemos
acceso a nuestros cuerpos de datos.
Apropiarnos de la dimensión digital puede ser el puntapié
propositivo de las ciberciudadanías desposeídas de sus propios datos en vistas
a ensayar otros modos de acción. Seguir pensando que nuestro cuerpo es solo
materia ya no lleva a ningún puerto. Es preciso seguir valiéndonos de las
herramientas analógicas que nos dicta la tradición ciudadana; no abandonar el
voto, la militancia, la asamblea, el encuentro, a sabiendas que son espacios
que nos han traído triunfos históricos estratégicos en materia de comunicación
como lo fue, en su
momento, la elaboración colectiva y democrática de una Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual pionera en nuestro país. No obstante, los tiempos dictan nuevas
necesidades en dirección a la recuperación de la dimensión digital ciudadana en
tanto es la que propició el nacimiento de un segundo cuerpo cada vez más
grande, complejo y privatizado.
Recuperar la propiedad de nuestros cuerpos de datos es una
cuestión intrínsecamente política. Son ellos los que por fuera de nosotros mismos están promoviendo consumos y comportamientos, productos y
candidatos. La privatización de esta dimensión del ser expropió las antiguas
respuestas, pero entendemos que el momento histórico invita a proponer nuevas
preguntas, desde lo colectivo, que apunten a construir nuevas y mejores
soberanías ciudadanas en el Sur, para el Sur.
Sino, solo nos quedará resistir.
Abal Medina, J. M. (2015) “Democracia y
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