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administrados. Este panorama evidencia la urgente necesidad de fortalecer la formación y supervisión
en la aplicación de los procesos disciplinarios, a fin de evitar vulneraciones a derechos fundamentales y
garantizar un ejercicio ético y transparente de la función pública.
Asimismo, como antecedentes internacionales se revisó los estudios de Suárez (2015), realizó un estudio
centrado en el análisis del procedimiento administrativo disciplinario aplicado en la Función Judicial,
abordado desde una perspectiva constitucional, con el propósito de evaluar si, en cada una de sus etapas,
se respetan efectivamente las garantías inherentes al debido proceso. El objetivo fue identificar si los
actores legitimados dentro del procedimiento —como los servidores judiciales sumariados, los órganos
administrativos con potestad disciplinaria, los denunciantes y los testigos— aplican de forma adecuada
los principios y normas que rigen el procedimiento disciplinario. Para ello, la investigación se sustentó
en un marco doctrinario amplio, abordando temas clave como el Derecho Administrativo Sancionador
y Disciplinario, los principios rectores que rigen estos procedimientos, así como el rol central de la
Constitución como fundamento normativo del procedimiento disciplinario. Además, se profundizó en
las garantías constitucionales que deben ser observadas en todo proceso disciplinario, tales como la
legalidad, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la imparcialidad y la razonabilidad de las
sanciones. A través del examen de estos elementos doctrinales, Suárez concluyó que el respeto de dichas
garantías es fundamental para asegurar la validez del procedimiento disciplinario y la legitimidad de las
decisiones adoptadas por las instancias competentes, resaltando que su cumplimiento no solo protege
los derechos de los servidores sometidos a proceso, sino que también fortalece la institucionalidad del
sistema judicial en su conjunto.
Punina (2018) desarrolló una investigación cuyo objetivo fue determinar si el derecho a la defensa se
garantizó en los procesos administrativos instaurados por el Consejo de la Judicatura contra servidores
judiciales durante el periodo 2014-2018. La autora centró su análisis en identificar si los actores
legitimados en los procedimientos sumarios disciplinarios —principalmente los servidores judiciales
procesados— contaron con garantías efectivas para ejercer su defensa en el marco de las actuaciones
administrativas. Para abordar este propósito, el estudio se sustentó en una revisión exhaustiva de
fundamentos doctrinarios y jurídicos, entre ellos la conceptualización del derecho a la defensa como eje
fundamental del debido proceso, los principios rectores del derecho administrativo sancionador, así