La participaci�n ciudadana e institucional
en el ejercicio democr�tico del derecho a la comunicaci�n: caso Loja � Ecuador
Franklin Rolando Jaramillo Castillo
Universidad Nacional
de Loja
Loja � Ecuador
Franklin Gustavo Sant�n Picoita
Universidad
Nacional de Loja
Loja � Ecuador
Eduardo Fabio Henr�quez Mendoza
Universidad
Nacional de Loja
Loja-Ecuador
RESUMEN
La
presente investigaci�n tiene como objetivo realizar un diagn�stico contextual
en la ciudad de Loja-Ecuador, del amparo legal y normativo para el ejercicio
democr�tico de los derechos a la comunicaci�n, que se da por la existencia y
formulaci�n de la Ley Org�nica de Comunicaci�n y la Ley Org�nica de
Participaci�n Ciudadana. Se parti� te�ricamente desde la reflexi�n de la ley y
la visi�n de autores como Mart�n Barbero, Burch, Vidal y otros, que ayudaron a
comprender los derechos ciudadanos a la comunicaci�n y la participaci�n
ciudadana. La metodolog�a utilizada, de car�cter cualitativa fue descriptiva,
de reflexi�n cr�tica que brind� el entendimiento sobre el objeto de estudio.
Finalmente en los resultados y conclusiones se logr� contrastar que �existe un desconocimiento de la ley en todas
las instancias desde la institucionalidad pol�tica y p�blica hasta llegar a la
ciudadan�a, lo que conlleva a que permanentemente los primeros vulneren los
derechos a la comunicaci�n y a los segundos le sean vulnerados sus derechos sin
que existan las instituciones fiscalizadoras y de control que den cuenta de
ello, lo cual se agrava con la no promoci�n de los derechos a la comunicaci�n,
que hace que no cambie ese estado.
Palabras clave:
participaci�n ciudadana; ejercicio democr�tico; comunicaci�n; derecho.
Citizen
and institutional participation in the exercise of democracy
ABSTRACT
The objective of
this research is to carry out a contextual diagnosis in the city of
Loja-Ecuador, of the legal and regulatory support for the democratic exercise
of communication rights, which is given by the existence and formulation of the
Organic Law of Communication and the Organic Law of Citizen Participation. The
theoretical starting point was the reflection of the law and the vision of
authors such as Mart�n Barbero, Burch, Vidal and others, which helped to
understand citizens' rights to communication and citizen participation. The
methodology used, of a qualitative nature, was descriptive, of critical
reflection that provided an understanding of the object of study. Finally, in
the results and conclusions it was possible to contrast that there is a lack of
knowledge of the law at all levels, from the political and public institutions
to the citizenry, which leads to the permanent violation of the rights to
communication by the former and the violation of the rights of the latter
without the existence of supervisory and control institutions to account for
it, which is aggravated by the non-promotion of the rights to communication,
which means that this state of affairs does not change.
Keywords: citizen participation; democratic exercise;
communication; right.
Art�culo recibido:� 05 febrero 2022
Aceptado para publicaci�n: 28 febrero 2022
Correspondencia: franklin.sant�[email protected]
Conflictos de Inter�s: Ninguna que declarar
La presente investigaci�n se acerca a
la problem�tica de la participaci�n ciudadana para el ejercicio del derecho a
la comunicaci�n, tomando como eje central, el modo en que la dimensi�n
institucional, contribuye al empoderamiento ciudadano en el ejercicio
democr�tico del derecho a la comunicaci�n.
Antecedentes importantes para esta
investigaci�n lo constituyen los estudios de Beltr�n 2006; Mart�n Barbero,
1990; Burch, 2004; Kapl�n, 2005; Botero, 2006; De Oliveira Soares, 2009;
Jurado, 2009; Gumucio ,2012; Barranquero, 2012; Le�n, 2013; Linares et al.,
2016; Vidal 2017; entre otros.
El estudio, transcurre en dos
momentos esenciales: un primer momento en que se construyen las bases
te�rico-conceptuales que sirven de referente para la discusi�n te�rica acerca
de develar las regularidades diagn�sticas contextuales asociada a la dimensi�n
institucional y su influencia en la participaci�n ciudadana en el ejercicio del
derecho de la comunicaci�n; y un segundo momento en que se realiza un
diagn�stico contextual de la situaci�n real existente en la ciudad de Loja-Ecuador,
a trav�s de una exploraci�n en profundidad del conocimiento de la Ley Org�nica
de comunicaci�n y del ejercicio del derecho a la comunicaci�n en las
instituciones, organizaciones y asociaciones vinculantes con el derecho a la
comunicaci�n.
Los antecedentes de este estudio,
parten de la Declaraci�n en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del
derecho a la comunicaci�n, como un derecho ciudadano; la existencia de una Ley
Org�nica de Comunicaci�n, dirigida a desarrollar, proteger, promover,
garantizar, regular y fomentar el ejercicio del derecho a la comunicaci�n, como
derecho humano; as� como el Reglamento General a la Ley Org�nica de
Comunicaci�n, que norma, la aplicaci�n de los derechos y obligaciones
establecidos, las responsabilidades de las autoridades e instituciones que
realizan rector�a, regulaci�n, gesti�n y control administrativos en el marco de
dicha ley; articulada con la existencia de la Ley Org�nica de participaci�n ciudadana
que consagra el derecho a la participaci�n, a todos los ciudadanos sin
excepci�n, a participar de manera protag�nica en el proceso de construcci�n del
poder ciudadano, se constituyen en fortalezas y antecedentes significativos que
favorecen el ejercicio pleno del derecho a la comunicaci�n desde la
participaci�n ciudadana.
No obstante, estas fortalezas, en la
indagaci�n inicial, se constata una d�bil participaci�n ciudadana en el
ejercicio democr�tico del derecho a la comunicaci�n, en gran medida dado por la
falta de preparaci�n de la ciudadan�a y el pobre desarrollo de experiencias de
educomunicaci�n dirigidas a formar sujetos capaces de interactuar y construir
desde el intercambio y el dialogo, el ejercicio de la cr�tica, la creatividad y
la responsabilidad social para ejercer democr�ticamente el derecho a la
comunicaci�n. Lo anterior exigi� diagnosticar la dimensi�n institucional, como
una variable esencial, para dar respuesta a la siguiente interrogante: �Qu�
particularidades presenta el contexto ecuatoriano, a tomar en consideraci�n en
un estudio del ejercicio del derecho a la comunicaci�n, desde su dimensi�n
institucional?
En el a�o 2013, teniendo como punto
de partida el concurso del pueblo, se aprueba bajo fundamentos constitucionales
la Ley Org�nica de Comunicaci�n en Ecuador, con garant�as institucionales
plasmadas en la creaci�n de la Superintendencia de Comunicaci�n e Informaci�n
en un per�odo posterior, con la finalidad de desarrollar, proteger y regular,
en el �mbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicaci�n
establecidos en la constituci�n. Esta ley, as� como sus entes regulativos,
constituyeron un avance en materia de derechos para la ciudadan�a ecuatoriana,
con el logro de la protecci�n de sectores tan importantes como los ni�os y
adolescentes, las personas con alg�n tipo de discapacidad, las garant�as de los
periodistas y comunicadores, la protecci�n de la intimidad de las personas, el
reconocimiento de los medios comunitarios y locales, entre otras de igual
importancia.�
La salida de la presidencia de Rafael
Correa; gobierno que lidera en su momento un movimiento en funci�n de
constituir un estado de derecho en todos los sentidos, as� como la p�rdida de
institucionalidad de la ley, y la iniciativa de reformularla de acuerdo a los
nuevos intereses pol�ticos neoliberales, contribuyeron a que se produjera un
retroceso en las garant�as en el ejercicio de los derechos por parte de la
ciudadan�a en el acceso a la comunicaci�n tal como lo garantiza dicho cuerpo
legal actual.��
Ante estas contradicciones pol�ticas
y legales surgen como interrogantes a dar respuesta en el presente estudio, las
siguientes: �Cu�l ha sido el impacto de la Ley Org�nica de Comunicaci�n desde
su vigencia en la ciudadan�a de Loja- Ecuador?; �C�mo articulan desde la
institucionalidad la Ley Org�nica de Comunicaci�n y Ley Org�nica de
Participaci�n ciudadana? �Qu� tanto conocen la institucionalidad, la manera en
que la ley establece como garantizar desde la participaci�n ciudadana el
ejercicio del derecho a la comunicaci�n? �C�mo garantizan el ejercicio
democr�tico de este derecho? �Qu� procedimientos est�n establecidos para
garantizar el ejercicio del derecho a la comunicaci�n?; estas son algunas de
las preguntas que se formulan ante la necesidad de recuperar los avances
obtenidos con las normativas en este �mbito y beneficiar a la ciudadan�a desde
su participaci�n en el ejercicio del derecho a la comunicaci�n.
El presente art�culo persigue,
socializar, los hallazgos de un diagn�stico contextual realizado a la ciudad de
Loja-Ecuador, para ello se propone: Fundamentar sucintamente los fundamentos
te�ricos y metodol�gicos que fundamentan el estudio y diagnosticar el
comportamiento de la dimensi�n institucional en el ejercicio del derecho a la
comunicaci�n en el contexto lojano.
Derechos a la
comunicaci�n
Si se observase en un sentido
primario el concepto de derecho a la comunicaci�n, entendido como posibilidad
que posee todo ser humano al nacer y hacer uso de las diversas variantes
expresivas como el lenguaje verbal, los gestos, las miradas, los sonidos, etc.,
�cabr�a plantearse la necesidad de que se propicie un derecho a la comunicaci�n
para el ejercicio ciudadano? Como resulta vastamente conocido, este uso
primario de la comunicaci�n se complejiza cuando intervienen en las sociedades
las relaciones de poder, las ideolog�as, los gobiernos, los monopolios de los
medios de comunicaci�n, entre otros elementos. Por ende, el proceso pasa de ser
advertido como algo natural a un elemento al que debe prestarse atenci�n y que
debe ser considerado dentro de los derechos fundamentales de los seres humanos,
reconocidos por la sociedad en su conjunto.
La noci�n derecho a la comunicaci�n
sit�a sus or�genes en el contexto jur�dico internacional, en la consagraci�n de
normas contenidas en la Declaraci�n Universal de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789) y en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (1948); y� elevado a la categor�a de norma internacional
con la inclusi�n en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Pol�ticos
(1966), ratificado por varios pa�ses (Botero, 2006, p. 16). Estos documentos
iniciales desarrollaron los t�rminos de libertad de expresi�n y opini�n; la
libre corriente de informaci�n; as� como la preocupaci�n por asegurar la no
intervenci�n del Estado en el uso de la comunicaci�n p�blica (Jurado, 2009).
Principio de la calidad
de la informaci�n de relevancia p�blica
Este principio regula �nicamente la
calidad de la informaci�n de relevancia p�blica, entendida como aquella que se
difunde a trav�s de los medios de comunicaci�n social que impacta positiva o
negativamente en el ejercicio de los derechos de las personas, el orden
constituido y las relaciones internacionales (Jurado, 2009). Requiere que la
informaci�n posea reglas espec�ficas sobre la verificaci�n de los hechos y la
contrastaci�n de las fuentes. Si bien este principio regula la informaci�n de
car�cter e importancia p�blica, no atiende a la calidad de otras formas de
productos o informaci�n de p�sima calidad.
El modelo social y democr�tico de la
comunicaci�n plantea, desde el punto de vista te�rico, condiciones para un uso
de la comunicaci�n que responda a los intereses de todos los ciudadanos y una
mayor democratizaci�n de la comunicaci�n, en la pr�ctica este modelo no logra
abarcar el uso de los sistemas y pr�cticas de comunicaci�n de manera efectiva
para cada pa�s, territorio y gobierno, experiencias vistas en las realidades de
los pa�ses, dada por las mediaciones sociales que intervienen en estos
procesos.
Es por ello, que estos modelos
pol�ticos y de comunicaci�n poseen un correlato desde el punto de vista
hist�rico que no hay que perder de vista y se sostienen en aspiraciones o
movimientos actuales que recorren un camino hacia una mayor democratizaci�n de
la comunicaci�n. En Am�rica Latina se identifican dos grandes corrientes en
este camino: la corriente jurisprudencial y la legislativa. La primera plantea
un avance progresivo basado en el desarrollo jurisprudencial del alcance de los
derechos a la comunicaci�n y libertad de expresi�n y la segunda sostiene la
creaci�n de leyes de servicios audiovisuales, de telecomunicaciones que
establezcan los nuevos derechos o condiciones que reconfiguran la libertad de
expresi�n (Jurado, 2009).
La participaci�n
ciudadana en el ejercicio de los derechos
Si observamos los rasgos esenciales
de los seres humanos percibimos que el proceso mismo de la comunicaci�n al que
todos tenemos acceso al nacer constituye la forma primaria de participaci�n
social. Coincidimos con Hern�ndez (2009) que �la comunicaci�n es un modo de ser
y un modo de ser siempre es un modo de participar; resulta en una
caracter�stica inherente del ser humano como condici�n para la formaci�n de
conciencia� (p. 39).
Los ciudadanos deben estar dispuestos
a defender sus intereses en los asuntos de inter�s p�blico y encontrar
motivaciones externas para tomar parte de una acci�n colectiva. En este
sentido, se constituye en un proceso colectivo o acto social y educativo en el
que el individuo transita de su aislamiento y pasividad a su condici�n de
ciudadano activo, participativo, comprometido, solidario y cr�tico (Hern�ndez,
2009). Por ende, supone una decisi�n por parte del ciudadano de integrarse al
proceso.
Desde el punto de vista hist�rico, la
noci�n de participaci�n ciudadana se encuentra asociada al concepto de acceso.
Ambos emergen de los debates propiciados en el contexto de la UNESCO y los
debates del NOMIC. Estas nociones se presentaron como indicadores fundamentales
de los niveles de democratizaci�n de las comunicaciones y del nivel de
articulaci�n de la sociedad con los medios masivos que son parte de ella
(Linares, et al., 2016).
El acceso puede entenderse de manera
general como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes y la
participaci�n como el derecho efectivo del derecho a emitir mensajes. Estas
concepciones establecen los cimientos para considerar comunicadores a todos los
seres humanos aptos tanto para recibir mensajes como para emitirlos (Beltr�n,
2006). Sin embargo, hay que comprender adem�s que el acceso se refiere a las
posibilidades reales de los individuos de acceder a los sistemas de
comunicaci�n y emitir su voz al respecto.
El acceso debe ser pensado en dos
niveles: la elecci�n y la retroacci�n. �La elecci�n se refiere al espectro de
posibilidades a la diversidad de medios, su grado de participaci�n en la oferta
medi�tica, su cobertura territorial, como indicadores de la variedad en la
oferta accesible a la audiencia� (Linares et al., 2016, p. 40).
La retroacci�n, como concepto se
refiere a la presencia del p�blico en los sistemas comunicativos de manera
general, �donde el formato medi�tico condiciona su aparici�n como juegos,
tribunas, debates, entrevistas, entre otras formas que por supuesto, no indican
la participaci�n ciudadana, por ejemplo, en la creaci�n de contenidos.� En esta concepci�n las personas pueden
canalizar denuncias o cuestionamientos� (Linares, et al. 2016, p. 41-42).
Como parte del acceso, debe
considerarse tambi�n las nociones de acceso universal y servicio universal: el acceso
universal como un paso previo al servicio universal. La primera noci�n refiere
a la disponibilidad de al menos una red en forma p�blica o comunitaria. La
segunda apunta a la provisi�n del servicio de telecomunicaciones en cada hogar
y a la calidad de este. El servicio universal debe contemplar: la distribuci�n
equitativa de y accesible de los servicios; la cobertura de servicios de
comunicaciones en la mayor parte de los territorios; el ofrecimiento de
condiciones para usuarios con discapacidades f�sicas (Linares et al., 2016).
Resulta interesante tener en cuenta
que el desarrollo de las formas de comunicaci�n y acceso a internet,
potenciadas en la actualidad por el uso del tel�fono celular, han posibilitado
la extensi�n del acceso a cada persona con un mayor alcance y con un costo no
tan elevado en s� mismo. Es decir, el acceso como elemento b�sico de la
participaci�n debe contemplar la interconexi�n de las redes; fundamentadas en
el nuevo escenario digitalizado que interpela a la universalizaci�n del acceso
a una conexi�n de banda ancha[1] (Linares, et
al., 2016)
En el caso del nivel de participaci�n
relacionado con la adopci�n de decisiones, se establecen los aspectos
relacionados con la �arquitectura institucional generada por cada pa�s para
regular y controlar el funcionamiento de los medios privados � con o sin fines
de lucro � y para organizar la gesti�n de los medios estatales� (Linares et al.,
2016, p. 47). En esta dimensi�n debe considerarse las tradiciones pol�ticas y
culturales de cada pa�s en funci�n de la pertinencia, efectividad y profundidad
de los mecanismos participativos de seguimiento, control y gesti�n de los
medios de comunicaci�n.
En el caso de la planificaci�n es de
inter�s la intervenci�n de diferentes sectores pol�ticos y sociales donde se
discute la incidencia en la planificaci�n del sistema medi�tico; as� como la
participaci�n de la ciudadan�a en la elaboraci�n de pol�ticas p�blicas que debe
ser contemplado en su contexto econ�mico y pol�tico espec�fico. Si sostenemos
que la participaci�n ciudadana amplia puede servir de instancia legitimadora de
definiciones finales en los procesos, debe incorporarse lo p�blico como
dimensi�n incluyente.
En funci�n de que se establezcan
condiciones favorables para la participaci�n, el acceso contribuye a que no se
agraven los problemas de exclusi�n social y econ�mica. Coincidimos en algunos
indicadores que no se deben soslayar para construir para el logro del acceso y
la participaci�n: contemplar una mirada hist�rica a las sociedades en cuesti�n;
tener en cuenta la din�mica crecientemente veloz del proceso de convergencia.
�Estos indicadores deben poder dar cuenta de la existencia o no, y sus
caracter�sticas, de mecanismos para resolver las desigualdades en las
capacidades de acceso a servicios audiovisuales, de banda ancha o de
comunicaci�n telef�nica fija o m�vil de calidad� (Linares et al., 2016,
p.51-52).
En la participaci�n ciudadana resulta
esencial tomar como punto de partida la comunidad, pues es all� donde se
�discuten los problemas de las condiciones de vida y donde se concretan las
interacciones con otras comunidades. (�) Este principio implica el derecho de
participar en la planificaci�n y producci�n del contenido de los medios�
(Servaes, 2000, p.8). Con esta idea se argumenta la importancia de que la
participaci�n tenga su punto de partida las necesidades y problem�ticas
culturales, sociales y econ�micas de los ciudadanos, antes cualquier
planificaci�n relacionada con proyectos, recursos, actores, etc.
2. MATERIALES
Y M�TODOS
El presente estudio, es caracter
cualitativo, en un proceso abierto y permanente de construcci�n del
conocimiento, guiado por un dise�o flexible, donde se emplearon diversos
m�todos y t�cnicas de investigaci�n, y la permanente triangulaci�n de los
mismos. La investigaci�n se caracteriza por ser un estudio descriptivo, que
aporta desde la reflexi�n cr�tica de sus resultados, en su fase emp�rica,
referentes importantes para la propuesta de un modelo desde una mirada
educomunicativa.
El estudio se realiza, desde el
m�todo de la investigaci�n-acci�n-participaci�n (IAP), que implica el rol
activo de los sujetos, analizados como sujetos y objeto de la investigaci�n,
con la participaci�n y compromiso del investigador de participar en todos los
procesos educomunicativos desarrollados, como lo expresa Alberich (2006) al
referir que la IAP implica que los grupos de poblaci�n o colectivos a
investigar pasen de ser �objeto� de estudio a �sujeto� protagonista de la
investigaci�n, controlando e interactuando a lo largo del proceso de investigaci�n,
contando con la implicaci�n y convivencia del investigador en la comunidad que
se estudia.
Para hacer posible la investigaci�n
el autor, se apoy� en diferentes m�todos y t�cnicas los que a continuaci�n se
referencian:
En el nivel te�rico se utilizaron el
m�todo hist�rico � l�gico, para la sistematizaci�n de las bases te�rico-
conceptuales de los principales n�cleos te�ricos de la investigaci�n; el
Anal�tico � sint�tico, para la comprensi�n de los fen�menos y elementos
asociados a la categor�a anal�tica, la determinaci�n de sus dimensiones e
indicadores y el procesamiento de los resultados, a partir de la aplicaci�n de
los instrumentos; y el Inductivo � deductivo, para lograr la sistematizaci�n
necesaria permita evidenciar las regularidades y tendencias esenciales de la
educomunicaci�n en el �mbito internacional y ecuatoriano, de c�mo incidir en la
democratizaci�n de la participaci�n ciudadana en el� ejercicio del derecho a la comunicaci�n,
desde el modelo proyectivo propuesto seg�n la validaci�n realizada, explicitada
en el cap�tulo III del informe.
A partir de la clasificaci�n de
Alonso & Saladrigas (2000), fueron empleadas las siguientes t�cnicas de
investigaci�n:
An�lisis documental y bibliogr�fico,
con el prop�sito de indagar desde los documentos normativos, a nivel tem�tico,
la expresi�n expl�cita o impl�cita de t�rminos, conceptos o reflexiones en los
documentos analizados, prevaleciendo, la diversidad de la bibliograf�a
consultada, y de documentos legales en que se soporta el ejercicio del derecho
a la comunicaci�n. Se analizaron los siguientes documentos normativos:
Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador; Ley Org�nica de Comunicaci�n;
Reglamento General a la Ley Org�nica de Comunicaci�n; Ley Org�nica de
Participaci�n Ciudadana del Ecuador, y actas de demandas de la SUPERCOM.
El an�lisis de los referidos
documentos, proporcion� una mejor comprensi�n del fen�meno, y la forma en que
se regula, como punto de partida para el contraste emp�rico en las acciones
educomunicativas a desarrollar.
Entrevistas semiestructuradas.- eealizada
a nueve sujetos a partir de la definici�n de temas de inter�s expuestos sin
mayor estructuraci�n y formalizaci�n que la que exige un proceso de intercambio
que en s� mismo enriquece el tema (Saladrigas, 2005). Se realizaron con el
objetivo de buscar un criterio de pericia que aportara informaci�n de valor
para el desarrollo del estudio y en particular para la construcci�n del modelo
que se propone.
Observaci�n directa y participativa.-
observaci�n de eventos y procesos que ocurren en los diferentes contextos
institucionales en que se realiza el estudio.
Entrevista enfocada .- realizada a
diez especialistas y 3 actores comunitarios. Para la selecci�n y trabajo con
estas fuentes, se tuvieron en cuenta cinco pasos: definici�n de objetivos,
elecci�n de los especialista, confecci�n y circulaci�n de los cuestionarios y
an�lisis de los resultados.
3. RESULTADO
Y DISCUSI�N
La indagaci�n fue realizada tomando
como unidad de an�lisis, la ciudad de Loja, Cant�n del mismo nombre en el
Ecuador. El cant�n Loja se ha convertido en un territorio relevante del pa�s,
incorpor�ndose activamente a la vida econ�mica, social y cultural del pa�s,
siendo su econom�a un eslab�n importante con conexiones inmediatas con el norte
del Per�, la costa ecuatoriana, la provincia del Azuay y la Amazon�a (oriente).
Se encuentra ubicada al sur de la regi�n interandina (sierra) de la Rep�blica
del Ecuador, en el valle de Cuxibamba, peque�a depresi�n de la provincia de
Loja, situada a 2100 m.s.n.m. y a 4 grados de latitud sur. Tiene una extensi�n
de 1883 Km2, es el de mayor extensi�n de la provincia de Loja equivalente al
17% del territorio provincial (11027 Km2).
Se estructuran los resultados del
diagn�stico de la dimensi�n institucional en la participaci�n ciudadana en el
ejercicio� de la comunicaci�n, en dos
aspectos: primeramente, en el an�lisis de la aplicabilidad de la Ley Org�nica
de Comunicaci�n, y su expresi�n en la Ley Org�nica de participaci�n ciudadana
en el contexto lojano en el per�odo 2014-2017 y en un segundo momento se
muestran los resultados de la indagaci�n emp�rica a las instituciones
vinculantes al derecho de la comunicaci�n exploradas.
An�lisis de la aplicabilidad de la
Ley Org�nica de Comunicaci�n, y su expresi�n en la Ley Org�nica de participaci�n
ciudadana en el contexto lojano en el per�odo 2014-2017
La investigaci�n abarca el an�lisis
de los documentos p�blicos y de procesos realizados por la Supercom en este
per�odo, se trata de un an�lisis de la aplicabilidad de la Ley Org�nica de
Comunicaci�n a nivel nacional y como caso de estudio a profundidad la provincia
de Loja en los primeros cuatro a�os de vigencia correspondiente al 2014-2017.
La tabla 1 muestra el comportamiento de los procesos de vulneraci�n de los
derechos a la comunicaci�n en este per�odo.
Tabla 1. Procesos
por vulneraci�n de derechos.
|
LOJA Se ejecutaron 73 procesos de oficio y de iniciativa ciudadana |
10 % TV (7 casos a 5 canales de televisi�n) |
|
16 % Peri�dicos (12 procesos a 8 medios impresos) |
|
|
74 % (54 casos a 32 emisoras) |
Elaboraci�n
propia.
En este per�odo, en la provincia de
Loja se ejecutaron 73 procesos tanto de oficio como de iniciativa ciudadana, de
los cuales el 74% corresponden a 54 casos abiertos a 32 radios; 16% a 12
procesos ejecutados a 8 medios impresos; y, el 10% a 7 casos establecidos a 5
canales de televisi�n.
El an�lisis de los documentos que
registran la violaci�n de los derechos a la comunicaci�n en la Intendencia
Zonal � 7 de la Informaci�n y Comunicaci�n en Loja, evidenci� de igual forma,
la vulneraci�n de los derechos a la comunicaci�n, contemplados en la LOC, lo
que evidencia la inadecuada aplicabilidad de la referida normativa, lo anterior
se expresa en la tabla 2 que se muestra.
Tabla 2. Aplicaci�n
de la LOC en Loja.
|
48 % PROCESOS DE OFICIO 35 casos |
32% CIUDADAN�A 23 casos |
20% AUTORIDADES 15 casos |
Elaboraci�n
propia.
C�mo se expresa en la gr�fica, se
ejecutaron 35 procesos de oficio a la vulnerabilidad de los derechos a la
comunicaci�n, lo que denota un 48% de aplicabilidad de la LOC, se presentaron a
la misma entidad 23 casos desde la ciudadan�a, lo que evidencia el 32% de
exigencia de los referidos derechos, as� como 15 denuncias por parte de
autoridades (alcaldes, viceprefecta, concejales y asamble�stas) que representa
el 20% de aplicabilidad de la LOC.
Los tipos de sanciones aplicadas a la
vulnerabilidad de los derechos a la comunicaci�n se comportan como aparece en
la tabla 3.
Tabla 3.� Tipos de sanciones impuestas a los
procesos de vulnerabilidad de los derechos a la comunicaci�n.
|
1% absuelto |
62 % DENUNCIAS sancionadas pecuniaria y por escrito |
|
3% en tr�mite |
|
|
8% no consta el procedimiento |
|
|
26% archivadas |
Elaboraci�n
propia.
C�mo se observa m�s del 50% de las
sanciones impuestas y de denuncias efectuadas (62%) fueron sancionadas de forma
pecuniaria y por escrito; el 26% procesos (19) est�n archivados; mientras el 8%
de casos (6) no constan con un procedimiento; existen (2) procesos en tr�mite
que equivale al 3%; y, el 1% que representa a 1 caso, fue absuelto. Todo lo
cual evidencia, inconsecuencias en el cumplimiento de lo establecido por la Ley
Org�nica de comunicaci�n, y en particular se evidencian serios problemas en los
mecanismos de control y fiscalizaci�n en el cumplimiento de los derechos
refrendados por la Ley.
Dentro
del estudio tambi�n se analizaron las normativas particulares que fueron objeto
de violaci�n de derechos por parte de los medios de comunicaci�n de la
provincia de Loja, donde un total de 24 medios de comunicaci�n � entre
radiales, impresos y televisivos � infringieron la LOC en repetidas ocasiones,
lo anterior represent� que el 39% de los medios cometieron consecutivamente
faltas a la ley tal como se representa en la Gr�fica 4.
Gr�fica 1.
Normativas de los derechos a la comunicaci�n m�s vulneradas por los medios.
Elaborac�n
propia.
Es as� que el 33% de infracciones
cometidas fueron al Art. 28 (referido al derecho de solicitar copias de
programas donde hayan sido violados los derechos) por parte de 24 medios; es
seguido por el Art. 103 (concerniente a la difusi�n de al menos 50% de m�sica
nacional) que demuestra el 11% cometido por 8 medios; el 10% corresponde al
Art. 24 (que tiene que ver con el derecho a la r�plica) por 7 medios; 7% al
Art. 10 (referente al respeto a la dignidad humana, la �tica profesional� y la atenci�n a los grupos minoritarios)
cometido por 5 medios; 5% al Art. 18 (prohibici�n de censura previa) de parte
de 5 medios; igual cantidad 5% al Art. 61 (por contenidos discriminatorios); 4%
al Art. 60 (identificaci�n y clasificaci�n de tipos de contenidos) por 4
medios; lo propio 4% al Art. 90 (difusi�n de tiraje) cometido por 4 medios; 3%
al Art. 68 (contenidos sexualmente expl�citos) por 2 medios; lo mismo 3% al
Art. 26 (linchamiento medi�tico); 1% al Art. 22 (derecho a recibir informaci�n
de relevancia p�blica veraz) con un medio; de la misma forma 1% al Art. 62
(prohibici�n); mientras que el 13% se cometieron a los Arts. 36, 63, 94 y N/I
(derecho a la comunicaci�n intercultural y plurinacional; criterios de
calificaci�n; protecci�n de derechos en publicidad y propaganda,
respectivamente); no se especifican articulados vulnerados en un total de 7
medios.
En resumen, un grupo de medios
significativos (39%) cometieron consecutivamente faltas a la ley. Por otro
lado, 7 medios �entre radiales, impresos y televisivos�� que representan un 10% de los medios de Loja,
presentaron disculpas p�blicas y fueron amonestados por escrito (no pecuniario)
por no acatar lo que dispone la Ley Org�nica de Comunicaci�n y consecuentemente
vulnerar derechos a la ciudadan�a.
Tabla 4.
Comportamiento de los valores interpuestos por las medidas pecuniarias.
|
LOJA Durante los 4 a�os se interpusieron 38 medidas pecuniarias a 36
medios de comunicaci�n. $ 68 032,08 |
$ 57 712,06 Medios radiales |
|
$ 8 252 Medios impresos |
|
|
$ 2 068 Medios televisivos |
Elaboraci�n
propia.
Por otra parte, es necesario precisar
que, durante los 4 �ltimos a�os, en Loja, se interpusieron 38 medidas
pecuniarias a 36 medios de comunicaci�n, cuyos valores ascendieron a
$68.032,08, distribuidos como refleja la tabla 5.
Los medios radiales, cancelaron
$57.712,08 por incumplimiento de la LOC);$8.252 lo cancelaron los medios
impresos; y $2.068 lo hicieron los medios televisivos.
Como resultado del presente estudio,
a nivel nacional, en los primeros cuatro a�os de funcionamiento de la
Superintendencia de la Informaci�n y Comunicaci�n (Supercom, 2017), se
determin� que la Supercom lleg� a 225.283 ciudadanos para hacer conocer sus derechos
a la comunicaci�n e informaci�n. Mientras que en atenci�n ciudadana: 8.244
personas fueron atendidas en balcones de servicio, 285.421 en puntos de
atenci�n y 3.512 en servicios en l�nea.
Para conocer el cumplimiento de la
LOC, por parte de los medios de comunicaci�n, estos fueron monitoreados a nivel
nacional en un total de: 622 radios, 140 canales de televisi�n y 226 impresos.
Para saber c�mo est�n garantizando los derechos a la comunicaci�n e informaci�n
la Supercom realiz� auditor�as a los medios determinados de la siguiente
manera: tiraje de 26 medios impresos, producci�n nacional 53 medios
audiovisuales, publicidad 29 medios de comunicaci�n.
Del an�lisis realizado se puede
evidenciar la demanda a los medios de comunicaci�n a trav�s de los art�culos 23
y 24 de la Ley Org�nica de Comunicaci�n, donde la ciudadan�a ejerce su derecho
de manera directa ante los medios, logrando 849 r�plicas y 1.102
rectificaciones a nivel nacional.
Los resultados expuestos nos llevaron
a los siguientes an�lisis que a manera de conclusiones desde este estudio, que
permiti� concluir que:
La mayor�a de los medios de
comunicaci�n de la provincia de Loja vulneran los derechos a la comunicaci�n a
la ciudadan�a, por no entregar copias de sus programas o impresos o hacerlo fuera
del tiempo que establece el Art. 28 de la LOC que es no mayor a 3 d�as, por lo
que han sido sancionados con multas de 1 a 4 remuneraciones b�sicas.
Ciertas estaciones de radiodifusi�n
sonoras de Loja infringen, hasta m�s de una vez, el derecho a la difusi�n de
contenidos musicales nacionales, y con ello quebrantan los derechos a m�sicos,
cantantes y productores; ya que en las radios no se respeta lo que dispone el
Art. 103 de la LOC que es emitir el 50% de contenidos musicales de origen
ecuatoriano.
El ejercicio de los derechos a la
comunicaci�n refrendado por la Ley Org�nica de Comunicaci�n por parte de la
ciudadan�a lojana (entre autoridades y ciudadanos comunes), quienes por
iniciativa han ejercido su derecho e interpuesto sus denuncias al �rgano de control,
solo la mitad de los casos fueron procesados. De esta manera se demuestra que
la LOC no est� siendo cumplida en muchos de sus articulados, lo que permite
inferir que se est� violando los derechos a la comunicaci�n y al mismo tiempo
limitando la participaci�n de la ciudadan�a en el ejercicio de estos.
Finalmente, una conclusi�n esencial
es que cuando se valora la aplicabilidad de la LOC, se evidencia que se reduce
el an�lisis de la participaci�n ciudadana solo a los medios de comunicaci�n,
dejando fuera del alcance de la ley, como protectora de los derechos
ciudadanos, otras formas de vulnerabilidad en el ejercicio de los derechos a la
comunicaci�n.
Desde la vigencia de la ley y su
aplicaci�n a trav�s de la Supercom, el a�o 2015 es donde m�s procesos se han
ejecutado tanto de oficio como de iniciativa ciudadana en la provincia de Loja.
La demanda de la ciudadan�a a sus derechos baj� en el 2016 y para el 2017 su
participaci�n fue m�nima, sin punto de comparaci�n a los otros a�os. De esto
�ltimo podr�a inferirse que los periodistas y directivos se empoderaron de la
normatividad y no cometieron los mismos errores; o quiz� juegue a su favor el
momento pol�tico que vivi� el pa�s con la administraci�n del ex presidente
Lenin Moreno, quien siempre estuvo a favor del poder medi�tico.
Si bien es cierto, en la provincia de
Loja, se recaudaron m�s de 68 mil d�lares en el ejercicio 2014-2017 por
sanciones pecuniarias a los medios de comunicaci�n; esta cantidad no ser� la
suficiente para reparar los da�os y vulneraci�n de derechos que sufri� la
ciudadan�a a trav�s del poder medi�tico.�
Como se coment� al inicio de la
investigaci�n, la Ley Org�nica de Comunicaci�n garantiza derechos a ciudadanos,
comunicadores y productores; sin embargo, no existen denuncias o procesos
interpuestos �particularmente� por profesionales de la comunicaci�n haciendo
referencia a su seguridad laboral, libertad de su ejercicio, reserva de la
fuente, cl�usula de conciencia, entre otras. Es m�s tampoco se evidencia de
directivos de los medios de comunicaci�n exigiendo se garantice la inversi�n
p�blica y privada en publicidad y propaganda.��
Finalmente, las autoridades y medios
dimensionaron los desaf�os econ�micos, pol�ticos, comunicacionales y jur�dicos
a los que se enfrentan para lograr que los derechos de los ciudadanos y la
democratizaci�n de la comunicaci�n puedan afirmarse en la sociedad.
Por otra parte, tambi�n se desarroll�
una contrastaci�n entre lo expresado en la LOC y lo definido con anterioridad
en lo refrendado en la LOPC, con el prop�sito de constatar en qu� medida la
LOC, hab�a contemplado todo lo que en t�rminos de participaci�n ciudadana para
el ejercicio de los derechos hab�a refrendado, lo cual, permiti� precisar un
grupo de incoherencias en la construcci�n de la LOC, las que se resumen en la
gr�fica 9.
Tabla 5:
Resultados de la contrastaci�n entre la LOPC y la LOC.
|
La LOC no logr� expresar en su normativa, lo planteado en la LOPC, en
relaci�n con la garant�a del ejercicio de los derechos de participaci�n
ciudadana de manera protag�nica, al poner el �nfasis de su normativa, en los
medios, dejando a la ciudadan�a sin un amparo legal desde la LOC para la
exigibilidad. |
|
La LOC no situ� a la ciudadan�a como los actores principales, para la
formulaci�n efectiva de las pol�ticas p�blicas, como establec�a la LOPC,
restringiendo la posibilidad de que esta, pueda ejercer un aut�ntico control
participativo de la agenda p�blica en cuanto a los temas a incluirse. |
|
Otra expresi�n de incoherencia entre ambas normativas se evidencia
cuando, no asume lo expresado por la LOPC, referido a la responsabilidad de
los medios en la difusi�n de derechos y deberes de la ciudadan�a, y en las
formas de participaci�n y control social previstas en la Constituci�n y la
ley. |
Elaboraci�n
propia.
En resumen, se valora que en la
construcci�n de la LOC, no se logr� ser totalmente coherente con las
potencialidades que brindaba la LOPC, elaborada ya desde el 2010, en relaci�n
con las responsabilidades de los medios, de difundir los derechos y deberes de
la ciudadan�a, y la obligaci�n de buscar espacios necesarios para elaborar y
difundir programas dirigidos a la formaci�n de la ciudadan�a en temas
relacionados con los derechos, deberes, buen vivir, y las formas de
participaci�n ciudadana y control social previstas en la constituci�n y en la
ley, lo que sesg� los resultados de la eficiencia en la aplicabilidad de la LOC
en el contexto que se analiza.
La participaci�n ciudadana en el
ejercicio de los derechos a la comunicaci�n desde la dimensi�n institucional,
en el contexto lojano.
El diagn�stico contextual del estado
actual que muestra la participaci�n ciudadana en el ejercicio de los derechos a
la comunicaci�n en el contexto lojano, fue realizado a trav�s de la aplicaci�n,
registro y an�lisis esencialmente cualitativo de los m�todos y t�cnicas ya
referidos en la introducci�n de la tesis.
La mediaci�n como uno de los
indicadores del estudio, que referimos en el presente art�culo fue
operacionalizado en un grupo de indicadores, tal como se muestra en la tabla 1.
Tabla 6. Indicadores
de la dimensi�n institucional de la categor�a participaci�n ciudadana en el
ejercicio del derecho a la comunicaci�n.
|
Dimensi�n |
Indicadores |
|
Institucional |
Transparencia en las instituciones del Estado |
|
Acceso e interlocuci�n de los periodistas con los p�blicos. |
|
|
Redistribuci�n del acceso al espectro radioel�ctrico� |
|
|
Presencia de pol�ticas y estrategias de comunicaci�n |
|
|
Presupuestos destinados a la comunicaci�n |
|
|
Establecimientos de procesos de fiscalizaci�n y el control social del
DC |
|
|
C�mo la pol�tica y las instituciones privilegian la dimensi�n p�blica |
|
|
Independencia y autonom�a de los �rganos de comunicaci�n para la
gesti�n |
Elaboraci�n
propia.
Se selecciona seg�n el tipo de
estudio y el objetivo general de la investigaci�n, una muestra dirigida, dado
que de acuerdo a lo que se persigue, la representatividad no constituye un
factor que aporta datos, sino la informaci�n relevante que proporcionan determinadas
unidades de muestreo al estudio. Hern�ndez Sampiere, (2018).
Instituciones vinculantes
al DC, Organizaciones y Asociaciones diagnosticadas
� Intendencia
Zonal 7 de la Informaci�n y Comunicaci�n, (SUPERCOM).
� Consejo
de comunicaci�n.
� Gobierno
local de Loja.
� Delegaci�n
de Inclusi�n Econ�mica y Social (MIES).
� Delegaci�n
de la Defensor�a del Pueblo.
� Asociaciones
de discapacitados.
� Gremios
y Colegios de profesionales.
� Universidad
Nacional de Loja.
La triangulaci�n metodol�gica
realizada a los diferentes m�todos y t�cnicas aplicadas, permiti� precisar un
n�mero de regularidades en cada una de las dimensiones estudiadas, cuyo
an�lisis se expone a continuaci�n.
Los resultados del diagn�stico
referido a la dimensi�n institucional y su incidencia en la participaci�n
ciudadana en el ejercicio de los derechos a la comunicaci�n, est� referida al
car�cter mediador de las pol�ticas, ordenamiento jur�dico e instituciones
implicadas en la pr�ctica participativa para ejercer los derechos a la
comunicaci�n.
El an�lisis del marco legal y
regulatorio, realizado a la LOC y a la presencia de esta en la LOPC en lo que
ata�e a la comunicaci�n, ya se�alado en el ep�grafe anterior, unido a la
valoraci�n cualitativa del resultado de las entrevistas y los focus groups, permitieron
valorar los aspectos m�s significativos y aportadores del diagn�stico
contextual realizado.
En relaci�n con el an�lisis de la
garant�a que desde la institucionalidad se le proporciona a la participaci�n
ciudadana en el ejercicio de los derechos a la comunicaci�n, nos muestran que
en lo legal, la misma est� sustentada y normalizada desde la Carta Magna, donde
en el Art.384 de la Constituci�n de la Rep�blica se establece que el sistema de
comunicaci�n social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la
comunicaci�n, la informaci�n, la libertad de expresi�n y fortalecer la
participaci�n ciudadana.
En correspondencia con ello, la LOC
en su Art. 12 establece el principio de democratizaci�n de la comunicaci�n e
informaci�n, determinando que las actuaciones y decisiones de los funcionarios
y autoridades p�blicas con competencias en materia de derechos a la
comunicaci�n, propender�n permanente y progresivamente a crear las condiciones
materiales, jur�dicas y pol�ticas para alcanzar y profundizar la comunicaci�n
democr�tica, mediante el ejercicio de los derechos de comunicaci�n y libertad
de expresi�n, el acceso equitativo a la propiedad de los medios de
comunicaci�n, creaci�n de medios de comunicaci�n, generaci�n de espacios de
participaci�n y al acceso a las frecuencias del espectro radioel�ctrico
asignadas para los medios de radio y televisi�n abierta y por suscripci�n,
mientras que en el Art. 13 define el principio de participaci�n,
responsabilizando a las autoridades y funcionarios p�blicos, as� como a los
medios p�blicos, privados y comunitarios, para que faciliten la participaci�n
de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicaci�n.
Lo anterior, evidencia que desde el
marco legal, est� concebido desde el Art. 38 de la LOC, la garant�a de la
participaci�n ciudadana, atribuy�ndole el derecho a la ciudadan�a a organizarse
libremente a trav�s de veedur�as, asambleas ciudadanas, observatorios u otras
formas organizativas, a fin de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a
la comunicaci�n por parte de cualquier medio de comunicaci�n y la protecci�n
del derecho a ejercer la libertad de expresi�n, sin embargo, la LOP en su Art.
41 defini� la responsabilidad de los medios de comunicaci�n para que creen
espacios para elaborar y difundir programas de formaci�n a la ciudadan�a en
temas relacionados con derechos, deberes, participaci�n ciudadana, control
social, etc.; obligando solo a los medios p�blicos y comunitarios a cumplir lo
anterior. Los resultados del diagn�stico a la realidad contextual, muestran
que, con independencia de lo estipulado por la LOC, su instrumentaci�n, gesti�n
institucional y el control a la misma, ha sufrido un deterioro paulatino a
partir de la reforma realizada a la LOC en el 2019.
Con respecto a las pol�ticas y
estrategias de comunicaci�n existentes por las instituciones del estado,
derivadas de las exigencias de la LOC, es opini�n del autor, a partir de la
indagaci�n diagn�stica realizada, que una mediaci�n importante lo constituye,
el estado actual de la institucionalidad con respecto a la participaci�n
ciudadana en el ejercicio de los derechos a la comunicaci�n. En el 2019, con la
llegada de Lenin Moreno a la Presidencia del Ecuador, por un acuerdo pol�tico
con el poder medi�tico, utilizando la v�a legislativa a trav�s de la Asamblea
Nacional, el 14 de febrero de 2019, se aprueba la Reforma a la Ley Org�nica de
Comunicaci�n, tras allanarse parcialmente al veto del Ejecutivo,
argument�ndose, la necesidad de tomar en consideraci�n los est�ndares
internacionales asociados a los principios de libertad de expresi�n y las
mejores pr�cticas en materia de regulaci�n de los medios de comunicaci�n.
Con las reformas a la LOC, se oper�
un cambio en sus regulaciones, ya que mientras la misma solo administraba los
mecanismos para el ejercicio de los derechos a la comunicaci�n y la regulaci�n
en el acceso a la informaci�n, en la actual reforma a la ley, se expresa que
deber� regular la difusi�n de contenidos en radio, televisi�n y prensa escrita,
definir y monitorear los tipos de contenido adecuados, formular observaciones
sobre la distribuci�n equitativa de frecuencias, entre otras atribuciones.
Unido a lo anterior se produjeron cambios
en las instituciones reguladoras y fiscalizadoras del cumplimiento de la LOC.
Desaparece la Superintendencia de Informaci�n y Comunicaci�n (SUPERCOM), el 31
de julio de 2019, instituci�n que era la responsable de hacer cumplir la ley
-de forma administrativa, jur�dica y pecuniaria- ten�a presencialidad
territorial, es decir en todo el pa�s a trav�s de sus Intendencias Zonales, en
el caso de Loja la Supercom Zona 7.
Al desaparecer la SUPERCOM algunas de
sus competencias pasaron a la Defensor�a del Pueblo, entidad que s� tiene
presencia territorial por medio de sus delegaciones provinciales, en el caso de
Loja: Defensor�a del Pueblo Delegaci�n Provincia de Loja, no obstante, en la
entrevista a la Directora de esta instituci�n, expres� que, � �la defensor�a
del pueblo no asumi� las competencias de la SUPERCOM, solo asumi�, lo que de
acuerdo a sus competencias le correspond�a, o sea, la recepci�n de denuncias y
casos por parte de la ciudadan�a y obviamente su accionar legal para
precautelar los derechos a la comunicaci�n de los ciudadanos y no vulnerar los
mismos�.
Con la reforma a la LOC tambi�n
desapareci� el Consejo de Regulaci�n y Desarrollo de la Informaci�n y
Comunicaci�n, para ser sustituido por el Consejo de Regulaci�n, Desarrollo y
Promoci�n de la Informaci�n y Comunicaci�n, m�s conocido como (Consejo de
Comunicaci�n). A esta instancia se le transfirieron otras competencias de la
desaparecida SUPERCOM como: monitoreo de medios, regulaci�n de contenidos,
formulaci�n de pol�ticas p�blicas que garanticen la protecci�n a los
trabajadores de la comunicaci�n, entre otras. El Informe T�cnico emitido por el
Consejo de Regulaci�n, Desarrollo y Promoci�n de la Informaci�n y Comunicaci�n,
no tiene el car�cter de vinculante; sin embargo, de ser solicitado por una autoridad
p�blica, deber� ser valorado al momento de emitir una decisi�n para cada caso
concreto.
El Consejo de Comunicaci�n de oficio,
podr� analizar contenidos comunicacionales; y de ser el caso, ponerlos en
conocimiento de la Defensor�a del Pueblo para su tr�mite correspondiente. La
propia LOC, dentro de su cuerpo reformatorio, delega para que sea la persona
afectada quien ejerza las acciones constitucionales que le asista o acudir a la
Defensor�a del Pueblo para que inicie los procesos de derechos en conformidad a
sus competencias.
En la entrevista concedida por la
Directora de la Defensor�a del Pueblo, esta expres� que, � �aunque la
instituci�n es la encargada de receptar las denuncias ciudadanas, en casos de
vulneraci�n de derechos, de acuerdo a los informes de gesti�n de la propia
instituci�n, desde que asumi� este rol, no existen en la referida instituci�n,
un solo caso presentado por la ciudadan�a.�, lo anterior evidencia el estado
actual de la exigibilidad de los referidos derechos.
Al respecto Romel Jurado, destacado
investigador en el campo de la Comunicaci�n y participante en el proceso de
construcci�n de la Ley Org�nica de Comunicaci�n (LOC) en el Ecuador, en la
entrevista concedida al autor de este estudio expresaba:��La exigibilidad de lo
planteado en la LOC, ha sufrido un fuerte deterioro,� pues la Supercom, como instituci�n
responsable y encargada de proteger y promover los derechos de la ciudadan�a y
la Consejo de Comunicaci�n, como instituci�n responsable de velar por� el cumplimiento de la Ley, para en funci�n de
ello, recomendar pol�ticas p�blicas, tanto hacia lo interno como a otras
instituciones p�blicas, al ser retiradas, con la Reforma de la LOC de Febrero
de 2019, las posibilidades de participaci�n ciudadana en la exigibilidad de sus
derechos a la comunicaci�n disminuyeron notablemente, limit�ndose solo a la
protecci�n tangencial que� realiza la
Defensor�a del Pueblo desde sus competencias institucionales, quedando tambi�n
la v�a jur�dica, la cual por su costo y lo demorado del proceso limita la
participaci�n ciudadana.�.
Fue consenso de las entrevistas y los
focus groups realizados a los diferentes actores y segmentos poblacionales,
que, si bien es cierto que en la letra de la Constituci�n de la Rep�blica del
Ecuador y Ley Org�nica de Comunicaci�n se proclama los derechos a la
comunicaci�n, existe ausencia de un aparato institucional del estado para hacer
cumplir lo que determina la Constituci�n y la LOC. Es una condici�n
insoslayable, para garantizar el cumplimiento de los derechos a la
comunicaci�n, la existencia de una instituci�n responsable, encargada
directamente de promover, orientar, educar, exigir y sancionar a medios de
comunicaci�n, periodistas, comunicadores e instituciones p�blicas y privadas;
que dejen de cumplir con lo que la ley establece y que a su vez garantice, la
participaci�n ciudadana en el ejercicio pleno de sus derechos a la
comunicaci�n, solo de esta forma ser�a posible la exigibilidad de los derechos
a la comunicaci�n refrendados en el marco legal.�
Lo anterior se refuerza en el
consenso de los sujetos muestreados en los grupos focales, cuando expresan que:
� �el Estado como �nico garante de estos derechos no cumple con estas leyes,
por ejemplo, existe una Ley de Comunicaci�n, pero no una entidad que aplique la
normativa y que sancione a quien la incumple o viole los derechos por ella
refrendados�
Al indagar sobre �en qu� parte del
proceso institucional -incluyendo las regulaciones, autorregulaciones y rutinas
productivas de los medios, etc.- se localizan las principales contradicciones
que desvirt�en las posibilidades del sistema de comunicaci�n ecuatoriano para
convertirse en referentes de una comunicaci�n participativa a favor de la
ciudadana en el ejercicio de los derechos a la comunicaci�n?, existe consenso al
expresar que, � �la mayor contradicci�n es que la ley no tiene un car�cter
integral y que la fuerza de la misma est� centrada en los medios de
comunicaci�n, dejando fuera otros derechos a la comunicaci�n m�s asociados a la
participaci�n ciudadana en el ejercicio de dichos derechos desde otros �mbitos,
muy vulnerados.�
Una debilidad que se hace latente en
las diferentes respuestas de los informantes claves es, el desconocimiento que
tiene la ciudadan�a de la LOC y por lo tanto de los derechos refrendados en
ella, lo cual se agrava, por la ausencia de una institucionalidad, que promueva
el conocimiento de estos derechos, para que la ciudadan�a, pueda garantizar la
exigibilidad de su cumplimiento. Solo cuando exist�a la Supercom, se realizaban
actividades variadas en este sentido e incluso exist�a una direcci�n de
promoci�n de los derechos a la comunicaci�n, y los exdirectores de esa
instituci�n a los cuales se entrevistaron, dieron fe de la estrategia de
preparaci�n a la ciudadan�a en relaci�n con el conocimiento de los derechos a
la comunicaci�n y su exigibilidad.
Ante la indagaci�n de � qu�
conocimiento tienen los gobernantes, funcionarios pol�ticos y directivos
institucionales sobre la LOC?, se aprecia�
tambi�n un limitado conocimiento de lo refrendado en la referida Ley, lo
cual fue constatado en las entrevistas a estos actores, donde se pudo apreciar
que no existen estrategias particulares en las referidas instituciones para
abordar las problem�ticas existentes en torno a: la necesidad de la educabilidad
ciudadana para el conocimiento de sus derechos y la exigibilidad para el
ejercicio de los mismos, la promoci�n de los derechos seg�n lo estipulado en la
LOC, la fiscalizaci�n del cumplimiento de la Ley, entre otras. Las entidades
competentes que deber�an hacer este trabajo como es la Defensor�a del Pueblo y
el Consejo de Comunicaci�n, territorialmente, en Loja nunca lo asumi� despu�s
de la reforma de la ley.
Existe el criterio un�nime de los
sujetos participantes en los focus groups con los discapacitados y sus
representantes, que es hora de que ellos, cambien su rol en los procesos de
comunicaci�n, de receptores pasivos a activos, expresan que, tras ese derecho,
sus asociaciones han impulsado por motivaci�n propia foros, capacitaciones de
concienciaci�n y talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Expresan que el derecho que m�s se viola reiteradamente, es el de garantizar el
uso del lenguaje inclusivo que ofrece la tecnolog�a (digital, braille, audio)
entre otros.
Refieren que las personas con
discapacidad, no conf�an en las entidades de control, ni en el accionar de las
mismas, por lo que no acuden cuando se vulneran sus derechos a la
comunicaci�n.� Al mismo tiempo refuerzan
que lo principal en su criterio, es proporcionar a la ciudadan�a en general y a
los discapacitados en particular, una educaci�n relativa a sus derechos a la
comunicaci�n, donde se desarrollen acciones educomunicativas, acorde a sus
posibilidades, que los prepare en el conocimiento de dichos derechos y en el
c�mo exigir el cumplimiento de los mismos.
Con el prop�sito de indagar desde la
institucionalidad pol�tica de Loja, se entrevist� al Alcalde de la Ciudad de
Loja, as� como a un Concejal del Cabildo, sus opiniones se centraron desde el
rol de los mismos, lo que sesg� la posibilidad de un an�lisis m�s objetivo de
lo referido a la participaci�n ciudadana en el ejercicio de los derechos a la
comunicaci�n. Sus criterios fueron coincidentes en cuanto a que ellos son
objeto permanente de violaci�n de sus derechos a la comunicaci�n en lo referido
al respeto de la dignidad humana desde los medios de comunicaci�n, se montan
shows medi�ticos sobre las autoridades, buscando el desprestigio del
funcionario y la manipulaci�n del p�blico, ambas cosas vulnerando los derechos
ciudadanos con respecto a la comunicaci�n.
En tal sentido, ambos opinan, desde
este hecho, que la m�s vulnerada es la ciudadan�a, al ser manipulada, mal
informada, provocando reacciones inadecuadas, ocurriendo que cuando se vulnera
al ciudadano, este no tiene los recursos econ�micos para la exigibilidad de
estos derechos asociados a la comunicaci�n en un nivel judicial a lo que se
agrega la demora de esos procesos, quedando impunes las violaciones cometidas.
Al indagar sobre los espacios con que
cuenta la ciudadan�a para la exigibilidad de sus derechos a la comunicaci�n,
desde el Cabildo de Loja, solo refieren, como reto el hecho de conformar
espacios de participaci�n a trav�s de los medios de comunicaci�n, no refiriendo
las v�as establecidas en la Ley de comunicaci�n en su Art. 38� donde se precisa la garant�a de la
participaci�n ciudadana, atribuy�ndole el derecho a la ciudadan�a a organizarse
libremente a trav�s de veedur�as, asambleas ciudadanas, observatorios u otras
formas organizativas, a fin de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a
la comunicaci�n por parte de cualquier medio de comunicaci�n y la protecci�n
del derecho a ejercer la libertad de expresi�n, lo anterior denota
desconocimiento en las autoridades pol�ticas entrevistadas, de los derechos establecidos
por la LOC.
4. CONSIDERACIONES
FINALES
Como regularidades
diagn�sticas esenciales a manera de conclusiones, se definen las siguientes:
El Ecuador cuenta con el amparo legal
y normativo para el ejercicio democr�tico de los derechos a la comunicaci�n,
dada la existencia de una Ley Org�nica de Comunicaci�n y una Ley Org�nica de
Participaci�n Ciudadana, que promulga los derechos ciudadanos a la comunicaci�n
y a la participaci�n ciudadana, que, al margen de sus debilidades y
modificaciones, define los derechos ciudadanos a la comunicaci�n y establece
las v�as para garantizar su exigibilidad.
La institucionalidad requerida para
la implementaci�n de la LOC, es inoperante despu�s de las modificaciones
realizadas a la Ley, lo que no permite la fiscalizaci�n y control del
cumplimiento de los derechos, y la imposibilidad por parte de la ciudadan�a de
ejercer su derecho.
Est�n establecidas relaciones
asim�tricas entre los medios, la inoperante institucionalidad y la ciudadan�a,
lo que constituye el atravesamiento sociol�gico y comunicol�gico que distingue
la naturaleza de la participaci�n ciudadana en el ejercicio de los derechos a
la comunicaci�n en el contexto estudiado.
Existe un desconocimiento de la LOC
en todas las instancias, desde la institucionalidad pol�tica y p�blica hasta
llegar a la ciudadan�a, lo que conlleva a que permanentemente los primeros
vulneren los derechos a la comunicaci�n y a los segundos le sean vulnerados sus
derechos sin que existan las instituciones fiscalizadoras y de control que den
cuenta de ello, lo cual se agrava con la no promoci�n de los derechos a la
comunicaci�n, que hace que no cambie ese estado de cosas.
5. REFERENCIAS
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