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INTRODUCCIÓN
La capacidad del Estado para garantizar servicios de calidad depende, en gran medida, de cómo gestiona
y ejecuta sus funciones, ambas acciones condicionadas por sus servidores públicos. En ese marco, la
traducción de las políticas y las normas en el desempeño cotidiano exige condiciones organizacionales
congruentes. En en sector público, dicho proceso se ve frenado por límites que nacen dentro de la propia
dinámica organizacional y, al mismo tiempo, por exigencias del entorno institucional. Internamente, la
combinación de cargas de trabajo irregulares y estacionales, la ambigüedad de funciones, los márgenes
de decisión estrechos, los estilos de liderazgo con apoyos inconsistentes, las brechas de capacitación, y
presupuestos limitados, generan un ciclo contraproducente, dónde a mayor demanda, la baja autonomía
y las brechas entre los perfiles del cuerpo de trabajo, derivan en respuestas tardías y en una capacidad
insuficiente para satisfacer la demanda. Externamente, los calendarios regulatorios y de fiscalización,
las obligaciones de transparencia y protección de datos, la presión social, la subordinación a decisiones
de otros niveles jerárquicos y los cambios administrativos incorporan tiempos y formatos adicionales
que, si no se integran óptimamente al flujo de trabajo, se experimentan como capas de cumplimiento
superpuestas. En la práctica ambos planos se entrelazan, lo que no se resuelve con organización y
capacitaciones internas se amplifica cuando llegan nuevas obligaciones, y cada ajuste externo, sin
rediseño operativo, termina traduciéndose en mayor carga de trabajo, duplicidades, incapacidad de
cumplimiento o lenta capacidad de respuesta.
Ese entramado no solo complica los procesos, altera la vida laboral del servidor público y por esa vía,
merma el desempeño institucional. La combinación de altas demandas con bajo control y apoyo se
traduce en pérdida de autonomía, ambigüedad de rol y sensación de ineficacia ante picos de trabajo.
Ello deriva en cansancio sostenido, desvalorización, tensiones en los equipos y deterioro de la relación
con las personas usuarias. Operativamente, estas condiciones se materializan en incrementos de tiempos
,mayor probabilidad de error, duplicidades persistentes y mayor rotación o intención de salida, con los
costos de reemplazo y de curva de aprendizaje asociados. En suma, el costo psicosocial individual se
convierte en un tema de gestión del capital humano para el Estado, que se traduce en un resultado
operativo, de modo que proteger la salud laboral del personal y mejorar el servicio son objetivos
interdependientes.