INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se encuentra destinado a abordar las Garantías Laborales para los Trabajadores de las Notarías del Cantón Chone, Provincia de Manabí. Partiendo de que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho al trabajo, amparando todo aquello que se genera de la relación empleador-trabajador, sea que las mismas se den en el ámbito del sector privado como en el campo del sector público. Esta garantía constitucional constituye un equilibrio a la evidente relación desigual que existe entre empleador y trabajador. También establece principios tendientes a la protección de los derechos de los trabajadores.

Mientras que, a los notarios, los reconoce como parte de la función judicial por prestar un servicio público y los integra como órganos auxiliares de la misma. Regula sus funciones, los trata como servidores públicos. Sin embargo, el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 304 señala que el notario es el encargado, entre otras funciones de su propia remuneración y del cumplimiento de las obligaciones laborales de su personal quienes están sujetos al Código del Trabajo. Adquiriendo una condición diferente por ser independiente ya en el desarrollo de sus funciones como tal.

De esta manera, existe un tratamiento confuso por parte de la legislación ecuatoriana, porque por un lado el notario es un servidor público en virtud de la potestad pública que ejerce por constituirse como un órgano auxiliar de la justicia y por otro es autónomo, porque todo lo correspondiente a remuneración y diligencias propias de su despacho, que incluye contratación de personal, afiliaciones y demás. Surge la duda de determinar en qué condiciones se encuentran aquellos que desempeñan sus actividades en la notaría, bajo que normativa se encuentran amparados, y los más relevante, si sus derechos son respetados y garantizados como señala la Norma Suprema vigente.

Para Rosero[1], el derecho al trabajo es un derecho básico que se liga a la supervivencia y la dignidad de las personas, sus normas regulatorias se sustentan en premisas conforme a las que se busca el desarrollo integral de la persona. Cuando el derecho al trabajo es vulnerado se menoscaba un elemento esencial ligado al crecimiento personal del trabajador y de su familia. Según Tabarescco[2] el derecho al trabajo se vulnera principalmente en relaciones que se dan entre privados. A criterio del autor en el ámbito del sector público es más factible vigilar por el cumplimiento de los derechos laborales, a diferencia de ello en el contexto privado es más difícil visibilizar las vulneraciones de las que son objetos los trabajadores.

Situación que se evidencia en el ámbito de las notarías que, aunque son entidades públicas sus trabajadores no dependen del Estado. Son tratados como empleados privados cuyos derechos se encuentran regulados en el código de trabajo, perteneciendo así al sector privado. Y es a partir de este momento, en que se comenten una serie de vulneraciones siendo ineficaz las garantías constitucionales. Porque la autoridad competente teniendo la competencia para hacer cumplir la ley, no lo hace. Se debe recordar que la constitución establece el principio de progresividad de los derechos que consiste en que “los derechos no pueden disminuir, tan solo pueden aumentar y progresar de una forma gradual”[3].

Lo señalado por Chávez[4] refiere a que el notario es un funcionario público, porque el Estado le asignado funciones para la realización de instrumentos públicos, en el que las partes expresan su voluntad en el acto, negocio o contrato celebrado. Sin embargo, adicionalmente se desenvuelve en una actividad privada, por el tema de contratación de trabajadores para la notaría. Esto es una contradicción que afecta directamente al trabajador, por cuanto se encuentra prestando sus servicios laborales a un funcionario público que brinda servicios públicos, y que por ser un hecho particular la contratación del personal, no brindan las garantías pertinentes para el desempeño de sus labores de forma adecuada.

Sin embargo, en la dinámica de las relaciones laborales con el personal dentro de las Notarías, existe una vulneración a sus derechos laborales, puesto que se desconoce en general que los empleados son de la Notaría como tal y no de carácter personal del notario lo que genera violación de los derechos, que constitucionalmente son irrenunciables, especialmente el de la estabilidad laboral. Especialmente por el hecho de que los trabajadores no tienen un nombramiento definitivo, dependiendo del notario de turno asignado, pues se debe recordar que este funcionario asume el cargo para un período de seis años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Desconociendo que el “derecho al trabajo al ser un derecho social y económico adquiere una categoría especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada débil dentro de la relación laboral, quién al verse desprovista de los medios e instrumentos de producción puede ser objeto de vulneración de sus derechos…”[5]. Pues no solo se reconoce el derecho al trabajo, beneficios legales sino además se establecen principios “fundamentales para el sustento y desarrollo del mismo, los cuales son el principio de irrenunciabilidad e intangibilidad, que, entendidos como figuras jurídicas, protegen a los derechos laborales de su vulneración”[6].

Según Paredes [7] el Estado tiene el compromiso de salvaguardar el derecho al trabajo de los empleados de las notarías, por tanto, es inadmisible la vulneración de derechos de los trabajadores que trabajan en las notarías. Sin embargo, en la práctica coexiste desigualdad y abuso de poder. Lo aseverado por la autora refleja la inequidad, y falta de garantías para equiparar la obligación del empleador frente a los derechos de los trabajadores. Es de importancia a través de este estudio evidenciar las desigualdades que existen en las notarías frente a los derechos de los trabajadores. Pese a todo lo que manda la Constitución, lamentablemente no se cumple.

Los derechos laborales son irrenunciables, ya que tienen como finalidad proteger los derechos de la parte más débil dentro de la relación laboral. Es por ello, que se encuentra reconocida en la Constitución vigente, en el artículo 326 numeral 2: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”[8]. Y que han sido establecidos para garantizar condiciones mínimas de trabajo, (estabilidad, remuneración, horarios, jornadas etc.), pues el contrato de trabajo, como acuerdo de voluntades, genera derechos y obligaciones.

El derecho que tiene el trabajador a que se le retribuya económicamente de manera adecuada por los conocimientos y habilidades poseídas y aplicados en su desempeño, así como por sus contribuciones personales. La potestad irrestricta de percibir y exigir el disfrute de un salario es un derecho fundamental e imperecedero de todo trabajador según lo señalado por Santos[9]: libertad de laborar para aspirar a la percepción de un estipendio justo o decoroso que corresponda a la calidad y validez de los servicios desempeñados por el trabajador.

Es necesario así, desarrollar un análisis de las garantías jurisdiccionales en el ámbito laboral en tanto a la protección de los derechos del empleado dentro de las Notarías, pues se sugiere una vulneración a los derechos y principios constitucionales de estos en este entorno. Con lo que se espera poder brindar opciones para mejorar el ambiente laboral en las notarías del país. De manera que con ello se logre el respeto pleno de los derechos laborales recogidos en la Constitución vigente.

Presentación del Problema Jurídico

El problema de estudio comienza por la pregunta: ¿Existe una falta de garantías laborales para los empleados de las Notarías de Chone que vulneran su derecho al trabajo y el principio constitucional de estabilidad e igualdad laboral? La Constitución vigente reconoce una serie de derechos en el ámbito laboral con la finalidad de proteger a los trabajadores frente a los empleadores y de alguna forma igualar las diferencias en una relación laboral. Empero, el caso de las notarías es especial porque aún cuando la Constitución y la ley señala que se trata de una potestad pública en manos de los notarios del país quienes se convierten en un órgano auxiliar de la función judicial, en la práctica es ambiguo. Ya que la misma ley determina que además los notarios son autónomos.

La importancia de este tema para la comunidad científica y educativa es el aporte en cuanto al análisis detallado de la normativa existente en relación al tema, que aporta al conocimiento de la comunidad. Además, permite comprender la regulación actual de los notarios y el sistema de relación laboral que tienen con el personal que contratan. Contribuye con el análisis de los derechos laborales reconocidos y garantizados en la Carta Magna vigente y demás normativa secundaria y su verdadera aplicación en el diario vivir. Que en este caso la muestra fue obtenida de dos de las notarías del Cantón Chone. Permitiendo la realización de esta investigación.

OBJETIVOS

Objetivo General

§ Determinar la falta de aplicación de garantías jurisdiccionales en referencia a la protección de derechos laborales dentro de las Notarías del cantón Chone, provincia Manabí.

Objetivos Específicos

§ Fundamentar jurídicamente el servicio de las Notarías y la relación laboral de los empleados en las mismas, dentro del derecho constitucional al trabajo.

§ Describir con fundamentación jurídica y doctrinaria la situación actual de los empleados de las Notarías del cantón Chone.

§ Desarrollar un análisis jurídico analizando casos similares para el planteamiento de una propuesta para el cumplimiento de los derechos laborales de los empleados de las Notarías.

Aportes y valor de la investigación

El estudio de las garantías laborales en las notarías del Cantón Chone, ha sido relevante en el ámbito constitucional porque demuestra que pese a que la Norma Suprema es amplia en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Aún falta mucho por hacer en cuanto a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos consagrados. Debido a que sobre todo en el sector privado se comenten una serie de vulneraciones sin que ninguna autoridad se preocupe por resolver este dilema que afecta a la parte trabajadora del país. Este es el caso de las notarías, pues los notarios son empleados públicos porque gozan de potestad pública para ejercer su cargo.

Son auxiliares de los órganos de justicia, pero, la suerte de sus empleados no es la misma. Se rigen por las normas del Código del Trabajo, y están regulados como empleados privados más no públicos. Este estudio contribuye, además, a comprender la importancia de determinar con exactitud el régimen de los notarios que ahora pese a los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley es ambiguo su tratamiento. Quedando los trabajadores desprotegidos, porque se adoptan varias formas de contratación como la prestación de servicios profesionales para evadir el reconocimiento y cumplimiento de las remuneración y beneficios que por ley le corresponden a un trabajador.

La Constitución vigente, consagra el derecho al trabajo como un derecho fundamental, “juega un doble rol: como límite y como herramienta… para la construcción de un contrapoder que permita sostener el equilibrio entre la relación de trabajo y la represión del ejercicio arbitrario del poder empresarial”[10]. Sin embargo, en el caso de las notarías se vislumbra un escenario ambiguo acerca de cómo se aplica este derecho, porque el notario pese a ser un servidor público, en cuanto a remuneración, recursos y demás situaciones propias de una notaría, lo hace de manera particular y los trabajadores que llegare a contratar, se sujetan al código del trabajo, lo que da lugar a analizar la aplicación de estos derechos en la práctica. Análisis que se detallará en las siguientes líneas.

Brevemente en la historia del Ecuador, constitucionalmente en 1850, se introdujo la “libertad de trabajo e industria (Art. 116)”[11]. Entre 1897 y 1906, se constitucionalizan los sindicatos, y se regula el sector agrícola, ferroviario, artesanos, entre otros. En 1903, se “fijó la jornada máxima en ocho horas diarias y seis días por semana; los recargos por horas excedentes de trabajo, así como el desahucio”[12], en 1909 nacen las primeras organizaciones de obreros y “hasta el primer congreso obrero nacional”[13]. En 1920, las “indemnizaciones por accidentes de trabajo, que fija además el tiempo de prescripción para las acciones provenientes de relaciones laborales y señala el procedimiento y competencia en las controversias laborales”[14].

Se norma la responsabilidad patronal. En 1929, se incluye “La protección del trabajo y su libertad (Art. 151.19)”[15], al igual que la protección del Estado hacia el Sector campesino y obrero, se establece la jornada de trabajo máxima con descanso obligatorio los fines de semana, se fija un salario mínimo, también se crean seguros sociales, las condiciones de salubridad y seguridad en los establecimientos industriales. El 18 de noviembre de 1938, entró en vigencia el Código de Trabajo unificando y codificando varias normas sueltas en relación a los derechos laborales reclamados en el Ecuador. En las Constituciones sucesivas, se incluye el derecho del trabajo como una garantía hasta llegar a la Constitución 2008.

Durante este tiempo transcurrido, hay que diferenciar que a lo largo de las Constituciones vigentes se ha considerado al trabajo como un derecho, y posteriormente se han ido incluyendo garantías para proteger a este derecho; por lo que, es importante diferenciar entre derechos y garantías, así, el derecho como una facultad atribuida a las personas dentro de una sociedad, en el ámbito Constitucional, recibe varias denominaciones siendo importante diferenciar sus conceptos:

“Los derechos humanos son imprescindibles para la vida del hombre en sociedad. Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un ordenamiento jurídico concreto. Es decir, son derechos ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y de la sociedad a los que la Constitución eleva a la categoría de derechos fundamentales. Bajo esta denominación de derechos fundamentales podemos ver la versión formal y constitucional de los derechos humanos, y finalmente los derechos constitucionales, son todos aquellos que están establecidos en nuestra Constitución, sean o no fundamentales”.[16]

En definitiva, en el caso de los trabajadores de las Notarías para que sus derechos sean efectivamente observados se debería tomar en cuenta que se debe cumplir con lo que señala la Constitución vigente en relación al tema de derechos, pues, el derecho al trabajo no solo constituye un derecho y un deber social, sino que además a decir del Art. 33 es: “…un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía”[17], adicionalmente señala que el Estado garantizará que los trabajadores tengan una vida digna, decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y además que se desempeñen en un trabajo de su libre elección o a su vez libremente aceptado.

Principios que deben “propiciar dignidad, el que debe ser valorado, estimado y creado, convirtiéndose en regla que de manera coherente guía decisiones con el fin de garantizar la vigencia y el respecto de preceptos constitucionales, como ocurre con el derecho al trabajo”[18]. En el Art. 34 ibidem, establece como derecho irrenunciable, la seguridad social y la extiende para todas las personas constituyéndose en un deber y responsabilidad del Estado, que incluye a quienes realizan el trabajo en el hogar que no es remunerado, actividades de autosustento en el campo, trabajo autónomo, el caso de quienes están en situación de desempleo, estableciendo que los trabajadores son actores sociales productivos.

A más de ello, es preciso que se observe fundamentalmente lo que establece el Art. 326, el cual desarrolla todos los derechos que tienen las personas en calidad de trabajadores o empleados, tal es así que el Estado garantizará el empleo y se propone la eliminación progresiva del subempleo y desempleo, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, y cualquier pacto en contrario es nulo, el principio in dubio pro operario, que busca igualar las desigualdades entre trabajador y empleador, se determina que a igual trabajo igual remuneración, también señala que es un derecho de los trabajadores desenvolverse en un ambiente sano, adecuado que garantice su salud, seguridad, bienestar, entre otros.

Es primordial observar que en caso de producirse un accidente de trabajo, el trabajador tiene derecho a rehabilitarse y reintegrarse a su lugar de trabajo; en relación a los sindicatos, gremios, asociaciones entre otros, está el derecho a la libertad de asociación, pudiendo los trabajadores afiliarse y desafiliarse libremente, también el Estado podrá estimular su creación; se promueve la resolución de los conflictos laborales que se presenten a través del diálogo social siempre que no implique renuncia de derechos, así mismo, en el caso de conflictos colectivos de trabajo; en lo que tiene que ver con el derecho a la huelga y al paro para los empleadores, la Constitución la garantiza pero se complementa con el hecho de que no se pueden paralizar los servicios públicos.

En los siguientes artículos se regula la prohibición de toda forma de precarización, “como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva…”[19]. Derechos que buscan proteger a los trabajadores, porque el trabajo “es un derecho reconocido a nivel nacional como internacional el mismo que es fuente de realización personal y base de la economía para garantizar una vida digna en sociedad, para lograr mejorar su calidad de supervivencia”[20].

En torno a la remuneración, la Constitución vigente es clara al determinar que la misma será justa, digna y cubrirá al menos las necesidades básicas tanto de la persona trabajadora, así como de su familia, otra característica que complementa a este derecho, es la inembargabilidad, con una excepción, este es el caso de las pensiones alimenticias. También se enfatiza que las remuneraciones serán canceladas en los plazos convenidos, no pueden ser disminuidos ni descontados salvo que el trabajador o la ley lo autorice. También es importante, recalcar que constituye crédito privilegiado de primera clase para los empleadores, aún con preferencia a los créditos hipotecarios.

En el Art. 329 se habla del derecho de los jóvenes a ser considerados como actores activos en la producción, por ello le corresponderá al Estado crear las condiciones para labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. De otro lado, en cuanto a los pueblos, nacionalidades y comunidades, así mismo, el Estado se encargará de eliminar cualquier tipo de discriminaciones que pueda sufrir este sector de la población y se encargará de apoyar distintas formas de organización de trabajo en igualdad de condiciones, garantizando el acceso al empleo. Es importante también referirnos a que se reconoce el trabajo autónomo y por cuenta propia, y también brevemente señala que se velará por los derechos de los trabajadores en el exterior firmando acuerdos, convenios internacionales.

Extiende además el derecho del trabajo para las mujeres, garantizando su acceso en igualdad de condiciones a un empleo digno, también prohíbe despido en caso de encontrarse en estado de gestación y maternidad; finalmente, se reconoce el trabajo no remunerado de autosustento y de cuidado humano realizada en los hogares, como labor productiva.

Consecuentemente, es sumamente minuciosa la Constitución vigente al momento de referirse a los derechos de los trabajadores, es muy amplio porque lo considera como un derecho fundamental inherente a la vida del ser humano, parte de su dignidad y extiende su importancia hacia su familia; en este contexto, los trabajadores de las Notarías deben gozar de todos estos derechos consagrados en la Constitución, aclarando que es indiferente si están bajo relación de dependencia en el sector público o privado, para considerar que se cumple con lo que señala la Carta Magna, la misma que se impone sobre las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico del país[21].

Actualmente, la Norma Suprema no solo establece derechos sino además garantías para proteger los derechos consagrados en ella; entonces, no se puede confundir los derechos con las garantías y pensar que se trata de lo mismo, las garantías son “determinados instrumentos o técnicas normativas destinadas al resguardo y protección de los derechos fundamentales”[22], estos mecanismos de protección de los derechos constitucionales son la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección.

En el caso del sistema notarial, brevemente, en el Ecuador antes del año 1937, los jueces eran quienes cumplían o desempeñaban las funciones de Notarios, pero a partir de ese año, el Ing. Páez dicta el Decreto Supremo Nro. 94, con el cual, los notarios adquieren autonomía en el ejercicio de sus funciones, principalmente el de celebrar actos y contratos; luego, en 1938 con la expedición de la Ley Orgánica de la Función Judicial, los Notarios adquieren la calidad de funcionarios, pudiendo intervenir la realización de escrituras públicas; la normativa referente a la actividad notarial se encontraba dispersa, se regían por la Ley Orgánica de la Función Judicial, la del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil principalmente.

En 1966, se unifican en un solo cuerpo legal, todas aquellas normas encaminadas a regular la actividad notarial y nace así la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial Nro. 158, el 11 de noviembre de ese año, ley que en la actualidad se encuentra vigente y que ha sufrido varias reformas en el transcurso de los años; siendo otro cambio importante que a partir de la Constitución del 2008 que los Notarios pasan a ser parte integrante de la Función Judicial como órgano auxiliar; así, el Art. 177 señala: “La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos...”[23], que se complementa con el Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial: “El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial…”[24], confirmando aquello.

Así por su parte, “Arregui (2013), expone que en el Ecuador el notario viene a ser un servidor público que está llamado a garantizar la autenticidad y valor probatorio de las declaraciones puestas de manifiesto por los ciudadanos que acuden por ante él…”[25]. Complementando lo anterior, al revisar el Art. 326 numeral 16 de la Constitución vigente se desprende lo siguiente:

§ Quienes trabajan en calidad de servidores públicos para el Estado y entidades del sector privado que tengan participación mayoritaria de recursos públicos, se rigen bajo las normas que regulan la administración pública, y,

§ Quienes trabajan bajo relación de dependencia dentro del sector privado, se rigen por las normas del Código de Trabajo.

Desde esta perspectiva, en principio se podría entender que, en el caso de las Notarías, el Notario es un servidor público y, por tanto, los trabajadores bajo relación de dependencia en una Notaría, serían considerados servidores públicos; pero, no es así, la Constitución misma le da otro tratamiento; pues se refiere a ellos, como un órgano auxiliar de la función judicial, prestan un servicio público, incluso no cualquiera puede ser Notario, sino que debe cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley; es por ello que la Constitución dedica una sección dentro del Capítulo Cuarto correspondiente a la Función Judicial y Justicia Indígena para referirse al servicio notarial, de donde se desprende que los servicios notariales son públicos.

Que el número de notarias y notarios existente en cada cantón será por el Consejo de la Judicatura, que además es el encargado de fijar la tasas, remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos servicios, que los valores obtenidos por las tasas ingresan al Presupuesto General del Estado [26], en correlación con los Arts. 7 y 8 de la Ley Notarial; de lo cual se desprende que el servicio notarial:

§ Es público, lo que quiere decir que es parte de la administración pública, de las instituciones que componen el sector público, porque actúa en virtud de una potestad estatal, ya que solo pueden ejercer las competencias y facultades que les sean atribuidas por la Constitución y la ley; lo cual, está regulado en los Arts. 225 y 226 de nuestra carta magna vigente. Lo que se correlaciona con el Art. 297 del Código Orgánico de la Función Judicial al indicar que el servicio notarial se rige por la Constitución, este código, la ley notarial y demás disposiciones legales pertinentes, se vincula también en este sentido, con el Art. 1 de la Ley Notarial.

§ Ingreso mediante concurso de méritos y oposición: La Constitución en el Art. 200 detalla que los notarios ingresarán mediante concurso de méritos y oposición, y estarán sujetos a impugnación y control social; indica además que deberán tener título de tercer nivel en derecho, haber ejercido por al menos tres años la profesión, sin dejar de referirse al tiempo de duración en funciones, mismo que será de seis años con opción a ser reelegidos por una sola vez; esta disposición se relaciona con el Art. 228 ibidem que regula el ingreso al servicio público y con los Art. 298, 299 y 300 del Código Orgánico de la Función Judicial.

§ Remuneración: Este punto es el más importante, puesto que es aquí cuando se aclara bajo que disposición laboral se encuentra amparado tanto el notario como los trabajadores que prestan sus servicios lícitos y personales en una notaría; el notario si bien es un funcionario que hace uso de una potestad pública; sin embargo, una vez que es seleccionado por el Consejo de la Judicatura, se convierte en un trabajador autónomo, mas no en un empleado bajo relación de dependencia del Estado, a pesar de que hemos visto, tanto en la Constitución cuanto en la Ley Orgánica de la Función Judicial al considerarlo como parte de la Estructura del Estado por ser un órgano auxiliar.

Dentro de la normativa pertinente, tenemos el Art. 304 del Código Orgánico de la Función Judicial que explica el mecanismo de funcionamiento de las notarías, acotando que le corresponde al notario, buscar los medios para comenzar a operar, es decir, que debe invertir un capital propio para iniciar su negocio, poner los materiales de oficina y buscar el personal respectivo; más adelante la norma indica que el Consejo de la Judicatura fijará las tasas por concepto de servicios notariales, de lo cual, un porcentaje queda para la notaría y otro para el presupuesto general del Estado.

§ Régimen de personal auxiliar: al respecto el Código Orgánico de la Función Judicial es completamente claro al determinar en el Art. 302, que quienes presten sus servicios en una Notaría, trabajarán bajo relación de dependencia del Notario y estarán sujetos al Código del Trabajo. Así los “trabajadores del servicio notarial son privados, que dependen de manera directa de la Notaria o Notario, que estos se rigen por el Código de Trabajo”[27].

§ Tasas que deban satisfacer los usuarios: En el Art. 303 del Código Orgánico de la Función Judicial, se establece que es competencia del Consejo de la Judicatura fijar tarifas y regular los cobros por el servicio notarial, así como actualizarlos periódicamente en base a mecanismos de fijación de remuneración de los Notarios que serán pagados por los usuarios; en el caso, de realizar cobros no fijados por dicho ente de control, la sanción es la destitución.

De esta manera se evidencia que las Notarías se constituyen de forma autónoma, independientemente del Estado, el cual no aporta absolutamente nada para su funcionamiento, únicamente se encarga de controlar que la cabeza de la Notaría, es decir, el Notario, cumpla con todos los requisitos legales para operar como tal y tenga la preparación académica y profesional respectiva; en este sentido, lógicamente le corresponde al Notario escoger libremente el personal que labore en su Notaría; situación que de ninguna manera justifica o exime al Notario de su responsabilidad en calidad de empleador frente a sus trabajadores, ya que al contratar a su personal, debe cumplir con todas los derechos y garantías laborales que recoge nuestra Constitución vigente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para abordar el método aplicado en la presente investigación, se ha de explicar lo que comprende la metodología de la investigación jurídica, pues se trata de una “rama de la metodología de la investigación científica, que se ocupa de reglas generales, que describe la actividad científica, organiza criterios que usa el jurista, cuya función es darle solidez al nuevo conocimiento que se pretende incorporar al ya existente”[28].

Definido lo que comprende la metodología dentro de la investigación, se debe señalar que existen dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa.

La investigación realizada se basó en el método cualitativo que consiste en: “observan de manera subjetiva algún aspecto de la realidad, su unidad de análisis es la cualidad”[29]. Porque se describe varias cualidades de los elementos que integran el proyecto de investigación. En el caso concreto, refiere los derechos y garantías que reconoce la Constitución vigente y la ley a aplicarse a los trabajadores bajo relación de dependencia de las Notarías. Dentro del método cualitativo se aplicó, la hermenéutica, “cuyo propósito estará delimitado a atribuir significado y contenido –alcance normativo– a la normatividad jurídica, donde alcanza a la jurisprudencia” [30]

En razón de que se consideraron varias normas jurídicas en torno a los derechos del trabajador para determinar si son aplicados o no en la práctica, que en estudio se consideraron dos notarías del Cantón Chone. En correlación con la hermenéutica también se recurrió a la investigación dogmática recopilando las normas que se refieren concretamente a los derechos de los trabajadores. Para concluir con el método investigativo de estudio, como es la entrevista, permitiendo conocer la realidad práctica de las garantías estudiadas.

La población es el “conjunto de casos que tienen una serie de especificaciones en común y se encuentran en un espacio determinado”[31]. de este estudio fueron los trabajadores de dos de las notarías del Cantón Chone, durante el este último año. De la misma manera la muestra “es el conjunto de las personas que formen nuestra investigación”[32] fueron los empleados ya descritos en la línea anterior. Con ayuda de la encuesta y los métodos de investigación señalados, se llegó a concluir que los derechos y garantías de los trabajadores establecidos en la Constitución y la ley no se aplicaban correctamente, vulnerando así los derechos de los mismos.

RESULTADOS

Caso Práctico: Garantías Laborales para los Trabajadores de las Notarías en Chone, Provincia de Manabí.

Se realizó una encuesta a los empleados de dos de las Notarías del Cantón Chone, a quienes se les preguntó en forma general, la modalidad de contrato en que fueron contratados, el tiempo para el cual fueron contratados, la remuneración percibida y si fueron afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los resultados obtenidos son reflejados a través de una tabla comparativa, cuyas variables se refieren al tipo de contrato con el que ingresan, el tiempo que llevan laborando, la remuneración que perciben y si existe afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siendo su intención demostrar si se cumple o no la normativa vigente, en relación únicamente a las preguntas que fueron planteadas; así:

Tabla 1

Garantías Laborales en las Notarías A y B del Cantón Chone, Provincia de Manabí.

Variables	Ordenamiento Jurídico	Notaría A	Notaría B
Tipo Contrato	Contrato, bajo relación de dependencia. Código Trabajo – Sector Privado.	Facturación por Servicios Profesionales	Facturación por Servicios Profesionales
Duración	Tiempo Indefinido – período prueba.	3 meses	3 meses
Remuneración	Salario básico unificado ($400)	$380	$560
Afiliación IESS	Notario	Afiliación voluntaria	Afiliación voluntaria

Fuente: Empleados de las notarías del cantón Chone. Elaboración: Autor de la investigación

De la investigación realizada, se puede apreciar que realmente los derechos constitucionales quedan en meros enunciados, porque no se cumple con la normativa vigente, del ejemplo demostrativo, se desprende que no existe ningún tipo de contrato que garantice la estabilidad laboral ni el pago de todos los beneficios legales para un trabajador en relación de dependencia, más bien, se opta por la facturación por prestación de servicios profesionales que se aplica cuando se requiere un servicio profesional determinado, en la cual, obviamente no existe una relación de dependencia, peor aún un contrato como tal y en los términos que exige el código de trabajo que es la ley que se aplica en este caso.

Siguiendo con el ejemplo, al no haber un contrato de por medio, tampoco se ha establecido un tiempo de duración del mismo, razón por la cual, constantemente la Notaría cambia de empleados, en cuanto a la remuneración que perciben, en el caso de la Notaría A, ni siquiera cumple con el mínimo establecido por la ley que es una remuneración básica unificada de cuatrocientos dólares para el año 2021.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Como resultado de la investigación descrita en líneas anteriores, realmente en el cantón Chone, provincia de Manabí, no se cumplen con los derechos y las garantías constitucionales para los trabajadores en relación de dependencia dentro de sus Notarías o al menos en dos de ellas, existe una real vulneración de sus derechos, que viene desde que la notaría comienza a laborar como tal, porque una vez que el Notario gana el concurso de oposición y méritos y recibe el nombramiento otorgado por el Consejo de la Judicatura, es preciso referirse rápidamente al procedimiento que viene acto seguido para constituir una Notaría.

Dicho esto, el proceso es el siguiente, primero recordar que el Notario a pesar de brindar un servicio público, no es empleado bajo relación de dependencia del Estado, la ley claramente indica que es autónomo. “Le corresponde exclusivamente a la notaria o notario asumir los costos de la administración general de su despacho, su propia remuneración y cumplimiento de las obligaciones laborales de su personal”[33]. Por lo tanto, debe obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas y facturar, luego, dependiendo del monto recaudado estaría obligado a llevar contabilidad y en base a sus declaraciones deberá afiliarse al Seguro Social aportando voluntariamente, así como también se fijará la remuneración respectiva, entre otras responsabilidades que debe cumplir.

En cuanto a la contratación del personal pertinente para comenzar a operar, los “notarios son plenos responsables de los derechos y acreencias laborales de sus empleados, y quienes tienen la facultad de contratar y cancelar los salarios y prestaciones sociales”[34]. Debe elegir a los candidatos idóneos, publicando la disponibilidad de puestos de trabajo requeridos, realizar un contrato de trabajo con cada uno de los elegidos, estableciendo con claridad: el tipo de contrato, el horario de trabajo, la remuneración que percibirá, las funciones que desempeñará; para posteriormente, registrarlo en el ministerio del trabajo y empleo y a su vez dar el aviso de entrada del trabajador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para su respectiva afiliación y cumplimiento de todos los beneficios legales de los cuales hemos tratado en este artículo.

Consecuentemente es sencillo deducir, que aquello no se cumple, que lamentablemente pese a que la Constitución es garantista y proteccionista en cuanto a derechos, lo cual representa un gran desarrollo, queda en meros enunciados; principalmente por dos situaciones; la primera, porque en el Ecuador, cada dirección regional del trabajo a través de los inspectores del trabajo, tiene la atribución de visitar fábricas, oficinas, entre otros, con la finalidad de verificar que se cumpla con lo que manda la ley, y esto en la práctica, no sucede, pese a que esta función se encuentra enumerada en el Art. 545[35] que se refiere a las atribuciones de los inspectores del trabajo resultando fácil violentar la ley;.

La segunda, porque el trabajador cuando es despedido no acude a realizar las denuncias pertinentes, al no reclamar sus derechos, permite que estas realidades se repitan continuamente, siendo varias las circunstancias que llevan a un persona a tomar este tipo de actitud, entre ellas, la falta de empleo que obliga a aceptar cualquier modalidad de trabajo, incluso llegando a la explotación laboral c

on el afán de percibir algún tipo de remuneración y sobrevivir día a día, otra razón posible es que al presentar una denuncia, la actora del proceso queda encasillada, pues, es común escuchar que luego de haber interpuesto una demanda reclamando el pago de haberes laborales, es difícil volver a conseguir un trabajo, puesto que se lo cataloga como un trabajador conflicto, en pocas palabras, se lo discrimina y se reduce la posibilidad de volver a conseguir un empleo.

Por otro lado, hipotéticamente se podría analizar otra realidad, que el personal contratado estuviera sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público; así mismo, en este caso existen dos opciones: la primera, contratos mediante nombramiento a través de un concurso de oposición y méritos, en el cual habría estabilidad laboral dependiendo del tipo de nombramiento, y, la segunda, mediante contratos ocasionales, los mismos que tienen una duración de doce meses o hasta concluir el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso y, en este último caso, nuevamente se presenta la realidad anterior porque no se garantiza la estabilidad laboral y demás beneficios legales. Debido a que las “diversas formas de contratación de los servidores públicos resultan absolutamente incompatibles para garantizar el principio de estabilidad laboral”[36].

Si bien es cierto, que en la administración pública es más fácil cumplir con lo que manda la ley puesto que el Estado no puede contradecirse al momento de poner en práctica los preceptos constitucionales; no obstante, también existe vulneración de los derechos laborales porque en la administración pública existe un mal llamado corrupción, “la impunidad se institucionaliza ante el incumplimiento de las garantías laborales de los servidores públicos”[37], con el que no se respeta lo que ordena la ley y se ha visto cómo se arman los concursos públicos beneficiando a unos pocos, como incluso se paga por un cargo público, por un nombramiento y a menos que suceda algo de gran trascendencia que impacte en la sociedad, tampoco se hace nada al respecto.

Frente a este panorama, urge una reforma dentro de la ley, que permita contemplar estas situaciones latentes en el país; para garantizar de mejor manera los derechos que contempla la Constitución vigente, además como señaló: “Dante Alighieri: El derecho es una proporción real y personal de hombre a hombre; desde que esa medida y esa proporción sean respectadas, la sociedad está sana y salva; si son violadas, la sociedad se decompone”[38]. pues como se ha analizado anteriormente, existen muchas falencias, vacíos en la ley, que permiten este tipo de vulneración de derechos y no garantiza realmente su protección frente a estas injusticias.

Por otro lado, en vista de la situación en la que encuentran los trabajadores de las Notarías en Chone, existe una solución a ser considerada y que se aplicó para los trabajadores bajo relación de dependencia de los registros de la propiedad que atravesaban una experiencia similar, hasta que pasaron a ser administrados en conjunto, por las Municipalidades y la Función Ejecutiva, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos convirtiéndose sin duda en funcionarios públicos con nombramientos para cada uno de las actividades que desempeñan.

Cambiando de esta manera, la forma en que ingresa un profesional a prestar sus servicios, pues lo hacen a través de concurso de oposición y méritos, cuyos ganadores reciben el nombramiento respectivo; siendo esta una posibilidad factible a la hora de garantizar que los derechos constitucionales no queden en meros enunciados y realmente se protejan; lo cual, podría aplicarse también en el caso de las Notarías.

En el tema del derecho a la seguridad social que se encuentra consagrado como un derecho irrenunciable de todas las personas, en el caso del estudio realizado, al no haber relación de dependencia porque el contrato se realiza bajo la figura de facturación por prestación de servicios profesionales, los trabajadores se ven obligados a realizar la aportación voluntaria como si se trataran de trabajadores autónomos, lo cual es lamentable, porque no existe afiliación, y se vulnera totalmente los derechos, quedando el Notario libre de responsabilidad.

CONCLUSIONES

§ La Constitución vigente, representa un gran avance en cuanto al desarrollo de los derechos, es muy amplia en su cobertura porque trata de abarcar diferentes situaciones; y en el ámbito laboral, como se ha examinado, lo consagra como un derecho fundamental, lo hace parte de la dignidad del ser humano, de su desarrollo, y no solo del trabajador sino de su familia, marca las pautas para proteger puntos clave como el empleo para varios sectores de la sociedad que antes ni siquiera estaban considerados, establece que la remuneración será digna, justa, proporcional al trabajo realizado, entre otros.

§ Las garantías constitucionales del derecho al trabajo son para su aplicación, tanto en el sector público como en el privado, la diferencia radica en las normas jurídicas que las rige y en el empleador, sin embargo, aquello no es excusa para dejar de aplicar la normativa vigente y respetar los derechos y garantías de los trabajadores.

§ En el caso de los Notarios, si bien la Constitución los cataloga como órganos auxiliares de justicia de la función judicial; no obstante, lo hace únicamente como una especie de control en cuanto a los fondos que llegare a percibir la Notaría por los servicios que ofrece al público, pues, en el análisis de las normas jurídicas respectivas, es clara la intervención del Estado en ese sentido, pero, en el aspecto relevante de este tema, el Notario se desempeña en forma autónoma, en todo lo que tiene que ver con su administración, remuneración, afiliación y demás.

§ Respecto de los trabajadores bajo relación de dependencia de un Notario, es completamente claro que la norma que se encarga de regular las relaciones laborales generadas en este caso, es el Código de Trabajo, el cual regula todos los derechos y garantías de los trabajadores.

§ En la propuesta de investigación realizada en el presente artículo en el cantón Chone, provincia de Manabí es evidente la vulneración de derechos, pues, los trabajadores pese a que ley lo exige, comienzan a trabajar sin ningún tipo de garantías e inclusive la remuneración es menor al mínimo fijado para este año, no tienen estabilidad laboral porque no hay un contrato y el mecanismo de contratación no es el pertinente para las funciones que desempeñan, lo cual definitivamente es lamentable, porque todo lo que se ha venido estudiando, queda en el papel.

§ Otro punto importante, es la falta de control de las autoridades, para hacer cumplir la Constitución y la ley; puesto que actualmente existe una administración pública pasiva, que es débil para proteger los derechos de los trabajadores, pues, no cumplen con lo que manda la norma al momento de desempeñarse en el ejercicio de sus funciones, principalmente las de vigilancia y control, que obviamente la tienen, precisamente para evitar este tipo de irregularidades.

§ Al finalizar el presente artículo, es importante recordar que el Consejo de la Judicatura es un organismo de administración, pero también de control, ya que, al encargarse de elegir a las personas más idóneas que cumplen los requisitos y perfiles para el cargo de Notario, también debería hacer visitas periódicas para constatar el normal funcionamiento de las mismas y no sólo limitarse a revisar tarifas de cobro, declaraciones y el porcentaje que le corresponde al Estado, sino además, lo que sucede con el personal que se desempeña en la Notaría y comunicar al Ministerio de Trabajo, para que exija el cumplimiento de la Constitución y la ley.

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[1]Ernesto Rosero. Debilidad manifiesta, garantía de protección laboral constitucional. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2016), 9.

[2] Jorge Tabarescco. Guía práctica de derecho laboral. (Madrid: Trillas. 2018), 19.

[3] Nelly Vinueza, Ignacio Barcos & Gisela Arriaga. La vulneración del derecho al trabajo por la reducción de la jornada laboral establecida en el artículo 20 de la Ley Humanitaria. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. (2021) http://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v8nspe3/2007-7890-dilemas-8-spe3-00019.pdf.

[4] Karina Chávez, «La naturaleza jurídica del notario como servidor público y su relación como empleador a la luz del derecho laboral.», 2020. http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14116?locale=es.

[5] Corte Constitucional, Sentencia N° 093-14-SEP-CC, dictada en el caso N° 1752-11-EP, 2014.

[6] Irma León, La vulneración de derechos constitucionales del trabajador a causa de la limitación en la distribución de utilidades. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, (2017). http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1990/1/T-ULVR-1791.pdf.

[7] Katia Paredes, «La función pública notarial frente a su personal», abril de 2016, https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/366

[8] Constitución de la República del Ecuador 2008, 20 de octubre. Registro Oficial 449.

[9]Héctor Santos, «Tipología y estructura de los derechos humanos del trabajo». Alegatos 26, n.^o 80 (24 de septiembre de 2019): 7-26.

[10] José Ugarte, Derechos fundamentales en el trabajo, poder y nuevas tecnologías. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 14, 45, (2020) http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v14n45/1870-2147-rius-14-45-81.pdf.

[11] Ramiro Ávila, Evolución de los derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano, https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3821/1/PI-2012-05-Avila-Evoluci%c3%b3n%20de.pdf.

[12] Graciela Monesterolo, Curso de Derecho Laboral Ecuatoriano, (Madrid: Dykinson, 2015)

[13] Ramiro Ávila, Evolución de los derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano, https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3821/1/PI-2012-05-Avila-Evoluci%c3%b3n%20de.pdf.

[14] Graciela Monesterolo, Curso de Derecho Laboral Ecuatoriano, (Madrid: Dykinson, 2015)

[15] Ramiro Ávila, “Evolución de los derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano”, acceso el 14 de diciembre de 2021, https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3821/1/PI-2012-05-Avila-Evoluci%c3%b3n%20de.pdf.

[16] Ángel Hoyos y Galo Aguirre, “Las Garantías jurisdiccionales y los principios procesales de la justicia constitucional, en la legislación ecuatoriana”, 2018, acceso el 07 de enero de 2022, Las Garantías jurisdiccionales y los principios procesales de la justicia constitucional, en la legislación ecuatoriana - Âmbito Jurídico - Educação jurídica gratuita e de qualidade (ambitojuridico.com.br)

[17] Constitución de la República del Ecuador 2008, 20 de octubre. Registro Oficial 449.

[18] Mirian Yugsi, Análisis del estado actual de la estabilidad laboral reforzada en el sector público ecuatoriano. Revista Dominio de las Ciencias. 7, nº 3 (2021). 12-28. https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1902/html

[19] Constitución de la República del Ecuador 2008, 20 de octubre. Registro Oficial 449

[20] Bryan Velaña, La afectación del derecho al trabajo de los servidores públicos ocasionado por los contratos ocasionales en el Ecuador. Revista Boletín de Coyuntura; No 22 (Año 2019): 20-23. https://redib.org/Record/oai_articulo3432686-la-afectaci%C3%B3n-del-derecho-al-trabajo-de-los-servidores-p%C3%BAblicos-ocasionado-por-los-contratos-ocasionales-en-el-ecuador.

[21] Constitución de la República del Ecuador 2008, 20 de octubre. Registro Oficial 449. Art. 424.

[22] David Ibaceta, “Breves ideas acerca del reforzamiento de las acciones constitucionales”, Revista de Derecho Público. Edición especial. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdo_uLlcT2AhW9TjABHWRMAHIQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Frevistaderechopublico.uchile.cl%2Findex.php%2FRDPU%2Farticle%2Fdownload%2F31686%2F33458%2F&usg=AOvVaw1Z-t4DMjEwgc7nU9cY-OOt.

[23] Constitución de la República del Ecuador 2008, 20 de octubre. Registro Oficial 449

[24] Código Orgánico de la Función Judicial 2009, 9 de marzo. Suplemento Registro Oficial 544

[25] Marcos Merchán, Las Funciones del Estado y la fé pública. Tesis de Posgrado, UNIANDES y Universidad Católica del Ecuador (2020). https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/11160/1/TUAEXCOMMDN001-2020.pdf.

[26] Constitución de la República del Ecuador 2008, 20 de octubre. Registro Oficial 449

[27] Diego Moreira, EL Derecho de los Trabajadores del Servicio Notarial a Percibir Utilidades al Tenor del Código de Trabajo. Universidad Regional Autónoma de los Andes (2019). https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/10597/1/PIUSDAB081-2019.pdf.

[28] Klever Guamán, Eduardo Hernández y Stalyn Lloay Sánchez, El proyecto de investigación: la metodología de la investigación científica o jurídica. Revista Conrado, 17, 81 (2021): 163-16

[29] Klever Guamán, Eduardo Hernández y Stalyn Lloay Sánchez, El proyecto de investigación: la metodología de la investigación científica o jurídica. Revista Conrado, 17, 81 (2021): 163-16

[30] Óscar Agudelo, et al. La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia, 2018.

[31] Claudia Arispe, et al. La investigación científica. Una aproximación para los estudios de posgrado. Editorial: Universidad Internacional del Ecuador, 2020.

[32] Beatriz Cobo, et al. Elementos Básicos de Metodología de Investigación y Apoyo para la Creación de Productos Científicos. Universidad Complutense de Madrid. 2021.

[33] Janina Peña, La Naturaleza Jurídica del Notario como Servidor Público en el Ecuador. (Tesis de Posgrado Universidad Católica de Guayaquil 2018) http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10834/1/T-UCSG-POS-DNR-31.pdf.

[34] Karina Chavez, La Naturaleza Jurídica del Notario como Servidor Público y su Relación como Empleador a la luz del Derecho Laboral. (Tesis de Posgrado Universidad Católica de Guayaquil 2020) http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/14116/1/T-UCSG-POS-DDNR-27.pdf.

[35] Código de Trabajo 2005, 16 de diciembre. Suplemento Registro Oficial 1

[36] Mirian Yugsi, Análisis del estado actual de la estabilidad laboral reforzada en el sector público ecuatoriano. Revista Dominio de las Ciencias. 7, nº 3 (2021). 12-28. https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1902/html

[37] Hugo Chiriboga, Elizabeth Jiménez Franco, & Paola Toscanini, El Derecho laboral como herramienta política, una mirada histórica. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, 10(1), (2018): 226-231. http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n1/2218-3620-rus-10-01-226.pdf.

[38] Luciana Machado, La Eficacia de los Derechos Fundamentales Laborales. Brasil: Universidad de Sao Paulo. 2018. https://www.aidtss.org/la-eficacia-de-los-derechos-fundamentales-laborales.