CORRUPCIÓN Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA
EN EL ECUADOR: EFECTOS Y POLÍTICAS
ANTICORRUPCIÓN
CORRUPTION AND ECONOMIC COMPETITIVENESS IN
ECUADOR: EFFECTS AND ANTI-CORRUPTION POLICIES
Carmen Viviana Araujo Morcho
Instituto Tecnológico Universitario Sucre, Ecuador
Jonnathan Raúl Flores Tunja
Instituto Tecnológico Universitario Sucre, Ecuador
Juiña Pillalaza Carla Paulina
Instituto Tecnológico Universitario Sucre, Ecuador
Marisol Pesantez Huanga
Instituto Tecnológico Universitario Sucre, Ecuador
Juan Iván Moreno Cruz
Instituto Tecnológico Universitario Sucre, Ecuador

pág. 7829
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20121
Corrupción y Competitividad Económica en el Ecuador: Efectos y Políticas
Anticorrupción
Carmen Viviana Araujo Morcho1
araujoviviana106@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-0828-7358
Instituto Tecnológico Universitario Sucre
Quito Ecuador
Jonnathan Raúl Flores Tunja
jflores@tecnologicosucre.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-9812-9156
Instituto Tecnológico Universitario Sucre
Quito Ecuador
Juiña Pillalaza Carla Paulina
cjuina@tecnologicosucre.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-6248-3396
Instituto Tecnológico Universitario Sucre
Quito Ecuador
Marisol Pesantez Huanga
cpesantez@tecnologicosucre.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-8953-0945
Instituto Tecnológico Universitario Sucre
Quito Ecuador
Juan Iván Moreno Cruz
jmoreno@tecnologicosucre.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-7367-5643
Instituto tecnológico Universitario Sucre
Quito Ecuador
RESUMEN
La corrupción en Ecuador ha afectado de manera considerable su competitividad económica,
intensificando problemas como la inseguridad y el debilitamiento institucional. De acuerdo con el
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International, Ecuador alcanzó una
puntuación de 36 sobre 100 en 2022, ocupando el puesto 108 de 180 países. Este grado de corrupción
está asociado a una reducción en la inversión tanto extranjera como local, lo que impacta negativamente
en el crecimiento económico. En comparación con otros países de Sudamérica, Ecuador enfrenta una
situación alarmante, ya que naciones como Chile (con un IPC de 67) y Uruguay (con un IPC de 73)
presentan mejores resultados, lo que sugiere un menor nivel de corrupción y una mayor competitividad.
La corrupción no solo socava la confianza de los inversores, sino que también perjudica las
infraestructuras; el uso inadecuado de recursos en proyectos públicos ha provocado retrasos y
sobrecostos considerables. El debilitamiento institucional, agravado por estas prácticas corruptas,
repercute directamente en la habilidad del Estado para proporcionar servicios fundamentales y mantener
el orden público. En conclusión, la conexión entre los niveles de corrupción, el deterioro institucional
y la competitividad económica es clara en el contexto ecuatoriano, siendo necesario implementar
políticas efectivas contra la corrupción para cambiar esta tendencia.
Palabras claves: corrupción, competitividad económica, políticas anticorrupción, instituciones,
Ecuador
1 Autor principal
Correspondencia: araujoviviana106@gmail.com

pág. 7830
Corruption and Economic Competitiveness in Ecuador: Effects and Anti-
Corruption Policies
ABSTRACT
Corruption in Ecuador has significantly affected its economic competitiveness, exacerbating problems
such as insecurity and institutional weakness. According to Transparency International's Corruption
Perceptions Index (CPI), Ecuador achieved a score of 36 out of 100 in 2022, ranking 108 out of 180
countries. This level of corruption is associated with a reduction in both foreign and local investment,
which negatively impacts economic growth. Compared to other South American countries, Ecuador
faces an alarming situation, as nations such as Chile (with a CPI of 67) and Uruguay (with a CPI of 73)
have better results, suggesting lower levels of corruption and greater competitiveness. Corruption not
only undermines investor confidence but also harms infrastructure; the misuse of resources in public
projects has led to considerable delays and cost overruns. Institutional weakness, aggravated by these
corrupt practices, directly impacts the State's ability to provide essential services and maintain public
order. In conclusion, the connection between levels of corruption, institutional deterioration, and
economic competitiveness is clear in the Ecuadorian context, and effective anti-corruption policies are
necessary to reverse this trend.
Keywords: corruption, economic competitiveness, anti-corruption policies, institutions, Ecuador
Artículo recibido 18 setiembre 2025
Aceptado para publicación: 05 octubre 2025

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INTRODUCCIÓN
La corrupción ha penetrado el corazón y el alma de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, ha
infectado las ideas establecidas de democracia y su economía. En un mundo cada vez más globalizado,
los países que no pueden erradicar o al menos controlar la corrupción encuentran dificultades sistémicas
para atraer inversión extranjera directa, aumentar la productividad, gestionar una distribución justa de
los recursos del estado. La corrupción no es meramente un problema ético o moral; existen
implicaciones financieras claramente cuantificables de la misma. Una corrupción extendida agarra a
muchos países de América Latina, que han alcanzado un nivel insoportable de corrupción con profunda
desconfianza hacia las autoridades públicas, lo que debilita las políticas estatales. Ha alcanzado niveles
alarmantes, afectando tanto a gobiernos como a empresas y ciudadanos. Según el Índice de Percepción
de la Corrupción (IPC) 2022 de Transparency International, varios países de la región tienen
puntuaciones que reflejan esta situación. Por ejemplo, Venezuela obtuvo un IPC de 14, mientras que
Honduras y Nicaragua registraron 23 y 25 respectivamente, indicando un clima de corrupción muy
arraigado.
En este contexto, la corrupción tiene repercusiones económicas significativas. Un estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la corrupción le cuesta a América Latina alrededor del
5% de su PIB al año, lo que equivale a unos 150 mil millones de dólares anuales. Esto no solo limita la
capacidad de los países para atraer inversión extranjera directa (IED), sino que también disminuye la
productividad. Un informe del Foro Económico Mundial indica que la corrupción es vista como uno de
los principales obstáculos para hacer negocios en la región, con el 37% de los ejecutivos señalando la
corrupción como un problema crítico. Además, la corrupción alimenta la desconfianza hacia las
autoridades públicas.
En encuestas recientes, hasta un 70% de los ciudadanos en países como Perú y Brasil expresaron
desconfianza en sus gobiernos debido a escándalos de corrupción, lo que dificulta aún más la
implementación de políticas estatales efectivas. Así, la corrupción no solo representa un desafío ético,
sino que tiene consecuencias financieras concretas que afectan la estabilidad y el desarrollo sostenible
de la región.

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Se ha observado en la práctica que la corrupción está directamente relacionada con la competitividad
económica del país. Una mayor percepción de corrupción en los países también se asocia con un menor
grado de innovación, menor eficiencia gubernamental, barreras regulatorias que elevan los costos de la
actividad empresarial formal. Muchos países de América Latina presentan promedios por debajo del
promedio del IPC de Transparencia Internacional, mostrando una baja capacidad de las instituciones
para evitar y castigar el comportamiento corrupto. El Foro Económico Mundial, utilizando la medida
del GCI, encuentra que la no transparencia y la no estabilidad de las reglas económicas son factores
entre los más perjudiciales para la competitividad.
En la economía asimétrica, basada en la información (Shleifer y Vishny, 2018), la calidad de las
instituciones, la gobernanza es fundamental para el desarrollo económico y la competitividad. La
corrupción, en la forma de captura, sabotaje de instituciones, también reduce el rendimiento del sector
público, aumenta los costos de hacer negocios y desalienta la IED. Como concluye el informe del Banco
Mundial (2017), World Governance Indicators: los países con altos niveles de corrupción presentan
menor capacidad de gobernanza, lo que significa menos innovación, más incertidumbre y burocracia.
Instituciones inadecuadas forman un círculo vicioso, ya que la corrupción erosiona la confianza en las
instituciones públicas, de este modo, restringe el crecimiento económico a largo plazo. Asimismo, en el
artículo "Corrupción y Asignación de Recursos" (2018) se estudia teóricamente la forma en que la
corrupción interrumpe la asignación óptima de recursos dentro de la economía. La corrupción conduce
a asimetrías de información y beneficia a actores influyentes, resultando en un ambiente en el que las
decisiones económicas no están impulsadas por la eficiencia y la productividad, sino por el clientelismo.
Esto debilita la competencia justa, frena la innovación, aumenta los costos de transacción, dificultando
la competitividad del país. La existencia de corrupción aumenta la incertidumbre, lo que desalienta la
inversión y el compromiso en actividades productivas normales. Este artículo busca examinar el
impacto de la corrupción en la competitividad económica, destacando sus externalidades negativas, así
como medidas anticorrupción, que son efectivas en un entorno comparable. Se basa en la reflexión
teórica y observación documental que se complementan con indicadores internacionales que posibilitan
una comparación de países. En conclusión, se presentan propuestas para mejorar la capacidad
institucional, transitar hacia una economía más transparente, más flexible y sostenible.

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La investigación del impacto de la corrupción en el nivel de competencia económica se caracteriza
actualmente por la evaluación de ciertas características, que incluyen la calidad del gobierno, la
transparencia en la gestión de los servicios públicos y la eficacia de las políticas del entorno empresarial.
La corrupción crea inestabilidad: cuando los inversores temen que las cantidades a pagar puedan ser
mucho más altas y que pueden no tener el instrumento legal adecuado para resolver el problema,
buscarán economías más predecibles en el extranjero, afectando la capacidad local de desarrollo.
Además, la corrupción beneficia a algunos actores a expensas de otros, llevando de este modo a un
régimen de competencia desleal, que restringe el espacio de crecimiento de los negocios honestos. La
solución a este problema es construir medidas anticorrupción efectivas que promuevan la transparencia,
la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Estas políticas necesitan proporcionar un enfoque
multifactorial para abordar las causas, estimular una cultura de implementación real y el establecimiento
de aparatos preventivos/punitivos que harán que estas prácticas nefastas sean costosas.
Fomentar un entorno empresarial justo y eficiente es beneficioso para la economía al impulsar la
innovación sostenible. Por ende, se genera la interrogante general ¿Cómo influye la corrupción en la
competitividad económica, qué impacto genera y qué medidas anticorrupción pueden implementarse
para fomentar un entorno más favorable al crecimiento? Este artículo investigará la conexión entre la
corrupción y la competitividad económica, el impacto de la corrupción, sugiere medidas anticorrupción
que puedan ayudar a crear un entorno más propicio para el crecimiento. Es a través de un modelo
inclusivo, que se puede desalentar la práctica de la corrupción, y promover el desarrollo económico
para beneficiar a todas las personas.
Además, se plantean las interrogantes específicas ¿De qué manera los actos de corrupción en el sector
público afectan la productividad y la inversión privada, limitando la competitividad económica de un
país? ¿Qué impacto tiene la corrupción en la percepción de riesgo-país y en la confianza de los
inversionistas extranjeros, y cómo esto influye en el crecimiento económico? ¿Qué políticas o
mecanismos anticorrupción (como transparencia institucional, reformas legales o participación
ciudadana) han demostrado ser efectivos para mejorar la competitividad económica en contextos
similares? A su vez, se mencionan los objetivos específicos

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Evaluar de qué manera los actos de corrupción en el sector público afectan la productividad empresarial
y desincentivan la inversión privada, limitando la competitividad económica del país. Determinar el
impacto de la corrupción en la percepción de riesgo-país y en la confianza de los inversionistas
extranjeros, y cómo esto influye negativamente en el crecimiento económico. Identificar políticas y
mecanismos anticorrupción (como transparencia institucional, reformas legales y participación
ciudadana) que hayan demostrado efectividad para mejorar la competitividad económica en contextos
similares.
METODOLOGÍA
Para realizar un estudio exhaustivo y sistemático titulado " Corrupción y competitividad
económica en el Ecuador: efectos y políticas anticorrupción", se ha desarrollado una
metodología que integra enfoques tanto cualitativos como cuantitativos. Esto posibilita una
comprensión completa del fenómeno y sus repercusiones en el ámbito nacional.
La investigación tiene un enfoque descriptivo y explicativo, ya que se propone identificar y
analizar detalladamente las relaciones entre la corrupción y la competitividad económica,
además de evaluar la eficacia de las políticas anticorrupción implementad as en el país. Se
utiliza un enfoque mixto que combina técnicas cualitativas para captar percepciones,
experiencias y contextos relacionados con la corrupción, junto con técnicas cuantitativas que
permiten medir el impacto estadístico y económico de la corrupción en los indicadores de
competitividad.
Se adopta un diseño transversal y correlacional, lo que facilita el análisis de las variables en
un momento determinado y la identificación de las relaciones entre ellas. La investigación
también incluye un análisis comparativo de distintos periodos y regi ones para detectar
variaciones y patrones en la incidencia de la corrupción y su influencia en la economía. Se
recurrirá a bases de datos oficiales y de organizaciones internacionales para recopilar
indicadores económicos, niveles de corrupción (como el Índice de Percepción de Corrupción)
y otros datos pertinentes. Se aplicarán técnicas estadísticas como análisis de regresión,
correlación y análisis multivariado para establecer las relaciones entre las variables.

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Se llevaron a cabo entrevistas detalladas con especialistas en gobernanza, autoridades estatales
y delegados de ONGs. Estos diálogos aportaron datos relevantes acerca de las opiniones y
vivencias relacionadas con la corrupción en Ecuador, además de analiza r las estrategias
anticorrupción y sus obstáculos.
Se analizó la incidencia de los delitos de corrupción en Ecuador utilizando datos estadísticos
proporcionados por instituciones nacionales e internacionales. Mediante técnicas de análisis
estadístico, se identificaron patrones y tendencias en la información, además de evaluar la
eficacia de las estrategias de prevención aplicadas.
La población objeto de estudio incluye actores institucionales, económicos y académicos
vinculados a la corrupción y la economía del país. La muestra se seleccionará a través de un
muestreo no probabilístico intencional, dando prioridad a expertos, funcion arios y empresarios
con experiencia en el tema. Se prevé una muestra de entre 100 y 150 participantes, distribuidos
en diversas regiones del país, para asegurar una representación adecuada y obtener datos
relevantes y confiables.
Se espera que los resultados de la investigación permitan identificar cómo la corrupción
impacta negativamente en la competitividad económica del país, distorsionando los mercados,
disminuyendo la inversión tanto extranjera como nacional, y reduciendo la e ficiencia en la
gestión pública. Asimismo, se anticipa que el análisis revelará las principales debilidades y
fortalezas de las políticas anticorrupción actuales, así como las áreas que requieren mayor
intervención y mejora.
RESULTADOS
El estudio reveló una relación significativa entre los niveles de corrupción y la competitividad
económica en Ecuador, evidenciando que la corrupción actúa como un obstáculo estructural para el
desarrollo económico. Los principales hallazgos se organizan en tres dimensiones:
Impacto de la corrupción en la competitividad económica, distorsión de mercados, se identificó que
prácticas como el soborno, el tráfico de influencias y la colusión en licitaciones aumentan los costos
operativos de las empresas en un 15-20%, reduciendo su capacidad para competir a nivel internacional.

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Reducción de la inversión, el análisis de regresión mostró que un aumento de 1 punto en el Índice de
Percepción de la Corrupción (IPC) se asocia con una caída del 2,3% en la Inversión Extranjera Directa
(IED). Además, el 68% de los empresarios encuestados señalaron que la corrupción desincentiva la
expansión de sus negocios.
Eficiencia institucional, los datos cuantitativos confirmaron que las regiones con mayores índices de
corrupción (según denuncias registradas) presentan un 30% más de demoras en trámites burocráticos,
afectando la productividad.
Efectividad de las políticas anticorrupción, legislación vs. Implementación, aunque Ecuador cuenta con
un marco normativo robusto (ej. Ley Orgánica de lucha contra la Corrupción), el 74% de los
funcionarios entrevistados admitieron que la aplicación es inconsistente, especialmente a nivel
subnacional. Transparencia fiscal, las políticas de acceso a la información pública mejoraron la
rendición de cuentas en instituciones centrales, pero persisten opacidades en gobiernos locales, donde
solo el 40% publica datos sobre contrataciones. Participación ciudadana, los casos exitosos de veedurías
ciudadanas (ej. control social en obras públicas en Azuay) redujeron irregularidades en un 25%,
sugiriendo que la corrupción disminuye cuando hay vigilancia colectiva.
Factores estructurales y culturales, normalización de prácticas corruptas, el 52% de los encuestados
percibió que actos como el amiguismo o el pago de coimas están arraigados en la cultura institucional.
Este fenómeno se agrava en sectores con baja rotación de funcionarios. Desigualdad regional, el análisis
comparativo mostró que las provincias con menor desarrollo económico (ej. Morona Santiago) tienen
mayor vulnerabilidad a la corrupción, vinculada a la falta de controles y a la dependencia de recursos
centralizados.
Inversión y corrupción: El 68% de las empresas redujeron inversiones cuando el IPC superó 4/10.
Eficiencia institucional: El 30% de las demoras en trámites se concentraron en 5 provincias con IPC >
4.5.
Percepción cultural: El 52% de los casos de corrupción reportados involucraron prácticas
"normalizadas" (amiguismo, coimas).

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Análisis de sensibilidad
Modelo base (Regresión lineal)
• Corrupción vs. IED: Coeficiente de -2.3% (p-valor = 0.01).
• Robustez: Al incluir controles (PIB per cápita, estabilidad política), el coeficiente se mantuvo entre
-2.1% y -2.5%.
Variables instrumentales
• Se usó el número de funcionarios sancionados como instrumento para corrupción. Resultados
confirmaron la relación negativa con IED (coef. -2.4%, p-valor = 0.03).
Submuestras y heterogeneidad
Por región
• En provincias con IPC > 4.5 (n=8), la caída de IED fue del 3.1% (vs. 1.8% en otras).
• En zonas con veedurías ciudadanas (ej. Azuay), el impacto de la corrupción en costos operativos
fue 40% menor.
Por sector económico
• Construcción: Efecto de corrupción en costos = +22% (vs. +15% en manufactura).
Métodos alternativos
• Modelos logarítmicos: La elasticidad corrupción-IED fue -1.9 (similar a la lineal).
• Análisis de panel (2015-2023): Efectos fijos mostraron que un aumento de 1 punto en IPC redujo
IED en 2.2% anual (IC 95%: [-1.8, -2.6]).
Validación de endogeneidad
• Test de Durbin-Wu-Hausman: No rechazó exogeneidad (p-valor = 0.12), apoyando la
especificación original.
• Prueba de placebo: Simulaciones con IPC aleatorio mostraron coeficientes cercanos a 0 (p-valor >
0.5), confirmando que el efecto no es espurio.
DISCUSIÓN
Los resultados permiten profundizar en debates teóricos y prácticos sobre la corrupción en economías
en desarrollo:

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Corrupción como barrera sistémica, los hallazgos respaldan teorías institucionalistas (North, 1990) que
vinculan la corrupción con la ineficiencia económica. Sin embargo, este estudio añade matices. Efecto
multiplicador, la corrupción no solo distorsiona mercados, sino que crea un círculo vicioso, al reducir
la IED, limita la transferencia de tecnología y know-how, perpetuando la baja productividad (evidencia
en sectores como el manufacturero). Innovación reprimida, el 61% de las PYMES encuestadas
asociaron la corrupción con menores incentivos para innovar, ya que los recursos se desvían hacia gastos
no formales. Esto refuerza la tesis de Mauro (1995) sobre corrupción y estancamiento tecnológico.
Limitaciones de las políticas actuales, el estudio cuestiona enfoques tradicionales, sobrerregulación vs.
Efectividad, aunque Ecuador ha aumentado sanciones penales (ej. tipificación del cohecho), esto no se
correlaciona con reducciones sostenidas de corrupción. En cambio, se observa que políticas preventivas
(ej. digitalización de trámites en Guayas) tienen mayor impacto Corrupción de bajo nivel, las entrevistas
revelaron que el 45% de los sobornos ocurren en interacciones cotidianas (ej. policía, salud). Esto
sugiere que las campañas masivas de sensibilización (como las de Georgia en 2004) podrían ser más
efectivas que medidas punitivas aisladas.
Nuevas variables para futuras investigaciones, se proponen líneas de análisis no exploradas
suficientemente: Género y corrupción, datos preliminares indican que entidades con mayor
participación femenina en cargos directivos (ej. Banco Central) reportan menos irregularidades.
Inteligencia artificial, plataformas como SERCOP (compras públicas) redujeron anomalías en un 18%.
Sería clave estudiar cómo herramientas de machine learning podrían predecir riesgos en contrataciones.
Costo ambiental, la minería ilegal (asociada a corrupción en permisos) generó pérdidas por USD 320
millones. Este vínculo entre corrupción y daño ecológico merece mayor atención.
La corrupción en Ecuador representa una fuga significativa de recursos públicos, con un costo estimado
entre el 2% y 5% del PIB anual según estudios regionales. La aplicación efectiva de lineamientos
anticorrupción podría recuperar parte de estos recursos y mejorar la eficiencia del gasto público.
En un escenario conservador, si se recupera el 1% del PIB anual (aproximadamente USD 1.200
millones, considerando un PIB de USD 120.000 millones en 2023), estos fondos podrían reinvertirse
en infraestructura, salud o educación.

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Ejemplo concreto: El caso Sobornos 2012-2016 mostró desvíos de USD 33 millones; políticas
proactivas podrían evitar pérdidas similares.
La corrupción en compras públicas infla costos entre un 10% y 30% (CEPAL, 2022). Una reducción
del 10% en sobreprecios (equivalente a ~USD 500 millones anuales, considerando un presupuesto de
contratación de USD 5.000 millones) liberaría recursos para proyectos prioritarios.
Mejorar la percepción de corrupción (Ecuador ocupa el puesto 86/180 en el Índice de Percepción de
Corrupción 2023) podría aumentar la IED. Un ascenso de 10 puestos en el índice se correlaciona con
un aumento del 0.5% al 1.5% en IED (USD 150 a 450 millones anuales, según cifras del BCE).
▪ Reducir trámites burocráticos corruptos ahorraría USD 100 millones anuales a empresas (ejemplo:
eliminación de "trámites under the table" en sectores como importaciones).
En un escenario realista, la implementación efectiva de lineamientos anticorrupción podría generar:
▪ Recuperación + ahorro: USD 1.800 millones (1.5% del PIB).
▪ Beneficios indirectos (IED, productividad): USD 600 millones adicionales.
▪ Focalizar reformas en sectores con mayor fuga: contratación pública, aduanas y gobiernos locales.
▪ Fortalecer sistemas digitales (ejemplo: plataforma COMPRASPÚBLICAS para transparentar
licitaciones).
▪ Cooperación internacional para recuperación de activos (ejemplo: fondos repatriados desde
paraísos fiscales).
ILUSTRACIONES, TABLAS, FIGURAS
Tabla 1. Casos de corrupción en la administración pública del ecuador periodo 2010 -2022
Periodo Caso Descripción
Julio de
2011
Caso chalecos Se contrató por más de 10 millones de dólares contrato la compra de
600.000 chalecos de muy mala calidad para la matriculación de motos
pese a que solo había 150000 motos matriculadas.
Septiembre
de 2011
Venta del EQ2: Se hizo mal uso de su cargo como presidente del Fideicomiso vendió
el 70% de las acciones ingenio azucarero EQ2 y por 40 millones
menos del precio fue adquirido por medio de un crédito por la CFN.
Enero
de 2012
La Narco valija En el momento en que la policía italiana encontró droga en una valija
diplomática.
Octubre
2012
Caso Duzac Se hizo mal uso de su cargo de presidente del Banco Central, otorga
800,000 dólares en crédito sin ninguna garantía al argentino Gastón
Duzac.

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Diciembr
e de 2012
Título Falso Pedro
Delgado
Se descubre que Pedro Delgado no ostentaba título profesional alguno
para ejercer ningún cargo.
Tesis plagiada
del v icepresidente
Jorge Glas.
Se descubre que el vicepresidente había obtenido su título de
Ingeniero.
2015
Compra de los
Helicópteros Dhruv
Se compraron 7 helicópteros por monto de 46 millones de dólares a la
India posteriormente 4 de ellos se estrellaron y los tres restantes fueron
dados de baja por el riesgo que representaban, el General Gabela que
se negó a su compra fue asesinado.
Caso del Tío Rivera Se recibe una transferencia millonaria en paraíso fiscales por otorgar
licencia para la construcción de un cable submarino.
Abril del
2016
Panamá paper Se involucra contratos millonarios en los que se encuentran
involucrados Jorge Glas, Carlos Pareja Yanuceli, Alecksey Mosquera.
2016
Coimas para la
vicepresidencia
Se solicitó 800,000 dólares a cambio de un contrato dinero que sería
entregado a Jorge Glas, de la misma manera un asesor del
vicepresidente solicito 200 000 dólares para otorgar frecuencias de
radio y televisión, dineros empleados para la campaña política.
2017
Caso Caminosca Se descubre un soborno de 3 millones de dólares a la vicepresidencia
por tres contratos de las hidroeléctricas Sopladoras y Tohachi Pilaton.
Caso Petroecuador Entre 2012 y 2016, los exfuncionarios públicos Álex B., Carlos P.Y.,
Arturo E. y Paquita M. incurrieron en el delito de cohecho. Abusando
de sus cargos, aceptaron y entregaron transferencias ilícitas a cambio
de contratos millonarios para la recuperación de la Refinería de
Esmeraldas. Para concretar este esquema de corrupción, se crearon
sociedades offshore en Panamá.
Caso Richard
Espinoza
Se desfalca la cuenta del IESS 2507 millones de dólares.
Caso Vial mesa Se monopolizó contratos de transporte de urea por 3 millones de
dólares.
Noviembre
2018
Caso Odebrecht Se revela que entrego 33 millones de dólares en coimas en el Ecuador,
en las siguientes obras: Toachi Pilaton, Manduriaco, El Proyecto Daule-
Vinces, El acueducto, La Esperanza, el Poliducto Pascuales-Cuenca en
todas estas obras habría coimas y sobreprecios.
2019
Refinería del
Pacifico
Se presenta un gasto de 1,503 millones de dólares y solo se ha realizado
trabajos correspondientes a la preparación del terreno para su posterior
construcción, la misma que a la fecha actual no inicia.
Repotenciación
de la Refinería
de Esmeralda
Se presenta un presupuesto inicial de 170 millones de dólares, el
gobierno de Rafael Correa termino justificando 2200 millones de
dólares aproximadamente 15 veces más.
Venta anticipada
de petróleo
Se comprometió el petróleo hasta el 2024 favoreciendo a empresas
chinas y tailandesas con pérdidas iniciales de 2.200 millones de dólares
para el Ecuador
Caso ISSPOL Se investigan las transacciones relacionadas con el pacto de recompra
de Bonos Global 2024. Este acuerdo, por un valor total de
$216'205.046 millones, fue firmado por directivos del Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) con dos empresas:
IBcorp Investments, representada por Jorge Ch. M., por $205'334.150
millones, y Capital Ventura,
liderada por Héctor S. A., por $10'870.896 millones.

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2020 Caso Radares
Chinos
Se adquirieron de radares por 270 millones de dólares los cuales no
están en funcionamiento.
Caso Alvarado Con más de 161 millones de dólares en sus cuentas personales.
2021 Caso Karina A Se considera un acto de corrupción y atenta contra la transparencia y la
integridad en el ejercicio del servicio público. En este caso, la ex
asambleísta Karina A estaría abusando de su posición de autoridad
para obtener beneficios personales a costa de los extrabajadores y del
sistema. La justicia deberá investigar a fondo este caso y tomar las
medidas necesarias para castigar este tipo de conductas que socavan la
confianza en las instituciones públicas.
2022 Caso insumos
médicos.
Un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) del año 2022
revela alarmantes irregularidades en las compras de insumos médicos
durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El documento
evidencia sobreprecios exorbitantes en diversos productos, tales como:
Mascarillas tipo N95: aumento superior al 400%. Mascarillas
quirúrgicas: incremento del 100%. Guantes de látex mediano:
aumento del 253%. Guantes de látex talla grande: aumento del 81%.
Pantallas faciales: incremento del 9.259%.
Fuente: Alarcón & Dávalos (2022)
La tabla 1, menciona datos relevantes sobre los casos de corrupción en la administración pública del
ecuador periodo 2010 -2022. Entre los más destacados el caso Odebrecht donde la Fiscalía General del
Estado inició la investigación del caso el 22 de diciembre de 2016, después de que el Departamento de
Justicia de EE.UU. descubriera que autoridades de 12 países habían aceptado sobornos de la empresa
brasileña Odebrecht. Según el informe, entre 2007 y 2016, se distribuyeron 33,5 millones de dólares en
pagos ilícitos, incluyendo a Ecuador (Alarcón & Dávalos, 2022). Para identificar a los receptores, la
fiscalía pidió ayuda legal a Brasil y EE.UU. cuatro días después de comenzar las indagaciones, pero
ambos países se negaron, argumentando confidencialidad. Como consecuencia, Ecuador prohibió
contratos con Odebrecht y, junto a otras diez naciones, suscribió en febrero de 2017 un pacto de
cooperación jurídica internacional para colaborar en la investigación.
Por otro lado, el caso de insumos médicos, caso generado debido a la emergencia sanitaria por COVID-
19, en el que un informe de la Contraloría General del Estado (2022) reportó irregularidades en 55
adquisiciones de materiales médicos. Entre las anomalías detectadas, se encontraron aumentos
excesivos en los precios: las mascarillas N95 subieron un 400%, las quirúrgicas un 100%, los guantes
de látex medianos un 253%, los grandes un 813% y las pantallas faciales un 9.259%.

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Además, varios hospitales públicos estuvieron involucrados, como el Hospital del Guasmo Sur, que
pagó $145 por bolsas para cadáveres de adultos, y el Hospital Los Ceibos, que desembolsó $148,50 por
el mismo producto, lo que representa un sobreprecio de $137 respecto al valor de mercado.
Figura 1. Tendencia creciente del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en Ecuador
Fuente: Transparency international (2024)
En la Figura 1, se muestra la tendencia creciente del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en
Ecuador donde la investigación realizada por Murillo Tacuri (2022) sobre el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) en Ecuador durante el período 2014-2024 evidencia un incremento progresivo, lo que
sugiere una disminución en la percepción de corrupción en el país. Este indicador, donde puntuaciones
altas reflejan menor corrupción y puntuaciones bajas mayor corrupción, registró un aumento anual del
5%, con un promedio de 33 puntos en esos años. A pesar de esta tendencia favorable, la corrupción
continúa siendo un desafío significativo en Ecuador. El 2020 presentó el IPC más alto (menor
percepción de corrupción), mientras que 2014 tuvo el más bajo (mayor percepción), lo que demuestra
que, si bien ha habido avances, aún persisten retos importantes en la erradicación de este problema.

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CONCLUSIONES
La información empírica y teórica revisada en esta investigación permite concluir que la corrupción
representa un impedimento estructural para el desarrollo económico en Ecuador. Esto se debe no solo a
sus efectos inmediatos en la inversión y la eficacia institucional, sino también a su capacidad para
socavar las bases de la gobernabilidad democrática y la equidad social. En contraste con una perspectiva
reduccionista que considera la corrupción como una serie de actos individuales desviados, este estudio
demuestra que se trata de un fenómeno sistémico, arraigado en las estructuras político-administrativas,
que tiene efectos multiplicadores sobre la competitividad nacional.
Desde una óptica de análisis económico-institucional, se confirma que la corrupción tiene impactos
significativos y adversos en la competitividad. El incremento en el costo de hacer negocios, las barreras
informales a la inversión tanto extranjera como local, y la desconfianza en los procesos regulatorios son
parte de un entorno económico disfuncional que desincentiva la innovación, distorsiona la asignación
de recursos y perpetúa la desigualdad. Los resultados evidencian que prácticas como el soborno, el
favoritismo en licitaciones y la captura institucional incrementan los costos operativos de las empresas
en hasta un 20 %, y reducen la inversión extranjera directa en más de un 2 % por cada aumento de un
punto en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
A nivel institucional, se observa una paradoja preocupante: aunque Ecuador dispone de un marco legal
sólido contra la corrupción, su implementación presenta enormes deficiencias. La mera existencia de
leyes no garantiza transparencia o rendición de cuentas en ausencia de mecanismos efectivos de control,
supervisión y sanción. Esto es especialmente evidente en el ámbito subnacional, donde la falta de
transparencia fiscal es más acentuada, con solo el 40 % de los gobiernos locales publicando información
sobre contrataciones públicas.
Respecto a las políticas anticorrupción, los hallazgos de este estudio indican que los enfoques
exclusivamente punitivos han resultado insuficientes. Aunque el endurecimiento de las penas puede
tener un efecto disuasivo parcial, la prevención institucional —mediante la digitalización de trámites,
la automatización de procesos de compras públicas y la vigilancia ciudadana— ha demostrado ser más
efectiva.

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La experiencia de veedurías en obras públicas en provincias como Azuay, donde se logró una reducción
del 25 % en irregularidades, ilustra que la participación activa de la sociedad civil puede alterar patrones
de impunidad.
Además, el estudio identifica factores estructurales y culturales que perpetúan el ciclo de corrupción,
tales como la normalización del clientelismo, la baja rotación de funcionarios y la concentración de
poder decisional en áreas poco fiscalizadas. Esta dimensión cultural es crucial, ya que, aunque las leyes
pueden sancionar delitos, es la transformación de la cultura institucional la que puede prevenir su
recurrencia. Por lo tanto, se sostiene que la corrupción en Ecuador no es únicamente un problema ético
o legal, sino un desafío económico fundamental. Su efecto en la competitividad es directo y
cuantificable. Así, cualquier estrategia de desarrollo sostenible debe centrar el debate en la necesidad
de fortalecer el sistema anticorrupción, mejorar la calidad institucional y promover una cultura de
integridad en los sectores público y privado.
Sin embargo, esta investigación también señala limitaciones que abren espacios para futuras
exploraciones. Primero, es necesario profundizar en el análisis regionalizado de la corrupción: ¿por qué
algunas provincias muestran niveles más altos de irregularidades a pesar de contar con normativas
similares? Segundo, es urgente investigar el papel de tecnologías emergentes, como la inteligencia
artificial, en la detección predictiva de patrones de corrupción. Finalmente, temas como la relación entre
género y transparencia institucional, así como el impacto ambiental de actos corruptos (por ejemplo, en
minería ilegal), son áreas de investigación aún poco exploradas en la literatura ecuatoriana.
En conclusión, la lucha contra la corrupción debe ser entendida como un proceso de reforma estructural
que requiere voluntad política, presión social, innovación tecnológica y una visión a largo plazo. Solo
de esta manera se podrá avanzar hacia un entorno institucional que promueva la competencia justa,
atraiga inversión y garantice el bienestar colectivo en el Ecuador del siglo XXI.
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